Rafael A. Deliz Muñozs. v. Diana Igartua Muñozs

2003 TSPR 4

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: January 23, 2003
• Docket: CC-2001-0489
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Rafael A. Deliz Muñoz, et als.

Recurridos Certiorari

v. 2003 TSPR 4

Diana Igartúa Muñoz, et als. 158 DPR ____

Peticionarios

Número del Caso: CC-2001-489

Fecha: 23 de enero de 2003

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional III

Juez Ponente: Hon. Carlos Soler Aquino

Abogado de la Parte Peticionaria: Lcdo. Manlio Arraiza Donate Lcdo. Juan C. Salichs Pou

Abogado de la Parte Recurrida: Lcdo. Lorenzo G. Llerandi Beauchamp

Materia: Acción Civil (Cartas Testamentarias Albaceazgo)

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Recurridos

vs. CC-2001-489 CERTIORARI

Diana Igartúa Muñoz, et als.

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 23 enero de 2003

“Si la ley relativa al otorgamiento de testamentos notariales es una que ha sido pensada y ordenada sobre la base de un notariado competente, difícilmente podrá la misma rendir las consecuencias deseadas si falla el presupuesto básico que concibe una práctica notarial de efectividad probada.”1

El 13 de abril de 1993, la Sra. Gertrudis

Muñoz Mestre otorgó testamento abierto ante el

notario Juan José Nolla Amado en el cual

instituyó herederos del tercio de legítima

estricta a sus hijos Héctor Arturo, Rafael

Ángel y Norma Mercedes -de apellidos Deliz

Muñoz- y a Diana, Armengol, Iván G. e Ivette -de

1 José Ramón Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, San Juan, Ed. Universidad apellidos Igartúa Muñoz. En cuanto a los

tercios de mejora y libre disposición, la

testadora designó como único y

Interamericana de Puerto Rico, 1992, T. IV, Pág. 80. CC-2001-489 4

universal heredero a su nieto, el Sr. Noel A. Santana Igartúa;

este último fue nombrado, además, albacea testamentario.

La Sra. Muñoz Mestre falleció el 14 de junio de 1997. Tres

meses más tarde, el 25 de septiembre de 1997, sus hijos Rafael

A. Deliz Muñoz, Héctor A. Deliz Muñoz, Norma M. Deliz Muñoz,

Iván G. Igartúa Muñoz y Armengol Igartúa Muñoz, aquí

recurridos, iniciaron el presente pleito impugnando el

testamento otorgado por su progenitora. Alegaron, en síntesis,

que el testamento no reflejaba la última voluntad de la

testadora y solicitaron que se privara a la parte demandada

de su derecho a la herencia en controversia.

Luego de varios incidentes procesales, el día 16 de

diciembre de 1999 la parte demandante, radicó una moción de

sentencia sumaria. Alegó dicha parte, en síntesis, que el

testamento era nulo ab initio y que nunca advino a ser la última

voluntad de la testadora al no cumplir con las disposiciones

del Código Civil, específicamente las relacionadas con la

identificación y conocimiento del testador y de los testigos.

Adujeron, que el Notario no dio fe de conocer personalmente

a la testadora, no utilizó testigos de conocimiento para

identificarla y que tampoco conocía a los testigos

instrumentales. Por último, alegaron que no se habían reseñado

los documentos utilizados para identificar a la testadora.2

2 Otros argumentos presentados ante el foro de instancia por los demandantes-recurridos fueron: que la Ley Notarial de Puerto Rico, Ley Núm 75 de 2 de julio de 1987, 4 L.P.R.A. sec. 2001 et seq., no aplica a los testamentos y que, por consiguiente, el notario está vedado de utilizar los medios CC-2001-489 5

Así las cosas, el 15 de mayo de 2000, el Sr. Santana

Igartúa se opuso a la moción de sentencia sumaria alegando que

no procedía declarar la misma con lugar por existir una

controversia real de hechos que hacía indispensable la

celebración de una vista evidenciaria. 3 Específicamente,

alegó, refiriéndose a la identificación de los comparecientes,

que los anejos presentados en su moción demostraban que “lo

que la ley persigue se cumplió, aunque no se señaló, en forma

clara y expresamente ...” y que dicha omisión podía ser

subsanada mediante acta notarial o de subsanación. (Énfasis

suplido.) Esto último refiriéndose a que el notario conocía

personalmente a la Sra. Muñoz Mestre y que identificó a los

testigos instrumentales a través del testimonio de la

testadora.

En cuanto a la dación de fe de conocimiento del testador

por parte del notario, sostuvo el peticionario que ésta es una

supletorios dispuestos en ésta para identificar a los comparecientes y que la falta de fe de conocimiento de los testigos por parte del notario abonaba a la invalidez del documento, ya que el Artículo 635, 31 L.P.R.A. sec. 2151, aplica sólo a la testadora y no a los testigos. 3 Debemos señalar que a pesar de que Santana Igartúa alegó en su oposición a la moción de sentencia sumaria que existía una controversia real de hechos, éste no expuso cuáles eran dichos hechos. Interpretando las alegaciones de su moción de la manera más favorable a su contención, nos parece que a lo que el peticionario se refiere es a si el notario conocía o no a la testadora. Esta es la única conclusión a la que podemos llegar si consideramos que los anejos incluidos por el peticionario en su escrito eran dos escrituras públicas, ambas de fechas anteriores al testamento, otorgadas por la Sra. Gertrudis Muñoz Mestre ante el notario Nolla Amado, donde éste daba fe de conocer a la testadora, y una declaración jurada suscrita por éste donde hace constar que el método utilizado para CC-2001-489 6

formalidad de forma, y no de fondo; y que su omisión puede ser

subsanada mediante la presentación de prueba extrínseca.

Refiriéndose al método supletorio de identificación contenido

en el Artículo 17 (c) de la Ley Notarial, 4 L.P.R.A. sec. 2035,

sostuvo que tratándose de un mero requisito de forma, el no

especificar en el testamento el medio utilizado para

identificar a los comparecientes no hace el instrumento uno

nulo ab initio.4

Finalizó el peticionario su escrito de oposición

compartiendo con el tribunal y los demandantes su preocupación

en cuanto a la necesidad de que el notario autorizante fuera

considerado parte indispensable en este pleito, por estar

sujeto a responder en daños y perjuicios si el testamento fuera

declarado nulo.

El tribunal de instancia emitió una sentencia sumaria

parcial en la cual acogió los planteamientos de la parte

demandante, específicamente los relacionados con la

identificación de los comparecientes. Concluyó que, a tenor

con lo dispuesto en el Artículo 649 del Código Civil, 31

L.P.R.A. sec. 2186, el notario tiene que dar fe de conocer al

testador o a los testigos de conocimiento en su caso. Esta

identificar a la testadora fue su propio y personal conocimiento. 4 Este artículo dispone que en defecto del conocimiento personal del notario la identificación de los otorgantes podrá llevarse a cabo “por documento de identidad con retrato y firma, expedido por las autoridades públicas competentes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de los Estados Unidos, o de uno de los estados de la Unión, cuyo objeto sea identificar a las personas o por pasaporte debidamente expedido por autoridad extranjera.” CC-2001-489 7

dación de fe, sostuvo el foro primario, tiene que estar

expresamente consignada en la escritura de testamento.

Entendió que en el supuesto de que esto resulte imposible, por

no conocer el notario al testador ni haber testigos de

conocimiento, entonces el notario podrá utilizar los medios

supletorios de identidad provistos a esos efectos en el

Artículo 17 de la Ley Notarial, ante, pero que es “deber

ineludible” del notario hacer constar expresamente en la

escritura cuál fue el método de identidad utilizado.

Inconforme, el codemandado Noel Santana Igartúa acudió

ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones mediante recurso

de apelación. Alegó, en síntesis, que incidió el foro primario

al concluir que la omisión del notario de dar fe del

conocimiento personal de la testadora y de los testigos o, en

su defecto, de no especificar los medios específicos que

utilizó para asegurarse de sus identidades, constituye un

error fatal que no puede ser subsanado mediante la presentación

de evidencia extrínseca. Además, sostuvo que existía una

controversia real y genuina que impedía dictar sentencia

sumaria; que debía celebrarse una vista evidenciaria para

determinar cuál fue el método de identificación utilizado por

el notario; y que no procedía resolver la controversia sobre

nulidad testamentaria sin determinar que el notario

autorizante era parte indispensable.

Mediante sentencia a esos efectos, el Tribunal de

Circuito de Apelaciones confirmó el dictamen recurrido.

Entendió que la controversia planteada era una de estricto CC-2001-489 8

derecho; a saber: si el notario que otorgó el testamento

identificó al testador conforme a derecho y si tal omisión

ocasionaba la nulidad del testamento. En mérito de lo anterior,

concluyó que adolece de nulidad absoluta el testamento en que

no se consigne expresamente la fe del notario de que conoce

a los otorgantes, personalmente o a través de los mecanismos

que provee la ley. Entendió que cuando no pueda identificarse

al testador a través de los medios dispuestos en el Artículo

634 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2150, esta circunstancia

debe ser declarada por el notario reseñando los documentos que

el testador presente con dicho objeto y las señas personales

del mismo. Además, citando el Artículo 15 (e) de la Ley

Notarial, ante, y la Regla 29 del Reglamento Notarial, sostuvo

que el notario tiene que hacer constar en la escritura de

testamento cuál fue el método supletorio específico que

utilizó.

Insatisfecho con esta determinación, el Sr. Santana Igartúa

recurrió, oportunamente, ante este Tribunal --vía

certiorari-- imputándole al Tribunal de Circuito de

Apelaciones haber errado:

... al concluir que la omisión del Notario de dar fe del conocimiento personal de la testadora, o en su defecto, de no especificar los medios específicos que usó para asegurar la identidad de ella y/o de los testigos constituye una omisión de la ley que conlleva la nulidad del testamento.

... al no considerar ni resolver los errores identificados en la apelación como primero, segundo y cuarto. CC-2001-489 9

Atendida la petición de certiorari, le concedimos veinte

(20) días a la parte demandante-recurrida para mostrar causa

por la cual este Tribunal no debía expedir el auto solicitado

y dictar Sentencia revocatoria de la emitida por el Tribunal

de Circuito de Apelaciones. La Asociación de Notarios de Puerto

Rico presentó moción solicitando comparecer como amicus

curiae, petición que concedimos.

Habiendo comparecido ambas partes, y estando en

condiciones de resolver el recurso, procedemos a así hacerlo.

I El Artículo 636 de nuestro Código Civil

dispone que “[s]erá nulo el testamento en cuyo otorgamiento

no se hayan observado las formalidades respectivamente

establecidas [en éste].” 31 L.P.R.A. sec. 2152. Desde el año

1931 este Tribunal resolvió que, en materia de testamentos,

la forma es algo solemne. Al respecto señalamos en Ex parte

Planis v. Pueblo, 42 D.P.R. 689, 691 (1931) que:

La forma de testamentos es algo solemne creado por el estatuto. Si no se sigue la forma delineada por el estatuto no existe testamento. Según apuntó hace mucho tiempo el Sr. Thayer, las formalidades de un testamento no son meras cuestiones de evidencia sino requisitos substantivos. Si no se llenan estos requisitos, no hay testamento. 5 (Énfasis suplido.)

5 Esta norma ha sido consistentemente reiterada en los casos Paz v. Fernández, 76 D.P.R. 742, 751-52 (1954); Rivera Pitre v. Galarza Martínez, 108 D.P.R. 565, 568 (1979); In re Méndez Rivera, 141 D.P.R. 753, 757 (1996) y, más recientemente, en In re Iván A. Ramos Vélez, res. el 1 de junio de 2000, 2000 T.S.P.R. 82. CC-2001-489 10

Cónsono con lo anterior, en Pacheco v. Sucn. Pacheco,

66 D.P.R. 796, 799 (1947), citando a Manresa en sus Comentarios

al Artículo 687 del Código Civil español,6 idéntico al 636 del

nuestro, expresamos:

En efecto; la validez del testamento, como la de todos los actos jurídicos, depende de la observancia de la ley que lo regule, y habiéndose establecido en el presente capítulo los requisitos que deben observarse en cada una de las diversas formas admitidas para la ordenación de las últimas voluntades, es de todo punto evidente que la falta de cumplimiento de sus respectivas prescripciones ha de producir necesariamente, por ministerio de la ley, la nulidad del acto ejecutado con infracción de las disposiciones legales que la regulen. (Énfasis suplido.)

Así pues, la observancia de la forma exigida por ley es

tan esencial para la validez del testamento que “su defecto

acarrea su inexistencia, por muy convincentes y firmes que sean

las pruebas, conseguidas por otros medios, de la voluntad del

testador ...”. M. Armero Delgado, Testamentos y Particiones,

Madrid, Ed. Reus, 1951, T.I, Pág. 90. Ello considerando que,

en materia de testamentos, la exigencia de la forma responde

a la propia naturaleza del acto, sin que pueda entenderse que

se trata de meros mecanismos para facilitar la prueba. Id.

La función principal de la solemnidad testamentaria es

hacer imperecedera la voluntad del causante y asegurarse de

que es la de él, ya que una vez muere es imposible realizar

una investigación sobre la misma. José Ignacio Cano Martínez

de Velazco, Solemnidades y formalidades de los testamentos,

6 José Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, 5ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1972, T. V, págs. 471-472. (Énfasis CC-2001-489 11

según doctrina del Tribunal Supremo, Revista de Derecho

Notarial Núms. 101-102 (1978). Siendo tan esenciales los

requisitos y solemnidades exigidos por la ley para la eficacia

de las últimas voluntades, la falta de cualquiera de ellas es

por sí solo suficiente para privar de eficacia el acto

testamentario. Q.M. Scaevola, Código Civil Comentado y

Concordado, 2da ed., Madrid, Ed. Reus, 1950, T. XII, pág. 363.

Al respecto nos señala el tratadista Ossorio Morales que no

basta con que la voluntad del testador sea conocida en forma

indubitada, ya que “esa voluntad será ineficaz si al

manifestarla no se han observado rigurosamente las

solemnidades que para cada clase de testamento establece la

ley.” Juan Ossorio Morales, Manual de Sucesión Testada,

Madrid, Ed. Inst. Estudios Políticos, 1957, Pág. 466.

El Tribunal Supremo de España ha denominado como errónea

y muy peligrosa la teoría de que lo único esencial en un acto

testamentario es que conste la voluntad del testador cuando

en la escritura ésta aparece convenientemente expresada y

ratificada. Sentencia del Tribunal Supremo de España de 18 de

noviembre de 1915; véase además, José Santamaría, Comentarios

al Código Civil, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1958, T. I,

Pág. 704-705. Lo antes expuesto significa que la expresión de

la voluntad testamentaria está necesariamente supeditada al

cumplimiento de los requisitos de forma impuestos por la ley.

José Ramón Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, San Juan, Ed.

suplido.) CC-2001-489 12

Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1992, T. IV, Pág.

125.

Como es sabido, la solemnidad testamentaria a la que hemos

hecho referencia no se refiere a insignificantes requisitos

de forma, sino a aquellos que sean esenciales e imprescindibles

para garantizar su autenticidad y la veracidad de la

declaración de voluntad del testador. A esos efectos, hemos

señalado que no todas las omisiones en que pueda incurrir un

notario necesariamente vician de nulidad el testamento.

Morales v. Registrador, 35 D.P.R. 905, 907-08 (1926); Paz v.

Fernández, 76 D.P.R. 742, 752-53; Pacheco v. Sucn. Pacheco,

ante, a las págs. 801-02. Por el contrario, hemos distinguido

entre aquellas omisiones que pueden ser subsanadas y las que,

por no serlo, provocan la nulidad absoluta del acto

testamentario.

De este modo, hemos categorizado las formalidades

testamentarias en dos grupos; a saber: las de fondo y las de

forma. Paz v. Fernández, ante, en la pág. 752. Las formalidades

de fondo son aquellas que la ley exige que aparezcan

expresamente consignadas en la escritura de testamento. De

este modo, su cumplimiento deberá surgir expresamente de la

faz del documento, sin que pueda subsanarse la omisión de este

requisito mediante la presentación de prueba extrínseca o por

la dación de fe general de que se han cumplido todas las

formalidades exigidas por la ley. En este caso, y tratándose

de requisitos esenciales, su inobservancia produce ab initio

la nulidad del testamento. Id. CC-2001-489 13

Por el contrario, el cumplimiento de las formalidades

externas o de forma no tiene que surgir expresamente de la faz

del testamento, aunque deberán ser igualmente observadas, so

pena de nulidad. En este caso es suficiente con la dación de

fe general de que se han cumplido todas las formalidades

requeridas por la ley. Enid Martínez Moya, El Derecho sucesorio

puertorriqueño, 67 REV. JUR. U.P.R. 1, 63 (1998). Acorde con

ello, en Paz v. Fernández, ante, a la pág. 752, citando al

tratadista Clemente De Diego, señalamos que corresponde a los

tribunales la apreciación en torno a si se han observado o no

las formalidades de forma y sus consecuencias, “ya que, ‘en

principio, no deben ser más ni menos que las precisas para hacer

auténtica, segura y permanente la última voluntad’.”

Como regla general, para identificar si estamos ante una

formalidad de forma o de fondo es necesario evaluar si nuestro

ordenamiento exige o no que se consigne expresamente en el

testamento el cumplimiento de la formalidad en cuestión. Así,

hemos hecho claro que “si lo omitido por el notario es algo

que la ley no exige que se consigne expresamente en el

testamento, bastará que el notario dé fe de haberse observado

‘todas las prescripciones exigidas por el Código Civil vigente

respecto a los testamentos abiertos’.” Pacheco v. Sucn.

Pacheco, ante, a la pág. 801. Por el contrario, “cuando el

Código ordena que se haga constar expresamente algún requisito

en el testamento mismo, la omisión de ese requisito es fatal

para la validez del acto y no puede ser subsanada por la CC-2001-489 14

certificación de haberse observado todas las prescripciones

legales.” Véase: Pacheco v. Sucn. Pacheco, ante, a la pág. 802.

II Nuestro Código Civil consigna como una solemnidad

fundamental del acto testamentario la identificación de la

persona del testador. Federico Puig Peña, Tratado de Derecho

Civil Español, Madrid, Ed. Revista de Derecho Privado, 1974,

T. V, Vol. I, págs. 165-66. Es indiscutible la necesidad de

que el testador sea identificado para que el testamento resulte

verdaderamente probatorio y se prevengan engaños y

usurpaciones del estado civil. José Castán Tobeñas, Derecho

Civil Español, Común y Foral, 8va ed., Madrid, Ed. Reus, 1979,

T. VI, pág. 62. Sobre este particular expresa Manresa que “[e]s

de tal necesidad que [el notario] conozca al testador o que

se asegure de su conocimiento por modo eficaz, que del

cumplimiento de este requisito puede decirse que depende la

autenticidad del documento[.]” José Manresa y Navarro,

Comentarios al Código Civil Español, Madrid, Ed. Reus, 1972,

T. V, pág. 658. Para este autor en la escritura de testamento

debe hacerse constar “de una manera evidente que la persona

que testaba era la misma a quien verdaderamente correspondía

el nombre y apellido con que se presentara a testar[.]” Id.

Acorde con lo anterior se han establecido tres sistemas

de identificación diferentes; a saber: identificación por

conocimiento del notario y de los testigos;7 identificación

7 Artículo 634 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2150. Este artículo dispone, en lo pertinente, que: “El notario y dos de CC-2001-489 15

por testigos de conocimiento;8 e identificación por reseña de

documentos y señas personales. 9 Valga resaltar, según

expresado por el tratadista español Puig Peña, que estos tres

métodos de identificación han sido prescritos por el Código

Civil como numerus clausus, los cuales están “presididos por

el principio de subsidiariedad, de tal forma que sólo se puede

utilizar uno de ellos en defecto de los anteriores.” Federico

Puig Peña, ante, a la pág. 167; citando la Sentencia del

Tribunal Supremo de España de 27 de mayo de 1914.

Así, vemos que el primero de estos métodos de

identificación, denominado conocimiento directo por muchos

comentaristas, consiste en el conocimiento personal que del

testador tengan el notario y dos de los testigos que autoricen

el testamento; 10 mientras que el segundo consiste en

identificar la persona del testador con dos testigos que le

conozcan y que, a su vez, sean conocidos del notario y de los

testigos instrumentales.

los testigos que autoricen el testamento deberán conocer al testador, y si no lo conocieren, se identificará su persona con dos testigos que le conozcan y sean conocidos del mismo notario y de los testigos instrumentales.” 8 Id. 9 Artículo 635 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2151. Este artículo dispone, en lo pertinente, que: “Si no pudiere identificarse la persona del testador en la forma prevenida en la sección que precede, se declarará esta circunstancia por el notario, o por los testigos en su caso, reseñando los documentos que el testador presente con dicho objeto y las señas personales del mismo.” 10 Refiriéndonos a este método de identificación en In re Olmo Olmo, 113 D.P.R. 441, 461 (1982), señalamos que “universalmente se reconoce que el conocimiento directo y personal del notario es el más idóneo y normalmente usado.” CC-2001-489 16

En el supuesto de que se identifique al testador a través

de uno de estos dos métodos, entonces tendrá que cumplirse con

lo dispuesto en el Artículo 649 del Código Civil, ante. Éste

ordena al notario que dé fe al final del testamento de conocer

al testador o a los testigos de conocimiento, en caso de que

éstos sean utilizados. Valga resaltar que este artículo

también señala que “se dará fe al final del testamento de

haberse cumplido todas las dichas formalidades.”11

La doctrina está conteste en que en virtud de esta

disposición estatutaria, y como regla general, no es necesario

dar fe del cumplimiento de cada una de las formalidades

requeridas por ley, sino que es suficiente que el notario dé

fe en forma general e indeterminada de que se han cumplido todas

las formalidades legales. José Castán Tobeñas, ante, a las

págs. 99-100; Francisco Bonet Ramón, Compendio de Derecho

Civil, Madrid, Ed. Revista de Derecho Privado, 1965, T. V, pág.

141; José Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil

Español, Madrid, Ed. Reus, 1972, T. V, págs. 753-54; Q.M.

11 Es preciso destacar que en ocasión de interpretar este artículo, en Cintrón v. Cintrón, 70 D.P.R. 770, 781 (1950), establecimos que todo notario debe consignar esa cláusula general al final del testamento para evitar "el menor motivo de impugnación", aunque se reconoció que esta disposición no exige el uso de una fórmula sacramental. Así, concluimos que si del testamento se desprende que se ha cumplido con cada una de las formalidades que prescribe la ley, el hecho de no consignar una dación de fe general no justifica la anulación del testamento. Debemos aclarar, sin embargo, que las formalidades incumplidas en el referido caso eran de las que el Código no exige que de su cumplimiento se dé fe expresa en el testamento. En cuanto a estas últimas no podrá sostenerse la validez de un testamento donde no se haya incluido una dación de fe específica, aunque del testamento claramente se desprenda su cumplimiento. CC-2001-489 17

Scaevola, Código Civil Comentado y Concordado, ante, a las

págs. 498-500; Juan Ossorio Morales, Manual de Sucesión

Testada, ante, a las págs. 87-88; D. Calixto Valverde y

Valverde, Tratado de Derecho Civil Español, 4ta ed.,

Valladolid, Ed. Talleres Cuesta, 1939, T. V, pág. 96; Antonio

Coello Gallardo, Sucesiones, Madrid, Ed. Reus, 1952, T. I, pág.

287.

Sin embargo, también son unánimes los pronunciamientos

a los efectos de que la excepción a esta norma se da cuando

se trata de aquellas solemnidades en las que el Código ordena

que de su cumplimiento se dé fe expresamente. Al respecto se

señala que, en cuanto a estas últimas, la dación de fe tendrá

que ser específica y determinada, sin que bajo ningún concepto

puedan considerarse comprendidas en la fórmula general

incluida al final del documento. Id.

Están conformes, además, los tratadistas en que una de

las formalidades de que es preciso dar fe específicamente, so

pena de nulidad, es la relativa al conocimiento del testador

o de los testigos que suplan este conocimiento. Id. Esto

considerando que así lo exige expresamente este artículo al

finalizar con la expresión: “y de conocer al testador y a los

testigos de conocimiento en su caso.”

III A En el acápite anterior discutimos dos de los

procedimientos establecidos por nuestro Código Civil para

identificar al testador. Nos resta por discutir el tercero de CC-2001-489 18

ellos: la identificación por reseña de documentos y señas

personales. Sobre este particular se encarga el Artículo 635

de nuestro Código Civil, ante, al expresar, en lo pertinente,

que:

Si no pudiere identificarse la persona del testador en la forma prevenida en la sección que precede, se declarará esta circunstancia por el notario, o por los testigos en su caso, reseñando los documentos que el testador presente con dicho objeto y las señas personales del mismo ... (Énfasis suplido.)

Tal y como se desprende de la referida disposición, en

el supuesto de que el notario o los testigos instrumentales

no conozcan al testador, y no sea posible la identificación

a través de dos testigos de conocimiento, entonces, y sólo

entonces, es que se activa el mandato estatutario al efecto

de recurrir a la identificación por prueba documental. Esto

es, este tercer procedimiento de identificación es de carácter

supletorio.

Por otra parte, el notario que recurra a este tercer medio

de identificación tendrá la obligación de consignar

expresamente en el testamento que le es imposible identificar

al testador mediante el método directo o por medio de testigos

de conocimiento. Con relación a esto, el Tribunal Supremo de

España ha establecido que es nulo un testamento donde el

notario se haya limitado a consignar que los testigos

instrumentales no conocían a la testadora, sin hacer ninguna

declaración en cuanto a la imposibilidad de identificarla en

la forma prevenida por el Artículo 685, idéntico al 634 de CC-2001-489 19

nuestro Código Civil. Sentencia del Tribunal Supremo de España

de 31 de mayo de 1893. Véase además, Francisco Lucas Fernández,

Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, Madrid,

Ed. Revista de Derecho Privado, 1990, T. IX, pág. 357.

Comentando esta Sentencia nos ilustra Scaevola a los

efectos de que:

La demostración de que es de todo punto indispensable que el Notario o los testigos hagan la declaración de imposibilidad de conocer al testador, según ordena el artículo 686 [idéntico al Artículo 635 del Código Civil de Puerto Rico], la tenemos en una sentencia del Tribunal Supremo, fecha 31 de mayo de 1893. Esta sentencia dijo que el artículo 686 previene que se declare tal circunstancia por el Notario que autorice el testamento, cuya formalidad es tanto más esencial cuanto que la declaración notarial exigida por dicho precepto se refiere a la causa que permite testar del modo supletorio que el mismo establece[.] Q.M. Scaevola, ante a la pág. 348; Véase además Mario Armero Delgado, Testamentos y Particiones: Doctrina, Legislación, Jurisprudencia y Formularios, Madrid, Ed. Reus, 1951, T. I, pág. 146; José Manresa y Navarro, ante a la pág. 667; Federico Puig Peña, ante a la pág. 171; José M. Mengual y Mengual, Elementos de Derecho Notarial, Barcelona, Ed. Bosch, 1933, T. II, pág. 202.

Una segunda obligación que surge del Artículo 635, ante,

es la de reseñar en la escritura de testamento los documentos

presentados por el testador para acreditar su identidad y sus

señas personales; ello con el propósito de suplir la expresión

solemne del conocimiento que ordena el Artículo 634, ante, y

fijar la identidad apetecida por si en el futuro llegara a

cuestionarse la validez del testamento. Francisco Vila Plana,

Instituciones de Derecho Sucesorio, Barcelona, Ed. Colección CC-2001-489 20

Nereo, 1963, T. III, pág. 195; Q.M. Scaevola, ante, a la pág.

347-48.

Estos requisitos constituyen formalidades de fondo por

ser de los esenciales que el Código exige sean consignados

expresamente en el testamento.

B

En su último párrafo, el Artículo 635, ante, expresa que

si el testamento fuese impugnado por la defectuosa

identificación del testador, corresponderá al que sostenga su

validez la prueba de la identidad de éste. Francisco Vila

Plana, ante, a la pág. 197. El texto de este precepto “debe

entenderse en el sentido de que si se impugna el testamento

porque la identidad del testador no aparezca bien determinada,

según los documentos y señas personales que a aquél

corresponden, quien sostenga la validez ha de justificar que

el que testó era el que realmente se llamaba así en el

testamento.” Francisco Vila Plana, ante, a la pág. 197.

(Énfasis suplido.)

Como señala unánimemente la doctrina española, la razón

de ser del citado precepto es facilitar la impugnación de los

actos de última voluntad con el claro propósito de impedir

posibles suplantaciones. Francisco Bonet Ramón, ante, a la

pág. 129; Francisco Vila Plana, ante a la pág. 197; José Manresa

y Navarro, ante, a la pág. 667; José Sanahuja y Soler, Tratado

de Derecho Notarial, Barcelona, Ed. Bosch, 1945, T. II, pág.

398. Dicha impugnación tendrá lugar siempre que de los CC-2001-489 21

documentos y señas personales no pueda determinarse

apropiadamente la identidad del testador.

Así pues, queda claro que el texto de esta disposición

no constituye un sustituto a la obligación del notario de

reseñar los documentos de identidad o las señas personales del

testador. Esto es, no estamos ante una segunda oportunidad para

que el notario pueda subsanar la omisión de un requisito

exigido por la ley. Habiéndose exigido expresamente en el

Código Civil que se consignen las señas personales del testador

y se reseñen los documentos utilizados por el notario para

identificar su persona, no cabe la posibilidad de presentar

a posteriori prueba que demuestre la manera en que se realizó

la identificación. Como señaláramos, tratándose de una

formalidad de fondo ésta no puede ser subsanada mediante la

presentación de prueba testifical. Paz v. Fernández, ante, a

la pág. 753.

IV

Dentro del marco doctrinal previamente esbozado es que

debemos evaluar, en primer lugar, si adolece de nulidad

absoluta un testamento donde el notario autorizante no dio fe

de conocer personalmente a la testadora. Por entender que

estamos ante una formalidad de fondo, cuya omisión no puede

ser subsanada mediante la presentación de prueba extrínseca,

contestamos dicha interrogante en la afirmativa y, por

consiguiente, confirmamos el dictamen emitido por el Tribunal CC-2001-489 22

de Circuito de Apelaciones en cuanto a este particular.

Veamos.

En el caso de autos el peticionario Santana Igartúa

sostiene que aunque el notario autorizante no dio fe de conocer

personalmente a la testadora, éste sí la conocía. Con el

propósito de subsanar la omisión de este requisito, acompañó

su escrito de una copia de una declaración jurada del notario

Nolla Amado donde éste afirma que el método utilizado para

identificar a la testadora “fue el propio y personal

conocimiento de la otorgante con anterioridad a dicho

otorgamiento.” Además, anejó copia de dos escrituras

previamente otorgadas por la testadora ante el mismo notario

en las que éste daba fe de conocerla personalmente.

Expresando que estamos, alegadamente, ante una

formalidad de forma o extrínseca, aduce el peticionario que

la evidencia presentada tiene el efecto de subsanar la omisión

de la dación de fe específica sobre el conocimiento del

testador. No le asiste la razón; veamos por qué.

Ya hemos señalado que en el Artículo 649 del Código Civil,

ante, se le exige al notario autorizante de un testamento

abierto que dé fe de conocer al testador o a los testigos de

conocimiento en su caso. Dicho precepto debe interpretarse en

conjunto con el Artículo 634 del Código Civil, ante, a los

efectos de que siempre que se identifique al testador

utilizando el método del conocimiento directo -el notario y

dos de los testigos autorizantes conocen al testador- o el

indirecto -por medio de testigos de conocimiento- el notario CC-2001-489 23

tendrá que incluir en el testamento una dación de fe específica

de su conocimiento.

En varias ocasiones este Tribunal ha tenido la

oportunidad de expresarse en torno a la supremacía del

principio de la fe de conocimiento que da el notario. Así,

en Sucn. Santos v. Registrador, 108 D.P.R. 831, 837 (1979),

señalamos que “el mecanismo para lograr correspondencia real

y legítima entre persona y firma, es exigiendo la ley la

comparecencia y conocimiento por el notario.”

Cónsono con lo anterior, en In re Olmo Olmo, 113 D.P.R.

441, 454 (1982), interpretando el Artículo 16 de la derogada

Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. ant. sec. 1016,

expresamos:

Es casi unánime la posición que adjudica a la fe del conocimiento una importancia suprema e imperiosa en la gestión notarial. Giménez Arnau considera que el fundamento racional de la identificación del requirente estriba en 'la finalidad del instrumento público y en su eficacia. Todo el contenido de la escritura, si no se acredita la identidad del compareciente puede resultar estéril, porque sus efectos deberían quedar subordinados a la prueba de que las personas designadas en la comparecencia eran efectivamente las que habían de concurrir al otorgamiento'. José M. Sanahuja y Soler en su Tratado de Derecho Notarial estima que 'en principio es necesario que el notario garantice la identidad de las personas que intervienen en un negocio jurídico, porque la ilación entre unas situaciones y otras exige, para dar certidumbre a las relaciones jurídicas, que se fundamente bajo la fe notarial el punto de unión o de conexión, que es precisamente la persona que ostentando un derecho lo transmite a favor de otra' ... (Énfasis suplido y citas omitidas.)

De lo anteriormente expuesto se colige que este requisito

ocupa un sitial privilegiado en nuestro ordenamiento jurídico, CC-2001-489 24

constituyendo un elemento esencial que ha llegado a ser

considerado como una solemnidad de importancia suprema e

imperiosa. Véase: In re: Olmo Olmo, ante. Siendo así, es claro

que estamos ante una solemnidad de fondo que al quedar

incumplida produce “ab initio” la nulidad del testamento sin

que de modo alguno pueda quedar subsanada mediante la

presentación de prueba extrínseca. Véase: Paz v. Fernández,

ante, a la pág. 752; Pacheco v. Sucn. Pacheco, ante, a la pág.

802.

Esto es, si partimos de la premisa de que en el presente

caso el notario autorizante sí conocía a la testadora y que,

por lo tanto, utilizó el método del conocimiento directo para

identificarla, forzoso es concluir que tenía la obligación,

so pena de nulidad, de consignar en el mismo documento la dación

de fe que exige el Código Civil para estos casos. No habiéndolo

hecho así, no es posible que, a posteriori, se pretenda

presentar evidencia para demostrar tal conocimiento.

Adviértase, además, que a tenor con el principio de

subsidiariedad previamente discutido, si el notario conocía

a la testadora éste tenía la obligación de consignar,

preferentemente, la dación de fe de dicho conocimiento. Esto

es, no podía recurrir al uso de documentos de identidad,

desplazando así los medios de identificación principales, y

luego, ante el reclamo de un defecto en el método de

identificación utilizado, alegar que conocía personalmente a

la testadora. Por otra parte, no podemos avalar la contención

del peticionario a los efectos de que en ningún momento se ha CC-2001-489 25

cuestionado si el notario conocía o no a la testadora. Es norma

altamente reiterada por este Tribunal que, siendo el

testamento un acto eminentemente solemne, sus formalidades no

deben ser consideradas como meras cuestiones de evidencia,

sino como requisitos sustantivos de los cuales depende su

validez. Si falta una de las solemnidades que expresamente

exige el Código Civil, ello es por sí solo suficiente para

privar de eficacia el acto testamentario. Miguel Moreno

Mocholi, ante.

El peticionario intenta fundamentar su teoría de que el

requisito de dar fe del conocimiento del testador es uno sujeto

a ser subsanado, en los casos de Paz v. Fernández, ante; Sucn.

Pacheco v. Pacheco, ante; Berdeguez v. Registrador, 27 D.P.R.

214 (1919); y la Sentencia del Tribunal Supremo de España de

5 de octubre de 1962. No obstante, luego de una lectura

desapasionada de los referidos casos, resulta obvio que en

ninguno de ellos estaba ante la consideración del Tribunal el

requisito de la dación de fe del conocimiento.12 Esto es, la

12 En Paz v. Fernández, ante, se alegó la nulidad de un testamento por no haberse cumplido ciertas solemnidades; a saber: no se cumplió con el requisito de unidad de acto, no se consignó en el testamento que a juicio del notario y con arreglo a manifestaciones que ante él hubieran hecho los testigos instrumentales no se hallaban éstos comprendidos en ninguna de las prohibiciones establecidas por el Código Civil, falta de dación de fe por parte del notario de hallarse el otorgante a su juicio en el goce de sus facultades mentales, no aparecía consignada la advertencia a los testigos y al testador de su derecho a leer por sí el testamento y no se consignó que el testador y los testigos expresaron su conformidad con el testamento redactado. Por su parte, en Bardeguez v. Registrador, ante, tuvimos la ocasión de analizar si era necesario que se hiciera constar en el testamento que los testigos instrumentales conocían a la testadora y en CC-2001-489 26

referida jurisprudencia no sostiene ni constituye autoridad

con respecto a la formalidad testamentaria aquí en

controversia.13

V Habiendo concluido que no puede subsanarse la omisión de

la dación de fe de conocimiento mediante la presentación, a

posteriori, de evidencia que demuestre que el notario

autorizante conocía a la testadora, atendemos el reclamo del

peticionario a los efectos que el método supletorio utilizado

en el presente caso por el notario cumple con las formalidades

exigidas por nuestro Código Civil.

Pasemos a evaluar la única expresión que en cuanto a la

identidad del testador hace el notario en la escritura de

testamento que nos ocupa. A esos efectos se consignó lo

siguiente:

Pacheco v. Sucn. Pacheco, ante, la validez de un testamento donde no se consignó expresamente la hora de su otorgamiento. Finalmente, en la Sentencia emitida por el Tribunal Supremo de España el 5 de octubre de 1962 se discutió si era válido un testamento donde no se dio fe de que el notario conocía a los testigos instrumentales. 13 El peticionario trae ante nuestra consideración una Sentencia del Tribunal Supremo de España de 27 de junio de 1917 donde se resolvió que: [d]ar fe de que el notario conocía al testador no es un requisito esencial de forma para la validez del testamento y que debe concurrir en el acto del otorgamiento porque el propósito de esa formalidad es garantizar la identificación del testador a fin de prevenir posibles usurpaciones y ‘queda ésta asegurada si el Tribunal adquiere la convicción de su existencia y así lo declara por la prueba practicada.’

Comentando la referida Sentencia nos expresa Manresa que considera “muy dudosa esta doctrina, dado el texto terminante CC-2001-489 27

De haberme asegurado de la identidad de los comparecientes por los medios establecidos en la Ley Notarial vigente, Artículo 17 (c) y por sus manifestaciones de sus expresadas circunstancias personales de la Testadora, como así de los testigos, de haberse practicado en un solo acto, sin interrupción de clase alguna con todas las formalidades legales previstas en el Código Civil vigente, y las demás leyes correspondientes de cuanto va contenido en este instrumento público, yo, el Notario bajo mi firma, signo, sello y rúbrica, DOY FE.

Debemos aclarar que, en materia de testamentos, el

Artículo 17 (c), ante, es complementario a los preceptos

contenidos en el Código Civil, sin que bajo ningún concepto

pueda entenderse que el mismo sustituye lo allí dispuesto.

Nótese que siempre que este Tribunal ha utilizado dicho

precepto, en cuanto a actos testamentarios se refiere, ha sido

con el único propósito de definir cuáles deben ser los

documentos de identidad apropiados para identificar al

testador. Es el Artículo 635, ante, el que debe ser

rigurosamente observado cuando se tiene la necesidad de

identificar al testador por medio de documentos de identidad

y no el Artículo 17 (c) de la Ley Notarial. Éste, repetimos,

sólo es de aplicación a los efectos de determinar qué

documentos deberán ser utilizados para acreditar la identidad

del testador.

Aclarado el alcance del Artículo 17 (c) de la Ley

Notarial, pasamos a analizar si lo consignado en la cláusula

transcrita cumple con los requisitos exigidos por el Código

Civil en su Artículo 635, ante, para aquellos casos en que se

del Artículo 699 [análogo al 649 de nuestro Código Civil].” CC-2001-489 28

utilicen documentos de identidad como método supletorio.

En la escritura de testamento que hoy ocupa nuestra

atención, al referirse a la identidad de los comparecientes,

el notario autorizante se limitó a expresar que se había

asegurado de la identidad de los comparecientes por los medios

establecidos en el Artículo 17 (c) de la Ley Notarial, ante.

Ya hemos señalado que lo dispuesto en este Artículo 17 (c) de

ningún modo sustituye lo dispuesto en el Artículo 635 de

nuestro Código Civil, ante. Cuando no sea posible identificar

al testador por medio del conocimiento directo o el indirecto

se tendrá que cumplir con lo que exige el Código para estos

casos; esto es: se tendrá que incluir una expresión sobre la

imposibilidad de identificar la persona del testador en la

forma prevenida en el Artículo 634, ante, y, entonces, se

tendrán que reseñar los documentos presentados por el testador

y sus señas personales.

A tenor con la doctrina previamente esbozada estos son

requisitos esenciales e indispensables para la validez del

testamento. Esto es, estamos ante solemnidades que al ser

omitidas provocan la nulidad absoluta del testamento. Por un

lado, la declaración de imposibilidad de conocer al testador

o utilizar testigos de conocimiento es la causa que permite

testar de modo supletorio; y, por el otro, la reseña de

documentos es la única forma de fijar en el instrumento la

identidad del testador desconocido, por si en el futuro la

Manresa, ante, a la pág. 663. CC-2001-489 29

validez de esa identificación fuese cuestionada. Por otra

parte, es preciso destacar que, al igual que en el caso de la

dación de fe de conocimiento, nos encontramos ante

formalidades expresamente exigidas por el Código Civil; esta

vez en su Artículo 635, ante.

Tampoco nos persuade el planteamiento del peticionario

en cuanto a que en Ramírez Lebrón v. Registrador, 131 D.P.R.

76 (1992), este Tribunal calificó este requisito como uno “mero

formal o de forma extrínseco” por no haberse declarado en

aquella ocasión que las escrituras en cuestión eran nulas ab

initio. Es de notar, sin embargo, que en Ramírez Lebrón v.

Registrador, ante, no teníamos ante nuestra consideración una

controversia relacionada con la validez de un documento, sino

un recurso gubernativo donde se cuestionó la actuación del

Registrador al denegar la inscripción de dos escrituras. Los

pronunciamientos allí esbozados iban dirigidos a confirmar la

denegatoria del Registrador y no a establecer la nulidad o

validez de los documentos en controversia.14

14 Tal como resolviéramos en Rodríguez Morales v. Registrador, 142 D.P.R. 347, 365, 366 (1997), citando al tratadista Roca Sastre, “el recurso gubernativo participa de la naturaleza de los actos de jurisdicción voluntaria, teniendo por objeto resolver si existen o no los defectos notificados por el Registrador, con la única finalidad de que se declare inscribible dicho título o que se deniegue su inscripción.” Allí dijimos que la naturaleza jurídica de este recurso es similar a la de la calificación; esto es, tiene el carácter propio de los actos de jurisdicción voluntaria. Acorde con lo anterior, concluimos que el recurrir al Tribunal Supremo mediante recurso gubernativo opera sin perjuicio del recurso apropiado que pueda incoarse para contender la validez de los documentos. CC-2001-489 30

En virtud de lo antes expuesto, forzoso es concluir que

el no reseñar en el testamento que nos ocupa los documentos

específicos de identidad utilizados y las señas personales de

la Sra. Gertrudis Muñoz Mestre, constituye un defecto de fondo

que hace inexistente la escritura de testamento objeto del

presente litigio. Abona a esta conclusión de inexistencia la

inobservancia del requisito exigido por ley en cuanto a la

declaración de imposibilidad de identificar mediante el

conocimiento directo o indirecto.

En vista de que en el testamento objeto del presente

litigio no se dio fe de conocer a la testadora y que tampoco

se cumplieron las solemnidades exigidas para la validez del

método supletorio, forzoso es concluir que no incidió el foro

apelativo intermedio al confirmar la resolución del tribunal

de instancia en cuanto a la nulidad del testamento que hoy nos

ocupa.

VI Según señaláramos previamente, en el presente caso la

Asociación de Notarios (en adelante la Asociación) solicitó

se le permitiera intervenir como amicus curiae, lo cual

permitimos. A tal efecto, ha presentado ante nos ciertos

planteamientos que, a pesar de que no alteran la decisión que

hemos tomado en cuanto al caso que hoy nos ocupa, entendemos

deben ser brevemente atendidos.

En su comparecencia, la Asociación reconoce y acepta como

cierto que “la Ley y el Reglamento adoptado para regir la

práctica notarial exigen que se haga constar una dación de fe CC-2001-489 31

específica de conocimiento personal en todos los documentos

notariales, o que se haga constar específicamente el método

alterno que se ha utilizado para constatar la identidad de los

otorgantes de un documento.” Sin embargo, llama nuestra

atención hacia el hecho de que “dicho reglamento fue adoptado

en 1995; dos años después del otorgamiento del testamento de

que se trata.” Inmediatamente, nos expresa que no sería propio

ni justo aplicar al presente caso las exigencias de un

reglamento que no existía al otorgarse el testamento aquí en

controversia.

De entrada, debemos aclarar que los requisitos a los que

se refiere la Asociación en su comparecencia son formalidades

propias de los actos testamentarios, exigidas por

disposiciones que fueron incorporadas a nuestro acervo

jurídico desde que fuera extendido a Puerto Rico el Código

Civil de España en el año 1889. Luis Muñoz Morales, El Código

Civil de Puerto Rico: Breve reseña histórica, 1 REV. JUR. U.P.R.

75, 77 (1932). Aun analizando su contención, a la luz de lo

dispuesto en el Artículo 17 (c) de la Ley Notarial, ante,

forzoso es concluir que debió especificarse el documento

utilizado para identificar a los comparecientes, ya que desde

el año 1992, un año antes del otorgamiento del testamento aquí

en controversia, este Tribunal estableció, en términos

generales, que: “[t]eniendo el notario el deber de ser

‘acucioso y esforzado en revelar la identidad de quienes ante

él contratan o actúan’ somos del criterio que resulta

complementario a dicho deber que el notario, de no conocer a CC-2001-489 32

alguno de los otorgantes, haga constar en la escritura que

otorga el método supletorio específico de identidad que

utilizó para cerciorarse, en forma ‘acuciosa y esforzada’ de

la misma.” Ramírez Lebrón v. Registrador, ante a la pág. 90.

(Énfasis en el original y citas omitidas.) Debemos destacar

el hecho de que, en dicho caso, en específico, señalamos que

al recurrir al método supletorio dispuesto en el Artículo 17

(c) el notario “tiene el deber de denominar, reseñar o indicar

el documento de identidad con retrato y firma que utilizó para

identificar al otorgante.” Ramírez Lebrón v. Registrador,

ante, a la pág. 90, esc. 5.

Así pues, resulta que dado el texto claro y terminante

de los artículos del Código Civil que hoy nos ocupan, los cuales

han estado vigentes desde el año 1889 y la doctrina esbozada

por este Tribunal previo al otorgamiento del testamento en

controversia, toda la comunidad notarial debió estar al tanto

de los requisitos exigidos en cuanto al uso de documentos de

identidad como medio supletorio y la dación de fe de

conocimiento del testador. Ya hemos advertido sobre la

importancia suprema e ineludible de que los notarios observen

escrupulosa y cuidadosamente el mandato de ley sobre la

comparecencia y conocimiento de los otorgantes. In re Ramos

Vélez, ante. No podemos, pues, avalar la contención de la

Asociación en cuanto a este particular.

Nos señala la Asociación, en segundo término, que los

autos del presente caso demuestran que existe una genuina

controversia, que debió adjudicarse luego de haberse celebrado CC-2001-489 33

una vista evidenciaria; ello con el propósito de que cada una

de las partes presentara prueba en apoyo de sus respectivas

alegaciones. Ya hemos expresado que los defectos de que

adolecía el testamento bajo análisis eran de fondo y no de

forma. Esto es, de ningún modo procedía subsanar su omisión

mediante la presentación de evidencia presentada a posteriori.

Exigiendo la ley que dichas formalidades aparezcan

expresamente consignadas en el testamento, lo único que

procedía en el caso de marras era evaluar el documento para

determinar si las mismas fueron o no consignadas.

Es decir, no había controversia ninguna en torno a si se incluyó

o no la dación de fe de conocimiento del testador y tampoco

en cuanto a que no se reseñaron los documentos utilizados al

identificar a la testadora. La controversia giraba en torno

a si la omisión de las referidas formalidades viciaban o no

de nulidad absoluta el testamento en cuestión. Esto fue

precisamente lo que entendió el Tribunal de Circuito de

Apelaciones al señalar que tenía ante sí una controversia de

Derecho. Estando claro que no se hizo expresión alguna en el

testamento sobre las formalidades que expresamente exige el

Código, sólo quedaba analizar el Derecho aplicable al caso,

sin que bajo ningún concepto procediera que un tribunal, en

una vista evidenciaria, recibiera prueba sobre su

cumplimiento. Ello considerando que a tenor con nuestros

pronunciamientos, dichas formalidades no pueden ser

subsanadas o “curadas” mediante prueba extrínseca. CC-2001-489 34

C

Finalmente, aducen, tanto la Asociación como el

peticionario, que el notario autorizante de un documento

impugnado debe ser parte indispensable en el procedimiento

donde se cuestione la validez del documento. Veamos.

La Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 L.R.P.A., Ap.

III, R. 16.1, define el concepto “parte indispensable” como

aquella persona que tiene “un interés común sin cuya presencia

no pueda adjudicarse la controversia.” A través de los años

este Tribunal, al interpretar la referida disposición, ha

utilizado, por su fuerza persuasiva, la doctrina y

jurisprudencia norteamericana relativa a la Regla 19 de

Procedimiento Civil federal.15 Hemos señalado que una “parte

indispensable” es aquella que tiene tal interés en la cuestión

envuelta que no puede dictarse un decreto final entre las otras

partes sin lesionar y afectar radicalmente sus derechos.

Pueblo v. Henneman, 61 D.P.R. 189, 194 (1942); Fuentes v.

Tribunal de Distrito, 73 D.P.R. 959, 981 (1952); Cepeda Torres

v. García Ortiz, 132 D.P.R. 698, 704 (1993); Rodríguez

Rodríguez v. Moreno Rodríguez, 135 D.P.R. 623, 627 (1994);

Sánchez Encarnación v. Sánchez Brunet, res. 13 de julio de

2001, 2001 TSPR 107. Esto es, los intereses de esta parte

“podrían quedar destruidos o inevitablemente afectados por una

sentencia dictada estando esa persona ausente del litigio.”

Fuentes v. Tribunal de Distrito, ante, a la pag. 981.

15 Nuestra Regla 16 de Procedimiento Civil tiene su origen, o proviene, de la Regla 19 de Procedimiento Civil federal. CC-2001-489 35

Adviértase que no se trata de un mero interés en la

controversia sino de aquél de tal orden que impida la

confección de un decreto adecuado sin afectarlo. Véase:

Hernández Agosto v. López Nieves, 114 D.P.R. 601, 607 (1983);

Granados Navedo v. Rodríguez Estrada, 124 D.P.R. 593, 603

(1989); Municipio de Ponce v. Autoridad de Carreteras, et al.,

res. 29 de diciembre de 2000, 2000 T.S.P.R. 194; Sánchez

Encarnación v. Sánchez Brunet, ante. Éste debe ser, además,

de índole real e inmediato. Véase: Hernández Agosto v. López

Nieves, ante, a las págs. 610-11.

Con relación a la frase “sin cuya presencia no pueda

adjudicarse la controversia” hemos precisado que ésta entronca

con la antigua doctrina inglesa sobre la indispensabilidad y

que en Puerto Rico dicha expresión tiene un alcance limitado.

Municipio de Ponce v. Autoridad de Carreteras, ante; Hernández

Agosto v. López Nieves, ante, a las págs. 607-08. Así lo

establecimos en Municipio de Ponce v. Autoridad de Carreteras,

ante, al señalar que “excepto en aquellas circunstancias en

las que la adjudicación sin la persona ausente tendría un

efecto perjudicial sobre el interés real e inmediato que ésta

tiene en el pleito, en raras ocasiones será imposible resolver

la controversia sin su presencia.” (Énfasis suplido.)

A tenor con lo antes expuesto, este Tribunal ha señalado

que la determinación de si una parte debe o no ser considerada

como indispensable “debe ser el resultado tan solo de

consideraciones pragmáticas, de la evaluación de los intereses

envueltos, lo que exige distinguir entre diversos géneros de CC-2001-489 36

casos.” Hernández Agosto v. López Nieves, ante, a la pág. 606.

Dicha conclusión dependerá de los hechos particulares y

específicos del asunto bajo análisis. Granados Navedo v.

Rodríguez Estrada, ante, a la pág. 605. Esto último “exige una

evaluación jurídica de factores tales como tiempo, lugar,

modo, alegaciones, prueba, clase de derechos, intereses en

conflicto, resultado y formalidad.” Sánchez Encarnación v.

Sánchez Brunet, ante.

La persona que reúna dichos criterios tendrá que ser

traída al pleito para que tenga validez la sentencia que en

su día se dicte. Granados Navedo v. Rodríguez Estrada, ante,

a la pág. 603. De este modo, no es suficiente que se le haya

informado sobre su oportunidad de intervenir en el pleito, sino

que es necesario que se le haya hecho parte. Sobre este

particular hemos precisado que la omisión de una parte

indispensable, “aunque es motivo para desestimar el pleito,

no constituye impedimento para que, a solicitud de la parte

interesada, el tribunal pueda conceder la oportunidad de traer

al pleito a la parte originalmente omitida, siempre y cuando

el tribunal pueda adquirir jurisdicción sobre la misma.”

Meléndez Gutiérrez v. E.L.A., 113 D.P.R. 811, 816 (1983). Por

tratarse de un asunto de vital importancia éste puede ser

presentado en apelación por primera vez o aun suscitarse por

este Tribunal sua ponte. Hernández Agosto v. López Nieves,

ante, a la pág. 603-04.

Por otro lado, debe señalarse que el Artículo 655 del

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2192, establece que: CC-2001-489 37

“[d]eclarado nulo un testamento abierto, por no haberse

observado las solemnidades establecidas para cada caso, el

notario que lo haya autorizado será responsable de los daños

y perjuicios que sobrevengan, si la falta procediere de su

malicia o de negligencia o ignorancia inexcusables.” (Énfasis

suplido.)

D

Como señaláramos anteriormente, para que una parte sea

considerada como “indispensable” en un pleito, es necesario

que el interés que tenga en la controversia sea de tal magnitud

que sea imposible dictar un decreto final sin que el mismo

lesione o destruya radicalmente sus derechos. De así actuarse,

se le privaría a esta parte de su debido proceso de ley. Ahora,

este interés tiene que ser real e inmediato. No se trata de

meras especulaciones o de un interés futuro.

En el caso que hoy ocupa nuestra atención, esto es, en

la demanda que origina el mismo, no existe contra el notario

Nolla Amado alegación alguna en reclamo de indemnización por

daños y perjuicios que pudieran ocasionar un decreto de nulidad

testamentaria. De hecho, al presente tampoco existe

reclamación alguna al respecto. Y es que la misma no puede,

todavía, existir.

Ello así, en primer lugar, llana y sencillamente debido

a que los demandantes recurridos no tienen causa de acción

alguna contra el notario Nolla Amado. Por el contrario, si

tienen éxito en la impugnación del testamento otorgado por el CC-2001-489 38

referido notario, ellos resultarían beneficiados. Por otro

lado, la única persona que podría tener una causa de acción

contra dicho notario sería el codemandado peticionario Noel

A. Santana Igartúa. Dicha causa de acción se concretaría o

advendría a la vida jurídica únicamente luego de que el decreto

de nulidad del testamento otorgado por éste adviniera final

y firme. Ello siempre que el referido peticionario Santana

Igartúa pudiera demostrar que la actuación del notario fue una

maliciosa o producto de ignorancia o negligencia inexcusables,

como lo exige el antes citado Artículo 655 del Código Civil.16

En el caso de autos, la controversia planteada en el mismo

gira, exclusivamente, en torno a si el testamento otorgado por

el notario Nolla Amado adolece, o no, de nulidad absoluta por

razón de incumplimiento con ciertas solemnidades de fondo.

Somos del criterio que para resolver esa controversia el

notario Nolla Amado no resulta ser una “parte indispensable”.

Ello por razón de que en cualquier caso de esta

naturaleza, en que efectivamente se decrete la nulidad

absoluta de un testamento otorgado ante notario, dicha

determinación necesariamente no conllevaría perjuicio para

éste. Podría suceder que el perjudicado por dicha

determinación judicial sobre nulidad testamentaria no radique

acción judicial, en daños y perjuicios, contra dicho notario.

Aun si así lo hiciera dicho perjudicado, éste, repetimos,

16 Es decir, que no se trató de un mero error de juicio informado y honesto. Véase: Federación Pescadores de Playa Picúas v. U.S. Industries, Inc., 135 D.P.R. 303, 322 (1994). CC-2001-489 39

tendría que demostrar que la falta en que incurrió el notario

provino de su malicia o negligencia o ignorancia inexcusables.

Esta es precisamente la conclusión a la que ha llegado

el Tribunal Supremo de España ante una alegación de que no

procedía dictar sentencia sobre nulidad o validez de un

testamento sin que antes se hiciera formar parte del pleito

al notario que autorizó el documento. Sentencia del Tribunal

Supremo de España de 10 de noviembre de 1979. A esos efectos

se expresó:

[L]a acción de nulidad de un testamento por no haberse observado las formalidades o solemnidades establecidas para el caso, ha de ser forzosamente dirigida contra todos los interesados, entendiéndose por tales los que de manera directa tengan interés en que se mantenga su validez y subsistencia . . . sin que tal acción tenga también que ser necesariamente dirigida contra el Notario que autorizó, y así lo viene estableciendo implícitamente la doctrina jurisprudencial, pudiendo citarse entre otras muchas, las SS. de 15 de marzo 1951 (R. 997), 24 octubre 1963 (R. 4157), 31 enero 1964 (R. 441), 27 septiembre y 15 noviembre 1968 (R. 5163 y 5816), 3 junio 1972 (R. 2597) y 16 diciembre 1975 (R. 4580), todas ellas recaídas en pleitos en los que se ejercitaba una acción de aquella naturaleza sin haber sido demandado el Notario autorizante del testamento, pese a lo cual, esta Sala no estimó la falta de litis consorcio pasivo necesario, como tendría que haberlo hecho incluso de oficio de ser tal circunstancia determinante de una defectuosa constitución de la relación jurídico procesal . . . (Énfasis suplido.)

Comentando esta Sentencia nos señala, de manera categórica,

Díez-Picazo que para pedir la declaración de nulidad del

testamento, por no haberse observado las solemnidades exigidas

por el Código Civil, “no es preciso demandar junto con los CC-2001-489 40

interesados al notario autorizante.” Luis Díez-Picazo y

Antonio Gullón, ante, a las págs. 376-77.

Concurrimos con las autoridades y jurisprudencia citadas

en que el funcionario que autoriza un testamento no es parte

indispensable en un pleito donde se pasa juicio sobre la

nulidad o validez de un testamento, sin que, naturalmente, esté

presente una reclamación civil contra dicho funcionario. Esta

es la única conclusión a la que podemos llegar en virtud de

los postulados que sostienen la figura del notario de estirpe

latina, 17 y, sobretodo, los pronunciamientos esbozados por

este Tribunal en torno a la figura de “parte indispensable”.

En conclusión, resolvemos que en un pleito en que se

impugne la validez de un testamento otorgado ante notario, éste

17 Como es sabido, al autorizar un documento el notario da fe y asegura que el mismo cumple con todas las formalidades de ley, que el documento es legal y verdadero, y que se trata de una transacción válida y legítima. In re González Maldonado, res. el 20 de diciembre de 2000, 2000 T.S.P.R. 192. Desde ese momento el documento queda cobijado por la fe pública de manera que todo lo que allí se expresa se tiene por cierto. Se trata, pues, de una presunción juris tantum de que todo lo que el notario ha consignado en el documento- incluyendo los actos que ve y oye -es legal y verdadero. Id. Sobre este particular dispone el Artículo 2 de la Ley Notarial que la fe pública notarial “es plena respecto a los hechos que, en el ejercicio de su función personalmente ejecute o compruebe y también respecto a la forma, lugar, día y hora del otorgamiento.” 4 L.P.R.A. sec. 2002. Tratándose de un documento notarial que goza de una presunción juris tantum de credibilidad, legalidad y certeza, no es necesario que el notario autorizante comparezca a probar, precisamente, esa misma legalidad y certeza. Esto, repetimos, goza de una presunción que habrá de prevalecer en ausencia de evidencia en contrario. El peso de la prueba para derrotar esta presunción recae en la parte que alega la invalidez del documento. Concluir lo contrario transgrede los pilares del Derecho notarial latino; esto es, destruye la presunción de que todo lo que bajo su firma, signo, sello y rúbrica exprese el notario se tendrá por cierto. CC-2001-489 41

no es “parte indispensable” en el mismo, ello por razón de que

el posible perjuicio, o lesión, que pueda sufrir dicho notario

no es uno real e inmediato, Hernández Agosto v. López Nieves,

ante; 18 siendo el mismo, por el contrario, uno contingente,

esto es, supeditado a que ocurran en el futuro una serie de

eventos y circunstancias que, necesariamente, no tienen que

darse.

VII Por los fundamentos expresados, se expide el auto y se

confirma la sentencia emitida por el Tribunal de Circuito de

Apelaciones en el presente caso.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ Juez Asociado

18 Ello no obstante, mediante oportuna solicitud del notario autorizante y a su entera discreción, el foro de instancia podrá permitir su intervención en el pleito; ello al amparo de lo dispuesto en la Regla 21.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 21.2. CC-2001-489 42

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se expide el auto y se dicta Sentencia confirmatoria de la emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones en el presente caso.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Naveira de Rodón concurrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri emitió Opinión disidente.

Patricia Otón Olivieri Secretaria del Tribunal Supremo CC-2001-489 43

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor FUSTER BERLINGERI.

San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 2003.

La mayoría del Tribunal suscribe una extensa

opinión en el caso de autos en la cual se examinan

varios asuntos referentes al derecho

testamentario. En particular, se dedican muchas

páginas a dilucidar los diferentes tipos de

formalidades testamentarias y cómo se distinguen;

los distintos medios que dispone el ordenamiento

jurídico para la identificación del testador por el

notario autorizante y la relación entre éstos, y

otros asuntos más. Con arreglo a la enjundiosa

interpolación de todos estos conceptos, la mayoría

llega al resultado de que fue nula la institución

del peticionario como único y universal heredero de CC-2001-489 44

los tercios de mejora y libre disposición del caudal

en cuestión. Debo disentir del aludido dictamen mayoritario porque en mi

criterio la mayoría dejó fuera de su análisis la consideración del

asunto más importante para decidir el caso de autos. Todo el derecho

testamentario existe para el logro de un objetivo cardinal. Lo que

se busca es asegurar que prevalezca la voluntad del testador. Por

ello, en casos en que se impugna de algún modo la validez o eficacia

de un testamento, la cuestión más determinante siempre debe ser cuál

fue en efecto la última voluntad del testador. El examen de los

conceptos normativos pertinentes debe estar supeditado a ese

objetivo cardinal que es hacer valer la voluntad del causante. Por

ello, para mí no tiene ningún sentido jurídico la opinión de alguno

que otro comentarista de que no es válida la institución hereditaria

que haya hecho un causante, aunque la voluntad del testador sea

conocida en forma indubitada, si esa voluntad se ha manifestado sin

observar rigurosamente las solemnidades testamentarias. Tal forma

de pensar vira al revés el propósito y razón de ser esencial de esta

parte del derecho sucesorio; es decir, convierte erróneamente los

medios que el derecho ha establecido para lograr un propósito en

algo superior a ese propósito e independiente de éste.

En el caso de autos, se examinan varios esquemas normativos

del derecho testamentario, pero nada se dice sobre cuál fue

realmente la voluntad del testador aquí. Se anula un testamento por

unos errores notariales, pero no se indaga lo que para mí es la

cuestión medular del caso. La misión judicial en controversias como

la de autos no puede limitarse a dilucidar las reglas más inmediatas

que sean aplicables. Debe expandirse el examen jurídico para

asegurar que se honre la conocida voluntad del testador, que es en

fin de cuentas el asunto más pertinente de esta controversia. En otras palabras, cuando en un caso como el de autos existe

una controversia sobre el carácter o efecto de unas formalidades

incumplidas, la trascendencia de tal incumplimiento debe

aquilatarse a la luz de lo que se conoce sobre la voluntad del

testador. Si de la prueba que se ofrece surge de forma segura y

auténtica la última voluntad del testador, las formalidades

inobservadas no pueden considerarse tan graves como para anular el

testamento. Tales formalidades inobservadas quedan curadas por la

prueba que establece la voluntad del testador. Este acercamiento

a controversias como las del caso de autos, que ya antes reconocimos

en Paz v. Fernández, 76 D.P.R. 742, 752 (1954), es la única manera

en que realmente puede hacerse valer la voluntad del causante,

principio rector del derecho testamentario.

Como la mayoría no sigue el curso decisorio que me parece más

propio, disiento.

JAIME B. FUSTER BERLINGERI JUEZ ASOCIADO