In Re: Hon. Sylkia Carballo Nogueras Jueza Superior Tribunal De Primera Instancia
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Opinion
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: 2017 TSPR 143
Hon. Sylkia Carballo Nogueras 198 DPR ____ Jueza Superior Tribunal de Primera Instancia
Número del Caso: AD-2015-2
Fecha: 2 de agosto de 2017
Abogados de la querellada:
Lcdo. Guillermo Figueroa Prieto Lcdo. Mario Rodríguez Torres
Abogados de la parte querellante:
Lcdo. Felix Fumero Pugliessi Lcda. Cristina Guerra Cáceres Lcda. Isabel Sánchez del Campo
Materia: Resolución del Tribunal con Voto particular de conformidad y Votos particulares disidentes.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Hon. Sylkia Carballo Nogueras Jueza Superior AD-2015-2 Tribunal de Primera Instancia
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 2 de agosto de 2017.
La Oficina de Administración de los Tribunales presentó una querella contra la Hon. Sylkia Carballo Nogueras, en la cual formuló dos cargos por violaciones a los Cánones 8, 20(i), 23 y 34 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B. La Comisión de Disciplina Judicial, tras examinar la Querella presentada por la Oficina de Administración de los Tribunales y la Contestación a la Querella, presentada por la Hon. Sylkia Carballo Nogueras, recomendó que desestimáramos y archiváramos la querella, ya que determinó que la conducta de la juez Carballo Nogueras no violentó los Cánones de Ética Judicial. Tras evaluar el informe de la Comisión de Disciplina Judicial y el expediente de las partes, acogemos la determinación de la Comisión de Disciplina Judicial y ordenamos que se archive la querella.
Lo acordó el Tribunal y lo certifica el Secretario del Tribunal. El Juez Asociado señor Martínez Torres emitió un Voto particular de conformidad, al cual se unieron la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió un Voto particular disidente, al cual se unió la Juez Asociada señora Rodríguez AD-2015-2 2
Rodríguez. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez hace constar la siguiente expresión:
Me uno a las expresiones de la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez recogidas en su Voto particular disidente. Sólo deseo expresar mi preocupación por la evidente inconsistencia de la mayoría al atender asuntos disciplinarios de miembros de la judicatura del país, según demuestran nuestras más recientes actuaciones. Por alguna razón, la mayoría se muestra en extremo severa en algunas circunstancias mientras que en otras, como el asunto ante nuestra consideración, opta por infravalorar y minimizar conducta que es contraria a las normas éticas de nuestra profesión. Tal parece que al bajar la marea nos ha dejado en la orilla una doble vara para medir.
El Juez Asociado señor Colón Pérez emitió un Voto particular disidente. El Juez Asociado señor Rivera García no intervino.
Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Hon. Sylkia Carballo Nogueras Jueza Superior AD-2015-2 Tribunal de Primera Instancia
Voto particular de conformidad emitido por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES, al cual se unieron la Jueza Asociada señora PABÓN CHARNECO y el Juez Asociado señor KOLTHOFF CARABALLO.
Estoy conforme con el archivo de la querella
presentada contra la Hon. Sylkia Carballo Nogueras.
Entiendo que de los hechos que tenemos ante nuestra
consideración no podemos concluir que existe una
violación de los Cánones 8, 20(i), 23 y 34 de los
Cánones de Ética Judicial, infra. Aseverar que la
juez Sylkia Carballo Nogueras violentó estos cánones
significa que los jueces tendrán que vivir aislados
de la comunidad a la que pertenecen. Eso, como
veremos a continuación, es lo contrario a lo que
estos cánones pretenden lograr. AD-2015-2 2
Pero aquí se nos plantea algo más fundamental. En
este proceso se sometió a una juez a una suspensión
sumaria por un rumor de periódico que fue desmentido de
inmediato. Al insistir en la imposición de medidas
disciplinarias por otros asuntos, la Administración de
Tribunales pretende, de alguna forma, “lavarse la cara” de
la mancha que tiene por el abuso que cometió. Este
Tribunal no debe tolerar esa conducta administrativa.
I
La Hon. Sylkia Carballo Nogueras inició su carrera
judicial el 15 de enero de 1999, cuando fue nombrada juez
municipal. Luego, fue ascendida a juez superior el 5 de
enero de 2007. Entre el 12 de septiembre de 2007 y el 16
de marzo de 2015, la Hon. Carballo Nogueras ejerció el
cargo de juez en el Centro Judicial de Caguas.
Específicamente, la juez Carballo Nogueras tuvo a su cargo
la sala de vistas preliminares en el Centro Judicial de
Caguas entre julio de 2009 y agosto de 2014.
El 22 agosto de 2014, el periódico El Vocero publicó
una nota donde reseñó que la juez Carballo Nogueras era
objeto de una investigación por el Negociado Federal de
Investigaciones, mejor conocido por sus siglas en inglés
como FBI. A raíz de esto, el mismo 22 de agosto de 2014 la
entonces Juez Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto
Rico, Hon. Liana Fiol Matta, emitió una orden
administrativa para relevar temporeramente, con paga, a la
juez Carballo Nogueras de sus funciones judiciales. AD-2015-2 3
Posteriormente, el periódico El Vocero reseñó unas
expresiones hechas por el Sr. Carlos Cases, entonces
Director del FBI en Puerto Rico, donde este desmintió que
la juez Carballo Nogueras estuviese siendo investigada por
la mencionada agencia federal. Pese a la aclaración que
realizó el periódico EL Vocero el 25 de agosto de 2015, la
entonces Directora de la Oficina de Administración de los
Tribunales (OAT), Hon. Sonia I. Vélez Colón, investigó la
conducta de la juez Carballo Nogueras. De esta
investigación surgen los hechos que narraremos a
continuación y que dan pie a las presuntas violaciones
éticas que se le imputan a la juez Carballo Nogueras en la
querella que hoy tenemos ante nuestra consideración.
Como parte de la investigación, funcionarios de la
OAT visitaron el Centro Judicial de Caguas. Allí, se
reunieron con el Juez Administrador Regional, Hon. Lind O.
Merle Feliciano, quien les informó sobre un viaje a
Orlando, Florida, que había realizado la juez Carballo
Nogueras junto a su esposo, Edgardo Aldebol, alguacil de
la Región de Caguas. También surgió de la entrevista que
para la misma fecha viajaron a Orlando el Lcdo. Jan
Mangual Mangual, entonces fiscal de la región de Caguas, y
la Lcda. Ana L. González Cabrera, quienes postulaban en su
sala. Tras conocer esta información, los funcionarios de
la OAT realizaron entrevistas y declaraciones juradas al
licenciado Mangual Mangual y a la licenciada González
Cabrera. AD-2015-2 4
De la información provista surge que el licenciado
Mangual Mangual se desempeñó como fiscal en el Centro
Judicial de Caguas desde el año 2011 hasta marzo de 2012.
Durante el periodo que laboró en Caguas fungió como fiscal
en la sala de vistas preliminares que atendía la Hon.
Carballo Nogueras. En el mes de agosto de 2011, al
concluir una vista en la que estaba participando, el
fiscal Mangual Mangual permaneció en la sala conversando
con la juez Carballo Nogueras sobre asuntos no
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: 2017 TSPR 143
Hon. Sylkia Carballo Nogueras 198 DPR ____ Jueza Superior Tribunal de Primera Instancia
Número del Caso: AD-2015-2
Fecha: 2 de agosto de 2017
Abogados de la querellada:
Lcdo. Guillermo Figueroa Prieto Lcdo. Mario Rodríguez Torres
Abogados de la parte querellante:
Lcdo. Felix Fumero Pugliessi Lcda. Cristina Guerra Cáceres Lcda. Isabel Sánchez del Campo
Materia: Resolución del Tribunal con Voto particular de conformidad y Votos particulares disidentes.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Hon. Sylkia Carballo Nogueras Jueza Superior AD-2015-2 Tribunal de Primera Instancia
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 2 de agosto de 2017.
La Oficina de Administración de los Tribunales presentó una querella contra la Hon. Sylkia Carballo Nogueras, en la cual formuló dos cargos por violaciones a los Cánones 8, 20(i), 23 y 34 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B. La Comisión de Disciplina Judicial, tras examinar la Querella presentada por la Oficina de Administración de los Tribunales y la Contestación a la Querella, presentada por la Hon. Sylkia Carballo Nogueras, recomendó que desestimáramos y archiváramos la querella, ya que determinó que la conducta de la juez Carballo Nogueras no violentó los Cánones de Ética Judicial. Tras evaluar el informe de la Comisión de Disciplina Judicial y el expediente de las partes, acogemos la determinación de la Comisión de Disciplina Judicial y ordenamos que se archive la querella.
Lo acordó el Tribunal y lo certifica el Secretario del Tribunal. El Juez Asociado señor Martínez Torres emitió un Voto particular de conformidad, al cual se unieron la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió un Voto particular disidente, al cual se unió la Juez Asociada señora Rodríguez AD-2015-2 2
Rodríguez. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez hace constar la siguiente expresión:
Me uno a las expresiones de la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez recogidas en su Voto particular disidente. Sólo deseo expresar mi preocupación por la evidente inconsistencia de la mayoría al atender asuntos disciplinarios de miembros de la judicatura del país, según demuestran nuestras más recientes actuaciones. Por alguna razón, la mayoría se muestra en extremo severa en algunas circunstancias mientras que en otras, como el asunto ante nuestra consideración, opta por infravalorar y minimizar conducta que es contraria a las normas éticas de nuestra profesión. Tal parece que al bajar la marea nos ha dejado en la orilla una doble vara para medir.
El Juez Asociado señor Colón Pérez emitió un Voto particular disidente. El Juez Asociado señor Rivera García no intervino.
Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Hon. Sylkia Carballo Nogueras Jueza Superior AD-2015-2 Tribunal de Primera Instancia
Voto particular de conformidad emitido por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES, al cual se unieron la Jueza Asociada señora PABÓN CHARNECO y el Juez Asociado señor KOLTHOFF CARABALLO.
Estoy conforme con el archivo de la querella
presentada contra la Hon. Sylkia Carballo Nogueras.
Entiendo que de los hechos que tenemos ante nuestra
consideración no podemos concluir que existe una
violación de los Cánones 8, 20(i), 23 y 34 de los
Cánones de Ética Judicial, infra. Aseverar que la
juez Sylkia Carballo Nogueras violentó estos cánones
significa que los jueces tendrán que vivir aislados
de la comunidad a la que pertenecen. Eso, como
veremos a continuación, es lo contrario a lo que
estos cánones pretenden lograr. AD-2015-2 2
Pero aquí se nos plantea algo más fundamental. En
este proceso se sometió a una juez a una suspensión
sumaria por un rumor de periódico que fue desmentido de
inmediato. Al insistir en la imposición de medidas
disciplinarias por otros asuntos, la Administración de
Tribunales pretende, de alguna forma, “lavarse la cara” de
la mancha que tiene por el abuso que cometió. Este
Tribunal no debe tolerar esa conducta administrativa.
I
La Hon. Sylkia Carballo Nogueras inició su carrera
judicial el 15 de enero de 1999, cuando fue nombrada juez
municipal. Luego, fue ascendida a juez superior el 5 de
enero de 2007. Entre el 12 de septiembre de 2007 y el 16
de marzo de 2015, la Hon. Carballo Nogueras ejerció el
cargo de juez en el Centro Judicial de Caguas.
Específicamente, la juez Carballo Nogueras tuvo a su cargo
la sala de vistas preliminares en el Centro Judicial de
Caguas entre julio de 2009 y agosto de 2014.
El 22 agosto de 2014, el periódico El Vocero publicó
una nota donde reseñó que la juez Carballo Nogueras era
objeto de una investigación por el Negociado Federal de
Investigaciones, mejor conocido por sus siglas en inglés
como FBI. A raíz de esto, el mismo 22 de agosto de 2014 la
entonces Juez Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto
Rico, Hon. Liana Fiol Matta, emitió una orden
administrativa para relevar temporeramente, con paga, a la
juez Carballo Nogueras de sus funciones judiciales. AD-2015-2 3
Posteriormente, el periódico El Vocero reseñó unas
expresiones hechas por el Sr. Carlos Cases, entonces
Director del FBI en Puerto Rico, donde este desmintió que
la juez Carballo Nogueras estuviese siendo investigada por
la mencionada agencia federal. Pese a la aclaración que
realizó el periódico EL Vocero el 25 de agosto de 2015, la
entonces Directora de la Oficina de Administración de los
Tribunales (OAT), Hon. Sonia I. Vélez Colón, investigó la
conducta de la juez Carballo Nogueras. De esta
investigación surgen los hechos que narraremos a
continuación y que dan pie a las presuntas violaciones
éticas que se le imputan a la juez Carballo Nogueras en la
querella que hoy tenemos ante nuestra consideración.
Como parte de la investigación, funcionarios de la
OAT visitaron el Centro Judicial de Caguas. Allí, se
reunieron con el Juez Administrador Regional, Hon. Lind O.
Merle Feliciano, quien les informó sobre un viaje a
Orlando, Florida, que había realizado la juez Carballo
Nogueras junto a su esposo, Edgardo Aldebol, alguacil de
la Región de Caguas. También surgió de la entrevista que
para la misma fecha viajaron a Orlando el Lcdo. Jan
Mangual Mangual, entonces fiscal de la región de Caguas, y
la Lcda. Ana L. González Cabrera, quienes postulaban en su
sala. Tras conocer esta información, los funcionarios de
la OAT realizaron entrevistas y declaraciones juradas al
licenciado Mangual Mangual y a la licenciada González
Cabrera. AD-2015-2 4
De la información provista surge que el licenciado
Mangual Mangual se desempeñó como fiscal en el Centro
Judicial de Caguas desde el año 2011 hasta marzo de 2012.
Durante el periodo que laboró en Caguas fungió como fiscal
en la sala de vistas preliminares que atendía la Hon.
Carballo Nogueras. En el mes de agosto de 2011, al
concluir una vista en la que estaba participando, el
fiscal Mangual Mangual permaneció en la sala conversando
con la juez Carballo Nogueras sobre asuntos no
relacionados al trabajo. Este tipo de conversación entre
personas que se ven las caras todos los días, sobre
asuntos que no tienen que ver con temas judiciales, es
común en los tribunales una vez finalizan los trabajos en
sala.
Durante la conversación surgió que el fiscal Mangual
Mangual tenía unas vacaciones programadas durante ese mes
y planificaba ir a la ciudad de Fort Lauderdale, Florida,
con el propósito de visitar a su familia, como era su
costumbre hacer varias veces al año. A renglón seguido, la
juez Carballo Nogueras le comentó que por coincidencia,
ella también iría de vacaciones junto a su esposo a
Orlando, Florida, durante el mes de agosto. El fiscal
Mangual Mangual expresó que hacía tiempo que no iba a
Orlando y la Hon. Carballo Nogueras le sugirió que podía
ir en automóvil desde Fort Lauderdale. Para el fiscal
Mangual Mangual no era conveniente conducir hasta la
ciudad de Orlando, por lo que decidió cambiar su pasaje AD-2015-2 5
para volar de San Juan a Orlando y posteriormente ir de
Orlando a Fort Lauderdale. Los viajes de ida y de regreso
a Puerto Rico del fiscal no coincidieron con el de la juez
Carballo Nogueras y su esposo. Además, el licenciado
Mangual Mangual realizó reservaciones por su cuenta para
su estadía en Orlando en el mismo hotel en donde se
quedaron la juez Carballo Nogueras y su esposo. La
impresión de que la juez organizó unas vacaciones con el
fiscal no es correcta.
Asimismo, durante el mes de agosto de 2011, la
licenciada González Cabrera se enteró de los viajes que
iban a realizar a Orlando, Florida, la juez Carballo
Nogueras y su esposo, así como el fiscal Mangual Mangual,
cada cual por separado. Entonces, la licenciada González
Cabrera decidió viajar, también por separado, a la ciudad
de Orlando, con el propósito de visitar a su familia.
Además, para esa fecha también viajaron a Orlando un
abogado que trabajaba con la licenciada González Cabrera y
una amiga de este. De la prueba surge que el licenciado
Mangual Mangual estuvo tres o cuatro días en la ciudad de
Orlando y la licenciada González Cabrera estuvo alrededor
de dos días en esa misma ciudad. En algún punto todos
compartieron algunos instantes en Orlando.
En abril de 2014, previo a la publicación de la nota
periodística que dio lugar al relevo de la juez de sus
funciones y sin conocerse motivo alguno, el Hon. Merle
Feliciano, Juez Administrador de la Región de Caguas, AD-2015-2 6
entrevistó a la juez Carballo Nogueras con relación al
viaje que realizó a Orlando en agosto de 2011. La juez
explicó lo que se le pidió sobre el viaje y, además,
solicitó reunirse con la entonces Directora Administrativa
de la OAT. Tras finalizar la reunión, la entonces
Directora Administrativa de la OAT concluyó que los
señalamientos contra la juez Carballo Nogueras eran
meramente una excusa para atacar su labor como juez y que
no había prueba sobre hechos específicos que dieran lugar
a una acción disciplinaria. Parece que meses después, la
Directora Administrativa cambió de opinión, en reacción a
un rumor falso.
Por otra parte, de la investigación realizada surgió,
también, que la juez Carballo Nogueras fue invitada a
varias actividades sociales mientras se desempeñaba como
juez en la región judicial de Caguas, al igual que otros
jueces, fiscales y abogados del área. En ellas coincidió
con otros jueces, fiscales y abogados, entre ellos la
licenciada González Cabrera y el licenciado Mangual
Mangual. En una ocasión, la licenciada González Cabrera
celebró su cumpleaños y en sus propias palabras decidió
invitar “a todo el mundo”. Declaración jurada de la Lcda.
Ana Luisa González Cabrera, pág. 10. La juez Carballo
Nogueras asistió a la fiesta de cumpleaños, en la que
coincidió con otros jueces, fiscales y abogados de la
región. Igual que otros jueces de la región, la juez
Carballo Nogueras siguió atendiendo casos en donde AD-2015-2 7
postulaban el fiscal Mangual Mangual y la licenciada
González Cabrera. A manera de ejemplo, entre el 2002 y
marzo de 2014, la juez Carballo Nogueras atendió 479 casos
penales en los cuales los imputados estuvieron
representados por la licenciada González Cabrera. De
estos, se determinó causa probable para acusar en 228
(47.6%).
La Comisión de Evaluación Judicial examinó el
desempeño de la juez Carballo Nogueras en el 2005, 2010 y
2013. En la evaluación judicial que se le realizó en 2005
resultó “muy bien calificada” en los renglones de
integridad y reputación. De igual modo, en la evaluación
realizada en 20l0 se encontró a la juez “muy bien
calificada” en el renglón de integridad y “bien
calificada” en los renglones de reputación e imagen
pública. Finalmente, en la evaluación hecha en 2013 se le
encontró “muy bien calificada” tanto en el renglón de
integridad como en el renglón de reputación o imagen
pública.
Una vez culminada la investigación y luego de la
notificación de la queja a la Hon. Carballo Nogueras, la
Oficina de Asuntos Legales de la OAT presentó ante la
Comisión de Disciplina Judicial un informe con los
hallazgos de la investigación, para que se determinara si
había causa probable para presentar una querella. Conforme
con la Regla 13 de Disciplina Judicial, 4 LPRA Ap. XV-B,
la Comisión de Disciplina Judicial encomendó a la AD-2015-2 8
comisionada Delia Lugo Bougal que evaluara el informe e
hiciera esa determinación. Esta determinó que existía
causa probable para presentar una querella. Cabe destacar
que en la misma resolución donde se determinó causa
probable también se recomendó que la juez Carballo
Nogueras se reintegrara a su labor como juez, pues no
había razón para la suspensión sumaria que se le impuso.
Por otro lado, la OAT presentó una querella el 24 de
marzo de 2015, en la que formuló dos cargos contra la Hon.
Carballo Nogueras por violaciones de los Cánones 8, 20(i),
23 y 34 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B.
Específicamente, el primer cargo indicó que la juez
“incurrió en conducta incorrecta y poco prudente al
compartir en actividades sociales con abogados que
postulaban frecuentemente en su sala”. Imputó que la juez
“promovió e invitó al Fiscal Mangual y a la Lcda. Ana
González Cabrera, a que compartiera con ella y con su
esposo durante el disfrute de sus vacaciones... en el
mismo hotel...” de Orlando. También, señaló que la juez
Carballo Nogueras “confraternizó en otras actividades de
índole social con sus amigos, el fiscal Mangual y la
licenciada González, como en celebraciones de cumpleaños y
fiestas de navidad”. Según el primer cargo imputado, esta
conducta violó los Cánones 8, 20(i), 23 y 34 de Ética
Judicial, íd.
Por su parte, el segundo cargo indicó que la Hon.
Carballo Nogueras violó los Cánones 8, 20(i), 23 y 34 de AD-2015-2 9
Ética Judicial, íd., al “intervenir, en lugar de
inhibirse, en aquellos casos en los que frecuentemente
postulaban ante ella sus amigos, el fiscal Mangual y la
licenciada González”. Según la querella, esto “pudo
generar dudas sobre su imparcialidad.” Según la OAT, eso
constituyó una “apariencia de parcialidad o prejuicio”.
La juez Carballo Nogueras respondió a la querella y
negó la comisión de las faltas éticas que se le imputaron.
En su contestación señaló que la información publicada en
el periódico El Vocero, la cual fue la causa para que
fuese removida sumariamente de sus funciones como juez,
resultó ser falsa. Como ya mencioné, la OAT investigó años
antes lo relacionado con el viaje a Orlando y concluyó que
no ameritaba el inicio de un proceso disciplinario. Tan es
así, que cuando se halló causa probable contra la juez se
le autorizó a reintegrarse nuevamente a sus funciones
judiciales. En cuanto a los encuentros sociales que tuvo
con el fiscal y la abogada que postulaban frecuentemente
en su sala, la juez alegó que fueron incidentales y
casuales, y que la evidencia demuestra que no afectaron su
función adjudicativa. Detalló que tanto las evaluaciones
que se le realizaron como las estadísticas de los casos
que presentó en su sala la licenciada González Cabrera
confirman que atendió las controversias que le fueron
presentadas con la imparcialidad e integridad requerida a
la hora de adjudicar. AD-2015-2 10
Luego de los trámites procesales de rigor, la
Comisión de Disciplina Judicial emitió su informe. En él
concluyó que la conducta de la juez Carballo Nogueras no
violentó los Cánones de Ética Judicial, por lo que
recomendó el archivo de la querella. La Comisión de
Disciplina Judicial concluyó categóricamente que de la
evidencia presentada no surge la existencia de prueba
clara, robusta y convincente de que la juez Carballo
Nogueras cometió las faltas éticas que se le imputaron.
Específicamente, surge del informe de la Comisión que no
hay prueba de que la capacidad de la juez para adjudicar
controversias se viera comprometida luego de los
encuentros sociales que tuvo con el fiscal Mangual Mangual
y con la licenciada González Cabrera. También concluyó que
tampoco hay evidencia de que el comportamiento de la juez
en sala demostrara parcialidad a favor de cualquiera de
los dos letrados. Por otro lado, la Comisión determinó que
el viaje y las actividades sociales a las que asistió la
juez Carballo Nogueras, en donde había abogados, jueces y
otros miembros de la comunidad legal de Caguas, no
constituyeron un patrón que fuera incompatible con el
cargo de juez.
Con ese informe y los alegatos de las partes, el caso
quedó sometido a nuestra consideración para que emitamos
la decisión final.
II AD-2015-2 11
La Constitución de Puerto Rico asignó a este Tribunal
la facultad de atender los procedimientos disciplinarios
que se lleven a cabo contra los miembros de la judicatura.
Art. V, Sec. 11, Const. PR, LPRA, Tomo 1. Con el propósito
de cumplir este mandato constitucional, adoptamos los
Cánones de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B. Véanse, In re
Quiñones Capacetti, 195 DPR 281, 286 (2016); In re Acevedo
Hernández, 194 DPR 344, 359 (2015); In re Quiñones Artau,
193 DPR 356, 376 (2015).
Los primeros cánones de ética judicial en Puerto Rico
se aprobaron en 1957. Se enmendaron en 1977 para
atemperarlos al Código modelo de conducta judicial de la
American Bar Association, aprobado en 1972. Informe de la
Comisión y proyecto de cánones, pág. 1. Finalmente, los
Cánones de Ética Judicial en Puerto Rico se enmendaron por
última vez en 2005. De acuerdo al historial de los Cánones
de Ética Judicial, supra, los conceptos generales de estos
cánones provienen de los Cánones de Ética Judicial de
1977. Sin embargo, se incorporaron ciertos cambios que se
detallan en los comentarios oficiales.
Estos cánones establecen normas mínimas de cómo se
debe comportar toda persona que asume el cargo de juez. In
re Grau Acosta, 172 DPR 159, 170 (2007). Además, los
Cánones de Ética Judicial buscan asegurar que los miembros
de la judicatura exhiban un comportamiento idóneo y
ejemplar, tanto en sus vidas públicas como privadas, que
le permita ejercer sus funciones judiciales de forma que AD-2015-2 12
preserven la confianza y el respeto que el pueblo tiene en
nuestro sistema judicial. Preámbulo de los Cánones de
Ética Judicial, supra. Véanse, además, In re Grau Acosta,
supra, págs. 170-171; In re Quiñones Capacetti, supra,
pág. 286; In re Acevedo Hernández, supra, págs. 360-361;
In re Claverol Siaca, 175 DPR 177, 188 (2009). Con el
propósito de honrar la independencia e integridad que
requiere el cargo, los jueces deben mostrar entereza,
convicción e imparcialidad en su comportamiento. In re
Velázquez Hernández, 162 DPR 316, 324 (2004).
Con esto en mente debemos analizar los Cánones 8,
20(i), 23 y 34 de Ética Judicial, supra, que
presuntamente violó la jueza Carballo Nogueras. AD-2015-2 13
III
A. Canon 8
El Canon 8 de Ética Judicial, supra, indica:
Canon 8. Desempeño de funciones adjudicativas
Para el cabal desempeño de sus funciones, las juezas y los jueces serán laboriosos, prudentes, serenos e imparciales. Realizarán sus funciones judiciales de forma independiente, partiendo de una comprensión cuidadosa y consciente de la ley, libre de cualquier influencia ajena, de instigaciones, presiones, amenazas o interferencias, ya sean directas o indirectas, provenientes de cualquier fuente o por cualquier razón. Enmarcarán sus funciones adjudicativas en el estudio del Derecho y en la diligencia orientada hacia el empeño de descubrir los hechos esenciales de cada controversia.
La conducta de las juezas y de los jueces ha de excluir la posible apariencia de que son susceptibles de actuar por influencias de personas, grupos, partidos políticos o instituciones religiosas, por el clamor público, por consideraciones de popularidad o notoriedad, o por motivaciones impropias.
El propósito de este canon es que los jueces actúen
de forma imparcial, serena y prudente al atender los
casos. In re Quiñones Artau, supra, pág. 377. Además, se
les requiere actuar de forma independiente y libre de
cualquier influencia externa. Íd. En otras palabras, los
jueces no pueden usar de forma indebida el poder que les
da su cargo. In re Claverol Siaca, supra, pág. 190. Este
canon, también, requiere que los jueces actúen libre de
cualquier apariencia de parcialidad. In re Grau Acosta,
supra, pág. 171; In re Ramos Mercado, 170 DPR 363, 394
(2007). Esto requiere que los jueces analicen y evalúen AD-2015-2 14
cómo otras personas percibirían sus actuaciones o
expresiones. Íd.
En el Código modelo de conducta judicial de la
American Bar Association (ABA) de 1990, no hay un canon
igual al nuestro. Esa versión del código era la que estaba
vigente cuando se aprobaron los nuevos Cánones de Ética
Judicial en 2005. El Canon 2A de ese Código modelo
requiere que los jueces ejerzan sus funciones judiciales
de manera imparcial. Según surge del propio comentario del
Canon 2A, también se requiere que los jueces eviten
cualquier apariencia de imparcialidad. Asimismo, el
comentario indica que el criterio para determinar si
existe apariencia de imparcialidad en las actuaciones del
juez es si el ciudadano común percibe esa conducta en
particular como una que crea una apariencia de
parcialidad. Íd. Este es un criterio objetivo, que como
veremos más adelante, es igual al análisis que hemos
adoptado en los casos de inhibición. Es lógico que
analicemos estos casos utilizando un criterio objetivo y
que observemos detenidamente las particularidades de cada
caso. No hacerlo de esta manera conllevaría disciplinar a
los jueces en circunstancias en las que no existe
evidencia de su alegada parcialidad.
B. Canon 20(i)
Por otro lado, el Canon 20 de los Cánones de Ética
Judicial, supra, tiene el propósito de preservar la
apariencia de imparcialidad y la ecuanimidad que debe AD-2015-2 15
tener un juez, ya sea de hecho o de apariencia. Véase, In
re Ortiz Rivera, 163 DPR 530, 536 (2004). Este canon
menciona las instancias en las que los jueces tienen que
inhibirse de los casos que tienen ante sí. Entre ellas, el
inciso (i) de este canon, que es el que nos ocupa en este
caso, requiere que el juez se inhiba “[p]or cualquier otra
causa que pueda razonablemente arrojar dudas sobre su
imparcialidad para adjudicar o que tienda a minar la
confianza pública en el sistema de justicia”. Canon 20 de
los Cánones de Ética Judicial, supra. Véase también, R. R.
Torres Torres, Cánones de Ética Judical de Puerto Rico,
Año 9 (Núms. 1–4) Forum 17 (1993). Esto significa que no
es necesario que se pruebe parcialidad o prejuicio por un
juez, sino que basta con que exista la mera apariencia de
parcialidad, para que un juez se tenga que inhibir de un
caso. Pueblo v. Martés Olán, 103 DPR 351, 355 (1975).
Como ya hemos mencionado, al igual que en el caso del
Canon 8, supra, el criterio para evaluar si un juez debe
inhibirse porque existe duda sobre su imparcialidad, es
objetivo. Se exige que cada caso se analice “desde el
punto de vista de un observador razonable, bien informado,
con el conocimiento de todos los datos y las
circunstancias relevantes al caso, incluyendo aquellas que
son de conocimiento general, como las que no están a la
luz”. Ex parte Andino, 152 DPR 509, 512 (2000). Véanse,
además, In re Colton Fontán II, 154 DPR 776, 795 (2001);
In re Campoamor Redín, 150 DPR 138, 151 (2000). Los jueces AD-2015-2 16
deben ser rigurosos al aplicar este análisis para evitar
recusaciones indebidas. Torres Torres, supra, pág. 17.
Para realizar el análisis es necesario examinar los hechos
del caso, los documentos del expediente y el derecho
aplicable. In re Colton Fontán II, supra, pág. 795.
De acuerdo con lo que indica este canon, los jueces
están impedidos de actuar de una forma que lacere la
imagen de imparcialidad y sobriedad que tiene la
judicatura. In re Campoamor Redín, supra, pág. 152.
Además, es importante tener en cuenta que no basta que el
juez resuelva de acuerdo con la ley y lo que le dicta su
conciencia, sino que tiene que transmitir a las partes el
convencimiento de que han tenido su día en corte. Íd.
Hay que dejar claro, sin embargo, que las relaciones
sociales entre el juez y los abogados que postulan en su
sala no siempre conllevan la inhibición del magistrado.
Por ejemplo, en otras jurisdicciones no se ha ordenado la
inhibición de jueces por el mero hecho de que han
compartido en restaurantes con otros abogados. Véase,
Demoulas v. Demoulas Super Markets, Inc., 703 N.E.2d 1141,
1147 (Mass. 1998). Es normal que sea así, pues los jueces
también son abogados y es de esperar que muchas de sus
amistades también lo sean.
Para determinar si se justifica la inhibición de un
juez hay que evaluar la totalidad de los hechos del caso,
particularmente las circunstancias y la frecuencia de las
reuniones sociales con los abogados. L. W. Abramson, AD-2015-2 17
Appearance of Impropriety: Deciding When a Judge’s
Impartiality “Might Reasonably Appearance be Questioned”,
14 Geo. J. Legal Ethics 55, 97 (2010). De hecho, en Puerto
Rico, el inciso (d) de la Regla 63.1 de Procedimiento
Civil, 32 LPRA Ap. V, permite que los jueces atiendan
casos cuando tienen relaciones de amistad con los abogados
que postulan en su sala, siempre y cuando esta relación no
frustre los fines de la justicia.
C. Cánones 23 y 34
Finalmente, los Cánones 23 y 34 de Ética Judicial,
supra, tratan sobre la conducta que deben tener los jueces
en las actividades extrajudiciales en que participan. Se
consideran actividades extrajudiciales todas aquellas
actividades que los jueces realizan fuera de los
tribunales. S. Steidel Figueroa, La regulación de las
actividades extrajudiciales de los jueces en Puerto Rico y
Estados Unidos, 1ra ed., México, Ed. Suprema Corte de
Justicia de la Nación, 2007, pág. 13. La regulación de
este tipo de actividades incluye las actividades
recreativas y sociales a las que los jueces asisten, así
como las relaciones sociales que estos puedan tener. Íd.
Aunque regular las actividades extrajudiciales de los
jueces pudiera parecer excesivo, en realidad no lo es. Íd.
La legitimidad y confianza que tienen los ciudadanos en la
Rama Judicial no solo se basa en que los jueces resuelvan
los casos conforme a Derecho, sino que también está
influenciada por el comportamiento de los jueces en las AD-2015-2 18
actividades sociales en que participan. Íd., pág. 14. Al
asumir el cargo de juez, estos aceptan las limitaciones y
restricciones a su vida privada que conlleva el cargo.
Preámbulo de los Cánones de Ética Judicial, supra. Véase
también, Steidel Figueroa, op. cit., pág. 17.
Conforme a lo anterior, el Canon 23 de Ética
Judicial, supra, requiere a los jueces comportarse en
público “de manera que sus actuaciones no provoquen dudas
sobre su capacidad para adjudicar imparcialmente las
controversias judiciales[,] no deshonren el cargo judicial
y no interfieran con el cabal desempeño de sus funciones
judiciales”. Véase también, In re Claverol Siaca, supra.
Del historial del Canon 23, supra, surge que su propósito
es establecer una norma general sobre el comportamiento
que deben mostrar los jueces en las actividades en que
participen fuera de los tribunales. Hemos expresado al
respecto:
Este canon va dirigido a pautar una norma de conducta general que responde a la alta estima y confianza públic[a] que gozan los miembros de la Judicatura. Así, pues, se espera que los jueces, a través de sus acciones, no lesionen la imagen del Sistema Judicial. Es por esto que la función judicial requiere que los jueces se comporten conforme lo exige su cargo, tanto dentro como fuera del tribunal, y que su comportamiento se dirija a enaltecer el cargo que ocupan y fomentar el respeto hacia éste. (Citas omitidas). In re Claverol Siaca, supra, pág. 190. Véase también, In re Quiñones Artau, supra, págs. 383-384.
Además, el historial del Canon 23, supra, menciona
que la norma general que codifica este canon es similar al AD-2015-2 19
Canon 4A del Código modelo de conducta judicial de la ABA
de 1990. Este último indica:
Extra-judicial Activities in General. A judge shall conduct all of the judge’s extra judicial activities so that they do not: (1) Cast reasonable doubt on the judge’s capacity to act impartially as a judge; (2) Demean the judicial office; or (3) Interfere with the proper performance of judicial duties.
Al respecto, se destaca que “[s]eparar completamente
a un juez de las actividades extrajudiciales no es posible
o conveniente; un juez no debe aislarse de la comunidad en
la que vive”. (traducción nuestra). Comentario al Canon 4A
del Código modelo de conducta judicial de la ABA de 1990.
(“Complete separation of a judge from extra-judicial
activities is neither possible nor wise; a judge should
not become isolated from the community in which he
lives.”). Cabe destacar que esta oración se encontraba en
el primer párrafo del Canon XXIV de 1977, 4 LPRA Ap. IV-A
(ed. 2002). Surge del historial que el Canon 23 de los
Cánones de Ética Judicial, supra, se añadió con el
propósito de sustituir esta oración.
Asimismo, el comentario del Canon 4A del Código
modelo de conducta judicial de la ABA de 1990, añade que
hay ocasiones en que el comportamiento extrajudicial de
los jueces puede crear una duda razonable en terceras
personas sobre la capacidad de estos para actuar de manera
imparcial. De igual modo, el primer párrafo del antiguo
Canon XXIV de los Cánones de Ética Judicial de 1977, AD-2015-2 20
supra, indicaba que las actividades extrajudiciales que
tenían proscritas los jueces eran solamente aquellas que
levantaban dudas sobre si su juicio era imparcial. Al
respecto expresamos:
El principio de imparcialidad judicial está también plasmado en el Canon XXIV de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A. Éste le impone al juez el deber de ser escrupuloso para así evitar actuaciones que razonablemente puedan dar lugar a la impresión de que sus relaciones sociales, sean éstas de familia, de amistad o de negocio, influyen de alguna manera en su ánimo judicial. Sin embargo, esto no significa que el juez tenga que vivir en el aislamiento. In re Ortiz Rivera, supra, págs. 536-537.
Precisamente debido a que no es conveniente que los
jueces estén aislados de la sociedad, lo que este canon
exigía era que el juez participara en las actividades
extrajudiciales con “comedimiento, justa medida, prudencia
[y] razonabilidad”. Torres Torres, supra, pág. 26. Como
mencionamos anteriormente, el actual Canon 23 de Ética
Judicial, supra, adoptó una norma similar a la del Canon
4A del Código de Ética Judicial de la ABA de 1990. Este
último indica claramente que los jueces pueden participar
de todas las actividades extrajudiciales siempre y cuando
eviten conductas que razonablemente puedan dar la
impresión de que su juicio está comprometido. Es por eso
que para poder concluir que un juez violentó este canon
hay que analizar los hechos de cada caso en particular y
ver si razonablemente su conducta causa una apariencia de
parcialidad. Esa norma se recogió íntegramente en el Canon
23 actual, supra. AD-2015-2 21
El antiguo Canon XXIV de Ética Judicial de 1977,
supra, catalogaba como impropias una serie de actividades
extrajudiciales. Entre ellas encontramos la que hoy día
está contenida en el Canon 34 de Ética Judicial, supra.
Allí se prohíbe que los jueces acepten invitaciones a
actividades sociales cuando estas provienen de abogados
que postulan con frecuencia ante ellos:
Canon 34. Actividades sociales
Las juezas y los jueces no aceptarán invitaciones para compartir en actividades sociales cuando provienen de abogadas y abogados que con frecuencia comparecen ante la sala que presiden. Tampoco aceptarán invitaciones de personas o abogados y abogadas cuyos intereses hayan estado, estén o sea probable que vayan a estar ante la consideración de las juezas o de los jueces. Se exceptúan las actividades sociales que organiza el Colegio de Abogados, sus delegaciones y otras organizaciones profesionales de abogados, educativas y culturales, y las ceremonias organizadas por entidades bona fide para reconocer a las juezas o a los jueces por méritos literarios, artísticos, cívicos, académicos, deportivos, científicos o aportaciones jurídicas. Canon 34 de los Cánones de Ética Judicial, supra.
El propósito del Canon 34 de Ética Judicial, supra,
es proteger la imparcialidad que deben mostrar los jueces
al desempeñar sus funciones judiciales. Por eso proscribe
su participación en actividades sociales que puedan dar la
impresión de que el juez está desempeñándose movido por
influencias externas y no basándose en su propio juicio.
Comentario del Canon 34 del Código de Ética Judicial,
supra.
Cuando interpretamos los Cánones de Ética Judicial
seguimos la misma norma de hermenéutica que aplica cuando AD-2015-2 22
se va a interpretar una ley: Hay que interpretar los
cánones en conjunto y no de forma aislada. A.C.A.A. v.
Yantín, 103 DPR 59, 60 (1974). Es por esto que este canon
hay que verlo en conjunto con la norma general que
establece el Canon 33 de Ética Judicial, supra. De esta
forma, este canon no contiene una prohibición absoluta,
por lo que hay que evaluar la conducta extrajudicial del
juez para ver si una persona puede concluir que la
conducta da la impresión razonable de que el magistrado
está actuando movido por presiones externas. Para esto hay
que hacer un análisis objetivo tomando en consideración
todos los hechos del caso.
IV
Como hemos mencionado, la figura del juez es
sumamente importante en nuestra sociedad. In re Acevedo
Hernández, supra, pág. 364. Así, para determinar si un
juez cometió una falta disciplinaria tiene que existir
prueba clara, robusta y convincente de que existe una
violación ética. In re Quiñones Artau, supra, pág. 386.
Este es un estándar más riguroso que el de preponderancia
de la prueba, pero menos riguroso que el de prueba más
allá de duda razonable. Este estándar se cumple cuando el
juzgador tiene una convicción duradera de que los hechos
alegados son altamente probables. Íd. Como hemos reiterado
en varias ocasiones, la razón para utilizar este estándar
de prueba es que hay que ser sumamente cautelosos en los
procesos disciplinarios que se llevan contra los jueces, AD-2015-2 23
debido al rol importante que ellos tienen en nuestra
sociedad. Íd.
V
Evaluados los hechos de este caso a la luz del
derecho antes expuesto, la conclusión es que la Hon.
Sylkia Carballo Nogueras no violentó los Cánones 8, 20(i),
23 y 34 de Ética Judicial, supra.
A. Cánones 8 y 20(i)
Existe una relación entre los cánones 8 y 20(i) de
Ética Judicial, supra. Mientras el Canon 8, supra,
proscribe la apariencia de parcialidad del juez a la hora
de adjudicar, el Canon 20(i) de Ética Judicial, supra,
establece una causa de inhibición cuando existe apariencia
de parcialidad en la conducta del juez. Véase, In re
Suárez Marchand, 159 DPR 724, 737 (2003). Es por esto que
al evaluar si una juez incumplió con estos cánones, como
mencionamos anteriormente, hay que hacer un examen
objetivo, tomando en cuenta si una persona común, a la luz
de todos los hechos, puede concluir que la conducta de la
juez está parcializada.
Según las determinaciones de hechos del Informe de la
Comisión, la juez Carballo Nogueras compartió con el
fiscal Mangual Mangual y la licenciada González Cabrera,
tanto en actividades sociales como en la ciudad de
Orlando, Florida, en agosto de 2011. Sin embargo, la juez
querellada presentó evidencia estadística sobre los 479
casos que la licenciada González Cabrera había llevado en AD-2015-2 24
su sala entre 2002 y 2014. Como mencionamos, del total de
los casos presentados se determinó causa probable en 228
casos. Además, del expediente surge incontrovertido el
relato de que, en abril de 2014, la juez Carballo Nogueras
sostuvo una reunión con el Juez Administrador de la Región
de Caguas, en la cual fue cuestionada sobre el viaje a
Orlando, Florida, que realizó en agosto de 2011. Para
aclarar cualquier duda que existiera por el viaje, la juez
solicitó una reunión con la entonces Directora de la OAT.
Al final de ese proceso, la OAT concluyó que los
señalamientos contra la juez Carballo Nogueras iban
dirigidos a atacar su labor judicial y que, por lo tanto,
no había violaciones éticas que investigar. Además, todas
las evaluaciones que se le hicieron a la juez demuestran
que siempre ha realizado su labor de manera íntegra y
emitiendo un juicio imparcial. Por lo tanto, la prueba
presentada no demuestra de manera clara, robusta y
convincente que la juez Carballo Nogueras mostrara una
conducta parcializada en los casos que llevaron en su sala
el fiscal Mangual Mangual y la licenciada González
Cabrera.
En fin, la independencia de criterio de la juez
Carballo Nogueras no se afectó. El análisis objetivo que
los cánones requieren conduce a la conclusión de que
tampoco estamos ante una situación de apariencia de
parcialidad. Es importante que ante este tipo de situación
seamos rigurosos en el análisis que hagamos y tomemos en AD-2015-2 25
cuenta todas las particularidades del caso. Esto se debe a
que el juez tiene un rol vital en nuestra sociedad y
juzgarlo indebidamente atenta contra la credibilidad y la
confianza que tiene el pueblo en la Rama Judicial.
B. Canon 23
Los Cánones de Ética Judicial no prohíben totalmente
que los jueces participen en actividades extrajudiciales.
Sin embargo, el Canon 23, supra, les impide participar en
aquellas actividades que razonablemente puedan crear dudas
sobre su imparcialidad.
Surge de los hechos probados ante la Comisión que la
juez Carballo Nogueras tuvo un encuentro casual en
Orlando, Florida, con el fiscal Mangual Mangual y con la
licenciada González Cabrera. Además, la juez Carballo
Nogueras asistió a varias fiestas organizadas por la
licenciada González Cabrera, como por ejemplo una fiesta
de cumpleaños de esta última. En esas actividades
sociales, la juez Carballo Nogueras compartió con otros
jueces, abogados y fiscales de la Región Judicial de
Caguas. De la prueba presentada no podemos concluir que
estos encuentros sociales crearon dudas razonables sobre
la imparcialidad de la juez.
El encuentro en Orlando, Florida, ocurrió de manera
incidental y no fue uno que la juez coordinó. Además, la
evidencia demuestra que el fiscal Mangual Mangual y la
licenciada González Cabrera no fueron favorecidos por la
juez cuando postularon casos en su sala. Ante la ausencia AD-2015-2 26
de prueba clara, robusta y convincente, tenemos que
concluir que la juez Carballo Nogueras tampoco violó este
canon.
C. Canon 34
Por otro lado, del texto del Canon 34 de los Cánones
de Ética Judicial, supra, surge que los jueces no pueden
recibir invitaciones de abogados que postulan en su sala.
Sin embargo, como ya mencionamos, este canon hay que
analizarlo en conjunto con el Canon 23 de los Cánones de
Ética Judicial, supra. De esta forma hay que analizar si
la conducta del juez crea la impresión razonable en el
público de que su juicio está influenciado por presiones
externas. Al examinar los hechos que tenemos ante nuestra
consideración concluimos que la juez Carballo Nogueras no
incumplió con ese canon. Las invitaciones que ella recibió
fueron para asistir a fiestas, junto a otros jueces,
fiscales y abogados, y celebrar eventos específicos, de
los cuales ninguno fue para agasajarla a ella. Además, no
existe prueba de que era una costumbre frecuente que ella
fuera invitada por abogados que postulan en su sala, sino
que ha sido para eventos especiales abiertos a todos en la
Región Judicial de Caguas. De hecho, me llama la atención
que de todos los jueces que asistieron a la fiesta solo se
cuestionara y encausara a la juez Carballo Nogueras.
¿Acaso la licenciada González Cabrera no postulaba ante
más nadie? AD-2015-2 27
De acuerdo a lo esbozado anteriormente, concluyo -al
igual que la Comisión de Disciplina Judicial- que la juez
Carballo Nogueras no violentó ninguno de los Cánones de
Ética Judicial imputados. Por lo tanto, coincido con la
comisión en que debe archivarse la querella.
VI
Además de lo anterior, es inescapable afirmar que
este caso nunca se debió presentar. La causa inicial de la
remoción de la juez fue el rumor que se reseñó en el
artículo del periódico El Vocero. Allí se alegó que la
Hon. Carballo Nogueras era objeto de una investigación
federal. Rápidamente, esta nota fue desmentida por el
entonces director del FBI en Puerto Rico. Pese a esto, la
investigación contra la juez Carballo Nogueras continuó.
Asimismo, esta continuó suspendida de su cargo hasta que
se le encontró causa probable por los cargos que hoy
tenemos ante nuestra consideración, cuando -irónicamente-
fue restituida a su cargo en lo que culminaba este
procedimiento disciplinario.
La juez Carballo Nogueras debió ser restituida a su
puesto tan pronto se desmintió el rumor de la inexistente
investigación federal. Sin embargo, no se restituyó y, por
el contrario, la OAT se atrincheró y decidió continuar con
la investigación. Esta se desvirtuó para convertirse en
una expedición de pesca. Se decidió investigar lo que ya
la OAT había concluido que no violaba los cánones: el
viaje a Orlando, Florida, en agosto de 2011. Más aun, para AD-2015-2 28
justificar la suspensión previa, la OAT la investigó y
presentó querella contra esta juez pero no hizo lo mismo
con los demás jueces que asistieron a la fiesta de
cumpleaños de la licenciada González Cabrera.
Es bajo estas circunstancias que se decide imputar a
la juez las violaciones que hoy tenemos ante nuestra
consideración. Como este Tribunal ha mencionado, es
necesario que vigilemos que los jueces cumplan con los
Cánones de Ética Judicial. El buen funcionamiento de la
Rama Judicial requiere que su personal exhiba una conducta
que inspire confianza y respeto al Pueblo. Ahora bien, al
igual que exigimos a los jueces que exhiban una conducta
ejemplar, la OAT tiene que reciprocar ese requisito. No
podemos resignarnos a pensar que “en casa del herrero hay
cuchillo de palo”.
Lamentablemente, esa tendencia es la que asoma de una
lectura de los votos disidentes. Se hace un mal llamado a
la consistencia para pretender que las situaciones
diferentes se traten igual. Esa sería la más crasa de las
injusticias. Pero si de consistencia se trata basta con
contrastar la severidad que postuló el Juez Asociado señor
Colón Pérez aquí y en su voto disidente en In re Colón
Colón, 2017 TSPR 49, 197 DPR ___ (2017), con la lenidad
que expresó al disentir de las sanciones impuestas en In
re Vélez Colón, 2017 TSPR 133, 198 DPR ___ (2017), y en In
re Candelaria Rosa, 2017 TSPR 29, 197 DPR ___ (2017). Uno
se cuestiona si esos votos los escribió la misma persona AD-2015-2 29
hasta que coteja qué gobernador nombró a cada uno de los
jueces implicados.
Basta con leer los votos disidentes para percatarse
de que lo que postulan es precisamente lo que niegan: el
aislamiento total del juez. Como resultado, convalidan la
fabricación de un caso disciplinario, descartan la prueba
y el informe exonerador de la Comisión de Disciplina
Judicial, y defienden la conducta errática de los
anteriores administradores de esta rama. No hay evidencia
de que la juez decidiera de manera parcializada en algún
caso ante su consideración. Aun así, los votos disidentes
invocan la apariencia de parcialidad pero rechazan la
prueba que la desmiente. Reconocen que el criterio ético
correcto es si las relaciones sociales del juez le impiden
ser imparcial ante los ojos de un observador objetivo pero
invocan otro criterio subjetivo para llegar al resultado
que desean: lo que pueda pensar alguien solo porque vio al
juez socializando con los abogados. Mencionan la
diferencia entre los procesos disciplinarios y los penales
como si eso justificara la fabricación de un caso y la
suspensión injusta de la juez. Ante la selectividad de la
OAT su respuesta conveniente es que -ahora- se investigue
viciosamente a todos los jueces. En fin, al leer los votos
disidentes viene a mi mente la imagen del surfer que se
contorsiona en una tabla roja, sobre aguas turbias, en una
noche oscura. Pasaría inadvertido pero el color lo delata. AD-2015-2 30
La OAT tiene que ser rigurosa y exhaustiva, pero
también cautelosa, con las investigaciones que lleva a
cabo. Por eso, no se deben iniciar investigaciones
selectivas, sin fundamentos sólidos, por rumores
infundados y desmentidos. Si suspendemos a una juez por
una base tan endeble nosotros mismos destruiríamos la
confianza y el respeto del Pueblo hacia la Rama Judicial.
Con la suspensión sumaria de la juez Carballo
Nogueras se violaron todos los principios elementales de
un proceso adecuado. Se investigó a la juez de forma
selectiva, por un asunto del que se aduce que ya había
sido exonerada, como excusa para justificar una suspensión
sumaria viciosa e indebida, que se basó en rumores
desmentidos. Los procesos disciplinarios en esta rama
están para mantener una judicatura honesta y digna de la
confianza pública. No están para perseguir jueces honestos
y laboriosos ni para justificar abusos de la Oficina de
Administración de Tribunales.
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES Juez Asociado AD-2015-2 31
Hon. Sylkia Carballo Nogueras
Jueza Superior AD-2015-2
Tribunal de Primera Instancia
Voto particular disidente emitido por la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez al cual se une la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez
¿Debe una Jueza compartir socialmente con el fiscal
asignado a su sala y con una abogada de defensa que
postula constantemente ante ella?
No está en controversia que la Jueza Sylkia
Carballo Nogueras compartió en un viaje a Orlando con
el Fiscal Jan Mangual Mangual y la Lcda. Ana Luisa
González Cabrera; que se quedaron en el mismo hotel
pues la Jueza les brindó la información y les proveyó
el contacto de la agencia que organizó su viaje; y que
los abogados y la Jueza compartieron juntos en los
parques de diversión y la licenciada González Cabrera
consignó que acudió al viaje, en gran medida, para
celebrar el cumpleaños de la Jueza Carballo Nogueras. AD-2015-02 2
Tampoco está en controversia que la Jueza Carballo Nogueras
acudió a la casa de la licenciada González Cabrera para
celebrar el cumpleaños de esta última. Si le preguntáramos
a un ciudadano desligado de estos hechos si está bien que
los jueces compartan socialmente con abogados que postulan
a diario en sus salas contestarían, obviamente, en la
negativa.
¿Y qué si dijéramos a ese ciudadano que el Canon 34 de
Ética Judicial, infra, dispone que: “[l]as juezas y los
jueces no aceptarán invitaciones para compartir en
actividades sociales cuando provienen de abogadas y
abogados que con frecuencia comparecen ante la sala que
presiden”? ¿Ese ciudadano pensaría que el texto del canon
es ambiguo? ¿Pensaría que existe alguna razón para que este
Tribunal no aplique el canon a la Jueza Carballo Nogueras?
Una Mayoría, inexplicablemente, decidió que la Jueza
no violó los Cánones de Ética Judicial. Con ello lacera,
una vez más, la confianza de la ciudadanía en esta
institución, y envía un mensaje nefasto a la judicatura y
al país.
En el intento de defender lo indefendible varios
miembros de este Tribunal: 1) atacan el proceso pues
estiman que la investigación debió cesar en el momento en
que el jefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI)
expresó públicamente que no había una investigación formal
sobre esa jueza; 2) señalan incorrectamente que la Oficina
de Administración de Tribunales (OAT) ya había evaluado la AD-2015-02 3
conducta; 3) dicen que no se probó la parcialidad de la
Jueza en su desempeño judicial, lo cual no es necesario y,
más aún, estimo que es casi imposible de probar salvo que
la jueza lo admita o desarrollemos la habilidad de leer
mentes; 4) mencionan estadísticas que son a todas luces
irrelevantes y que no apoyan sus conclusiones; 5) exponen
correctamente el estado de derecho pero rehúsan aplicarlo
en este caso; 6) atacan -nuevamente, cual disco rayado- a
la ex Directora Administrativa de los Tribunales por hacer
su trabajo e investigar alegaciones serias que fueron
confirmadas con la investigación; y 7) señalan que otros
jueces también acudieron a la fiesta de cumpleaños de la
licenciada González Cabrera, como si eso eximiera a la
Jueza Carballo Nogueras en este caso.
A poco se miren con detenimiento los hechos de este
caso, y se despeje el humo de la bola que lanzó una
Mayoría, se llega a la conclusión inescapable que la Jueza
Carballo Nogueras, en un error de juicio severo, violentó
los Cánones de Ética Judicial.
La Hon. Sylkia Carballo Nogueras juramentó como Jueza
Municipal en enero de 1999. Posteriormente, en enero de
2007 juramentó como Jueza Superior. Desde septiembre
de 2007 hasta marzo de 2015, ejerció su cargo en el Centro
Judicial de Caguas y, particularmente, desde julio de 2009
hasta agosto de 2014 atendió una sala de vistas
preliminares en dicho centro judicial. AD-2015-02 4
El 22 de agosto de 2014, se ordenó el relevo con paga
de la Jueza Carballo Nogueras de sus funciones judiciales
como medida cautelar para salvaguardar la confianza de la
ciudadanía en su sistema de justicia.1 Esto, luego de que un
periódico de circulación general publicara que la Jueza
Carballo Nogueras era objeto de una investigación por parte
del FBI por corrupción judicial. En particular, se alegó
que la Jueza Carballo Nogueras era objeto de señalamientos
por una serie de pagos de viajes, cenas y fiestas, entre
otros. Posteriormente, el FBI desmintió que estuviera
llevando a cabo una investigación formal sobre la conducta
de la Jueza Carballo Nogueras.
Según la facultad que le confieren las Reglas de
Disciplina Judicial, 4 LPRA Ap. XV-B, el 25 de agosto
de 2014, la Directora Administrativa de los Tribunales
ordenó el inicio de una investigación sobre la alegada
conducta de la Jueza Carballo Nogueras.2 Como parte de la
investigación, la Oficina de Asuntos Legales (OAL) de la
OAT visitó el Centro Judicial de Caguas. Allí surgió
información sobre un alegado viaje al estado de la Florida
que realizó la Jueza Carballo Nogueras al que también
asistieron una conocida abogada y un fiscal de Caguas.3 A
raíz de la información provista, la OAL entrevistó y tomó
declaraciones juradas a las personas con información
1 Véase Orden Administrativa RFJ2014-287 de 22 de agosto de 2014. El 17 de marzo de 2015, se reinstaló a la Jueza Sylkia Carballo Nogueras en sus funciones judiciales. 2 Véase Orden de la Directora Administrativa de Tribunales del 25 de agosto de 2014. 3 Véase Informe de investigación de la Oficina de Asuntos Legales, pág. 1. AD-2015-02 5
pertinente sobre el asunto, a saber: el licenciado Mangual
Mangual, quien en aquél entonces ocupaba el puesto de
fiscal, y la licenciada González Cabrera. Éstos relataron
los hechos que reseñamos a continuación y que dieron lugar
a la presentación de la querella que nos ocupa.
El licenciado Mangual Mangual fungía como
representante del Ministerio Público en la sala de vistas
preliminares que atendía la Jueza Carballo Nogueras.4
Durante el mes de agosto del 2011, terminados los trabajos
del día, éste permaneció en la sala hablando con la Jueza.5
Como parte de la conversación, el licenciado Mangual
Mangual manifestó que iría de vacaciones durante el mes de
agosto a la ciudad de Fort Lauderdale, ubicada en el estado
de Florida. A esto, la Jueza respondió que ella también
disfrutaría de sus vacaciones en el mes de agosto y que
iría con su esposo a la ciudad de Orlando, Florida. El
letrado respondió que hacía años que no iba a Orlando y que
en algún momento le gustaría ir. La Jueza le indicó que
éste podía ir en carro y le informó el nombre del hotel
donde ella se hospedaría y la compañía donde podía tramitar
la reservación.6 No obstante, el licenciado Mangual Mangual
le expresó que le resultaba muy oneroso conducir en carro
tal ruta, por lo que verificaría con su compañía de avión
4 Esto, desde el año 2011 hasta marzo de 2012. 5 Era común que en la sala de la Jueza Carballo Nogueras se dieran conversaciones entre ésta y el Lcdo. Jan Mangual Mangual sobre asuntos no judiciales luego de las vistas y antes de retirarse cada cual para sus respectivas oficinas. 6 Véase Informe enmendado de conferencia con antelación a vista, estipulación de hecho núm. 16. AD-2015-02 6
“para cambiar el viaje de Fort Lauderdale” a los fines de
salir “de Puerto Rico hacia Orlando”.7
Así las cosas, el licenciado Mangual Mangual efectuó
el cambio de ruta y, además, reservó una habitación en el
mismo hotel donde se estaría hospedando la Jueza Carballo
Nogueras. La licenciada González Cabrera se enteró del
viaje en cuestión y decidió ir porque “[sus] sobrinas viven
allá y las q[uería] visitar . . . y ya que [el licenciado
Mangual Mangual y la Jueza Carballo Nogueras] [irían]”.8
Eventualmente, el viaje se llevó a cabo. Además de la
Jueza Carballo Nogueras y su esposo, asistieron el
licenciado Mangual Mangual, la licenciada González Cabrera
y un abogado que trabajaba en la oficina de esta última
acompañado de una amiga.9 La Jueza Carballo Nogueras
compartió tanto con el licenciado Mangual Mangual como con
la licenciada González Cabrera en varios parques de
diversión de Orlando. En su declaración jurada, la
licenciada González Cabrera expresó que a ella no le gusta
“Disney”, pero fue porque la Jueza Carballo Nogueras
cumplía años.10
Además del aludido viaje, la Jueza Carballo Nogueras
la licenciada González Cabrera en diversas actividades
7 Véase Declaración jurada del Lcdo. Jan Mangual Mangual, pág. 2. 8 Véase Declaración jurada del Lcdo. Jan Mangual Mangual, pág. 3. 9 Del expediente se desprende que el licenciado Mangual Mangual estuvo entre tres y cuatro días en Orlando, mientras que la Lcda. Ana Luisa González Cabrera estuvo aproximadamente dos días en tal ciudad. 10 Véase Declaración jurada de la licenciada González Cabrera, págs. 4-5. La Jueza negó este hecho e indicó que ella cumplía años en febrero, no en agosto cuando se dio el viaje. AD-2015-02 7
sociales mientras se desempeñaba como Jueza Superior. En
particular, la Jueza asistió junto a su esposo a una fiesta
de cumpleaños que celebró la licenciada González Cabrera en
su casa. También asistieron a esa fiesta otros jueces,
fiscales y abogados, principalmente del área de Caguas.
No obstante lo anterior, antes y después de las
reseñadas actividades sociales, la Jueza Carballo Nogueras
intervino en los casos en los que el licenciado Mangual
Mangual y la licenciada González Cabrera postularon.
Específicamente, del expediente se desprende que desde el
año 2002 hasta mayo de 2014, la Jueza atendió un total de
479 casos en los cuales la licenciada González Cabrera
fungió como abogada de defensa.11 No contamos con un informe
sobre la cantidad específica de casos en los que el
licenciado Mangual Mangual representó al Ministerio Público
ante la Jueza ya que los nombres de los fiscales no se
registran en los sistemas de manejo de casos. Sin embargo,
no hay controversia en cuanto a que éste “fungía como
preliminares que atendía la Jueza Carballo Nogueras”.12
En atención a lo anterior, la OAT emitió un Informe de
Investigación en el cual recomendó a la Comisión de
Disciplina Judicial (Comisión) la presentación de una
querella contra la Jueza Carballo Nogueras por violación a
11 De los 479 casos en los que la licenciada González Cabrera fungió como abogada de defensa, la Jueza Carballo Nogueras determinó causa probable para acusar en 228 casos y no causa probable para acusar en 155 casos. En 96 casos recayó sentencia mediante la cual se dispuso de los casos por desestimación, archivo y otras. 12 Véase Informe de la Comisión de Disciplina Judicial, pág. 4. AD-2015-02 8
los Cánones 8, 20(i), 23 y 34 de Ética Judicial, 4 LPRA
Ap. IV-B. Posteriormente, según exige nuestro esquema de
disciplina judicial, una comisionada rindió un informe en
el que determinó causa probable para iniciar un
procedimiento disciplinario contra la Jueza.
La OAT presentó así una querella contra la Jueza
Carballo Nogueras. Formuló dos cargos por violación a los
Cánones 8, 20(i), 23 y 34 de Ética Judicial, supra, por lo
siguiente: (1) compartir en actividades sociales con
abogados que postulaban frecuentemente en su sala y,
particularmente, al promover e invitar al licenciado
Mangual Mangual y a la licenciada González Cabrera a que
compartieran con ella durante las vacaciones en Orlando,
Florida; y (2) al intervenir, en lugar de inhibirse, en
aquellos casos en los que postulaban el licenciado Mangual
Mangual y la licenciada González Cabrera, quienes eran sus
amigos. Conforme con los cargos imputados, tales conductas
minaron la confianza pública en el sistema de justicia,
pudieron generar dudas sobre su imparcialidad para
adjudicar los casos y constituyeron apariencia de prejuicio
y parcialidad.
La Jueza Carballo Nogueras contestó la querella.13
Argumentó que, a pesar de haber participado en actividades
sociales en las que estuvieron presente el licenciado
Mangual Mangual y la licenciada González Cabrera, entendió
13 Cabe resaltar que la Jueza alegó que los hechos que motivaron el relevo de sus funciones judiciales resultaron ser falsos y no tienen nada que ver con la querella presentada en su contra. AD-2015-02 9
que podía llevar a cabo su función adjudicativa de forma
imparcial. Resaltó que el hecho de que haya atendido 479
casos en los que compareció la licenciada González Cabrera
no constituye prueba suficiente de parcialidad hacia esta
última, pues quien asigna los casos a las diferentes salas
es la Secretaría del Tribunal. Añadió que en este caso no
hubo un incidente específico que permita concluir que violó
los Cánones de Ética Judicial. Detalló, además, que sus
evaluaciones judiciales demuestran que su integridad e
imparcialidad para adjudicar nunca han sido objeto de algún
señalamiento.14
Transcurridos los trámites procesales de rigor, las
partes estipularon hechos y evidencia documental y
testifical, por lo que aceptaron someter el caso ante la
consideración de la Comisión por las constancias del
expediente.
La Comisión rindió un informe final y concluyó que la
Jueza Carballo Nogueras no incurrió en las violaciones
éticas imputadas. Ello, ya que entendió que
[a]parte de coincidir en un solo viaje a Orlando con una abogada y un fiscal que postulaban en su sala y al cumpleaños de la misma abogada . . . no hay prueba [de] que la [J]ueza Carballo Nogueras exhibiera en público un comportamiento que trascendiera los límites de lo prudentemente permisible.15
14 Sobre este particular, la Jueza Carballo Nogueras mencionó que a través de los años ha recibido las siguientes evaluaciones: en el año 2005, “muy bien calificada” en los renglones de integridad y reputación; en el año 2010, “muy bien calificada” en el renglón de integridad y “bien calificada” en el renglón de reputación o imagen pública; y en el año 2013, “muy bien calificada” en cuanto a integridad y reputación o imagen pública. 15 Informe de la Comisión, pág. 10. AD-2015-02 10
Según la Comisión, en el expediente no hay documentos
que permitan establecer que los referidos encuentros
sociales propiciaron que la Jueza actuara contrario a la
ley. Asimismo, la Comisión resaltó que no se presentó prueba
alguna de que su capacidad para adjudicar controversias de
forma imparcial se viera comprometida antes o después de las
actividades reseñadas. Finalmente, y en referencia al
Canon 34 de Ética Judicial, supra, determinó que no se
demostró la existencia de un patrón de conducta incompatible
con el ejercicio de su cargo. Ante ello, recomendó la
desestimación y el archivo de la querella.
II
El esquema de disciplina judicial se deriva de la
Constitución de Puerto Rico que, en lo pertinente, dispone
que los jueces y juezas podrán ser destituidos por este
Tribunal “por las causas y mediante el procedimiento que se
disponga por ley”. Const. PR, Art. V, Sec. 11, LPRA,
Tomo 1. Con tal de llevar a cabo tal función, aprobamos el
Código de Ética Judicial que recoge aquellas normas mínimas
de conducta “que deben cumplir celosamente quienes tienen
la encomienda de impartir justicia". Preámbulo del Código
de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B. Véase además, A. S.
Andruet et al., Ética judicial: visión latinoamericana,
México, Suprema Corte de Justicia de la Nación: Comisión
Iberoamericana e Ética Judicial, 2012, págs. 202-262.
Ciertamente, estas normas imponen limitaciones en la AD-2015-02 11
vida de quienes aceptan la encomienda de fungir como jueces
y juezas en nuestro País. Ello, pues al asumir el cargo,
los miembros de la Judicatura “aceptan también ciertas
restricciones a su conducta, tanto en el ejercicio de sus
funciones propiamente judiciales, como en sus demás
actividades, ya sean personales o profesionales”. Íd. Se
trata de sacrificios que, a fin de cuentas, enaltecen la
integridad de su ministerio y estimulan la confianza del
público en su Rama Judicial. Íd.
En el caso de autos, se imputa a la Jueza Carballo
Nogueras haber violado los Cánones 8, 20(i), 23 y 34 de
Ética Judicial, supra. Pasemos, pues, a evaluar las
coordenadas jurídicas pertinentes a tales disposiciones
particulares.
El Canon 8 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B, C. 8,
requiere que los jueces y juezas ejerzan sus funciones
judiciales de forma independiente, partiendo de una
comprensión cuidadosa y consciente de la ley y libre de
cualquier influencia ajena. Además, y de particular
pertinencia para este caso, este Canon dispone que la
conducta de los miembros de la Judicatura ha de excluir la
posible apariencia de que “son susceptibles de actuar por
influencias de personas, grupos, partidos políticos o
instituciones religiosas, por el clamor público, por
consideraciones de popularidad o notoriedad, o por
motivaciones impropias”. Íd.
Así, aparte de exigir que los jueces y juezas tomen sus AD-2015-02 12
sus determinaciones judiciales sin influencias externas, el
principio recogido en el Canon 8, supra, “también les exige
que no realicen actividades o incurran en conducta que
pueda crear la apariencia de que su imparcialidad está
comprometida. De ahí surgen variadas limitaciones que los
cánones imponen a los [j]ueces tanto en su vida profesional
como en su vida privada”. A. S. Andruet et al., op. cit.,
pág. 233 (énfasis suplido). Como corolario de lo anterior,
el juez o jueza tiene que prever y analizar las posibles
consecuencias de sus actos en términos de las impresiones
que podrían recibir terceras personas. In re Ortíz Rivera,
163 DPR 530 (2004), citando a R.J. Torres Torres, Cánones
de Ética Judicial de Puerto Rico, Año 9 (Núms. 1–4)
Forum 7, 16 (1993). Además, debe evitar situaciones que
puedan afectar negativamente su imagen y poner en duda su
recto criterio judicial. Íd., citando a L.M. Negrón, Ética
y disciplina judicial en Puerto Rico, San Juan, 1987,
pág. 131.
En aras de preservar la imparcialidad de los procesos
adjudicativos, el Canon 20 de Ética Judicial, 4 LPRA
Ap. IV-B, C. 20, enumera ciertas instancias en las que un
juez o jueza debe inhibirse de la consideración de un caso.
En lo pertinente, el inciso (i) de dicho Canon dispone que
es necesaria la inhibición de un juez o jueza por cualquier
causa “que pueda razonablemente arrojar dudas sobre
su imparcialidad para adjudicar o que tienda a minar la
confianza pública en el sistema de justicia”. Íd. AD-2015-02 13
Sobre este particular, es importante destacar que
“para que proceda la inhibición no es imprescindible probar
la existencia de prejuicio o parcialidad de hecho; basta
con la apariencia de parcialidad o prejuicio”. Ex parte
Andino Torres, 151 DPR 794 (2000) (énfasis suplido). En
este tipo de casos se requiere evaluar si la inhibición
procede desde el punto de vista de un observador o una
observadora razonable, bien informado o informada con todos
los datos relevantes que estén a la luz pública y los que
no lo están. Íd.
Se incurre en violación del citado Canon 20, supra,
cuando la conducta imputada arroja dudas sobre la
imparcialidad del juez o jueza y mina la confianza pública
en el sistema de justicia. In re Castro Colón, 155 DPR 110
(2001). Conforme con lo anterior, los miembros de la
Judicatura no deben aceptar encomiendas o labores que
pongan en riesgo “la imagen de imparcialidad y sobriedad
que enaltece a la [J]udicatura ni que arrojen dudas acerca
de su capacidad para actuar con ecuanimidad”.
In re Campoamor Redín, 150 DPR 138, 152 (2000).
En ocasiones anteriores, hemos evaluado la conducta de
jueces y juezas que, por razón de la relación entre éstos y
alguna de las partes, han empañado la imagen de
imparcialidad de su cargo al intervenir en ciertos casos.
Por ejemplo, en In re Campoamor Redín, supra, evaluamos la
conducta de un juez que anunció como testigo a un
licenciado en un caso personal y luego intervino como juez AD-2015-02 14
en unos casos en los que dicho abogado representaba a los
acusados. Allí determinamos que el juez querellado, aunque
de facto no actuó de forma parcializada, violentó los
Cánones de Ética Judicial, supra, porque se colocó en una
posición en que su imparcialidad pudo ser razonablemente
cuestionada. Íd. Expresamos que el querellado “debió velar
por que la balanza en que se pesan los derechos de los
ciudadanos est[uviese] libre de sospechas”. Íd., pág. 153.16
Asimismo, en In re Lugo Rodríguez, 149 DPR 551 (1999),
hallamos que un juez violentó los preceptos éticos
aplicables y lo censuramos por, entre otros asuntos,
rebajar la fianza de un acusado que era su vecino y
conocido de años. Entendimos que el querellado, “actuando
como juez, desplegó cuando menos un juicio poco prudente al
intervenir” en dicho asunto. Íd. 17
De otra parte, el Canon 23 de Ética Judicial,
4 LPRA Ap. IV-B, C. 23, referente a las actividades
extrajudiciales, exige que el comportamiento público de los
jueces y juezas no ponga en duda su capacidad para ejercer
16 Por tal conducta, censuramos enérgicamente al querellado y le apercibimos que no toleraríamos futuras actuaciones que frustren la fe y minen la confianza del Pueblo en el sistema de justicia. 17 Véanse, además, In re González Acevedo, 165 DPR 81 (2005)(donde suspendimos por el término que restaba de su nombramiento a una jueza que atendió varios recursos de revisión de boletos de tránsito presentados por otra jueza que, además, era su compañera de oficina); In re Suárez Marchán, 159 DPR 724 (2003) (donde censuramos enérgicamente y apercibimos a un juez que intervino en varios trámites judiciales en los que una de las partes era su amiga y quien eventualmente se convirtió en su pareja); In re Castro Colón, 155 DPR 110 (2001) (donde censuramos severamente a una jueza que emitió dos órdenes ex parte a solicitud y a favor de un alcalde municipal sin tener autoridad para hacerlo lo que, según determinamos, podría generar la apariencia de que tales actuaciones iban “dirigidas a reconocerle un privilegio especial al Alcalde o [estaban] motivadas por el favoritismo político”). AD-2015-02 15
su función adjudicativa de manera imparcial. Véase
In re Acevedo Hernández, 2015 TSPR 167, 194 DPR ___ (2015);
In re Quiñones Artau, 1 3 DPR 35 (2015). También les exige
que sus actuaciones no deshonren el cargo judicial que
ocupan ni interfieran con el desempeño de sus
funciones. Id.
Este Canon va dirigido a establecer una norma de
conducta general que responde a la alta estima y confianza
pública investida en los jueces y juezas. In re Claverol
Siaca, 175 DPR 177, 190 (2009). Su principal fin es pautar
una regla precisa para regir el comportamiento público de
los miembros de la Judicatura en el contexto de sus
actividades fuera del estrado. In re Aprobación Cánones
Ética Judicial 2005, 164 DPR 403, 445 (2005).
Finalmente, el Canon 34 de Ética Judicial, 4 LPRA
Ap. IV-B, C. 34, dispone lo siguiente:
[l]as juezas y los jueces no aceptarán invitaciones para compartir en actividades sociales cuando provienen de abogadas y abogados que con frecuencia comparecen ante la sala que presiden. Tampoco aceptarán invitaciones de personas o de abogadas y abogados cuyos intereses hayan estado, estén o sea probable que vayan a estar ante la consideración de las juezas o de los jueces. Íd. (énfasis suplido)
La prohibición codificada en este Canon pretende
proteger la imparcialidad en nuestro sistema judicial.
Ello, al proscribir actuaciones de miembros de la
judicatura que puedan dar la impresión de que las
relaciones sociales de éstos –sean de amistad, familia o AD-2015-02 16
negocio- ejercen influencias indebidas en sus
determinaciones judiciales. In re Aprobación Cánones Ética
Judicial 2005, supra, pág. 466. Véanse además, In re Ruiz
Rivera, 168 DPR 246 (2006); In re Ortíz Rivera, supra. Esto
debe ser así porque
el juez, como tal, es el árbitro designado por la sociedad, a través del Estado, para juzgar la conducta humana. Y para poder merecer el respeto de la sociedad y el acatamiento de sus decisiones, ha de ser, y ser visto, como un ser humano sin tacha. Ello exige, no solamente ser bueno, sino también parecerlo. In re Suárez Marchán, supra, citando a Carlos J. Irizarry Yunqué, La ética judicial, Forum, 1993, pág. 4.
A la luz de los preceptos éticos reseñados, procedo a
evaluar la conducta imputada a la Jueza Carballo Nogueras.
El Voto particular de conformidad se extiende y
expande en una discusión sobre las estadísticas que
presentó la Jueza Carballo Nogueras sobre los casos en los
que la licenciada González Cabrera postuló ante su sala. 18
Las usa para hallar algún resquicio que la exonere de
violar la ética judicial. Esa cifra estadística es
impertinente. Si fuéramos a utilizarla, como mínimo, habría
que compararla con las de otros jueces y juezas que
atienden una sala de vistas preliminares para luego, hacer
un análisis del por ciento de vistas en las que, de
ordinario, un juez o jueza determina causa. Asimismo,
18 En particular, entre 2002 y 2014 la Jueza atendió un total de 479 casos en los cuales la licenciada González Cabrera fungió como abogada de defensa. De estos, determinó causa probable para acusar en 228 casos y no causa probable para acusar en 155 casos. AD-2015-02 17
habría que comparar las cifras con las correspondientes a
distintos letrados en vista preliminar y ver si los por
cientos de la licenciada González Cabrera son típicos en ese
tipo de práctica.
La mención aislada de cifras y por cientos, inconexa
de referentes adecuados o lógicos, para lograr una
exoneración desesperada, no comprueba, según se pretende
establecer, que la Jueza actuó de manera imparcial en los
casos de los dos letrados con los que compartía
socialmente. No basta con resaltar que la Jueza halló causa
probable para acusar en una cantidad particular de casos.
Establecer imparcialidad requiere mucho más que unas
estadísticas huérfanas de contexto. Probar parcialidad
requeriría que: (a) la Jueza lo admita; (b) podamos leer su
mente; o (c) se determine que, con hechos similares, pero
con otros abogados ante sí, hubiese fallado de forma
distinta.
Asimismo, el Voto particular de conformidad divaga en
una discusión que parece obligar a los jueces y las juezas
a que vivan en el aislamiento. In re Ortíz Rivera, supra.
Como todos los seres humanos, los miembros de la Judicatura
tienen relaciones sociales, familias y amistades. Ahora
bien, el cargo que aceptan ocupar conlleva grandes
responsabilidades y sacrificios. Después de todo, sus
actuaciones impactan directamente la confianza del público
en sus instituciones judiciales, elemento esencial de la
legitimidad de cualquier sistema de justicia. Es por eso AD-2015-02 18
que sus interacciones sociales no pueden interferir con la
imagen de imparcialidad que debe caracterizar su cargo.
Ante situaciones como la de autos, la inhibición constituye
un mecanismo valioso para la protección de la legitimidad y
la confianza pública de la Rama Judicial. Los cánones no le
exigen a los jueces que no socialicen, meramente que no lo
hagan con abogados que postulan frecuentemente en sus
salas.
El Voto particular de conformidad confunde además la
valoración ética-judicial de la conducta de la Jueza
Carballo Nogueras con el trámite de la OAT en cuanto la
querella. No existe controversia en cuanto a que se publicó
una noticia en la cual se expresó que la Jueza Carballo
Nogueras era objeto de señalamientos por alegados pagos de
viajes, cenas y fiestas, entre otros. La expresión del FBI
sobre la falta de investigación formal de la Jueza por
presunta corrupción judicial, no obligó ni podía obligar a
la OAT en cuanto al devenir y desenlace de su
investigación. Son dos procesos separados con dos
estándares de prueba distintos –uno ético-judicial y otro
penal.19 La gravedad de los señalamientos permitía que la
entonces Jueza Presidenta tomara las medidas 19 Tal y como ha establecido reiteradamente este Alto Foro, el procedimiento criminal y el procedimiento disciplinario administrativo son independientes uno del otro. Trib. Exam. Méd. v. Cañas Rivera, 154 DPR 29 (2001); Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 DPR 85, 96-97 (1997); Mundo v. Tribunal Superior, 101 DPR 302-304-305 (1973). Ello, no sólo porque estos procedimientos aparejan diferentes grados de prueba, sino, además, porque son procedimientos de naturaleza distinta, que persiguen objetivos concretos diferentes. Trib. Exam. Méd. v. Cañas Rivera, supra. El procedimiento disciplinario ante la Comisión no va dirigido a procesar al querellado por la comisión de delitos, sino a pasar juicio sobre conducta que sostenemos constituye violaciones a los Cánones de Ética Judicial. AD-2015-02 19
cautelares que consideró necesarias. La suspensión con
paga20 y el procedimiento investigativo era permisible y
adecuado.21
Toda esta discusión pierde de perspectiva aquello que
dispone total y cabalmente de este caso: la Jueza Carballo
Nogueras compartió socialmente una y otra vez con el
licenciado Mangual Mangual y la licenciada González
Cabrera. Ambos postularon una y otra vez ante ella en la
sala que presidía. La Jueza Carballo Nogueras adjudicó una
y otra vez controversias que implicaban a las partes a
quienes el licenciado Mangual Mangual y la licenciada
González Cabrera representaban. ¿Cuál es la ambigüedad o la
confusión de la Mayoría? El expediente establece que, a
raíz de una conversación que hubo en las propias
instalaciones del Tribunal, el licenciado Mangual Mangual
cambió el itinerario de un viaje que tenía planificado
hacia una ciudad distinta a los fines de coincidir con la
Jueza en la misma ciudad y en el hotel en que ésta se
estaría hospedando. Igualmente, la licenciada González
Cabrera, al enterarse de que la Jueza y el licenciado
Mangual Mangual irían, planificó acudir y acudió a la
ciudad de Orlando, Florida. Allí la Jueza Carballo
20 Art. 6.007 de la Ley de la Judicatura, 4 LPRA sec. 25o. 21 Por lo tanto, no procede considerar como una limitación al inicio de la investigación en este caso, el hecho de que alegadamente la Jueza Carballo Nogueras se reunió con la entonces Directora de la OAT y esta determinó que no existía prueba que diera lugar a una acción disciplinaria. No tenemos constancia de lo que se conocía en ese momento ni lo que se dialogó en dicha reunión. Además, de más está señalar que sí existe prueba de una violación ética y de que la Jueza tuvo la oportunidad de expresarse sobre los cargos en su contra y presentar prueba a su favor. AD-2015-02 20
Nogueras, junto a su esposo, compartió con los letrados en
varios parques de diversión. Además, la Jueza acudió a una
fiesta de cumpleaños que llevó a cabo la licenciada
González Cabrera en su casa. A pesar de ello, la Jueza
Carballo Nogueras intervino, antes y después de tales
actividades, en aquellos casos en que los licenciados
Mangual Mangual y González Cabrera comparecieron. Reitero:
¿Cuál es la ambigüedad que impide alcancemos la conclusión
obligatoria de que la Jueza violó la ética judicial?
La Jueza Carballo Nogueras no coincidió de forma
incidental con los letrados en el referido viaje. Ello es
contrario a las determinaciones de hecho de la Comisión y
al expediente del caso.22 Según reseñé, la Comisión expuso
que el licenciado Mangual Mangual cambió la ruta de su
viaje a los fines de ir a la ciudad de Orlando luego de que
la Jueza le indicó que podía ir en carro hacia allá. Las
partes estipularon, además, que la Jueza Carballo Nogueras
compartió con el licenciado Mangual Mangual el nombre del
hotel en el cual ella se hospedaría y la compañía con la
cual podía tramitar la reservación.23 De igual forma, la
Comisión reseñó como determinación de hecho que la
licenciada González Cabrera acudió a Orlando tras enterarse
de que la Jueza y el licenciado irían y, una vez allí, el
grupo compartió en varios parques de diversión. No hay
espacio para interpretaciones alternas.
22 Nótese que los hechos reseñados por la Comisión en su Informe fueron estipulados por las partes. 23 Véase Informe enmendado de conferencia con antelación a vista, estipulación de hecho núm. 16. AD-2015-02 21
La Jueza Carballo Nogueras compartió en diversas
actividades sociales con dos abogados que postulaban
frecuentemente en la sala que presidía. Aun cuando la
Comisión estimó que la relación entre la Jueza y los
letrados no afectó su capacidad para adjudicar con
independencia, su conducta pudo generar la apariencia
proscrita por el Canon 8 de Ética Judicial, supra. Conforme
con este Canon, los jueces y juezas no sólo deben ser
imparciales a la hora de adjudicar, sino que también deben
aparentar serlo. Es por ello que la conducta de la Jueza
Carballo Nogueras está en tensión abierta con las
exigencias expresas del Canon 8, supra.
De igual forma, la Jueza Carballo Nogueras infringió
el Canon 23 de Ética Judicial, supra, que requiere que los
miembros de la Judicatura se conduzcan en su vida privada
de forma que no creen dudas sobre su capacidad para
adjudicar imparcialmente. Su confraternización social en un
viaje, en una fiesta de cumpleaños, y en otras actividades
con abogados que postulaban ordinariamente en su sala,
contravino la obligación que exige el canon y puso en
riesgo la imagen de independencia en su función judicial.
Neto: ningún ciudadano vería con buenos ojos que una Jueza
esté de fiesta con un abogado que promueve sus intereses y
los de su cliente ante su sala.
Este escenario arrojó dudas sobre su imparcialidad. La
Jueza Carballo Nogueras debió inhibirse en aquellos casos
en los que el licenciado Mangual Mangual y la licenciada AD-2015-02 22
González Cardona postulaban, según exige el Canon 20(i) de
Ética Judicial, supra, aunque entendiera que podía
adjudicarlos sin prejuicio ni parcialidad.
Así, ante el Canon 20(i) de Ética Judicial, supra, la
pregunta que debemos formularnos no gira en torno a si la
Jueza adjudicó o pudo adjudicar de forma imparcial los
casos en cuestión. Más bien, exige determinar si un
observador razonable consideraría que las interacciones
sociales en controversia pudieran afectar de algún modo su
imparcialidad. Por supuesto que hay que responder en la
afirmativa. La Jueza Carballo Nogueras fue imprudente al
intervenir en aquellos casos en los que postulaban abogados
con quienes compartió socialmente una y otra vez. Véase
In re Campoamor Redín, supra.
La conducta de la Jueza Carballo Nogueras violentó
también el Canon 34 de Ética Judicial, supra, que
expresamente prohíbe a los jueces y juezas aceptar
invitaciones para compartir en actividades sociales con
abogados y abogadas que frecuentemente postulan ante sí.
Fue eso precisamente lo que hizo la Jueza al asistir a la
fiesta de cumpleaños de la licenciada González Cabrera
quien, según se desprende del expediente del caso, postuló
en más de 400 casos en su sala. En su momento, de este
Tribunal entenderlo necesario, se podría suprimir o
modificar este canon. Sin embargo, al presente no hay razón
para ignorar la letra clara del mismo meramente porque no
queramos aplicarlo a unos hechos particulares. AD-2015-02 23
Por otro lado, es inadecuado, además de problemático,
que varios miembros de este Foro llamen la atención a que,
de todos los jueces y juezas que asistieron a la fiesta,
solo se cuestionaran los actos de la Jueza Carballo
Nogueras. Este detalle es inconsecuente y no cambia el
hecho de que la Jueza contravino varias normas de ética
judicial. La conducta inapropiada potencial de otros jueces
o juezas que también participaron del evento no exonera a
la Jueza Carballo Nogueras. En todo caso procedía ampliar
la investigación en cuanto a los otros jueces y juezas que
asistieron, alegadamente, a la actividad. En particular,
habría que examinar si la licenciada González Cabrera
también postulaba frecuentemente ante estos.24
En fin, es más que evidente que la Jueza Carballo
Nogueras transgredió los postulados éticos de los
Cánones 8, 20(i), 23 y 34 de Ética Judicial, supra. Sus
actuaciones demostraron, como mínimo, una falta de
prudencia al no abstenerse de adjudicar aquellos casos en
los que postulaban abogados con los que compartía en
actividades sociales de índole diversa. Requerir evidencia
de parcialidad para hallar violaciones éticas en casos como
el de autos, según hizo la Comisión, frustraría el fin de
los preceptos éticos discutidos, a saber: salvaguardar la
24 Igual de inconsecuente resultan las evaluaciones judiciales a las que se hizo referencia en el Voto particular de conformidad. No dudo que esta sea una buena jueza. Sin embargo, lo que está en controversia no es el desempeño de la Jueza, sino su falta de circunspección al compartir socialmente con abogados y abogadas que postulaban frecuentemente en su sala y si esos hechos conllevaron una violación ética. Es evidente que sí. AD-2015-02 24
imagen de imparcialidad y la confianza pública en la
Judicatura.
Resta, pues, determinar qué sanción disciplinaria
procedía en este caso. Para ello, resulta fundamental tener
presente las implicaciones y consecuencias de las
violaciones éticas en las que incurrió la Jueza Carballo
Nogueras. La conducta ante nuestra consideración es
sumamente seria. Mancilla el prestigio de la Rama Judicial
y perjudica la imagen de la Judicatura. Según hemos
enfatizado, la Jueza Carballo Nogueras obvió los principios
y las disposiciones expresas de nuestros Cánones de Ética
Judicial, supra, al compartir en actividades sociales con
abogados que postulaban frecuentemente ante su sala.
Intervino, además, en más de 400 casos en los que su
imparcialidad pudo ser razonablemente cuestionada. Esta
conducta es inaceptable.
En consideración a lo anterior, hubiese ordenado la
suspensión de empleo y sueldo de la Jueza Carballo
Nogueras.
Al ordenar el archivo de la querella en contra de la
Jueza Carballo Nogueras, una Mayoría olvida que
La fe de la ciudadanía en el sistema de justicia que impera en nuestro País resulta ser imprescindible para su bienestar general. Esa fe se preserva únicamente en la medida en que los ciudadanos confíen en la integridad, honestidad e imparcialidad de quienes tienen la noble encomienda de impartir justicia. La imparcialidad y objetividad con que actúen los funcionarios AD-2015-02 25
públicos encargados de esta delicada función, en los casos ante su consideración, son ingredientes indispensables de esa fe. Estas características no solamente tienen que ser reales, sino aparentes. Ciertamente, no basta con que el juez sea imparcial y objetivo; es preciso que lo parezca. Lind v. Cruz, supra, pág. 488. (Énfasis en el original)
La Mayoría incumplió con su deber de “velar porque la
balanza en que se pesan los derechos de los ciudadanos
est[é] libre de sospechas”. 25 Por esto, disiento.
Maite D. Oronoz Rodríguez Jueza Presidenta
25 In re Campoamor Redín, supra, pág. 153, citando a Valentín v. Torres, 80 DPR 463, 482 (1958) EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Sylkia Carballo Nogueras AD-2015-002
VOTO PARTICULAR DISIDENTE emitido por el Juez Asociado señor Colón Pérez.
Nuevamente, a través de este breve Voto
Particular Disidente, nos vemos en la obligación
de disentir enérgicamente del curso de acción
seguido por una mayoría de este Tribunal al
momento de imponer una sanción disciplinaria en
contra de un compañero juez o jueza por
violaciones a los Cánones de Ética Judicial, 4
L.P.R.A. Ap. IV-B. Hoy, la falta de uniformidad
que, lamentablemente ha permeado por años en este
Tribunal al momento de imponer sanciones
disciplinarias, -- y que ya parece haberse
convertido en una práctica por parte de este Alto
Foro, según del compañero o compañera de la
profesión del que se trate -–, se manifiesta una
vez más. Nos explicamos. AB-2012-046 2
I.
En el presente caso -- a grandes rasgos y en hechos
que quedaron probados ante la Comisión de Disciplina
Judicial y que acomodaticiamente se obvia mencionar en
el Voto Particular de Conformidad, -- estamos ante una
compañera jueza que, en esencia, en reiteradas
ocasiones, faltó a su deber ético, y en consecuencia
infringió los Cánones 8, 20(i), 23 y 34 de Ética
Judicial, supra. Ello, toda vez que atendió más de
cuatrocientos (400) casos en los cuales los
representantes legales de las partes (el fiscal o la
abogada) eran personas que frecuentemente postulaban en
su sala y con las cuales ésta continuamente compartía en
actividades sociales (fiestas y viajes).26 Sin duda
alguna, ante ese escenario, el sentido común y la
prudencia -- elementos esenciales del temperamento
judicial -- invitaban a que la compañera jueza se
inhibiera de atender los referidos casos que tenía ante
su consideración. Sin embargo, no lo hizo y, con su
proceder, puso en entredicho la imagen de imparcialidad
que debe permear en todo proceso judicial que se conduce
en los tribunales de nuestro País.
Los tiempos que vivimos nos exigen evaluar con
rigurosidad la conducta de todos y cada uno de los miembros
26 En total la Jueza Carballo Nogueras atendió 479 casos en los que una de las abogadas con las que frecuentemente compartía fungió como abogada de defensa, en 228 de estos casos determinó causa probable para acusar y en 155 no causa probable. En 96 casos se dispuso de los casos por desestimación, archivo y otras. AB-2012-046 3
de la Judicatura. No se trata aquí de un incidente
aislado, sino que fueron varios los casos en que la
jueza Carballo Nogueras debió inhibirse y optó por no
hacerlo.
Es menester señalar que, con nuestras expresiones
no desalentamos de modo alguno que nuestros jueces y
juezas se relacionen con los demás profesionales del
Derecho. Todo lo contrario; dichas relaciones resultan
intrínsecas a la naturaleza humana y promueven la
confianza en nuestro sistema de justicia. No obstante,
cualquier tipo de relación que entable un juez o jueza
en situaciones como la que nos ocupa, debe llevarse a
cabo dentro de un marco severo de cautela y prudencia.
Después de todo, somos nosotros, los jueces y juezas,
quienes estamos llamados a servir como figuras
imparciales en las controversias que debemos adjudicar.
Cuando, en función de nuestra responsabilidad delegada
entendemos que existe o pudiera existir algún factor que
afecte o pudiera llegar a afectar las labores que
estamos a bien realizar, todo juez o jueza tiene la
obligación inescapable de rehusarse a intervenir en
tales situaciones.
En vista de ello, y toda vez que en el presente
caso no se siguieron los lineamientos antes expuestos,
estimo que la gravedad de la conducta de la compañera
jueza Carballo Nogueras justificaba –- tal y como se ha
hecho en el pasado con otros jueces y juezas -- su
suspensión inmediata de empleo y sueldo como Jueza del AB-2012-046 4
Tribunal de Primera Instancia. Tal era el proceder más
correcto. Por no ser ese el curso de acción seguido por
una mayoría de este Tribunal, es que emitimos este breve
Voto Particular Disidente.
II.
Lo anterior, no sin antes reiterar la enorme
preocupación, manifestada ya en ocasiones previas, en
torno a la falta de uniformidad y proporcionalidad que
ha permeado por años en este Alto Foro al momento de
imponer sanciones disciplinarias a jueces y juezas, así
como a abogadas y abogados, y que, se ha sostenido, --
de una forma muy particular --, en los últimos
pronunciamientos de este Tribunal en lo que al tema de
la ética judicial se refiere.
Para una muestra de ello no hay que ir muy lejos,
basta con analizar y comparar las últimas cinco (5)
decisiones de este Tribunal en procedimientos
disciplinarios contra jueces o juezas, a saber: In re
Vissepó Vazquez, 2016 TSPR 211; In re Candelaria Rosa,
2017 TSPR 29; In re Colón Colón, 2017 TSPR 49, In re
Velez Colón, 2017 TSPR 133 (este último en calidad de
Directora Administrativa de los Tribunales) y el caso
que nos ocupa. En cada uno de estos procesos
disciplinarios, la falta de uniformidad y
proporcionalidad antes mencionada resulta evidente. Las
razones para ello, así como los motivos que se tuvieron
para imponer las correspondientes sanciones en cada uno
de esos casos, sólo una mayoría de este Tribunal las AB-2012-046 5
conoce. Lo anterior es altamente preocupante, pues la
falta de transparencia y uniformidad al momento de
ejercer nuestro deber inherente de reglamentar la
profesión de la abogacía se traduce, precisamente, en un
atentado contra la credibilidad de esta Institución.
Así las cosas, tal como lo hemos hecho en el
pasado, insistimos en que es momento de estudiar y
repensar el ordenamiento deontológico que rige la
conducta de los abogados y abogadas, así como de los
jueces y juezas, en aras de cumplir -- de manera
uniforme, y sin motivos y apasionamiento alguno -- con
la facultad constitucional e inherente que tiene este
Tribunal de reglamentar la profesión. Estamos seguros
que los jueces y juezas que componen la Rama Judicial de
Puerto Rico, los abogados y abogadas que en ella
practican, así como la comunidad en general, lo
agradecerán.
III. Por último, es menester señalar que a falta de
argumentos sólidos en derecho que legitimen su errático,
político y motivado proceder en el presente caso, el
Juez Asociado señor Martínez Torres busca crear sombras
sobre lo dispuesto por este Juez en los procesos
disciplinarios que ha tenido ante su consideración. Tal
y como nos tiene acostumbrados en este tipo de caso,
falla nuevamente el Juez Asociado señor Martínez Torres.
Y es que con tan solo una cuidadosa lectura de los votos
que quien suscribe ha emitido en los que casos a los que AB-2012-046 6
éste hace referencia, la comunidad jurídica en general
podrá percatarse de que -- independientemente del juez o
jueza del que se trate -- este juez, en la mayoría de
las instancias a las que el Juez Asociado señor Martínez
Torres hace referencia, ha acogido en toda su extensión
las recomendaciones que nos ha hecho la Comisión de
Disciplina Judicial, ente al cual este Tribunal le ha
delegado la función de atender -- en primera instancia –
- los referidos procesos disciplinarios.
Lamentablemente, el compañero Juez Asociado señor
Martínez Torres no puede decir lo mismo. En In re
Candelaria Rosa, 2017 TSPR 29, la Comisión de Disciplina
Judicial recomendó el archivo del caso y el Juez
Asociado señor Martínez Torres optó por suspender al
Juez Candelaria Rosa por tres (3) meses; en In re Colón
Colón, 2017 TSPR 49, la Comisión de Disciplina Judicial
recomendó la destitución del Juez Colón Colón y el Juez
Asociado señor Martínez Torres optó por suspenderlo tan
solo por tres (3) meses; y, finalmente en In re Vélez
Colón, 2017 TSPR 133, la Oficina de la Procuradora
General recomendó el archivo del caso y el Juez
Asociado señor Martínez Torres optó por censurar
a la Juez Vélez Colón.
Lo anterior no podía ser distinto. Lo
dispuesto por el Juez Asociado señor Martínez
Torres en los mencionados casos sólo
reflejan el color azul del cristal con que -- a AB-2012-046 7
lo largo de su estadía en este Tribunal -- éste se ha mirado y se mira.
Ángel Colón Pérez Juez Asociado
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2017 TSPR 143, Counsel Stack Legal Research, https://law.counselstack.com/opinion/in-re-hon-sylkia-carballo-nogueras-jueza-superior-tribunal-de-primera-prsupreme-2017.