Partido Acción Civil v. Partido Independentista Puertorriqueño Y Otros

2006 TSPR 193

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: December 29, 2006
• Docket: CC-2005-0983
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Partido Acción Civil

Peticionario Certiorari vs. 2006 TSPR 193 Partido Independentista Puertorriqueño, Comisión Estatal 169 DPR ____ de Elecciones, Aurelio Gracia, Gerardo Cruz, Thomas Rivera, Juan Dalmau y Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Recurridos

Número del Caso: CC-2005-0983

Fecha: 29 de diciembre de 2006

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan- Panel III

Juez Ponente: Hon. Zadette Bajandas Vélez

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Nelson Rosario Rodríguez Lcdo. Julio Villalona Viera

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Pedro E. Ortiz Alvarez Lcdo. Denis Márquez Lebrón Lcdo. José E. Torres Valentín Lcdo. Roberto Busó Aboy Lcdo. Carlos Iván Gorrín Peralta Lcdo. Ramón L. Walter Merino Lcdo. José A. Carlo Rodríguez Lcdo. Ángel Luis Alicea Montañez

Materia: Revisión Electoral

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Peticionario

vs.

Partido Independentista CC-2005-983 CERTIORARI Puertorriqueño, Comisión Estatal de Elecciones, Aurelio Gracia, Gerardo Cruz, Thomas Rivera, Juan Dalmau y Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 29 de diciembre de 2006

Los hechos del caso revelan que como

resultado de los comicios electorales de 2 de

noviembre de 2004 --y reconociendo que perdería

su franquicia electoral por no haber obtenido en

dichos comicios los votos requeridos por la Ley

Electoral de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 20 de

diciembre de 1977, según enmendada, 16 L.P.R.A. §

3001 et seq., para retener su reconocimiento como

partido principal-- el Partido Independentista

Puertorriqueño, en adelante P.I.P., comenzó a

llevar a cabo las gestiones necesarias para CC-2005-983 2

lograr su reinscripción.1 A esos efectos, mediante carta con

fecha 4 de noviembre de 2004, el Lcdo. Juan Dalmau Ramírez,

Comisionado Electoral del P.I.P., en su capacidad de

Secretario General de dicha colectividad política, le

solicitó autorización al Presidente de la Comisión Estatal

de Elecciones, Hon. Aurelio Gracia Morales, para iniciar los

procedimientos de reinscripción del partido como partido por

petición a nivel isla.2

1 En específico, la Ley Electoral de Puerto Rico requiere una cantidad determinada de votos para que un partido principal retenga su franquicia electoral. A esos efectos, dicha pieza legislativa establece que “partido principal” es aquel que en la elección general precedente: (1) obtenga en el encasillado correspondiente a su insignia en la papeleta para Gobernador y Comisionado Residente una cantidad de votos no menor del siete por ciento del total de votos depositados para todas las insignias de partidos; (2) aquél que en la papeleta para Gobernador y Comisionado Residente obtenga una cantidad no menor del tres por ciento del total de papeletas íntegras depositadas para todos los partidos; o (3) aquél cuyo candidato a Gobernador obtenga una cantidad no menor de cinco por ciento del total de votos depositados para todos los candidatos a dicho cargo. Artículos 1.003 y 3.001 de la Ley Electoral, 16 L.P.R.A. § 3003(42) y 3101(1), respectivamente. 2 Conforme a la Ley Electoral de Puerto Rico y el Reglamento para la Inscripción de Partidos por Petición aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones el 23 de enero de 2002, se considera “partido por petición” cualquier agrupación de ciudadanos que, con el propósito de figurar en las papeletas electorales de unas elecciones generales, en o antes del primero de junio del año de elecciones, se inscriba como partido político, se inscriba como partido político en la Comisión Estatal de Elecciones mediante la radicación de peticiones juradas al efecto, suscritas por un número de electores no menor del cinco por ciento del total de votos depositados para todos los candidatos al cargo de Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en la elección general precedente. Artículos 1.003 y 3.001 de la Ley Electoral, 16 L.P.R.A. § 3003(41) y 3101(3), respectivamente; Sección 1.4 y 4.1 del Reglamento para la Inscripción de Partidos por Petición de la Comisión Estatal de Elecciones. CC-2005-983 3

Apenas tres días más tarde, en una reunión llevada a

cabo el domingo 7 de noviembre de 2004, --y estando

presentes los Comisionados de los tres partidos políticos

principales-- la Comisión Estatal de Elecciones, en adelante

la Comisión, acordó unánimemente aceptar la antes mencionada

solicitud del P.I.P, autorizándole a que comenzara el

correspondiente procedimiento de reinscripción. Dicha

decisión fue certificada por el Secretario de la Comisión,

Ramón M. Jiménez Fuentes, al día siguiente. De forma sucinta

y sin expresar fundamento jurídico alguno en apoyo de dicha

decisión, en la mencionada certificación se hizo constar el

referido acuerdo. Además, se hizo mención a que, de

conformidad con el Artículo 3.033 de la Ley Electoral de

Puerto Rico, 16 L.P.R.A. § 3124a, el P.I.P. mantenía todos

los derechos y prerrogativas sobre su nombre y emblema

durante un año a partir de la fecha de las elecciones

generales.

El 8 de noviembre de 2004, la agrupación de ciudadanos

conocida como Puertorriqueños por Puerto Rico, en adelante

P.P.R., solicitó a la Comisión que le autorizara a comenzar

su proceso de inscripción como partido por petición a nivel

Isla. De otra parte, ese mismo día y sin tener conocimiento

de que se había concedido ya la petición del P.I.P., la

agrupación de ciudadanos conocida como el Partido Acción

Civil, en adelante el P.A.C., --quien también tenía

intenciones de inscribirse como partido por petición a nivel

Isla-- a través de su Presidente, el Lcdo. Nelson Rosario CC-2005-983 4

Rodríguez, presentó ante la Comisión un escrito titulado

“Solicitud de Acuerdo con el Artículo 1.007 de la Ley

Electoral” oponiéndose a la reinscripción del P.I.P. En

dicho escrito argumentó, en síntesis, que debía denegarse la

petición del P.I.P. debido a que dicha colectividad política

no podía inscribirse antes del 31 de diciembre de 2004, ello

en vista de que la Sección 8.3 del Reglamento para la

Inscripción de Partidos por Petición aprobado por la

Comisión establecía que no se aceptarían “solicitudes para

la inscripción de partidos desde el 1 de junio hasta el 31

de diciembre del año en que se celebren las elecciones

generales”.

El P.A.C. alegó, además, que la petición del P.I.P. era

prematura debido a que era necesario que, antes de comenzar

su proceso de inscripción, fuera privado oficialmente de su

certificación como partido principal, hiciera un inventario

de sus bienes y cumpliera con lo dispuesto en el Artículo

3.026 de la Ley Electoral, 16 L.P.R.A. § 31183; ello con el

propósito de que no pudiera tener ventajas indebidas sobre

las otras agrupaciones que, también, deseaban convertirse en

partidos por petición, ni pudiera utilizar recursos públicos

y la estructura de beneficios electorales de un partido

3 El referido Artículo 3.026, ante, establece en lo aquí pertinente que: “En caso de desaparecer un partido político, cualquier equipo o propiedad adquirida con dinero proveniente del Fondo Electoral deberá ser devuelto a la Comisión Electoral, por el Presidente incumbente al momento de la desaparición del partido en cuestión”. CC-2005-983 5

inscrito para el fin privado de inscribirse y recoger

firmas.

Luego de enterarse por la prensa del País de la

determinación de la Comisión, el 10 de noviembre de 2004 el

P.A.C. le envió una carta a la Comisión solicitando que se

considerara su escrito como una solicitud de

reconsideración, añadiendo a lo argumentado que, para esa

fecha, aún no existía la certeza de cuál era el cinco por

ciento (5%) de los votos obtenidos para el cargo de

Gobernador o el tres por ciento (3%) total de votos íntegros

razón por la cual no se sabía exactamente cuál era la

cantidad de votos que debía obtener el P.I.P. para poder

quedar inscrito. Informó, además, que comenzaría su proceso

de inscripción después del 31 de diciembre de 2004.

El 12 de noviembre de 2004, el P.A.C. y P.P.R., --ambos

representados por el licenciado Rosario Rodríguez--

radicaron ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de San Juan, una demanda sobre violación a sus

derechos civiles, sentencia declaratoria e interdicto

preliminar y permanente contra el P.I.P., la Comisión, su

Presidente, el Hon. Aurelio Gracia Morales y todos los

Comisionados Electorales; a saber, el Lcdo. Juan Dalmau

Ramírez, el Lcdo. Thomas Rivera Schatz y el Lcdo. Gerardo

Cruz Maldonado.4 En la demanda reiteraron, en síntesis, los

planteamientos esbozados en la “Solicitud de Acuerdo con el

4 Dicho caso tenía el número KPE04-3481(904) en el tribunal de instancia. CC-2005-983 6

Artículo 1.007 de la Ley Electoral” presentada por el P.A.C.

ante la Comisión.

En dicha demanda, los demandantes solicitaron que el

foro primario dejara sin efecto la determinación de la

Comisión autorizando que el P.I.P. pudiera comenzar el

proceso de recolección de firmas; que certificara que el

P.I.P. ya no era un partido principal; que ordenara al

P.I.P. a realizar un inventario, cumpliendo con lo dispuesto

en el Artículo 3.026 de la Ley Electoral, ante; que tomara

las medidas necesarias en equidad para que el P.I.P. no

pudiera utilizar recursos públicos para su inscripción; y

que ordenara la cesión de funciones del Comisionado

Electoral del P.I.P. y demás funcionarios asignados a su

oficina para que no estuvieran en la estructura de la

Comisión adelantado la inscripción del P.I.P.5

Inicialmente, el 16 de diciembre de 2004, el foro

primario, luego de celebrada una vista, desestimó sin

perjuicio la referida demanda debido a que, habiendo el

P.A.C impugnado la reinscripción del P.I.P. ante la

Comisión, lo prudente era que se agotaran los remedios

administrativos, y se esperara a la decisión de la Comisión

antes de acudirse al tribunal.

La Comisión le envió, vía facsímil, dos cartas al

P.A.C. con fecha 12 de noviembre de 2004. En la primera le

informó que, atendido su escrito de 8 de noviembre de 2004,

5 Ese mismo día, la Comisión autorizó a P.P.R. a comenzar con los procedimientos para quedar inscrito como partido por petición. CC-2005-983 7

la Comisión había acordado notificarle oficialmente su

decisión de 7 de noviembre de 2004 sobre la solicitud del

P.I.P., incluyendo con dicha comunicación una copia de la

mencionada certificación. Por otra parte, en la segunda

carta la Comisión le notificó que se daba por recibida su

comunicación de 10 de noviembre de 2004 pero que, toda vez,

que habría de celebrarse una vista judicial no tenía nada

que proveer al respecto. Posteriormente, el 18 de noviembre

de 2004 la Comisión le envió otra carta al P.A.C. enmendando

su última misiva, donde le notificó que en vista de que

había una solicitud ante el tribunal de instancia se

reiteraba en la decisión tomada con respecto al asunto

planteado.

El P.A.C. y P.P.R. presentaron una moción de

reconsideración ante el tribunal de instancia. En virtud de

dicha solicitud, el 24 de noviembre de 2004 el foro primario

celebró una vista para dilucidar la procedencia de la misma.

Escuchados los argumentos de las partes, y en corte abierta,

el tribunal de instancia ordenó la reapertura del caso

únicamente en cuanto a las alegaciones de utilización ilegal

de fondos públicos y al trato desigual electoral, toda vez

que determinó que las demás alegaciones serían atendidas en

el recurso de revisión electoral. Cónsono con ello, declaró

sin lugar una petición de los demandantes solicitando la

consolidación de dicho caso con el recurso de revisión

electoral. Así pues, quedaron fragmentadas las controversias

entre ambos pleitos. CC-2005-983 8

El 2 de diciembre de 2004 el tribunal de instancia

emitió resolución plasmando por escrito la antes mencionada

determinación. De entrada, destacó que el caso, únicamente,

se reabrió para dilucidar las reclamaciones de uso ilegal de

fondos públicos e invocación al derecho de igualdad

electoral. Específicamente, con respecto a las alegaciones

de igualdad electoral, determinó que el P.A.C., a diferencia

del P.P.R., estaba impedido de exigir el mismo trato que el

P.I.P., debido a que nunca presentó una solicitud para su

inscripción como partido por petición por lo cual no estaba

en la misma situación. De otra parte, resolvió que el P.P.R.

había establecido que no se les estaba garantizando su

derecho constitucional a la igualdad electoral. Conforme a

ello, el foro primario emitió un interdicto preliminar

ordenando al P.I.P. a “[c]esar y desistir de usar los

equipos tecnológicos comprados o arrendados con el subsidio

del Fondo Electoral, en el proceso para su reinscripción,

excepto los ordenadores, los que podrán ser utilizados para

la verificación de las peticiones de endoso en el horario de

8:30 a.m. a 5:00 p.m.” y a “[a]bstenerse de utilizar el

subsidio del Fondo Electoral para pagar deudas del

procedimiento de re-inscripción.” Además, ordenó a la

Comisión a presentar un plan para salvaguardar el derecho

constitucional de la igualdad electoral del P.P.R.6

6 Es preciso señalar que la Comisión nunca presentó dicho plan. CC-2005-983 9

El 22 de noviembre de 2004 el P.A.C. y el P.P.R.

presentaron un recurso de revisión electoral ante el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan,

solicitando la revocación de la determinación de la Comisión

autorizando la reinscripción del P.I.P., haciendo las mismas

alegaciones presentadas en el pleito anteriormente incoado

ante el foro primario.7 Luego de varios trámites e incidentes

procesales8, se celebró una vista en el caso el 9 de

diciembre de 2004. Durante la referida vista, las partes

presentaron su prueba con respecto a la procedencia del

recurso de revisión y la interpretación del Reglamento para

la Inscripción de Partidos por Petición, quedando reducida

la controversia a si la certificación de la Comisión violaba

la Sección 8.3 del Reglamento para la Inscripción de

Partidos por Petición.9

7 Así las cosas, el P.I.P. y su Comisionado Electoral presentaron una moción de desestimación ante el foro de instancia alegando, en síntesis, que no eran partes apropiadas en un recurso dirigido contra la Comisión que fue la agencia que emitió el dictamen; que el P.A.C. carecía de legitimación activa para reclamar derechos debido a que no le había solicitado a la Comisión que le autorizara a comenzar su procedimiento de inscripción como lo había hecho el P.I.P.; que procedía desestimar el recurso con respecto a P.P.R. toda vez que había obtenido lo mismo que se impugnaba en el recurso: y que el caso constituía cosa juzgada por lo resuelto en el pleito del remedio interdictal y la sentencia declaratoria. 8 Acompañaron dicho recurso con una solicitud de interdicto provisional en auxilio de jurisdicción del tribunal. Dicho caso tenía el número KPE04-3623(907) en el foro primario. 9 Durante dicha vista se dilucidó, además, la antes mencionada moción de desestimación y otra moción presentada por el P.I.P. y su Comisionado solicitando la descalificación del Lcdo. Rosario Rodríguez debido a la CC-2005-983 10

Posteriormente, el 28 de diciembre de 2004, el tribunal

de instancia emitió sentencia confirmando el dictamen de la

Comisión por entender que dicha entidad había interpretado

válidamente su Reglamento a la luz de la Ley Electoral.10

Específicamente, resolvió que --aun cuando una lectura de la

mencionada Sección 8.3 sugería que la Comisión no debía

aceptar ninguna petición de inscripción en el período allí

contemplado y que, por tanto, la certificación aquí en

cuestión contravino dicho Reglamento-- fue la misma Comisión

que aprobó el Reglamento la que emitió la certificación,

luego de haber interpretado el referido Reglamento a la luz

de la Ley Electoral de Puerto Rico, ante. A tales efectos, y

en un escolio, el tribunal de instancia destacó que, a su

juicio y conforme al Artículo 1.005 de la ley Electoral, 16

L.P.R.A. § 3013(L), lo que ocurrió fue una enmienda o

_____________________________ existencia de un alegado conflicto de interés al dicho abogado representar tanto al P.A.C. como a P.P.R., quien también había obtenido que la Comisión le autorizara a comenzar su proceso de inscripción antes de que se terminara el año eleccionario. Para subsanar dicho conflicto, en la referida vista P.P.R. desistió de su reclamación en el recurso de revisión electoral. 10 De entrada declaró sin lugar la moción de desestimación debido a que aun cuando el P.I.P. y su Comisionado Electoral no eran partes indispensables sí eran necesarias; el P.A.C. tenía legitimación activa porque fue opositor en el proceso de inscripción del P.I.P., teniendo derecho a recurrir al tribunal para impugnar la decisión de la Comisión; y no existía cosa juzgada debido a que en el otro pleito ante el tribunal de instancia no se hizo determinación alguna con relación a la validez de la certificación de la Comisión a la luz de la sección 8.3 del Reglamento para la Inscripción de Partidos por Petición. CC-2005-983 11

modificación al Reglamento para lo cual se requería el

consentimiento unánime de los comisionados electorales.11

El foro de instancia determinó, además, que el

Reglamento para la Inscripción de Partidos por Petición

incluía una disposición casi idéntica a lo dispuesto en la

Ley Electoral donde se establecía, de igual forma, el 1 de

junio del año electoral como fecha límite para poder

presentar una solicitud de inscripción como partido por

petición. El referido foro señaló que era evidente que se

impusiera dicho límite, antes de que se llevaran a cabo las

elecciones generales, más sin embargo resolvió que no

11 Dicho Artículo 1.005 de la Ley Electoral, ante, dispone en lo relevante a la controversia ante este Tribunal que:

La Comisión Estatal de Elecciones será responsable de planificar, organizar, estructurar, dirigir y supervisar el organismo electoral y todos los procedimientos de naturaleza electoral que, conforme este subtítulo y sus reglamentos, rijan en cualquier elección a celebrarse en Puerto Rico. En el desempeño de tal función, tendrá, en adición, a cualesquiera otros dispuestos en este subtítulo, los siguientes deberes: … (l) Aprobar y adoptar las reglas y reglamentos que fueren necesarios para implantar las disposiciones de este subtítulo bajo su jurisdicción, los cuales tendrán vigencia, previa notificación al Gobernador y a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico mediante publicación al efecto en dos (2) periódicos de circulación general, dos (2) veces en un lapso de dos (2) semanas, sin que sea necesario el cumplimiento de las disposiciones de las secs. 2101 et seq. del Título 3, conocidas como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

Cualquier enmienda o modificación a los reglamentos aprobados por la Comisión requerirá el voto unánime de los Comisionados Electorales. … CC-2005-983 12

parecía existir propósito legítimo alguno detrás de limitar

el derecho a solicitar la inscripción de un partido entre la

celebración de unas elecciones y el fin del año.

En consecuencia, el tribunal de instancia concluyó que

la Comisión --al aplicar la Sección 8.3 del Reglamento para

la Inscripción de partidos por Petición, autorizando la

inscripción del P.I.P. antes de terminar el año electoral--

había hecho una interpretación flexible y cónsona con el

derecho que según la Ley Electoral tienen los electores de

participar en los procesos de inscripción de partidos

políticos. Por último, indicó que los tribunales debían

brindar deferencia a las interpretaciones que las agencias

administrativas efectuaban con relación a la ley cuya

ejecución les fue encomendada por la legislatura, ya que en

esos casos se presume que la agencia tiene un conocimiento

especializado sobre aquellos asuntos que le fueron

encomendados.

Ese mismo día, --culminado su proceso de recolección de

endosos y habiendo cumplido el P.I.P. con todos los

requisitos legales para quedar inscrito-- la Comisión lo

certificó como partido por petición. En virtud de lo

anterior, el P.A.C. y P.P.R. presentaron un segundo recurso

de revisión ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de San Juan, caso Civil Número KPE05-0049(904). CC-2005-983 13

Dicho recurso fue consolidado con el pleito de interdicto

preliminar y sentencia declaratoria.12

Inconforme y luego de haber presentado una moción de

reconsideración ante el foro de instancia, la cual fue

denegada el 20 de enero de 2005, el P.A.C. recurrió mediante

certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Alegó en

síntesis que erró el foro primario: al no haber ordenado que

el P.I.P. comenzara su inscripción luego de cumplir con lo

dispuesto en el Artículo 3.026 de la Ley Electoral, ante,

permitiendo, de esta forma, que se violara su derecho a la

12 Es preciso señalar que el 28 de marzo de 2005, el P.A.C. y P.P.R. presentaron una moción en los casos consolidados en cumplimiento con una orden del tribunal de instancia de que se expresara con respecto a una moción del P.I.P. solicitando se desestimara con perjuicio dicho pleito. En el mismo los demandantes hicieron constar lo siguiente:

“Recordará el Honorable Tribunal que se reconsideró y se reabrió el caso KPE-04-3481 sólo a los fines de atender los asuntos relacionados a la violación a la igual protección de las leyes y al mal uso de fondos públicos para fines privados. Por otro lado, en la solicitud de revisión KPE-04- 3623 se alega que se equivocó la Comisión estatal de Elecciones (Comisión) al no aplicar al P.I.P. la sección 8.3 del Reglamento de Inscripción de Partidos por Petición.

Surge de la sentencia del 28 de diciembre de 2004, dictada en la solicitud de revisión, KPE-04-3623, que dicha sentencia sólo resolvió la controversia de si hubo violación o no por parte de la Comisión a la sección 8.3 del Reglamento. En esa sentencia no se examinó la controversia en cuanto al uso de fondos públicos ni la violación a la igual protección de las leyes.

Recordará además el Honorable Tribunal que se solicitó la consolidación de la solicitud de revisión KPE-04-3623 con el pleito KPE-04-3481. este Honorable Tribunal no consolidó esos pleitos.” (Énfasis nuestro). CC-2005-983 14

igual protección de las leyes y que el P.I.P. utilizara

fondos públicos para su reinscripción; al presumir la

corrección de la decisión de derecho de la Comisión de no

aplicar al P.I.P. lo dispuesto en la Sección 8.3 del

Reglamento para la Inscripción de Partidos por Petición; y

al concluir que la Comisión interpretó válidamente el

referido Reglamento al autorizar la inscripción del P.I.P.

contrario al texto de la referida sección 8.3.

Luego de varios trámites e incidentes procesales, el

foro apelativo intermedio emitió sentencia confirmatoria de

la emitida por el tribunal de instancia. Primeramente, el

foro apelativo determinó, en lo aquí pertinente, que las

alegaciones del P.A.C. en torno a la igual protección de las

leyes y el trato desigual no estaban maduras para ser

adjudicadas por dicho foro en ese momento, toda vez que la

sentencia recurrida del tribunal de instancia se

circunscribió a resolver la validez de la certificación

emitida por la Comisión el 8 de noviembre de 2004, por lo

cual su función revisora se limitaba a lo allí dictaminado.

De otra parte, estableció que aun cuando la Ley Electoral

ordena la celebración de un juicio de novo ante el Tribunal

de Primera Instancia en el proceso de revisión judicial de

la decisión de la Comisión, los tribunales tenían que

prestar deferencia a las interpretaciones de ley que haga

dicha Comisión por lo cual procedía aplicar las normas

generales del Derecho Administrativo. De este modo, resolvió

que el foro primario aplicó correctamente la normativa CC-2005-983 15

vigente al determinar que la decisión de la Comisión era

cónsona con la Ley Electoral, analizando las disposiciones

del Reglamento para la Inscripción de Partidos por Petición

a base de lo dispuesto en dicha pieza legislativa.

Finalmente, estableció que coincidía con el foro primario en

el hecho de que no encontraba razonable ni que tuviera

propósito legítimo alguno que se impusiera un límite a la

inscripción de partidos luego de celebrada una elección

general. Conforme a ello, concluyó que la prohibición

dispuesta en la Sección 8.3 del Reglamento para la

Inscripción de Partidos por Petición, al contener un límite

en fechas para que un partido pudiera solicitar su

inscripción, coartaba los derechos de los electores a

participar en la inscripción de ese partido luego de haberse

celebrado el evento electoral. Siendo ello así, el referido

foro estableció que, por estar en contravención con los

derechos de inscripción de partidos políticos reconocidos en

la Ley Electoral, la Comisión no estaba obligada a seguir lo

dispuesto en su propio Reglamento.

Aun insatisfecho, el P.A.C. acudió --vía certiorari--

ante este Tribunal alegando, en síntesis, que incidió el

foro de instancia al:

... concederle deferencia a una determinación de la CEE que no tiene determinaciones de hechos ni de derecho y que se llevó a cabo en violación [de] su propia ley orgánica. ... al no concluir que la determinación de la CEE fue arbitraria y caprichosa. ... al permitir que el P.I.P. se inscribiese utilizando recursos públicos. CC-2005-983 16

Expedimos el recurso. Contando con la comparecencia de

ambas partes, y estando en condiciones de resolver el mismo,

procedemos a así hacerlo.

I

En su primer señalamiento de error, el P.A.C. indica

que erró el Tribunal de Apelaciones al concederle deferencia

a una determinación de la C.E.E. que no contiene

determinaciones de hechos ni de derecho y que fue acordada

en violación de su propia ley orgánica; ello por entender

que conforme el Artículo 1.016 de la Ley Electoral, 16

L.P.R.A. § 3016a, no podía utilizarse el criterio de

deferencia a la decisión de la Comisión, utilizado

generalmente en los casos administrativos, sino que debía

efectuarse un juicio de novo.

El procedimiento de la revisión de las decisiones de la

Comisión está regulado por las disposiciones del Artículo

1.016 de la Ley Electoral, 16 L.P.R.A. § 3016(a). A tales

efectos, el referido Artículo 1.016, ante, establece, en lo

aquí pertinente que:

Cualquier parte afectada por una resolución, determinación y orden de la Comisión Estatal podrá dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la misma recurrir ante el Tribunal de Primera Instancia mediante la radicación de un escrito de revisión. La parte promovente tendrá la responsabilidad de notificar copia del escrito de revisión a la Comisión Estatal y a cualquier parte afectada.

El Tribunal de Primera Instancia celebrará una vista en su fondo, recibirá evidencia y formulará CC-2005-983 17

las determinaciones de hecho y conclusiones de derecho que correspondan. El Tribunal deberá resolver dicha revisión dentro de un término no mayor de veinte (20) días, contados a partir de la fecha de sometida la misma.

Surge de la referida disposición estatutaria que la

Asamblea Legislativa estableció que la revisión de las

decisiones de la Comisión sería mediante un juicio de novo.

Véase: Miranda v. C.E.E., 141 D.P.R. 775, 784 (1996) citando

a P.N.P. v. Rodríguez Estrada, Pres. C.E.E., 123 D.P.R. 1,

30-31 (1988); véase, además, López Rosas v, Comisión Estatal

de Elecciones, res. el 30 de marzo de 2004, 2004 T.S.P.R.

47; Demetrio Fernández, Derecho Administrativo y Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da. ed., Colombia,

Forum, 2001, pág. 582.

En cuanto a los fundamentos que tuvo la Legislatura

para aplicar un criterio de revisión más riguroso a las

determinaciones de la Comisión Estatal de Elecciones que el

que usualmente se utiliza para la revisión de las agencias

administrativas, este Tribunal ha señalado que ello lo exige

y propicia “[t]anto la dinámica organizacional de la

Comisión Estatal --controlada por los partidos políticos--

como la forma particular en que se toman allí las

decisiones”. Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 D.P.R. 1,

19 (1989). Así pues, hemos establecido que toda vez que

“[l]as decisiones de la Comisión Estatal están sujetas a las

presiones e intereses partidistas” se justifica que en el CC-2005-983 18

escrutinio de las decisiones que emite la Comisión la

revisión judicial sea más abarcadora. Ibid.

Conforme a lo anterior, al evaluar una decisión de la

Comisión Estatal de Elecciones el tribunal de instancia no

está limitado por el expediente de la agencia, sino que

puede recibir “cualquier prueba que presenten las partes a

su favor, independientemente de que no haya sido presentada

a la agencia administrativa, y evaluarla según su propio

criterio sin necesidad de conferirse deferencia a la

decisión administrativa”. Román Ruiz v. E.L.A., 150 D.P.R.

639, 647 (2000): véase, además, Granados v. Rodríguez

Estrada I, ante, a la pág. 19: P.N.P. v. Rodríguez Estrada,

Pres. C.E.E., ante, a la pág. 31. De este modo, el foro

primario tiene la obligación “de celebrar una vista en su

fondo, recibir evidencia y hacer sus propias determinaciones

de hecho y conclusiones de derecho al revisar las

decisiones” de la Comisión. Granados Navedo v. Rodríguez

Estrada, ante, a las págs. 22-23; P.N.P. v. Rodríguez

Estrada, Pres. C.E.E., ante, a las págs. 30-31 (1988);

véase, además, Demetrio Fernández Quiñónez, Derecho

Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme, pág. 582.

Vale la pena señalar, como correctamente concluyó el

Tribunal de Apelaciones, que hemos establecido que el

tribunal de instancia debe, en aquellos casos en que la

determinación de la Comisión dependa principal o

exclusivamente de una cuestión de derecho electoral CC-2005-983 19

especializado, guardar la usual deferencia al mencionado

organismo administrativo. Granados v. Rodríguez Estrada I,

ante, a las págs. 20-21.

Independientemente de lo antes expresado y de si a la

luz de dichos hechos, la decisión de la Comisión debía, o

no, ser objeto de deferencia de parte del foro judicial, el

error no fue cometido; ello en vista de que el foro de

instancia --aun cuando al final de su sentencia mencionó que

las decisiones de las agencias se presumen correctas y

merecen la deferencia de los tribunales-- confirmó la

decisión de la Comisión luego de, efectivamente, haber

celebrado una vista, recibido prueba y haber escuchado los

planteamientos de las partes; esto es, el tribunal de

instancia llegó a su determinación luego de hacer su propio

análisis e interpretación del Reglamento para la Inscripción

de Partidos por Petición y la Ley Electoral. Conforme a lo

anterior, resulta evidente que aun cuando el foro primario

mencionó que se presumían válidas las decisiones

administrativas, dicho foro cumplió con la obligación

impuesta por el Artículo 1.016, ante.

II

El segundo señalamiento de error del peticionario se

reduce a que determinemos la validez, propiamente, de la

decisión de la Comisión de autorizar la solicitud del P.I.P.

de comenzar su proceso de inscripción antes que terminara el

año eleccionario en el 2004. CC-2005-983 20

Como es sabido, “[e]n el Preámbulo de nuestra

Constitución se recalca la importancia de la democracia para

la vida de la comunidad puertorriqueña y lo fundamental del

voto para la existencia de esa democracia.” Ortiz Angleró v.

Barreto Pérez, 110 D.P.R. 84, 92 (1980). Cónsono con lo

anterior, este Tribunal ha enfatizado que el derecho al voto

es fundamental y “[u]no de los derechos más preciados de

nuestra ciudadanía”, siendo un “pilar de nuestro sistema

democrático”. Granado v. Rodríguez Estrada I, ante, a la

pág.6; véanse, además, P.A.C. v. E.L.A., 150 D.P.R. 359,

387; P.P.D. v. Planadeball Poggy, 121 D.P.R. 570 (1988);

García v. Luciano, 115 D.P.R. 628 (1984); P.P.D. V. Barreto

Pérez, 111 D.P.R. 199 (1981).

En específico, la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico consagra el derecho al sufragio

universal estableciendo que “[l]as leyes garantizarán la

expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio

universal, igual, directo y secreto, y protegerán al

ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de la

prerrogativa electoral”. Art. II, Sec. 2, Const. E.L.A.,

L.P.R.A., Tomo 1; Granados v. Rodríguez Estrada I, ante.

Con respecto a dicho derecho, hemos establecido que en

su dimensión de participación política, éste “comprende el

derecho a formar agrupaciones para participar en el proceso

electoral”. P.A.C. v. E.L.A., 150 D.P.R. 359, 372 (2000);

Giménez v. J.E.E., 96 D.P.R. 943 (1968). De este modo, este

Tribunal ha señalado que “[e]n nuestro esquema de derecho CC-2005-983 21

constitucional, el derecho al voto no tan sólo comprende el

derecho a votar en las elecciones, sino que abarca el

derecho a que se incluyan en las papeletas las opciones que

reflejan las corrientes políticas contemporáneas del

elector”. P.A.C. v. E.L.A., 150 D.P.R. 359, 372 (2000),

citando a Ortiz Angleró v. Barreto Pérez, ante.

Ello es así, toda vez que los partidos son vehículos de

la voluntad electoral y --estando investidos de poderes

cuasi-gubernamentales-- son elementos básicos e

indispensables de toda democracia a través de los cuales se

canalizan pacíficamente las distintas tendencias políticas y

económicas de la sociedad en un momento dado. Véase:

Granados v. Rodríguez Estrada I, ante, esc. 12; P.A.C. v.

E.L.A., ante; P.A.C. v. C.E.E., 149 D.P.R. 244, 254-255

(1999); P.S.P. v. Com. Estatal de Elecciones, 110 D.P.R.

400, 406 (1987); P.P.D. v. Gobernador I, 139 D.P.R. 643,

668-669 (1995); P.R.P. v. E.L.A., 115 D.P.R. 631, (1984);

García Passalacqua v. Tribunal Electoral, 105 D.P.R. 49

(1976).

Ahora bien, no obstante la importancia del derecho al

voto y al de formar agrupaciones políticas, éstos no son

absolutos ni “tiene[n] credenciales de inimpugnabilidad”

teniendo la Asamblea Legislativa “facultad de regular el

ejercicio de ese derecho y todo lo concerniente al proceso

electoral”. P.N.P. v. Rodríguez Estrada, ante, a la pág. 30;

véanse, además, P.A.C. v. E.L.A., ante, a la pág. 372

(2000); P.S.P. v. Com. Estatal de Elecciones, 110 D.P.R. 400 CC-2005-983 22

(1980). Ello lo preceptúa nuestra Constitución al establecer

que “[s]e dispondrá por ley todo lo concerniente al proceso

electoral y de la inscripción de electores, así como lo

relativo a los partidos políticos y candidaturas”. Art. IV,

Sec. 4, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1; P.R.P. v. E.L.A.,

115 D.P.R. 631, (1984): P.N.P. v. Tribunal Electoral, 104

D.P.R. 741, 749-750 (1976); P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero

Barceló, 110 D.P.R. 248, 255 (1980).

Conforme a dicho mandato constitucional, este Tribunal

ha reiterado que la Asamblea Legislativa tiene una amplia

facultad y un amplio margen de autoridad para legislar en

asuntos de materia electoral y regular el proceso electoral.

P.S.P. v. Com. Estatal de Elecciones, ante, a la pág. 405;

véase, además, Ramírez de Ferrer v. Mari Brás, 144 D.P.R.

141 (1997); P.P.D. V. Barreto Pérez, ante; P.I.P. v. Romero

Barceló, ante; P.N.P. v. Tribunal Electoral, ante. Véase,

además, Raúl Serrano Geyls, Derecho Constitucional de

Estados Unidos y Puerto Rico, Vol. II, Colegio de Abogados

de Puerto Rico, Instituto de Educación Práctica, Inc. 1988,

a las págs. 1205-1206. Específicamente, y dentro de la

aludida facultad de la Legislatura, hemos reconocido como

lícita y apremiante “toda reglamentación que, sin

obstaculizar innecesariamente el voto, propenda a la

realización de un proceso electoral justo, ordenado, libre

de fraude, honesto e íntegro”. P.S.P. v. Com. Estatal de

Elecciones, ante, a las págs. 405-406; véanse, además,

P.A.C. v. E.L.A., ante; P.S.P., P.P.D. y P.I.P. v. Romero CC-2005-983 23

Barceló, 110 D.P.R. 248 (1980); García Passalacqua v.

Tribunal Electoral, 105 D.P.R. 49 esc. 9 (1976); P.N.P. v.

Tribunal Electoral, 104 D.P.R. 741 (1976).

En virtud de la referida delegación constitucional, la

Asamblea Legislativa aprobó la Ley Electoral de Puerto Rico,

ante, a través de la cual estableció, entre otras cosas, los

requisitos, detalles, trámites y formalidades requeridos

para la inscripción de partidos políticos. Primeramente y

conforme a nuestro ordenamiento constitucional, el antes

mencionado estatuto reconoció --a los efectos de garantizar

el libre ejercicio de la franquicia electoral y lograr la

más clara expresión de la voluntad del pueblo-- el derecho

del elector a participar en la inscripción de partidos y en

la inscripción de candidaturas independientes. Artículo

2.001 de la Ley Electoral, 16 L.P.R.A. § 3051(4). Conforme a

lo anterior, se estableció y definió en dicho estatuto lo

que significaba ser un partido político. A tales efectos,

dicha Ley definió partido político en general como partido

principal, partido por petición, partido local por petición

y partido coligado. Art. 1.003 de la Ley Electoral, 16

L.P.R.A. sec. 3003(38).

Específicamente, esta definición “nos remite, a su vez,

a las definiciones particulares que la Ley Electoral provee

de las distintas formas en que estatutariamente puede quedar

constituido un partido. Guadalupe Tirado v. Comisión Estatal

de Elecciones, res. el 28 de junio de 2005, 2005 T.S.P.R. CC-2005-983 24

91. En lo aquí pertinente, en dicho estatuto se define de

forma general “partido por petición” como:

“cualquier agrupación de ciudadanos que, con el propósito de figurar en las papeletas electorales de unas elecciones generales, se inscriba como partido político en la Comisión Estatal de Elecciones mediante la radicación de peticiones juradas al efecto, suscritas por un número de electores no menor del cinco (5) por ciento del total de votos depositados para todos los candidatos al cargo de Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en la elección general precedente”. Artículo 1.003 de la Ley Electoral, 16 L.P.R.A. § 3003(41).

Es de notar que en la referida definición general de lo

que es un “partido por petición” no se establece límite

alguno de fecha con respecto a cuándo deben presentarse las

solicitudes para la inscripción de un partido durante un año

electoral.

No obstante lo anterior, en otra disposición de la

Ley, además de mencionarse lo establecido en la antes

mencionada definición, la Legislatura estableció

expresamente que las solicitudes para inscribir un partido

por petición tenían que ser presentadas en o antes del 1ro

de junio del año eleccionario. A tales efectos, dicho

estatuto dispone que:

Se considerará como "Partido por Petición" a cualquier agrupación de ciudadanos que, con el propósito de figurar en la papeleta electoral de unas elecciones generales, en o antes del primero de junio del año de elecciones se inscriba como partido político, mediante la radicación ante la Comisión de peticiones juradas al efecto, ante notarios públicos admitidos al ejercicio de la notaría, a tenor con lo dispuesto por la Ley Notarial vigente, quienes percibirán de la Comisión Electoral un dólar por cada petición CC-2005-983 25

notarizada válida como honorarios suscritas por un número de electores no menor del cinco (5) por ciento del total de votos depositados para todos los candidatos al cargo de Gobernador en la elección general precedente. Debiéndose presentar, además, un programa de gobierno o plataforma política, así como los nombres y direcciones de un grupo de electores que constituyan su organismo directivo central. Artículo 3.001 de la Ley Electoral, 16 L.P.R.A. § 3101.

De otra parte, a través de dicha pieza legislativa, la

Legislatura creó la Comisión Estatal de Elecciones. Artículo

1.004 de la Ley Electoral, 16 L.P.R.A. § 30004. Con respecto

a dicho organismo, hemos señalado que su “estructura básica

administrativa y decisional responde a un sistema electoral

político contencioso en que se detectan tres notas

sobresalientes: (1) impone a los partidos políticos la

responsabilidad de estructurar e inspeccionar todos los

procedimientos de naturaleza electoral a regir en los

procesos eleccionarios; (2) que la formulación e

implementación de ese mandato se logren mediante el consenso

unánime de los partidos; y (3) que de ese proceso se ejerza

la mutua fiscalización partidista. Granados v. Rodríguez

Estrada I, 124 D.P.R. 1 (1989), citando a P.S.P. v. Com.

Estatal de Elecciones, 110 D.P.R. 400, 406-407 (1980). Así

pues, la legislatura facultó a la Comisión para que

estableciera los reglamentos necesarios para la inscripción

de partidos.

En cumplimiento con dicha encomienda, el 23 de enero de

2002, la Comisión --con el consentimiento de todos los

Comisionados Electorales-- aprobó el Reglamento para la CC-2005-983 26

Inscripción de Partidos por Petición con el propósito de

estructurar el proceso de inscripción de los partidos por

petición y partidos locales por petición.13 En dicho

Reglamento se adoptó por referencia la antes mencionada

definición de partido por petición establecida en la Ley

Electoral. Sección 1.3 del Reglamento para la Inscripción de

Partidos por Petición. El mencionado Reglamento, además de

establecer requisitos para la inscripción de partidos por

petición, establece, en la Sección 8.3, que la Comisión no

aceptará solicitudes para la inscripción de nuevos partidos

desde el 1ro. de junio hasta el 31 de diciembre del año en

que se celebren elecciones generales. Ciertamente, dicha

disposición reglamentaria lo que en última instancia hace,

es establecer un período específico de tiempo --con comienzo

y final-- durante el cual no se pueden radicar las

solicitudes de partido por inscripción.

Siendo ello así, --y habiendo el P.I.P. radicado su

solicitud para inscribir el partido dentro del período de

tiempo que contempla, y prohíbe, la antes mencionada Sección

8.3 del Reglamento de la Comisión-- debemos resolver si la

actuación de la Comisión, con el voto unánime de los

Comisionados Electorales, aprobando la referida solicitud de

inscripción es una válida en derecho.

13 En ese momento los Comisionados Electorales eran los mismos que participaron en la decisión que se impugna en el presente caso excepto la Comisionada Electoral del P.I.P. que en ese momento era Damaris Mangual Vélez. CC-2005-983 27

Como recordaremos, tanto el tribunal de instancia como

el tribunal apelativo intermedio fueron, en síntesis, del

criterio que la actuación de la Comisión había sido una

válida en derecho ya que: no obstante la Sección 8.3

establecer un período de veda para la inscripción de

partidos por petición, la referida prohibición no era

razonable ni tenía propósito legítimo alguno; la misma

coartaba los derechos de los electores a participar en la

inscripción de partidos; y que la actuación unánime de los

Comisionados, aprobando la solicitud del P.I.P. había tenido

el efecto de enmendar el Reglamento.

III

Sabido es que las decisiones de la Comisión --foro

administrativo que tiene una organización política-- deben

fundarse en la vigencia plena del Estado de Derecho y en la

protección de los derechos políticos y sociales que entran

en juego en la administración de la Ley Electoral, y no en

preferencias políticas. Véase: Granados v. Rodríguez Estrada

I, 124 D.P.R. 1 (1989), citando a P.N.P. v. J.E.E., 96

D.P.R. 961, 962-963 (1968). Los acuerdos de la Comisión

tienen que ser conforme a la ley y la Constitución, es decir

están limitados por éstas. P.N.P. y P.I.P. v. Rodríguez

Estrada, 122 D.P.R. 490, 515-516 (1988).

Debe enfatizarse, por otro lado, que “[p]or su

naturaleza, a la Comisión le aplican normas vigentes

elementales en derecho administrativo, tales como que un CC-2005-983 28

reglamento promulgado para implementar la ejecución de una

ley puede complementarla, pero no estar en conflicto con

ésta. Véase: Ex Parte Irizarry, 66 D.P.R. 672 (1946). Dicho

de otra manera, un reglamento o actuación administrativa

claramente en conflicto, o en contra de la ley, es nulo.

Infante v. Tribunal Examinador Médicos, 84 D.P.R. 308

(1961); P.S.P. v. Com. Estatal de Elecciones, 110 D.P.R.

400, 409 (1987).

Ello así ya que, conforme expresáramos en Perfect

Cleaning Services, Inc. v. Corporación del Centro

Cardiovascular de P.R., res. el 16 de agosto de 2004, 2004

T.S.P.R. 138, “... es norma altamente conocida que la

autoridad de una agencia administrativa para aprobar reglas

o reglamentos surge directamente de su ley habilitadora ...”

y que la misma descansa “... en la premisa de carácter

absoluto de que el poder de aprobar reglas y reglamentos no

puede trascender la autoridad delegada”. (Énfasis suplido).

De otra parte, procede que enfaticemos lo resuelto en

Ex parte Irizarry, ante, a los efectos de que el texto de

una ley jamás debe entenderse modificado o suplantado por el

reglamentario y que en cualquier conflicto entre el texto de

la ley y su reglamento debe prevalecer el de la ley. Por

último, resulta altamente pertinente a la controversia hoy

ante nuestra consideración, lo expresado por este Tribunal

en el citado caso de Ex parte Irizarry, ante, a los efectos

de que el “... fin perseguido al delegar el poder de

reglamentación no puede ser otro que el de implementar la CC-2005-983 29

ejecución de la ley pero nunca puede ese poder ejercitarse

en tal forma que sustituya al criterio del legislador por el

de la junta ...”. (Énfasis suplido).

Como hemos visto, la Legislatura estableció, en lo

pertinente, que se “... considerará como ‘Partido por

Petición’ a cualquier agrupación de ciudadanos que, con el

propósito de figurar en la papeleta electoral de unas

elecciones generales, en o antes del primero de junio del

año de elecciones se inscriba como partido político,

mediante la radicación ante la Comisión de peticiones

juradas al efecto, ...”. 16 L.P.R.A. sec. 3101(3).

El propósito detrás del requisito de la radicación de

las peticiones en o antes del primero de junio del año en

que se celebran las elecciones generales es obvio: la

Comisión necesita tiempo para pasar juicio, y resolver, la

solicitud radicada y para, de cumplir esa agrupación de

ciudadanos con todos los requisitos exigidos, poder

asegurarse que dicho partido por petición aparezca en las

papeletas de votación correspondiente.

Es importante resaltar que la Legislatura no estableció

una prohibición como la establecida por la Comisión mediante

la Sección 8.3 de su Reglamento. Es claro, pues, que no

medió intención legislativa alguna de limitar la

presentación de solicitudes para la inscripción de nuevos

partidos desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre del

año en que se celebren elecciones generales, solicitudes que

evidentemente procurarían la inscripción de partidos para CC-2005-983 30

elecciones posteriores a las de ese año. La Legislatura

sencillamente no lo hizo.

Somos del criterio que la Comisión no estaba facultada

para exigir, o añadir, un requisito o limitación que el

legislador no tuvo a bien establecer. Se excedió la Comisión

en sus facultades al establecer, en la Sección 8.3 del

Reglamento, que no aceptaría solicitudes para la inscripción

de nuevos partidos desde el 1 de junio hasta el 21 de

diciembre del año en que se celebren elecciones generales.

Su acción es una ultra vires, que es contraria a la ley y,

por tanto, nula. Véase: Ex parte Irizarry, ante; Perfect

Cardiovascular de P.R., ante.

IV

Por último, en su tercer señalamiento de error, la

peticionaria aduce que erró el Tribunal de Apelaciones al

permitir que el P.I.P. se inscribiese con recursos públicos,

concluyendo que la controversia del uso ilegal de fondos

públicos y violación a la igual protección de las leyes no

estaba madura por razón de que el foro primario, en el

recurso de revisión, no abordó el asunto sino que se estaba

litigando en el pleito del interdicto preliminar y sentencia

declaratoria.

Con respecto a dicho señalamiento de error, basta con

expresar que en el presente caso no existe controversia con

respecto a que la peticionaria presentó dos recursos CC-2005-983 31

distintos ante dos salas del tribunal de instancia que

surgieron de la determinación de la Comisión; a saber, (1)

un recurso de revisión administrativo, caso Civil Número

KPE04-3623(907), que es el que tenemos ante nuestra

consideración en este momento, y (2) una demanda solicitando

un remedio interdictal y de sentencia declaratoria, caso

Civil Número KPE04-3623(904).14

Al así actuar, se creó una dicotomía con respecto a las

salas del foro primario que estaban atendiendo las

alegaciones de la peticionaria, aun cuando todas tenían su

origen en la resolución de la Comisión de autorizar la

inscripción del P.I.P. De una parte, ante la sala del

tribunal de instancia que tenía el presente recurso de

revisión administrativa se estaba dilucidando exclusivamente

la controversia con respecto a la validez de la

certificación emitida por la Comisión conforme a la sección

8.3 del Reglamento para la Inscripción de Partidos por

Petición. De otra parte, ante la sala del foro primario que

está atendiendo el interdicto preliminar y la sentencia

declaratoria, se están dilucidando las reclamaciones de

utilización ilegal de fondos públicos por parte del P.I.P. y

el trato desigual electoral.

Dicha fragmentación de controversias fue consecuencia

directa de las actuaciones de la peticionaria y surge

14 Como mencionamos anteriormente, dicho caso fue consolidado con el segundo recurso de revisión presentado por el P.A.C. y P.P.R. caso Civil Número KPE05-0049, cuando la Comisión certificó al P.I.P. como partido por petición. CC-2005-983 32

claramente de dictámenes emitidos por ambas salas del foro

primario. Particularmente, en la resolución del foro

primario, atendiendo el interdicto preliminar, éste fue

enfático al señalar que reabriría el caso únicamente con

respecto a las alegaciones de utilización de fondos públicos

y trato desigual electoral debido a que la determinación de

la validez de la decisión de la Comisión se estaba

dilucidando en el recurso de revisión administrativa. Por

otra parte, el tribunal de instancia en el recurso de

revisión administrativa estableció, expresamente, en su

sentencia que sólo estaba resolviendo la controversia con

respecto a la posible violación de la Comisión de la Sección

8.3 al aprobar el Reglamento para la Inscripción de Partidos

por Petición.

Más aun, el presidente y representante legal del

P.A.C., a través de una moción en cumplimiento de orden

radicada ante la sala del foro primario ante la cual se

encuentra el pleito del remedio interdictal, expresamente

aceptó lo anterior al señalar, que “[r]ecordará el Honorable

Tribunal que se reconsideró y se reabrió el caso KPE-04-3481

sólo a los fines de atender los asuntos relacionados a la

violación a la igual protección de las leyes y al mal uso de

fondos públicos para fines privados.” Más adelante, agregó

que: “[s]urge de la sentencia del 28 de diciembre de 2004,

dictada en la solicitud de revisión, KPE-04-3623, que dicha

sentencia sólo resolvió la controversia de si hubo violación

o no por parte de la Comisión a la sección 8.3 del CC-2005-983 33

Reglamento. En esa sentencia no se examinó la controversia

en cuanto al uso de fondos públicos ni la violación a la

igual protección de las leyes”. Por último, indicó éste que

“[r]ecordará además el Honorable Tribunal que se solicitó la

consolidación de la solicitud de revisión KPE-04-3623 con el

pleito KPE-04-3481. Este Honorable Tribunal no consolidó

esos pleitos.” (Énfasis nuestro).

En dicha moción se aceptó todo lo anterior para

argumentar que no debía darse por desistido con perjuicio a

P.P.R. de lo argumentado en el segundo recurso de revisión

electoral toda vez que siendo las controversias presentadas

en ambos recursos distintas, el P.P.R. sólo había desistido

de sus reclamaciones en el recurso de revisión electoral

aquí en cuestión.

Habiéndose fragmentado las controversias, el foro

primario nunca tuvo ante sí las antes mencionadas

alegaciones de utilización de fondos públicos y trato

desigual en este recurso; únicamente pasó juicio sobre la

validez del acuerdo unánime de la Comisión. Siendo ello así,

el tribunal apelativo intermedio solamente podía revisar y

resolver la controversia que fue debidamente planteada ante

el tribunal de instancia de la cual se está revisando la

determinación; es decir sólo podía revisar la validez de la

autorización dada por la Comisión para que el P.I.P.

comenzara su proceso de inscripción. Conforme a lo anterior,

somos del criterio que no erró el Tribunal de Apelaciones al

limitar su función revisora a la controversia con respecto a CC-2005-983 34

la validez de la certificación emitida por la Comisión

autorizando la inscripción del P.I.P. antes que finalizara

el año eleccionario ello en vista de que el tribunal de

instancia en el recurso de revisión no resolvió ni tuvo ante

su consideración ninguna otra alegación.

V

Por los fundamentos antes expresados, procede confirmar

la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones el 30 de

junio de 2005, en cuanto dicho foro validó la inscripción

del Partido Independentista Puertorriqueño.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Partido Independentista CC-2005-983 CERTIORARI Puertorriqueño, Comisión Estatal de Elecciones, Aurelio Gracia, Gerardo Cruz, Thomas Rivera, Juan Dalmau y Estado Libre Asociado de Puerto Rico

SENTENCIA

Por los fundamentos expresados en la Opinión que antecede, la cual forma parte íntegra de esta Sentencia, se confirma la decisión emitida el 30 de junio de 2005 en el presente caso por el Tribunal de Apelaciones, en cuanto ésta validó la inscripción del Partido Independentista Puertorriqueño.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo Interina. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez concurrió en el resultado sin opinión escrita.

Dimarie Alicea Lozada Secretaria del Tribunal Supremo Interina