Rivera Fernández v. Municipio Autónomo De Carolina
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Opinion
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
María G. Rivera Fernández
Peticionaria Certiorari
v. 2014 TSPR 9
Municipio Autónomo de Carolina 190 DPR ____
Recurrido
Número del Caso: CC-2012-786
Fecha: 29 de enero de 2014
Tribunal de Apelaciones: Región Judicial de Carolina
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcda. Johanna Feliciano González
Abogada de la Parte Recurrido:
Lcdo. Ricardo Cacho Rodríguez
Materia: Ley de Municipios Autónomos – Art. 15.003: forma de entrega de la notificación previa al Alcalde en relación por daños contra el municipio.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Certiorari
María G. Rivera Fernández Peticionaria v. Municipio Autónomo de Carolina CC-2012-0786 Recurrido
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado Señor Rivera García
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 2014.
El recurso de autos nos brinda la oportunidad
de interpretar por primera vez parte del inciso
(a) del Art. 15.003 de la Ley de Municipios
Autónomos, Ley Núm. 81-1991, 21 L.P.R.A. sec.
4703, (“Ley Núm. 81” o “Ley de Municipios
Autónomos”). En específico, nos corresponde
evaluar la forma de entrega de la notificación
previa al Alcalde con la cual debe cumplir toda
persona que presente una reclamación en contra de
un municipio por daños personales o a la
propiedad, según dispone el referido precepto.
Por entender que la notificación realizada en
el caso de autos fue conforme a derecho, revocamos
la determinación del foro a quo. A continuación
hacemos un recuento de los antecedentes fácticos CC-2012-0786 2
pertinentes que dieron génesis a la controversia que hoy
nos ocupa.
I
Según surge del expediente, el 13 de noviembre de
2009 la peticionaria, la Sra. María G. Rivera Fernández
(“señora Rivera” o “peticionaria”), presuntamente sufrió
una caída mientras caminaba por una acera pública del
Municipio de Carolina (“el Municipio” o “recurrido”).1 El 8
de diciembre de 2009, veintiséis días después del
accidente, la señora Rivera completó y presentó
personalmente en la Alcaldía del Municipio un formulario
titulado “Informe de Incidente” provisto por el propio
Municipio.2 En este, la señora Rivera especificó su
información personal, describió la naturaleza del
accidente, indicó la información de los testigos y el
tratamiento médico recibido hasta ese momento. No
obstante, el Informe no especificaba la cuantía o el
remedio solicitado debido a que el formulario no contenía
un encasillado para tal información.3
El 21 de abril de 2010, la representación legal de la
peticionaria envió una segunda notificación dirigida al
Alcalde del Municipio en la cual detalló los hechos, la
información de los testigos, el tratamiento recibido y la
1 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, Demanda, págs. 11-14. 2 Íd., Informe de Incidente, pág. 1. 3 Como resultado del accidente, la señora Rivera presuntamente recibió distintos tratamientos médicos que comenzaron con un referido el 10 de diciembre de 2009 a un programa de 20 sesiones de terapia física para recuperar la fuerza muscular y movilidad de la extremidad superior derecha. Luego de múltiples terapias, el 19 de abril de 2011 el Dr. Francisco M. López González refrendó los resultados de los estudios realizados y decidió operar el hombro derecho de la señora Rivera. CC-2012-0786 3
compensación solicitada.4 Esta comunicación fue recibida en
la Oficina de Asuntos Legales del Municipio.
Posteriormente, entre el mes de agosto de 2010 y el mes
de octubre de 2011, la representante legal de la señora
Rivera envió varias comunicaciones a la compañía
aseguradora del Municipio en las que precisó la misma
información notificada al recurrido.5
Finalmente, el 27 de diciembre de 2011, la señora
Rivera presentó una demanda de daños y perjuicios contra
el Municipio y su compañía aseguradora.6 Subsiguientemente,
el Municipio presentó una moción de desestimación.7 De
acuerdo al Municipio, el Informe de Incidente suscrito por
la señora Rivera no constituye la notificación requerida
por el Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos,
supra, ya que no especifica la compensación monetaria
solicitada y el tipo de remedio adecuado al daño sufrido.
Atendido el requerido petitorio, el 18 de mayo de 2012 el
Tribunal de Primera Instancia emitió una orden y declaró
no ha lugar la solicitud del recurrido.8
4 Íd., Segundo Aviso, págs. 2-3. 5 Íd., Carta de la Lcda. Johanna Feliciano González a Acosta Adjusment, Inc. del 19 de agosto de 2010, págs. 4-5; Carta de la Lcda. Johanna Feliciano González a Acosta Adjusment, Inc. del 15 de febrero de 2011, págs. 7-8; Carta de la Lcda. Johanna Feliciano González a Acosta Adjusment, Inc. del 30 de septiembre de 2011, págs. 9-10. 6 La reclamación en contra de la compañía aseguradora del Municipio fue desestimada por el Tribunal de Primera Instancia, ya que la póliza de responsabilidad pública expedida para beneficio de los Municipios de Puerto Rico se extinguió al agotarse el fondo o agregado para cubrir reclamaciones. Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, Sentencia Parcial, págs. 17-18. 7 Íd., Moción Solicitando Desestimación de la Demanda por falta de Notificación al Municipio y Prescripción, págs. 19-24. 8 Íd., Orden del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, pág. 29. CC-2012-0786 4
No conteste con esa determinación, el Municipio
acudió al Tribunal de Apelaciones mediante una petición de
certiorari.9 En esta adujo que el foro primario erró al
resolver que la señora Rivera cumplió con el requisito de
notificación previa y que la demanda presentada no estaba
prescrita. Visto el recurso, el foro intermedio concluyó,
en esencia, que el Informe de Incidente completado por la
peticionaria era insuficiente a la luz de los criterios
establecidos en el Art. 15.003 de la Ley de Municipios
Autónomos, supra.10 Ello porque la notificación debía ser
remitida directamente al Alcalde del Municipio y debía
incluir la cuantía o el remedio solicitado. Siendo así, el
Tribunal de Apelaciones entendió innecesario discutir el
planteamiento de prescripción presentado por el Municipio.
Inconforme con el dictamen del Tribunal de
Apelaciones, la señora Rivera comparece ante nos mediante
un recurso de certiorari y señala el siguiente error:
Erró el Tribunal de Apelaciones al resolver que la peticionaria no cumplió con el requisito de notificación previa del Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, e incurrió en error manifiesto en la interpretación de la prueba y al no aplicar la jurisprudencia que exime del cumplimiento de la letra de la ley en aquellos casos donde el esquema legislativo carece de virtualidad, propósito u objetivo y donde dicho requisito no resulta adversamente afectado, como ocurre en el presente caso.
En síntesis, la contención de la señora Rivera es que
al completar el Informe de Incidente personalmente en el
Municipio de Carolina y en presencia de un funcionario
9 Íd., Certiorari, págs. 30-43. 10 Íd., Sentencia del Tribunal de Apelaciones, págs. 60-68. CC-2012-0786 5
municipal, cumplió con el requisito de notificación al
Alcalde.
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
María G. Rivera Fernández
Peticionaria Certiorari
v. 2014 TSPR 9
Municipio Autónomo de Carolina 190 DPR ____
Recurrido
Número del Caso: CC-2012-786
Fecha: 29 de enero de 2014
Tribunal de Apelaciones: Región Judicial de Carolina
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcda. Johanna Feliciano González
Abogada de la Parte Recurrido:
Lcdo. Ricardo Cacho Rodríguez
Materia: Ley de Municipios Autónomos – Art. 15.003: forma de entrega de la notificación previa al Alcalde en relación por daños contra el municipio.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Certiorari
María G. Rivera Fernández Peticionaria v. Municipio Autónomo de Carolina CC-2012-0786 Recurrido
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado Señor Rivera García
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 2014.
El recurso de autos nos brinda la oportunidad
de interpretar por primera vez parte del inciso
(a) del Art. 15.003 de la Ley de Municipios
Autónomos, Ley Núm. 81-1991, 21 L.P.R.A. sec.
4703, (“Ley Núm. 81” o “Ley de Municipios
Autónomos”). En específico, nos corresponde
evaluar la forma de entrega de la notificación
previa al Alcalde con la cual debe cumplir toda
persona que presente una reclamación en contra de
un municipio por daños personales o a la
propiedad, según dispone el referido precepto.
Por entender que la notificación realizada en
el caso de autos fue conforme a derecho, revocamos
la determinación del foro a quo. A continuación
hacemos un recuento de los antecedentes fácticos CC-2012-0786 2
pertinentes que dieron génesis a la controversia que hoy
nos ocupa.
I
Según surge del expediente, el 13 de noviembre de
2009 la peticionaria, la Sra. María G. Rivera Fernández
(“señora Rivera” o “peticionaria”), presuntamente sufrió
una caída mientras caminaba por una acera pública del
Municipio de Carolina (“el Municipio” o “recurrido”).1 El 8
de diciembre de 2009, veintiséis días después del
accidente, la señora Rivera completó y presentó
personalmente en la Alcaldía del Municipio un formulario
titulado “Informe de Incidente” provisto por el propio
Municipio.2 En este, la señora Rivera especificó su
información personal, describió la naturaleza del
accidente, indicó la información de los testigos y el
tratamiento médico recibido hasta ese momento. No
obstante, el Informe no especificaba la cuantía o el
remedio solicitado debido a que el formulario no contenía
un encasillado para tal información.3
El 21 de abril de 2010, la representación legal de la
peticionaria envió una segunda notificación dirigida al
Alcalde del Municipio en la cual detalló los hechos, la
información de los testigos, el tratamiento recibido y la
1 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, Demanda, págs. 11-14. 2 Íd., Informe de Incidente, pág. 1. 3 Como resultado del accidente, la señora Rivera presuntamente recibió distintos tratamientos médicos que comenzaron con un referido el 10 de diciembre de 2009 a un programa de 20 sesiones de terapia física para recuperar la fuerza muscular y movilidad de la extremidad superior derecha. Luego de múltiples terapias, el 19 de abril de 2011 el Dr. Francisco M. López González refrendó los resultados de los estudios realizados y decidió operar el hombro derecho de la señora Rivera. CC-2012-0786 3
compensación solicitada.4 Esta comunicación fue recibida en
la Oficina de Asuntos Legales del Municipio.
Posteriormente, entre el mes de agosto de 2010 y el mes
de octubre de 2011, la representante legal de la señora
Rivera envió varias comunicaciones a la compañía
aseguradora del Municipio en las que precisó la misma
información notificada al recurrido.5
Finalmente, el 27 de diciembre de 2011, la señora
Rivera presentó una demanda de daños y perjuicios contra
el Municipio y su compañía aseguradora.6 Subsiguientemente,
el Municipio presentó una moción de desestimación.7 De
acuerdo al Municipio, el Informe de Incidente suscrito por
la señora Rivera no constituye la notificación requerida
por el Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos,
supra, ya que no especifica la compensación monetaria
solicitada y el tipo de remedio adecuado al daño sufrido.
Atendido el requerido petitorio, el 18 de mayo de 2012 el
Tribunal de Primera Instancia emitió una orden y declaró
no ha lugar la solicitud del recurrido.8
4 Íd., Segundo Aviso, págs. 2-3. 5 Íd., Carta de la Lcda. Johanna Feliciano González a Acosta Adjusment, Inc. del 19 de agosto de 2010, págs. 4-5; Carta de la Lcda. Johanna Feliciano González a Acosta Adjusment, Inc. del 15 de febrero de 2011, págs. 7-8; Carta de la Lcda. Johanna Feliciano González a Acosta Adjusment, Inc. del 30 de septiembre de 2011, págs. 9-10. 6 La reclamación en contra de la compañía aseguradora del Municipio fue desestimada por el Tribunal de Primera Instancia, ya que la póliza de responsabilidad pública expedida para beneficio de los Municipios de Puerto Rico se extinguió al agotarse el fondo o agregado para cubrir reclamaciones. Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, Sentencia Parcial, págs. 17-18. 7 Íd., Moción Solicitando Desestimación de la Demanda por falta de Notificación al Municipio y Prescripción, págs. 19-24. 8 Íd., Orden del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, pág. 29. CC-2012-0786 4
No conteste con esa determinación, el Municipio
acudió al Tribunal de Apelaciones mediante una petición de
certiorari.9 En esta adujo que el foro primario erró al
resolver que la señora Rivera cumplió con el requisito de
notificación previa y que la demanda presentada no estaba
prescrita. Visto el recurso, el foro intermedio concluyó,
en esencia, que el Informe de Incidente completado por la
peticionaria era insuficiente a la luz de los criterios
establecidos en el Art. 15.003 de la Ley de Municipios
Autónomos, supra.10 Ello porque la notificación debía ser
remitida directamente al Alcalde del Municipio y debía
incluir la cuantía o el remedio solicitado. Siendo así, el
Tribunal de Apelaciones entendió innecesario discutir el
planteamiento de prescripción presentado por el Municipio.
Inconforme con el dictamen del Tribunal de
Apelaciones, la señora Rivera comparece ante nos mediante
un recurso de certiorari y señala el siguiente error:
Erró el Tribunal de Apelaciones al resolver que la peticionaria no cumplió con el requisito de notificación previa del Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, e incurrió en error manifiesto en la interpretación de la prueba y al no aplicar la jurisprudencia que exime del cumplimiento de la letra de la ley en aquellos casos donde el esquema legislativo carece de virtualidad, propósito u objetivo y donde dicho requisito no resulta adversamente afectado, como ocurre en el presente caso.
En síntesis, la contención de la señora Rivera es que
al completar el Informe de Incidente personalmente en el
Municipio de Carolina y en presencia de un funcionario
9 Íd., Certiorari, págs. 30-43. 10 Íd., Sentencia del Tribunal de Apelaciones, págs. 60-68. CC-2012-0786 5
municipal, cumplió con el requisito de notificación al
Alcalde. En vista de ello, nos solicita que revoquemos el
dictamen emitido por el foro apelativo. Por su parte, el
Municipio se limita a exponer, en esencia, que el Informe
de Incidente no constituyó la notificación previa
requerida por la Ley de Municipio Autónomos. Por lo tanto,
solicita que confirmemos la determinación del Tribunal de
Apelaciones.11
Examinado el recurso presentado por la peticionaria,
el 21 de diciembre de 2012 expedimos el auto solicitado.
Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,
procedemos a resolver la controversia que nos ocupa.
II
A
Previo a atender el asunto principal ante nuestra
consideración, debemos tener presente los preceptos que
rigen en nuestro ordenamiento jurídico relativos a la
interpretación de las leyes y al principio de hermenéutica
legal. En ese contexto, hallamos que el Art. 14 del Código
Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 14, dispone que
cuando una ley es clara y libre de toda ambigüedad, su
letra no debe ser menospreciada bajo el pretexto de
cumplir con su espíritu.
No obstante, en ocasiones anteriores hemos expresado
que:
[l]os tribunales estamos autorizados a interpretar las leyes cuando, entre otras, éstas
11 Véase Alegato de la Parte Recurrida. CC-2012-0786 6
no son claras o concluyentes sobre un punto en particular; cuando el objetivo, al realizarlo, es el de suplir una laguna en la misma; o cuando, con el propósito de mitigar los efectos adversos de la aplicación de una ley a una situación en particular, la justicia así lo requiere. Consejo de Titulares v. Gómez Estremera, 184 D.P.R. 407, 428-429 (2012); véase, además, Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 214 (1990).
Conforme a ello, hemos reiterado que la letra de la
ley no debe seguirse ciegamente cuando ello iría en
detrimento de su espíritu y su fin. Consejo de Titulares
v. Gómez Estremera, supra, pág. 429; Alonso García v.
S.L.G., 155 D.P.R. 91, 99 (2001); Sucn. Álvarez v. Srio.
de Justicia, 150 D.P.R. 252, 274 (2000). En ese sentido,
aplica el principio rector que hemos enunciado en
ocasiones anteriores que dispone que “[a]l interpretar una
disposición específica de una ley, los tribunales deben
siempre considerar cuáles fueron los propósitos
perseguidos por la Asamblea Legislativa al aprobarla y
nuestra determinación debe atribuirle un sentido que
asegure el resultado que originalmente quiso obtenerse”.
Consejo de Titulares v. Gómez Estremera, supra, pág. 29;
Morell et al. v. Ojeda et al., 151 D.P.R. 864, 877 (2000);
Chase Manhattan Bank v. Mun. de San Juan, 126 D.P.R. 759,
766 (1990).12
En cumplimiento con ese deber, debemos evitar una
interpretación que pueda conducir a resultados absurdos e
irrazonables. ASG v. Mun. de San Juan, 168 D.P.R. 337, 344
12 Véase, además, R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed. rev., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, pág. 245. CC-2012-0786 7
(2006); Díaz Marín v. Mun. de San Juan, 117 D.P.R. 334,
342 (1986). Esto porque las leyes deben ser interpretadas
con miras a lograr resultados sensatos, lógicos y
razonables que representen y salvaguarden la efectividad
de la intención legislativa. ASG v. Mun. de San Juan,
supra.
B
Con tales principios como norte, es imperativo
exponer el marco estatutario y jurisprudencial sobre el
requisito de notificación previa a los municipios. Esto
con el objetivo de contextualizar las expresiones que más
adelante formularemos sobre cómo debe realizarse tal
notificación, conforme a los propósitos diseñados por la
Asamblea Legislativa al promulgar la Ley de Municipios
Autónomos.
El requisito de notificación al Alcalde previo a la
iniciación de cualquier reclamación judicial por daños
personales o a la propiedad causados por culpa o
negligencia del municipio fue establecido por vez primera
en la Ley Municipal de 1960, Ley Núm. 142 de 21 de julio
de 1960, según enmendada, 21 L.P.R.A. ant. sec. 2001 et
seq.13 Desde entonces esta Curia ha abordado e interpretado
13 En lo pertinente, el Art. 96 de la Ley Municipal de 1960 disponía lo siguiente:
(a) Toda persona que tenga reclamaciones de cualquier clase contra una corporación municipal, por daños personales o a la propiedad, causados por culpa o negligencia de la corporación municipal, deberá presentar al jefe ejecutivo de ésta una notificación escrita, haciendo constar en forma clara y concisa la fecha, sitio, causa y naturaleza general del daño sufrido, la cuantía de la compensación monetaria o CC-2012-0786 8
tal requisito en múltiples ocasiones, siendo la primera
vez en Mangual v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 491 (1963).
En aquella ocasión establecimos que la notificación
previa en el plazo establecido por ley tiene el propósito
de poner sobre aviso a la entidad municipal de que ha
surgido una probable causa de acción por daños en su
contra. Íd., pág. 494. Esto con el fin de que el municipio
el tipo de remedio adecuado al daño sufrido, los nombres y direcciones de sus testigos y la dirección del reclamante así como el sitio donde recibió tratamiento médico en primera instancia.
(b) Dicha notificación se entregará al jefe ejecutivo de la corporación municipal remitiéndola por correo certificado, o por diligenciamiento personal o en cualquier otra forma fehaciente reconocida en derecho.
(c) La referida notificación escrita se presentará al jefe ejecutivo municipal dentro de los noventa días siguientes a la fecha en que el reclamante tuvo conocimiento de los daños que reclama. Si el reclamante estuviere mental o físicamente imposibilitado para hacer dicha notificación dentro del término prescrito, no quedará sujeto a la limitación anteriormente dispuesta, viniendo obligado a hacer la referida notificación dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que cese la incapacidad.
(d) Si el perjudicado fuere un menor de edad, o fuere persona sujeta a tutela, la persona que ejerza la patria potestad o la custodia del menor, o el tutor, según fuere el caso, vendrá obligada a notificar la reclamación dentro de los noventa días siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de los daños que reclama. Lo anterior no será obstáculo para que el menor o la persona sujeta a tutela haga la referida notificación dentro del término prescrito, a su propia iniciativa, si quien ejerce la patria potestad, custodia o tutela no lo hiciere.
(e) No podrá iniciarse acción judicial de clase alguna contra una corporación municipal por daños causados por la culpa o negligencia de aquélla si no se hubiese efectuado la notificación escrita en la forma y manera y dentro de los plazos prescritos en esta ley. Lo anterior es aplicable únicamente a los daños causados por cualquier corporación municipal con posterioridad a la vigencia de esta ley.
Es pertinente mencionar que las leyes municipales anteriores, tales como la Ley Núm. 53 de 28 de abril de 1928 que establecía un sistema de gobierno municipal; la Ley Núm. 85 de 31 julio de 1919 que disponía para un Sistema de Gobierno Local y reorganización de los Servicios Municipales; la Ley Municipal de 1906 que disponía para el establecimiento de un sistema de gobierno local y la Ley Sobre Municipalidades de 1ro de marzo de 1902 no contenían disposición alguna que requiriera notificación previa a la iniciación de la acción. CC-2012-0786 9
involucrado pueda activar sus recursos de investigación
prontamente, antes de que desaparezcan los testigos y las
pruebas objetivas en orden a la preparación de una
adecuada defensa contra la reclamación o una transacción
adecuada de la misma. Íd. Además del objetivo de
desalentar las reclamaciones infundadas, mitigar el
importe de los daños sufridos y advertir a las autoridades
sobre la posible necesidad de una reserva en el
presupuesto anual. Íd.
Posteriormente, la Ley de Municipios de 1960 fue
derogada y sustituida por la Ley Orgánica de Municipios de
1980, Ley Núm. 146 de 18 de junio de 1980, 21 L.P.R.A.
ant. sec. 2001 et seq. Esta legislación también incluyó un
requisito de notificación al primer ejecutivo municipal
previo a la iniciación de cualquier reclamación judicial.
Véase, Art. 11.03 de la Ley Orgánica de Municipios de
1980, 21 L.P.R.A. ant. sec. 3403; véase, además,
Passalacqua v. Mun. de San Juan, 116 D.P.R. 618 (1985).
Subsiguientemente, la Asamblea Legislativa derogó y
sustituyó la Ley Orgánica de Municipios de 1980, supra,
con la Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81-1991, 21
L.P.R.A. sec. 4001 et seq., la cual fue promulgada con el
fin de establecer la constitución, organización,
administración y funcionamiento de los municipios.14 Véase:
14 La Ley de Municipios Autónomos fue una de las cuatro legislaciones que integraban la denominada reforma municipal. Las otras leyes aprobadas durante esta época fueron: (1) la Ley del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, Ley Núm. 80-1991, 21 L.P.R.A. sec. 5801 et seq; (2) la Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991, Ley Núm. 83-1991, 21 L.P.R.A. sec. 5001 et seq; (3) CC-2012-0786 10
Exposición de Motivos de la Ley Núm. 81-1991, P. de la C.
1296, 11ma Asamblea, pág. 1; véase, además, Const. José
Carro v. Mun. de Dorado, 186 D.P.R. 113, 121 (2011). Lo
anterior dirigido a otorgarles “el máximo posible de
autonomía y proveerles las herramientas financieras y los
poderes y facultades necesarias para asumir un rol central
y fundamental en su desarrollo urbano, social y
económico”. Véase, Art. 1.002 de la Ley Núm. 81, supra, 21
L.P.R.A. sec. 4001n.
Conforme a la referida política pública, la Ley de
Municipios Autónomos, supra, regula, entre otros asuntos,
el procedimiento que debe seguir toda persona que interesa
presentar una reclamación judicial en contra de un
municipio por los daños ocasionados por su culpa o
negligencia. Sobre este particular, el artículo 15.003 de
la Ley Núm. 81, supra, dispone lo siguiente:
[t]oda persona que tenga reclamaciones de cualquier clase contra un municipio por daños personales o a la propiedad, ocasionados por la culpa o negligencia del municipio, deberá presentar al Alcalde una notificación escrita, haciendo constar en forma clara y concisa la fecha, lugar, causa y naturaleza general del daño sufrido. En dicha notificación se especificará, además, la cuantía de la compensación monetaria o el tipo de remedio adecuado al daño sufrido, los nombres y direcciones de sus testigos y la dirección del reclamante, y en los casos de daño a la persona,
la Ley de Patentes Municipales, Ley Núm. 82-1991, 21 L.P.R.A. sec. 651a et seq. Para mayor detalles sobre el proceso de promulgación de las mencionadas leyes, véase, Santana Rabel, Leonardo & Negrón Portillo, Mario. La reforma municipal en Puerto Rico. Escuela Graduada de Administración Pública, UPR (1993), el cual contiene una recopilación de las ponencias de los Seminarios-Talleres que el Programa de Actualización en Administración Municipal preparó y brindó en los años 1991, 1992 y 1993. CC-2012-0786 11
el lugar donde recibió tratamiento médico en primera instancia.
(a) Forma de entrega y término para hacer la notificación. - Dicha notificación se entregará al Alcalde, remitiéndola por correo certificado o por diligenciamiento personal o en cualquier otra forma fehaciente reconocida en derecho.
La referida notificación escrita deberá presentarse al Alcalde dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que el reclamante tuvo conocimiento de los daños reclamados. […]
(b) Requisito jurisdiccional. - No podrá iniciarse acción judicial de clase alguna contra un municipio por daños causados por la culpa o negligencia de aquél, a menos que se haga la notificación escrita, en la forma, manera y en los plazos dispuestos en esta ley.
…. (Énfasis suplido).
Como podemos observar, del texto del referido
precepto se desprenden varios requisitos. Primero, el
reclamante debe notificar al Alcalde mediante una
notificación escrita. Segundo, esta notificación debe
incluir la fecha, lugar, causa y naturaleza del daño
sufrido, información sobre los testigos, dirección del
reclamante, el tipo de remedio o la cuantía monetaria
solicitada, y en los casos de daños a la persona, deberá
incluir el lugar donde recibió tratamiento médico.
Tercero, la notificación tiene que ser realizada dentro de
los noventa (90) días desde que el reclamante tuvo
conocimiento de los daños. El cumplimiento de tales
requisitos es una condición previa indispensable para la
iniciación de cualquier acción judicial en resarcimiento
de daños y perjuicios en contra de un municipio. CC-2012-0786 12
En lo que respecta a la controversia particular ante
nuestra consideración, hallamos que el citado Art. 15.003
de la Ley de Municipios Autónomos no dispone cómo debe ser
la notificación escrita al Alcalde ni cuál es su razón de
ser. De hecho, el historial legislativo de la mencionada
Ley tampoco incluye expresiones relacionadas a este
particular. No obstante, el historial legislativo de la
Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, Ley Núm.
104 de 29 de junio de 1955, 32 L.P.R.A. secs. 3074 et seq.
- una legislación análoga que contiene disposiciones
similares sobre notificación previa- podría brindarnos luz
en cuanto al alcance de esta exigencia.
En este particular, observamos que la Ley Núm. 104,
supra, fue enmendada en el año 1966 con el objetivo de
incluir el requisito de notificación al Secretario de
Justicia previo a la iniciación de una demanda en contra
del Estado.15 Del contenido del Proyecto de la Cámara Núm.
492 que propuso tal enmienda podemos apreciar que al
añadir esta exigencia procesal el legislador tenía la
siguiente preocupación:
[e]n muchos casos y por diversas razones, las acciones se radican cuando ya está para finalizar el término y ocurre que el Estado, por el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los alegados daños, se encuentra con problemas de falta de información o información deficiente en cuanto a los hechos y aún con la circunstancia de la reorganización de una agencia o dependencia como resultado de lo cual se han extraviado los récords que hacen referencia al accidente u origen de los daños, así como con el movimiento de testigos presenciales, cuyo
15 Véase, Ley Núm. 121 de 24 de junio de 1966. CC-2012-0786 13
paradero se ignora al momento en que se notifica de la acción, todo ello en perjuicio de la oportunidad amplia que debe tener el Estado para hacer las alegaciones correspondientes y establecer las defensas en estos casos.16
En cuanto al contenido de la notificación escrita es
preciso señalar que, contrario a lo dispuesto en la Ley de
Municipios Autónomos, en la Ley de Pleitos contra el Estado
la Asamblea Legislativa no añadió el requisito de
especificar en la notificación la cuantía o el remedio
solicitado. Según se desprende del contenido del Proyecto
de la Cámara Núm. 492 esto respondió a que en muchos casos
resulta imposible precisar tal información en el tiempo
requerido por ley para la notificación. Al respecto,
específicamente se expresó lo siguiente:
[l]a enmienda que propone vuestra Comisión elimina en la notificación el requisito de la cuantía de la compensación monetaria o el tipo de remedio adecuado al daño sufrido y tiene como fundamento el hecho de que en muchos casos tanto la cuantía de la compensación como el tipo del remedio adecuado al daño sufrido son datos que no pueden precisarse en el término de unos pocos meses, por lo que se entiende que al eliminarse el requisito se mejora el proyecto sin que se afecte el mismo.
Entendemos que este cambio sustancial responde a que,
en el caso de daños físicos, es imposible conocer el monto
total reclamable de esos daños inmediatamente luego del
accidente.
Con este marco legal como norte, procedemos a atender
la situación fáctica que nos ocupa.
16 20 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa, P. de la C. núm. 492, Sesión Ordinaria, 5ta Asamblea Legislativa, T.2 pág. 845. CC-2012-0786 14
III
En el caso de autos, la señora Rivera plantea que
presentó personalmente en el Municipio, ante uno de sus
funcionarios, un Informe de Incidente que incluía la
información sobre su accidente, según requerían los
encasillados incluidos en el mencionado documento provisto
por el propio Municipio. De esta forma el Informe contenía
toda la información requerida por el Art. 15.003 de la Ley
Núm. 81, supra, excepto, la cuantía de la compensación
monetaria porque el mismo formulario no proveía para ello.
Así las cosas, la señora Rivera sostiene que cumplió con
el requisito de notificación requerido por ley, máxime
cuando el propio documento dispone que una copia del mismo
va dirigida al Municipio.
A pesar de lo anterior, el Tribunal de Apelaciones
desestimó la demanda presentada contra el Municipio al
entender que la peticionaria no cumplió con el requisito
de notificación previa. De acuerdo al foro apelativo, tal
notificación debió ser remitida al Alcalde y debió incluir
la cuantía o el remedio solicitado, según establece el
Art. 15.003 de la Ley Núm. 81, supra. De acuerdo al
tribunal a quo el Informe de Incidente entregado por la
señora Rivera en el Municipio no puede ser considerado
como la notificación requerida por ley, ya que el mismo no
incluía la cuantía de la compensación monetaria. No
coincidimos con tal proceder. CC-2012-0786 15
En primer lugar, aclaramos que para cumplir con el
inciso (a) del Art. 15.003 de la Ley Núm. 81, supra, no es
necesario una entrega personal al alcalde. No podemos
avalar ese rigorismo desmedido propuesto por el recurrido
y respaldado por el foro a quo, máxime cuando ello no
surge del texto de la Ley. Contrario a lo que concluyó el
Tribunal de Apelaciones, entendemos que el Informe de
Incidente que la peticionaria presentó en la Alcaldía
constituye un método de notificación previa que pone sobre
aviso al Municipio de una posible reclamación en su
contra. Si bien es cierto que el Informe de Incidente no
fue entregado personalmente al Alcalde, el
diligenciamiento fue hecho en una forma fehaciente en
derecho. Por ello, resolvemos que cumplimentar el “Informe
de Incidente” que fue provisto por el propio gobierno
municipal constituye una notificación que satisface las
exigencias y propósitos del Art. 15.003 de la Ley de
Municipios Autónomos, supra, según hemos establecido desde
Mangual v. Tribunal Superior, supra.
Establecer que en el caso de autos el Municipio no
fue notificado conforme a las disposiciones de la Ley de
Municipios Autónomos no solo constituiría un dictamen
irrazonable, sino uno en completa desatención al uso
crítico y concienzudo de nuestro estado de derecho. El
objetivo del requisito de notificación previa no conlleva
un asunto personalizado en la figura del alcalde
involucrado de manera que se requiera una notificación CC-2012-0786 16
directa al primer ejecutivo municipal. No podemos
arraigarnos al tecnicismo de que la persona que tiene que
ser notificada es el alcalde, ya que lo que verdaderamente
importante es que el municipio quede debidamente
notificado de la posible causa de acción,
independientemente si el alcalde fue el que personalmente
recibió tal notificación.
Bajo ningún concepto podemos hacer abstracción de que
el documento Informe de Incidente fue suministrado por el
propio Municipio y cumplimentado por la señora Rivera en
las instalaciones municipales. Por tal razón, concluimos
que una vez el funcionario de la Alcaldía recibe el
Informe de Incidente se entiende que el municipio, y por
ende, el Alcalde, ha sido debidamente notificado del
incidente ocurrido y de la posible reclamación en su
contra.
Al estar esta información en poder del Municipio, no
hay duda que este tenía conocimiento de los hechos,
conociendo incluso la identidad de los testigos, lo cual
pudo haber utilizado para investigar, corroborar o refutar
los hechos alegados por la señora Rivera en el Informe de
Incidente. El fin público de proteger al Municipio se
satisfizo desde el momento que la señora Rivera
cumplimentó y entregó el formulario que el propio
municipio le entregó para que hiciera constar las
particularidades del incidente. CC-2012-0786 17
Por otro lado, no nos convence la teoría del Tribunal
de Apelaciones en cuanto a la insuficiencia de la
notificación por esta no incluir la cuantía o el remedio
solicitado. Ciertamente, coincidimos con el foro a quo en
que toda reclamación presentada en contra de un municipio
debe cumplir con el requisito de notificación establecido
en el Art. 15.003, supra, y con cada uno de sus
requisitos. Empero, en el caso particular ante nuestra
consideración, el formulario titulado Informe de Incidente
entregado a la peticionaria en la propia Alcaldía, no
proveía un encasillado para que esta especificara la
cuantía o el remedio solicitado. Por ello, concluimos que
el no incluir tal información no constituyó un factor
limitativo para el Municipio iniciar una pronta
investigación del incidente.
Por último, recordemos que el inciso (a) del artículo
15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, establece
que “la notificación escrita deberá presentarse al Alcalde
dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en
que el reclamante tuvo conocimiento de los daños
reclamados”. De los hechos se desprende que la primera
notificación fue realizada el 8 de diciembre de 2009 al
entregar el Informe de Incidente. Esto es, veintiséis
días luego del accidente. Durante ese periodo de tiempo,
la peticionaria no había recibido ningún procedimiento
médico, excepto, el que recibió el día del accidente en el
Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Río Grande. No fue CC-2012-0786 18
hasta dos días después, el 10 de diciembre de 2009, que la
señora Rivera fue referida a terapia física por el Dr.
Gerardo Ortiz.
Posteriormente, el 16 de abril de 2010 se le realizó
una radiografía de su hombro derecho con el siguiente
diagnóstico: “[c]ambios cabeza húmero”. Es en ese momento
que la peticionaria adviene en conocimiento de los daños
sufridos. Correspondientemente, cinco días más tarde,
mediante su representación legal, remitió una segunda
notificación al Municipio que incluía la compensación
solicitada, los hechos acaecidos, la información de los
testigos y el tratamiento recibido. Más aún, no fue sino
hasta el 19 de abril de 2011, un año y cinco meses luego
del accidente, que la Sra. Rivera Fernández fue sometida a
una intervención quirúrgica en su hombro derecho como
consecuencia de los daños sufridos en el accidente.
En ese escenario, concluimos que la segunda
notificación al Alcalde que realizó la peticionaria, en la
cual se añadía la cuantía de los daños reclamados, fue
hecha conforme a derecho y dentro del término establecido
en ley. Esto debido a que la ley especifica que el
reclamante tiene noventa días desde que tiene conocimiento
de los daños sufridos para enviar la notificación.
Claramente no fue hasta que a la peticionaria le realizan
la radiografía que esta adviene en conocimiento de los
daños sufridos y, por ende, cinco días luego de conocer de
los daños notificó al Alcalde la cuantía de los mismos. CC-2012-0786 19
Bajo el crisol doctrinario expuesto, concluimos que,
en situaciones donde el propio municipio provea y ponga en
posición al reclamante de notificar los daños alegadamente
sufridos, constituye una notificación suficiente en
derecho siempre que cumpla con los requisitos establecidos
en el Art. 15.003 de la Ley Núm. 15.003, supra, y
explicados en Mangual v. Tribunal Superior, supra.
Recordemos que el propósito principal para requerir la
notificación previa es avisar al municipio de una posible
reclamación en su contra. No hay duda que en el caso de
autos se cumplió tal objetivo.
IV
Por los fundamentos que anteceden, se revoca la
Sentencia recurrida y se devuelve el caso al Tribunal de
Apelaciones para que atienda el planteamiento sobre la
prescripción que la parte recurrida adujo ante dicho foro
judicial.
Se dictará sentencia de conformidad.
Edgardo Rivera García Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
María G. Rivera Fernández Peticionaria v. Municipio Autónomo de Carolina CC-2012-0786 Recurrido
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, revocamos la sentencia recurrida y devolvemos el caso al Tribunal de Apelaciones para que atienda el planteamiento sobre la prescripción que la parte recurrida adujo ante dicho foro judicial.
Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente señor Hernández Denton disintió con una opinión escrita. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez disiente con opinión escrita a la cual se une la Jueza Asociada señora Fiol Matta.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionaria
v.
Municipio Autónomo de CC-2012-786 Carolina
Opinión Disidente emitida por el Juez Presidente señor HERNÁNDEZ DENTON
San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 2014.
Por entender que procede la desestimación
de la demanda de epígrafe por prescripción,
disentimos de lo resuelto por este Tribunal.
I.
Los hechos más relevantes de este caso se
detallan a continuación. La Sra. María G. Rivera
Fernández sufrió una caída mientras caminaba por
una acera del Municipio de Carolina (Municipio) el
13 de noviembre de 2009. Veintiséis días después
del accidente, la señora Rivera Fernández acudió a
la alcaldía del Municipio en donde le proveyeron
un formulario titulado “Informe de Accidente”. En
este, indicó su información personal, la
naturaleza del accidente, la información de CC-2012-0786 2
testigos y el tratamiento recibido hasta ese momento. No
remedio solicitado debido a que el formulario no tenía
encasillados para proveer tal información.
El 21 de abril de 2010, el representante legal de la
señora Rivera Fernández envió una notificación al
Municipio en la que detalló los hechos, la información de
los testigos, el tratamiento recibido y la compensación
solicitada. El 19 de agosto de 2010, el 15 de febrero de
2011 y el 30 de septiembre de 2011, envió otras
comunicaciones a la aseguradora del Municipio, Acosta
Adjustment, Inc., con la misma información. Finalmente, el
27 de diciembre de 2011 la señora Rivera Fernández
presentó la demanda de epígrafe.
El Municipio presentó ante el Tribunal de Primera
Instancia una moción solicitando la desestimación de la
demanda por falta de notificación y prescripción. Ese foro
denegó la solicitud. De esa determinación, el Municipio
recurrió al Tribunal de Apelaciones donde señaló que erró
el foro primario al denegar la moción, lo que implica que
el foro primario entendió que el Informe de Incidente en
cuestión cumplió con el requisito de notificación previa y
que la acción no está prescrita. Ese foro revocó al
Tribunal de Primera Instancia y desestimó la demanda.
Concluyó que, no habiendo cumplido el Informe con los
requisitos y no habiéndose emitido notificación alguna
dentro del término de 90 días, la señora Rivera Fernández
no podía instar la reclamación judicial contra el
Municipio. Añadió que, así resuelto, era innecesario CC-2012-0786 3
discutir si en efecto el término prescriptivo fue o no
interrumpido.
De ese dictamen, la señora Rivera Fernández recurre
ante nos. Esta trae como único señalamiento que el
Tribunal de Apelaciones erró al resolver que no se cumplió
con el requisito de notificación.
II.
La Opinión mayoritaria resuelve que se cumplió con el
requisito de notificación previa dentro del término de 90
días. Estamos de acuerdo. No obstante, consideramos que
son innecesarias e incorrectas en derecho las expresiones
de que es a partir del 16 de abril de 2010, cinco meses
después de la caída, que la peticionaria adviene en
conocimiento de los daños sufridos. Por esa razón, este
Tribunal resuelve que la segunda notificación hecha por la
representación legal de la peticionaria al Municipio
también fue hecha conforme a derecho y dentro del término
de 90 días. La conclusión de que el conocimiento del daño
se adquiere cuando se conoce la magnitud del daño ha sido
rechazada por este Tribunal. Véanse Vera Morales v. Bravo
Colón, 161 D.P.R. 308 (2004) y Ortiz v. Municipio de
Orocovis, 113 D.P.R. 484 (1982). Para efectos de la
prescripción, el término comienza desde que se conoce el
daño aunque se desconozca la magnitud del mismo. Vera
Morales v. Bravo Colón, supra, pág. 325.
Por otro lado, entendemos que es necesario resolver
si la acción está prescrita para saber si el foro primario
tiene jurisdicción. CC-2012-0786 4
La señora Rivera Fernández sufrió el accidente el 13
de noviembre de 2009 y 26 días después presentó el Informe
del Incidente. Luego, su representante legal envió una
notificación al Municipio el 21 de abril de 2010. En esta,
detalló los hechos, la información de los testigos, el
tratamiento recibido y la compensación solicitada. A
partir de esa notificación, el 19 de agosto de 2010, el 15
de febrero de 2011 y el 30 de septiembre de 2011, la
señora Rivera Fernández envió cartas a la aseguradora del
Municipio, Acosta Adjustment, Inc., en las que incluyó la
misma información que en la notificación. La demanda fue
presentada el 27 de diciembre de 2011.
Ciertamente, la carta remitida al Municipio y las
cartas enviadas a la aseguradora sirven como reclamaciones
extrajudiciales que interrumpen el término prescriptivo.
Véanse Art. 1873 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5303,
y Zambrana v. E.L.A., 129 D.P.R. 740 (1992). Ahora bien,
para determinar si la acción está prescrita era necesario
que este Tribunal resolviera si la reclamación
extrajudicial dirigida a un asegurador interrumpe el
término en cuanto al asegurado.
Sabemos que la señora Rivera Fernández puede
presentar una acción sustantiva y directa contra el
asegurador bajo el contrato de seguros, independiente de
la causa de acción contra el asegurado, productor del
daño. Trigo v. The Travelers, Ins. Co., 91 D.P.R 868, 877
(1965). Por ello, entendemos que la reclamación
extrajudicial hecha al asegurador no interrumpe el término
para el asegurado. CC-2012-0786 5
En el caso de autos, la demanda se presentó más de un
año después de la última notificación –y reclamación
extrajudicial- hecha al Municipio, por lo que la demanda
está prescrita.
III.
Por todo lo anterior, disentimos de lo resuelto por
una mayoría de este Tribunal y, en su lugar, hubiéramos
confirmado la desestimación de la demanda de epígrafe por
prescripción.
Federico Hernández Denton Juez Presidente EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
v. CC-2012-0786
Municipio Autónomo de Carolina
Opinión disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez a la que se une la Jueza Asociada señora Fiol Matta
San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 2014
Disiento del curso seguido por una mayoría de este
Tribunal por entender que la demanda de daños y
perjuicios ante nuestra consideración está prescrita al
no haberse interrumpido el término de prescripción.
A continuación un resumen de los hechos relevantes a
la controversia ante nuestra consideración. El 13 de
noviembre de 2009 la señora María G. Rivera Fernández
sufrió una caída mientras caminaba por una acera del
Municipio Autónomo de Carolina (“Municipio”). El 8 de
diciembre de 2009, veintiséis (26) días después del
accidente, la señora Rivera Fernández acudió a la
alcaldía del Municipio y cumplimentó un formulario
titulado “Informe de Accidente” provisto por el
Municipio. Allí indicó su información personal, la
naturaleza del accidente, la información de los testigos
y el tratamiento recibido hasta ese momento. Debido a que
el formulario no contenía un encasillado para especificar CC-2012-0786 3
la cuantía o el remedio solicitado, en el informe no se
indicó tal información.
El 21 de abril de 2010 la señora Rivera Fernández, a
través de su representación legal, envió una segunda
notificación al Municipio en la que detalló los hechos,
la información de los testigos, el tratamiento recibido y
la compensación solicitada. El 19 de agosto de 2010, el
15 de febrero de 2011 y el 30 de septiembre de 2011, la
señora Rivera Fernández envió misivas a la aseguradora
del Municipio, Acosta Adjustment, Inc. (“aseguradora”),
que contenían la información provista al Municipio.17 El
27 de diciembre de 2011, la señora Rivera Fernández
presentó una demanda en contra del Municipio y la
aseguradora.
El 6 de marzo de 2012 la aseguradora presentó una
solicitud de sentencia sumaria en la que alegó que la
póliza de responsabilidad pública se extinguió al
agotarse el fondo para cubrir reclamaciones y otros
gastos. El 12 de abril de 2012 el Tribunal de Instancia
emitió una Sentencia Parcial en la que desestimó la
demanda en contra de la aseguradora. Posteriormente, el
Municipio presentó una solicitud de desestimación de la
demanda por falta de notificación y prescripción. En
síntesis, el Municipio sostuvo que el Informe de
Accidente cumplimentado por la señora Rivera Fernández no
cumplió con los requisitos de notificación que establece
el Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, 21
L.P.R.A. sec. 4703. Además, alegó que la causa de acción
estaba prescrita al no haberse interrumpido el término
17 Estas comunicaciones sólo fueron dirigidas a la aseguradora. CC-2012-0786 4
prescriptivo de un (1) año para reclamar daños y
perjuicios. El Tribunal de Primera Instancia denegó la
solicitud. Inconforme, el Municipio acudió ante el
Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari.
El foro apelativo intermedio revocó la determinación
del foro primario. Concluyó que el Informe de Accidente
cumplimentado por la señora Rivera Fernández no cumplió
con los requisitos de notificación que establece el Art.
15.003 de la Ley de Municipios Autónomos. Por tanto, en
ausencia de una notificación apropiada dentro del término
de noventa (90) días, la señora Rivera Fernández no podía
instar la reclamación judicial contra el Municipio por lo
que procedía la desestimación de la demanda. Resuelto lo
anterior, el Tribunal de Apelaciones sostuvo que era
innecesario discutir si en efecto el término prescriptivo
fue o no interrumpido.
Inconforme con tal determinación, la señora Rivera
Fernández acude ante este Tribunal y alegó, como único
señalamiento de error, que erró el foro apelativo
intermedio al resolver que no se cumplió con el requisito
de notificación.
Hoy una mayoría de este Tribunal concluye
correctamente que la señora Rivera Fernández cumplió con
el requisito de notificación que establece el Art. 15.003
de la Ley de Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A. sec. 4703.
Por tal razón, coincido con la mayoría en que erró el
Tribunal de Apelaciones al desestimar la causa de acción
por falta de notificación. Ahora bien, atendido ese
error, restaba considerar los planteamientos de CC-2012-0786 5
prescripción esgrimidos por el Municipio relacionados con
la falta de interrupción del término prescriptivo. En
cambio, la mayoría innecesariamente devuelve el caso al
Tribunal de Apelaciones para que atienda el planteamiento
sobre prescripción. Al así proceder, la mayoría elude la
responsabilidad de atender el planteamiento de
prescripción el cual, para todos los efectos prácticos,
es dispositivo de esta controversia. Pasemos entonces a
discutir el derecho aplicable.
En numerosas ocasiones hemos señalado que la
prescripción extintiva es una institución de derecho
sustantivo que constituye una forma de extinguir un
derecho debido a la inercia en ejercerlo durante un
período de tiempo determinado. Santiago v. Ríos Alonso,
156 D.P.R. 181, 188 (2002); Galib Frangie v. El Vocero de
P.R., 138 D.P.R. 560 (1995). Esta institución no es
susceptible a la flexibilidad que caracteriza a las
normas procesales; una vez se determina que una causa de
acción está prescrita, resulta imperativa su
desestimación. Umpierre Biascoechea v. Banco Popular, 170
D.P.R. 205 (2007) (Rodríguez Rodríguez, J., Op.
Conformidad); Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 321
(2004). Ello responde a que el propósito de la
prescripción es fomentar el reclamo oportuno de los
derechos y procurar la tranquilidad del obligado contra
la eterna pendencia de una acción civil en su contra.
Ortiz v. P.R. Telephone, 162 D.P.R. 715, 733 (2004).
De esta manera “se protege la estabilidad de las
relaciones jurídicas, principio trascendental del CC-2012-0786 6
ordenamiento jurídico, que tiene prelación sobre los
derechos particulares que puedan resultar afectados con
la aplicación de la figura de la prescripción”.
Westernbank v. Registradora, 172 D.P.R. 715 (2007)
(Rodríguez Rodríguez, J., Op. Conformidad). En materia
de daños y perjuicios, el Art. 1868 establece que las
obligaciones derivadas de la culpa o negligencia, según
establecido en el Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A.
sec. 5141, prescriben por el transcurso de un (1) año. 31
L.P.R.A. sec. 5298. Este término comienza a transcurrir
desde que el agraviado supo del daño. Id.
Ahora bien, debido a que la existencia de la figura
de la prescripción extintiva en nuestro ordenamiento se
fundamenta en que la inercia o inactividad por parte del
titular de un derecho nos permite presumir el abandono de
su derecho, si tal inactividad cesa no operará la
prescripción. García Aponte et al. v. E.L.A. et al., 135
D.P.R. 137 (1994). Es decir, de ocurrir un “acto de
interrupción, la presunción en virtud de la cual se da la
prescripción se desvanece, por lo que resulta lógico que
se deje sin efecto el plazo de tiempo transcurrido, el
cual debe comenzar de nuevo”. Id. en la pág. 143.
A tales efectos, el Art. 1873 del Código Civil, 31
L.P.R.A. sec. 5303, dispone que: “[l]a prescripción de
las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los
tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y CC-2012-0786 7
por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el
deudor”. 31 L.P.R.A. sec. 5303. El efecto de la
interrupción es que el plazo de prescripción debe volver
a computarse en toda su extensión desde el momento en que
se produce el acto que interrumpe el periodo de inacción
o inercia. Sánchez v. Aut. De Puertos, 153 D.P.R. 559
(2001); González v. Wal-Mart, Inc., 147 D.P.R. 215
(1998).
En el caso de la interrupción mediante la
reclamación extrajudicial, “ésta se refiere a la
manifestación inequívoca de quien, amenazado con la
pérdida de su derecho, expresa su voluntad de no
perderlo”. Sánchez v. Aut. De Puertos, 153 D.P.R. 559,
568 (2001). Para que una reclamación extrajudicial
constituya una interrupción de la prescripción debe
cumplir con los siguientes requisitos:
(1) la reclamación debe ser oportuna, lo cual requiere que se realice antes de la consumación del plazo; (2) es necesaria la legitimación del reclamante, ello es, que la reclamación se haga por el titular del derecho o acción; (3) se requiere la idoneidad del medio utilizado para realizar la reclamación; y (4) debe existir identidad entre el derecho reclamado y aquel afectado por la prescripción. De León v. Caparra Center, 147 D.P.R. 797, 805 (1999).
C
Para propósitos de la controversia ante nuestra
consideración, es menester señalar que el artículo 20.030
del Código de Seguros permite que una persona que haya
sufrido algún daño o perjuicio por algún acto culposo o
negligente dirija su curso de acción legal contra: (1) el CC-2012-0786 8
asegurado; (2) el asegurador; o (3) ambos en conjunto. 26
L.P.R.A. sec. 2003. Por tal razón, hemos señalado que
una acción directa contra la compañía aseguradora del
causante del daño es distinta y separada de la acción que
se inicie contra el asegurado. Torres Pérez v. Colón
García, 105 D.P.R. 616, 627 (1977).
En virtud de esta norma, hemos reconocido que cuando
el agraviado decide dirigir su causa de acción
exclusivamente contra la aseguradora de un municipio, no
tiene que cumplir con el requisito de notificación al
municipio. Id.18 Es decir, precisamente por la
independencia de las causas, al asegurador de un
municipio no le aprovecha el requisito de notificación
del daño en el término de noventa (90) días. Torres Pérez
v. Colón García, 105 D .P.R. 616, 627 (1977); García v.
Northern Assurance, Co., 92 D.P.R. 245, 254 (1965).
Por su parte, en Cruz v. González, 66 D.P.R. 212
(1945), específicamente consideramos si la interrupción
de la prescripción respecto a la aseguradora perjudicaba
por igual al asegurado. Al rechazar la existencia de una
relación solidaria entre la aseguradora y el asegurado, y
en ausencia de un pacto en contrario, concluimos que la
reclamación extrajudicial dirigida a la aseguradora no
perjudicó el término prescriptivo del asegurado. Id.
Posteriormente, en Durán Cepeda v. Morales Lebrón, 112
D.P.R. 623 (1982), reafirmamos este raciocinio al
desestimar la causa de acción en contra del asegurado
(Estado) por no haberse interrumpido la prescripción en
18 En aquella ocasión interpretamos el Art. 96 de la Ley Municipal de 1960, Ley Núm. 142 de 21 de julio de 1960, similar al Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A. sec. 4703. CC-2012-0786 9
contra de éste, más no así la causa de acción en contra
de su aseguradora.19
En el caso ante nuestra consideración, la señora
Rivera Fernández sufrió una caída el 13 de noviembre de
2009. Veintiséis días después, cumplimentó el Informe de
Accidente. Posteriormente, el 21 de abril de 2010 la
señora Rivera Fernández envió una carta al Municipio en
la que detalló los hechos, la información de los
testigos, el tratamiento recibido y la compensación
solicitada. Esta misiva fue enviada dentro del término
de un año y tuvo el efecto de interrumpir el término
prescriptivo.
No obstante, con posterioridad a la misiva del 21 de
abril de 2010, la señora Rivera Fernández sólo se
comunicó con la aseguradora del Municipio. Es decir, a
partir de la carta del 21 de abril de 2010, la señora
Rivera Fernández no cursó comunicación alguna al
Municipio hasta la presentación de la demanda, el 27 de
diciembre de 2011. Por lo tanto, para efectos de la
controversia ante nuestra consideración procedía
determinar si las tres (3) cartas dirigidas
exclusivamente a la aseguradora del Municipio
interrumpían el término prescriptivo contra el Municipio.
19 En específico señalamos lo siguiente: La dilucidación de estas cuestiones afecta únicamente a los recurrentes y a Universal [aseguradora del Estado]. En lo que respecta al Estado Libre Asociado, la acción claramente prescribió bajo cualquier punto de vista. Los recurrentes aguardaron más de un año después de desestimarse la acción contra el Estado para actuar ante el Tribunal Superior. Debe confirmarse en consecuencia el dictamen recurrido en lo que respecta al Estado Libre Asociado. Durán Cepeda v. Morales Lebrón, 112 D.P.R. 623, 624-625 (1982). CC-2012-0786 10
En virtud de la normativa anteriormente reseñada,
entendemos que no. Siendo la causa de acción en contra
de la aseguradora una causa de acción independiente a la
del Municipio, las cartas enviadas a la aseguradora no
interrumpieron el término prescriptivo en contra del
Municipio.20 Por consiguiente, procedía la desestimación
de la causa de acción por prescripción.
Como hemos visto, el Derecho aplicable a esta
controversia es bien sencillo. ¿Para qué postergar la
correcta solución de esta controversia?
Por todo lo anterior, disiento del curso seguido por
una mayoría del Tribunal. En su lugar, hubiera confirmado
la desestimación de la demanda por prescripción.
Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada
20 Adviértase que en este caso no había un pacto de solidaridad entre la aseguradora y el asegurado.
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2014 TSPR 9, Counsel Stack Legal Research, https://law.counselstack.com/opinion/rivera-fernandez-v-municipio-autonomo-de-carolina-prsupreme-2014.