EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario Certiorari
v. 2009 TSPR 126
Edwin Serrano Reyes 176 DPR ____
Recurrido
Número del Caso: CC-2008-290
Fecha: 5 de agosto de 2009
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Carolina y Guayama Panel XIII
Juez Ponente:
Hon. Luis A. Rosario Villanueva
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Salvador Antonetti Stutts
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. José Carlos Pizarro Adorno
Materia: Infr. Art. 404 S.C.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del pr oceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio p úblico a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionario
CC-2008-290 v.
Edwin Serrano Reyes
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES.
En San Juan, Puerto Rico, a 5 de agosto de 2009.
En esta ocasión, el Ministerio Público nos
solicita la revocación de una sentencia del
Tribunal de Apelaciones. El foro apelativo
intermedio revocó una resolución emitida por el
Tribunal de Primera Instancia declarando no ha
lugar una solicitud de supresión de evidencia.
Como el Ministerio Público se limitó a establecer
los motivos fundados para intervenir con el
recurrido pero no presentó prueba sobre la
razonabilidad del registro sin orden que efectuó
la Policía, confirmamos. CC-2008-290 2
I
El 13 de julio de 2007, a eso de las 3:50 de la
tarde, el agente de la Policía de Puerto Rico, Miguel
Dávila Parrilla, se encontraba haciendo una investigación
policiaca en el Condominio Monserrate Towers. Según su
testimonio en la vista de supresión de evidencia, éste
pudo observar a unos 12 ó 15 pies de distancia a una
persona que poseía en su mano izquierda dos envases
transparentes y que aparentaban contener crack en su
interior. Pudo observar cómo el individuo caminó a su
vehículo y se apartó del área residencial. El agente
comunicó detalladamente las características del individuo
y del vehículo para que otros oficiales intervinieran.
Posteriormente, el agente Paul Gandía notificó por radio
al agente Dávila Parrilla que “la intervención con el
conductor del Mirage Technica fue positiva y que ocupó la
sustancia”. Apéndice del recurso, pág. 13. Todos estos
detalles fueron relatados por el agente Dávila Parrilla
de forma muy detallada y específica en la vista para
adjudicar la moción de supresión de evidencia.
El Ministerio Público presentó contra el señor
Serrano Reyes una denuncia por violación al Art. 404 de la
Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A.
Sec. 2404. El acusado presentó una moción de supresión de
evidencia. En ella, el acusado expuso que el registro en
el cual se ocupó la evidencia fue “una intervención ilegal
sin ningún tipo de orden expedida por magistrado y no CC-2008-290 3
llena[ba] los requisitos de razonabilidad de acuerdo con
la jurisprudencia”. Apéndice del recurso, pág. 11. Arguyó
además que un registro sin orden se presume inválido e
irrazonable y que el Ministerio Público viene obligado a
demostrar lo contrario. El acusado señaló en la moción que
el Ministerio Público contaba con la declaración del
agente Dávila Parrilla y alegó que se trataba de un
testimonio estereotipado. El acusado señaló además, que el
“motivo fundado no es sinónimo de libertad para intervenir
irrestrictiva o irrazonablemente”. Apéndice del recurso,
pág. 14.
En la vista de supresión de evidencia se
encontraban los agentes Miguel Dávila Parrilla y Paul
Gandía. El Ministerio Público sometió el caso después del
testimonio del agente Dávila Parrilla e indicó que no
utilizaría al agente Gandía. Entonces, el Tribunal de
Primera Instancia denegó la solicitud de supresión de
evidencia.
El acusado acudió en revisión al Tribunal de
Apelaciones. Dicho foro determinó que había motivos
fundados para el arresto y que el testimonio del agente
Dávila Parrilla no fue estereotipado. Ahora bien, el
tribunal concluyó que en la vista de supresión de
evidencia no se presentó prueba para rebatir la presunción
de irrazonabilidad del registro. Razonó el foro apelativo
intermedio que el Ministerio Público venía obligado a
presentar prueba de los motivos fundados y de la CC-2008-290 4
razonabilidad del registro. El Tribunal de Apelaciones
suprimió la evidencia y devolvió el caso al foro primario
para la continuación de los procedimientos.
Inconforme, El Ministerio Público acude a este
Tribunal y alega que el Tribunal de Apelaciones erró al
resolver que el testimonio del agente Gandía era necesario
y que no se había cuestionado la razonabilidad del
registro.
Con el beneficio de la comparecencia de las partes,
procedemos a resolver.
II
La Constitución de Puerto Rico, Art. II, Sec. 10, 1
L.P.R.A., dispone que:
No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables…
Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación…
Evidencia obtenida en violación de esta sección será inadmisible en los tribunales.
Por su parte, la Enmienda IV de la Constitución de
los Estados Unidos consagra el derecho de todo ciudadano a
ser protegido contra registros y allanamientos
irrazonables. De ordinario se prohíbe el arresto de
personas o registros o allanamientos sin una previa orden
judicial, apoyada la misma en una determinación de causa
probable. Pueblo v. Calderón Díaz, 156 D.P.R. 549, 555 CC-2008-290 5
(2002). Esto garantiza la protección a la dignidad e
intimidad de las personas. Pueblo v. Colón Bernier, 148
D.P.R. 135 (1999).
Sin embargo, el requerimiento constitucional de
previa orden judicial no es absoluto, pues hay situaciones
excepcionales y definidas estrechamente por la
jurisprudencia en donde se ha reconocido la validez de un
registro o arresto sin orden. Lo que la Constitución
pretende evitar es la actuación del Estado en forma
irrazonable. Pueblo v. Rivera Colón, 128 D.P.R. 672, 682
(1991). Aunque hay circunstancias en que un registro sin
orden puede conducirse sin violar la Enmienda IV, para
esto, es necesario que exista una justificación o razón
suficiente. W.R. LaFave, Search and Seizure: A Treatise on
the Fourth Anmendment, 4ta ed., Thomson West, 2004, Vol.
2, Sec. 3.1(a), págs. 6-7.
Hay registros sin orden judicial que son válidos,
como por ejemplo el registro incidental a un arresto
válido. Pueblo v. Zayas Fernández, 120 D.P.R. 158 (1987).
Ahora bien, esto no elimina la exigencia constitucional de
razonabilidad al intervenir con un ciudadano o sus
pertenencias. Arizona v. Gant, res. el 21 de abril de
2009, 129 S.Ct. 1710, 556 U.S. ___ (2009.
En Pueblo v. Martínez Torres I, 120 D.P.R. 496, 502
(1988), resolvimos que cuando el Estado actúa sin orden
judicial el Ministerio Público “viene obligado a probar
que el registro realizado fue legal y razonable, que CC-2008-290 6
necesariamente conlleva, como requisito previo, demostrar
la legalidad del arresto”.
La Regla 11 de Procedimiento Criminal permite que un
funcionario del orden público realice un arresto sin orden
judicial cuando tenga motivos fundados para creer que el
detenido ha cometido un delito en su presencia o ha
cometido un delito grave. 34 L.P.R.A. Ap. II R. 11. El
motivo fundado es aquella información o conocimiento que
conduce a creer que el arrestado ha cometido un delito,
según la persona ordinaria y prudente. Pueblo v. González
Rivera, 100 D.P.R. 651 (1972). Esta exigencia no impide
que varios agentes del orden público actúen en forma
coordinada y concertada en la investigación de un crimen,
de manera que sus conocimientos individuales resulten en
uno colectivo y suficiente. Pueblo v. Martínez Torres I,
supra.
En Pueblo v. Martínez Torres I, supra, al evaluar una
solicitud de supresión de evidencia, resolvimos que es
necesario que el Ministerio Público presente prueba para
establecer los motivos fundados que tuvo el agente que dio
la orden o que originó la cadena de información que tuvo
como resultado el arresto. En dicho caso, el Ministerio
Público presentó como prueba los testimonios de dos de los
agentes que efectuaron el arresto pero no presentó prueba
sobre los motivos fundados que tuvo el agente que dio la
orden para el arresto. Ante esto, revocamos la sentencia
condenatoria y devolvimos el caso al foro primario. CC-2008-290 7
Resolvimos entonces que “[e]l hecho [de] que un
agente pueda actuar según una comunicación de otro
policía sin tener motivos fundados no significa que el
Ministerio Público queda relevado de su deber de
presentar evidencia para establecer la legalidad del
arresto.” Pueblo v. Martínez Torres I, id. a la pág. 506.
En otras palabras, el Ministerio Público no se puede
limitar en la vista de supresión a demostrar únicamente
que existían motivos fundados para la intervención
policíaca, que fueron transferidos de un agente a otro.
El fiscal tiene que probar también “que el registro
realizado fue legal y razonable.” Id. a la pág. 502.
Posteriormente, este caso estuvo nuevamente ante
nuestra consideración en Pueblo v. Martínez Torres II, 126
D.P.R. 561 (1990). Una vez devuelto el caso en la primera
ocasión, el foro primario señaló vista para que el
Ministerio Público presentara prueba sobre los motivos
fundados que tuvo el agente que ordenó el arresto. El
acusado solicitó el archivo de las causas en su contra. Su
fundamento fue la garantía constitucional contra la doble
exposición en relación con la revocación de la sentencia
condenatoria en Pueblo v. Martínez Torres I, supra. En esa
ocasión determinamos que procedía una vista para evaluar
si se suprimía la evidencia a raíz de la revocación de la
sentencia apelada para determinar si había que celebrar un
nuevo juicio. No se ordenó una vista bajo la Regla 234 de
Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II R. 234, pues ya CC-2008-290 8
el juicio se había celebrado. La vista ordenada era para
evaluar la supresión como parte de los planteamientos para
la solicitud de nuevo juicio, porque “el error del
tribunal [de instancia] al no ordenar la supresión [es] lo
que da paso a nuestra decisión de revocar la convicción”.
Pueblo v. Martínez Torres II, supra a la pág. 576.
La Constitución de Puerto Rico permite un registro
incidental al arresto cuando “el área registrada está al
alcance inmediato del sujeto y el propósito es ocupar
armas o instrumentos que puedan ser utilizados por la
persona arrestada para agredir a los agentes del orden
público, o para intentar una fuga o evitar la destrucción
de evidencia”. Pueblo v. Miranda Alvarado, 143 D.P.R.
356, 363 (1997); Pueblo v. Costoso Caballero, 100 D.P.R.
147 (1971), Pueblo v. Sosa Díaz, 90 D.P.R. 622 (1964).
Véase, e.g., Weeks v. United States, 232 U.S. 383 (1914).
El mero arresto legal no convalida ipso facto un registro
o una incautación sin orden, pues es necesario que el
registro haya sido razonable. Pueblo v. Sosa Díaz, supra.
En nuestra jurisdicción sigue siendo relevante el
criterio de razonabilidad para todo registro incidental
al arresto. Pueblo v. Malavé González, 120 D.P.R. 470
(1988). E.g., Arizona v. Gant, supra. Para determinar si
un registro es razonable hay que considerar (1) si la
intervención con la persona afectada estuvo justificada,
y (2) si el alcance del registro guardó relación con las
circunstancias que condujeron a la intervención con la CC-2008-290 9
persona afectada. Pueblo v. Ríos Colón, 129 D.P.R. 71,
86-87 (1991).
Por su parte, la Regla 234 de Procedimiento Criminal,
supra, es el medio práctico que tiene un ciudadano para
hacer valer la disposición constitucional antes discutida.
En lo pertinente, la Regla dispone lo siguiente:
REGLA 234. ALLANAMIENTOS; MOCIÓN DE SUPRESIÓN DE EVIDENCIA
La persona agraviada por un allanamiento o registro ilegal podrá solicitar del tribunal al cual se refiere la Regla 233 la supresión de cualquier evidencia obtenida en virtud de tal allanamiento o registro, o la devolución de la propiedad, por cualquiera de los siguientes fundamentos:
(a) Que la propiedad fue ilegalmente ocupada sin orden de allanamiento o registro. (b) …
En la moción de supresión de evidencia se deberán exponer los hechos precisos o las razones específicas que sostengan el fundamento o fundamentos en que se basa la misma. El tribunal oirá prueba sobre cualquier cuestión de hecho necesaria para la resolución de la solicitud y celebrará una vista evidenciaria ante un magistrado distinto al que atenderá el juicio, cuando se trate de evidencia incautada mediando una orden judicial y la parte promovente demuestre que existe una controversia sustancial de hechos que haga necesario la celebración de la vista; en ausencia de tal demostración, el tribunal podrá adjudicar la moción sin vista previa utilizando como base los escritos presentados por las partes.
El tribunal vendrá obligado a celebrar una vista envidenciaria con antelación al jucio, y ante un magistrado distinto al que atenderá el juicio, cuando se trate de evidencia incautada sin previa orden judicial si en la solicitud la parte promovente aduce hechos o fundamentos que reflejan la ilegalidad o irrazonabilidad del registro, allanamiento o incautación. El Ministerio Público vendrá obligado a refutar la presunción de ilegalidad del registro o CC-2008-290 10
incautación y le corresponderá establecer los elementos que sustentan la excepción correspondiente al requisito de orden judicial previa.
De declararse con lugar la moción, la propiedad será devuelta, si no hubiere fundamento legal que lo impidiere, y no será admisible en evidencia en ningún juicio o vista. La moción se notificará al fiscal y se presentará cinco (5) días antes del juicio a menos que se demostrare la existencia de justa causa para no haberla presentado dentro de dicho término o que al acusado no le constaren los fundamentos para la supresión, o que la ilegalidad de la obtención de la evidencia surgiere de la prueba del fiscal. (Énfasis nuestro).
En Pueblo v. Maldonado Rivera, 135 D.P.R. 563 (1994),
expresamos que la Regla 234, supra, le impone al
peticionario exponer los hechos precisos o las razones
para el fundamento de la moción y la controversia
sustancial de hechos que amerite una vista o el tribunal
está facultado a resolver la solicitud sin vista
evidenciaria. No obstante, en Pueblo v. Blase Vázquez, 148
D.P.R. 618 (1999), resolvimos que una moción de supresión
de evidencia no se puede adjudicar sin vista cuando no se
haya expedido una orden judicial para realizar el registro
impugnado.
Toda incautación o registro realizado sin orden se
presume irrazonable y por consecuencia, inválido. Katz v.
United States, 389 U.S. 347 (1967); E.L.A. v. Coca Cola
Bottling Co., 115 D.P.R. 197 (1984). Esta presunción le
impone al Ministerio Público la carga probatoria de
demostrar la legalidad y razonabilidad de la actuación del
Estado. Pueblo v. Blase Vázquez, supra. Esto significa que CC-2008-290 11
en la vista evidenciaria para adjudicar la moción de
supresión de evidencia, el Ministerio Público tiene la
obligación de presentar prueba y persuadir sobre la
razonabilidad del registro. E.L. Chiesa Aponte, Derecho
Procesal Penal: Etapa Investigativa, Pubs. J.T.S., 2006,
Sec. 4.4(e)(ii), pág. 141. Igual proceder es seguido en la
esfera federal y en varias jurisdicciones estatales.
LaFave, op cit., Vol. 6, Sec. 11.2(b), pág. 42. 1
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, de igual
forma, ha exigido que un registro incidental a un arresto
válido se realice de forma razonable. Arizona v. Gant,
supra. La Enmienda IV de la Constitución de los Estados
Unidos y la Constitución de Puerto Rico permiten un
registro incidental a un arresto válido, pero lo
determinante es que el registro sea razonable. E.L. Chiesa
Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados
Unidos, op cit., pág. 274.
Al interpretar la Constitución de Puerto Rico,
adoptamos la norma esbozada por el Tribunal Supremo
Federal en Chimel v. California, 395 U.S. 752 (1969).
Chiesa Aponte, op cit., págs. 274-277. Esto es, una
persona arrestada válidamente puede ser sometida a un
registro superficial o “cacheo”. Pueblo v. Zayas
Fernández, supra. Sin embargo, un registro minucioso
depende de la razonabilidad de “las circunstancias 1 LaFave menciona otras jurisdicciones estatales como Georgia, Indiana, Louisiana, Maine, Minnesota, Nevada, New Hampshire, New Jersey, Ohio, Oregon, Texas y Wisconsin. Véase, LaFave, op cit., Vol. 6, Sec. 11.2(b), pág. 42, n. 34. CC-2008-290 12
específicas” del caso. Id. a la pág. 164. Ahora bien, debe
quedar claro que tanto bajo la Constitución federal como
la de Puerto Rico, la regla referente a los registros
incidentales al arresto es la expuesta en Chimel v.
California, supra, y que por lo tanto, el registro tiene
que justificarse por algo más que la mera legalidad del
arresto. Arizona v. Gant, supra, 129 S.Ct. a la pág. 1723.
En estos casos, el Ministerio Público tiene que
rebatir la presunción con prueba que refleje alguna de las
circunstancias excepcionales que permiten actuar sin una
orden judicial previa o el juzgador deberá aceptar el
hecho presumido, o sea, la irrazonabilidad. Pueblo v.
Vázquez Méndez, 117 D.P.R. 170 (1986). Aunque la
razonabilidad del registro es una determinación de
derecho, su resolución requiere la evaluación de
cuestiones de hecho. Pueblo v. Martínez Torres II, supra;
Pueblo v. Blase Vázquez, supra.
Si el Ministerio Público no presenta la prueba
requerida para rebatir la presunción en su contra, el
tribunal deberá aplicar el remedio provisto en la
Constitución de Puerto Rico y en la Regla 234 de
Evidencia, supra, a saber, la exclusión de lo incautado.
Todo registro sin orden está afectado por la presunción de
invalidez. Cuando se tiene una orden para arrestar o se
hace un arresto válido sin orden, la intervención
incidental a ese arresto es un registro sin orden que
queda afectado por la presunción de invalidez. E.L. Chiesa CC-2008-290 13
Unidos, Colombia, 1995. Vol. I, sec. 6.7, pág. 217.
Anteriormente, hemos decidido que a la presunción
dispuesta en la Regla 234 de Evidencia, supra, le aplican
las disposiciones de las Reglas 14 y 15 de Evidencia,
supra. Por lo tanto, el fiscal “viene obligado a ofrecer
evidencia so pena de que el juzgador acepte la existencia
del hecho presumido, o sea, la irrazonabilidad de la
incautación”. Pueblo v. Vázquez Méndez, supra, a la pág.
176.
En Pueblo v. Vázquez Méndez, supra, encontramos que
el foro primario había errado al declarar sin lugar una
moción de supresión de evidencia y añadimos que “[n]o
habiendo cumplido el Ministerio Público con la obligación
antes mencionada, procedía que se declarase con lugar la
moción de supresión”. Id. a la pág. 180. Procedimos de
igual forma en Pueblo v. Miranda Alvarado, supra, en donde
revocamos la sentencia apelada y decretamos la supresión
de la evidencia obtenida en violación de las garantías
constitucionales, revocando así la determinación del
tribunal de instancia. Allí expresamos que “el Estado no
cumplió con el requisito de demostrar la autoridad común
de quien consintió, elemento indispensable cuando se
pretende la validez del consentimiento al registro
prestado por un tercero”. Id. a las págs. 367-368. Por
último, en Pueblo v. Sosa Díaz, supra, decretamos la
absolución del acusado una vez determinamos que el CC-2008-290 14
registro que produjo la única evidencia en su contra fue
irrazonable y por ende, inadmisible.
III
Este recurso nos plantea dos cuestiones principales:
primero, si la prueba que presentó el Ministerio Público
en la vista de supresión de evidencia fue suficiente para
rebatir la presunción aludida; y segundo, si procede
devolver el caso al foro de primera instancia para que
celebre otra vista de supresión de evidencia en el caso de
que el Ministerio Público haya incumplido con su carga
probatoria.
Señala el Ministerio Público que la moción de
supresión de evidencia sólo planteaba la ausencia de
motivos fundados para arrestar y el testimonio
estereotipado del agente Dávila Parrilla. Arguye el
Ministerio Público que el acusado no cuestionó la
insuficiencia del testimonio del agente Dávila Parrilla ni
invocó la necesidad del testimonio del agente Paul Gandía.
No le asiste la razón.
En la moción de supresión de evidencia, el acusado
claramente estableció que se trataba de un registro sin
orden judicial, por lo que se levantaba una presunción en
contra del Ministerio Público. Además, el acusado
argumentó la ilegalidad de la intervención por su
incumplimiento con los requisitos de razonabilidad. En la
moción se señaló que la “celebración de una vista
evidenciaria es necesaria para que el Ministerio Público CC-2008-290 15
cumpla con el requisito constitucional de demostrar que el
registro realizado fue legal y razonable”. La moción no
se limitó a las alegaciones de testimonio estereotipado
sino que expuso que el motivo fundado “no es sinónimo
de libertad para intervenir irrestrictiva o
irrazonablemente”. No era posible alegar la ausencia de
prueba en la moción de supresión de evidencia, pues esto
surgió tras la omisión del Ministerio Público en la vista.
Por otra parte, no le compete al acusado señalar los
testimonios necesarios para que el Ministerio Público
cumpla con su carga probatoria. El Ministerio Público es
quien tiene la discreción de seleccionar qué prueba
presenta en la vista de supresión. La defensa cumple su
función señalando la insuficiencia de la prueba del
fiscal.
En la vista evidenciaria surgió prueba testimonial
sobre los motivos fundados que transmitió el agente Dávila
Parrilla al agente Gandía y esta prueba fue creída por el
foro primario. Aunque es válida la recopilación de
información por parte de los oficiales del orden público
para establecer los motivos fundados para arrestar o
registrar, estas actuaciones del Estado siguen estando
subordinadas al criterio de razonabilidad. Establecidos
los motivos fundados, era necesaria la prueba sobre la
razonabilidad del registro. El Ministerio Público, a pesar
de contar con el agente Gandía en sala, no presentó prueba
sobre la manera en que se efectuó el registro que culminó CC-2008-290 16
en la incautación de la evidencia impugnada. Con este
proceder, el Ministerio Público falló en rebatir la
presunción que operaba en su contra, a saber: que el
registro fue irrazonable y por consiguiente, ilegal.
Esto diferencia este recurso de Martínez Torres I,
supra. Allí determinamos que era necesaria la prueba sobre
los motivos fundados que tuvo el agente que dio la orden
para el arresto. No nos enfocamos en la razonabilidad del
registro porque se presentó prueba sobre la forma en que
éste se realizó. Por eso, dicho asunto no fue uno de los
errores señalados. Aunque en el recurso que ahora nos
ocupa el Ministerio Público presentó prueba sobre los
motivos fundados, incidió al no establecer mediante prueba
la razonabilidad del registro. En Pueblo v. Martínez
Torres I, id. a la pág. 502, señalamos que el Ministerio
Público, además de probar la legalidad del arresto, “viene
obligado a probar que el registro realizado fue legal y
razonable”. Resolvemos ahora que en casos que presentan la
actuación conjunta de varios agentes del orden público sin
orden judicial, es necesario someter prueba tanto sobre la
razonabilidad del registro como de los motivos fundados.
El testimonio del agente Dávila Parrilla sobre este
aspecto fue insuficiente para establecer la razonabilidad
del registro. Dávila Parrilla se limitó a decir que se le
informó que la intervención “fue positiva”, descripción
insuficiente para establecer la razonabilidad de un
registro. Esa declaración no le informó al tribunal de CC-2008-290 17
qué manera se efectuó el registro. No se estableció si
éste guardó una relación razonable con las circunstancias
que justificaron la intervención con el acusado. Pueblo
v. Ríos Colón, supra. El resultado no convalida un
registro ilegal. Pueblo v. González Rivera, supra.
Cuestiones como el lugar donde se ocupó la evidencia, la
razón que tuvo el agente Gandía para registrar, la
distancia entre la evidencia y el acusado al momento de
su incautación, entre otras, son circunstancias
relevantes para determinar la razonabilidad de un
registro. Esto cobra mayor relevancia cuando opera una
presunción de irrazonabilidad.
El Ministerio Público tuvo la oportunidad de
presentar prueba sobre la razonabilidad del registro
impugnado. No lo hizo. Nuestras expresiones en Pueblo v.
Martínez Torres II, supra, no tienen el efecto de
establecer como remedio una nueva vista de supresión de
evidencia en los casos en que el Ministerio Público falla
en cumplir con su carga probatoria. Aquel caso fue
resuelto en el contexto de una convicción revocada por
este Tribunal, en donde se auscultaba la posibilidad de un
nuevo juicio. De hecho, allí expresamos que “[e]n este
caso es impermisible la presentación de nueva evidencia
por parte de la Fiscalía; no se le puede ofrecer una
segunda oportunidad para que presente prueba que pudo
traer en el primer proceso, pero que no lo hizo”. Id. a la
pág. 578. CC-2008-290 18
No procede ordenar otra vista para adjudicar una
moción de supresión de evidencia cuando ya el Ministerio
Público ha tenido una adecuada oportunidad probatoria y no
logró rebatir la presunción que operaba en su contra. A
diferencia de la Regla 6(c) y de la Regla 24(c) de
Procedimiento Criminal, la Regla 234 no le concede al
fiscal una segunda vista cuando el resultado no le
favorece. Distinto a las vistas de causa probable para
arrestar o para acusar, la determinación de suprimir
evidencia bajo la Regla 234 no termina con el proceso
criminal. La regla meramente confiere una oportunidad a la
defensa de obtener que se suprima en el juicio la
presentación de evidencia ilegalmente obtenida que podría
ser perjudicial al acusado. Lo único que se decide es la
legalidad o razonabilidad del registro efectuado. Pueblo
v. Miranda Alvarado, supra. El Ministerio Público puede
proseguir su caso contra el acusado con otra prueba
independiente y distinta a la suprimida. Pueblo v. Rivera
Rivera, 117 D.P.R. 283 (1986).
IV
Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la
sentencia recurrida, emitida por el Tribunal de
Apelaciones. Resuelta la controversia sobre la supresión
de la evidencia incautada, se devuelve el caso al Tribunal
de Primera Instancia, Sala de Carolina, para la
continuación de los procedimientos de forma compatible con
lo aquí resuelto. CC-2008-290 19
Se dictará sentencia de conformidad.
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, la cual se hace formar parte
integrante de la presente Sentencia, se confirma
la sentencia recurrida, emitida por el Tribunal
de Apelaciones. Resuelta la controversia sobre la
supresión de la evidencia incautada, se devuelve
el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala
de Carolina, para la continuación de los
procedimientos de forma compatible con lo aquí
resuelto. CC-2008-290 2
Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria
del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rivera Pérez
no intervino.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo