In Re: Manuel Acevedo Hernández

2015 TSPR 167

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: December 14, 2015
• Docket: AD-2014-1 AD-2014-2
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re: 2015 TSPR 167

193 DPR ____ Manuel Acevedo Hernández

Número del Caso: AD-2014-1 AD-2014-2

Fecha: 14 de diciembre de 2015

Abogados del Querellado:

Lcdo. Joseph Laws Delgado Lcda. Melanie Matos Cardona

Oficina de Asuntos Legales Oficina de Administración De los Tribunales:

Lcda. Cristina Guerra Cáceres, Directora Lcdo. Felix Fumero Pugleisi Lcdo. Eric J. Salas López Lcda. Rosa M. Cruz-Niemiec

Comisión de Disciplina Judicial:

Hon. Aida N. Molinary de la Cruz, Presidenta Lcda. Evelyn Benvenuti Lcda. Lourdes Velázquez Cajigas Sra. Eneida Sierra Corredor

Materia: Acción Disciplinaria – Destitución de cargo de Juez Superior por violación a los Cánones 1, 2, 8, 11, 12 14, 20, 23, 30 35 y 36 de Ética Judicial; Suspensión indefinida de la abogacía.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

AD-2014-1 Manuel Acevedo Hernández AD-2014-2

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 14 de diciembre de 2015.

Hoy nos corresponde adoptar otra acción dirigida a

fortalecer la política institucional de cero tolerancia a

cualquier conducta que pueda lacerar la confianza de la

ciudadanía en su sistema de justicia. Nos enfrentamos a

la primera vez que un juez es procesado criminalmente por

ser parte de un esquema para beneficiar a un acusado a

cambio de recibir bienes y servicios, aparte de incurrir

en acciones adicionales que mancillan la imagen de todo

el capital humano de la Rama Judicial.

El juez o jueza es un funcionario público al

servicio de la ciudadanía, no al suyo propio. Su función

principal es servir como garante de la administración de

la justicia de forma ecuánime y objetiva, guiado siempre

por los postulados de la ley, el orden y la moral. Como

tal, debe ser independiente y autónomo. Tal oficio

requiere de una acción íntegra y libre de avaricia, capaz

de anteponer la verdadera Justicia sobre sí mismo. AD-2014-1 cons. AD-2014-2 2

Desdichadamente, hoy procede destituir a uno de los

miembros de la Judicatura por sus actuaciones como

magistrado. Los hechos de este caso ejemplifican el tipo

de conducta que no representa los valores éticos de los

integrantes de nuestra Rama Judicial. Nos encontramos

ante el lamentable escenario en que un juez actuó

mediando corrupción judicial. Tal realidad requiere que

este Tribunal actúe con firmeza salvaguardando el pilar

de nuestro sistema de justicia: la confianza depositada

en nosotros.

I

Los hechos que originan las querellas presentadas se

relacionan con las acciones y conducta del Juez Manuel

Acevedo Hernández (Juez Acevedo Hernández) vinculados al

caso criminal por homicidio negligente, obstrucción a la

justicia y conducir en estado de embriaguez que se

ventiló contra el Sr. Lutgardo Acevedo López (Acevedo

López). El Juez Acevedo Hernández emitió las sentencias

absolutorias en el referido caso el 27 de marzo de 2013.

A tan sólo nueve días del fallo absolutorio, el 5 de

abril de 2013, agentes de la Policía de Puerto Rico

intervinieron con un vehículo conducido por un empleado y

gestor del señor Acevedo López, el Sr. Ángel Román

Badillo (Román Badillo), por conducir a exceso de

velocidad y bajo los efectos de bebidas embriagantes. El

Juez Acevedo Hernández se encontraba como pasajero del

señor Román Badillo durante la intervención. Así las AD-2014-1 cons. AD-2014-2 3

cosas, el Juez Acevedo Hernández se identificó como juez

y cuestionó los motivos de la detención del señor Román

Badillo. Igualmente, realizó un acercamiento al Agte.

Emanuel Lorenzo Ramírez con el fin de solicitar que el

señor Román Badillo no fuera denunciado por conducir a

exceso de velocidad y bajo los efectos de bebidas

embriagantes. Así, insistió en hablar con la persona

encargada para canalizar su petición.

Posteriormente, el 14 de abril de 2014, las

autoridades federales diligenciaron una orden de

allanamiento en la residencia del Juez Acevedo Hernández.

En esa misma fecha, se ordenó el inicio de una

investigación disciplinaria en cuanto al diligenciamiento

de la orden de allanamiento y se suspendió temporeramente

de sus funciones con paga al Juez Acevedo Hernández en lo

que concluía la investigación de rigor.

Paralelamente, la Directora de la Oficina de

Administración de los Tribunales (Directora de la OAT)

refirió para investigación lo concerniente al incidente

ocurrido el 5 de abril de 2013. Asimismo, la Sra. Lesly

Pérez Rodríguez (Pérez Rodríguez) presentó una queja en

la que señaló irregularidades relacionadas con el proceso

judicial por la muerte de su cónyuge, que fue presidido

por el Juez Acevedo Hernández contra el señor Acevedo

López. De igual forma, la señora Pérez Rodríguez

cuestionó la relación del Juez Acevedo Hernández con el

imputado de delito. AD-2014-1 cons. AD-2014-2 4

Ante la gravedad de las imputaciones, se procedió

con el proceso disciplinario y la correspondiente

notificación al Juez Acevedo Hernández, quien contestó

las quejas mediante misiva fechada el 7 de mayo de 2014.

Éste indicó que el expediente del caso criminal reflejaba

que el Ministerio Público no probó los cargos imputados

contra el señor Acevedo López. En cuanto a los hechos

relacionados al incidente del 5 de abril de 2013,

manifestó que desconocía si el señor Román Badillo era

agente y empleado del señor Acevedo López. Relató que el

señor Román Badillo le ofreció transporte a San Juan,

debido a que su vehículo tenía desperfectos. Asimismo,

expresó que agentes del orden público le indicaron que

permaneciera en el vehículo y que luego de terminado el

proceso reanudaron su viaje a Aguadilla.

Durante la investigación del proceso disciplinario,

el 28 de mayo de 2014, un Gran Jurado Federal emitió un

pliego acusatorio contra el Juez Acevedo Hernández, el

señor Acevedo López y el señor Román Badillo por los

delitos de conspiración y soborno con el fin de lograr un

trato favorable y/o de absolución del señor Acevedo López

en un procedimiento judicial presidido por el Juez

Acevedo Hernández. Ello, a cambio de bienes y/o pagos

realizados a su persona. Al día siguiente, el Juez

Acevedo Hernández fue arrestado.

Como consecuencia de tal suceso, la investigación

disciplinaria fue ampliada en coordinación con la AD-2014-1 cons. AD-2014-2 5

Fiscalía Federal. Eventualmente, se presentaron dos

informes de investigación fechados el 25 de junio de 2014

y el 11 de septiembre del mismo año.

En el Primer Informe de Investigación se atendió lo

relacionado al incidente del 5 de abril de 2013. En éste,

se indicó que la prueba recopilada demuestra que el Juez

Acevedo Hernández hizo un acercamiento indebido al Agte.

Emanuel Lorenzo Ramírez tras la intervención con el señor

Román Badillo. Particularmente, al identificarse como

juez, al solicitar que el señor Román Badillo no fuera

denunciado por conducir a exceso de velocidad y bajo los

efectos de bebidas embriagantes, e insistir en hablar con

la persona a cargo para canalizar su petición. Por tanto,

se concluyó que el Juez Acevedo Hernández incurrió en

conducta impropia y contraria a las normas éticas que

rigen la función de un juez. Específicamente, se le

imputaron violaciones a los Cánones 1, 23 y 30 de los

Cánones de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B, y

transgresión al Canon 38 del Código de Ética Profesional,

4 LPRA Ap. IX.

El Segundo Informe de Investigación consideró el

arresto del Juez Acevedo Hernández por las autoridades

federales. En resumen, se señaló que la investigación

arrojó que el magistrado conspiró para lograr un trato

favorable y/o absolución del señor Acevedo López en el

asunto criminal ante su sala a cambio de bienes y/o pagos

a su favor. Ante ello, indicó que proceden acciones AD-2014-1 cons. AD-2014-2 6

disciplinarias adicionales por conducta reñida con los

Cánones 1, 2, 8, 11, 12, 14, 20, 23, 35 y 36 de los de

Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B, y los Cánones 35 y 38

del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX.

Tras los trámites de rigor, el 7 de julio de 2014 se

emitió una determinación de causa para presentar la

querella por las violaciones desglosadas en el Primer

Informe de Investigación. De igual forma ocurrió en

septiembre de 2014, con relación al Segundo Informe de

Investigación. En ésta última, y debido a la naturaleza

de los cargos y conducta imputada que culminó con el

arresto del Juez Acevedo Hernández, como medida adicional

se recomendó la suspensión del salario del magistrado

hasta la disposición final de la querella. Este Tribunal

no vaciló en acoger la recomendación, y procedió a

ordenar la suspensión inmediata del salario del Juez

Acevedo Hernández hasta que concluyera el procedimiento

disciplinario. Véase In re Acevedo Hernández, 191 DPR 663

(2014).1

Acto seguido, este Tribunal ordenó presentar las

querellas correspondientes ante la Comisión de Disciplina

Judicial (Comisión). La Querella AD-2014-1 está

1 Es importante recalcar que, en asuntos que involucran imputaciones de corrupción en el ámbito del ejercicio de la función judicial, es imperativo que este Tribunal ejerza su poder disciplinario con la mayor premura, diligencia y rapidez posible. Esto, dado que, mientras más tiempo transcurre entre la infracción y la acción, más se mancilla, irremisiblemente, la figura del AD-2014-1 cons. AD-2014-2 7

relacionada con el incidente del 5 de abril de 2013 y la

Querella AD-2014-2 concierne los hechos que dieron lugar

al eventual arresto del magistrado por las autoridades

federales. Ambas querellas fueron debidamente notificadas

al Juez Acevedo Hernández. Los cargos presentados son los

siguientes:

Querella AD-2014-1:

Primer Cargo: El Hon. Manuel Acevedo Hernández incurrió en conducta impropia e incompatible con los deberes y responsabilidades del cargo judicial que ostenta, al hacer referencia a su posición en la Judicatura y solicitarle al oficial de la Policía de Puerto Rico un trato favorable hacia un tercero, quien fue detenido por conducir un vehículo de motor a exceso de velocidad y bajo los efectos de bebidas embriagantes. Al así actuar, el juez utilizó el prestigio y la confianza que le confiere el cargo judicial para influir en el ánimo de un oficial del orden público con el fin de que no se sometiera al detenido al procedimiento de rigor como consecuencia de su infracción a la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, Ley Núm. 22-2000, según enmendada, infringiendo así los Cánones 1, 23 y 30 de Ética Judicial, además, del Canon 38 de Ética Profesional.

Segundo Cargo: El Hon. Manuel Acevedo Hernández exhibió, el 5 de abril de 2013, conducta contraria a las normas éticas que requieren que sus actuaciones promuevan la confianza en el sistema judicial del País, además, honren y exalten la integridad de su profesión. Al viajar como pasajero en un vehículo que iba conducido a exceso de velocidad por un gestor o empleado del Sr. Lutgardo Acevedo López, a los nueve (9) días de haber absuelto a este último tras presidir un procedimiento criminal en su contra, el juez Acevedo hizo total abstracción de tales deberes. Su proceder arroj[ó] dudas sobre su ______________________________ juez razonable, ecuánime, honesto e imparcial en la que se cimenta nuestro sistema de justicia. AD-2014-1 cons. AD-2014-2 8

capacidad para haber adjudicado el caso contra el señor Acevedo López con [parcialidad] -y constituyó una crasa imprudencia, tanto en el ámbito de su vida privada, como en el profesional, en contravención a lo dispuesto en el Canon 23 de Ética Judicial y 38 de Ética Profesional.

Querella AD-2014-2:

Primer Cargo: El Hon. Manuel Acevedo Hernández comprometió su criterio e independencia, tras acordar, solicitar y aceptar dinero, favores bienes y/o servicios para sí y sus familiares a través del Sr. Ángel Román Badillo, intermediario del Sr. Lutgardo Acevedo López, en el entendido de que tal remuneración habría de influir en el descargo de sus funciones. En tales circunstancias, el Juez evadió su responsabilidad de respetar y adherirse fielmente a las leyes y a los Cánones, al utilizar el prestigio y la autoridad que le confiere el cargo judicial para su beneficio personal a cambio de proveerle un trato favorable al acusado Acevedo López. Con su proceder, el Querellado laceró y menoscabó los principios cardinales de la independencia judicial, pilar fundamental de nuestra sociedad democrática, así como la confianza en la administración de la justicia y el honor de la profesión legal. De esa forma, infringió los Cánones 1, 2, 8, 11, 12, 14, 20, 23, 35 y 36 de Ética Judicial, así como los Cánones 35 y 38 de Ética Profesional.

Segundo Cargo: El Querellado lesionó la imagen de la Rama Judicial tras aceptar dinero, favores, bienes, regalos y/o servicios para sí y/o sus familiares a través de Román Badillo, intermediario de Acevedo López, irrespectivo de si dicho acuerdo influyera o no en sus determinaciones judiciales. Al así hacerlo, el Querellado infringió los Cánones 1, 23, 35, y 36 de Ética Judicial.

Tercer Cargo: El Querellado lesionó la imagen de la Rama Judicial y socavó la integridad e imagen de la Judicatura al sostener comunicaciones ex parte con Román Badillo como intermediario de Acevedo López y/o con Acevedo López u otros terceros que participaron en el acuerdo para lograr un AD-2014-1 cons. AD-2014-2 9

trato preferente y/o una determinación favorable para Acevedo López en el caso criminal que estaba ante la consideración del Querellado, en contravención al Canon 12 de Ética Judicial.

Cuarto Cargo: Las actuaciones y el comportamiento público del Querellado, al dar la impresión de haber comprometido su imparcialidad y haber utilizado el prestigio que le confiere el cargo para su beneficio personal, lesionaron la imagen de la Rama Judicial y socavaron la imagen pública de la Judicatura en contravención a los Cánones 1, 14 y 23 de Ética Judicial.

En respuesta, el Juez Acevedo Hernández solicitó la

paralización del procedimiento disciplinario. Fundamentó

su petición en que tales hechos estaban ventilándose

ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para

el Distrito de Puerto Rico. La Directora de la OAT se

opuso enérgicamente por entender que el proceso

disciplinario es independiente del proceso criminal.

Ponderadas las posturas de las partes, la Comisión

ordenó al Juez Acevedo Hernández contestar las

querellas. Al así proceder, advirtió al togado que no

hacerlo equivaldría a su anuencia a continuar el proceso

sin el beneficio de su comparecencia.

Tras varios trámites incidentales, el Juez Acevedo

Hernández contestó la Querella AD-2014-1.

Específicamente, indicó que su intervención durante la

detención del señor Román Badillo se limitó a preguntar

por qué se había detenido a la persona, ya que no pensó

que estuviera conduciendo en estado de embriaguez. En

cuanto a la Querella AD-2014-2, el togado declinó AD-2014-1 cons. AD-2014-2 10

contestarla por entender que estaba ligada a los

procesos criminales en su contra. Luego, el 3 de

noviembre de 2014, las Querellas fueron consolidadas.

La Comisión reiteró que continuaría con los

procedimientos y pautó una vista evidenciaria. No

obstante, los procesos fueron pospuestos por razón de

que coincidían con el juicio criminal ante el foro

federal. En el ínterin, el 20 de enero de 2015 el Juez

Acevedo Hernández fue encontrado culpable de los delitos

de soborno y conspiración por el foro federal.

Finalizado el proceso federal, la Comisión señaló una

vista sobre el estado de los procedimientos.

Por su parte, la Directora de la OAT compareció

ante la Comisión y solicitó la separación inmediata del

Juez Acevedo Hernández de la profesión de abogado, así

como su destitución como juez. Expuso que se podía

disponer del asunto sin necesidad de trámite ulterior.

Ello, pues la convicción es por delitos que implican

depravación moral y lesionan la imagen de la Judicatura

y la confianza del público general. La Directora de la

OAT manifestó que la prueba desfilada demostró, con un

quantum de prueba mayor, que el Juez Acevedo Hernández

comprometió su independencia judicial al aceptar

favores, cenas, regalos y servicios con el entendido de

que ello influiría en la determinación del juicio que

presidía en contra del señor Acevedo López, a tal grado

que le solicitó sus influencias para lograr ser nombrado AD-2014-1 cons. AD-2014-2 11

como Juez del Tribunal de Apelaciones. A su vez,

solicitó que se enmendara la Querella AD-2014-2 para

incluir un cargo adicional relacionado con la convicción

del magistrado. Acompañó con su solicitud el veredicto

de culpabilidad y transcripciones de los testimonios

vertidos en el foro federal.

A días de la vista señalada por la Comisión, el

Juez Acevedo Hernández solicitó que se le permitiera

contratar nueva representación legal. Expresó que no

deseaba comparecer hasta agotar los remedios legales y

procedimientos apelativos en el caso criminal ante el

foro federal. La Comisión no suspendió la vista señalada

y atendió los planteamientos de las partes.

A la vista señalada comparecieron todas las partes

debidamente representadas. Tras escuchar las posturas de

éstas, la Comisión decidió declarar no ha lugar la

solicitud de renuncia de representación legal. Además,

ordenó a las partes mostrar causa por la cual no debía

acogerse la solicitud de la Directora de la OAT para

disponer del caso con la prueba presentada, señaló la

correspondiente vista evidenciaria y permitió incluir el

cargo adicional a la querella. Éste lee como sigue:

Quinto Cargo:

El 20 de enero de 2015, un Jurado Federal emitió un veredicto de culpabilidad contra el Querellado tras encontrar probada la comisión de los delitos de conspiración y soborno; ello, al Querellado solicitar, aceptar y recibir beneficios, favores y regalos a cambio de beneficiar a Acevedo López en el juicio AD-2014-1 cons. AD-2014-2 12

criminal que presidió. Tal convicción lesiona la imagen de la Rama Judicial, mancilla la estima pública en la Judicatura y refleja claramente que el Querellado hizo total abstracción de los objetivos consagrados en los Cánones de Ética Judicial a los efectos de que los jueces y juezas no están por encima de la ley y son los primeros llamados a respetarla y cumplirla. De esta forma, el Querellado infringió los Cánones 1 y 23 de los de Ética Judicial, así como los Cánones 35 y 38 de Ética Profesional.

En cumplimiento con la orden, el Juez Acevedo

Hernández no disputó el hecho de que recayó un veredicto

de culpabilidad por los delitos de conspiración y

soborno. En consecuencia, manifestó que procedía su

suspensión provisional de la abogacía hasta tanto la

sentencia fuere final y firme. Empero, se opuso a que

las transcripciones de los procesos ante el foro federal

se acogieran como prueba.

Entrabada la controversia, y conforme surge de la

Minuta de los procedimientos, el Juez Acevedo Hernández

se allanó a que procedía la suspensión de la abogacía

por razón del delito por el cual fue hallado culpable y,

además, manifestó que no tenía reparo a la admisibilidad

de documentos, siempre y cuando se presentara la

totalidad de la transcripción del juicio criminal. Así

las cosas, la Comisión señaló fecha para la celebración

de la vista evidenciaria, ordenó la presentación de la

totalidad de la transcripción del juicio llevado a cabo

en el foro federal y concedió un término para que las

partes se expresaran en torno a ésta. Transcurrido ese AD-2014-1 cons. AD-2014-2 13

plazo, se entendería el caso sometido para su

disposición final.

Las partes cumplieron con lo ordenado. En lo

pertinente, el Juez Acevedo Hernández expresó que los

delitos graves por los cuales fue convicto “son causa

para que se le suspenda provisionalmente de la

abogacía”2 y solicitó que el procedimiento se disponga a

base de ello. En cuanto a las transcripciones

presentadas, el querellado manifestó que la “Comisión

puede estudiarlos y tomar la decisión que entienda

procedente”.3

Posteriormente, en el mes de junio de 2015, se

dictó la sentencia criminal por el foro federal

imponiéndole al Juez Acevedo Hernández pena de reclusión

de 5 años por el delito de conspiración y 10 años por el

de aceptar soborno.4 Luego de su excarcelación, estará

en libertad supervisada por un periodo de 3 años por

cada cargo. Todas las penas deberán ser cumplidas

concurrentemente. Asimismo, se le impusieron 240 horas

Véase, Moción en Cumplimiento de Orden de 12 de 2

junio de 2015. 3 Íd. 4 Por su parte, el señor Román Badillo llegó a un acuerdo con la fiscalía federal para colaborar con su testimonio, por lo que se declaró culpable de los cargos de conspiración y soborno que le fueron imputados con el fin de reducir la pena que le sería impuesta. Asimismo, el señor Acevedo López se declaró culpable ante el foro federal tras aceptar que pagó más de $50,000, hizo regalos y favores al Juez Acevedo Hernández a cambio de AD-2014-1 cons. AD-2014-2 14

de servicio comunitario y se le ordenó pagar una pena de

$100 por cada cargo.

Finalmente, el 21 de julio de 2015, la Comisión

rindió su informe, el cual advino final. En éste, señaló

que la prueba presentada, a la que no se opuso el Juez

Acevedo Hernández, demuestra que aceptó regalos, cenas,

bebidas, servicios de transportación, pagos de deudas

contributivas con el Departamento de Hacienda, mejoras a

un garaje de su residencia, ropa, yuntas, relojes,

motora y otros objetos de valor, de parte del señor

Acevedo López por conducto de su intermediario, el señor

Román Badillo. Para ello, el señor Román Badillo

utilizaba el dinero que el señor Acevedo López le

depositaba en sus cuentas bancarias. Tales actuaciones

fueron parte de un esquema para que el Juez Acevedo

Hernández emitiera una determinación favorable al señor

Acevedo López en el caso criminal en su contra que el

magistrado presidía.

La Comisión expuso que los testimonios vertidos en

el juicio federal demuestran que el Juez Acevedo

Hernández aceptó ofrecer un trato favorable al señor

Acevedo López a cambio de lograr un ascenso como Juez

del Tribunal de Apelaciones y conseguir trabajo para su

hermano y un sobrino en dependencias gubernamentales.

Como parte del esquema, el Juez Acevedo Hernández revisó

______________________________ que lo absolviera del caso criminal que el magistrado presidía en su contra. AD-2014-1 cons. AD-2014-2 15

borradores de mociones a ser presentadas en la defensa

del señor Acevedo López, visitó el lugar donde ocurrió

el accidente e hizo recomendaciones en cuanto a la

estrategia de litigo a favor del acusado.5

De igual forma, la Comisión enfatizó que no existe

duda de que el señor Román Badillo le brindó servicio de

transportación al Juez Acevedo Hernández a pocos días de

que éste emitiera el veredicto de no culpabilidad a

favor del señor Acevedo López. Durante ese trayecto,

agentes del orden público detuvieron al señor Román

Badillo por conducir a exceso de velocidad y en aparente

estado de embriaguez. Durante la detención, el Juez

Acevedo Hernández intentó intervenir con el propósito de

disuadir para que no se presentara una acusación de

delito contra el señor Román Badillo.

A la luz de tales determinaciones, la Comisión

recomendó la destitución del Juez Acevedo Hernández. Sin

embargo, entendió que para la imposición de medidas

disciplinarias por violación a la ley, los Cánones de

Ética Judicial y los Cánones del Código de Ética

Profesional, o a la reglamentación administrativa, debe

haber una determinación final por un foro competente. La

Comisión expone que, en los casos en que haya una

convicción, lo ideal sería esperar que la sentencia

5 Parte de las acciones que hizo el Juez Acevedo Hernández consisten en recomendar la contratación de un perito, verificar informes de llamadas y solicitar la devolución del vehículo confiscado. AD-2014-1 cons. AD-2014-2 16

impuesta sea final y firme antes de proceder a la

destitución del magistrado.

No obstante, la Comisión reconoce que las reglas de

disciplina judicial no contienen una disposición a estos

efectos y tampoco existe un estatuto que ordene la

destitución del magistrado. Ello, a diferencia de lo que

ocurre en los casos del desaforo o suspensión de un

abogado o abogada. De esta manera considera que, para

imponer una medida disciplinaria definitiva, como

consecuencia de la convicción a nivel federal, sería

conveniente esperar a que concluya el trámite apelativo

para que la sentencia advenga final y firme.

Examinemos, en primer término, si la acción

disciplinaria que nos ocupa amerita supeditarse a los

procesos ajenos a nuestra Rama.

II

La Constitución de Puerto Rico, Art. V, Sec. 11,

Const. de Puerto Rico, LPRA, Tomo 1, confiere autoridad

exclusiva a este Tribunal para atender procedimientos

disciplinarios relacionados con los jueces y juezas del

Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de

Apelaciones. Esta facultad debe ser ejercitada siempre

con gran celo. In re Cancio González, 190 DPR 290, 298

(2012). Para llevar a cabo esa función, aprobamos los

Cánones de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV–B, que dirigen

la conducta de los jueces y juezas del Sistema Judicial.

In re Quiñones Artau, res. 29 de junio de 2015, 2015 AD-2014-1 cons. AD-2014-2 17

TSPR 84, 193 DPR ___(2015). Éstos constituyen unas

normas mínimas de conducta que rigen la Judicatura. In

re Birriel Cardona, 184 DPR 301, 306-307 (2012); In re

Claverol Siaca, 175 DPR 177, 188 (2009).

Desde su preámbulo, los Cánones de Ética Judicial

reconocen la importancia de la función judicial y

obligan a los jueces y juezas al compromiso y

responsabilidad de imponerse restricciones a su

conducta, tanto en la esfera de sus funciones judiciales

como en otras actividades profesionales y personales.

Íd.; In re Berríos Jiménez, 180 DPR 474 (2010); In re

Nevárez Zavala, 123 DPR 511, 524 (1989). Así, la vida

jurídica es una de sacrificios tanto en la esfera

pública como la privada de forma tal que se enaltezca la

integridad e independencia de la Judicatura.

La disposición para ocupar el cargo de juez o jueza

exige que tal conducta sea una ejemplar en todo momento,

dentro y fuera del tribunal. La importancia de ello

estriba en que “el comportamiento de los miembros de la

Judicatura constituye uno de los pilares en los que se

cimenta el Sistema Judicial. Por ello, se exige una

conducta intachable para que éstos sirvan de ejemplo y

fomenten el respeto y la confianza del Pueblo en el

Sistema Judicial”. In re Cancio González, supra, pág.

297. Ante tal realidad, hemos advertido que los jueces y

juezas deben conducirse éticamente tanto en el ejercicio

de las prerrogativas de sus cargos como en sus vidas AD-2014-1 cons. AD-2014-2 18

privadas. In re Ramos Mercado, 170 DPR 363, 392 (2007)

citando a In re González Acevedo, 165 DPR 81 (2005); In

re Ortiz Rivera, 163 DPR 530 (2004). Ello también cobija

la apariencia de la conducta del juez o jueza, quien no

tan sólo debe ser íntegro, sino que también debe

parecerlo para evitar que se susciten legítimas dudas de

cómo cumple su servicio judicial. In re Ramos Mercado,

supra, págs. 392-393 citando a la Exposición de Motivos,

Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, Cumbre

Judicial Iberoamericana, 2006, pág. 3

(http://www.jusformosa.gov.ar/info/codiberoamericano2008

.pdf).

El cargo de juez o jueza de la Rama Judicial es uno

de loable envergadura. De esta forma, quien lo ostenta

debe cumplir y representar altos valores éticos, pues su

función consiste en proteger los derechos de los

ciudadanos. Su hábito debe ser uno intachable que sirva

de ejemplo y fomente el respeto y la confianza del

pueblo en el Sistema Judicial. In re Claverol Siaca,

supra, pág. 188. Es la confianza de los ciudadanos lo

realmente esencial para el funcionamiento y la

efectividad de los tribunales, porque es el respeto que

la gente tenga a las instituciones judiciales lo que

brinda a éstas fuerza y autoridad. Cualquier conducta

que pueda lacerar la credibilidad que existe sobre el

Poder Judicial marchita y empaña la investidura de AD-2014-1 cons. AD-2014-2 19

aquellos y aquellas que honran día a día los postulados

de la independencia judicial.

Cónsono con ello, la Ley de la Judicatura del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm.

201-2003 (4 LPRA sec. 24 et seq.) dispone en su Art.

6.001 las medidas disciplinarias a las que están sujetos

los miembros de la Judicatura cuando incurran en

violaciones a la ley, a los Cánones de Ética Judicial, a

los Cánones del Código de Ética Profesional o a la

reglamentación administrativa aplicable, o cuando éste o

ésta manifieste negligencia crasa, inhabilidad o

incompetencia profesional en el desempeño de sus deberes

judiciales. 4 LPRA sec. 25i. Entre las medidas

disciplinarias a imponerse, la Ley Núm. 201 destaca la

destitución del cargo, la suspensión de empleo y sueldo,

limitaciones al ejercicio de la abogacía, incluyendo el

desaforo, la censura, amonestación y cualquier otra

medida remediativa. 24 LPRA sec. 25j.

En aras de implementar el proceso disciplinario

contra jueces o juezas se aprobaron las Reglas de

Disciplina Judicial, 4 LPRA Ap. XV-B. Este cuerpo

normativo dispone el proceso a seguir concerniente a la

acción disciplinaria de alguno de los miembros de la

Rama Judicial garantizando a la ciudadanía y a la

judicatura la justa y pronta consideración de todo

asunto presentado y el debido proceso de ley. 4 LPRA Ap.

XV-B, R. 2. AD-2014-1 cons. AD-2014-2 20

En apretada síntesis, el proceso disciplinario

comienza con la presentación de una queja juramentada

ante la Oficina de Asuntos Legales de la Oficina de

Administración de los Tribunales o a iniciativa del Juez

Presidente o Jueza Presidenta, un Juez Asociado o Jueza

Asociada, el Director o Directora de la OAT.6 Luego, y

de entenderlo necesario, procede una investigación en la

que se rinde un informe que será evaluado por una

Comisión para determinar si existe o no causa probable

para presentar una querella y cualquier otra

recomendación para imponer medidas provisionales.7 El

Juez Presidente o la Jueza Presidenta podrá suspender de

sueldo a un magistrado si es que se ha presentado una

acusación en su contra por la comisión de un delito. De

existir causa probable, se ordenará la presentación de

la querella y su debida notificación.8 El juez o jueza

objeto del proceso deberá contestar la querella dentro

del término que se le provee para ello, si no lo hace

los cargos se considerarán negados.9 Después comienza un

proceso de descubrimiento de prueba con el fin de

celebrar una vista evidenciaria.10 Posterior a tal vista,

la Comisión emitirá un informe con su recomendación. Una

6 4 LPRA Ap. XV-B, R. 5. 7 4 LPRA Ap. XV-B, R. 8 y 13. 8 4 LPRA Ap. XV-B, R. 14. 9 4 LPRA Ap. XV-B, R. 18. AD-2014-1 cons. AD-2014-2 21

vez ésta advenga final, el caso queda sometido para la

decisión final del Tribunal.11

El proceso disciplinario es de tal envergadura que

incluso la renuncia o la expiración del término del

nombramiento del juez o la jueza querellada no impiden

que continúe el procedimiento en su contra a tal grado

que se pueden recomendar medidas disciplinarias por

violación al Código de Ética Profesional.12 Asimismo,

este Tribunal tiene la potestad de determinar el trámite

a seguir en aquellas circunstancias no contempladas por

el reglamento, de forma que se garantice el cumplimiento

de los propósitos que inspiran la reglamentación y los

derechos del juez o la jueza, del promovente y la sana

administración de la justicia.13

Por otra parte, la acción disciplinaria no está

supeditada a ningún otro proceso. Ésta es independiente

a las acciones civiles o criminales que puedan surgir de

los mismos hechos. In re De la Texera Barnes, 165 DPR

526, 534 (2005); In re Deynes Soto, 164 DPR 327, 337

(2005). El proceso disciplinario no está subordinado a

resultado alguno en otra esfera, ya sea civil o

criminal, pues la corrección ética no constituye un

castigo sino que persigue proteger al público y a la

______________________________ 10 4 LPRA Ap. XV-B, R. 21. 11 4 LPRA Ap. XV-B, R. 30. 12 4 LPRA Ap. XV-B, R. 33. 13 4 LPRA Ap. XV-B, R. 34. AD-2014-1 cons. AD-2014-2 22

profesión legal mediante una investigación de las

condiciones morales del querellado para determinar si

puede continuar ejerciendo el cargo. Véanse: In re

García Aguirre, 175 DPR 433, 441 (2009); In re Olivera

Mariani, 173 DPR 498 (2008); In re Barreto Ríos, 157 DPR

352, 356 (2002); In re Liceaga, 82 DPR 252 (1961).

De igual forma, y dada la independencia de los

procesos, es importante destacar que la Comisión carece

de autoridad para adjudicar si la persona querellada

cometió un delito. Su rol se restringe a evaluar la

prueba para determinar si ha habido una violación a los

Cánones de Ética Judicial. Como corolario, la Comisión

se limita a escudriñar si el juez o la jueza incurrió en

conducta proscrita por los cánones. Sin embargo, por el

diverso alcance del peso probatorio requerido, esa

determinación no constituye una adjudicación de la

posible responsabilidad penal de un querellado. In re

Ramos Mercado, supra, págs. 401-402. Claro está,

posiblemente bastaría la convicción criminal de un juez

o una jueza para concluir que éste o ésta ha incurrido

en una violación a los Cánones de Ética Judicial.

Empero, la absolución de un proceso penal no

necesariamente implica el no quebrantamiento de las

normas éticas. Íd. Mucho menos, la medida disciplinaria

está atada al resultado del proceso penal. Véase In re

Soto López, 135 DPR 642, 646 (1994). AD-2014-1 cons. AD-2014-2 23

En la encomienda de determinar una transgresión

moral, la Comisión realiza la importante función de

aquilatar la prueba para formular las determinaciones de

hechos, conclusiones de derecho y recomendaciones que

estime pertinentes. In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246, 253

(2006). Así, las determinaciones de hechos que realice

merecen nuestra deferencia. Íd., pág. 278; In re

Saavedra Serrano, 165 DPR 817, 829 (2005). Empero, ello

no supone una abdicación de este Tribunal para aplicar

la acción disciplinaria que estime adecuada, por lo que

es un precedente arraigado el que no estamos obligados a

aceptar las recomendaciones de la Comisión sobre la

querella disciplinaria. In re Sierra Enríquez, 185 DPR

830, 853 (2012); In re Muñoz, Morell, 182 DPR 738, 749–

750 (2011); In re Hon. Maldonado Torres, 152 DPR 858,

869 (2000).

Para lograr ese ejercicio, se requiere que se

aquilate la prueba a la luz de la carga probatoria

aplicable, es decir, la prueba debe ser clara, robusta y

convincente. 4 LPRA XV-B, R. 25. Véanse, además: In re

Ruiz Rivera, supra, pág. 253; In re Rodríguez Mercado,

165 DPR 630, 641 (2005). Tal carga probatoria es mucho

más sólida que la preponderancia de la evidencia, pero

menos rigurosa que la prueba más allá de toda duda

razonable que permea el proceso penal. La prueba clara,

robusta y convincente es una prueba que produce en un

juzgador de hechos una convicción duradera de que las AD-2014-1 cons. AD-2014-2 24

contenciones fácticas son altamente probables. In re

Irizarry Rodríguez, res. 26 de agosto de 2015, 2015 TSPR

117, 193 DPR ___ (2015); In re Rodríguez Mercado, supra,

pág. 641.

III

En las querellas consolidadas que nos ocupan, se

imputa al Juez Acevedo Hernández el quebrantamiento de

varios Cánones de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B. En

específico, infringir los siguientes cánones: (1) el

Canon 1 que impone a los magistrados el deber de

respetar y cumplir las leyes y ser fieles a su

juramento; (2) el Canon 2 que recalca que los jueces

ejemplificarán su independencia judicial, tanto en sus

aspectos individuales como constitucionales; (3) el

Canon 8 que exige que ejerzan sus funciones de forma

independiente, libre de cualquier influencia ajena

excluyendo la posible apariencia de que son susceptibles

de actuar por influencias de personas o por motivaciones

impropias; (4) el Canon 11 que impone a los magistrados

y magistradas el que se abstengan de unirse en

solidaridad con cualesquiera de las partes y prohíbe que

realicen gestiones que constituyan intervenciones

indebidas con la prueba, testigos o cualquier aspecto

del proceso judicial; (5) el Canon 12 que proscribe la

comunicación privada de los jueces y las juezas con las

partes o sus representantes legales e impide que éstas

influyan la actuación judicial en asuntos de su AD-2014-1 cons. AD-2014-2 25

competencia o bajo su consideración; (6) el Canon 14 que

rige los postulados del proceder de los jueces y juezas

durante los procedimientos judiciales; (7) el Canon 20

que limita la actuación de los jueces y juezas en casos

en los que tengan o puedan tener prejuicio o parcialidad

hacia alguna de las partes, interés personal o económico

en el resultado del caso, por cualquier causa que pueda

razonablemente arrojar dudas sobre su imparcialidad para

adjudicar o que tienda a minar la confianza pública en

el sistema de justicia. Además, requiere que en estos

casos los jueces y juezas se inhiban tan pronto conozcan

que así procede.

De igual forma, se imputó la violación al Canon 23

que intima el deber general de los jueces y juezas sobre

cómo comportarse públicamente para que sus actuaciones

no provoquen duda sobre su capacidad para adjudicar

imparcialmente las controversias judiciales. Asimismo,

el Canon 23 requiere que sus actuaciones no deshonren el

cargo judicial ni interfieran el cabal desempeño de sus

funciones judiciales. A su vez, se denunció

inobservancia al Canon 30 que veda a los jueces y juezas

de incurrir en conducta o actuación que dé la impresión

de que ejercen o pretenden ejercer influencia indebida

en el descargo de sus funciones judiciales. También, se

imputó violación al Canon 35 que impide a los jueces y

juezas aceptar regalos, legados, favores o préstamos de

persona alguna; y el Canon 36 que prohíbe el que un juez AD-2014-1 cons. AD-2014-2 26

o jueza utilice el prestigio de su cargo para obtener

beneficios personales o fomentar el éxito de negocios o

actividades comerciales económicas personales o

familiares. Igualmente, el Canon 36 que proscribe que un

juez o jueza intervenga en pleitos cuyo resultado

pudiera afectar sustancialmente un interés personal o

familiar. Asimismo, deben actuar con cautela y prudencia

para evitar la apariencia de conducta impropia o la

sospecha razonable de que utilizan su cargo o prestigio

para su beneficio personal o el de otras personas.

Los cánones imputados responden a la obligación

moral y social que conlleva el ministerio de la

Judicatura. Custodian la importancia de la imparcialidad

y la apariencia de ésta en el ejercicio de las funciones

judiciales. In re Ramos Mercado, supra, págs. 404-405.

Su conducta debe honrar la integridad e independencia de

su ministerio. In re Martínez González, 151 DPR 519, 527

(2000).

En los jueces y juezas se consagra el interés de

que el deber judicial trascienda la función de

administrar e interpretar la ley. La figura del juez o

de la jueza requiere que se enaltezca la independencia

judicial como garantía de justicia. Para ello, les está

vedada la intervención en las causas judiciales de

cualquier manera, ya sea a favor de una parte ante su

sala o en el beneficio propio del magistrado o de

terceros. Su función debe estar siempre libre de AD-2014-1 cons. AD-2014-2 27

intervenciones parcializadas que puedan influir en el

caso o minar la confianza en los tribunales.

Un juez o jueza que otorga una ventaja indebida a

alguna parte dentro del proceso judicial actúa en contra

del debido proceso de ley. In re Aprobación Cánones

Ética 2005, 164 DPR 403, 424 (2005). Por ello, resulta

una práctica proscrita el que un juez o jueza sostenga

comunicaciones privadas con las partes o sus

representantes legales que pretendan influir su

actuación judicial en asuntos de la competencia o bajo

la jurisdicción del magistrado en ausencia de que los

otros intereses no estén representados. El juez o jueza

debe ser imparcial, por ello debe despojarse de todo

vínculo que pueda arrojar dudas sobre su capacidad para

adjudicar la controversia. In re Grau Acosta, 172 DPR

159, 171 (2007); In re Martínez González, supra, pág.

531.

Al juez o la jueza se le exige que responsablemente

se inhiba oportunamente para proteger la legitimidad de

sus actuaciones y la confianza de la ciudadanía en la

Judicatura. In re Ramos Mercado, supra, págs. 404-405.

Por ello, como expresamos, el Canon 20 impone la

obligación de inhibirse en casos en donde haya un

interés personal o económico, prejuicio o parcialidad

hacia las partes y por cualquier causa que pueda

razonablemente arrojar dudas sobre su imparcialidad. AD-2014-1 cons. AD-2014-2 28

De igual forma, el Canon 23 requiere que el

comportamiento de los jueces y las juezas en público no

ponga en duda su capacidad para ejercer su función

adjudicativa de forma imparcial. Este canon va dirigido

a que el comportamiento dentro y fuera del tribunal sea

uno de respeto y enaltezca el cargo judicial. In re

Aprobación Cánones Ética 2005, supra, pág. 445.

IV

En el caso de autos, la prueba presentada y no

objetada consistió en la transcripción del proceso

criminal federal. Véase In re De la Texera Barnes,

supra, pág. 534. Examinados los testimonios allí

vertidos, coincidimos con las determinaciones de hechos

recogidas en el informe de la Comisión.

Sin lugar a dudas, la prueba presentada es clara,

robusta y convincente para establecer, sin reservas, que

el Juez Acevedo Hernández deshonró la toga. El

testimonio vertido por el señor Román Badillo es

contundente en cuanto al esquema realizado conjuntamente

con el señor Acevedo López para que éste saliera airoso

del proceso penal que presidía el magistrado.

La prueba presentada revela que desde noviembre de

2012 hubo un contubernio para que el Juez Acevedo

Hernández fallara a favor del señor Acevedo López en la

adjudicación criminal. A cambio de ello, el Juez Acevedo

Hernández se reunió en varias ocasiones con el señor

Román Badillo, disfrutó de cenas, regalos, relojes, AD-2014-1 cons. AD-2014-2 29

yuntas, motora, pagos de contribuciones y pagos para

remodelar su hogar. Asimismo, solicitó que se

interviniera para lograr su nombramiento en el Tribunal

de Apelaciones y conseguirle empleo a dos familiares.

Para lograr tal encomienda, el Juez Acevedo Hernández

compareció a eventos públicos y restaurantes con el

gestor del señor Acevedo López. Igualmente, y mientras

se dilucidaba el proceso criminal, delegó en el señor

Román Badillo la compra de materiales para arreglos a su

garaje.

La participación del Juez Acevedo Hernández fue una

activa. Éste revisó borradores de mociones a ser

presentadas por la defensa del señor Acevedo López y

visitó el lugar donde ocurrió el accidente con el fin de

hacer recomendaciones a la estrategia de litigio, tales

como la contratación de peritos, la verificación de

llamadas y la solicitud de devolución del vehículo

confiscado.

No tan sólo el Juez Acevedo Hernández incurrió en

estas prácticas, sino que su osadía llegó al grado de

comparecer públicamente a distintas actividades, fiestas

y cenas acompañado con el gestor de un imputado de

delito en un caso que él presidía. Su procacidad fue a

tal nivel que a días de exonerar al señor Acevedo López

era transportado por el señor Román Badillo a un

seminario judicial. Durante el viaje de regreso cenó con

el señor Román Badillo e ingirió bebidas alcohólicas. AD-2014-1 cons. AD-2014-2 30

Ello dio lugar a que el señor Román Badillo fuera

detenido por conducir a exceso de velocidad y en

aparente estado de embriaguez. Como si fuera poco, el

Juez Acevedo Hernández se atrevió a inquirir en torno a

la detención por agentes del orden público del señor

Román Badillo y a solicitar concesiones a favor de éste.

El prestigio del cargo no es razón para reclamar

privilegios y subvertir los procesos regulares. In re

Ramos Mercado, supra, págs. 396-397. Es la obligación

del juez o jueza evitar crear incluso la apariencia de

que utiliza su título como instrumento de intimidación o

para imprimir mayor peso a sus reclamos. In re Gaetán y

Mejías, 180 DPR 846, 859 (2011).

Ciertamente, las transcripciones presentadas

reflejan, sin ambages, prueba clara, robusta y

convincente a los efectos de que el Juez Acevedo

Hernández violó los más fundamentales principios de

independencia judicial. Estamos ante unos hechos en los

que el togado solicitó y recibió favores o beneficios

para realizar la función judicial. De esta manera, el

Juez Acevedo Hernández socavó las más elementales

nociones de honestidad y la moral. Con sus actuaciones,

incurrió en una conducta contraria a la justicia, la

honradez y los buenos valores. Es la primera vez que un

juez es procesado criminalmente por ser parte de un

esquema para beneficiar a un acusado a cambio de recibir AD-2014-1 cons. AD-2014-2 31

bienes y/o servicios para sí o para terceros.14 Ello

constituye una triste página en la historia de la Rama

Judicial.

Las acciones desplegadas por el Juez Acevedo

Hernández no representan a los miembros de la Judicatura

que se conducen de forma digna, íntegra y honrada. Mucho

menos son un reflejo de aquellos que inmolan con su

faena diaria la justicia. La función judicial requiere

que el juez o la jueza conserven en todo su desempeño la

rectitud de su conducta tanto dentro como fuera del

tribunal. In re Cruz Aponte, 159 DPR 170, 186 (2003).

Le corresponde a este Tribunal cerciorarse de que

nuestros jueces y juezas continúen siendo ejemplos

idóneos en la expresión constante de su conducta. Véase,

In re Martínez González, supra, págs. 530-531. Los

valores éticos que se les requiere a los jueces y juezas

son más exigentes que para los abogados y abogadas. La

razón estriba en que los jueces y juezas administran la

justicia.

La convicción del Juez Acevedo Hernández es

independiente de la acción disciplinaria ante este

Tribunal. Por tanto, contrario a la recomendación de la

Comisión, no es necesario esperar a que la convicción

criminal sea final y firme. La facultad inherente del

14 En ocasión anterior, se procesó un juez por soborno, debido a que cobraba por oficiar bodas en horas en que ejercía su función judicial. Véase In re Rodríguez Zayas, 151 DPR 532 (2000). AD-2014-1 cons. AD-2014-2 32

poder disciplinario de este Tribunal no puede estar

subordinada a ningún proceso penal o civil y tampoco a

las partes. Este Tribunal puede imponer y no tiene que

posponer la sanción disciplinaria que proceda, una vez

garantizadas las salvaguardas del proceso dispuesto para

ello.

Ciertamente, el resultado penal constituye un

agravante adicional, pues no podemos ignorar que una

convicción por soborno y conspiración en el descargo de

sus funciones adiciona un efecto perjudicial a la

conducta antes esgrimida.15 La convicción por conducta

inmoral en sí misma lesiona la confianza que la

ciudadanía pueda tener en quien se supone imparta

justicia. Ese menoscabo no está sujeto a que la

sentencia criminal sea firme. Su repercusión trasciende

el resultado final. Una vez mancillada la imagen de

imparcialidad del Juez Acevedo Hernández, o cualquier

otro, éste simplemente carece de la entereza para ocupar

el cargo. Para merecer el respeto de la sociedad y que

se acaten sus decisiones, el juez y la jueza tiene que

ser y proyectarse como ser humano sin tacha. Por ello,

no basta solamente con ser bueno o buena, sino también

parecerlo. No se admiten términos medios. Véase In re

Gaetán y Mejías, supra, págs. 858-859.

15 Más aún, cuando los otros imputados de delitos hicieron alegación de culpabilidad por los mismos hechos. AD-2014-1 cons. AD-2014-2 33

A la luz de lo expuesto, concluimos sin ambages que

el Juez Acevedo Hernández infringió los Cánones 1, 2, 8,

11, 12, 14, 20, 23, 35 y 36 del Código de Ética

Judicial. AD-2014-1 cons. AD-2014-2 34

V

Por último, la gravedad de la conducta incurrida

permite la destitución provisional del Juez Acevedo

Hernández de la profesión jurídica. Se ha presentado

copia certificada de la sentencia por delitos graves que

implican depravación moral emitida por el Tribunal de

Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de

Puerto Rico en contra del Juez Acevedo Hernández. A la

luz de esa realidad, y en multiplicidad de casos, este

Tribunal no ha vacilado en destituir inmediatamente a

los abogados y abogadas del privilegio de ejercer la

profesión jurídica. Véanse: In re Colón Ledée, 190 DPR

51 (2014); In re Martínez Maldonado, 185 DPR 1085

(2012); In re Arroyo Arroyo, 182 DPR 83 (2011); In re

Castillo Martínez, 173 DPR 249 (2008); In re Morell

Corrada, 171 DPR 327 (2007).

Empero, el procedimiento disciplinario ante nuestra

consideración incluyó infracciones a los Cánones 35 y 38

del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap IX. A estos

efectos, recordamos que para ostentar el cargo de juez o

jueza es un requisito ser abogado o abogada. Por tanto,

a los jueces y juezas igualmente les aplican las normas

mínimas que rigen la profesión jurídica. De igual forma,

están sujetos al poder inherente de este Tribunal para

reglamentar el ejercicio de la abogacía. In re Colón

Ledée, res. 9 de junio de 2015, 2015 TSPR 198, 193 DPR

___ (2015). En tal facultad, resulta incuestionable el AD-2014-1 cons. AD-2014-2 35

que este Tribunal pueda desaforar o suspender aquellos

miembros de la profesión jurídica que no estén aptos

para desempeñar tal ministerio. In re García Suárez, 189

DPR 955, 998 (2013). El ejercicio de la autoridad

judicial por el juez o jueza –quien ostenta el cargo

porque es abogado o abogada- no puede relevarle de las

normas básicas de conducta que los valores éticos de su

condición profesional le imponen. In re Gallardo, 81 DPR

19 (1958). Por consiguiente, el cargo que ocupa no puede

servir de escudo para escapar las consecuencias

disciplinarias de su conducta como abogado o abogada.

Íd. Ante ello, el procedimiento disciplinario contenido

en las Reglas de Disciplina Judicial no excluye aquellas

violaciones relacionadas al Código de Ética Profesional.

En consecuencia, durante el proceso disciplinario

ante este Tribunal, se le imputó al Juez Acevedo

Hernández vulnerar los Cánones 35 y 38 del Código de

Ética Profesional. Éstos sancionan la conducta de un

miembro de la profesión jurídica que no sea honesto y no

exalte el honor y dignidad de su profesión, aunque al

así hacerlo conlleve sacrificios personales. Véase, In

re Santiago Concepción, 189 DPR 378, 404-405 (2013).

En lo que nos concierne, el Canon 35 establece que

la conducta de cualquier miembro de la profesión

jurídica ante los tribunales, hacia sus representados y

en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y

honrada. La importancia del referido canon consiste en AD-2014-1 cons. AD-2014-2 36

que la “verdad y la justicia están necesariamente

juntas: por lo que sería intrínsecamente contradictorio

administrar la justicia o reclamar su actuación, sin

respetar la verdad”. In re Colton Fontán, 128 DPR 1, 112

(1991) citando a G. Del Vecchio, La obligación jurídica

de la verdad, 11 Rev. Fac. Der. y Ciencias Sociales de

Montevideo 13, 25 (1960). Allí se dispone que no es

sincero ni honrado utilizar medios que sean

inconsecuentes con la verdad y que no se debe inducir al

juzgador a error mediante la utilización de artificios o

de una falsa relación de hechos o del Derecho. Así, se

requiere que todo miembro de la profesión debe cumplir

con los deberes de sinceridad, exaltación del honor y

dignidad de la profesión. En virtud de ello, el abogado

que provee al tribunal información falsa o que no se

ajuste a la verdad, o que oculte información que deba

ser revelada, incumple con este canon. In re Nieves

Nieves, 181 DPRR 25, 41-42 (2011). Los abogados y

abogadas deben siempre cumplir con la verdad. In re

Salas Arana, 183 DPR 339 (2013). Lo esencial para que se

infrinja el Canon 35 es que se falte a los valores de

honradez y veracidad, pilares de la profesión jurídica.

In re Molina Oliveras, 188 DPR 547, 554 (2013)

(Resolución).

Por su parte, el Canon 38 exige a los abogados y

abogadas preservar el honor y la dignidad de la

profesión que representan, aunque ello suponga AD-2014-1 cons. AD-2014-2 37

sacrificios personales. La función social que ejerce y

la institución que representa, demanda que se desempeñe

con el más alto sentido de responsabilidad profesional y

ética en todas la facetas de su vida. In re Irizarry

Rodríguez, supra. Los abogados y abogadas deben

desempeñarse con dignidad y alto sentido del honor,

aunque ello implique sacrificios personales y deberá

conducirse de forma digna y honorable tanto en su vida

privada como en el desempeño de su profesión. In re

Quiñones Ayala, 165 DPR 138, 145 (2005).

Cada abogado es un espejo en el que se refleja la

imagen de la profesión. In re Ortiz Brunet, 152 DPR 542,

556 (2000) citando a In re Coll Pujols, 102 DPR 313, 319

(1974). El Canon 38 se infringe con el sólo hecho de que

la actuación del abogado o abogada sea incompatible con

su deber y su conducta sea impropia afectando su

independencia profesional frente a otro interés público

o privado. In re Molina Oliveras, supra, pág. 555.

La incompatibilidad de funciones puede ser por

razones de derecho o hecho. In re Corona Muñoz I, 141

DPR 640, 647 (1996). La incompatibilidad de derecho

presupone una norma legal que prohíbe el ejercicio de la

abogacía y a la vez, otra actividad, función o cargo

mientras que la de hecho se refiere a que los puestos

tienen conflictos más o menos permanentes en sus

deberes. Íd. AD-2014-1 cons. AD-2014-2 38

La prueba clara, robusta y convincente presentada en

este caso estableció que las actuaciones del Juez

Acevedo Hernández constituyeron también infracciones a

los Cánones 35 y 38 del Código de Ética Profesional.

Este último en su vertiente del requerimiento de exaltar

el honor y la dignidad de su profesión. El hecho de que

el Juez Acevedo Hernández se desempeñara como magistrado

no le exime del cumplimiento con las normas mínimas que

imperan en la profesión jurídica. Mientras éste era

juez, fungió y asesoró legalmente al imputado que debía

enjuiciar. Igualmente, intentó influir en el ánimo de un

oficial del orden público a favor de un tercero. Durante

el proceso judicial que presidió, antepuso sus intereses

personales a la búsqueda de la verdad y justicia. Con

sus actuaciones, faltó a la lealtad que su cargo

requiere, socavó su independencia de criterio y

entorpeció la búsqueda de la verdad y la justicia en

contravención al honor y dignidad de la profesión.

VI

Como corolario, este Tribunal concluye que el Juez

Acevedo Hernández incurrió en violaciones a los Cánones

1, 2, 8, 11, 12, 14, 20, 23, 30, 35 y 36 de Ética

Judicial y los Cánones 35 y 38 del Código de Ética

Profesional. Ningún juez o jueza de la Rama Judicial

puede escapar a las consecuencias disciplinarias de una

conducta que lacera nuestro sistema de justicia. Basta

con una decisión judicial fundada en motivaciones AD-2014-1 cons. AD-2014-2 39

impropias o en favoritismo hacia un litigante o su

abogado para que proceda la destitución. In re Jackson

Sanabria, 97 DPR 1, 6-7 (1969).

En vista de ello, procedemos a destituir

inmediatamente al Lcdo. Manuel Acevedo Hernández del

cargo de Juez Superior y suspenderlo indefinidamente de

la profesión de la abogacía.

Se dictará sentencia de conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

SENTENCIA

Por las razones expuestas en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, se destituye inmediatamente al Lcdo. Manuel Acevedo Hernández del cargo de Juez Superior y se suspende indefinidamente de la profesión de la abogacía.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo