In Re: Lcdo. Roberto J. Sánchez Ramos

2008 TSPR 131

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: July 31, 2008
• Docket: AB-2007-0055
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re: 2008 TSPR 131 Queja presentada contra el Secretario de Justicia, 174 DPR ____ Lcdo. Roberto J. Sánchez Ramos

Número del Caso: AB-2007-55

Fecha: 31 de julio de 2008

Abogado de la Parte Querellada:

Por Derecho Propio

Materia: Conducta Profesional

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Queja presentada contra el Secretario de Justicia, Lcdo. Roberto J. Sánchez Ramos AB-2007-55 Queja

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 31 de julio de 2008.

A raíz de unas expresiones críticas vertidas

públicamente por el Secretario de Justicia,

Hon. Roberto Sánchez Ramos, en relación a la

decisión de los tribunales de determinar no causa

para arresto ante la denuncia presentada contra el

ex Gobernador de Puerto Rico, Dr. Pedro Rosselló

González, el Hon. Rolando Crespo Arroyo,

Representante por Acumulación del Partido Nuevo

Progresista, presentó una queja en su contra ante

este Tribunal. Luego de haber examinado

detenidamente el asunto, y a la luz de las

circunstancias particulares de este caso, procede AB-2007-55 2

que declinemos el ejercicio de nuestra jurisdicción

disciplinaria en atención a los criterios prudenciales

establecidos en In re Secretario de Justicia, 118 D.P.R.

827 (1987).

I

Hace poco más de un año, el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Municipal de San Juan, no encontró causa

para ordenar el arresto del ex Gobernador de Puerto Rico,

Dr. Pedro Rosselló González, según lo solicitó el

Secretario de Justicia, Hon. Roberto Sánchez Ramos. A

igual determinación llegó otra sala de dicho foro en una

vista de determinación de causa probable en alzada.

Ante dicho resultado, el Secretario de Justicia

manifestó públicamente su inconformidad y discrepancia con

el mismo. A grandes rasgos, el Secretario de Justicia hizo

las siguientes expresiones:

Esto es un nuevo golpe a todos los que aspiramos a que el sistema de justicia trate por igual a todos. No me cabe duda que si hubiera sido un hijo de vecino sin conexiones y sin influencia en los medios, se hubiese determinado causa y el proceso hubiera terminado en una convicción; no me cabe la más mínima duda.

No podemos guiarnos por el poder, la influencia. Tenemos que tratar a todos por igual. Estamos convencidos que con esta misma relación de hechos, si la persona imputada hubiera sido cualquiera en Puerto Rico que no tenga las mismas conexiones que este imputado, hubiéramos salido airosos.1

1 Aunque dichas expresiones fueron difundidas por diversos medios de prensa, las extraemos de los documentos incluidos con la queja presentada, en particular, de un artículo publicado por el periódico El Vocero el 23 de febrero de 2007. No existe controversia sobre el contenido de las mencionadas expresiones. AB-2007-55 3

Motivado por dichas expresiones, el Representante por

Acumulación del Partido Nuevo Progresista, Hon. Rolando

Crespo Arroyo, presentó una queja disciplinaria ante nos

mediante la cual le imputó al Secretario de Justicia haber

violado el Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4

L.P.R.A. Ap. IX, C.9, que obliga a todo miembro de la

profesión a observar una conducta respetuosa hacia los

tribunales y a desalentar y evitar ataques injustificados

contra los jueces o contra el buen orden en la

administración de la justicia. Alegó, además, que el

Secretario de Justicia actuó en contravención del Canon 38,

4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 38, el cual preceptúa el deber de

todo abogado de esforzarse en la exaltación del honor y la

dignidad de la profesión y evitar hasta la apariencia de

conducta impropia. En apoyo de lo anterior, el

Representante Crespo Arroyo sostuvo que las expresiones del

Secretario de Justicia constituyeron “un ataque mendaz e

injustificado a la profesión de la abogacía” y causaron

“daño a la imagen de honestidad, laboriosidad y competencia

[de la] Rama Judicial”.

El Represente Crespo Arroyo acompañó su queja con una

grabación2, copia de varios artículos de prensa escrita

relacionados al asunto, así como un documento titulado

“Rolando Crespo presenta querella en contra del Secretario

2 La misma contiene dos entrevistas televisivas concedidas por el Secretario Sánchez Ramos ante medios noticiosos locales, en las que –en esencia- emitió expresiones similares a las citadas anteriormente. AB-2007-55 4

de Justicia[:] Anuncia manifestaciones en rechazo a la

gestión del funcionario”.3 En este documento se anunció

formalmente la presentación de la queja de epígrafe en

contra del Secretario de Justicia y se convocó a varias

manifestaciones y protestas para hacer público el rechazo a

dicho funcionario.4

En vista de la queja presentada, le remitimos al

Secretario de Justicia copia de la misma y le concedimos un

término de diez días para presentar su contestación,

conforme a la Regla 14(c) del Reglamento de este Tribunal.

4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, R. 14, inciso (c). En respuesta, el 3 Dicho documento, que parece ser un comunicado de prensa, está suscrito bajo el nombre y cargo del Legislador, según se desprende de su encabezamiento. 4 Además, en dicho documento se hizo constar, entre otras cosas, lo siguiente:

El Secretario de Justicia no solamente persiguió políticamente al Presidente del Partido Nuevo Progresista[,] sino que les faltó el respeto a la judicatura y a todos los puertorriqueños, cuando al perder ante una juez decidió, sin medir las consecuencias y sin considerar el cargo que ocupa, arremetió [sic] contra el sistema. ...

Manifestaciones

Rolando Crespo indicó que el Secretario de Justicia ha mantenido una conducta acomodaticia a favor del Partido Popular Democrático, protegiendo y dejándo [sic] a un lado los referidos contra figuras identificadas con su partido.

“Cuando se pueda objetivamente ver las actuaciones del Secretario, encontraremos y podremos darnos cuenta con mayor claridad de como [sic] Sánchez Ramos, [sic] se ha sentado encima de los referidos contra la administración de Sila Calderón y del Alcalde de Carolina, a quien [sic] no ha querido tocar por razones obvias”. AB-2007-55 5

Secretario de Justicia presentó una Moción de Desestimación

en la que alegó que el procedimiento disciplinario en su

contra es totalmente frívolo, pues –a su juicio- el

Representante Crespo Arroyo carece de legitimación activa

para promoverlo. En apoyo de su alegación, adujo que el

Representante Crespo Arroyo no demostró satisfactoriamente

un interés legítimo ético ni haber sufrido un perjuicio

real directo por sus actuaciones, según lo requiere la

norma sentada por este Tribunal en In re Secretario de

Justicia, 118 D.P.R. 827 (1987) (en adelante, In re

Secretario de Justicia I) y reafirmada en In re Secretario

de Justicia, 126 D.P.R. 463 (1990) (en adelante, In re

Secretario de Justicia II). El Secretario de Justicia

expuso que sus expresiones no le causaron perjuicio alguno

al Representante Crespo Arroyo y que éste lo que pretende

vindicar es un daño abstracto, hipotético y generalizado.

En la alternativa, el Secretario de Justicia arguyó

que sus expresiones están protegidas por el derecho a la

libre expresión consagrado en la Primera Enmienda de la

Constitución de Estados Unidos y en el Artículo II, Sección

4 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico. En particular, adujo que sus expresiones

constituyeron una opinión subjetiva, cuya falsedad no es

susceptible de ser probada, según el estándar establecido

en New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964) y su

progenie. Finalmente, alegó que, dada su función

constitucional como representante de la Rama Ejecutiva, las AB-2007-55 6

expresiones en cuestión constituyeron una opinión sobre

otra rama –la Rama Judicial- cumpliendo de esa forma con su

“derecho y responsabilidad... de exponer su criterio sobre

asuntos gubernamentales...” (énfasis omitido). Se trató, a

su juicio, de “una crítica que una Rama de gobierno lanza

en cuanto al desempeño de otra[, lo que] es parte esencial

del debate político entre Ramas de gobierno y del sistema

de pesos y contrapesos establecido en nuestra

Constitución”.

El Representante Crespo Arroyo respondió a los

planteamientos del Secretario de Justicia y en su oposición

a la solicitud de desestimación alegó que posee

legitimación activa para presentar la queja de epígrafe

dado que, como funcionario de la Rama Legislativa, juró

defender la Constitución, por lo que –a su juicio-

“defender la integridad de la Rama Judicial” es su deber

ineludible. Además, señaló que In re Secretario de

Justicia I, supra, es distinguible del caso de autos, mas

no elaboró dicha alegación. Por último, reiteró que el

Secretario de Justicia incurrió en conducta contraria al

Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra, y sostuvo

que éste no podía invocar la Primera Enmienda o la Carta de

Derechos de la Constitución de Puerto Rico como subterfugio

para evadir su responsabilidad ética ya que, por ser un

funcionario público, sus expresiones no están protegidas

constitucionalmente. AB-2007-55 7

Por su parte, el Secretario de Justicia replicó a la

oposición presentada por el Representante Crespo Arroyo.

Reiteró que la queja instada en su contra debe ser

desestimada, pues la condición de legislador del

Representante Crespo Arroyo no subsana su falta de

legitimación activa. Insistió, además, en que sus

expresiones están protegidas por su derecho constitucional

a la libertad de expresión.

A los fines de evaluar la queja de epígrafe, le

concedimos al Representante Crespo Arroyo un término para

que nos informara si la grabación y los recortes

periodísticos que incluyó en su queja constituían toda la

prueba respecto a los hechos que dieron lugar a la presente

acción disciplinaria. Asimismo, le concedimos un término

simultáneo al Secretario de Justicia para que nos informara

si su réplica constituía su contestación a la queja y si

daba por sometido el asunto.

En cumplimiento con lo anterior, el Secretario de

Justicia compareció y nos informó que daba por sometidos

para adjudicación los asuntos de derecho invocados en sus

escritos. Sin embargo, expresó que –de denegar este

Tribunal sus argumentos de derecho- no renunciaba a la

celebración de un juicio plenario, mediante el cual se

probaran en su contra los elementos fácticos de falsedad y

conocimiento exigidos por New York Times Co. v. Sullivan,

supra. Por su parte, el Representante Crespo Arroyo

compareció para informarnos que la base para establecer la AB-2007-55 8

responsabilidad ética del Secretario de Justicia son los

referidos artículos periodísticos, la grabación y la

posición de este último de no negar que realizó las

expresiones en cuestión.

Examinado el expediente ante nuestra consideración, y

por entender que no existe controversia esencial de hechos,

procedemos a resolver sin trámite ulterior.

II

Como es sabido, el Departamento de Justicia de Puerto

Rico es la agencia de la Rama Ejecutiva que ostenta la

representación legal del Estado tanto en las causas civiles

como en las criminales. De ordinario, la representación

legal del Estado la hace un abogado de dicha agencia a

tenor con el ordenamiento procesal y deontológico vigente,

pero el Secretario de Justicia no interviene personalmente

en la litigación activa ante los tribunales del país.

Ahora bien, el Secretario de Justicia es el

funcionario de mayor rango en dicha institución, por lo que

es el encargado de trazar las metas para viabilizar la

consecución de la política pública establecida por la

agencia. In re Secretario de Justicia I, supra, págs. 846-

847. “Por las funciones impuestas por ley, es abogado.

Sin embargo, no es un abogado más. Sus responsabilidades

legales y administrativas son numerosas y versan sobre

múltiples y sensitivos asuntos”. Id., pág. 846.

De hecho, en el pasado hemos reconocido que la

complejidad del cargo de Secretario de Justicia y las AB-2007-55 9

funciones que éste realiza como integrante del Gabinete y

segundo en sucesión al Gobernador, lo pueden llevar a

involucrarse –directa o indirectamente- en asuntos públicos

polarizados, impregnados o no de contenido político-

partidista, que trascienden la visión tradicional del papel

de principal abogado-asesor gubernamental. Id., pág. 848.

Es por eso que, a veces, resulta difícil separar el

pronunciamiento del Secretario de Justicia como abogado-

asesor de la Rama Ejecutiva, de aquel que emite como

miembro del Gabinete, de una junta o como Gobernador

interino. Id.

Evidentemente, la compleja gestión pública que

desempeña el Secretario de Justicia lo coloca en una

posición particular dentro de nuestro esquema de Gobierno.

De hecho, se ha afirmado que la Oficina del Secretario de

Justicia “se encuentra muy envuelta con la mayoría de los

oficiales del Gobierno. Es una oficina susceptible de

asumir muchos roles conflictivos”. (traducción nuestra) W.

Thompson, Conflicts of Interest and the State Attorneys

General, 15 Washburn L.J. 15, 30 (1976).

Precisamente, el carácter conflictivo del rol que

ejerce el Secretario de Justicia y la realidad de que,

además de abogado, es funcionario de la Rama Ejecutiva, nos

ha llevado a reconocer que en estas circunstancias el

ejercicio de nuestra facultad disciplinaria “entraña

necesariamente consideraciones constitucionales por tocar

muy de cerca el delicado balance de poderes que garantiza AB-2007-55 10

nuestra Constitución”. In re Secretario de Justicia II,

supra, pág. 467. A base de ese balance, que evoca aspectos

básicos de la doctrina de separación de poderes, hemos

afirmado que el poder compartido en nuestra democracia es

una llamada al consenso y no una invitación a que una rama

de gobierno le imponga a otra su criterio. Id., pág. 470.

Del mismo modo, hemos señalado que la relación armoniosa

que debe imperar entre las distintas ramas del gobierno

supone, entre otras cosas, que “cuando haya conflicto sobre

el alcance de los poderes constitucionales de cualquiera de

ellas, los tribunales intervengan con prudencia y

deferencia para aclarar los contornos de la Constitución y

facilitar la resolución de las diferencias”. Silva v.

Hernández Agosto, 118 D.P.R. 45, 57 (1986).

En consideración a la prudencia y mesura que debe

imperar cuando una rama interviene, de una forma u otra,

con los poderes y prerrogativas de las otras, hemos

desarrollado unos criterios de autolimitación para el

ejercicio de nuestra jurisdicción general. Así, por

ejemplo, hemos resuelto que un asunto no es susceptible de

ser adjudicado judicialmente cuando éste presenta una

cuestión política; o sea, cuando el mismo cae bajo el

ámbito de acción de las ramas políticas del Gobierno o del

electorado.5

5 La referida doctrina –cuya aplicación impide la intervención judicial- tiene tres vertientes: (1) cuando el asunto ha sido asignado textualmente por la Constitución a otra rama del Gobierno; (2) cuando no existen criterios de decisión susceptibles de descubrirse y administrarse por AB-2007-55 11

En el contexto disciplinario hemos hecho lo propio

cuando se trata de circunstancias particulares en las que

debemos ejercer especial cuidado y circunspección. Así,

por ejemplo, en In re Rodríguez Torres, 106 D.P.R. 698

(1978), mediante Resolución, dejamos sin efecto una regla

de incompatibilidad que establecía un insalvable conflicto

entre el ejercicio de la abogacía ante los tribunales de

instancia y el pertenecer a una comisión del Senado que

tuviera a su cargo la consideración de los nombramientos de

jueces o fiscales, mientras durara la incumbencia del

abogado-legislador en dicha comisión. Al así resolver,

declinamos intervenir disciplinariamente con un abogado

que, en su función como legislador, presidía la Comisión de

Nombramientos del Senado. Como fundamento para ello, y en

atención a los principios que subyacen la doctrina de

separación de poderes, algunos miembros de este Tribunal

sostuvieron que la deferencia debida a la Rama Legislativa

requería nuestra abstención. Véase In re Rodríguez Torres,

______________________________ los tribunales; y (3) cuando existen consideraciones derivadas de la prudencia. Se trata de una autorestricción inherente a nuestro esquema republicano de gobierno. Córdova v. Cámara de Representantes, res. 29 de junio de 2007, 2007 TSPR 133; Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 422 (1994); Silva v. Hernández Agosto, supra, págs. 53-55.

Asimismo, hemos establecido que un caso no es justiciable cuando una de las partes no tiene legitimación activa para promoverlo; cuando luego de comenzado el pleito el mismo se torna académico; cuando se promueve un pleito que no está maduro; o cuando las partes persiguen obtener una opinión consultiva. Córdova v. Cámara de Representantes, supra; Noriega v. Hernández Colón, supra, págs. 421-422. AB-2007-55 12

supra, Opinión del Juez Presidente señor Trías Monge, a la

cual se unieron los Jueces Asociados señores Dávila y

Torres Rigual, págs. 724-725.

Igualmente, en In re Vélez Lugo, 162 D.P.R. 735

(2004), aun cuando se trataba de un abogado que no

ostentaba un cargo público particular, autolimitamos el

ejercicio de nuestra función disciplinaria por

consideraciones prudenciales. En esa ocasión, dado que la

queja presentada se basaba en una relación de negocios en

el plano personal del querellado, y en vista de que la

controversia ya había sido objeto de un proceso judicial,

ordenamos el archivo del asunto, tomando en consideración

que la conducta desplegada por el abogado tampoco lo hacía

indigno de pertenecer al foro. Al así resolver, afirmamos

que “la imposición de sanciones disciplinarias en [dicho]

caso sacaría de proporción el poder inherente de este

Tribunal para reglamentar la profesión”. Id., págs. 742-

743.

Por otro lado, en In re Secretario de Justicia I,

supra, elaboramos específicamente unos criterios

prudenciales de autolimitación para casos disciplinarios en

los que esté involucrado un Secretario de Justicia. En

particular, resolvimos que declinaremos ejercer nuestra

jurisdicción disciplinaria en quejas contra un Secretario

de Justicia cuando, de su faz: (1) el promovente no

justifique satisfactoriamente un interés legítimo ético y

un perjuicio real directo; (2) cuando el asunto, aunque de AB-2007-55 13

carácter ético, sea prematuro; (3) cuando los hechos no

estén debidamente documentados o sustanciados, o (4) cuando

no se trate de materia ético-adjudicable por corresponder

al debate del Poder Legislativo o Ejecutivo, o pertenecer a

la arena de la política partidista. In re Secretario de

Justicia I, supra, pág. 850. Estos criterios de abstención

fueron reafirmados por este Tribunal en In re Secretario de

Justicia II, supra, pág. 468, donde –en efecto- declinamos

ejercer nuestra jurisdicción disciplinaria en consideración

a la función de Gobernador interino que estaba ejerciendo

el Secretario de Justicia cuando incurrió en la conducta

que motivó el inicio del proceso disciplinario.6

El primer criterio señalado, relativo a la

demostración de un interés legítimo ético y de un perjuicio

real directo de parte del promovente, responde

esencialmente a las implicaciones del cargo de Secretario

de Justicia y a la necesidad de que este Tribunal evite

intervenir en asuntos matizados por intereses político-

partidistas. Por un lado, dicho requisito toma en cuenta

que la complejidad del rol que ejerce el Secretario de

Justicia tiene el potencial de generar controversias

delicadas en las que –para honrar los principios inmersos

en la doctrina de separación de poderes- se requiere que la

Rama Judicial intervenga con especial cuidado. De otro

6 Igual curso de acción seguimos poco después en In re Rivera Cruz, 126 D.P.R. 768 (1990) donde, mediante Resolución, declinamos ejercer nuestra jurisdicción disciplinaria en otro asunto relacionado con un Secretario de Justicia. AB-2007-55 14

lado, el mismo parte del entendido de que se requiere una

mayor cautela cuando atendemos quejas contra un abogado

que, no sólo es miembro del foro, sino que es uno de los

principales funcionarios de la Rama Ejecutiva, miembro del

Gabinete y segundo en sucesión al Gobernador. Como tal, el

Secretario de Justicia se coloca a menudo en medio de

polémicas polarizadas capaces de generar en los ciudadanos

reacciones encontradas. Su participación en tales asuntos,

sin duda, le confiere un grado de vulnerabilidad superior

al que pueden enfrentar otros abogados.

En la medida en que, por su propia naturaleza, el

cargo de Secretario de Justicia obliga a este funcionario a

asumir roles complejos y en ocasiones, controversiales y

conflictivos, se requiere que el ciudadano que inicia un

proceso disciplinario en su contra demuestre

satisfactoriamente, de la faz de la queja presentada, un

interés legítimo en el asunto disciplinario.

Debemos recordar que requerir un interés legítimo

cuando de la ética se trata no es ajeno a nuestro

ordenamiento ético-legal. Nótese que, por ejemplo, hemos

resuelto que se debe examinar la existencia de legitimación

activa en la persona que promueve la descalificación de un

abogado. A tales efectos, hemos afirmado que la mera

presentación de una moción de descalificación no conlleva

automáticamente la descalificación del abogado en cuestión.

Más bien, se debe evaluar, entre otras cosas, si la persona

que solicita la descalificación tiene legitimación activa AB-2007-55 15

para invocarla. Otaño v. Vélez, 141 D.P.R. 820, 828 (1996);

Liquilux Gas v. Berríos, 138 D.P.R. 850, 864 (1995).

Si bien las mociones de descalificación no constituyen

de por sí acciones disciplinarias, lo cierto es que su

finalidad esencial se relaciona sustancialmente con el

valor que se pretende vindicar mediante el proceso

disciplinario. Por un lado, la moción de descalificación

se emplea generalmente como medida preventiva para evitar

posibles violaciones a los cánones de ética profesional.

Meléndez Vega v. Caribbean Intern., 151 D.P.R. 649, 660

(2000); Liquilux v. Berríos, supra, pág. 864. Mientras,

los procesos disciplinarios se realizan con el fin de

promover un desempeño profesional acorde con los más altos

principios para beneficio, no sólo de la profesión misma,

sino también de la ciudadanía y de las instituciones de

justicia. In re Izquierdo Stella, 154 D.P.R. 732, 737

(2001). Por tanto, en ambos casos, particularmente cuando

se recurre a la descalificación de un abogado para evitar

violaciones éticas, lo que se busca preservar y

reestablecer -a fin de cuentas- es la ética misma de la

profesión legal y, con ello, la integridad del sistema

judicial.7

7 Otros tribunales también requieren que el promovente de una descalificación posea legitimación activa. Véanse, a modo ilustrativo, Colyer, et al v. Larry Smith, 50 F. Supp. 2d 966 (1999); Shire Laboratories v. Nostrum Pharmaceuticals, 2006 U.S. Dist. LEXIS 51043 (2006); Xcentric Ventures, LLC v. Stanley, 2007 U.S. Dist. LEXIS 55459 (2007). AB-2007-55 16

Conforme a lo anterior, no cabe duda que requerir la

demostración de un interés legítimo en ciertas

circunstancias, sobre todo cuando de la ética se trata, no

es ajeno a nuestro sistema de derecho. A su vez, y a la

luz del análisis esbozado, nos parece innegable que la

aplicación de dicho requisito en las circunstancias de

casos como el de autos resulta altamente necesaria. De esa

forma nos aseguramos que funcionarios de la naturaleza del

Secretario de Justicia sólo se vean sujetos al inicio de un

proceso disciplinario por razones meritorias y, sobre todo,

que este Foro no sea utilizado para promover causas

personales o políticas, no relacionadas necesariamente con

el desempeño profesional de los abogados.

Ya anteriormente hemos expresado que este Tribunal no

puede ser utilizado como “punta de lanza para saciar la sed

de venganza que contra un miembro de la profesión pueda

tener un ciudadano en particular”. In re Vélez Lugo, supra,

pág. 739-740. A la luz de dicha norma, hemos rechazado la

posibilidad de convertir nuestra jurisdicción disciplinaria

en un remedio judicial adicional o en un mecanismo alterno

para aquellos quejosos insatisfechos que no han prevalecido

en otros foros. In re Alverio Sánchez, res. 27 de

septiembre de 2007, 2007 TSPR 187; In re Vélez Lugo, supra,

pág. 742. Ello es así, pues el norte de todo procedimiento

disciplinario es el interés en proteger al público y a la

profesión legal, por lo que toda pretensión ajena a dicho

propósito no será motivo para que este Foro emprenda la AB-2007-55 17

delicada encomienda de sancionar disciplinariamente a un

abogado.

Aclarado lo anterior, debemos resolver –como cuestión

de umbral- si en esta ocasión procede ejercer nuestra

jurisdicción disciplinaria o si, por el contrario, igual

que en otros casos similares al que nos ocupa, debemos

declinar hacerlo. Para llegar a una conclusión a esos

efectos, debemos determinar si el Representante Crespo

Arroyo cumplió con el requisito de demostrar

satisfactoriamente, y de la faz de la queja presentada, un

interés legítimo ético y un perjuicio real directo por las

actuaciones del Secretario de Justicia.

III

Como mencionamos antes, el Representante Crespo Arroyo

presentó la queja que originó el caso de autos basándose en

las expresiones vertidas por el Secretario de Justicia ante

la prensa del País en torno al desenlace del proceso

criminal seguido por el Estado en contra del ex Gobernador

Rosselló González. Éste basó la queja en el interés

general de defender la integridad de los tribunales y en su

condición de legislador porque –como tal- juró defender la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Dichos fundamentos, por sí solos, no cumplen con el

estándar adoptado en In re Secretario de Justicia I, supra,

el cual requiere la demostración concreta de un interés

legítimo ético y un perjuicio real directo por las

actuaciones del Secretario de Justicia. AB-2007-55 18

Si bien las expresiones del Secretario de Justicia

pueden haber generado la indignación de funcionarios de la

Rama Judicial y de ciudadanos como el Representante Crespo

Arroyo, y aun cuando se trata de expresiones que reflejan

un modelo de conducta no ejemplarizante, lo cierto es que

este último no demostró de la faz de la queja poseer

interés particular alguno en el asunto de referencia, ni un

perjuicio concreto por las actuaciones del Secretario. Más

allá del interés que puede compartir con el resto de la

ciudadanía en el respeto hacia las instituciones de

justicia, el Representante Crespo Arroyo no pudo demostrar

satisfactoriamente un interés individual de naturaleza

ética que mueva a este Tribunal a ejercer su función

disciplinaria. Éste tampoco pudo probar un perjuicio claro

y específico a raíz de las expresiones del Secretario de

Justicia, aparte del daño general e indirecto que podemos

alegar todos los funcionarios del tribunal.

La ausencia del requisito mencionado, sin duda alguna,

supone una razón de peso para que declinemos ejercer

nuestra jurisdicción disciplinaria. Lo contrario

implicaría desatender injustificadamente las salvaguardas y

criterios elaborados por este Tribunal para la evaluación

de quejas presentadas contra Secretarios de Justicia.

Ello, evidentemente, con el consabido peligro de que se

someta a estos funcionarios a un procedimiento

disciplinario sin una demostración previa de un interés

legítimo en el asunto y, sobre todo, que se mal utilice AB-2007-55 19

este Foro para dirimir controversias ajenas al objetivo

principal de tales procedimientos.

IV

A modo de epílogo, debemos aclarar que el curso de

acción que hoy tomamos ante las complejidades que presenta

este caso no debe entenderse como una concesión de

inmunidad a la figura del Secretario de Justicia, pues

nuestra decisión no es óbice para que ejerzamos nuestra

jurisdicción disciplinaria cuando la conducta de dicho

funcionario lo amerite y cuando se cumplan los requisitos

necesarios para ello.

De otro lado, en lo que concierne al trasfondo fáctico

que suscitó la queja de epígrafe, debemos recordar que el

respeto hacia los tribunales y la obligación de desalentar

y evitar ataques injustificados contra los jueces no sólo

están entre los pilares fundamentales sobre los que se

erige nuestro código deontológico, sino que también sobre

ellos descansa la buena marcha de los procedimientos

judiciales y la confianza que el público deposita en ellos.

Por tanto, le recordamos a todos los abogados, incluyendo

al Hon. Roberto Sánchez Ramos, Secretario de Justicia, su

deber –como celosos custodios de la imagen de la justicia-

de observar una conducta que se caracterice por el mayor

respeto hacia los tribunales. Asimismo, le exhortamos a

propiciar debates jurídicos de la altura moral e

intelectual que se espera de todo abogado, en los que la

moderación y la prudencia son la mejor herramienta para AB-2007-55 20

evitar ataques injustificados que en el fragor del momento

puedan ser dirigidos irreflexivamente al sistema judicial.

V

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el

ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria y se ordena

el archivo de la queja presentada contra el Secretario de

Justicia, Hon. Roberto Sánchez Ramos.

Se dictará Sentencia de conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

Queja presentada contra AB-2007-55 Queja el Secretario de Justicia, Lcdo. Roberto J. Sánchez Ramos

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, se deniega el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria y se ordena el archivo de la queja presentada contra el Secretario de Justicia, Hon. Roberto J. Sánchez Ramos.

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rebollo López emitió Opinión Concurrente y Disidente. El Juez Asociado señor Rivera Pérez inhibido.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Queja presentada contra el AB-2007-55 Secretario de Justicia, Lcdo. Roberto José Sánchez Ramos

OPINIÓN CONCURRENTE Y DISIDENTE EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 31 de julio de 2008

Aun cuando concurrimos con el resultado al que

llega la mayoría de los integrantes del Tribunal en

el presente caso --esto es, de archivar la queja

presentada por el Hon. Rolando Crespo Arroyo,

miembro de la Cámara de Representantes de Puerto

Rico, contra el Hon. Roberto José Sánchez Ramos,

Secretario de Justicia de Puerto Rico-- nos vemos

impedidos de suscribir y endosar la Opinión

mayoritaria emitida por estar en total desacuerdo

con la mayoría de las expresiones y fundamentos que

se utilizan por el Tribunal en apoyo del referido

resultado.

En específico, rechazamos enérgicamente la

determinación mayoritaria de que este Tribunal AB-2007-55 2

carece de jurisdicción para intervenir en, y resolver en sus

méritos, la controversia planteada, esto es, si el

Secretario Sánchez Ramos actuó, o no, conforme los Cánones

de Ética Profesional al hacer las expresiones que hizo luego

de conocer el resultado del cargo criminal radicado contra

el ex Gobernador Pedro Rosselló González ante la Región

Judicial de San Juan.

La acción mayoritaria afecta, de manera significativa,

el poder inherente que tiene este Tribunal de regular la

profesión de abogado y de los principios deontológicos que

por décadas han regulado la profesión en Puerto Rico. Las

expresiones ambivalentes que, al así actuar, hace el

Tribunal y la confusa norma que, a esos efectos, adopta no

le hacen bien al ejercicio de la profesión legal en nuestra

jurisdicción.

Ya que la mayoría de los integrantes del Tribunal ha

decidido no hacerlo, en el fiel cumplimiento de los deberes

que nos impone el cargo que ocupamos, acometemos la delicada

encomienda de expresarnos sobre la interrogante de si el

Secretario de Justicia, Hon. Roberto José Sánchez Ramos,

incurrió, o no, en conducta impermisible al hacer las

referidas expresiones. Somos del criterio que tanto el

Secretario Sánchez Ramos, como sus sucesores en el cargo,

así como los miles de abogados que ejercen la profesión en

Puerto Rico, tienen el derecho a que este caso sea resuelto

en los méritos, esto es, tienen el derecho a saber si

expresiones críticas extrajudiciales en contra del sistema AB-2007-55 3

de justicia puertorriqueño y, en específico, la integridad

de sus Jueces, como las que hizo el Secretario Sánchez Ramos

infringen, o no, los Cánones de Ética Profesional.

La conducta que da lugar a la presente acción

disciplinaria tiene su génesis en las expresiones públicas

realizadas por el Secretario de Justicia, Hon. Roberto José

Sánchez Ramos, luego de conocer la determinación de no causa

para arresto de la vista en alzada que se llevó a cabo en la

Sala de San Juan del Tribunal de Primera Instancia en el

caso Pueblo v. Rosselló González, Crim. Núm. KMI2007-0010,

en la cual se imputaban cargos por falsificación de

documentos, apropiación ilegal agravada de fondos públicos y

aprovechamiento del cargo público. En la referida vista se

confirmó o reiteró un fallo previo de no causa realizado en

las etapas preliminares del caso. Como es sabido, estos

procedimientos alcanzaron gran notoriedad ante los medios

noticiosos, y capturaron la atención pública en general, por

estar involucrado un ex gobernador del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico.

Específicamente, el 22 de febrero de 2007, tras conocer

el fallo adverso obtenido en la vista preliminar en alzada,

el licenciado Sánchez Ramos hizo las siguientes expresiones:

Esto es un nuevo golpe a todos lo que aspiramos a que el sistema de justicia trate por igual a todos. No me cabe duda que si hubiera sido un hijo de vecino sin conexiones y sin influencia en los medios, se hubiese determinado causa y el proceso AB-2007-55 4

hubiera terminado en una convicción; no me cabe la más mínima duda.

Al día siguiente el periódico El Vocero reseñó una

entrevista realizada al licenciado Sánchez Ramos. En ésta el

Secretario expresó:

Estoy convencido de que la historia y el pueblo sabrá juzgar a todos los participantes de este proceso. El pueblo ya lo sabe. El pueblo y los historiadores verán que la evidencia era contundente y que los cargos criminales estaban más que justificados…. Nosotros hicimos nuestro trabajo. … No podemos guiarnos por el poder, la influencia. Tenemos que tratar a todos por igual. Estamos convencidos que con esta misma relación de hechos, si la persona imputada hubiera sido cualquiera en Puerto Rico que no tenga las mismas conexiones que este imputado, hubiéramos salido airosos. … Los ciudadanos no tienen por qué confiar ciegamente en lo que dice un juez o un Secretario de Justicia. Pueden evaluar lo que ha sucedido y poco a poco se divulgará más información para que cada cual pueda llegar a una conclusión. … Por estos mismos hechos hay una persona presa y la persona implicada, inexplicablemente ha sido exonerada. El pueblo tiene elementos más que suficientes para llegar a la conclusión de que el Departamento de Justicia descargó satisfactoriamente su función.

En virtud de las aludidas expresiones, el 24 de febrero

de 2007, el Representante Rolando Crespo Arroyo presentó una

queja juramentada ante este Tribunal imputándole al

Secretario de Justicia violaciones a los Cánones 9 y 38 de AB-2007-55 5

los del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap.IX, Cs. 98

y 38.9 En su escrito el Representante Crespo Arroyo alegó, en

síntesis, que las expresiones del Secretario Sánchez Ramos

“traspasaron los límites de lo permitido por los Cánones de

Ética Profesional que gobiernan la profesión legal en Puerto

Rico”, atacando de forma mendaz e injustificada el honor y

la dignidad de su profesión y causando daño a la imagen de

honestidad, laboriosidad y competencia de la Rama Judicial.

Así las cosas, el 13 de marzo de 2007, mediante

comunicación a esos efectos --y a tenor con la Regla 4(c)

del Reglamento de este Tribunal-- se le remitió al

Secretario Sánchez Ramos copia de la queja presentada en su

contra para que en un término de diez días expresara su

posición al respecto. Éste compareció mediante escrito

8 En lo aquí pertinente, el Canon 9 de los de Ética Profesional establece:

El abogado debe observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto. Ello incluye la obligación de desalentar y evitar ataques injustificados o atentados ilícitos contra los jueces o contra el buen orden en la administración de la justicia en los tribunales. En casos donde ocurrieren tales ataques o atentados, el abogado debe intervenir para tratar de restablecer el orden y la buena marcha de los procedimientos judiciales. 9 El Canon 38 de los de Ética Profesional, en su parte pertinente, dispone:

El abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. AB-2007-55 6

titulado “Moción de Desestimación”, a través de la cual

argumentó que la queja presentada debía ser desestimada.

Entre otras cosas, el licenciado Sánchez Ramos cuestionó la

legitimación activa del Representante Crespo Arroyo para

promover la presente acción disciplinaria. Citando los casos

In re Secretario de Justicia I y II, 118 D.P.R. 827 (1987) y

126 D.P.R. 463 (1990), el Secretario Sánchez Ramos adujo que

Crespo Arroyo falló en justificar satisfactoriamente un

interés legítimo ético y demostrar un perjuicio real

directo. Asimismo, alegó que con su actuación el promovente

pretendía vindicar un daño abstracto, hipotético y

generalizado.

Como segundo argumento en apoyo de su solicitud de

desestimación el Secretario Sánchez Ramos expresó que, aun

si este Tribunal entendiese que el quejoso tiene

legitimación activa, procedía la desestimación de la

presente acción disciplinaria al amparo de la Primera

Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. A tales

efectos, argumentó que la referida Enmienda protege y abarca

las expresiones críticas que se emiten sobre la Judicatura

por ser ésta parte de nuestro sistema de gobierno.

Basado en esta premisa el Secretario Sánchez Ramos

elaboró la tesis de que no es posible sancionar las

expresiones críticas que realizan los abogados y fiscales

sobre el funcionamiento o integridad de la Judicatura o sus

Jueces a menos que, “(a) siendo susceptible de probarse

falsa, (b) en efecto se pruebe: (i) que dicha expresión es AB-2007-55 7

falsa; y (ii) que ha sido hecha con pleno conocimiento, o en

grave menosprecio, de su falsedad.” De esta forma argumentó

que sus expresiones sobre el desempeño de la Rama Judicial,

y los alegados problemas que existen sobre trato desigual,

gozan de completa inmunidad bajo la Primera Enmienda de la

Constitución de los Estados Unidos por constituir una

“opinión subjetiva” que, según él, no es susceptible de

probarse falsa.

Además, el Secretario Sánchez Ramos cuestionó la

constitucionalidad, tanto de su faz como en su aplicación,

de los Cánones 9 y 38 de los de Ética Profesional; adujo que

los referidos Cánones son inconstitucionales de su faz en

tanto pretenden vedar expresiones simplemente irrespetuosas

o indignas sin atención a las exigencias de lo resuelto en

New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964), y su

progenie. Asimismo, alegó que “en su aplicación dichos

Cánones resultarían igualmente inconstitucionales si se

utilizan para sancionar [sus] expresiones…, en tanto las

mimas [sic] están protegidas por la Constitución federal.”

Así las cosas, el 30 de marzo de 2007 el Representante

Crespo Arroyo compareció ante este Tribunal, mediante

escrito titulado “Moción Informando Interés de Replicar al

Lcdo. Roberto Sánchez Ramos”, solicitando un término de

veinte días para expresarse con relación a la desestimación

solicitada. Concedido dicho término, éste compareció el 24

de abril de 2007 alegando, en síntesis, que la doctrina

esbozada por el Secretario para cuestionar su interés en AB-2007-55 8

este caso, no debe ser aplicada a los hechos que nos ocupan,

pues, según alegó, “cualquier hijo de vecino” puede entablar

una queja en contra de cualquier abogado que no se desempeñe

de conformidad con las exigencias de los Cánones de Ética de

la Profesión; alegó que la referida doctrina no es de

aplicación al presente caso, pues lo que se cuestiona es la

actuación del Secretario Sánchez Ramos, en su capacidad de

abogado y funcionario del tribunal, y no como Secretario de

Justicia.

Citando jurisprudencia de este Tribunal10, Crespo Arroyo

expresó que el hecho de que un abogado defienda apasionada y

diligentemente la causa de acción de su cliente, no es

incompatible con la exigencia de decoro y respeto hacia los

tribunales y sus magistrados. A tono con lo anterior,

expresó que la Primera Enmienda de la Constitución federal

no puede ser utilizada como subterfugio en apoyo de ataques

insidiosos y demagogos en contra de nuestros tribunales y

que en nuestra jurisdicción existen guías que delimitan el

análisis ético que se realiza en este tipo de caso.11

En su “Réplica” el Secretario Sánchez Ramos reiteró sus

argumentos sobre falta de legitimación activa y cuestionó

10 In re Crespo Enríquez, 147 D.P.R. 656 (1999). 11 Finalmente, y citando el caso Garcetti v. Ceballos, 547 U.S. 410 (2006), el Representante alegó que la protección constitucional que reclama el Secretario no es de aplicación al presente caso toda vez que sus expresiones fueron realizadas en calidad de funcionario y no como un ciudadano particular. AB-2007-55 9

los planteamientos esbozados por el Representante Crespo

Arroyo, en específico, la aplicación de la jurisprudencia

federal presentada ante nos por el Representante.12

Trabada así la controversia, el 12 de junio de 2007 le

concedimos un término de veinte días al Secretario Sánchez

Ramos para que informara si los escritos que había radicado

ante este Tribunal constituían su contestación a la queja y,

si en la afirmativa, daba por sometido el asunto para la

decisión correspondiente. Del mismo modo, le concedimos un

término simultáneo al Representante Crespo Arroyo para que

informara si las grabaciones y recortes periodísticos que

acompañó con su queja constituían toda la prueba disponible

en torno a las expresiones del Secretario.

El Representante Crespo Arroyo compareció mediante

moción informativa, presentada el 9 de julio de 2007, en la

cual confirmó que las grabaciones, recortes periodísticos y

la posición del Lcdo. Sánchez Ramos de no negar las

expresiones emitidas era la base para establecer que éste

había violado los Cánones de Ética Profesional. El

Secretario, por su parte, dio por sometido el asunto en

cuanto a las controversias de derecho atendidas en sus

escritos, pero se negó a dar por sometidas las supuestas

controversias de hecho que, según alegó, surgirían en la

12 El licenciado Sánchez Ramos cuestionó la aplicación del caso Garcetti v. Ceballos, ante, a los hechos que nos ocupan al señalar que lo allí resuelto aplica exclusivamente en casos en que el Estado actúe en su papel de patrono y no como soberano. AB-2007-55 10

situación de que este Tribunal entendiera que los Cánones 9

y 38 son válidos de su faz y que pueden ser aplicados a las

expresiones aquí en controversia. En ese sentido expresó que

no renunciaba a que se tengan que probar los elementos

fácticos de falsedad y conocimiento establecidos en New York

Times Co. v. Sullivan, ante, y su progenie, y a que en el

debido juicio plenario tenga la oportunidad de confrontar la

prueba que se presente en su contra y que, a su vez, pueda

presentar la que estime conveniente a su favor.

A

Como señaláramos en el acápite que antecede, en el

presente caso se cuestiona el “interés” (“standing”) del

Representante Crespo Arroyo en promover una acción

disciplinaria en contra del Secretario Sánchez Ramos. Como

punta de lanza se utiliza la normativa establecida hace

varias décadas en los casos In re Secretario de Justicia

[I], 118 D.P.R. 827 (1987) e In re Secretario de Justicia

[II], 126 D.P.R. 463 (1990), en los cuales establecimos los

linderos o parámetros que, como norma general, limitan la

jurisdicción disciplinaria de este Tribunal en lo que

respecta a las quejas presentadas en contra del Secretario

de Justicia de Puerto Rico.

En los referidos casos este Tribunal tuvo ante su

consideración dos quejas presentadas en contra del entonces

Secretario de Justicia, Lcdo. Héctor Rivera Cruz. En aquella AB-2007-55 11

ocasión tuvimos la oportunidad de expresarnos sobre el

alcance del poder inherente de este Tribunal para regular la

profesión de la abogacía frente a una queja presentada en

contra del titular de mayor jerarquía del Departamento de

Justicia y el potencial conflicto de separación de poderes

que se impone cuando éste actúa dentro un marco político

partidista.

En el primer caso, resuelto en el año 1987, la

controversia giró en torno a una Opinión emitida por el

Secretario Rivera Cruz que resultó ser adversa a los

intereses de varios co-demandados que estaban siendo

representados por la División de Litigios del Departamento.

Por estos hechos se presentó una queja en contra del

Secretario de Justicia imputándole, entre otras cosas,

violaciones al Canon 21, sobre representación de intereses

encontrados, y al Canon 19, que impone a todo abogado el

deber de mantener informados a sus representados.

Ante el argumento del licenciado Rivera Cruz sobre la

imposibilidad de que un Secretario de Justicia pueda

advertir este tipo de conflicto por el tamaño y el número de

abogados que laboran en el Departamento, expresamos que el

titular de la agencia no está indefectiblemente sujeto a

procedimientos disciplinarios por violaciones éticas

atribuibles, única y directamente, a otros abogados del

referido Departamento. En ese sentido, explicamos que “[e]n

un cargo tan difícil y complejo, el abanico de posibilidades

de error de juicio es inmenso” y que las probabilidades de AB-2007-55 12

que este funcionario incurra en conflictos, de buena fe y

sin intención, es una premisa aceptable. In re Secretario de

Justicia [I], ante, a la pág. 849.

A tono con lo anterior, expresamos que cada situación

planteada de este género ético, requiere una cuidadosa

reflexión sobre si se asume o no jurisdicción disciplinaria.

Del mismo modo, indicamos que en este tipo de caso se

requiere “una meticulosa y ponderada depuración de los

hechos a los fines de fijar si ha habido infracción a algún

canon y sobre quién realmente recae responsabilidad.” Id.

Con lo anteriormente expresado en mente, resolvimos

que, sin que ello significara la exclusión y evaluación de

otros factores, o abdicar automáticamente nuestra

jurisdicción disciplinaria, ante este tipo de queja o

planteamiento este Foro se abstendría prudencialmente de

asumirla y ejercerla cuando de su faz: (1) el promovente no

justifique satisfactoriamente un interés legitimo ético y

perjuicio real directo; (2) el asunto, aunque de carácter

ético, sea prematuro; (3) los hechos no estén debidamente

documentados o sustanciados, o (4) no sean materia ético-

adjudicable por corresponder propiamente al debate del Poder

Legislativo o Ejecutivo, o pertenecer a la arena de la

política partidista. In re Secretario de Justicia [II],

ante, a las págs. 468-69.

Asimismo establecimos la necesidad de que en este tipo

de caso concurran tres requisitos básicos al imponer

responsabilidad ética al Secretario de Justicia, a saber: AB-2007-55 13

(1) que se trate de un asunto importante, esto es, no

rutinario; (2) que el Secretario de Justicia tenga una

participación activa en el mismo, es decir, que intervenga

personalmente, y (3) que el Secretario tenga conocimiento

personal de las distintas cuestiones o puntos envueltos en

el mismo. In re Secretario de Justicia [I], ante, a la pág.

865.

Al aplicar esta normativa a los hechos del referido

caso, este Tribunal concluyó que la queja presentada en

contra del entonces Secretario Rivera Cruz era ético-

adjudicable por centrarse en una actuación exclusiva

relacionada con su función de abogado-asesor. Véase: In re

Secretario de Justicia [I], ante, a la pág. 850. De esta

forma asumimos jurisdicción en el caso y concluimos que al

emitir su Opinión el Secretario Rivera Cruz había incurrido

en un insalvable conflicto de interés por razón de la

representación legal simultánea asumida en el caso.

Resolvimos, además, que con su actuación, el Lcdo. Héctor

Rivera Cruz violó lo dispuesto en el Canon 19 de los de

Ética Profesional al incumplir con su obligación de mantener

informados a sus representados con relación a un asunto

importante y donde éste tuvo una “intervención activa y

directa”.

A tres años de resuelto ese caso, este Tribunal se

enfrentó, nuevamente, a una queja presentada en contra del

Secretario de Justicia Rivera Cruz. In re Secretario de

Justicia [II], ante. Esta vez, la controversia surgió por AB-2007-55 14

expresiones realizadas por este funcionario en contra de un

magistrado federal que ordenó el encarcelamiento por

desacato civil del entonces Alcalde de Moca. Ante estas

circunstancias el Secretario, actuando en calidad de

Gobernador interino, hizo las siguientes expresiones:

Bueno, sencillamente, esto, a nuestro juicio, ha sido un atropello por parte del tribunal federal, específicamente del juez que ordenó el encarcelamiento del alcalde y a nuestro juicio es un abuso de poder de la jurisdicción federal[;] de lo que se trata es de un alcalde que tiene un caso muy meritorio que fue visto en un tribunal federal y que está en apelación en el Circuito de Boston --po[rq]ue hay mérito en el caso. En el entretanto el juez desea y ordena al alcalde que pague alrededor de $200,000 a unos empleados que fueron cesanteados que ya el juez sí logró reponerlos. ... (Escolio omitido y énfasis suplido.) Resolución de 16 de noviembre de 1987, págs. 3-4.

En aquella ocasión, al evaluar la procedencia de la

queja presentada, este Tribunal prestó especial atención al

hecho de que las expresiones fueron realizadas mientras el

Secretario Rivera Cruz fungía como Gobernador interino y no

en calidad de abogado-asesor del Departamento. A esos

efectos, expresamos:

También tenemos presente que algunas de las funciones adicionales del Secretario de Justicia [apuntadas] --integrante del Gabinete, segundo en sucesión al Gobernador y miembro de varias juntas y organismos-- pueden, directa o indirectamente, involucrarlo, o moverlo a involucrarse, en las polémicas de asuntos públicos polarizados, impregnados o no de contenido político-partidista, que trascienden la visión tradicional del papel de principal abogado-asesor gubernamental. La línea es tenue, y por ende, a veces difícil de separar el pronunciamiento a título clásico de Secretario de Justicia (abogado-asesor), y de aquel que AB-2007-55 15

irradia como miembro del Gabinete, o una junta, o Gobernador interino. (Énfasis suplido.) In re Secretario de Justicia, supra, págs. 847-848.

Conforme a lo anterior, resolvimos que de ejercer

jurisdicción disciplinaria en este caso este Tribunal

estaría disciplinando no al Secretario de Justicia, sino al

Gobernador interino y Primer Ejecutivo de Puerto Rico. Bajo

esta premisa concluimos que “las expresiones vertidas no

justifica[ban] esta clase de intervención con la Rama

Ejecutiva.” In re Secretario de Justicia [II], ante, a la

pág. 470.

Como resulta meridianamente claro de lo anteriormente

expresado, en ninguno de los casos antes reseñados este

Tribunal pretendió crear una inmunidad disciplinaria a favor

del abogado que ocupa el cargo de Secretario de Justicia y,

mucho menos, limitar la jurisdicción de este Tribunal ante

planteamientos legítimos que pongan en duda el

comportamiento ético de un miembro del foro, como lo es él.

Todo lo contrario, en ambas Opiniones fuimos enfáticos al

expresar que al abogado que ocupa este honroso cargo “le

aplican incuestionablemente los principios deontológicos que

regulan la profesión de abogado, con las modificaciones

aceptables y cognoscibles resultantes de las peculiaridades

inherentes que conlleva esa compleja gestión pública”.

(Énfasis suplido.) In re Secretario de Justicia [I], ante, a

la pág. 849. Esto, en palabras simples y sencillas,

significa que al Secretario de Justicia le aplican los AB-2007-55 16

mismos Cánones de Ética que regulan las actuaciones de los

miles de abogados que a diario ejercen la profesión en

nuestra jurisdicción.

Es evidente que en el presente caso no estamos ante

ninguno de los escenarios contemplados en los casos antes

reseñados. En primer lugar debe destacarse que la queja aquí

en controversia no está de forma alguna relacionada con

actuaciones realizadas por otros abogados del Departamento,

sino que corresponde a una actuación exclusiva del

Secretario en su función de abogado titular de la Agencia.

Tampoco puede argumentarse, como pretende hacerlo en su

comparecencia el Secretario Sánchez Ramos, que estamos ante

un potencial conflicto de interés por tratarse de “una

crítica que una Rama de gobierno lanza en cuanto al

desempeño de otra”.

El cuadro fáctico que se nos presenta en el caso de

autos dista mucho de lo atendido por este Tribunal en In re

Secretario de Justicia [II], ante. En el presente caso las

expresiones del Secretario Sánchez Ramos no fueron

realizadas en calidad de Gobernador interino o en el plano

político partidista, sino como un abogado que funge como

titular del Departamento de Justicia y en reacción a un

fallo adverso recibido por su Departamento. Esto es, como en

tantos otros casos, estamos ante un representante legal de

una parte, esta vez del ministerio público, que tras AB-2007-55 17

finalizar los procedimientos judiciales y a preguntas de la

prensa, hace unas expresiones desafortunadas sobre el

resultado de un caso. El hecho de que se trate de un miembro

del foro que a su vez es el funcionario de mayor jerarquía

en el Departamento de Justicia no nos traslada

automáticamente al ámbito político partidista que activaría

las salvaguardas establecidas por este Tribunal en los casos

antes discutidos, ni convierte su actuación en la de la Rama

de Gobierno que representa.

Siendo así, somos del criterio que la violación ética

que hoy se le imputa al Secretario Sánchez Ramos está

intrínsecamente relacionada con una actuación personal y

ético-adjudicable realizada en su función de abogado titular

de la agencia que representa. En vista de lo anterior,

entendemos que en el presente caso no están presentes las

circunstancias fácticas que activarían las salvaguardas

establecidas por este tribunal en In re Secretario de

Justicia [I], 118 D.P.R. 827 (1987) o In re Secretario de

Justicia [II], 126 D.P.R. 463 (1990), por lo que prevalece

el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria,

independientemente del propósito que persiga el promovente o

la identidad del mismo.13 Véase: In re Miguel A. Alverio

13 A esos efectos, conviene resaltar lo expresado por varios foros estatales de la jurisdicción norteamericana a los efectos de que los procedimientos disciplinarios no constituyen acciones ni civiles ni criminales, por lo que el quejoso o promovente no puede ser considerado como una “parte” en el caso. Niklaus v. Simmons, 196 F. Supp. 691, AB-2007-55 18

Sánchez, 2007 T.S.P.R. 187; K-Mart Corp. v. Walgreens of

P.R., Inc., 121 D.P.R. 633 (1988); In re Añeses, 117 D.P.R.

134 (1986).

Ante esta conclusión, es evidente que estamos impedidos

de descartar los planteamientos éticos presentados ante nos

por el simple hecho de que se alegue que el promovente

carece de “legitimación activa” para presentarlos. Bajo ese

tenor, puntualizamos y enfatizamos lo resuelto por este

Tribunal en In re González Blanes, 65 D.P.R. 381 (1945), a

los efectos de que, en materia disciplinaria, nuestro poder

inherente es tan abarcador que nos permite ordenar el inicio

de una investigación disciplinaria sin necesidad de tener

que esperar que se radique queja alguna.

Abiertas, claramente, las puertas de este Tribunal,

respecto a su jurisdicción, procedemos a evaluar en sus

méritos la controversia ante nuestra consideración.

De entrada, debemos precisar que no existe --ni en este

Tribunal ni en el Tribunal Supremo federal-- un precedente

específico, en materia disciplinaria, que nos ilustre sobre

el alcance de la protección constitucional que cobija las

expresiones críticas extrajudiciales que realizan los

abogados en contra de la administración de la justicia o de

______________________________ 716 (1961); Mattice v. Meyer, 353 F. 2d 316, 319 (8vo. Cir. 1965). AB-2007-55 19

sus magistrados. Raúl Serrano Geyls, Derecho Constitucional

de Puerto Rico y los Estados Unidos, Vol. II, 1988, pág.

1558.

No obstante lo anterior, debemos destacar que sí

existen por parte de ambos foros judiciales expresiones

contundentes a favor del respeto que merecen los tribunales

y la responsabilidad de los miembros de la clase togada de

velar por el buen funcionamiento del sistema de justicia. En

ese sentido, este Tribunal ha ido más lejos que el Supremo

federal al establecer criterios específicos para evaluar las

expresiones que realizan los abogados en contra de los

tribunales o sus magistrados. Evaluemos, en detalle, la

referida jurisprudencia:

El caso In re González Blanes, 65 D.P.R. 381 (1945),

marca el punto de partida con relación a este tema. En el

referido caso este Tribunal tuvo ante su consideración una

imputación de aceptación de soborno realizada por un abogado

en contra de un juez del Tribunal de Primera Instancia. En

aquella ocasión este Tribunal advirtió que en este tipo de

caso la acción disciplinaria no procede si los hechos

alegados [son] ciertos, pero aclaró que “aun no siéndolos,

si el querellado [tiene] fundamento o causa probable para

creer que lo [son] y [la expresión] no fue presentada

maliciosamente sino con el propósito de obtener el juicio

imparcial a que todo litigante tiene derecho, entonces el

querellado tendría que ser absuelto del disbarment.” In re

González Blanes, ante, a la pág. 393. AB-2007-55 20

Transcurridos catorce años de resuelto ese caso, en In

re Andréu Ribas, 81 D.P.R. 90, 119 (1959), este Tribunal, al

abordar nuevamente este tema, fue un poco más lejos. A esos

efectos expresó que “[d]ebe considerarse justa causa para

imponer sanciones disciplinarias toda imputación, oral o

escrita, de la comisión de hechos inmorales o ilegales,

formulada por un abogado, que no esté respaldada (warranted)

por evidencia competente, que tienda a degradar o a afectar

la dignidad, honorabilidad e integridad de los tribunales o

de sus funcionarios o que puedan debilitar o destruir el

respeto a o la confianza pública en los mismos.” (Citas

omitidas.)

Al así resolver, el Tribunal expresó que “el derecho a

ejercer la profesión de abogado no es un derecho adquirido,

sino un privilegio”. In re Andréu Ribas, ante, a la pág.

119, y que la obligación que asume el abogado no consiste

simplemente en obedecer nuestra Constitución y los estatutos

en vigor, sino que, como parte consustancial de esa

obligación, éste también tiene el deber de mantener, en todo

momento, el correspondiente respeto a los tribunales de

justicia y a todo funcionario judicial, sin menoscabo de su

derecho a sostener una defensa vigorosa y a criticar con

motivo fundado y de manera respetuosa la conducta de los

funcionarios judiciales. Véase: In re Andréu Ribas, a las

págs. 119-20.

Citando el caso de Cordero v. Rivera, 74 D.P.R. 586,

609 (1953), el Tribunal expresó en In re Andréu Ribas que AB-2007-55 21

“[p]or el sitio que ocupan en la sociedad y por su condición

de funcionarios de los tribunales, los abogados deben ser

cautelosos al hacer a un Juez imputaciones de tal magnitud y

alcance, [atribuir error en la apreciación de la prueba ‘con

mente prevenida y con pasión y prejuicio’] y ello solamente

si están convencidos, en lo más profundo de sus conciencias

--a la vez no prevenidas-- de la certeza de sus

afirmaciones, y entonces para exigir la verdadera

responsabilidad que tan grave desviación del deber

conlleva.” (Énfasis suplido.)

Un caso más reciente, sobre este tema, lo es el de In

re Pagán, 116 D.P.R. 107 (1985). En éste la Oficina del

Procurador General le imputó al Lcdo. Iván L. Pagán haber

actuado en forma antiética y en abierta violación al Canon 9

de los de Ética Profesional al imputarle parcialidad y

prejuicio al magistrado ante el cual litigaba su caso y

haber realizado alegaciones difamatorias en relación a su

desempeño, por el mero hecho de haber tomado una decisión

judicial con la cual no estuvo de acuerdo. En aquella

ocasión, al rechazar la conducta exhibida por el abogado,

expresamos:

La práctica de la abogacía exige hacia los tribunales constante respeto. Para reclamar derechos y solventar controversias no es menester lastimar la dignidad personal ni institucional de los miembros de la judicatura, como de ninguna otra persona. “La estatura moral e intelectual inherente al ejercicio de la abogacía impone un debate jurídico libre de personalismos y posiciones subjetivas que lo degraden a vulgar diatriba.” García Santiago v. Acosta, 104 D.P.R. 321, 323 (1975). Las AB-2007-55 22

discrepancias con los dictámenes judiciales no es licencia para el lenguaje impropio e hiriente. “El comportamiento judicial que de alguna manera afecte los derechos de un . . . litigante puede llevarse al récord para la acción correctiva que proceda por un tribunal superior, a tenor con lo que deba ser un juicio imparcial y justo.” Pueblo v. Susoni, 81 D.P.R. 12 4, 154 (1959). Razones de civilidad imponen esta sencilla norma. … La búsqueda de la justicia no justifica medios reprobables. Ello es un principio universal tan hondamente cimentado que no requiere elaboración. In re Pagán, ante, a la pág. 112. (Énfasis suplido.)

A sólo un año de resuelto ese caso, en In re Cardona

Álvarez, 116 D.P.R. 895 (1986), este Tribunal estableció

pautas adicionales con relación a los parámetros que deben

ser observados al evaluar expresiones de este tipo. Como

preámbulo a esta determinación expresamos, entonces, que la

moderación del lenguaje es uno de los primeros deberes del

abogado, por lo que éste nunca puede olvidar que ha sido

interpuesto entre los litigantes y la justicia, para

sustituir a los impulsos del interés personal y al lenguaje

de las pasiones, la calma de la razón y el lenguaje de la

verdad. In re Cardona Álvarez, a la pág. 897. Expresamos,

además, en dicho caso que el abogado debe evitar, en todos

los casos, la inconveniencia y la grosería de los términos,

el empleo de imputaciones y de hechos extraños o inútiles al

asunto y, sobre todo, las alegaciones contrarias a la verdad

o desprovistas de una razonable presunción de exactitud. Id.

A esos mismos efectos, expresamos en dicho caso que,

como tal, el abogado debe tener un claro concepto de la AB-2007-55 23

misión fundamental pública que ejerce y que en la escala de

valores profesionales ha de colocar a ésta por encima de

cualesquiera personalismos. In re Cardona Álvarez, ante, a

la pág. 903. A tono con lo anterior, puntualizamos que “[e]l

abogado nunca debe olvidar que es un funcionario que tiene

la obligación de mantener y promover inmaculada la imagen de

la justicia.” In re Cardona Álvarez, a la pág. 904.

Con esto en mente, resolvimos que al evaluar la

legitimidad de la conducta oral o escrita del abogado, y

balancear los intereses éticos y de libertad forense

expuestos, este Tribunal tomaría en consideración varios

criterios básicos, a saber: (a) si aunque equivocado, creía

en la validez de las imputaciones al juez; (b) si aunque los

hechos no eran ciertos, tenía motivos fundados o causa

probable para creer en su veracidad, y (c) si la imputación

no fue hecha maliciosamente con el propósito deliberado de

denigrar al tribunal. In re Cardona Álvarez, ante, a las

págs. 905-06.

Añadimos en dicha decisión que un abogado incumple su

deber profesional para con los tribunales --y viola lo

dispuesto en el Canon 9 de los de Ética Profesional-- cuando

no discute ni sustancia las alegaciones críticas que realiza

en contra de los tribunales y que el constante recurrir al

apuntamiento de que el tribunal actuó “con prejuicio, pasión

y parcialidad”, sin sustanciarlo o sin motivos fundados para

así creerlo, es un comportamiento censurable que hemos de

rechazar. Véase: In re Cardona Álvarez, ante, a la pág. 901. AB-2007-55 24

De esta forma, y a modo de resumen, expresamos:

Con arreglo a esta visión doctrinaria, hemos impuesto sanciones disciplinarias a un abogado, por hacer imputaciones orales o escritas, sobre la comisión de hechos inmorales o ilegales --que no están respaldadas por evidencia competente-- tendente a degradar la dignidad, honorabilidad e integridad de los tribunales y de sus funcionarios o que puedan debilitar la confianza pública en los mismos. In re Andréu Ribas, supra, pág. 119.14 Asimismo por la presentación de mociones y escritos en los que se formulan acusaciones a los magistrados, sin fundamentos, mediante el uso de lenguaje impropio y ofensivo, lo cual constituye conducta lesiva a la dignidad del tribunal. In re Padilla, supra, pag. 261.15 In re Cardona Álvarez, ante, a la pág. 906.

Es importante puntualizar, sin embargo, que en este

caso fuimos enfáticos al señalar que el respeto hacia los

tribunales, y su exaltación como uno de los postulados

deontológicos más hermosos, no implica de forma alguna el

establecimiento de una censura previa. Véase: In re Cardona

Álvarez, ante, a la pág. 904. De esta forma reconocimos que

“…la crítica judicial sana y oportuna es un instrumento

necesario y efectivo para mantener a los jueces alertas y

atentos al estricto cumplimiento de sus funciones.” (Énfasis

suplido) Id. Asimismo, señalamos que “[t]al crítica es un

interés legítimo constitucional que debemos proteger, por

ser un vehículo apropiado para producir cambios favorables

14 Véase, además: In re Rivera Carmona, 114 D.P.R. 390 (1983); In re Pagán, 116 D.P.R. 107 (1985); In re José R. López de Victoria Bras, 2004 T.S.P.R. 176. 15 Véase, además: In re Crespo Enríquez, 147 D.P.R. 656 (1999); In re Richard Markus, 158 D.P.R. 881 (2003). AB-2007-55 25

en el sistema de administración de justicia.” In re Cardona

Álvarez, ante, a la pág. 904.

A esos efectos, hemos sido consistentes al reconocer

que en nuestra jurisdicción los abogados tienen “el derecho

de hacer todos los planteamientos que entienda[n] necesarios

en defensa de los intereses de su cliente” y que “…la

crítica constructiva a la labor judicial es una que siempre

es bienvenida y necesaria por cuanto la misma quizás

constituye la “medicina” más eficaz y necesaria para mejorar

la labor judicial que realizamos.” Id.

Debe quedar claro, sin embargo, que lo anteriormente

expresado no significa que el abogado tenga licencia

absoluta en el uso del lenguaje para poner en entredicho o

mancillar la dignidad de los jueces. In re Cardona Álvarez,

ante, a las págs. 906-7. En ese sentido hemos recalcado que

tal conducta y estilo forense rebasan el ámbito de lo

legítimo por lo que deben ser desalentadas. Id. En

conclusión, nuestra concepción panorámica del libre fluir de

ideas, inclusive las críticas, no significa que se puedan

traspasar los límites de la civilidad y corrección. Véase:

In re Cardona Álvarez, ante, a la pág. 905.

Como señaláramos en el acápite que antecede, no existe

en la jurisdicción norteamericana un precedente específico

que nos ilustre sobre el curso de acción que debemos seguir AB-2007-55 26

en el presente caso. Ello, sin embargo, no significa que

este tipo de controversia haya estado ausente de discusión y

controversia en dicha jurisdicción. Por el valor ilustrativo

que pueda tener, examinamos brevemente la trayectoria

jurisprudencial norteamericana desarrollada en torno a este

tema.

Desde mucho antes del Siglo 20, en Bradley v. Fisher,

80 U.S. 335 (1871), el Tribunal Supremo de los Estados

Unidos ya había expresado que:

[T]he obligation which attorneys impliedly assume, if they do not by express declaration take upon themselves, when they are admitted to the bar, is not merely to be obedient to the Constitution and laws, but to maintain at all times the respect due to courts of justice and judicial officers. This obligation is not discharged by merely observing the rules of courteous demeanor in open court, but it includes abstaining out of court from all insulting language and offensive conduct toward the judges personally for their judicial acts. (Énfasis suplido.)

Años más tarde, en ocasión de resolver el caso de In re

Sawyer, 360 U.S. 622 (1959), una pluralidad de Jueces de ese

alto Tribunal validó el interés de los abogados en criticar

o expresar su punto de vista con relación al estado de

derecho y puntualizó que este tipo de expresión no puede ser

utilizada como fundamento para imponer medidas

disciplinarias.16 Ello no obstante, el Tribunal fue enfático

16 Opinión emitida por un grupo de Jueces encabezados por el Juez Brennan. Otro grupo liderado por el Juez Frankfurter, sostuvo que un ciudadano particular puede hacer este tipo de críticas sin ningún problema, pero que el abogado se rige AB-2007-55 27

al señalar que esta libertad no incluye el derecho a atacar

la motivación, integridad o competencia de los jueces.17

Otro caso resuelto por el más alto foro federal con

relación a este asunto es Garrison v. Louisiana, 379 U.S. 64

(1964). En éste el Tribunal se enfrentó a una controversia

en la que un fiscal fue acusado y condenado por difamación

criminal tras realizar expresiones críticas en contra de los

jueces de la sala de lo criminal de su distrito,

atribuyéndoles el atraso en los casos criminales y

acusándolos de ineficientes y perezosos.

En aquella ocasión una mayoría del Tribunal dejó sin

efecto la convicción impuesta al concluir que el estatuto en

cuestión era inconstitucional a la luz de lo establecido en

New York Times v. Sullivan, ante.18 Al así resolver, el

______________________________ por los Cánones de Ética Profesional por lo que está impedido de realizar expresiones que tiendan a afectar la confianza pública en el sistema de justicia. 17 En este caso, aunque no hubo una opinión de mayoría, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocó una suspensión de un año impuesta a una abogada que realizó expresiones críticas en contra de una legislación federal sobre conspiración e increpó al gobierno sobre los métodos utilizados durante el procesamiento de sus clientes y el manejo de los casos ante los tribunales. Aunque la abogada no mencionó a ningún Juez por su nombre, hizo alusión a un caso en específico que estaba en proceso ante los tribunales. Al revocar la medida disciplinaria impuesta a la abogada, el Tribunal expresó que la prueba presentada no demostró que las expresiones fueran realizadas con la intención de impugnar la credibilidad o atacar la integridad del juez que presidía los procedimientos. 18 A diferencia de la regla establecida en New York Times Co. v. Sullivan, ante, donde se establece una norma absoluta a favor de la verdad como defensa, en este caso el estatuto AB-2007-55 28

Tribunal concluyó que la norma establecida en el referido

caso con relación a remedios civiles por difamación --la

cual exige que tratándose de críticas a funcionarios

públicos, se pruebe que las expresiones fueron realizadas

con conocimiento de su falsedad o con grave menosprecio de

si la expresión era o no falsa-- es igualmente aplicable a

casos en los que se impone una sanción criminal.19 A esos

efectos, el Tribunal expresó:

We held in New York Times that a public official might be allowed the civil remedy only if he establishes that the utterance was false and that it was made with knowledge of its falsity or in reckless disregard of whether it was false or true. The reasons which led us so to hold in New York Times, 376 U.S., at 279-280, apply with no less force merely because the remedy is criminal. The constitutional guarantees of freedom of expression compel application of the same standard to the criminal remedy. Truth may not be the subject of either civil or criminal sanctions where discussion of public affairs is concerned. And since “. . . erroneous statement is inevitable in free debate, and . . . it must be protected if the freedoms of expression are to have the ‘breathing space’ that they ‘need . . . to survive’ . . . ,” 376 U.S., at 271-272, only those false statements made with the high degree of awareness of their probable falsity demanded by New York Times may be the subject of either civil or criminal sanctions.

______________________________ sólo la permitía cuando la expresión era publicada con buenos motivos y con propósitos justificables. 19 Debe llamarse la atención al hecho de que en este caso no se presentó, ni el Tribunal lo abordó, el asunto desde el punto de vista ético. Ello no obstante, y como veremos más adelante, varias jurisdicciones estatales han aplicado esta normativa a casos en que se imputan violaciones éticas a abogados por expresiones realizadas en contra del sistema de tribunales o de sus magistrados. AB-2007-55 29

Sobre este mismo tema, en el año 1985 el Tribunal

Supremo de los Estados Unidos resolvió el caso In re Snyder,

472 U.S. 634 (1985). En este caso dicho Tribunal revocó una

suspensión de seis meses impuesta a un abogado que envió una

enérgica comunicación a la secretaria de un juez del

Tribunal de Circuito de Apelaciones para el Octavo Circuito.

En su comunicación el abogado criticó el procedimiento

observado por el tribunal al administrar la Ley sobre

Justicia Criminal y solicitó que se le eliminara de las

listas de abogados de oficio de esa jurisdicción.20 En

aquella ocasión el Tribunal entendió que las críticas del

abogado en contra de la administración de esta ley no era

20 La carta leía, en parte, como sigue:

In the first place, I am appalled by the amount of money which the federal court pays for indigent criminal defense work. The reason that so few attorneys in Bismarck accept this work is for that exact reason. We have, up to this point, still accepted the indigent appointments, because of a duty to our profession, and the fact that nobody else will do it.

Now, however, not only are we paid an amount of money which does not even cover our overhead, but we have to go through extreme gymnastics even to receive the puny amounts which the federal courts authorize for this work. We have sent you everything we have concerning our representation, and I am not sending you anything else. You can take it or leave it.

Further, I am extremely disgusted by the treatment of us by the Eighth Circuit in this case, and you are instructed to remove my name from the list of attorneys who will accept criminal indigent defense work. I have simply had it.

Thank you for your time and attention. AB-2007-55 30

causa suficiente para imponer una medida disciplinaria. Al

fundamentar su determinación, el Tribunal expresó:

However, even assuming that the letter exhibited an unlawyerlike rudeness, a single incident of rudeness or lack of professional courtesy --in this context-- does not support a finding of contemptuous or contumacious conduct, or a finding that a lawyer is “not presently fit to practice law in the federal courts.” Nor does it rise to the level of “conduct unbecoming a member of the bar” warranting suspension from practice. (Énfasis suplido.)

Es de notar que, aun cuando el Tribunal rehusó discutir

formalmente las posibles implicaciones de la Primera

Enmienda --argumento que fue presentado por el abogado como

una de sus defensas-- aprovechó la ocasión para expresarse

sobre el asunto, al señalar:

As an officer of the court, a member of the bar enjoys singular powers that others do not possess; by virtue of admission, members of the bar share a kind of monopoly granted only to lawyers. … The license granted by the court requires members of the bar to conduct themselves in a manner compatible with the role of courts in the administration of justice.

A seis años de emitida esta Opinión el Tribunal Supremo

de los Estados Unidos retomó el tema, pero esta vez en el

contexto de expresiones públicas realizadas por los

abogados con relación a casos pendientes ante los

tribunales. Gentile v. State Bar of Nevada, 501 U.S. 1030

(1991). En esta ocasión el abogado fue disciplinado por

hacer expresiones a la prensa sobre un caso criminal AB-2007-55 31

pendiente de juicio en el que éste representaba al acusado.21

Al sostener la sanción impuesta, el Tribunal Supremo de

Nevada había determinado que el abogado “knew or reasonably

should have known that his comments had a substantial

likelihood of materially prejudicing the adjudication of his

client’s case.”

Ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos el

abogado argumentó que en este tipo de caso la Primera

Enmienda requiere que se cumpla con un estándar más estricto

al determinar si se impone o no una medida disciplinaria.

Éste propuso el estándar de “clear and present danger of

actual prejudice or an imminent threat”. Al rechazar la

contención del abogado, la Mayoría del Tribunal expresó:

Even in an area far from the courtroom and the pendency of a case, our decisions dealing with a lawyer's right under the First Amendment to solicit business and advertise, contrary to promulgated rules of ethics, have not suggested that lawyers are protected by the First Amendment to the same extent as those engaged in other businesses. In each of these cases, we engaged in a balancing process, weighing the State's interest in the regulation of a specialized profession against a lawyer's First Amendment interest in the kind of speech that was at issue. These cases recognize the long- established principle stated in In re Cohen, 7 N.Y.2d 488, 495, 166 N.E.2d 672, 675, 199 N.Y.S.2d 658 (1960): “Appellant as a citizen could not be denied any of the common rights of citizens. But he stood before the inquiry and before the Appellate Division in another quite

21 Durante la conferencia el abogado aseguró que la evidencia en su poder demostraba la inocencia de su representado, adelantó información relacionada con la defensa de corrupción policiaca a ser presentada en el juicio y realizó serias imputaciones en contra de los testigos del estado. AB-2007-55 32

different capacity, also. As a lawyer he was ‘an officer of the court, and, like the court itself, an instrument . . . of justice . . . .’” Gentile v. State Bar of Nevada, ante, a la pág. 1073. (Citas omitidas y énfasis suplido.)

A renglón seguido, el Tribunal expresó:

We think that the quoted statements from our opinions in In re Sawyer, 360 U.S. 622, 3 L. Ed. 2d 1473, 79 S. Ct. 1376 (1959), and Sheppard v. Maxwell, supra, rather plainly indicate that the speech of lawyers representing clients in pending cases may be regulated under a less demanding standard than that established for regulation of the press in Nebraska Press Assn. v. Stuart, 427 U.S. 539, 49 L. Ed. 2d 683, 96 S. Ct. 2791 (1976), and the cases which preceded it. Lawyers representing clients in pending cases are key participants in the criminal justice system, and the State may demand some adherence to the precepts of that system in regulating their speech as well as their conduct. We conclude that the “substantial likelihood of material prejudice” standard applied by Nevada and most other States satisfies the First Amendment. Gentile v. State Bar of Nevada, ante, a la pág. 1074. (Énfasis suplido.)

B

A la luz de las posiciones adoptadas por el Tribunal

Supremo de los Estados Unidos en torno a este tema, los

tribunales estatales de la jurisdicción norteamericana han

desarrollado tres vertientes principales.22 La primera de

estas vertientes, adoptada por los estados de Iowa, Kansas y

Nevada, rechaza la extensión de la protección de la Primera

Enmienda a expresiones de abogados que tiendan a violar

22 William P. Hoye, Silencing the Advocates or Policing the Profession? Ethical Limitations on the First Amendment Rights of Attorneys, 38 DRAKE L. REV. 31 (1988). AB-2007-55 33

estatutos, cánones, reglas disciplinarias o cualquier otra

disposición que proscriba conducta antiética.23 Bajo esta

vertiente los tribunales han entendido que es suficiente con

que la expresión se considere antiética para que

automáticamente quede desprovista de la protección

constitucional.24

La segunda vertiente desarrollada sobre este tema surge

de lo resuelto por los foros apelativos de los estados de

West Virginia, New York, Texas y California.25 En estos

estados los tribunales han aplicando los principios

tradicionales de la Primera Enmienda para determinar si la

23 Véase en general: Iowa Supreme Court Board Of Professional Ethics And Conduct v. Edward Ronwin, 557 N.W.2d 515,(Iowa 1996); Committee on Legal Ethics & Conduct v. Hurd, 360 N.W.2d 96 (Iowa 1984) (“Our cases make it clear that a lawyer’s right of free speech does not include the right to violate the statutes and canons proscribing unethical conduct. In re Frerichs, 238 N.W.2d 764 (Iowa 1976); In re Glenn, 256 Iowa 1233 (1964); In re Lacey, 283 N.W.2d 250 (S.D. 1979); State v. Russell, 227 Kan. 897, 610 P.2d 1122, cert. denied 449 U.S. 983, 101 S. Ct. 400, 66 L. Ed. 2d 245 (1980); In re Johnson, 240 Kan. 334, 729 P.2d 1175 (1986), (“Upon admission to the bar of this state, attorneys assume certain duties as officers of the court. Among the duties imposed upon attorneys is the duty to maintain the respect due to the courts of justice and to judicial officers. A lawyer is bound by the Code of Professional Responsibility in every capacity in which the lawyer acts, whether he is acting as an attorney or not, and is subject to discipline even when involved in nonlegal matters, including campaigns for nonjudicial public office.”); State v. Nelson, 210 Kan. 637, 504 P.2d 211 (1972); In re Raggio, 487 P.2d 499 (Nev. 1971). 24 William P. Hoye, Silencing the Advocates or Policing the Profession? Ethical Limitations on the First Amendment Rights of Attorneys, 38 DRAKE L. REV. 31 (1988). 25 Id. AB-2007-55 34

expresión en controversia está o no protegida

constitucionalmente.26 De esta forma se ha entendido que las

expresiones críticas de los abogados en contra de los

tribunales, sus procedimientos o magistrados están

protegidas por la Primera Enmienda a menos que éstas

representen “a serious and imminent threat to the fairness

and integrity of the judicial system.”27 Bajo esta vertiente

se ha entendido que aun los ataques personales realizados

por abogados en contra de los jueces u oficiales del

tribunal están protegidos por la Primera Enmienda a menos

que estos sean realizados con conocimiento de su falsedad o

con grave menosprecio de si la expresión era o no falsa.28

Los tribunales que han adoptado esta vertiente aplican

el estándar de “malicia real” de New York Times Co. v.

Sullivan, ante, --o una variación de éste-- para determinar

si la expresión en cuestión es acreedora de protección

constitucional.29 De esta forma, si se concluye que las

26 In re Maloney, 949 S.W.2d 385, 387 (1997); Committee on Legal Ethics of W. Va. State Bar v. Douglas, 370 S.E. 2d 325, 332 (W. Va. 1988); Ramirez v. State Bar, 28 Cal. 3d 402 (1980); Baker v. Monroe County Bar Ass’n, 34 A.D.2d 229, 311 N.Y.S.2d 70 (1970); State Bar v. Semaan, 508 S.W.2d 429 (Tex. Civ. App. 1974). 27 Committee on Legal Ethics of W. Va. State Bar v. Douglas, 370 S.E. 2d 325, 332 (W. Va. 1988). 28 Id. 29 United States District Court v. Sandlin, 12 F.3d 861, 867 (9th Cir. 1993); In re Petition for Disciplinary Action Against Graham, 453 N.W.2d 313, 320-21 (Minn. 1990); State Bar v. Semaan, 508 S.W.2d 429, 432-33 (Tex. Civ. App. 1974); AB-2007-55 35

expresiones fueron realizadas maliciosamente, bajo este

estándar no existiría protección y procedería, por lo tanto,

la imposición de la medida disciplinaria.

Una de las variaciones de esta segunda vertiente surge

de lo resuelto por varios foros apelativos los cuales han

rechazado la aplicación del estándar subjetivo de “malicia

real” desarrollado en New York Times Co. V. Sullivan, ante,

y han optado por un estándar más objetivo donde se analiza

el especto de la malicia desde el punto de vista de un

“abogado razonable”, considerado a la luz de todas sus

funciones profesionales, ante las mismas o similares

circunstancias. Standing Committee on Discipline of the

United States District Court for the Central District of

California v. Stephen Yagman, 55 F.3d 1430, 1437 (9no.Cir.

1995); United States Dist. Court v. Sandlin, 12 F.3d 861,

867 (9no.Cir. 1993); Matter of Westfall, 808 S.W.2d 829, 837

(Mo.), cert. denegado, 116 L. Ed. 2d 665, 112 S. Ct. 648

(1991). Así, pues, bajo el estándar objetivo procedería la

sanción disciplinaria sólo si se demuestra que ante las

mismas o similares circunstancias un “abogado razonable”

podría considerar falsas las expresiones realizadas. Por el

contrario, bajo la versión subjetiva sólo tiene que

demostrarse que, en efecto, el abogado conocía sobre la

falsedad de sus expresiones o que las realizó sin reparar en

______________________________ Committee on Legal Ethics of W. Va. State Bar v. Douglas, 370 S.E. 2d 325, 332 (W. Va. 1988). AB-2007-55 36

el riesgo de que fueran o no falsas. Angela Butcher & Scott

Macbeth, Lawyers’ Comments About Judges: A Balancing of

Interests to Ensure a Sound Judiciary, 17 Geo. J. Legal

Ethics 659, 668 (2004).

Otra variable introducida por los tribunales

norteamericanos a esta segunda vertiente es la llamada

dicotomía hecho/opinión. Sobre este particular se ha

resuelto que, como regla general, las opiniones expresadas

por los abogados están protegidas de sanciones

disciplinarias bajo el fundamento de que éstas no son

susceptibles de probarse falsas.30 Esta interpretación ha

sido ampliamente criticada en distintos foros por entenderse

que se aparta de los precedentes establecidos e ignora la

política pública que intenta protegerse con estas

limitaciones. Caprice L. Roberts, Standing Committee of

Discipline v. Yagman: Missing the Point of Ethical

Restrictions on Attorney Criticism of the Judiciary?, 54

Wash. & Lee L. Rev. 817, 854 (1997).31

30 Standing Committee on Discipline of the United States District Court for the Central District of California v. Stephen Yagman, 55 F.3d 1430, 1437 (9no.Cir 1995); In re Green, 11 P.3d 1078, 1084 (Colo. 2000). Véase, además: Angela Butcher & Scott Macbeth, Lawyers’ Comments About Judges: A Balancing of Interests to Ensure a Sound Judiciary, ante a la pág. 675. 31 En este contexto se ha expresado:

“In reversing sanctions against Yagman, the Ninth Circuit departed from attorney discipline precedent that has sanctioned attorneys for criticizing the judiciary in a manner that damages the legal profession’s reputation, AB-2007-55 37

La tercera vertiente desarrollada por los tribunales

estatales norteamericanos, al analizar controversias de este

tipo, consiste en realizar un balance entre los intereses en

conflicto: por un lado, el derecho a la libertad de

expresión de los abogados y por el otro el interés del

Estado en mantener la integridad del sistema de justicia.32

De esta forma, se ha resuelto que si se demuestra que el

Estado tiene un interés apremiante en regular la expresión

en controversia, entonces la protección de la Primera

Enmienda cede ante este interés y procedería la medida

______________________________ taints the judiciary’s appearance of impartiality, or interferes with the administration of justice. Although courts have consistently determined that the policy interests supporting the restrictions warrant the limitation of rights, the Ninth Circuit applied the First Amendment to shield Yagman from sanctions as if he were not a member of a profession that bears special obligations. If other circuits follow the Ninth Circuit’s treatment of the attorney criticism issue, attorneys will have a powerful defense to ethical restrictions on speech, and the legal profession’s reputation and the administration of justice may suffer accordingly.” Véase: Caprice L. Roberts, Standing Committee of Discipline v. Yagman: Missing the Point of Ethical Restrictions on Attorney Criticism of the Judiciary?, 54 Wash. & Lee L. Rev. 817, 854 (1997). 32 Véase en general: State ex rel. Counsel for Discipline v. Beach, 722 N.W.2d 30 (Neb. 2006); In re Landrith, 280 Kan. 619, 124 P.3d 467 (Kan. 2005); Kentucky Bar Asso. v. Heleringer, 602 S.W.2d 165 (Ky. 1980); State ex rel. Nebraska State Bar Asso. v. Michaelis, 316 N.W.2d 46 (Neb. 1982); State v. Russell, 227 Kan. 897, 610 P.2d 1122 (1980); In re Riley, 142 Ariz. 604, 691 P.2d 695 (1984). William P. Hoye, Silencing the Advocates or Policing the Profession? Ethical Limitations on the First Amendment Rights of Attorneys, ante. AB-2007-55 38

disciplinaria. Por el contrario, y como era de esperarse, en

ausencia de este interés apremiante, prevalece el derecho a

la libertad de expresión de los miembros del foro, quedando

protegidos de cualquier medida disciplinaria que se

relacione con la expresión realizada.

VI

Dentro del marco doctrinal previamente esbozado,

pasamos a atender los planteamientos presentados ante este

Tribunal por el Secretario Sánchez Ramos.

En su escrito el Secretario sostiene que el presente

procedimiento disciplinario está vedado por la Primera

Enmienda de la Constitución federal. En apoyo a su

contención cita los casos de Garrison v. State of La., ante;

New York Times Co. v. Sullivan, ante, y Old Dominion Branch

No. 496 v. Austin, 418 U.S. 264 (1974), al sostener que la

expresión crítica sobre el funcionamiento gubernamental no

puede ser sancionada a menos que, siendo susceptible de

probarse falsa, en efecto se pruebe que dicha expresión es

falsa y que ha sido hecha con pleno conocimiento o en grave

menosprecio de su falsedad.33

Asimismo, el Secretario Sánchez Ramos argumenta que “la

norma sentada en New York Times Co. v. Sullivan y su

progenie sólo permite sancionar expresiones críticas sobre

33 Véase: Moción de Desestimación presentada por el Lcdo. Roberto José Sánchez Ramos a la pág. 4. AB-2007-55 39

el funcionamiento gubernamental si éstas son, en efecto,

falsas…” y nos reitera que “no resulta posible sancionar

aquellas cuya veracidad o falsedad no pueda ser

verificada.”34 (Énfasis en el original.) Finalmente, y

citando con aprobación los casos Standing Committee on

Discipline of U.S. Dist. Court v. Yagman, ante, y Rinaldi v.

Holt, Rinehart & Winston, Inc., 366 N.E.2d 1299 (N.Y. 1977),

Sánchez Ramos sostiene que “cuando la expresión sea

susceptible de probarse falsa (esto es, cuando no se trate

de una opinión subjetiva), compete al ente acusador

designado probar, en el procedimiento disciplinario

correspondiente, que la expresión vertida por el abogado es,

en efecto, falsa, y que ha sido hecha con pleno

conocimiento, o en grave menosprecio de su falsedad.”35

(Énfasis en el original).

De entrada, debemos puntualizar que la tesis elaborada

por el Secretario Sánchez Ramos en su moción de

desestimación, no es tan persuasiva como parece ser de

primera impresión. En primer lugar, debe señalarse que los

casos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos citados por

el Secretario tratan más bien de pronunciamientos

relacionados con sanciones civiles o criminales que fueron

resueltos sin precisar en los aspectos éticos o

34 Véase: Moción de Desestimación presentada por el Lcdo. Roberto José Sánchez Ramos a la pág. 6. 35 Véase: Moción de Desestimación presentada por el Lcdo. Roberto José Sánchez Ramos a la pág. 12. AB-2007-55 40

deontológicos que hoy tenemos ante nuestra consideración.

Hay que mantener presente que tampoco nos obligan los

precedentes jurisprudenciales de estados norteamericanos que

utiliza el Secretario Sánchez Ramos para exponer los

criterios que, según argumenta, se deben probar.

Según expusiéramos al inicio de esta Opinión, desde

hace varias décadas, en nuestra jurisdicción existen pautas

claras y específicas que nos guían en la delicada y difícil

labor de evaluar la legitimidad de las expresiones que

realizan los abogados en contra del sistema de justicia o de

sus magistrados. Como primer postulado básico hemos

reconocido que la crítica, sana y respetuosa, al sistema

judicial constituye un interés legítimo constitucional que

este Tribunal está obligado a proteger. La única limitación

impuesta por este Tribunal a este libre fluir de ideas ha

sido el respeto y la consideración que debe tener todo

abogado hacia el sistema de justicia, sus tribunales y sus

jueces.

Como señaláramos anteriormente, en el caso en que un

abogado hace manifestaciones contra un juez que, de su faz,

parecen transgredir los Cánones de Ética Profesional36, es

de fundamental importancia determinar, en primer lugar, si

las expresiones o imputaciones fueron sustanciadas por el

abogado o si existen motivos fundados para creer en lo

36 A manera de ejemplo, manifestaciones en que se le imputa a un juez en particular haber actuado con deshonestidad, prejuicio, pasión y parcialidad, entre otras. AB-2007-55 41

expresado por éste. Únicamente en la situación de que este

Tribunal entienda que las expresiones cumplen con este

primer parámetro debemos pasar entonces, al análisis de los

demás criterios, a saber: (i) si, aunque equivocado, el

abogado creía en la validez de las imputaciones al juez;

(ii) si aunque los hechos no eran ciertos, tenía motivos

fundados o causa probable para creer en su veracidad, y

(iii) si la imputación no fue hecha maliciosamente con el

propósito deliberado de denigrar al tribunal.37 In re

Cardona Álvarez, ante, a las págs. 905-06.

Por el contrario, una determinación a los efectos de

que el abogado realizó las crudas imputaciones sin

sustanciarlas o sin tener el más mínimo motivo fundado para

ello, debería ser motivo suficiente para concluir --sin

mayor análisis-- que se han infringido los postulados

establecidos en los Cánones 9 y 38 de Ética Profesional.38

37 Esta normativa es enteramente compatible con la esbozada para este tipo de expresión en los casos New York Times Co. v. Sullivan, ante, y Garrison v. State of La., ante.

Para realizar este análisis es indispensable que se realice una determinación preliminar sobre la veracidad o falsedad de lo aseverado. En el caso de que se determine que, en efecto, se trata de una expresión falsa procederá, entonces, analizar del conocimiento de esta falsedad y si la expresión se realizó con grave menosprecio de si la misma era o no falsa. 38 Esto es, al abogado haber fallado en “observar con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto” y al fallar en dar el esfuerzo, “al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión”, respectivamente. AB-2007-55 42

Al evaluar el presente caso a la luz de la normativa

antes expuesta nos parece evidente que estamos ante el

último de estos supuestos. Las expresiones realizadas por el

Secretario Sánchez Ramos están desprovistas de fundamentos y

fueron realizadas sin señalar ni sustanciar ninguna de las

críticas realizadas, basándose, únicamente, en una

determinación de no causa. Llana, y sencillamente, le

imputó, no sólo al sistema de justicia sino, además, y de

forma directa, a los magistrados involucrados, haber actuado

con una “doble vara” debido a la situación particular del

acusado Rosselló González.

Las expresiones del Secretario realmente no están, de

forma alguna, relacionadas con algún hecho, incidente,

alegación o cuadro fáctico que nos permita, ni tan siquiera

analizar los motivos fundados que tuvo para expresar lo

aseverado o evaluar la falsedad o veracidad de sus

expresiones. Tampoco en sus comparecencias el Secretario

Sánchez Ramos nos pone en posición de evaluar los elementos

de prueba requeridos en este tipo de caso, pues se limita a

alegar que lo expresado es una “opinión subjetiva” que no es

susceptible de probarse falsa. Bajo esta premisa, y citando

nuevamente jurisprudencia relacionada a casos civiles de

______________________________ Naturalmente, y dependiendo de las circunstancias particulares del caso, deberá señalarse una vista evidenciaria, de ser procedente y de ser solicitada. En este caso la vista es innecesaria en virtud de la posición asumida por el Secretario a los efectos de que lo expresado por él es una opinión subjetiva que no es susceptible de probarse falsa. ¿Para qué, entonces, la vista? AB-2007-55 43

difamación39 y pronunciamientos emitidos por los tribunales

estatales norteamericanos, el Secretario argumenta que “no

resulta posible sancionar aquellas expresiones cuya

veracidad o falsedad no pueda ser verificada.” Añade que

“…bajo la Primera Enmienda, existe completa inmunidad cuando

la expresión vertida meramente expone una opinión subjetiva,

en lugar de hechos verificables.”

Rechazamos, enérgicamente, la adopción de una norma de

este tipo en nuestra jurisdicción. Hacerlo implicaría

necesariamente la abdicación total de los principios

deontológicos que por décadas han regulado la profesión

legal en Puerto Rico. Aunque reafirmamos nuestros

pronunciamientos a los efectos de que el respeto hacia los

deontológicos más hermosos, no implica el establecimiento de

una censura o mordaza previa --y que la crítica constructiva

a la labor judicial siempre es bienvenida y necesaria--

reiteramos nuestra posición a los efectos de que estas

críticas deben ser realizadas de manera respetuosa y

fundamentadamente y que no estamos en disposición de

permitir que se traspasen los límites de la civilidad y

corrección que exigen nuestros Cánones de Ética Profesional.

A tono con lo anterior, conviene recordar lo expresado

por este Tribunal --en ocasión de resolver el caso In re

Pagán, ante, a la pág. 112-- a los efectos de que la

39 Old Dominion Branch No. 496 v. Austin, 418 U.S. 264 (1974). AB-2007-55 44

búsqueda de la justicia no justifica medios reprobables.

Expresamos entonces: “Por sincero que fuera el sentimiento

del [abogado] en cuanto a los méritos de su causa e

incorrección del magistrado [que atendió la misma], ello no

le daba derecho [al abogado] a desafiar con lenguaje

selectivamente hiriente el curso procesal normal. La

administración de la justicia del país se vería sumergida en

el peligroso mar de los personalismos de prosperar la tesis

que [se] nos propone.”

Aceptar la posición del Secretario Sánchez Ramos, por

el mero hecho de provenir la misma del Secretario de

Justicia de Puerto Rico, nos llevaría, ciertamente, a

incurrir en la alegada práctica o patrón de conducta que

sorprendentemente sirvió de base a las infortunadas

expresiones del Secretario Sánchez Ramos, esto es, la

utilización de una “doble vara” para juzgar a unos y a otros

abogados.

VII

No obstante todo lo anteriormente expresado, somos del

criterio que un análisis sereno de la situación hoy ante

nuestra consideración inclina la balanza hacia el archivo y

sobreseimiento de la queja presentada contra el Secretario

Roberto José Sánchez Ramos.

En primer lugar, de un examen de la totalidad de las

circunstancias, resulta obvia la honesta creencia del

Secretario en la legitimidad de sus manifestaciones y, por AB-2007-55 45

tanto, la ausencia total de malicia de éste al realizarlas.

Véase: In re Cardona Alonso, ante.

Si a ello le añadimos que se trata de unas

manifestaciones realizadas en el furor del momento respecto

a un caso que había captado la atención pública y que las

mismas constituyen un solitario y único incidente, In re

Snyder, ante, dentro de un distinguido historial de servicio

público, quedamos plenamente convencidos de que es correcto

el resultado al que llega la mayoría del Tribunal --de

ordenar el archivo y sobreseimiento de la queja-- aun cuando

por fundamentos que entendemos erróneos.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ Juez Asociado