López Tristani v. Maldonado Carrero

2006 TSPR 143

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: September 8, 2006
• Docket: CC-2006-0271
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Armando López Tristani

Recurrido Certiorari v. 2006 TSPR 143 Jeannette Maldonado Carrero 168 DPR ____ Peticionaria

Número del Caso: CC-2006-0271

Fecha: 8 de septiembre de 2006

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Carolina

Juez Ponente:

Hon. José M. Aponte Jiménez

Abogadas de la Parte Peticionaria:

Lcda. Carmen Quiñones Núñez Lcda. Margarita Carrillo Iturrino

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcda. E. Ivonne Beltrán Silvagnoli Lcdo. Milton Vescovacci Nazario

Oficina del Procurador General:

Lcda. Luana R. Ramos Carrión Procuradora General Auxiliar

Materia: Divorcio

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Recurrido

v. CC-2006-271 Jeannette Maldonado Carrero

Peticionaria

Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 8 de septiembre de 2006

Corresponde preguntarnos si la peticionaria

alberga un derecho a la intimidad sobre una grabación

en videocinta, tomada sin su consentimiento, la cual

expone imágenes suyas al desnudo, de modo que

corresponda la devolución del vídeo a pesar de haber

sido consignado en el tribunal por acuerdo

transaccional suscrito por las partes en un pleito

independiente al de autos. Acuerdo, que fue objeto

de una sentencia por estipulación.

I

Los hechos incontrovertidos son los siguientes:

El Sr. Armando López Tristani (“el recurrido”)

presentó demanda de divorcio y promovió CC-2006-271 2

un proceso criminal de adulterio contra su esposa, la Sra.

Jeannette Maldonado Carrero (“la peticionaria”),1 luego de

haber encontrado a ésta compartiendo con otra persona en el

Apartamento L-101 del Condominio Castillo del Mar en Isla

Verde. Al entrar al apartamento, el señor López Tristani,

junto a su padre Armando López Ortiz y el detective privado

Orlando Díaz (“los demandados”), grabaron en vídeo las

escenas que contienen imágenes del cuerpo desnudo de la

peticionaria y se marcharon del lugar.

A raíz de lo acontecido, la señora Maldonado Carrero

instó una demanda sobre injunction preliminar y permanente.

Alegó que los demandados entraron ilegalmente al

apartamento localizado en Isla Verde, donde la peticionaria

albergaba una expectativa de intimidad por ser un lugar

privado propiedad de sus padres, el Sr. Efrén Maldonado

Pascual y la Sra. Jeannette Carrero Carrero. Además, la

peticionaria reclamó la violación de sus derechos

fundamentales reconocidos en la Sección 8 del Artículo II

de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

por motivo de la grabación y reproducción del vídeo de su

imagen, sin autorización para ello. Solicitó, inter alia,

una orden de cese y desista para evitar la utilización y

reproducción del vídeo y una orden para la devolución a su

persona del original y todas las copias que existieran del

mismo.

1 El Sr. Armando López Tristani presentó demanda de divorcio por la causal de trato cruel y adulterio. CC-2006-271 3

Durante la vista de interdicto provisional,2 las

representaciones legales de ambas partes se reunieron y

convinieron en corte abierta las siguientes estipulaciones,

las cuales fueron presentadas al tribunal mediante moción a

tales efectos e incorporadas a la sentencia dictada, a

saber:3

A. Los codemandados López Tristani, Suárez Álvarez y Orlando Díaz declararon bajo juramento que del vídeo objeto de la presente demanda sólo existe un original y una copia. B. Los codemandados López Tristani, López Ortiz y Tristani de López consignarían el 30 de agosto de 2005 en sobre sellado en el caso de divorcio, Armando López Tristani v. Jeannette Maldonado Carrero, Civil Núm. F DI2005-0635 (301), el original del vídeo y su copia. Este acuerdo fue en efecto cumplido. C. La parte demandada se obliga a no utilizar el vídeo original, ni copia alguna del mismo en ningún proceso civil y/o criminal. En cuanto al proceso criminal en contra de la parte demandante, el demandado López Tristani hará las gestiones con la fiscalía para que no se utilice el vídeo como prueba. D. En vista de estos acuerdos, la parte demandante desiste con perjuicio de la acción contra los codemandados López Tristani, López Ortiz y Tristani de López.

2 Surge de la Minuta de la vista 29 de agosto de 2005 que el tribunal de instancia, luego de reunirse en cámara con los abogados de las partes, expresó que “[l]amenta haber hecho la digresión (sic) porque ciertamente no entiende que hay actitud ni ambiente entre las partes y sus abogados para ningún grado de racionalidad ni objetividad para manejar este asunto. Señala que de la lectura de los documentos que obran en autos, le reflejan al tribunal que el incidente que se trae a la atención del tribunal es una consecuencia de una circunstancia mucha más amplia entre las partes aquí envueltas que debe mandatoriamente atenderse en otro foro de Relaciones de Familia, donde las partes pueden dilucidar sus problemas matrimoniales.” Véase apéndice del recurso de certiorari, págs. 70-71. 3 Véase Moción para que se dicte sentencia de conformidad con la Regla 35 de Procedimiento Civil presentada por la demandante Jeannette Maldonado Carrero el 24 de octubre de 2005, apéndice del recurso de certiorari, págs. 8-9. CC-2006-271 4

No obstante, la parte demandante se reserva el derecho a presentar nuevamente la acción en contra de los codemandados, en el caso de que en algún proceso, sea civil o criminal que están pendientes o en cualquier otro que surja, o en cualquier lugar o publicación, se muestre o se utilice el vídeo objeto de esta acción, o las imágenes allí contenidas. E. En cuanto a los codemandados Diosdado Suárez Álvarez y Orlando Díaz, la parte demandante desiste sin perjuicio. F. Los codemandados Diosdado Suárez Álvarez y Orlando Díaz, quienes comparecieron al Tribunal sin representación legal, declararon bajo juramento, junto al codemandado López Tristani, ratificando los acuerdos reducidos a escritos en la presente moción. (Énfasis nuestro.)

Como resultado de lo anterior, el controversial vídeo

y su copia se consignaron en el tribunal en un sobre

sellado en el pleito de divorcio. La sentencia por

estipulación dictada advino final y firme.

De forma coetánea, en el caso de divorcio, la señora

Maldonado Carrero solicitó el desglose y la devolución del

vídeo que había sido consignado en dicho pleito. Sostuvo

que no existía razón para que el tribunal lo mantuviese

bajo su custodia toda vez que el mismo no sería utilizado

en ningún caso civil o criminal, incluyendo la denuncia

presentada por adulterio. El señor López Tristani, por su

parte, se opuso al desglose de los vídeos consignados,

aduciendo que ello no formó parte del acuerdo a que

llegaron las partes en la demanda de injunction instada por

la peticionaria.4

4 Mediante moción a tales efectos, la peticionaria reiteró sus planteamientos para la entrega del vídeo y, además, argumentó que su representación legal necesitaba el mismo para la preparación de su defensa en el procedimiento CC-2006-271 5

Evaluados los planteamientos de las partes, el

tribunal de instancia dictó una orden en la que dispuso,

escuetamente, “que el vídeo aludido se mantendrá sellado y

consignado en el tribunal.” Véase, Orden del Tribunal de

Primera Instancia de 7 de noviembre de 2005, apéndice del

recurso de certiorari, pág. 16.

Inconforme con tal determinación, la peticionaria

acudió al Tribunal de Apelaciones, el cual denegó la

expedición del auto discrecional. En su resolución, el

foro apelativo intermedio identificó la controversia a

resolver como una de naturaleza contractual. Al así

hacerlo, concluyó que el señor López Tristani había

cumplido con las estipulaciones acordadas entre las partes

y determinó que la devolución del vídeo no había sido

pactada en el acuerdo transaccional.

Insatisfecha, la señora Maldonado Carrero compareció

ante nosotros y sostuvo que erró el Tribunal de Apelaciones

al no ordenar la entrega del vídeo y su copia, toda vez que

en el balance de intereses, correspondía su devolución por

haber sido obtenido de forma ilegal y en violación de los

derechos de intimidad y de su propia imagen, además de que

no sería utilizado en ningún litigio civil o criminal.5

____________________________ criminal instado en su contra. Véase apéndice del recurso de certiorari, págs. 53-55. 5 El error fue planteado por la peticionaria de la siguiente manera:

Erró el Tribunal de Apelaciones al resolver que no procedía la entrega del vídeo y su copia a la peticionaria bajo el fundamento de que ello no fue parte de las estipulaciones de las partes en el caso FPE 2005-0871. No obstante, no tomó en CC-2006-271 6

Concedimos término a la parte recurrida para

expresarse sobre el recurso de certiorari presentado y al

Procurador General para que informara si el Ministerio

Público tenía la intención de utilizar en evidencia el

vídeo en controversia durante el juicio criminal. Contando

con la comparecencia de ambas partes, con la del Procurador

General, así como los autos originales en el caso de

divorcio, estamos preparados para resolver y procedemos a

así hacerlo.

II

A

En síntesis, la peticionaria alegó que,

independientemente del acuerdo transaccional a que llegaron

las partes, el vídeo y su copia le deben ser entregados

debido a que la grabación de su persona se hizo sin su

consentimiento en violación a su derecho a la intimidad y a

su propia imagen. Indicó además que el vídeo constituye un

ataque a su honra y su dignidad. Estima que estos derechos

superan por mucho cualquier interés que pueda tener el

recurrido en los mismos, o en que éstos permanezcan bajo

custodia judicial. Sostiene, que mantener el vídeo y su

copia bajo custodia judicial no cumple propósito alguno,

____________________________ consideración que, en el balance de intereses, procedía su entrega a la peticionaria debido a que el vídeo fue obtenido de forma ilegal y en violación a los derechos de intimidad y al de la propia imagen, el mismo lo que contiene son imágenes de la peticionaria, no ha sido admitido como evidencia en el caso de divorcio y no será empleado ni admitido en el caso de divorcio ni en ningún otro litigio, civil o criminal, presente o futuro. CC-2006-271 7

toda vez que no forman parte de la evidencia admitida o

presentada en un caso ni pueden ser utilizados en algún

procedimiento judicial que se interese instar en su contra.

Los planteamientos de la peticionaria son esencialmente

idénticos a los esgrimidos en el pleito de injunction

instado, donde solicitó por primera vez la entrega de los

controversiales vídeos.

Analicemos entonces los planteamientos de la

peticionaria.

B

El acuerdo de transacción se rige en nuestro

ordenamiento por lo dispuesto en los artículos 1709 y

siguientes del Código Civil de Puerto Rico. 31 L.P.R.A.

secs. 4821 et seq. Allí, este negocio se define como aquel

acuerdo mediante el cual las partes, dando, prometiendo o

reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de

un pleito o ponen fin a uno ya comenzado, con el propósito

de evitar los pesares que conllevaría un litigio. Rivera

Rodríguez v. Rivera Reyes, res. 20 de junio de 2006, 168

D.P.R. ___, 2006 T.S.P.R. 103. Igaravidez v. Ricci, 147

D.P.R. 1, 5 (1988). Véase, Q.M. Scaevola, Código Civil,

Reus, Madrid, España, 1953, Tomo XXVIII, pág. 246; L.

Rivera Rivera, El contrato de transacción, Jurídica

Editores, San Juan, Puerto Rico, 1998; S. Tamayo Haya, El

contrato de transacción, Thomson-Civitas, Madrid, España,

2003. CC-2006-271 8

Los elementos esenciales a este tipo de contrato son:

(1) una relación jurídica litigiosa, (2) la intención de

los contratantes de componer el litigio, es decir, de

eliminar las controversias, y (3) las recíprocas

concesiones de las partes. Neca Mortg. Corp. v. A. & W.

Dev. S.E., 137 D.P.R. 860, 870 (1995).

Existen dos clases de contrato de transacción, el

judicial y el extrajudicial. Neca Mortg., supra, págs.

870-871. El acuerdo de transacción judicial, como el que

nos ocupa, es aquél en el cual las partes acuerdan una

transacción luego de haber comenzado el pleito judicial y

solicitan incorporar el acuerdo al proceso en curso

poniendo fin así a la controversia que generó el litigio.

La transacción judicial tiene para las partes autoridad de

cosa juzgada, por lo tanto las partes “tienen que

considerar los puntos discutidos como definitivamente

resueltos, y no pueden volver nuevamente sobre éstos.”

Neca Mortg., supra, pág. 872. Véase además, Rivera

Rodríguez v. Rivera Reyes, supra.

Por su naturaleza jurídica compleja, el contrato de

transacción debe interpretarse de forma restrictiva. Sucn.

Román Febres v. Shelga Corporation, 111 D.P.R. 782, 789

(1981). Hemos señalado que ello obedece a variadas

razones, entre las que se encuentra el hecho que las

transacciones judiciales están “matizadas por . . . mutuos

sacrificios de régimen excepcional en algunos aspectos y

por tanto, no deben interpretarse con extensión sino

restrictivamente.” Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, CC-2006-271 9

supra, pág. 17. Para determinar la intención de las partes

contratantes se deben considerar los actos anteriores,

coetáneos y posteriores al otorgamiento del contrato.

Artículo 1234 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3472;

Ramírez Senegal & Latimer v. Rojo Rigual, 123 D.P.R. 161,

174 (1989).

De otra parte, la transacción solo comprende “los

objetos expresados determinadamente en ella, o que, por una

inducción necesaria de sus palabras, deban reputarse

comprendidos en la misma.” Artículo 1714 del Código Civil,

31 L.P.R.A. 4826. Véase además, Citibank v. Dependable

Ins. Co., 121 D.P.R. 503, 514 (1988); Negrón Rivera y

Bonilla, Ex parte, 120 D.P.R. 61, 74-75 (1987); Sucn. Román

Febres v. Shelga Corporation, supra.

El segundo párrafo del Artículo 1714, supra, dispone

que “[l]a renuncia general de derechos se entiende sólo de

los que tienen relación con la disputa sobre [la cual] ha

recaído la transacción”. Este párrafo tiene el propósito

principal de aplicar concretamente a la transacción las

normas generales de la renuncia de derechos y de

interpretación de contratos. Véase Scaevola, op. cit.,

pág. 162; I. Sierra Gil de la Cuesta, Comentarios al Código

Civil, Editorial Bosch, 2000, Tomo 8, pág. 103-106. Véase

además, Rivera Rivera, op. cit., sec. 3.2.1, pág. 46;

Tamayo Haya, op. cit., sec. 7, págs. 510-557.

Es un principio general que los derechos concedidos

por las leyes, al igual que los de estirpe constitucional

–-como lo es el derecho a la intimidad--, son renunciables. CC-2006-271 10

No obstante, para que se configure una renuncia válida al

derecho constitucional a la intimidad, ésta tiene que ser

patente, específica e inequívoca. A modo de ejemplo, en

P.R.T.C. v. Martínez Cardona, 114 D.P.R. 328, 343 (1983),

resolvimos que la persona que accede y solicita

judicialmente que su teléfono sea interceptado

“incuestionablemente renuncia al derecho constitucional que

le brinda la Sec. 10.”

En el caso de marras, la peticionaria reconoce la

existencia del acuerdo de transacción y la sentencia

dictada bajo los mismos términos. En la cual, como

indicamos, se convino la consignación en el tribunal del

vídeo en controversia y su copia, con el propósito de

evitar su utilización en los procedimientos judiciales

instados y de impedir la divulgación y utilización de dicha

grabación. No obstante, sostiene como hemos ya apuntado,

que tiene un derecho a que los vídeos se le entreguen

habida cuenta que éstos contienen su imagen desnuda y

fueron grabados sin su consentimiento, por lo tanto en

violación a su derecho a la intimidad. Además, arguye que

éstos carecen de valor forense alguno toda vez que no se

utilizarán en procedimiento judicial alguno.

Para atender el planteamiento hecho por la

peticionaria, debemos examinar primeramente si ésta está

protegida por la garantía constitucional a la intimidad en

las circunstancias de este caso para luego evaluar qué

efecto tiene, si alguno, sobre su requerimiento, el acuerdo CC-2006-271 11

transaccional que puso fin a la demanda de injunction

instada por la peticionaria en contra del aquí recurrido.

III

Las Secciones 1 y 8 del Artículo II de la Constitución

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico protegen el

derecho fundamental a la intimidad y dignidad de las

personas.6 Reiteradamente hemos expresado que este derecho,

componente del derecho a la personalidad, goza de la más

alta protección bajo nuestra Constitución y constituye un

ámbito exento capaz de impedir o limitar la intervención de

terceros -–sean particulares o poderes públicos—- contra la

voluntad del titular.7 Véase, Castro Cotto v. Tiendas

Pitusa, Inc., res. 9 de junio de 2003, 159 D.P.R. ___, 2003

T.S.P.R. 101 y casos allí citados. Véase además, De Ángel

Yagüez, La Protección de la Personalidad en el Derecho

Privado, 83 Rev. Der. Priv. Notarial, 1, 42 (1974).

El carácter privilegiado y la primacía del derecho nos

ha motivado a reconocer que la protección a lo privado

opera ex propio vigore y puede hacerse valer entre personas

6 El derecho a la intimidad está expresamente consagrado en la Sección 8 del Artículo II de nuestra Constitución, el cual dispone que “[t]oda persona tiene derecho a [la] protección de [la] ley contra ataques abusivos a su honra, vida privada o familiar.” Por su parte, la Sección 1 del Artículo II establece la inviolabilidad de la dignidad del ser humano como principio básico que inspira los demás derechos incluidos en la Carta de Derechos. Vega Rodríguez v. Telefónica de P.R., 156 D.P.R. 584, 601 (2002) 7 Véase, Rosa Velásquez, Panorama general del derecho a la intimidad, 72 Rev. Jur. U.P.R. 665 (2003); Colón Cortés, Reconstruyendo la casa de cristal: La responsabilidad civil extracontractual derivada de los daños ocasionados al derecho a la intimidad, 72 Rev. Jur. U.P.R. 695 (2003). CC-2006-271 12

privadas, eximiéndolas así del requisito de acción estatal.

López Rivera v. E.L.A., res. 11 de julio de 2005, 164

D.P.R. ___, 2005 T.S.P.R. 102; Vega Rodríguez v. Telefónica

de P.R., 156 D.P.R. 584, 600-01 (2002); Arroyo v. Rattan

Specialties, 117 D.P.R. 35, 64 (1986); Colón Vda. de Rivera

v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 573, 575 (1982); E.L.A. v.

Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436, 440 (1975). Tal

protección es necesaria no tan solo para que se pueda

lograr una adecuada paz social o colectiva, como hemos

indicado en el pasado, viz., Arroyo v. Rattan Specialties,

supra, pág. 62, sino también, porque así logramos mantener

una calidad mínima de la vida humana, al mantener un

reducto de ésta fuera del alcance de terceros. “[L]a vida

privada es esa esfera de cada existencia en la cual ninguno

puede inmiscuirse sin haber sido invitado.” F. Herrero

Tejedor, La intimidad como derecho fundamental, Ed. Colex,

Madrid, España, 1998, pág. 20.

Este derecho constitucional, cuya violación puede ser

reivindicada mediante el recurso de injunction o mediante

la correspondiente acción por daños,8 impone a toda persona

el deber de no inmiscuirse en la vida privada o familiar de

los demás seres humanos. En el caso normativo, Colón Vda.

de Rivera v. Romero Barceló, supra, ampliamos la protección

al derecho a la propia imagen,9 como una modalidad del

8 Colón Vda. de Rivera v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 573, 576 (1982); P.R.T.C. v. Martínez Cardona, 114 D.P.R. 328, 335 (1983); E.L.A. v. Hermandad de Empleados, supra, a la pág. 447. 9 El Informe de la Comisión de la Carta de Derechos remitido a la Convención Constituyente expresó sobre la Sección 8 CC-2006-271 13

derecho a la intimidad, cuya violación puede acarrear una

reclamación en daños. Allí señalamos que “[e]n virtud de

este derecho toda persona puede oponerse a que se

reproduzca su efigie o se obtengan pruebas fotográficas de

la misma, por personas a quienes no haya concedido

autorización expresa o tácita.” 112 D.P.R., pág. 578. La

imagen propia constituye un atributo fundamental con el

cual se individualiza socialmente a la persona; es decir,

es parte de la identidad personal. Como tal, es digna de

tutela por su estrecha relación con la intimidad de la

persona como con su honor. Véase, C. Fernández Sessarego,

Derecho a la identidad personal, Editorial Astrea, Buenos

Aires, Argentina, 1992, sec. 17, págs. 138-142; J. Santos

Briz, La responsabilidad civil, Ed. Montecorvo, Madrid,

España, 1993, vol. I, págs. 199-201.

Con gran acierto, Santos Briz apunta lo siguiente

respecto el derecho a la propia imagen, citamos

extensamente:

En virtud de este derecho toda persona puede oponerse a que se reproduzca su efigie o se obtengan pruebas fotográficas de la misma, por personas a quienes no haya concedido autorización expresa o tácita. Se extiende la prohibición a reproducir la imagen de otro. . . y comprende no solo la publicación de la imagen sino también la confección . . . sin autorización cuando se oponga a legítimos intereses del afectado, en ____________________________ que “[s]e trata de la inviolabilidad personal en su forma más completa y amplia [y que e]l honor y la intimidad son valores del individuo que merecen protección cabal, no sólo frente a atentados provenientes de otros particulares, sino también contra ingerencias abusivas de las autoridades...La inviolabilidad de la persona se extiende a todo lo que es necesario para el desarrollo y expresión de la misma.” 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2566 (1961). CC-2006-271 14

especial si según el objeto de la fotografía o el modo y la forma de su obtención resulta escandalosa o tuvo lugar contra a la voluntad conocida del perjudicado. (Énfasis nuestro.)

J. Santos Briz, Derecho de daños, Ed. Revista de Derecho

Privado, Madrid, España, 1963, pág. 178.

A pesar de ser el derecho constitucional a la

intimidad de la más alta jerarquía en nuestro ordenamiento

jurídico, no se concibe como un derecho absoluto que “vence

a todo otro valor en conflicto bajo todo supuesto

concebible”. E.L.A. v. P.R.T.C., 114 D.P.R. 394, 401

(1983). Así pues, ante una alegación de violación a la

intimidad, “[l]a cuestión central [a resolver] es si la

persona tiene derecho a abrigar, donde sea, dentro de las

circunstancias del caso específico, la expectativa de que

su intimidad se respete.” E.L.A. v. P.R.T.C., supra, a la

pág. 402. Para hacer tal determinación, es necesario que

concurran dos elementos: (1) el subjetivo, mediante el

cual el reclamante, según las circunstancias del caso,

alberga una expectativa real de que su intimidad se respete

y, (2) el criterio objetivo, es decir, si la sociedad

considera razonable tener tal expectativa. Pueblo v.

Santiago Feliciano, 139 D.P.R. 360, 384 (1995).

A la luz de la normativa antes expuesta, analicemos

las controversias planteadas en este caso.

IV

Iniciamos nuestra discusión señalando que el

Procurador General en su comparecencia informó que el caso CC-2006-271 15

criminal en contra de la aquí peticionaria había sido

sobreseído luego que el recurrido presentara, por derecho

propio, una moción al tribunal informando que no tenía

interés alguno en proseguir con el mismo, a lo que el

Ministerio Público se allanó. El Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Carolina, dictó sentencia en el

caso criminal por adulterio, ordenando el archivo y

sobreseimiento del mismo. Por tal razón, el vídeo que está

en controversia en el presente caso no habrá de ser

utilizado como evidencia en el caso criminal.

Por su parte, el señor López Tristani se opuso al

desglose y entrega del referido vídeo, principalmente, bajo

el fundamento que ello no formó parte del acuerdo de

transacción que dio base a la sentencia por estipulación

dictada en el caso instado por la peticionaria en su

contra. Arguyó que la doctrina de actos propios y de la

buena fe contractual apoya su posición. Además, sostuvo

que la peticionaria no puede reclamar violación a su

derecho a la intimidad pues él tiene un derecho de superior

jerarquía, a saber: que su esposa le guarde fidelidad y no

incurriera en la “causal de adulterio.” Concluyó entonces

que no corresponde el desglose y entrega del vídeo y su

copia.10

10 También alegó que la peticionaria carece de legitimación activa para reclamar una expectativa de intimidad en el apartamento propiedad de sus padres. Debido a la conclusión a la que llegamos en esta ocasión, es innecesario discutir ese planteamiento. CC-2006-271 16

Indiscutiblemente, la grabación de la imagen desnuda

de una persona sin su consentimiento, mientras se encuentra

en un apartamento privado, se revela como una intromisión

irrazonable con su intimidad y su honra. La peticionaria

albergaba sin duda, en el lugar donde se encontraba, una

expectativa real de que su intimidad iba a ser respetada;

expectativa, a todas luces razonable. Esta expectativa de

intimidad se antepone a los intereses articulados por el

recurrido en este caso. Sostener lo contrario

representaría un lamentable retroceso en la evolución

vindicadora del respeto a la intimidad que ha caracterizado

la trayectoria de este Tribunal.

La imagen desnuda de una persona constituye uno de los

ámbitos más sagrados de la intimidad corporal. “El

sentimiento profundo de discreción y de pudor que existe en

el fondo de cada ser humano exige la protección de la vida

privada. Sin ello no habría libertad . . . [L]a vida

privada está en el corazón de la libertad.” Herrero

Tejedor, op. cit., pág. 20.11

Ya en Fulana de Tal v. Demandado A, 138 D.P.R. 610

(1995), nos habíamos enfrentado a una controversia que

giraba en torno a la entrega de unos vídeos que reflejaban

11 Véase, L. J. Mieres Mieres, Intimidad Personal y Familiar, Prontuario de Jurisprudencia Constitucional, Ed. Aranzadi, Navarra, 2002, pág. 51. (“El acoso y el hostigamiento lesionan nuestra intimidad territorial porque hay un espacio vital, una distancia necesaria que solo pueden franquear legítimamente quienes deseamos. La invasión inconsentida de ese espacio vital perturba nuestra libertad.”) CC-2006-271 17

a las partes en ese caso sosteniendo relaciones sexuales,

los que habían sido grabados por el demandado sin el

consentimiento de las demandantes. En dicho caso, aun

cuando no discutimos el derecho a la propia imagen,

resolvimos, ante un reclamo de la prensa de estar presente

durante la presentación en evidencia de los vídeos, que los

vídeos en controversia debían ser vistos en cámara para

salvaguardar el derecho a la intimidad que cobijaba a las

demandantes, frente al interés público de libre acceso a

los procedimientos judiciales. Véase también, Bonilla

Medina v. P.N.P., 140 D.P.R. 294 (1996)(el derecho a la

propia imagen cede ante el interés público de acceso a

información); Pérez vda. De Muñiz v. Criado Amunategui, 151

D.P.R. 355, 371 (2000)(“el derecho a la intimidad . . . no

justifica la imposición de censura previa, máxima

manifestación de la violación a la libertad de prensa.”)

La posición axiológica privilegiada del derecho a la

intimidad nos lleva a rechazar toda acción tendiente a

espiar, vigilar y hostigar aspectos íntimos de la persona,

como ha ocurrido en este caso. Aquí, como se señaló, el

recurrido irrumpió en el apartamento en que se encontraba

la peticionaria y sin su autorización, grabó sus imágenes

desnuda. Es insostenible que los avances tecnológicos se

utilicen en perjuicio del derecho a la intimidad que

albergan las personas. Reiteradamente hemos advertido de

nuestro rechazo a que los adelantos en la tecnología se

utilicen en detrimento de la integridad personal, la

intimidad y la dignidad individual de las personas. Vega CC-2006-271 18

Rodríguez v. Telefónica de P.R., supra, a las págs. 607-

608. Véase además, Herrero Tejedor, op. cit., pág. 24 (“es

unánime la denuncia de que las nuevas tecnologías suponen

un serio peligro para la intimidad. La facilidad con que

ésta puede verse hoy vulnerada va en aumento, a medida que

avanzan, se perfeccionan y simplifican las técnicas de

grabación, captación de imágenes, reproducción y

transmisión de datos, etc.”) En Arroyo v. Rattan

Specialties, supra, pág. 56, indicamos correctamente lo

siguiente: “Debemos tratar de canalizar . . . los

desarrollos tecnológicos y científicos, de forma tal que

derivemos sus beneficios sin que se le aseste un golpe

mortal a lo más preciado en la vida de todo ser humano en

una sociedad democrática: su dignidad, integridad e

intimidad.”

Ahora bien, el derecho a la intimidad como todo

derecho es renunciable. En tal sentido hemos señalado que

para que tal renuncia sea válida y eficaz tiene que ser

“patente, específica e inequívoca.” P.R.T.C. v. Martínez,

supra, pág. 343. Es decir, la renuncia debe ser clara,

voluntaria y efectuada con pleno conocimiento de causa.

UTIER v. AEE, 149 D.P.R. 498 (1999); Pueblo v. Morales

Romero, 100 D.P.R. 436 (1972). Veamos entonces.

V

Como hemos visto, la peticionaria presentó una demanda

de injunction en contra del recurrido solicitando vindicar

su derecho a la intimidad ante la grabación de su imagen

que efectuara éste en contra de su voluntad. En la demanda CC-2006-271 19

ésta solicitó no tan sólo que no se utilizara dicho vídeo

en proceso judicial alguno o que no se reprodujera el

mismo, sino también que se le entregara el mismo junto a

cualquier copia hecha de éste. Durante este proceso, la

peticionaria estuvo asesorada en todo momento por su

representación legal. Como vimos inicialmente, en dicho

caso las partes llegaron a un acuerdo transaccional para

así finiquitar la controversia planteada en el caso y se

acordó, de forma voluntaria, que el vídeo y su copia se

consignaran en el tribunal. Surge del expediente que el

tribunal de instancia cuestionó bajo juramento a las partes

sobre los términos del acuerdo transaccional, cerciorándose

de que estaban conforme con lo estipulado. Luego de lo

cual dictó sentencia por estipulación la cual advino final

y firme.

La peticionaria no nos ha adelantado argumento alguno

que nos permita concluir que no fue su intención ponerle

fin a la disputa de los vídeos mediante la consignación de

los mismos, sellados, en el tribunal. Cualquier reclamo

que ella pudiese tener sobre la tenencia de los vídeos, fue

abandonado una vez consintió válidamente a que éstos fuesen

consignados en el tribunal como parte de la transacción a

que llegó con el aquí recurrido en el pleito de injunction

que instó. Ésta no puede ahora relitigar un asunto que fue

objeto ya de la sentencia por estipulación y que hoy es

final y firme. Además, nada hay en el récord que nos

permita concluir que al llegar a dicho acuerdo, renunciando

a sus reclamos de carácter constitucional, su renuncia fue CC-2006-271 20

inválida por no ser voluntaria, clara, o sin conocimiento

de lo que acordaba. Repetimos, la peticionaria estuvo

asesorada en todo momento por su representante legal y fue

cuestionada sobre los términos acordados por el foro

primario.

De otra parte, estimamos que al estar los vídeos

consignados en sobre sellado en el tribunal fuera del

acceso de terceros, su intimidad queda resguardada. El

tribunal de primera instancia deberá tomar las medidas

cautelares que estime necesarias para cerciorarse de que

así sea. Los mismos deberán permanecer en bóveda por

espacio de un año al cabo del cual, se procederá a la

destrucción de éstos conforme el procedimiento establecido

para la disposición de expedientes judiciales y la

evidencia que forma parte de éstos. Véase, Reglas para la

Administración del Programa de Disposición de Documentos de

la Rama Judicial.

En esta coyuntura debemos expresar nuestra

discrepancia con la Opinión disidente y su valoración del

contrato de transacción. En ésta se indica que la causa

del acuerdo transaccional fue “lograr que la peticionaria

desistiera de la acción de interdicto que había

presentado”, por lo que “[l]a consignación de los vídeos no

era la finalidad del negocio acordado entre las partes,

sino una de las condiciones accesorias a la causa

contractual.” Opinión disidente, pág. 5. A base de lo

anterior se sostiene que la “consignación era la prestación

a la cual se obligaron el recurrido y los demás CC-2006-271 21

codemandados en la acción del interdicto. La peticionaria

no se obligó a consignar, sino que consistió a que el

recurrido lo hiciera.” Íbid, pág. 6. Por lo que no cabe

hablar que la peticionaria haya hecho concesión recíproca

alguna como parte de este acuerdo transaccional; en su

consecuencia, no se configuró renuncia a derecho

constitucional alguno.

No compartimos esta visión fragmentada de qué

constituye la causa en el contrato de transacción por

estimar que la misma no se ajusta a la doctrina

prevaleciente sobre su naturaleza y, además, porque valora

erróneamente el acuerdo transaccional habido en este

litigio. Nos explicamos.

La delimitación de la causa típica del contrato de

transacción no es tarea fácil ni libre de controversia

entre la doctrina. Hay sin embargo aparente unanimidad

respecto aquella propuesta que sostiene que “la causa del

contrato de transacción es la composición de la litis

mediante una parcial renuncia a las recíprocas

pretensiones.” E. López Barba, El contrato de transacción,

su resolución por incumplimiento, Ediciones Laborum,

Murcia, España, 2001, pág. 78. Ello supone que las

recíprocas prestaciones constituyen no tan sólo el medio

esencial para el desarrollo de la causa del negocio

transaccional, sino que éstas pasan a formar parte de la

propia causa. En tal sentido, la profesora Tamayo Haya, en

su obra sobre la transacción, señala lo siguiente: “[no] es

lícito afirmar que la causa se centre en el poner fin a una CC-2006-271 22

controversia, sino que debe complementarse necesariamente

con las recíprocas concesiones. . . . Es necesario siempre

que ambas partes sacrifiquen y concedan al mismo tiempo

alguna cosa en función de la superación del litigio sobre

la cosa controvertida. . . . En conjunto, el litigio y las

recíprocas concesiones constituyen los elementos de la

causa.” (Énfasis nuestro.) Tamayo Haya, op. cit., pág.

210.

De igual manera se expresa la profesora López Barba,

cuando apunta, citamos:

Si bien el acuerdo de recíprocas concesiones es esencial para la perfección del contrato de transacción, no hay que olvidar que no es el único elemento de su causa, . . ., la causa del contrato de transacción la constituye de un lado el conflicto inicial de intereses cualificado que la provoca, de otro, el acuerdo de recíprocas concesiones que le sirve de medio y, por último, la voluntad de autocomponer el conflicto por las propias partes, afectadas, con el fin de dar término al proceso judicial en curso o evitar que éste dé comienzo.

López Barba, op. cit., pág. 78. Véase además, M.

Albaladejo García, Derecho Civil, Ed. Bosch, Barcelona,

España, tomo II, vol. II, 10ma ed., 1997, pág. 404; R.

Ruggiero, Instituciones de Derecho Civil, Ed. Reus, Madrid,

España, tomo II, vol. I, 1977. En igual sentido, STS 30

marzo 1950 (A. 573); STS 10 junio 1968 (A. 3179); STS 21

octubre 1977 (A. 3904); STS 31 enero 1985 (A. 210).

El conflicto inicial en este caso se generó,

claramente, por la grabación en vídeo de la imagen desnuda

de la peticionaria y la utilización que a los referidos

vídeos se le daría. Como hemos discutido, el acuerdo CC-2006-271 23

transaccional en este caso pretendió ponerle fin al pleito

de injunction instado, generado por la controversia inicial

que mencionamos.

Las partes en el litigio, para autocomponer el

conflicto, acordaron las siguientes recíprocas concesiones:

la peticionaria renunció a su reclamo sobre los vídeos,

viz., que le fueran entregados pues la grabación de los

mismos configuraba una violación a su derecho a la

intimidad; y, el recurrido renunció a los derechos que

alegaba le asistían sobre los mismos, así como a

utilizarlos como evidencia en los procedimientos judiciales

pendientes (el pleito de divorcio y el proceso criminal).

En consideración a lo anterior, los polémicos vídeos se

consignaron en el tribunal finiquitando así la controversia

entre las partes. El conjunto de lo anterior constituye la

causa del acuerdo transaccional convenido en este caso.

Ciertamente, sin consignación no hubiera habido transacción

alguna. La consignación no puede considerarse como un mero

acto accesorio, sin ulterior consecuencia.

No podemos perder de vista que las recíprocas

concesiones ejemplifican el principio de que toda

transacción “supone sacrificios recíprocos, es decir, el

abandono de una cosa, derecho o pretensión. . . Es

necesario que cada uno de los contratantes reduzca y

sacrifique a favor de otro una parte sus exigencias a

cambio de recibir una parte de aquello objeto de

litigio. . . Mueve por lo tanto, la transacción a cada una CC-2006-271 24

de las partes a ceder algo de sus derechos.” Tamaya Haya,

op. cit., pág. 141.12

La peticionaria renunció a su derecho a la intimidad

al llegar al acuerdo transaccional que hemos discutido.

Ésta abandonó su reclamo de intimidad a cambio que la parte

demandada no retuviera los vídeos para sí y no los

utilizara en los procedimientos judiciales pendientes en su

contra al momento de acordar la transacción. Ello, como

poco, constituye una inducción necesaria y lógica del

acuerdo en cuestión.

En virtud de los fundamentos antes expresados, se

expide el auto solicitado y se dicta sentencia modificando

la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia,

para que se tomen las medidas cautelares que se entienda

correspondan, para cerciorarse que terceros no tengan

acceso al vídeo objeto de la presente controversia. Se

dispone además que transcurrido un año, se procederá con la

destrucción de los vídeos conforme el procedimiento

establecido para esos propósitos. Así modificada se

12 Cabe destacar que aun cuando la ausencia de recíprocas concesiones supone que no nos encontramos ante una transacción verdadera por falta de causa, las concesiones no tiene que ser perfectamente equivalentes. La “reciprocidad no significa igualdad de los sacrificios consentidos. . . .[E]l móvil que determina la superación del conflicto puede determinar la desigualdad en las concesiones.” S. Tamayo Haya, El contrato de transacción, Thomson-Civitas, Madrid, España, 2002, pág. 159. L. Rivera Rivera, El contrato de transacción, Jurídica editores, San Juan, Puerto Rico, 1998, pág. 45 (“Es importante recalcar que lo mismo pueden ser prestaciones aducidas en la controversia, que otro derecho no discutido. Tampoco es necesario que haya equivalencia entre las concesiones. Asimismo se ha reconocido que los sacrificios pueden ser de orden moral o tener contenido económico.”) Véase además, STS 14 marzo 1955 (A. 765). CC-2006-271 25

confirma la sentencia dictada. Se devuelve el caso al foro

primario para que actúe conforme lo aquí expresado.

Se dictará sentencia de conformidad.

Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, los cuales se incorporan íntegramente a la presente, se expide el auto solicitado y se dicta sentencia modificando la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, para que se tomen las medidas cautelares que se entienda correspondan, para cerciorarse que terceros no tengan acceso al vídeo objeto de la presente controversia. Se dispone además que transcurrido un año, se proceda con la destrucción de los vídeos conforme el procedimiento establecido para el decomiso de los mismos, y así modificada se confirma la misma. Se devuelve el caso al foro primario para que continúen los procedimientos conforme lo aquí expresado.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Fiol Matta emitió una Opinión concurrente y disidente.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

v. CC-2006-271 CERTIORARI Jeannette Maldonado Carrero

Opinión concurrente y disidente emitida por la Jueza Asociada SEÑORA FIOL MATTA

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de septiembre de 2006.

La parte peticionaria comparece ante este

Tribunal solicitando que revoquemos la sentencia del Tribunal de Apelaciones que determinó que no

procedía la devolución de unos vídeos en la que aparece desnuda, debido a que ello no fue pactado en

el acuerdo transaccional. La Mayoría de este Tribunal, al resolver la presente controversia,

expone con gran claridad y acierto el carácter fundamental del derecho a la intimidad en Puerto

Rico y cómo goza de la más alta protección constitucional. Sin embargo, confirma al foro

apelativo y resuelve que el consentimiento de la

peticionaria a la consignación de los vídeos en el

tribunal como parte de una transacción implicaba, de CC-2006-271 2

por sí, una renuncia válida a su derecho constitucional de

intimidad respecto a éstos. Por mi parte, aunque concurro

plenamente con las conclusiones a las que llega la Mayoría en

cuanto a la extensión del derecho constitucional a la

intimidad y dignidad de las personas, disiento de la

determinación de confirmar la sentencia recurrida, por las

razones que paso a exponer.

I.

El Código Civil de Puerto Rico, en su artículo 1709,

define la transacción como “un contrato por el cual las

partes, dando, prometiendo o reteniendo cada uno alguna cosa,

evitan la provocación de un pleito o ponen término al que

había comenzado”. 31 L.P.R.A. sec. 4821. Como todo contrato, la transacción contiene como requisitos el consentimiento

consensual de las partes, una controversia como objeto, y la causa que consiste en la eliminación de la controversia

mediante concesiones recíprocas entre las partes. Neca Mortgage Corp. v. A&W Dev. S.E., 137 D.P.R. 860, 870-871

(1995). De esto es importante recordar, en cuanto al presente caso, que la finalidad del contrato de transacción es evitar

el inicio de un pleito o ponerle fin a uno pendiente. Como bien señala la Opinión de la Mayoría, por su

naturaleza, el contrato de transacción debe interpretarse de manera restrictiva, limitando rigurosamente la exégesis

contractual a lo expresamente señalado en sus disposiciones. Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 2006 T.S.P.R. 103. Ello se

debe a que las transacciones requieren de las partes “mutuos

sacrificios de régimen excepcional”. Id. Por esta razón, el

artículo 1714 del Código Civil determina expresamente el CC-2006-271 3

alcance que podemos darle a las disposiciones de una

transacción y los límites de su objeto. Este artículo señala

que este negocio “no comprende sino los objetos expresados

determinantemente en ella, o que, por una inducción necesaria

de sus palabras, deban reputarse comprendidos en la misma”.

31 L.P.R.A. sec. 4826. Incluso podría ser necesario acudir a

las normas generales sobre interpretación de contratos,

particularmente las contenidas en los artículos 1233 a 1241

del Código Civil. 31 L.P.R.A. secs. 3471-3479. Véase Sucn.

Román v. Shelga Corp., 111 D.P.R. 782, 789 (1981).

De particular importancia para los hechos de este caso

es el segundo párrafo del artículo 1714 que dispone que “[l]a

renuncia general de derechos se entiende sólo de los que

tienen relación con la disputa sobre [la cual] ha recaído la

transacción”. 31 L.P.R.A. sec. 4826. Esta norma limita la

interpretación que se le pueda dar a la renuncia de derechos.

Como las transacciones suelen otorgarse durante circunstancias de tensión y con carácter complejo, el Código

Civil establece que su interpretación debe ser lo más rigurosa posible, y a lo más que debe extenderse es a una

“inducción necesaria” de las palabras. En cuanto a la renuncia de derechos, ésta debe ser limitada específicamente

a la causa que dio lugar a la transacción. Incluso, se ha entendido que en la transacción “no cabe la renuncia

abdicativa o declaración de voluntad por la cual el titular

de un derecho se despoja de éste sin que exista concesión

recíproca”. (énfasis suplido) L.R. Rivera Rivera, El contrato

de transacción: sus efectos en situaciones de solidaridad,

San Juan, Ed. Jurídica Editores, 1998, pág. 46. Al respecto,

Scaevola indica: “[u]na renuncia sin recompensa constituiría CC-2006-271 4

una liberalidad y no una transacción”. Q.M. Scaevola, Código

Civil: Comentado, Madrid, Ed. Reus, 1953, Tomo XXVIII, pág.

267.

La Mayoría de este Tribunal resuelve correctamente

que el derecho a la intimidad de la peticionaria se antepone

a los intereses articulados por el recurrido. Sin duda

alguna, la peticionaria tenía un derecho privilegiado, de

carácter constitucional, a que su intimidad y dignidad fuesen

respetadas y protegidas contra todo tipo de intromisión. La

imagen desnuda de la señora Maldonado Carrero forma parte de

la esfera privada de su persona e identidad que está

reservada y aislada de la convivencia genérica con los demás

miembros de la sociedad. Como algo propio de la

peticionaria, su imagen no puede ser cedida o controlada por

terceros a menos que ella lo autorice.

No obstante lo anterior, hemos resuelto que al igual que

otros derechos, los de carácter constitucional son renunciables. Ahora bien, cuando se trata de derechos

fundamentales, como lo es el de la intimidad, surge una presunción contraria a la renuncia. F.S.E. v. Comisión

Industrial, 105 D.P.R. 261, 265 (1976). Bajo nuestro

ordenamiento constitucional para que la renuncia sea válida

debe ser voluntaria, con pleno conocimiento de causa, expresa

y no presunta. También tiene que ser patente, específica e

inequívoca. U.T.I.E.R. v. A.E.E., 149 D.P.R. 498, 508

(1999); P.R.T.C. v. Martínez, 114 D.P.R. 328, 343 (1983);

Pueblo v. Morales, 100 D.P.R. 436, 439 (1972). De la renuncia

no cumplir con estos requisitos, el derecho a la intimidad es

incuestionablemente inviolable y permanece bajo el control de

su titular. CC-2006-271 5

II.

La Mayoría de este Tribunal resuelve que la peticionaria

renunció a sus reclamos de carácter constitucional sobre la

tenencia de los vídeos, “una vez consintió válidamente a que

éstos fuesen consignados en el tribunal como parte de la

transacción”. Opinión de la mayoría, pág. 19. De esa forma

concluye que el acuerdo transaccional al que llegaron las

partes para finalizar el pleito sobre interdicto provisional

tuvo el efecto de una renuncia válida de la peticionaria a un

reclamo de intimidad sobre los vídeos. Entiende que al

consentir voluntariamente a la consignación de los vídeos,

asesorada en todo momento por su abogado, la peticionaria

también renunció específicamente y con conocimiento a ejercer

cualquier derecho que pudiera tener sobre ellos.

Discrepo de esta conclusión. Debo destacar,

primeramente, que la causa del acuerdo transaccional entre

las partes era la de lograr que la peticionaria desistiera de la acción de interdicto que había presentado. La consignación

de los vídeos no era la finalidad del negocio acordado entre las partes, sino una de las condiciones accesorias a la causa

contractual. Debemos recordar que un negocio de transacción no debe interpretarse más allá de la controversia que dio

lugar al pleito que se busca evitar o concluir. Las disposiciones contractuales de la transacción deben ser

interpretadas restrictivamente.

Sin embargo, la opinión mayoritaria resuelve que el

acuerdo de transacción hizo las veces de una renuncia válida

a los reclamos constitucionales de intimidad de la

peticionaria. A mi entender, esto no se desprende del CC-2006-271 6

contrato, que sólo expresaba que la peticionaria desistía de

la demanda de injunction y el recurrido se comprometía a no

utilizar los vídeos. La Opinión de la Mayoría también

entiende que el consentimiento a la consignación implicó una

renuncia absoluta de la peticionaria a todo derecho sobre la

imagen contenida en los vídeos, pero no podemos olvidar que

no fue ella quien se obligó a consignar. El acuerdo disponía

que “los codemandados. . . consignarían. . . en sobre

sellado. . . el original del vídeo y su copia”. (Énfasis

nuestro) La consignación era la prestación a la cual se

obligaron el recurrido y los demás codemandados en la acción

del interdicto. La peticionaria no se obligó a consignar,

sino que consintió a que el recurrido lo hiciera. Las

circunstancias que rodean el acuerdo a lo sumo permiten

concluir que la peticionaria permitió esto como una solución

temporal al posible uso no autorizado que se le daría a los

vídeos en las otras acciones judiciales. Una interpretación restrictiva del acuerdo no nos puede

llevar a concluir que la frase “desiste con perjuicio de la acción” y la aceptación de la peticionaria a que el recurrido

consignara los vídeos reflejan una intención clara de renunciar a los derechos que la peticionaria pueda tener

sobre los vídeos, tomados sin su consentimiento, en las que aparece desnuda. De una “inducción necesaria” de esta frase

y de las prestaciones acordadas tampoco se desprende esta

renuncia.

Por otra parte debemos recordar que la renuncia al

derecho a la intimidad debe ser patente, específica e

inequívoca, y que ante la ausencia de estos requisitos existe

una presunción contraria a la renuncia. No surge de la CC-2006-271 7

estipulación una patente renuncia al derecho de la demandante

a los vídeos, mucho menos una específica e inequívoca. A mi

entender, la renuncia ni siquiera es implícita, por lo que no

puedo coincidir con la decisión de la Mayoría de asumir que

la peticionaria renunció a los reclamos que pudiera tener

sobre la imagen de ella desnuda. El resultado al que llega

este Tribunal resulta aún más preocupante frente al inciso

(D) del acuerdo de transacción:

la parte demandante se reserva el derecho de presentar nuevamente la acción en contra de los codemandados, en el caso de que en algún proceso, sea civil o criminal que están pendientes o en cualquier otro que surja, o en cualquier lugar o publicación, se muestre o se utilice el vídeo objeto de esta acción, o las imágenes allí contenidas.

Esta disposición hace una reserva patente, específica e

inequívoca de que la peticionaria puede reivindicar su

derecho a la intimidad cuando sea amenazado por un uso no

autorizado de los vídeos. Ante una reserva expresa de esta

magnitud no podemos hablar de una renuncia al derecho a la intimidad en el caso de autos.

El recurrido no tenía derecho real alguno sobre los vídeos, siendo los mismos una intromisión irrazonable y no

autorizada a la intimidad de la peticionaria. Por tanto, el compromiso a no utilizar los vídeos no puede ser equiparado a

la alegada abdicación de la peticionaria a presentar cualquier reclamación reivindicatoria de sus derechos. Ante

esta realidad, el Tribunal no podía reconocer la renuncia

abdicativa de un derecho fundamental, pues no hubo una

concesión recíproca.

Por último, debo expresar mi inquietud sobre el

resultado práctico de este caso. El Tribunal impide que la

peticionaria obtenga la posesión de los vídeos en los que CC-2006-271 8

aparece desnuda, y respecto a los cuales tiene un derecho

constitucional a tener y controlar, para que el tribunal de

instancia sea quien los custodie “en sobre sellado”, con

miras a que la intimidad de la peticionaria “quede

resguardada”. Además, se le impone al tribunal la obligación

de tomar medidas para que terceros no tengan acceso al vídeo.

Esta obligación abre la puerta a posibles reclamos de la

peticionaria si el tribunal no cumple a cabalidad con esta

responsabilidad.

Por las razones expuestas, concurro con las expresiones

de la opinión mayoritaria sobre la naturaleza y extensión del

derecho a la intimidad y dignidad de las personas reconocido

en nuestro ordenamiento constitucional, pero disiento del

resultado al que llega la Mayoría de este Tribunal. Por las

razones que he expuesto, revocaría la sentencia recurrida.

Liana Fiol Matta Jueza Asociada