Córdova Iturregui Y Otros v. . Cámara De Representantes y Otros ——————————————– Raquel Del Valle (Desistió) Y Otros v. González Rodríguez Y Otros

2007 TSPR 133

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: June 29, 2007
• Docket: CC-2007-0350 CC-2007-0361
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José Córdova Iturregui y Otros

Peticionarios Certiorari vs. 2007 TSPR 133 Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de 171 DPR ____ Puerto Rico y Otros

Recurridos

Raquel del Valle (Desistió) y Otros

Peticionarios

vs.

Francisco González Rodríguez Y Otros

Número del Caso: CC-2007-350 Cons. CC-2007-361

Fecha: 29 de junio de 2007

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan/Humacao, Panel V

Juez Ponente:

Hon. Lourdes Velásquez Cajigas

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Héctor M. Collazo Maldonado Lcdo. José A. Rodríguez Jimenez

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Ángel J. Vargas Carcaña Lcdo. Kevin Miguel Rivera-Medina Lcdo. Richard W. Markus Lcdo. Manuel D. Herrero Lcdo. Carlos E. Pérez Acosta

Colegio de Abogados de Puerto Rico:

Lcdo. Marcos A. Ramírez Lavadero Lcdo. José Luis González Castañer

Materia: Violación de Derechos Civiles

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José Córdova Iturregui y Otros * * Peticionarios * * vs. * CC-2007-350 * * Cámara de Representantes del * Estado Libre Asociado de * Puerto Rico y Otros * * Certiorari Recurridos * ********************************** Raquel del Valle (Desistió) * y Otros * * Consolidados Peticionarios * * vs. * CC-2007-361 * Francisco González Rodríguez * y Otros * * Recurridos * *********************************

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente señor Hernández Denton

San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2007.

El caso ante nuestra consideración requiere que

resolvamos si los tribunales pueden ordenarle a la Asamblea

Legislativa que inicie el proceso para enmendar la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a los

fines de que la Rama Legislativa esté constituida por una

sola cámara, luego de que el electorado favoreció el modelo

unicameral en el referéndum celebrado el 10 de julio de

2005. En específico, requiere que determinemos si es

exigible judicialmente el mandato dispuesto en la Ley Núm. CC-2007-350 CC-2007-361 2

477 del 23 de septiembre de 2004, denominada “Ley del

Referéndum sobre el Sistema Cameral de la Asamblea

Legislativa”.

Para ello, debemos repasar los postulados

fundamentales de nuestro sistema republicano de gobierno.

Asimismo, debemos examinar el procedimiento que contempla

nuestro ordenamiento constitucional para enmendar la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Finalmente, nos corresponde interpretar el alcance y

validez del mandato recogido en la Ley Núm. 477, para

resolver, en última instancia, la procedencia del mandamus

a la luz de los principios discutidos.

Al examinar la referida Ley Núm. 477 a la luz del

Artículo VII, Sección 1 de nuestra Constitución, el cual

delega en la Asamblea Legislativa la decisión de iniciar el

proceso de enmienda constitucional, concluimos que la misma

es contraria a dicha disposición toda vez que establece un

proceso de enmienda ajeno tanto a la letra como al espíritu

de nuestro ordenamiento. En vista de ello, resolvemos que

el mandato allí establecido resulta inoficioso y, por ende,

no se puede exigir judicialmente.

I.

La Decimocuarta Asamblea Legislativa de Puerto Rico

aprobó la Ley Núm. 477 del 23 de septiembre de 2004,

denominada “Ley del Referéndum sobre el Sistema Cameral de

la Asamblea Legislativa” (en adelante, Ley Núm. 477) con el

fin de celebrar un referéndum en el Estado Libre Asociado

de Puerto Rico en el que los electores pudiesen expresar si CC-2007-350 CC-2007-361 3

preferían mantener una Asamblea Legislativa bicameral o

cambiar a un sistema unicameral. Dicho proyecto no incluía

enmiendas específicas a la Constitución, pero se dispuso

que de favorecerse un sistema unicameral se celebraría un

segundo referéndum en el cual se propondrían las enmiendas

constitucionales necesarias para cambiar a un sistema

unicameral.

Celebrado el Referéndum el 10 de julio de 2005,

resultó victoriosa -con un 83.8% de los votos emitidos- la

alternativa de la unicameralidad. Por tanto, no hay

controversia en cuanto a que la mayoría del electorado que

se expresó mediante dicho proceso electoral prefiere que la

Asamblea Legislativa inicie el proceso para enmendar la

Constitución de tal forma que dicha rama se componga de una

sola cámara.

Posteriormente, y como consecuencia del resultado de

dicha consulta, el Senado de Puerto Rico aprobó con dos

terceras partes de sus miembros un proyecto de resolución

en el cual se estableció una propuesta de enmienda a la

Constitución con el fin de establecer el sistema

unicameral. Dicho proyecto proponía enmiendas específicas a

la Constitución que, de ser aprobadas por la Cámara de

Representantes, serían sometidas para la consideración del

electorado en una elección especial a ser celebrada

posteriormente. Dicho proyecto se descargó en la Cámara de

Representantes pero no obtuvo los votos de las dos terceras

partes de los miembros de esa Cámara necesarios para su CC-2007-350 CC-2007-361 4

aprobación. Allí terminó cualquier intento de enmienda a

nuestra Constitución.

En vista de ello, el 14 de noviembre de 2006, un grupo

de ciudadanos presentó un auto de mandamus y Sentencia

Declaratoria ante el Tribunal de Primera Instancia en

contra de la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto

Rico. Solicitaron la intervención de los tribunales para

poner en vigor el mandato contenido en la Ley Núm. 477 y

así exigir a la Rama Legislativa que aprobara las enmiendas

necesarias para viabilizar el establecimiento del sistema

unicameral en Puerto Rico. Posteriormente, otro grupo de

ciudadanos presentó idéntica reclamación, por lo que ambos

recursos fueron consolidados (en adelante, haremos

referencia a todos los demandantes como “los

peticionarios”).

Tanto la Cámara de Representantes como el Senado de

Puerto Rico comparecieron a oponerse mediante una moción de

desestimación. Alegaron que el mandato recogido en la Ley

Núm. 477 atenta contra nuestro sistema republicano de

gobierno y la separación de poderes. Asimismo, sostuvieron

que la doctrina de inmunidad parlamentaria impide que los

tribunales puedan intervenir en este asunto.

Eventualmente, el Colegio de Abogados de Puerto Rico

solicitó intervenir como amicus curiae, a lo que accedió el

Tribunal de Primera Instancia. En su comparecencia, dicha

organización argumentó que existe una obligación de la CC-2007-350 CC-2007-361 5

Cámara de Representantes de someter enmiendas

constitucionales al pueblo.1

Luego de los trámites procesales de rigor, el tribunal

de instancia desestimó el recurso de los peticionarios por

entender que la controversia ante su consideración no es

susceptible de revisión judicial. Concluyó que el mandato

recogido en la Ley Núm. 477, supra, no es auto-ejecutable

toda vez que depende de acciones legislativas posteriores.

Por tanto, resolvió que el recurso de mandamus no procede

en derecho para atender un asunto en el cual el legislador

tiene amplio margen de discreción.

Inconformes con la Sentencia emitida por el Tribunal

de Primera Instancia, los peticionarios sometieron recursos

separados ante el Tribunal de Apelaciones. Dicho foro

consolidó ambos recursos y autorizó al Colegio de Abogados

a intervenir nuevamente como amigo de la corte. Examinadas

las comparecencias de todas las partes, el Tribunal de

Apelaciones confirmó la Sentencia del foro de instancia

tras concluir que el proceso contemplado en la Ley Núm.

477, supra, es contrario a lo dispuesto en la Constitución

y, además, que la inmunidad parlamentaria impide a los

tribunales poner en vigor el mandato recogido en la

referida ley.

1 En su comparecencia, el Colegio de Abogados plantea que el Art. VII no agota las posibles maneras de enmendar la Constitución. Por otro lado, sostiene que, una vez se somete un asunto mediante referéndum al voto directo del pueblo y prevalece cierta opción, las cámaras legislativas están obligadas por ese resultado y están obligadas a actuar de conformidad con el mismo. CC-2007-350 CC-2007-361 6

De esta sentencia los peticionarios acuden ante nos

mediante dos recursos separados2. En esencia, aducen que

erró el Tribunal de Apelaciones al negarse a ordenar a la

Asamblea Legislativa a que inicien el proceso de enmendar

la Constitución. Sostienen que no es de aplicación la

doctrina de cuestión política ni la de inmunidad

parlamentaria, por lo que erró al resolver que el asunto no

era justiciable. Arguyen, además, que erró el foro

intermedio al sostener que el concepto de democracia

representativa adoptado en nuestra Constitución impide que

la Rama Legislativa se comprometa con el pueblo a acatar el

resultado de una consulta electoral sobre el inicio de un

proceso de enmienda a la Constitución del E.L.A.3

2 El primer recurso fue presentado el 2 de mayo de 2007. Dos días después, el 4 de mayo de 2007, se presentó el otro recurso.

En específico, en el recurso CC-2007-361 se planteó la 3

comisión de los siguientes errores:

Erró el Tribunal de Apelaciones al resolver que la Constitución de E.L.A. al adoptar el concepto de democracia representativa impide que la Asamblea Legislativa consulte al Pueblo sobre su deseo de iniciar un procedimiento de enmienda constitucional en virtud del artículo VII, sección I de la Constitución. Así también que en la ley que promueve la consulta se pueda legislar un mandato donde el poder legislativo se comprometa con el Pueblo a acatar el resultado electoral.

Erró el Tribunal de Apelaciones al resolver que la inmunidad Parlamentaria prohíbe que los legisladores sean judicialmente sancionados mediante un recurso de desacato por no cumplir con un mandato electoral validamente emitido en las urnas por el pueblo de Puerto Rico. Al así resolver niega el recurso de Mandamus, que es el único CC-2007-350 CC-2007-361 7

Ordenamos la consolidación de las peticiones y le

concedimos a todas las partes un término para exponer sus

respectivas posiciones sobre la controversia de autos4.

Cumpliendo con lo ordenado, el Senado de Puerto Rico

compareció el 7 de junio y la Cámara de Representantes el

11 de junio de 2007. El caso quedó sometido para su

resolución el 12 de junio de 2007. Sin ulterior trámite y a

tenor con lo dispuesto en la Regla 50 del Reglamento del

Tribunal Supremo, resolvemos.

II.

A.

Como es sabido, en Puerto Rico se adoptó un sistema

republicano de gobierno compuesto de tres poderes

separados, a saber; la Rama Ejecutiva, la Rama Legislativa ____________________________________ remedio judicial disponible para los demandantes.

De otra parte, los peticionarios que comparecieron en el recurso CC-2007-350 sostuvieron que:

Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia quien desestimó la demanda del presente caso basándose en que el asunto planteado no era justiciable por ser una cuestión política.

Incurrió en grave error de derecho el Tribunal de Apelaciones al negarse a validar el resultado electoral del referéndum del 10 de julio de 2005 y resolver que la inmunidad parlamentaria invocada por los demandados estaba por encima de la soberanía del pueblo y del mandato popular expresado mediante sufragio universal de la ciudadanía. 4 El 18 de mayo de 2007 emitimos una Resolución concediéndole treinta (30) días a las partes para que presentaran sus alegatos. Posteriormente, el 5 de junio de 2007, modificamos dicho término y les concedimos hasta el 11 de junio de 2007 para comparecer. CC-2007-350 CC-2007-361 8

y la Rama Judicial. Así lo establece el Artículo I, Sección

2 de nuestra Constitución:

El gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendrá forma republicana y sus Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, según se establece por esta Constitución, estarán igualmente subordinados a la soberanía del pueblo de Puerto Rico. 1 L.P.R.A., Tomo I.

La coexistencia de estas ramas de gobierno provee un

sistema de pesos y contrapesos que tiene como fin generar

un equilibrio dinámico entre poderes coordinados y de igual

rango y, así, evitar la concentración de poder en uno de

ellos. Misión Industrial de P.R. v. Junta de Planificación,

146 D.P.R. 64 (1998). Asimismo, protege la libertad de los

ciudadanos y evita que una de las ramas amplíe su autoridad

a expensas de las otras. Id; Acevedo Vilá v. Meléndez

Ortiz, res. el 7 de junio de 2005, 2005 TSPR 79.

La teoría de la separación de poderes requiere que las

facultades delegadas por el pueblo en la Carta Constitutiva

se distribuyan entre esas tres ramas. Silva v. Hernández

Agosto, 118 D.P.R. 45 (1986). Esta división tripartita

conlleva una delegación constitucional de funciones. De

esta forma, la Constitución no sólo proveyó un esquema de

separación de poderes sino que dispuso el ámbito de acción

de cada uno.

Conforme a lo anterior, se ha desarrollado la doctrina

de separación de poderes con el fin de salvaguardar la

independencia de cada rama de gobierno. Acevedo Vilá v.

Meléndez Ortiz, supra; Colón Cortés v. Pesquera, 150 D.P.R.

724 (2000). Ello resulta fundamental para nuestro esquema CC-2007-350 CC-2007-361 9

democrático de gobierno, por lo que no constituye una mera

conveniencia o mecanismo de organización gubernamental.

Véase, Colón Cortés v. Pesquera, supra, citando a United

Workers v. Mitchell, 330 U.S. 75, 91 (1947). Por

consiguiente, debemos ser fieles a dicha normativa.

No obstante, conviene aclarar que la doctrina de

separación de poderes no supone una separación absoluta de

funciones, sino una relación dinámica y armoniosa en la que

cada rama acepta y respeta la autoridad de las otras así

como la interrelación de sus funciones. Id.; Sánchez v.

Secretario de Justicia, res. el 28 de junio de 2002, 2002

TSPR 98.

Como corolario de la doctrina de separación de

poderes, y en aras de respetar el radio de acción de cada

rama de gobierno, este Tribunal ha desarrollado una

doctrina de auto-limitación judicial. Al amparo de dicha

doctrina, hemos establecido que la Rama Judicial no

intervendrá en determinada controversia cuando se trata de

resolver una cuestión política; cuando una de las partes no

tiene capacidad jurídica para promover un pleito; cuando

después de comenzado un pleito, hechos posteriores lo

convierten en académico; cuando las partes buscan obtener

una "opinión consultiva", o cuando se promueve un pleito

que no está maduro. Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R.

406 (1994).

En lo pertinente al caso que nos ocupa, la doctrina de

cuestión política impide la revisión judicial de asuntos

que fueron delegados a las otras ramas políticas del CC-2007-350 CC-2007-361 10

gobierno o, en última instancia, al electorado. P.P.D. v.

Rosselló González, 136 D.P.R. 916 (1994); Noriega Rodríguez

v. Jarabe, 136 D.P.R. 497 (1994). Específicamente, en

Noriega v. Hernández Colón, supra, establecimos que un

asunto no es justiciable, o susceptible de adjudicación

judicial, por plantear una cuestión política cuando: (1)

éste ha sido asignado textualmente por la Constitución a

otra rama del Gobierno; (b) no existan criterios de

decisión susceptibles de descubrirse y administrarse por

los tribunales, o bien por la presencia de otros factores

análogos, y (c) existen consideraciones derivadas de la

prudencia.

En síntesis, la doctrina de cuestión política limita

nuestra intervención judicial en asuntos que claramente son

de la injerencia de las ramas políticas del Gobierno.

Reiteramos que se trata de una restricción inherente a la

división tripartita de nuestro sistema republicano. Acevedo

Vilá v. Meléndez Ortiz, supra.

Ahora bien, la Rama Judicial tiene el poder de

determinar si las otras ramas del gobierno observaron las

limitaciones constitucionales y si los actos de una de

éstas exceden sus poderes delegados. Silva v. Hernández

Agosto, supra. Ello significa que los tribunales podemos

precisar las funciones correspondientes a las distintas

ramas de gobierno, pero no inmiscuirnos en ellas. En vista

de ello, si las actuaciones del Poder Legislativo están

dentro del marco constitucional y corresponden

exclusivamente a sus poderes delegados, debemos ser CC-2007-350 CC-2007-361 11

deferentes y restringir nuestra intervención en lo que

respecta a ese asunto.

Aclarado lo anterior, y a la luz de la doctrina de

cuestión política, debemos determinar únicamente a cuál de

las ramas corresponde decidir si procede iniciar un proceso

de enmienda a la Constitución del E.L.A.

B.

Nuestra Constitución dispuso en forma detallada los

mecanismos para viabilizar su modificación en el Artículo

VII. Por su importancia, transcribimos in extenso la

Sección 1 del referido artículo:5

Sección 1- La Asamblea Legislativa podrá proponer enmiendas a esta Constitución mediante resolución concurrente que se apruebe por no menos de dos terceras partes del número total de los miembros que se compone casa cámara. Toda proposición de enmienda se someterá a los electores capacitados en referéndum especial, pero la Asamblea Legislativa podrá, siempre que la resolución concurrente se apruebe por no menos de tres cuartas partes del número total de los miembros de que se compone cada cámara, disponer que el referéndum se celebre al mismo tiempo que la elección general siguiente. Cada proposición de enmienda deberá votarse separadamente y en ningún caso se podrá someter más de tres proposiciones de enmienda en un mismo referéndum. Toda enmienda contendrá sus propios términos de vigencia y formará parte de esta Constitución si es ratificada por el voto de la mayoría de los electores que voten sobre el particular. Aprobada una proposición de enmienda, deberá publicarse con tres meses de antelación, por lo menos, a la fecha del referéndum.

Vemos, pues, que los padres de nuestra Constitución

diseñaron un procedimiento de enmienda que: (1) requiere la

5 Concentramos nuestro análisis en el proceso dispuesto en la Sección 1 del Art. VII, toda vez que fue el mecanismo contemplado en la Ley Núm. 477, supra. CC-2007-350 CC-2007-361 12

aprobación de por lo menos dos terceras (2/3) partes de los

miembros de cada cámara legislativa; (2) exige que la

enmienda sea sometida al electorado en referéndum especial

o en una elección general si lo aprueban por lo menos tres

cuartas (3/4) partes del número total de los miembros de

cada cámara; (3) dispone que cada proposición de enmienda

deberá votarse separadamente; (4) limita el número de

proposiciones de enmienda a tres (3) en un mismo

referéndum; (5) establece que toda enmienda contendrá sus

términos de vigencia; (6) requiere el voto afirmativo de la

mayoría de los electores que voten sobre el particular, y

(7) exige que la proposición de enmienda sea publicada por

lo menos noventa (90) días antes del referéndum. Berríos

Martínez v. Rosselló González, 137 D.P.R. 195 (1994).

Evidentemente, mediante dicha normativa se estableció

un procedimiento lo suficientemente rígido como para

impartirle estabilidad a la Constitución y distinguirla de

las leyes ordinarias. Id. De esta forma, se establecieron

límites explícitos al proceso de enmendar la Constitución.

Id. Recordemos que “las constituciones deben estar fuera

del alcance de la pasión súbita y el juicio pasajero y,

siendo tan alto el fin que ellas cumplen, el procedimiento

para enmendarlas debe ser lo suficientemente difícil como

para invitar al análisis sereno y cuidadoso.” Id.

Del proceso antes descrito, enfatizamos en la

exigencia de que debe originarse por iniciativa de la

Asamblea Legislativa. Ortiz Angeleró y Otros v. Barreto

Pérez, 110 D.P.R. 84 (1980), Op. Concurrente emitida por el CC-2007-350 CC-2007-361 13

Juez Asociado señor Negrón García. El Artículo VII,

Sección 1, contiene una delegación expresa mediante la cual

corresponde a la Asamblea Legislativa la facultad de

decidir proponer enmiendas al electorado. En otras

palabras, la decisión de si se debe o no enmendar la

Constitución del E.L.A. radica en la Asamblea Legislativa.

Al disponer que “la Asamblea Legislativa podrá

proponer enmiendas al electorado”, inevitablemente debemos

concluir que se trata de una facultad discrecional del

Poder Legislativo. Por ende, la decisión de iniciar un

proceso formal de enmienda a nuestra Ley Suprema recae, por

mandato constitucional, exclusivamente en la Rama

Legislativa.6

C.

Ahora bien, los peticionarios plantean que, al aprobar

la Constitución, el pueblo de Puerto Rico se reservó el

derecho de participar en un procedimiento de consulta que

6 La experiencia norteamericana ha sido la misma. En Coleman v. Miller, 307 U.S. 433 (1939), se dijo que el Congreso tiene un poder exclusivo sobre el proceso de enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. En particular, se resolvió que dicho proceso presenta condiciones que lo hacen propio para la consideración por las ramas políticas del gobierno por lo que se trata de un asunto no justiciable.

Asimismo, hay consenso en la doctrina en cuanto a que el proceso de enmienda a la Constitución radica en el ámbito de poder de la Rama Legislativa. Así, por ejemplo, se ha expresado lo siguiente: “Constitutional amendment is a political, not legal, process, and judicial supervision of that process threatens to undermine the independence of Art. V from normal legal processes-and poses particular problems when the amendment at issue is one proposed in response to judicial decisions. (Énfasis suplido). Laurance Tribe, American Constitutional Law, New York, 2000, pág. 105. CC-2007-350 CC-2007-361 14

le hace la Asamblea Legislativa antes de poner en vigor el

procedimiento de enmienda dispuesto por el Artículo VII,

Sección 1. Además, arguyen que una vez existe un mandato

electoral se activan otras disposiciones de la Constitución

que obligan a los legisladores a actuar conforme el mandato

expresado por el pueblo.

Tales planteamientos sugieren que la facultad de

iniciar un proceso de enmienda a la Constitución no es

exclusiva de la Asamblea Legislativa, sino que existe un

procedimiento implícito -por iniciativa directa del

electorado- para enmendar la Constitución. En esencia, de

sus argumentos se desprende la posibilidad de enmendar la

Constitución por iniciativa popular7. Sin embargo, la propia

Constitución excluye este mecanismo de enmienda.

Tal como expusimos antes, la decisión de iniciar un

proceso de enmienda a la Constitución le corresponde a la

Asamblea Legislativa, a tenor con el texto del Artículo

VII, Sección 1 de la Constitución, supra. Dicha disposición

no establece ningún supuesto en el que el cuerpo

legislativo esté obligado a comenzar un proceso de enmienda

a iniciativa del electorado. Más bien, la participación

ciudadana que tiene alguna injerencia en el proceso es

posterior a la etapa en que la Asamblea Legislativa,

Los tres métodos más corrientes de iniciar enmiendas 7

constitucionales son: por propuesta de la Legislatura, por convención constitucional y por iniciativa popular. Como veremos, los redactores de La Nueva Constitución de Puerto Rico sugirieron adoptar los dos primeros métodos toda vez que entendían que el tercero no era recomendable. La Nueva Constitución de Puerto Rico, Ed. Universidad de Puerto Rico, 2005, pág. 522. CC-2007-350 CC-2007-361 15

efectivamente, lleva a cabo el acto de proponer enmiendas a

la Constitución.

Así se desprende del Artículo VII, Sección 1 en cuanto

establece que “[t]oda proposición de enmienda se someterá a

los electores capacitados en referéndum especial[…]” y en

cuanto dispone que “[t]oda enmienda contendrá sus propios

términos de vigencia y formará parte de esta Constitución

si es ratificada por el voto de la mayoría de los electores

que voten sobre el particular”8. (Énfasis suplido). En

efecto, en Berríos Martínez v. Rosselló González, supra,

sostuvimos que el propósito principal de ese referéndum

especial es “determinar si el cambio propuesto a la ley

fundamental tiene o no respaldo del electorado”. (Énfasis

suplido). Así, el ciudadano desempeña un papel importante

en el trámite final de todo proceso de enmienda. La Nueva

Constitución de Puerto Rico, Ed. Universidad de Puerto

Rico, Pág. 522.

Claramente, el texto de la Constitución excluye el

proceso de enmienda mediante consulta directa al pueblo.

Según expresamente dispuesto en el Artículo VII, Sección 1,

la Asamblea Legislativa primero tiene que aprobar unas

enmiendas y, concluido dicho trámite, entonces se somete el

texto de la enmienda a votación del electorado.

Al indagar sobre la definición de “ratificar” 8

encontramos que se refiere al acto de “aprobar o confirmar actuaciones, palabras, opiniones, decisiones, decretos y reglamentos, dándolos por legales, valederos y ciertos.” Diccionario de Términos Jurídicos, Virginia, Lex Publishing, 2000, pág. 217. CC-2007-350 CC-2007-361 16

Por otro lado, del Diario de Sesiones de la Convención

Constituyente se desprende que los delegados expresamente

rechazaron una propuesta del delegado Sr. García Delgado

para incorporar un proceso de enmienda por iniciativa

popular. El texto propuesto y rechazado disponía que: “una

quinta parte o más de los votantes capacitados de Puerto

Rico, podrá, mediante petición a la Asamblea Legislativa,

solicitar se enmienda [sic] la constitución [sic], estando

la [Asamblea] Legislativa obligada a someter la enmienda

así propuesta a un referéndum”. Tomo 3 del Diario de

Sesiones de la Convención Constituyente, pág. 1829.

Para fundamentar dicha propuesta, el Sr. García

Delgado sostuvo que “se le debe garantizar [a los] […]

electores del pueblo de Puerto Rico […] el poder de

solicitar, por lo menos, de la Asamblea Legislativa, que la

enmienda sea propuesta y sea sometida en referéndum. Si se

está defendiendo en esta constitución [sic] la voluntad del

pueblo, no veo cómo esa voluntad del pueblo pueda estar

defendida sin un articulado en esta constitución [sic] que

le permita a ese pueblo, sin intervención de segundas

personas, solicitar directamente, de quien sea pertinente,

que se enmiende la constitución [sic] según el deseo de ese

número de votantes. Id. pág. 1831-1832.

Es evidente que la base de los fundamentos presentados

por el delegado Sr. García Delgado es similar a la de los

peticionarios. Sin embargo, dichos fundamentos no fueron

endosados por una mayoría de la Convención Constituyente y,

por consiguiente, no se incorporó el texto propuesto. CC-2007-350 CC-2007-361 17

En su lugar, se adoptó un mecanismo que otorga a la

Asamblea Legislativa la facultad de iniciar el proceso de

enmienda a la Constitución9. Al adoptar este procedimiento,

la Convención Constituyente endosó la posición de los

delegados señores José Trías Monge y Jaime Benítez. Este

último sostuvo que “[…] es particularmente importante que

los cuerpos parlamentarios tengan la plenitud de su

encomienda y se sepa que se mira hacia ellos para

desempeñar la alta responsabilidad que dentro del sistema

de la democracia republicana les corresponde; y que, en mi

opinión, constituiría un grave error el excluirlos o

proveer una mecánica para su exclusión, en el proceso de

hacer enmiendas.” Id.

De lo anterior se colige que durante los debates de la

Convención Constituyente se contempló la posibilidad de

establecer el mecanismo de enmienda por iniciativa popular,

pero que el mismo fue rechazado. Por ende, no podemos

endosar la posición de los peticionarios en cuanto

sostienen que, de un análisis integral de la Constitución,

surge que un reclamo del electorado expresado en un

referéndum tiene el efecto de obligar a los legisladores a

iniciar el proceso de enmienda.

Ahora bien, conviene aclarar que la Constitución no

prohíbe celebrar un referéndum antes de iniciarse el

9 Tal proceder guarda armonía con la opinión de muchos de los autores de las constituciones estaduales quienes, desde 1919, llegaron a la conclusión de que la iniciación de enmiendas constitucionales debe dejarse a la discreción de la Legislatura. La Nueva Constitución de Puerto Rico, Pág. 522. CC-2007-350 CC-2007-361 18

proceso contemplado en el Artículo VII, Sección 1, supra,

con el fin de palpar el sentir de la ciudadanía. Lo que

contraviene la Constitución es que esa consulta tenga el

efecto de obligar a la Asamblea Legislativa a iniciar dicho

proceso y, por ende, a proponer determinadas enmiendas al

electorado. Ello en vista de que el mecanismo contemplado

en la Constitución le concede discreción a la Asamblea

Legislativa para iniciar el proceso de enmienda lo cual,

sin duda, implica unos límites a la participación

ciudadana.10

IV.

Aclarado que el mecanismo de enmienda a la

Constitución por iniciativa popular no surge del texto del

Artículo VII de la Constitución y que, además, el mismo fue

expresamente rechazado por la Convención Constituyente,

procede analizar el alcance del mandato establecido en la

Ley Núm. 477, supra, así como su validez a la luz de

nuestro ordenamiento constitucional.

Los peticionarios arguyen que la Ley Núm. 477, supra,

estableció un mandato a la Asamblea Legislativa para que

propusieran enmiendas al electorado. En otras palabras,

arguyen que la Asamblea Legislativa estaba obligada a

acatar la voluntad de la mayoría del electorado en cuanto a

si se debía o no iniciar un proceso formal de enmiendas a

La participación del pueblo a través del derecho al 10

voto no es absoluta. Toda expresión del electorado está sujeta a las restricciones contenidas en la Constitución. Partido Acción Civil v. Partido Independentista Puertorriqueño, res. el 29 de diciembre de 2006, 2006 TSPR 193. Véase, además, United States v. Classic, 313 U.S. 299 (1941). CC-2007-350 CC-2007-361 19

la Constitución. Los peticionarios sostienen que en nuestro

ordenamiento constitucional impera la ley y no las

voluntades individuales, por lo que la Legislatura no puede

negarse a obedecer el mandato que surge de esta ley. No

tienen razón.

La Ley Núm. 477 se aprobó por la Decimocuarta Asamblea

Legislativa para viabilizar la celebración de un referéndum

con el fin de consultar al electorado sobre su preferencia

en cuanto a mantener un Sistema Bicameral o cambiar a un

Sistema Unicameral en la Asamblea Legislativa de Puerto

Rico. Según surge de la Exposición de Motivos, la Ley tuvo

como propósito proveer los mecanismos para que se

consultara en primera instancia al pueblo sobre su

preferencia en cuanto a la forma en que se debía ejercer el

Poder Legislativo.

En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, el

Artículo 3 del estatuto en controversia especificó el tipo

de información que habría de incluirse en la papeleta a

usarse en el referéndum. En específico, se ordenó que se

incorporara la siguiente instrucción:

Un voto a favor del Número 1 [la unicameralidad] significaría un mandato a la Asamblea Legislativa para que se celebre un referéndum el 9 de julio de 2007, con el fin de proponer al electorado que se enmiende la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de forma tal que a partir del 2 de enero de 2009, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, esté constituida bajo una sola cámara. Significará además, que la propuesta enmienda a la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se presentará, mediante el referéndum dispuesto en la CC-2007-350 CC-2007-361 20

sección 1, del artículo VII, de la constitución y no por lo dispuesto en la sección 2 de dicho artículo.

Asimismo, en el artículo 25 se dispuso que si la

Comisión Estatal de Elecciones certificaba que el resultado

del referéndum había favorecido el Sistema Unicameral para

la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, se celebraría un

referéndum especial para aceptar o rechazar las

proposiciones de enmienda constitucionales aprobadas por la

Asamblea Legislativa mediante Resolución Concurrente. Ello

con el fin de que, a partir del 2 de enero de 2009, se

estableciera el Sistema Unicameral en la Rama Legislativa.

De lo anterior se desprende que la Ley Núm. 477,

promulgada por la Decimocuarta Asamblea Legislativa,

estableció un mandato para que la Decimoquinta Asamblea

Legislativa proponga enmiendas al electorado en un

referéndum a celebrarse el 9 de julio de 2007. En otras

palabras, mediante el mandato allí establecido se pretende

obligar a la actual Asamblea Legislativa a iniciar un

proceso formal de enmienda a la Constitución. Esto

constituye un procedimiento de enmienda obligatorio por

iniciativa popular expresamente vedado en nuestro

ordenamiento constitucional.

Como vimos anteriormente, recae en la discreción de la

Asamblea Legislativa el iniciar el proceso de enmienda

constitucional establecido en el Artículo VII, Sección 1 de

la Constitución. Sin embargo, un análisis integral y

minucioso de la Ley Núm. 477, supra, nos convence de que CC-2007-350 CC-2007-361 21

ésta tuvo el efecto de eliminar la aludida discreción.11

Mediante dicho estatuto, una Asamblea Legislativa anterior

comprometió el voto de -al menos- dos terceras partes de

futuros legisladores al establecer un mandato que

necesariamente implicaba votar a favor de un proceso de

enmienda. Conforme expresa la Cámara de Representantes en

su comparecencia, el mandato contemplado en la Ley Núm. 477

requiere que se obligue a redactar un proyecto a favor de

la unicameralidad, que se emitan informes favorables de

Comisión y el voto compulsorio favorable de una tercera

parte de los miembros de cada cámara. Esto último presenta

además un problema práctico: a cuáles legisladores habría

que obligar a votar a favor del proyecto.

A todas luces, la Ley Núm. 477 interfiere con una de

las funciones básicas de los legisladores y contradice el

proceso constitucional dispuesto en el Artículo VII,

Sección 1, supra. Sobre este particular, hacemos eco de

nuestras expresiones en cuanto a que “el despojo o la

limitación de alguna de las funciones básicas de un

parlamento socavaría la base misma de la democracia del

país concernido”. Romero Barceló v. Hernández Agosto, 115

D.P.R. 368 (1984).

11 Cabe mencionar que la Ley Núm. 477, supra, también estableció un mandato a la inversa. Dispuso que en caso de que el electorado votara a favor de la Bicameralidad sería un mandato a la Asamblea Legislativa para que mantenga a la Rama Legislativa de dos cámaras. En tal caso se hubiese coartado la facultad de la Asamblea Legislativa de comenzar un proceso de enmienda. Si interpretamos la Ley como sugieren los peticionarios y sostenemos su validez, la Asamblea Legislativa estaría imposibilitada de proponer enmiendas al electorado en cuanto a este asunto. CC-2007-350 CC-2007-361 22

Los peticionarios arguyen que los legisladores juraron

fidelidad a la Constitución, a las leyes y por eso están

obligados a cumplir con el mandato dispuesto en la Ley Núm.

477, supra. Sin embargo, aclaramos que tal fidelidad no se

requiere cuando la Ley en cuestión vulnera los principios y

garantías constitucionales. Debemos recordar que la

Constitución es nuestra Ley Suprema y todas las demás leyes

tienen que estar conforme a la misma.

En vista de lo anterior, resolvemos que la Ley Núm.

477 es incompatible con el proceso de enmienda dispuesto en

el Artículo VII, Sección 1 de la Constitución del E.L.A.

Por otro lado, aún si se entendiera que la Ley Núm.

477 no adolece de vicios constitucionales, este Tribunal

estaría impedido de conceder el remedio solicitado, en

virtud de la doctrina de inmunidad parlamentaria. Dicha

doctrina emana del Artículo III, Sección 14 de nuestra

Constitución, el cual dispone:

Ningún miembro de la Asamblea Legislativa será arrestado mientras esté en sesión la cámara de la cual forme parte, ni durante los quince días anteriores o siguientes a cualquier sesión, excepto por traición, delito grave, o alteración a la paz; y todo miembro de la Asamblea Legislativa gozará de inmunidad parlamentaria por sus votos y expresiones en una u otra cámara o en cualquiera de sus comisiones.

En Romero Barceló v. Hernández Agosto, supra, tuvimos

la oportunidad de recoger los postulados básicos de la

doctrina de inmunidad parlamentaria. Estos son: (1) el

propósito básico de la cláusula de inmunidad es garantizar CC-2007-350 CC-2007-361 23

la independencia de la Rama Legislativa y fortalecer así el

sistema de la separación de poderes; (2) el ámbito de la

inmunidad es extenso: cubre toda actividad legislativa

legítima, lo que incluye, a lo menos, las que se

desarrollan en el hemiciclo de las cámaras y el seno de las

comisiones; (3) son actividades legislativas legítimas,

además de la de formular leyes, la de investigar y

fiscalizar el Gobierno, la de rebatir asuntos de interés

público y la de mantener informado al pueblo sobre la

marcha de la cosa pública; (4) los motivos que inspiren una

actividad legislativa legítima no son objeto apropiado de

escrutinio judicial. Id.

De lo anterior se desprende que los legisladores gozan

de amplia inmunidad parlamentaria en el ejercicio de sus

funciones legislativas legítimas. Ello implica que contra

un legislador no se pueden instar acciones legales por

aquello que haga o exprese en el desempeño de las funciones

para las cuales fue electo. Este privilegio no tendría

razón de ser si un legislador tuviese que someterse al

rigor de los procedimientos judiciales por el ejercicio

vigoroso de sus prerrogativas legislativas. Id.

Cabe reiterar que para que un acto legislativo esté

protegido por la inmunidad parlamentaria es necesario que

se trate de una actividad legislativa legítima y que cumpla

con los parámetros constitucionales. Según sostuvimos

anteriormente, si el acto está dentro de la esfera

constitucional de poder conferido a la Rama Legislativa, la

doctrina de separación de poderes impide que la Rama CC-2007-350 CC-2007-361 24

Judicial intervenga con la forma en que dicho poder fue

ejercido. Peña Clos v. Cartagena Ortiz, 114 D.P.R. 598

(1983); Acevedo Vilá v. Meléndez Ortiz, supra.

Conforme hemos establecido, el proceso de enmendar la

Constitución ha sido delegado a la Rama Legislativa del

Gobierno. Por ende, no cabe duda que la decisión de si se

debe iniciar o no dicho proceso constituye un acto

legislativo legítimo dentro de nuestro sistema republicano

de gobierno. De esta forma, la puesta en vigor del mandato

contemplado en la Ley Núm. 477, supra, trasciende nuestro

ámbito constitucional de poder.

Más aun, en virtud de la cláusula de inmunidad

parlamentaria, los motivos que inspiraron la negativa de la

Asamblea Legislativa de aprobar una Resolución Concurrente

para proponer al pueblo las enmiendas constitucionales

tampoco puede ser objeto de escrutinio judicial. Romero

Barceló v. Hernández Agosto, supra. Por tanto, la

evaluación sobre la decisión de los legisladores

corresponde al electorado y no a los tribunales.

V.

Finalmente, examinemos la procedencia del recurso de

mandamus. Recordemos que el auto de mandamus está

disponible para ordenarle a una persona o a personas

naturales, a una corporación o a un tribunal de inferior

jerarquía, que cumplan o ejecuten un acto que forma parte

de sus deberes y atribuciones. Artículo 649 del Código de

Enjuiciamiento Civil (1933), 32 L.P.R.A. sec. 3421. Este

recurso, por mandato expreso de ley, es uno altamente CC-2007-350 CC-2007-361 25

privilegiado y su expedición es discrecional. Aunque

estamos facultados para expedirlo en el ejercicio de

nuestra jurisdicción original, de ordinario lo hacemos con

prudencia y en circunstancias meritorias. Véase Const.

E.L.A., Art. V, Sec. 5, 1 L.P.R.A.; Ley de la Judicatura de

2003, Art. 3.002(a), 4 L.P.R.A. sec. 24s(a); Art. 650 del

Código de Enjuiciamiento Civil (1933), 32 L.P.R.A. sec.

3422.

La procedencia del mandamus depende inexorablemente

del carácter del acto que se pretende compeler mediante

dicho recurso. Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, res. el 3

de julio de 2006, 2006 TSPR 115. Sólo debe expedirse cuando

la persona a quien va dirigido esté “obligada al

cumplimiento de un acto que la ley particularmente ordene

como deber resultante de un empleo, cargo o función

pública”. 32 L.P.R.A. sec. 3422 y 3423. Es decir, el

mandamus sólo procede para ordenar el cumplimiento de un

deber ministerial, que no admite discreción en su

ejercicio, cuando no hay otro mecanismo en ley para

conseguir dicho remedio. Báez Galib v. C.E.E., 152 D.P.R.

382 (2000).

A tenor con lo anterior, hemos resuelto que cuando se

nos solicita un mandamus contra un miembro de la Asamblea

Legislativa debemos evaluar la naturaleza de la función que

se pretende compeler. Acevedo Vilá v. Aponte Hernández,

supra. De tratarse de alguna actividad legislativa

legítima, no procedería el auto de mandamus en virtud de la

protección que confiere la inmunidad parlamentaria. Id. En CC-2007-350 CC-2007-361 26

vista de que, en el caso de autos, los peticionarios

pretenden que ordenemos la ejecución de un acto relacionado

con el proceso deliberativo y de votación inherente a las

funciones parlamentarias, evidentemente se trata de un acto

legislativo legítimo.

Los peticionarios nos solicitan que le ordenemos a la

Asamblea Legislativa que apruebe unas enmiendas para

cambiar la composición de la Rama Legislativa a tenor con

el resultado del Referéndum celebrado el 10 de julio de

2005. En esencia, nos solicitan que intervengamos con un

asunto que es claramente de la injerencia del Poder

Legislativo según lo dispuesto en la Sección 1 del Artículo

VII de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico. En otras palabras, se trata de una facultad

discrecional de la Asamblea Legislativa y no de un deber

ministerial exigible judicialmente. Por consiguiente, el

mandamus solicitado por los peticionarios es

constitucionalmente improcedente.

VI.

A modo de epílogo, somos conscientes de que una

mayoría del electorado puertorriqueño se expresó a favor de

que la Legislatura propusiera enmiendas para que se

adoptara un modelo unicameral. Sin embargo, nuestro

ordenamiento constitucional nos impide ordenarle a los

miembros de cualquiera de los cuerpos que legislen de tal

forma que se inicie el proceso de enmienda a la

Constitución dispuesto en el Artículo VII. El mandato

establecido en la ley bajo análisis es contrario a nuestra CC-2007-350 CC-2007-361 27

Ley Suprema. Como garantes del ordenamiento constitucional,

tenemos la ineludible obligación de asegurar que cualquier

proceso de enmienda constitucional cumpla con lo dispuesto

en nuestra Constitución. Esa es, en última instancia,

nuestra responsabilidad.

Conforme a lo anterior, es en el foro político y por

medio de las urnas que los peticionarios deben requerir que

se les rindan las cuentas correspondientes. Cualquier otra

decisión de nuestra parte sería contraria al sistema

republicano de gobierno y a la Constitución que hemos

jurado defender.

VII.

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto

y se confirma la Sentencia del Tribunal de Apelaciones y,

por consiguiente, la del Tribunal de Primera Instancia en

cuanto desestimaron el recurso instado por los

peticionarios.

Se dictará la Sentencia correspondiente.

FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON Juez Presidente EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José Córdova Iturregui y Otros * * Peticionarios * * vs. * CC-2007-350 * * Cámara de Representantes del * Estado Libre Asociado de * Puerto Rico y Otros * * Certiorari Recurridos * ********************************** Raquel del Valle (Desistió) * y Otros * * Consolidados Peticionarios * * vs. * CC-2007-361 * Francisco González Rodríguez * y Otros * * Recurridos * *********************************

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se expide el auto y se confirma la Sentencia del Tribunal de Apelaciones y, por consiguiente, la del Tribunal de Primera Instancia en cuanto desestimaron el recurso instado por los peticionarios.

Así lo pronuncia y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri y la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitieron Opiniones de Conformidad. El Juez Asociado señor Rebollo López emitió Opinión Disidente.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José Córdova Iturregui y Otros * * Peticionarios * * Vs. * * Cámara de Representantes del * Estado Libre Asociado de * CC-2007-350 Puerto Rico y Otros * * Recurridos * ********************************* Certiorari Raquel del Valle (Desistió) * Y Otros * * Peticionarios * Consolidados * Vs. * * Francisco González Rodríguez * CC-2007-361 y Otros * * Recurridos * ********************************* Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor Fuster Berlingeri.

I

Coincido con el dictamen mayoritario en que el caso de autos

presenta esencialmente asuntos que la doctrina de cuestión

política nos impide resolver. Deseo, sin embargo, añadir algunas

consideraciones sobre el particular, adicionales a las formuladas

en la Opinión de la mayoría del Tribunal, para que quede

meridianamente claro porqué es que no podemos intervenir aquí.

Como se sabe, una de las doctrinas más importantes y

autóctonas del Derecho Constitucional norteamericano es la de CC-2007-350 CC-2007-361 2

la cuestión política. Amparado en dicha doctrina, el

Tribunal Supremo de Estados Unidos ha resuelto algunos de

los casos más importantes en su historia, casos famosos bien

conocidos para los juristas especialistas en Derecho

Constitucional. En esencia, conforme a dicha doctrina, los

tribunales están impedidos de inmiscuirse en aquellos

asuntos que la Constitución ha encomendado específicamente a

las otras ramas del gobierno, las llamadas ramas políticas.

Es decir, no son susceptibles de determinación judicial

aquellas cuestiones que le competen propiamente a la

Legislatura o al Ejecutivo.

Como bien se señala en la propia Opinión de la mayoría

del Tribunal, la doctrina de la cuestión política es una

limitación a la función judicial que emana de otra normativa

más general, que es la relativa a la separación de poderes.

Se procura, pues, guardar la esfera de autoridad de cada una

de las tres ramas de gobierno.

La doctrina de la cuestión política ha sido discutida

ampliamente por este Tribunal en ocasiones anteriores. Lo

hicimos así en Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 D.P.R.

750 (1977); luego otra vez en Silva v. Hernández Agosto, 118

D.P.R. 45 (1986); y más recientemente en Noriega v.

Hernández Colón, 135 D.P.R. 406 (1994). Se trata de una

doctrina muy reiterada por este Foro, siendo las tres

decisiones mencionadas antes nuestros pronunciamientos más

importantes sobre el particular, pero ciertamente no los

únicos. Aunque no hemos utilizado dicha doctrina antes en la CC-2007-350 CC-2007-361 3

forma que el Tribunal Supremo de Estados Unidos lo ha hecho

en casos notables, no cabe duda de que la hemos adoptado, en

nuestro haber jurisprudencial.

En el caso de autos, aplica medularmente la doctrina de

la cuestión política. El asunto de viabilizar el

establecimiento de un sistema legislativo unicameral en

Puerto Rico sólo le compete indudablemente a las ramas

políticas del Gobierno. Es cierto que la inmensa mayoría de

los electores que participaron en el referéndum sobre el

sistema unicameral celebrado el 10 de julio de 2005 votó a

favor de dicho sistema. Ese voto claramente representa un

mandato imperioso a las cámaras legislativas que las obligan

moral y políticamente a actuar de conformidad con el

resultado electoral. No obstante, la doctrina reseñada

antes, corolario de la separación de poderes, impide que

este Tribunal tome cartas en el asunto. No podemos

inmiscuirnos para hacer valer el mandato electoral sobre la

unicameralidad sencillamente porque carecemos de autoridad

para resolver la generalidad de los asuntos implícitos en

hacer valer dicho mandato. La doctrina de la cuestión

política nos prohíbe asumir jurisdicción aquí. Veamos

concretamente porqué ello es así.

La solicitud de mandamus que aquí nos concierne procura

que ordenemos a la Asamblea Legislativa que apruebe los

proyectos que sean necesarios para celebrar un referéndum

dirigido a enmendar la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico para establecer un sistema CC-2007-350 CC-2007-361 4

legislativo unicameral. Los peticionarios han solicitado que

le ordenemos a los legisladores, en primer lugar, a poner en

marcha un proceso de enmienda a la Constitución,

independientemente de lo que dichos legisladores ahora

piensen sobre el particular. Por ejemplo, es conocido que

algunos de estos legisladores creen que el resultado del

referéndum sobre la unicameralidad no constituye un mandato

vinculante. Ello, por la escasa participación del electorado

en el referéndum referido el 10 de julio de 2005. Se trata

del referéndum menos concurrido de los últimos veinte años.

Según los legisladores aludidos, la escasa participación del

electorado permite cuestionar si existe un mandato claro y

obligatorio del pueblo de Puerto Rico a favor de la

unicameralidad.

En sus méritos, la postura de los legisladores aludidos

es claramente debatible. Pero, precisamente, la cuestión es

si le corresponde a este Tribunal dilucidar esa controversia

jurídicamente. Conforme a la doctrina de cuestión política,

no es asunto nuestro dilucidar si la participación electoral

en el referéndum aludido constituye o no una expresión

adecuada del parecer del pueblo de Puerto Rico respecto a la

unicameralidad. Ello es claramente un asunto que no nos

compete decidir.

Más aun, la labor de establecer un sistema unicameral

requiere necesariamente atender numerosos asuntos afines,

que claramente son sólo de la ingerencia de las ramas

políticas del Gobierno. Por ejemplo, (1) ¿Cuántos escaños CC-2007-350 CC-2007-361 5

debe tener la cámara legislativa única? ¿Deben ser 27 como

en el Senado actual o 51 como en la Cámara de Representantes

actual? (2) ¿Cuál será la proporción entre los miembros

electos por distritos representativos en relación a los

electos por acumulación? ¿Cuántos habrán de unos y de otros?

(3) ¿Cuándo comenzará a operar el nuevo sistema unicameral?

(4) ¿Cómo estará constituida la representación garantizada

de partidos de minoría? (5) ¿Qué requisitos de edad mínima

tendrán los miembros de la cámara única: 25 años como los

representantes actuales o 30 años como los senadores

actuales? Estos asuntos y otros deben ser atendidos

propiamente por las ramas políticas del Gobierno y el

electorado. No corresponden de modo alguno a la discreción

judicial.

En resumen, pues, importantes asuntos de distinta índole

deben ser decididos sólo por las otras dos ramas del

gobierno y el electorado como parte de la ingente gestión de

implantar un sistema unicameral. Ello hace patente la

aplicación aquí de la doctrina de la cuestión política. Por

eso, por más legítima que sea la controversia que plantean

los peticionarios, no tiene jurisdicción este Tribunal para

atenderla. No debe cederse a la tentación de intervenir aquí

para fijarle supuestas obligaciones legales a la Asamblea

Legislativa.

Jaime B. Fuster Berlingeri Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José Córdova Iturregui y otros Peticionarios

Cámara de Representantes del CC-2007-350 E.L.A. de P.R y otros

Raquel del Valle (Desistió) y otros Peticionarios Consolidados v. CC-2007-361 Francisco González Rodríguez y Otros Recurridos

Opinión de conformidad emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2007

En el día de hoy, una mayoría de este Tribunal resuelve

que es inexigible judicialmente e inconstitucional el

mandato contenido en la Ley núm. 477 del 23 de septiembre de

2004, conocida como la Ley del referéndum sobre el sistema

cameral[sic] de la Asamblea Legislativa, 16 L.P.R.A. secs.

971-971(t), el cual pretende obligar a la Decimoquinta

Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado a iniciar un

proceso para enmendar la Constitución de Puerto Rico. Estoy

conforme con la opinión mayoritaria puesto que la decisión

discrecional de enmendar la Constitución le corresponde

exclusivamente a la Asamblea Legislativa. Empero, debo

puntualizar varios aspectos de esta controversia que merecen

especial atención de esta Curia. CC-2007-350 CC-2007-361 2

En esencia, la mayoría apuntala su decisión en el hecho

que la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

delega expresamente en la Asamblea Legislativa la facultad

de iniciar el procedimiento de enmiendas a la Constitución y

no contempla la posibilidad de que los ciudadanos obliguen a

la Asamblea Legislativa a presentar propuestas de enmiendas

a la Constitución. Aun cuando sustantivamente lo indicado

por la mayoría en su opinión es correcto, a mi juicio, es

menester aclarar que, como cuestión de umbral,

necesariamente hay que examinar los efectos jurídicos del

referéndum que la Ley núm. 477 autorizó y la facultad de una

Asamblea Legislativa de obligar a sus sucesoras a proponer

enmiendas a la Constitución.

Dos argumentos principales demuestran que el mandato

establecido en la Ley núm. 477 para que la Asamblea

Legislativa inicie un procedimiento de enmiendas a la

Constitución carece de efectos jurídicos y por ende, es

judicialmente inexigible. En primer término, la Ley núm. 477

no convocó un referéndum para ratificar una enmienda a la

Constitución, más bien ordenó la celebración de un referéndum

consultivo que, por su propia naturaleza, no puede obligar

a la Asamblea Legislativa a enmendar la Constitución. En

segundo término, es inválido un mandato legislativo que

comprometa los votos de una Asamblea Legislativa posterior y

pretenda obligar a sus miembros a aprobar cierta legislación.

Pueblo v. Tribunal de Distrito, 70 D.P.R. 678, 681 (1949).

Veamos. CC-2007-350 CC-2007-361 3

Como es sabido, “[e]l referéndum es el método por el

cual el voto de los ciudadanos determina si una propuesta

legislativa o constitucional debe aprobarse”.12 La Nueva

Constitución de Puerto Rico, Ed. Universidad de Puerto Rico,

Río Piedras, 2005, pág. 439. “[E]s la votación encaminada a

expresar el asentimiento o disentimiento del cuerpo

electoral… a una propuesta de resolución de un órgano del

poder”. L. Sánchez Agesta, Principios de Teoría Política, 5ta

ed., Madrid, Ed. Nacional, 1974, pág. 289.

Los contornos de esta figura de carácter multiforme se

determinan por diversos criterios tales como la materia sobre

la que dicha consulta versa, su eficacia normativa, la

necesidad de la intervención popular y el alcance o grado de

obligatoriedad de dicho mecanismo de consulta. Véanse

Diccionario de Política, José Arico & Jorge Tula, redactores,

México, Siglo XXI, 1982, volumen II, pág. 1394; L. Sánchez

Agesta, op cit.; L. López Guerra, Introducción al Derecho

Constitucional, Valencia, Tirant Lo Blanch, 1994, págs. 135-

36.

El referéndum puede ser de carácter legal o

constitucional, dependiendo de la naturaleza de la resolución

que se aprueba; obligatorio o facultativo, dependiendo de si

la celebración de dicha consulta es un acto necesario para la

12 La Ley electoral, define indistintamente los términos referéndum y plebiscito e indica que ambos constituyen el “procedimiento mediante el cual se somete al electorado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la aprobación o rechazo de uno o varios asuntos de interés general. 16 L.P.R.A. sec. 3003. CC-2007-350 CC-2007-361 4

validez de la resolución o si su aplicación depende de la

aprobación del órgano que propone la resolución o de una

petición de los electores;13 consultivo, si recae sobre una

propuesta no articulada, y de ratificación, si su objeto es

una resolución definitiva que sólo aguarda la sanción de los

electores. L. Sánchez Agesta, op cit., pág. 290. Véase

además, Gierbolini Rodríguez v. Gobernador, 129 D.P.R. 402,

415 (1991). (Op. disidente, Juez Negrón García).

En virtud de lo anterior, los efectos jurídicos de un

referéndum se deben estudiar a la luz de la legislación que

lo convoca, del tipo de propuesta que se presenta al

electorado y del propósito que dicha consulta persigue. La

diferenciación entre referéndum consultivo y de ratificación

es particularmente relevante pues demuestra que la

participación del elector en este tipo de consulta no obsta

a que dicho referéndum carezca de efecto jurídico vinculante

en el órgano estatal que lo convoca. Su obligatoriedad

depende entonces de la naturaleza de la consulta y del

estatuto que la crea.

Como vimos, existe un tipo de referéndum que “produce

efectos jurídicos inmediatos sin necesidad de mediación

alguna por parte de otro órgano”, mientras que, por otro

lado, existe un referéndum consultivo “cuyos resultados

pueden permitir un cierto margen de apreciación… en la

determinación de los efectos que políticamente se derivan del

13 En el caso del referéndum facultativo, la decisión que se somete al electorado también se podría adoptar sin recurrir a dicho proceso de consulta. L. López Guerra, op cit., pág. 135. CC-2007-350 CC-2007-361 5

resultado”. Diccionario Jurídico Espasa, Madrid, Ed. Espasa,

2005, pág. 1240. Podemos identificar entonces un tipo de

referéndum vinculante en el cual “la voluntad popular…

obliga como decisión jerárquicamente superior a cualquier

otra”, y un tipo de referéndum consultivo en el cual “el

resultado de la ‘consulta’ popular sería un dato más, pero

no el único, a tener en cuenta a la hora de adoptar la

decisión final”.14 L. López Guerra, op cit., pág. 136.

En nuestro ordenamiento constitucional, el referéndum

es el vehículo adecuado para enmendar la Constitución. El

artículo VII, sección 1 de la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico dispone el procedimiento que la

Asamblea Legislativa debe seguir para proponer enmiendas a

la Constitución mediante referéndum. Dicho artículo reza:

La Asamblea Legislativa podrá proponer enmiendas a esta Constitución mediante resolución concurrente que se apruebe por no menos de dos terceras partes del número total de los miembros de

14 Esto no implica que “la voluntad democrática pueda ser simplemente ignorada”. Id., pág. 136. Sin embargo, no puede obligarse al organismo estatal que convocó la consulta a actuar en contra de sus propios criterios o de la voluntad de sus miembros quienes en última instancia tienen la responsabilidad constitucional de decidir si traducen en ley la opinión del electorado expresada en el referéndum. Véase Id. En forma análoga, y a modo de ejemplo, el artículo 92.1 de la Constitución española dispone que “[l]as decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”. Art. 92.1, Const. Esp. En su estudio sobre dicha disposición constitucional, el comentarista Pérez Royo indica que “la decisión [que resulte de dicha consulta] carecerá de efectos jurídicos directos”. J. Pérez Royo, Curso de Derecho Constitucional, 9na ed. Madrid, Marcial Pons, 2003, pág.637. En la práctica, sin embargo, este referéndum sí tiene efectos decisivos en los órganos representativos del cuerpo electoral, pero “para alcanzar virtualidad jurídica los resultados de la consulta tendrán que ser ratificados formalmente por el correspondiente órgano del Estado…”. Id. CC-2007-350 CC-2007-361 6

que se compone cada cámara. Toda proposición de enmienda se someterá a los electores capacitados en referéndum especial, pero la Asamblea Legislativa podrá, siempre que la resolución concurrente se apruebe por no menos de tres cuartas partes del número total de los miembros de que se compone cada cámara, disponer que el referéndum se celebre al mismo tiempo que la elección general siguiente. Cada proposición de enmienda deberá votarse separadamente y en ningún caso se podrá someter más de tres proposiciones de enmienda en un mismo referéndum. Toda enmienda contendrá sus propios términos de vigencia y formará parte de esta Constitución si es ratificada por el voto de la mayoría de los electores que voten sobre el particular. Aprobada una proposición de enmienda, deberá publicarse con tres meses de antelación, por lo menos, a la fecha del referéndum.15

Artículo VII, sección 1, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo I.

Como se observa, el artículo antes trascrito adopta un

referéndum de carácter obligatorio y de ratificación (o

vinculante). Este procedimiento especial garantiza que la

enmienda propuesta “está en efecto respaldada por el consenso

que… representa la aquiescencia general al cambio propuesto”.

La Nueva Constitución de Puerto Rico, op. cit. pág. 521. En

este proceso es indispensable que el pueblo ratifique la

enmienda. Luego de ratificada, ésta formará parte de la

Constitución sin necesidad de ulterior actuación legislativa.

Con este marco doctrinal como norte, un análisis de las

características del referéndum celebrado el 10 de julio de

2005 en virtud de la Ley núm. 477 demuestra que éste fue uno

15 La sección 2 del Artículo VII dispone además que “[l]a Asamblea Legislativa podrá, mediante resolución concurrente aprobada por dos terceras partes de los miembros de que se compone cada Cámara, consultar a electores capacitados si desean que se convoque a una convención constituyente para hacer una revisión de esta Constitución”. Art. VII, sec. 2, Const. E.L.A., Tomo I. La Ley núm. 477, sin embargo, no aprobó este método de consulta al pueblo como mecanismo para enmendar la Constitución. CC-2007-350 CC-2007-361 7

de carácter consultivo y que no reunió los requisitos que el

Artículo VII, sección 1 de nuestra Constitución exige para

enmendar la Constitución.

En primer término, la Ley núm. 477 aprobó un referéndum

para que el Pueblo de Puerto Rico expresara si favorecía

cambiar la Asamblea Legislativa a una sola cámara o si

favorecía mantener la Asamblea Legislativa compuesta por dos

cámaras.16 Véase Artículo 3, Ley núm. 477, 16 L.P.R.A. sec.

971(a). Según la exposición de motivos de la Ley núm. 477,

el propósito del referéndum que se celebró el 10 de julio de

2005 fue consultar “al Pueblo sobre su preferencia en cuanto

a cómo se ejerce el Poder Legislativo” en nuestro país.

Exposición de Motivos, Ley núm. 477 de 23 de septiembre de

2004, 2004 Leyes de Puerto Rico, 3123. De resultar

victoriosa la opción de la unicameralidad para Puerto Rico,

“ello constituiría una mandato a la Asamblea Legislativa

para que celebre un referéndum especial proponiendo al

Pueblo,… las enmiendas constitucionales necesarias para

establecer un Sistema Unicameral [en Puerto Rico]...”. Id.

Por tanto, surge con perfecta claridad de la exposición de

motivos de la Ley núm. 477 que dicho estatuto sólo autorizó

un referéndum consultivo para auscultar el sentir del

electorado puertorriqueño en torno a la posibilidad de

iniciar un procedimiento de enmienda a nuestra Constitución.

16 En el referéndum celebrado participó el 22.6% del electorado inscrito. De ese porcentaje de los electores, el 83.8% favoreció la unicameralidad. CC-2007-350 CC-2007-361 8

En segundo término, a poco que examinemos el texto de

la Ley núm. 477, podemos colegir que dicho estatuto no contiene

pauta alguna sobre los términos y vigencia de una enmienda a

la Constitución. Por el contrario, se limita a disponer los

contornos procesales de la consulta sobre la unicameralidad y

provee el financiamiento necesario para celebrarla. 16

L.P.R.A. secs. 971-971(t). Finalmente, el proyecto que le

dio vida a la Ley núm. 477, Proyecto del Senado núm. 2672, no

cumplió con las exigencias del artículo VII, sección 1 de la

Constitución para aprobar un referéndum constitucional ya que

no se aprobó mediante el voto de dos terceras partes del

número total de los miembros de que se compone cada cámara.17

En fin, el propio texto de la Ley núm. 477 y el proceso

que culminó en su aprobación revelan que dicho estatuto no

aprobó un referéndum para enmendar la Constitución.18 Por

tanto, el propósito de la consulta celebrada el 10 de julio

de 2005 no fue permitir, como dispone nuestra Constitución,

que el electorado puertorriqueño ratificara una enmienda a

17 Según surge del trámite legislativo del Proyecto del Senado núm. 2672, éste no obtuvo el voto afirmativo de dos terceras partes de los miembros que componen cada Cámara. En la Cámara de Representantes el Proyecto obtuvo el aval de veintinueve (29) miembros, mientras que en la votación final ante el Senado, el proyecto enmendado obtuvo el voto afirmativo de 17 miembros de dicho cuerpo. Véase el trámite de aprobación del P. del S. núm. 2672 (2004) disponible en Oficina de Servicios Legislativos, www.oslpr.org. (última visita 22 de junio de 2007). 18 De igual modo, no arguyen los demandantes-recurrentes que la Asamblea Legislativa inició dicho procedimiento constitucional de enmienda. Por el contrario, aducen que la Decimoquinta Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado está obligada a seguir el mandato electoral del pueblo que se expresó a favor de la unicameralidad en un referéndum válido, convocado mediante estatuto por la Decimocuarta Asamblea Legislativa. CC-2007-350 CC-2007-361 9

nuestra Constitución. Es decir, dicho referéndum fue uno de

carácter consultivo y sus efectos jurídicos dependerán de

que la Asamblea Legislativa inicie, dentro de su discreción,

un proceso de enmienda a la Constitución. Como corolario de

esto, es menester concluir que, por su propia naturaleza,

dicho referéndum no vincula jurídicamente a futuras

Asambleas Legislativas.

No estando en controversia que la Ley núm. 477 convocó

un referéndum consultivo con el propósito de obtener la

opinión del Pueblo de Puerto Rico sobre la unicameralidad,

sólo resta examinar si la Decimocuarta Asamblea Legislativa

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico podía, mediante la

aprobación de la Ley núm. 477, obligar a la Decimoquinta

Asamblea Legislativa (o a los legisladores) a aprobar un

referéndum para proponer enmiendas a la Constitución y

establecer una Asamblea Legislativa unicameral.

II

En el pasado hemos indicado que “una legislatura no

puede restringir o limitar su poder ni el de futuras

legislaturas para aprobar, enmendar o derogar leyes”. Pueblo v.

Tribunal de Distrito, supra. Véanse además, Gierbolini

Rodríguez v. Gobernador, supra, pág. 426(Op. disidente, Juez

Negrón García); United States v. Winstar Corp., 518 U.S. 839,

872-74 (1996); Reichelderfer v. Quinn, 287 U.S. 315, 318

(1931); Stone v. Mississippi, 101 U.S. 814, 819-20 (1880);

Fletcher v. Peck, 10 U.S. 87, 6 Cranch 87 (1810) (“one

legislature is competent to repeal any act which a former CC-2007-350 CC-2007-361 10

legislature was competent to pass; and that one legislature

cannot abridge the powers of a succeeding

legislature.”)(énfasis nuestro).19

A tenor con este principio, cada legislatura tiene el

mismo poder que la anterior de tomar decisiones de política

pública sobre la sabiduría y conveniencia de legislar en

determinada materia o de votar a favor de un proyecto de

ley.20 Ello, en virtud de su facultad constitucional de

proponer, estudiar y aprobar leyes. Artículo II, sección

17, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo I.

Del mismo modo, como bien señala la opinión mayoritaria,

cada Asamblea Legislativa goza de discreción para iniciar un

19 Véase Newton v. Commissioners, 100 U.S. 548, 10 Otto 548 (1879). El professor Laurence Tribe indica en este respecto: Similarly, the power of Congress legislatively to bind subsequent Congresses is limited, for any statute that purported to direct certain things or follow certain procedures could be repealed, as could any other law, by another law, by another duly enacted statute. … This prospect, along with other concerns, calls into question the constitutional propriety, not merely the practical efficacy, of any attempt to supplement, or subtract from, what the Constitution requires for a law to be validly enacted. L.H. Tribe, American Constitutional Law, 3era ed., New York, Foundation Press, 2000 Vol. I, pág. 125 n.1. 20 Ello, salvo circunstancias excepcionales que no están presentes en este caso. Por ejemplo, no podemos olvidar que “en ningún caso podrá el efecto retroactivo de una ley perjudicar los derechos adquiridos al amparo de una legislación anterior”. 31 L.P.R.A. sec. 3. Véase además Consejo de Titulares del Condominio New San Juan v. Williams Hospitality Group, 2006 T.S.P.R. 94, res. el 1ero de junio de 2006, 168 D.P.R. __. Además, en virtud de la sección 7 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa no podrá aprobar leyes que menoscaben obligaciones contractuales. Art. II, sec. 7, Const. E.L.A. sec. 7, L.P.R.A., Tomo I. Véanse además, Bayrón Toro v. Sierra, 119 D.P.R. 605, 619-20 (1987); Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378, 394-97 (1973). CC-2007-350 CC-2007-361 11

procedimiento de enmienda a la Constitución y someter una

propuesta de enmienda a la consideración de los electores

capaces mediante referéndum. Esta discreción no puede

limitarse mediante un mandato legislativo previo. En otras

palabras, una legislatura no tiene la facultad de compeler a

otra a iniciar un proceso de enmienda a la Constitución.

En virtud de lo anterior, resulta ineludible concluir

que el mandato de la Ley núm. 477 carece de fuerza vinculante

sobre la Decimoquinta Asamblea Legislativa y es judicialmente

inexigible. Al indicar que un resultado favorable a la

unicameralidad implicaría un mandato a la próxima Asamblea

Legislativa para iniciar un proceso de enmienda a la

Constitución, la Ley núm. 477 le impuso una traba

inconstitucional a la Decimoquinta Asamblea Legislativa.

Como intérpretes de la Constitución, no podemos conferirle

efecto jurídico alguno a dicho mandato. La Decimocuarta

Asamblea Legislativa tomó una decisión de política pública al

ordenar la celebración de un referéndum consultivo sobre la

unicameralidad. Más sin embargo, esta decisión no puede

comprometer el criterio o el voto de Asambleas Legislativas

futuras. Tampoco puede obligarlas a proponer enmiendas a la

Constitución para establecer una Rama Legislativa unicameral.

III

A modo de conclusión, debo puntualizar lo siguiente.

Nada en nuestro ordenamiento o en nuestra Constitución le

impedía a la Decimocuarta Asamblea Legislativa convocar un

referéndum en el cual los electores puertorriqueños podrían CC-2007-350 CC-2007-361 12

expresar su sentir sobre el sistema legislativo que

favorecen. Ahora bien, al evaluar desapasionadamente la

naturaleza jurídica del proceso autorizado por la Ley núm.

477, es evidente que el carácter consultivo del mismo no

tiene el alcance de obligar a la Asamblea Legislativa a

proponer enmiendas a nuestra Constitución para instaurar la

unicameralidad, como se pretende. Es decir, jurídicamente,

el referéndum legislado fue sólo una consulta para palpar el

sentir del electorado sobre un tema de trascendencia, sin

mayor consecuencia.

No obstante, este carácter consultivo no implica que el

resultado del referéndum celebrado el 10 de julio esté

huérfano de efecto alguno en nuestras ramas representativas

de gobierno. Este efecto se reserva al ámbito político, por

lo que a fin de cuentas y como siempre ocurre en una

democracia, es a través del ejercicio del voto que los

electores expresan su sentir sobre los distintos asuntos que

se discuten a diario en la vida política puertorriqueña.

Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

vs. CC-2007-350 Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de CERTIORARI Puerto Rico y otros

Raquel del Valle (Desistió) y CONSOLIDADOS otros

Peticionarios CC-2007-361

OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico a 29 de junio de 2007

Una de las características del ejercicio de la

profesión legal que más le llama la atención al ciudadano

común y corriente --y que más difícil le resulta entender--

es que las dos posiciones contrarias de, prácticamente,

todas las controversias legales que a diario se plantean

ante los tribunales de justicia pueden ser objeto, ambas, de

fundamentada argumentación y resolución; situación que,

entendiblemente, resulta sumamente difícil de aceptar para

el ciudadano lego en estas cuestiones y que, posiblemente,

sea una de las principales razones por las cuales la

profesión legal no goza de la confianza y estima que debería

de tener entre la ciudadanía. CC-2007-350 / CC-2007-361 2

Hay ocasiones, sin embargo, en que no obstante los

aparentes fundamentados argumentos que un tribunal utiliza

en apoyo del resultado que promulga, un somero análisis de

la decisión judicial emitida, y de los argumentos en ésta

esbozados, es todo lo que se necesita para que una persona

pueda percatarse de lo errado del proceder judicial en ese

caso en particular. Esa, precisamente, es la situación en

el recurso hoy ante nuestra consideración. El error

cometido por la mayoría de los integrantes del Tribunal en

la decisión que emite en el presente caso es tan abismal

que el mismo “resalta a la vista y hiere la retina”.21

La decisión mayoritaria emitida en el recurso de

epígrafe es errónea, lamentable y --porqué no decirlo-- una

acomodaticia. Así no se le hace justicia a este pueblo.

Los ciudadanos de este bendito País tienen el derecho

a que, si les asiste la razón, este Tribunal así lo

determine y decrete, independientemente de cuántas veces

haya que fallar o decidirle en contra a determinado sector

de nuestra sociedad.

No podemos avalar esa clase de conducta judicial y,

mucho menos, permanecer callados. Nuestro norte siempre

tiene que ser, como árbitros de las controversias que

afectan a nuestra ciudadanía, darle la razón al que la

tenga sin tomar en consideración que a algunas personas, o

funcionarios, les pueda disgustar nuestras decisiones, esto

es, independientemente de las consecuencias que éstas nos

21 In re: Roldán González, 113 D.P.R. 238, 242 (1982). CC-2007-350 / CC-2007-361 3

puedan acarrear. No ejercemos nuestro ministerio dentro de

un concurso de popularidad.

Resolver, como lo hace la Mayoría, que la Ley 477 del

23 de septiembre de 2004, aprobada por la Decimocuarta

Asamblea Legislativa de Puerto Rico, no tiene consecuencia

legal alguna, por lo que no obliga a la actual Asamblea

Legislativa --en específico, a la Cámara de Representantes--

a actuar conforme claramente establece la mencionada Ley

477 significa, llana y sencillamente, que dicha acción

legislativa fue una “tomadura de pelo a nuestra

ciudadanía”, es decir, que fue un ejercicio de futilidad

llevar a cabo el referéndum celebrado el 10 de junio de

2005, y, peor aún, un gasto de dinero superfluo y hasta,

posiblemente, ilegal.

La Sección 1 del Artículo VII de la Constitución del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece que:

Sección 1 - La Asamblea Legislativa podrá proponer enmiendas a esta Constitución mediante resolución concurrente que se apruebe por no menos de dos terceras partes del número total de los miembros que se compone cada cámara. Toda proposición de enmienda se someterá a los electores capacitados en referéndum especial, pero la Asamblea Legislativa podrá, siempre que la resolución concurrente se apruebe por no menos de tres cuartas partes del número total de los miembros de que se compone cada cámara disponer que el referéndum se celebre al mismo tiempo que la elección general siguiente. Cada proposición de enmienda deberá votarse separadamente y en ningún caso se podrá someter más de tres proposiciones de enmienda en un mismo referéndum. Toda enmienda contendrá sus propios términos de vigencia y formará parte de CC-2007-350 / CC-2007-361 4

esta Constitución si es ratificada por el voto de la mayoría de los electores que voten sobre el particular. Aprobada una proposición de enmienda, deberá publicarse con tres meses de antelación, por lo menos, a la fecha del referéndum.

No hay que ser ni muy inteligente ni muy perspicaz para

correctamente poder concluir que, por mandato

constitucional, todo intento de enmendar nuestra

Constitución --aun cuando inicialmente sea recomendado,

digamos, a manera de ejemplo, por el Gobernador de Puerto

Rico-- se tiene que originar en la Asamblea Legislativa.

Eso, precisamente, fue lo que sucedió en el presente

caso en el 2004. La acción de enmendar la Constitución

--respecto a la existencia de una sola cámara legislativa--

se originó en la Asamblea Legislativa.

Lo que sucede es que la Legislatura, teniendo en dicho

momento el pleno poder o facultad para aprobar, mediante

resolución conjunta o una ley, la celebración inmediata y

directa de un referéndum --especificando, desde un

principio, las enmiendas específicas a la Constitución, esto

es, y a manera de ejemplo, de cuántos miembros se compondría

dicha unicámara, los distritos electorales que éstos

miembros representarán, entre otros-- determinó dividir este

proceso de enmienda en dos etapas o partes; procedimiento

que es completamente legal porque “el que puede lo más,

puede lo menos”. Pueblo v. Valentín Burgos, 135 D.P.R. 245

(1994).

La Asamblea Legislativa --actuando en forma

cautelosa-- determinó mediante una ley que en la primera de CC-2007-350 / CC-2007-361 5

esas etapas la ciudadanía votaría sobre si favorecía, o no,

la unicameralidad. Estableció --de forma clara y específica-

- mediante la citada Ley 477, en lo pertinente, que un voto

a favor de la unicameralidad “…significaría un mandato a la

Asamblea Legislativa para que se celebre un referéndum el 9

de julio de 2007, con el fin de proponer al electorado que

se enmiende la Constitución del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, de forma tal que a partir del 2 de enero de

2009, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico esté

constituida bajo una sola cámara”. (Énfasis suplido.)

La única interpretación, lógica y razonable, del

lenguaje de la Ley antes citada es a los efectos de que,

celebrada la consulta el 10 de junio de 2005 y habiendo

resultado favorecida por el pueblo la unicameralidad, la

actual Asamblea Legislativa viene en la obligación de pasar

a la segunda etapa establecida por la Ley 477.

Dicho de otra manera, ya no le corresponde a la

presente Asamblea Legislativa ejercer su discreción sobre si

puede celebrar, o no, el referéndum sobre la unicameralidad

ya que, repetimos, está obligada a ello. Sobre lo que sí

tiene discreción --en esta segunda etapa-- es sobre la

decisión de qué enmienda específica a la Constitución le van

a proponer al pueblo; votación que tiene que ser aprobada

por dos terceras partes de sus miembros.

¿Por qué están así obligados? Llana y sencillamente

porque ellos representan al pueblo, el pueblo ya se CC-2007-350 / CC-2007-361 6

expresó, favoreció la unicameralidad, decidió que sí quieren

que se celebre el referéndum, y el pueblo es soberano. Ni

más ni menos.

En resumen, la actual Asamblea Legislativa no puede en

esta etapa pasar juicio sobre la deseabilidad de celebrar un

referéndum sobre la unicameralidad. Esa decisión ya la tomó

el pueblo. En consecuencia, la Legislatura no goza de

discreción para negarse a ello. Lo único que tiene que

decidir la actual Asamblea Legislativa es determinar el

lenguaje de la enmienda a la Constitución que se le va a

someter al pueblo.

Aquí no se trata, como se nos quiere hacer creer, de

que una Asamblea Legislativa no puede obligar a otra. Ese

argumento podría utilizarse bajo otra situación de hechos y

circunstancias en las cuales no exista un mandato expreso

del pueblo de Puerto Rico. De lo que aquí realmente se trata

es que la actual Asamblea Legislativa no puede ignorar el

mandato que este pueblo emitió el 10 de junio de 2005. Debe

recordarse que el poder que posee la Asamblea Legislativa se

lo concede, o emana de, el pueblo de Puerto Rico, quien es

el soberano. La Asamblea Legislativa no es autónoma ni

omnipotente; ésta depende de los mandatos y poderes que le

concede el pueblo.

Por otro lado, debe mantenerse presente que los

componentes de la actual Asamblea Legislativa, al tomar

posesión de sus cargos, juraron defender y obedecer la

Constitución y las leyes del Estado Libre Asociado de CC-2007-350 / CC-2007-361 7

Puerto Rico; es por ello que vienen obligados a obedecer las

disposiciones de la citada Ley 477 de 2004, la aplicación de

cuya ley culminó en un mandato del pueblo a esa Legislatura.

Resolver lo contrario --como lo hace la mayoría de los

integrantes del Tribunal, amparándose en argumentos erróneos

y en doctrinas que no son aplicables a los hechos del

presente caso-- es resolver que los miembros de una Asamblea

Legislativa en particular son “más soberanos” que el pueblo

de Puerto Rico, lo cual resulta ser insostenible y absurdo.

Es norma reiterada que la jurisdicción de nuestros

tribunales se limita a aquellas instancias en que pueda

precisarse la existencia de un caso o controversia, pues

“los tribunales existen únicamente para resolver

controversias genuinas surgidas entre partes opuestas que

tienen interés real en obtener un remedio que haya de

afectar sus relaciones jurídicas”. E.L.A. v. Aguayo, 80

D.P.R. 552, 558-559 (1958). Es por ello que en función de la

doctrina de separación de poderes y dentro de nuestro

esquema de auto-limitación judicial, hemos establecido que

la Rama Judicial no intervendrá en asuntos en que esté

involucrada una “cuestión política”.

“La doctrina de cuestión política plantea, en esencia,

que hay asuntos que no son susceptibles de determinación CC-2007-350 / CC-2007-361 8

judicial porque su resolución corresponde a las otras ramas

de gobierno --ejecutivo y legislativo-- y no al poder

judicial”. Noriega Rodríguez v. Hernández Colón, 135 D.P.R.

406, 422 (1994). No obstante, ante distintos reclamos de

cuestión política atendidos en el pasado, este Tribunal ha

expresado que dicha doctrina no priva a los tribunales de su

deber de interpretar la Constitución y de determinar si los

actos de una rama de gobierno exceden su autoridad

constitucional. Véase Noriega Rodríguez v. Hernández Colón,

ante; Silva v. Hernández Agosto, 118 D.P.R. 45 (1986); y

Santa Aponte v. Secretario del Senado, 105 D.P.R. 750

(1977). A esos efectos claramente hemos expresado que la

“Constitución les confiere determinadas facultades al Poder

Legislativo y al Ejecutivo, pero la definición de sus

contornos y la determinación de la validez de su ejercicio

son asuntos cuidadosamente reservados a los tribunales”.

Véase: Santa Aponte v. Secretario del Senado, ante.22

Con dicho principio como norte, en Santa Aponte v.

Secretario del Senado, ante, asumimos jurisdicción y

dispusimos que el Senado –-aun cuando goza del poder

constitucional exclusivo para decidir si ordena un recuento

de votos respecto a un senador cuya elección se ha

cuestionado-- viene en la obligación de permitir que el

senador electo disfrute de todas las prerrogativas de su

22 De hecho, que conozcamos este Tribunal nunca ha aplicado la doctrina de cuestión política a un caso ante su consideración. Esta sería la primera vez que se hiciera en la historia jurídica de este País. CC-2007-350 / CC-2007-361 9

cargo hasta tanto culmine el proceso de recuento de votos y

se determine finalmente quién obtuvo la mayoría de éstos.

Por otro lado, en Silva v. Hernández Agosto, ante,

luego de resolver que la doctrina de cuestión política no

era aplicable, intervinimos en el proceso de reglamentación

interna de la Asamblea Legislativa, y resolvimos que cierta

regla que versaba sobre los procesos investigativos y

deliberativos de la Comisión de lo Jurídico del Senado

infringía los derechos constitucionales de los

representantes de las minorías.

Por último, en Noriega Rodríguez v. Hernández Colón,

ante, citando con aprobación los casos previamente señalados

y luego de rechazar la aplicación de la doctrina de cuestión

política, procedimos a “delinear los contornos que la

Constitución de Puerto Rico le confirió a las Ramas

Legislativas y Ejecutiva con respecto a los poderes de cada

una de hacer y de poner en vigor las leyes”. (Énfasis

suplido.)

Dicho de otra manera, en los antes citados casos y no

obstante la supuesta “existencia” de la doctrina de cuestión

política en nuestra jurisdicción, intervinimos directamente

con poderes y reglamentos de la Asamblea Legislativa;

procedimos a delinear procedimientos a seguir por ésta; a

anular reglamentos internos promulgados por dicha

Legislatura; y a precisarle los parámetros de sus poderes. CC-2007-350 / CC-2007-361 10

Cabe preguntarse: ¿qué nos impide ahora ordenarle a la

Asamblea Legislativa a que cumpla con las claras

disposiciones de una ley y, sobre todo, con el mandato claro

y específico del pueblo de Puerto Rico?

Analizadas las circunstancias presentes en el caso hoy

ante nuestra consideración y la jurisprudencia antes citada,

no albergamos duda alguna de que la doctrina de cuestión

política --la cual, repetimos, nunca hemos aplicado-- no

constituye impedimento para que este Tribunal atienda y se

exprese sobre la controversia aquí planteada.

Coincidimos con los peticionarios respecto a que la

Asamblea Legislativa, al negarse a respetar el mandato del

pueblo se colocó al margen de la Constitución y que este

Tribunal, como máximo interprete de la Constitución, viene

obligado a vindicar los derechos del pueblo mediante la

correcta y única interpretación de las disposiciones

jurídicas en controversia; de lo contrario, estaríamos

abdicando nuestra función ineludible de interpretar “la

Constitución y [de] velar que el espíritu y el esquema

democrático de esta Carta no se vulnere”. Silva v. Hernández

Agosto, ante.

Por entender que así actúa la Mayoría, es que

disentimos.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ Juez Asociado