In Re: Hon. Eric Colón Colón Juez Municipal Tribunal De Primera Instancia Sala Municipal De Coamo

2017 TSPR 49

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: March 31, 2017
• Docket: AD-2014-5
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Hon. Eric Colón Colón 2017 TSPR 49 Juez Municipal 197 DPR ____ Tribunal de Primera Instancia Sala Municipal de Coamo

Número del Caso: AD-2014-5

Fecha: 31 de marzo de 2017

Abogados del Querellado:

Lcdo. Francisco Joubert Lugo

Oficina de Asuntos Legales Oficina de Administración de los Tribunales:

Lcda. Ana Duque García Lcda. Cristina Guerra Cáceres Lcda. Rosa María Cruz Niemiec

Comisión de Disciplina Judicial:

Hon. Aída N. Molinary de la Cruz, Presidenta

Materia: Suspensión inmediata de tres meses de Juez Municipal por quebrantar Cánones 2, 8, 19 y 23 del Código de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hon. Eric Colón Colón Juez Municipal AD-2014-5

Tribunal de Primera Instancia Sala Municipal de Coamo

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada Señora PABÓN CHARNECO

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2017.

He aquí el dilema: la aplicación correcta de la ley o la norma jurídica no es suficiente para ejercer correctamente la función judicial. Los estilos de trabajo, de comunicación y el comportamiento del juez en y fuera del tribunal son igualmente importantes para la imagen y el logro de la justicia. L. Rivera Román y C. López Cintrón, El temperamento y la función judicial, 1 Rev. Ley y Foro 4 (2009).

Hoy este Tribunal tiene la importante tarea de

analizar un asunto novel en nuestro ordenamiento jurídico:

las implicaciones éticas que podrían suscitarse como

resultado del uso de un magistrado de las redes sociales,

en particular, la red social Facebook. Sin duda, y conforme

discutiremos, la conducta exhibida por el Hon. Eric Colón

Colón (Juez Colón Colón o el querellado), a través de su

perfil virtual en la referida red social, infringió los

Cánones de Ética Judicial, infra, que le fueron imputados. AD-2014-5 2

Consecuentemente, su conducta amerita que esta Curia ejerza

su poder disciplinario para imponerle una sanción

equivalente a la gravedad de sus actuaciones.

En ese ejercicio, es necesario hacer un balance entre

la novedad que caracteriza el uso de las redes sociales

-cuyas ramificaciones están comenzando a revelarse en

nuestra sociedad moderna- y los deberes éticos que deben

guiar a los integrantes de la judicatura tanto en el

ejercicio de sus prerrogativas adjudicativas, como en sus

vidas privadas. Ello enmarcado dentro de un análisis

objetivo de proporcionalidad, de acuerdo con el estándar de

equivalencia en la sanción que impera en nuestro

ordenamiento.

Pasemos a reseñar los antecedentes fácticos que dieron

origen a la Queja de epígrafe.

I

Desde el año 2010, el Juez Colón Colón se desempeña

como Juez Municipal del Tribunal de Primera Instancia, Sala

Municipal de Coamo. Los hechos que dieron origen al

procedimiento disciplinario iniciado en su contra

comenzaron con un referido de la otrora Directora de la

Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), Hon.

Sonia I. Vélez Colón, quien motu proprio y amparada en la

autoridad que le conferían las Reglas de Disciplina

Judicial, 4 LPRA Ap. XV-B, ordenó una investigación del

perfil virtual del Juez Colón Colón en la red social AD-2014-5 3

Facebook.1 En esa página, el querellado mantenía un perfil

en el cual, en su carácter personal, se expresaba a través

de publicaciones de diversa índole con la intención de

compartirlas únicamente con su círculo de amistades

virtuales.

Según consta en autos y conforme a dos (2)

declaraciones juradas suscritas por los señores Carlos

Otero López y Raúl Manuel Colón Vázquez, Coordinador de

Sistemas Confidenciales y el Administrador de la Oficina de

Seguridad de los Sistemas de Información de la Rama

Judicial, respectivamente, al momento de realizar la

investigación ordenada por la entonces Directora

Administrativa de la OAT, cualquier persona podía acceder

el perfil virtual del querellado.2 Dada esta realidad, y

sin necesidad de solicitarle anuencia al Juez Colón Colón

para formar parte de su círculo de amistades virtuales, los

señores Otero López y Colón Vázquez lograron acceder su

perfil con el fin único de recopilar y almacenar diversas

fotografías y comentarios que este había publicado.

1 En cuanto a este particular, las Reglas de Disciplina Judicial disponen que:

[e]l Juez Presidente o la Jueza Presidenta, un Juez Asociado o una Jueza Asociada, el Director o la Directora, podrá solicitar a iniciativa propia y por escrito, una investigación sobre la conducta o capacidad de un juez o una jueza. Dicha solicitud se considerará como una queja, sin que sea necesario cumplir con los requisitos formales del inciso (b) de esta regla. 4 LPRA Ap. XV-B, R. 5(c). 2 Además, en las declaraciones juradas suscritas por los señores Carlos Otero López y Raúl Manuel Colón Vázquez estos detallaron, inter alia, la manera en que accedieron y almacenaron la información contenida en el perfil virtual del Juez Colón Colón y señalaron que la información recopilada no fue alterada durante el proceso de almacenamiento. AD-2014-5 4

Así las cosas, mediante carta fechada el 14 de marzo

de 2014, la entonces Directora Administrativa refirió el

asunto a la Oficina de Asuntos Legales (OAL) de la OAT para

la correspondiente investigación. En su Informe, la OAL

concluyó que la conducta exhibida por el Juez Colón Colón a

través de las publicaciones hechas en su perfil virtual fue

contraria a los Cánones 2, 8, 19 y 23 de Ética Judicial.

Cán. É. Jud. P.R., 4 LPRA Ap. IV-B, C. 2, 8, 19 y 23. En

consecuencia, recomendó remitir el Informe a la Comisión de

Disciplina Judicial para que se determinara la existencia o

no de causa probable para presentar una Querella contra el

Juez Colón Colón.

Como parte de su investigación, la OAL consideró como

evidencia las fotografías y comentarios que habían sido

recopilados del perfil virtual del Juez Colón Colón por la

Oficina de Seguridad de los Sistemas de Información de la

Rama Judicial. Dada la pertinencia medular de estos para el

análisis de la controversia que nos atañe, incluimos una

transcripción ad verbatim a continuación:

Comentario del 1 de septiembre de 2011: “Una señora me dice: „No he podido pagar la renta porque a mi marido le dieron lay oss‟. Y yo en mi mente: Ay chus!”.

Comentario del 6 de septiembre de 2011: “Que bonita esta querella que me han traido [sic]!”. Junto al comentario, el Juez Colón Colón publicó dos (2) fotografías que parecen ser porciones de una querella manuscrita.

Comentario del 19 de septiembre de 2011: “Esta señora me ha dicho hoy que su hijo padece de esquizofrenia, pero anenoide. Diiitoooo ...”. AD-2014-5 5

Comentario del 8 de octubre de 2011: “Sigo acordándome de cosas: Hace algún tiempo, un señor se excusó porque no pudo compadecer al tribunal. Yo le contesté que no había ningún problema, que el tribunal estaba de lo más bien, pero que gracias por preocuparse. Lolll”.

Comentario 12 de enero de 2012: “Asi [sic] mismo como lo lee: esta persona presentó una querella porque le vendieron un carro sin batería y sin valvete”.

Comentario sin fecha de publicación: “Entonces, la peticionaria de la orden de protección, al llenar el encasillado donde se describe el tipo de relación que sostenía con el peticionado, esto fue lo que escribió”. Junto al comentario, aparece una fotografía que parece ser un formulario de orden de protección de la OAT. En el encasillado del formulario donde se indicaba “otra”, la persona escribió “me endrogue [sic]”.

En su Informe, la OAL consideró que los comentarios

anteriormente transcritos y las diversas fotografías

publicadas conjuntamente con estos estaban relacionados a

las funciones judiciales del querellado. Además, como

parte de su investigación, la OAL consideró otra serie de

publicaciones relacionadas, inter alia, al consumo de

bebidas alcohólicas y distintas observaciones del

querellado en cuanto al desempeño de la prensa.

En virtud de lo anterior, la Presidenta de la

Comisión de Disciplina Judicial, Hon. Aida N. Molinary

Cruz, designó al Comisionado Asociado, Lcdo. José L.

Miranda de Hostos, para que evaluara el Informe emitido

por la OAL y determinara la existencia o no de causa

probable para presentar una Querella contra el Juez Colón

Colón. El 1 de diciembre de 2014, el licenciado Miranda de AD-2014-5 6

Hostos emitió su Informe y determinó que existía causa

Colón por presuntamente haber infringido los Cánones 2, 8,

19 y 23 de Ética Judicial, supra.3 En consecuencia, el 12

de diciembre de 2014, la OAT presentó la Querella

correspondiente.

Luego de varias incidencias procesales, el 26 de

enero de 2015, el Juez Colón Colón contestó la Querella

presentada en su contra y solicitó su desestimación. En

apoyo de su petitorio, adujo, inter alia, que los

comentarios y las fotografías publicadas en su perfil

virtual se hicieron en su carácter personal, en la

intimidad de su hogar, y no en calidad de Juez. Alegó

someramente que los comentarios publicados se hicieron

amparados en su derecho fundamental a la libre expresión.

Señaló, además, que los Cánones de Ética Judicial están

huérfanos de una prohibición o directriz en cuanto al uso

de las redes sociales y que no existe una reglamentación

específica de la Rama Judicial en cuanto a su uso por

integrantes de la Judicatura.

Posteriormente, la OAT presentó una solicitud para la

tramitación sumaria del procedimiento disciplinario. Luego

de varias comparecencias de las partes, la Comisión de

Disciplina Judicial acogió la solicitud de la OAT y ordenó

la tramitación sumaria del procedimiento. Ello por

3 Es menester señalar que, en su Informe, el Comisionado Asociado, Lcdo. José L. Miranda de Hostos, no recomendó la imposición de medidas provisionales durante el trámite disciplinario, conforme provee la Regla 15 de las Reglas de Disciplina Judicial, 4 LPRA Ap. XV-B., R.15 AD-2014-5 7

entender que no existían hechos medulares en controversia

que ameritaran la celebración de una vista evidenciaria.

Así las cosas, la Presidenta de la Comisión emitió el

Informe correspondiente y concluyó que la conducta

exhibida por el Juez Colón Colón vía su perfil virtual de

Facebook era contraria a los postulados éticos recogidos

en los Cánones 2, 8, 19 y 23 de Ética Judicial, supra. Por

consiguiente, recomendó como medida disciplinaria la

destitución del querellado de su cargo de Juez Municipal.

Con este marco fáctico y procesal en mente,

procedemos a reseñar los preceptos éticos aplicables a la

controversia de autos.

II

A

La autoridad exclusiva de este Tribunal para atender

asuntos disciplinarios relacionados con los jueces y juezas

de los Tribunales de menor jerarquía que componen nuestro

sistema judicial es de estirpe Constitucional. In re

Acevedo Hernández, 194 DPR 344, 359 (2015). Véase, además,

In re Robles Sanabria, 151 DPR 488, 508-509 (2000). En

cuanto a este particular, nuestra Carta Magna dispone, en

lo pertinente, que los jueces y juezas del Tribunal de

Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones “podrán ser

destituidos por el Tribunal Supremo por las causas y

mediante el procedimiento que se disponga por ley”. Const.

P.R. Art. V, Sec. 11. AD-2014-5 8

Con el fin de instrumentalizar esa autoridad,

“aprobamos los Cánones de Ética Judicial […], los cuales

imponen ciertos deberes a los jueces con el fin de promover

la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema

judicial”. In re Quiñones Artau, 193 DPR 356, 376 (2015).

Véanse, además, In re Sierra Enríquez, 185 DPR 830, 850

(2012); In re Claverol Siaca, 175 DPR 177, 188 (2009). Este

cuerpo normativo recoge las reglas mínimas de conducta que

deben guiar a ese grupo selecto de ciudadanos que tiene el

privilegio de investirse con una toga para ejercer la

loable función de impartir justicia. Preámbulo de los

Cánones de Ética Judicial de 2005, 4 LPRA Ap. IV-B. Véanse,

además, In re Claverol Siaca, supra, pág. 188; In re

Birriel Cardona, 184 DPR 301, 306-307 (2012).

Sin duda, la regulación ética de aquellos ciudadanos

que ejercen la función judicial es exponencialmente más

rigurosa en comparación con otras profesiones en nuestra

jurisdicción. Ello responde esencialmente a las sutilezas

inherentes a la función judicial. Ante tal inescapable

realidad, hemos expresado que las exigencias éticas que

rigen la conducta de los miembros de la judicatura no

aplican únicamente a la conducta del togado en el ejercicio

de las prerrogativas de su cargo, sino que se extienden al

ámbito de su vida privada. In re Claverol Siaca, supra, en

la pág. 189; In re González Acevedo, 165 DPR 81, 92 (2005).

La configuración de estas exigencias éticas, tanto dentro

como fuera del estrado, responde a que “el respeto que la AD-2014-5 9

gente le tenga a las instituciones judiciales es lo que

brinda a éstas fuerza y autoridad”. In re Cancio González,

190 DPR 290, 298 (2014).

El sitial privilegiado que ocupa un juez en nuestro

ordenamiento conlleva que se impongan restricciones a su

conducta que generalmente no se les exigirían a otros

profesionales. Así pues, “estas limitaciones constituyen

sacrificios en …[la] vida pública y privada [del Juez] que

tienen el propósito de enaltecer la integridad e

independencia de la Judicatura”. In re Claverol Siaca,

supra, en la pág. 188. No debemos olvidar que la función

del Juez como garante de la Constitución y árbitro

imparcial de la justicia le impone la constante e

ineludible obligación de enaltecer los principios

consustanciales a uno de los pilares de mayor envergadura

en nuestra sociedad democrática: la independencia judicial.

B

El Canon 2 de Ética Judicial dispone que “[l]as juezas

y los jueces ejemplificarán la independencia judicial,

tanto en sus aspectos individuales como institucionales”. 4

LPRA Ap. IV-B, C. 2. En esencia, este Canon establece el

deber y la obligación inalienable de los integrantes del

poder judicial de proteger, promover y ejemplificar la

independencia de la rama constitucional a la cual sirven.

In re Aprobación Cánones Ética 2005, 164 DPR 403, 411

(2005). Conforme surge de su historial, el referido Canon

se inspiró en el concepto de independencia judicial AD-2014-5 10

contenido en Los Principios de Bangalore sobre la Conducta

Judicial. Íd. En lo atinente a este particular, los

Principios de Bangalore que inspiraron este Canon de nuevo

cuño disponen que “[u]n juez exhibirá y promoverá altos

estándares de conducta judicial, con el fin de reforzar la

confianza del público en la judicatura, que es fundamental

para mantener la independencia judicial”. Principios de

Bangalore sobre la conducta judicial, O.N.U., Comisión de

Derechos Humanos, 59°. Sesión, Tema 11d, E/CN.4/65 (2003).

Conforme puede apreciarse, este Canon recoge el principio

de independencia judicial que debe permear en las

actuaciones de los integrantes de la judicatura en todo

momento. Principalmente, la premisa que inspira este Canon

es que la independencia judicial se legitima conforme al

grado de confianza y respeto que el público le tenga a la

judicatura como institución.

Por su parte, el Canon 8 de Ética Judicial regula la

conducta que deben exhibir los magistrados en el desempeño

de sus funciones adjudicativas4 y les impone el deber de

actuar libres de influencias externas, ya sean directas o

indirectas. In re Claverol Siaca, supra, en las págs. 189-

190. En ese sentido, deberán ser prudentes, serenos e

4 Es menester señalar que aunque el Canon 8 está “bajo el acápite de Función Judicial Adjudicativa en los Cánones de Ética Judicial de 2005, ello no significa que la conducta que se requiere de los miembros de la Judicatura en los procesos adjudicativos no sea exigible en sus demás funciones o en su comportamiento fuera de sala”. In re Claverol Siaca, 175 DPR 177, 196-197 (2009). AD-2014-5 11

imparciales y su conducta debe excluir cualquier apariencia

de susceptibilidad a influencias políticas, religiosas y

públicas, o a cualquier otra motivación impropia. 4 LPRA

AP. IV-B, C. 8. Un estudio del historial del referido Canon

revela que su propósito es “enfatizar el principio de la

independencia de criterio judicial por el cual deben

regirse los miembros de la judicatura durante el desempeño

de la función adjudicativa”. In re Aprobación Cánones Ética

2005, supra, en la pág. 419. Véase, además, In re Quiñones

Artau, supra, en la pág. 25. Además, pretende evitar que

los jueces adjudiquen controversias cegados por la

autoridad que les confiere la investidura judicial. Íd.

Véanse, además, In re Sierra Enríquez, supra, en la pág.

851; In re Cruz Aponte, 159 DPR 170, 180 (2003).

Por otro lado, el Canon 19 de Ética Judicial, 4 LPRA

Ap. IV-B, C. 19, limita de manera abarcadora las expresiones

de un magistrado relacionadas a casos sub judice.

Específicamente, el Canon 19, supra, dispone que “[l]as

juezas y los jueces no harán declaraciones públicas sobre

asuntos que estén sometidos ante su consideración, ni

explicarán la razón de sus actuaciones”. No obstante, esta

prohibición excluye aquellas explicaciones que pueda ofrecer

un miembro de la Judicatura “cuyo propósito sea orientar o

ilustrar al público presente en la sala, sobre la decisión

emitida o para explicar algún aspecto del procedimiento para

evitar impresiones erróneas”. In re Aprobación Cánones Ética

2005, supra, en la pág. 436. AD-2014-5 12

Conforme hemos mencionado, la función de un magistrado

es de envergadura tal que se les exige conducirse éticamente

en todo momento, tanto en el ejercicio de las prerrogativas

de sus cargos, así como en sus actividades extrajudiciales.

En esencia, de lo que se trata es de exigirles a los jueces

y juezas “un tipo de comportamiento, tanto dentro como fuera

del tribunal, que vaya dirigido a enaltecer el cargo

judicial y fomentar el respeto hacia este”. In re Quiñones

Artau, supra, en la pág. 34. Véanse, además, In re Cruz

Aponte, supra; In re Nevárez Zavala, 123 DPR 511 (1989). De

modo que, sus actuaciones fuera del estrado no levanten

cuestionamientos sobre su capacidad para ejercer sus

prerrogativas judiciales de manera imparcial y no deshonren

el cargo judicial que ocupan. In re Quiñones Artau, supra,

en las págs. 33-34. Véase, además, In re Santiago

Concepción, 189 DPR 378, 403 (2013).

Este principio quedó consagrado en el Canon 23 de

Ética Judicial el cual dispone que “[l]as juezas y los

jueces se comportarán públicamente de manera que sus

actuaciones no provoquen dudas sobre su capacidad para

adjudicar imparcialmente las controversias judiciales, no

deshonren el cargo judicial y no interfieran con el cabal

desempeño de sus funciones judiciales”. 4 LPRA Ap. IV-B,

C.23. El referido Canon aspira a “establecer una norma

general precisa para regir el comportamiento público de las

juezas y jueces en el ámbito de sus actividades fuera del

estrado”. In re Aprobación Cánones Ética 2005, supra, en la AD-2014-5 13

pág. 445. En esencia, este Canon “va dirigido a pautar una

norma de conducta general que responde a la alta estima y

confianza pública de la que gozan los miembros de la

Judicatura. Así, pues, se espera que los jueces, a través

de sus acciones, no lesionen la imagen del sistema

judicial”. In re Claverol Siaca, supra, en la pág. 190.

Sin duda, la extrapolación de la regulación ética del

estrado al ámbito privado y personal de un magistrado

representa parte de los sacrificios que conlleva el

ejercicio de la profesión judicial. Los principios

democráticos básicos que un integrante de la judicatura

representa y está llamado a tutelar hacen que en el

contexto ético-profesional se les exija más y se les tolere

menos que a otros profesionales.

III

En las últimas décadas, los foros tradicionales de

comunicación que sirven de escenario para la interacción

interpersonal se han extrapolado, en su gran mayoría, al

mundo virtual. Las redes sociales han tenido una particular

preeminencia en esta nueva plataforma de comunicación y de

intercambio de información. Las ramificaciones inherentes

al uso exponencial de este medio novedoso de comunicación

suponen una reconstrucción de nociones tradicionales de

conceptos tales como la privacidad y la libertad de

expresión. Sin lugar a dudas, la extensión de las

consecuencias de su uso está recién comenzando a revelarse.

El ámbito ético-judicial no ha estado inmune a este AD-2014-5 14

fenómeno socio-cultural que ha invadido todas las esferas

de interacción interpersonal en nuestra sociedad moderna.

Dada su patente novedad y debido a que en nuestro

ordenamiento no existen regulaciones específicas o

pronunciamientos anteriores de este Tribunal que tracen los

limítrofes entre la ética judicial y el uso de las redes

sociales, es necesario auscultar, para fines ilustrativos,

el trato que le han dado otras jurisdicciones a este tema

en aras de arrojar luz a algunas tendencias que puedan

guiarnos en la resolución de la controversia que nos ocupa.

Un recorrido por distintos estados de la Nación devela

un sinnúmero de opiniones judiciales y consultivas en

materia ético-judicial que convergen en el siguiente

axioma: la participación de los jueces y juezas en las

distintas redes sociales a su alcance no es una violación

per se de los Cánones de Ética Judicial. No obstante, estos

deben ser cautelosos y cerciorarse que su uso se ajuste a

los preceptos éticos que rigen en la jurisdicción donde

ejercen sus funciones judiciales.

En cuanto a este particular, la American Bar

Association (ABA) ha expresado que, como normal general,

“[a] judge may participate in electronic social networking,

but as with all social relationships and contacts, a judge

must comply with relevant provisions of the Code of

Judicial conduct and avoid any contact that would undermine

the judge´s independence, integrity, or impartiality, or AD-2014-5 15

create an appearance of impropriety”. ABA Comm. On Ethics &

Prof´l Responsibility, Formal Op. 462, Judge´s Use of

Electronic Social Networking, pág. 1 (2013).5 A pesar de

reconocer las virtudes de las redes sociales por entender

que representan una herramienta que evita que los jueces

vivan enajenados de la sociedad, la Opinión Formal 462 de

la ABA delimita a grosso modo hasta qué punto su uso puede

desembocar en violaciones éticas. En ese sentido, dispone

que los magistrados que decidan participar en una red

social deben presumir el carácter público y la facilidad de

difusión de lo que publiquen en estos medios de

comunicación virtual. Íd. en las págs. 1-2. Además,

advierte que, aunque no se les prohíbe su participación en

las redes sociales, los jueces deben ser muy circunspectos

al utilizarlas. Ello principalmente para evitar cualquier

conducta que mancille la confianza de la ciudadanía en la

judicatura y comprometa la independencia, integridad e

imparcialidad que todo magistrado tiene el deber de

enaltecer desde que asume el cargo judicial. Íd.

De igual modo, se han emitido varias opiniones

consultivas de distintos comités de ética judicial a través

de la Nación que atienden los limítrofes de la ética

judicial y el uso de las redes sociales. Así, por ejemplo,

el Comité de Ética Judicial del estado de Nueva York, al

abordar este tema, ha expresado que no es inherentemente

5 Disponible en: http://www.americanbar.org/dam/aba/administrative/professional_respons ibility/formal_opinion_462.authcheckdam.pdf AD-2014-5 16

inapropiado que un magistrado participe en las redes

sociales, sino que la controversia real recae sobre cómo

las utiliza. N.Y. Advisory Comm. On Judicial Ethics, Op.

08-176 (2009).6 De forma similar a la Opinión Formal de la

ABA anteriormente reseñada, concluye que los jueces deben

ejercer cautela al utilizar las redes sociales y que su uso

debe cumplir con las reglas de conducta judicial que rigen

en esa jurisdicción. Íd. Véase, además, Ethics Comm. of the

Ky. Judiciary, Formal Ethics Op. JE-119, pág. 5 (2010).

Además, advierte que, debido a que las redes sociales están

en un estado constante de metamorfosis, es imposible

predecir taxativamente todos los escenarios que podrían

conllevar violaciones éticas. En ese sentido, les hace un

llamado a los magistrados para que se mantengan al tanto de

estos cambios y analicen cómo estos podrían impactar sus

deberes éticos. Íd. en la pág. 3.

Por otro lado, varios comités de ética judicial

coinciden en que el mero hecho de que la conducta de un

magistrado se dé en un contexto virtual no altera las

obligaciones éticas que, de ordinario, gobernarían la

interacción interpersonal de un magistrado fuera de la

esfera virtual. La médula del asunto recae no en el medio a

través del cual se dé la conducta, sino en el uso y la

naturaleza de la conducta exhibida en esa plataforma por el

magistrado. Véanse, Cal. Judges Association Ethics Comm.,

6 Disponible en: http://www.courts.state.ny.us/ip/judicialethics/opinions/08-176.htm AD-2014-5 17

Op. 66 (2010);7 Md. Judicial Ethics Comm., Published Op.

2012-07 (2012);8 Tenn. Judicial Ethics Advisory Comm., Op.

2010-06 (2010).9 En cuanto a este particular, la Asociación

de Jueces de California ha expresado que “[t]he same rules

that govern a judge‟s ability to socialize and communicate

in person, on paper and over the phone apply to the

Internet”. Cal Judges Association Ethics Comm., Op. 66,

supra, en la pág 3. En otras palabras, no es incompatible

utilizar la tecnología para hacer lo que, de otro modo,

sería permisible bajo las normas éticas aplicables en la

jurisdicción donde un magistrado ejerce sus funciones

adjudicativas. Íd. en la pág. 4. En ese sentido, la

Asociación de Jueces de California, puntualiza que “[i]t is

the nature of the interaction that should govern the

analysis, not the medium in which it takes place”. Íd. en

la pág. 11.

En fin, la discusión anterior devela un evidente

consenso en cuanto a lo siguiente: la participación de un

magistrado en las redes sociales es permisible siempre y

cuando su uso y la naturaleza de la conducta exhibida en

esa plataforma no sean contrarias a los postulados éticos

que rigen en la jurisdicción en la cual ejerce sus

funciones adjudicativas. De modo que el magistrado que

7 Disponible en: http://www.caljudges.org/docs/Ethics%20Opinions/Op%2066%20Final.pdf 8 Disponible en: http://mdcourts.gov/ethics/pdfs/2012-07.pdf 9 Disponible en: http://www.tncourts.gov/sites/default/files/docs/advisory_opinion_12- 01.pdf AD-2014-5 18

decida hacer uso de las redes sociales deberá proceder con

el mayor grado de circunspección, pues es imposible prever

todas las ramificaciones éticas inherentes al uso de estas

novedosas plataformas de comunicación.

IV

Conforme adelantamos, con su conducta, el Juez Colón

Colón infringió los Cánones 2, 8, 19 y 23 del Código de

Ética Judicial, supra. Si bien es cierto que existe un

consenso en cuanto a que los jueces no están vedados de

utilizar las distintas redes sociales que tienen a su

alcance, el uso que el Juez Colón Colón le dio a este medio

de expresión tuvo el efecto de infringir los deberes éticos

dimanantes de los cánones previamente mencionados. La

aplicación de los Cánones de Ética Judicial no se extingue

por el mero hecho de que la conducta sancionada se haya

efectuado a través de un medio virtual. Como vimos, lo

esencial es analizar el uso que se le da al medio y el

contenido de las expresiones ahí publicadas. El medio a

través del cual se da la conducta no es, por sí solo,

determinante.

La conducta exhibida por el Juez Colón Colón no sirvió

otro propósito que no fuera socavar el respeto y la

confianza de la ciudadanía en la Rama Judicial.

Precisamente, es esa confianza la que nutre la

independencia judicial y a su vez legitima el andamiaje en

el cual se edifica la función judicial propiamente. Sus

comentarios mofantes, imprudentes y carentes de AD-2014-5 19

sensibilidad tuvieron el efecto inescapable de menguar la

confianza de la ciudadanía en la Rama Judicial y ultrajaron

la independencia judicial que todo magistrado tiene el

deber de ejemplificar tanto dentro como fuera del estrado.

Con sus comentarios innecesarios y burlones, el Juez Colón

Colón quebrantó los postulados éticos recogidos en el Canon

2, supra. Además, su conducta demostró imprudencia y falta

de serenidad. Al así actuar, quebrantó los principios del

Canon 8 de Ética Judicial.

Por otro lado, a través de sus publicaciones, el Juez

Colón Colón hizo caso omiso a la prohibición recogida en el

Canon 19, supra. Ello al comentar públicamente, en más de

una ocasión, sobre asuntos relacionados a sus funciones

adjudicativas. Específicamente, publicó en su perfil

virtual comentarios a través de los cuales se burló del

contenido de una orden de protección y de una Querella

presentada por ciudadanos que comparecieron ante él. Como

si ello fuera poco, acompañó los referidos comentarios de

fotografías de documentos judiciales en los cuales se

pueden observar extractos de la referida Querella y orden

de protección. El hecho de que, como normal general, esos

documentos estén disponibles al público y que no se

revelara la identidad de él o la ciudadana que compareció a

su Sala no exime al Juez Colón Colón de adherirse a la

prohibición contenida en el Canon 19 de Ética Judicial,

supra. AD-2014-5 20

Conforme hemos mencionado, los magistrados deben

atenerse a los postulados éticos recogidos en los Cánones

de Ética Judicial tanto en el desempeño de sus funciones

adjudicativas como en sus vidas privadas. Examinado en

conjunto, el comportamiento público exhibido por el Juez

Colón Colón a través de su perfil virtual, sin duda,

violentó el estándar de conducta impuesto por el Canon 23

de Ética Judicial, supra. Sus comentarios despiadados y

bufones hacia los ciudadanos que comparecieron a su Sala en

busca de un remedio en nada honran el cargo judicial que

este ocupa y representan un desafío a la integridad de la

Rama Judicial. Sus publicaciones, accesibles al público en

general, fomentaron una cadena de reacciones que dieron pie

a que otras personas también se burlaran de las causas

judiciales de estos ciudadanos. La mayoría de sus

comentarios estaban permeados de un tono despectivo y

humillante. El querellado intentó justificar sus

comentarios bajo el pretexto de que estos estaban

enmarcados fundamentalmente en “correcciones gramaticales”.

No obstante, estos destilan falta de empatía y una

enajenación total de las realidades de algunos sectores de

nuestra sociedad. Esto es, sencillamente, inaceptable. La

verdadera justicia no se mide en función del grado de

educación que tenga un ciudadano.

Las personas que acuden a los foros judiciales lo

hacen bajo el entendido básico de que el magistrado que

preside una Sala atenderá su petitorio con el mismo grado AD-2014-5 21

de seriedad que para ellos tiene su causa de acción, no

para recibir un trato humillante. La falta de respeto

exhibida por el Juez Colón Colón, reflejada en sus

comentarios insensibles hacia los ciudadanos que

comparecieron a su Sala, tiene el ineludible resultado de

lacerar la imagen de la Rama y en nada enaltecen el cargo

judicial que este tiene el privilegio de ocupar. Sin lugar

a dudas, con sus comentarios, el Juez Colón Colón se apartó

de aquella conducta que se espera de un magistrado en su

vida privada. Esta debe ser un reflejo de la ecuanimidad,

solemnidad, decoro y respeto que se le exige en sus

funciones adjudicativas.

Pasemos entonces a analizar, bajo el estándar de

equivalencia en la sanción que impera en nuestra

jurisdicción, la sanción disciplinaria correspondiente a la

gravedad de las faltas éticas cometidas por el querellado.

Veamos.

V

Contrario a otras jurisdicciones, nuestro ordenamiento

ético-disciplinario carece de un listado uniforme de faltas

éticas con las correspondientes sanciones aplicables que

nos guíe al momento de ejercer nuestra facultad

disciplinaria para sancionar a un integrante de la

profesión legal. Sigfrido Steidel Figueroa, Ética y

Responsabilidad Disciplinaria del Abogado, Estados Unidos,

Pubs. J.T.S., 2010, pág. 368. Es decir, tanto en el Código

de Ética Profesional como en el Código de Ética Judicial, AD-2014-5 22

“las sanciones no están predeterminadas por tipos de

infracción” de modo que, “no existen categorías de faltas

con las correspondientes categorías de sanciones

aplicables”.10 Íd. En ese sentido, este Tribunal goza de un

amplio grado de discreción al momento de ejercer nuestras

prerrogativas disciplinarias y determinar la sanción que ha

de imponérsele a un integrante de la profesión legal que ha

quebrantado los preceptos éticos que rigen nuestro

ordenamiento disciplinario.

No obstante, en aras de brindarle coherencia y

consistencia al desarrollo de los principios enunciados en

estos cuerpos normativos, hemos limitado esa discreción de

manera que nuestra facultad disciplinaria no se convierta

en un ejercicio inconsistente y arbitrario de poder. En ese

sentido, hemos expresado que al descargar nuestras

funciones disciplinarias tenemos el deber de “tratar faltas

parecidas de modo análogo y [así] mantener la

reglamentación ético-profesional como cuerpo normativo

coherente”. In re Díaz Alonso, Jr., 115 DPR 755, 761

(1984). Véase, además, In re De León Rodríguez, 190 DPR

10 Es menester señalar que, a pesar de que el Código de Ética Judicial no especifica qué sanción corresponde a una violación ética, el Artículo 6.002 de la Ley Núm. 201-2003, conocida como Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, 4 LPRA sec. 25j, dispone las distintas sanciones disciplinarias a las que podrían estar sujetos los miembros de la Judicatura de incurrir en una violación ética, a saber:

(a) Destitución de su cargo; (b) Suspensión de empleo y sueldo; (c) Limitaciones al ejercicio de la abogacía, incluyendo el desaforo; (d) Censura; (e) Amonestación; o (f) Cualquier otra medida remediativa. AD-2014-5 23

378, 396 (2014). Después de todo, “[l]a permanencia y

utilidad del sistema ético profesional depende, en buena

medida, de unos patrones o guías identificables en la

jurisprudencia sobre la materia”. In re Díaz Alonso, Jr.,

supra, en la pág. 761.

De igual manera, y en el contexto de un procedimiento

disciplinario contra dos (2) juezas municipales, señalamos

que “[c]asos similares ameritan sanciones similares”. In re

González Acevedo, supra, en la pág. 104. A contrario sensu,

hemos expresado que cuando nos apartemos de precedentes

similares en casos que presentan controversias y

situaciones de hechos análogos debemos ofrecer una

explicación que justifique ese proceder. In re Villalba

Ojeda, 193 DPR 966, 983 (2015). Pues solo de esta manera,

“evitamos la arbitrariedad y logramos una reglamentación

ética coherente y uniforme”. Íd. Véase, además, In re

Rivera Nazario, 193 DPR 573, 587 (2015).

Ahora bien, a pesar de que esa es la norma de

interpretación que debe regirnos al momento de determinar

la sanción correspondiente en procesos disciplinarios, en

la práctica no siempre ha sido así. Lamentablemente, han

sido limitadas las ocasiones en las que esta Curia se ha

dado a la tarea de llevar a cabo un análisis comparativo de

casos análogos con el fin de determinar la sanción

disciplinaria correspondiente en un caso ético ante su

consideración. Steidel Figueroa, op.cit., en la pág. 369. AD-2014-5 24

Véanse, además, In re Rivera Ramos, 178 DPR 651 (2010); In

re González Acevedo, supra.

Sin embargo, en esta ocasión, no claudicaremos en

nuestro deber de realizar un análisis íntegro y ponderado

de los precedentes jurisprudenciales en aras de lograr una

mayor equivalencia en la imposición de sanciones

disciplinarias. Máxime, cuando se trata de un caso en el

cual se recomienda imponer la sanción disciplinaria más

inclemente, a saber: la destitución de un juez.

De conformidad, a continuación, llevaremos a cabo un

ejercicio analítico de las distintas instancias en las

cuales este Foro ha destituido a un integrante de la

judicatura por haber infringido los Cánones de Ética

Judicial.

A.

En el pasado siglo, este Tribunal ha destituido jueces

en menos de treinta (30) ocasiones.11 Un análisis ponderado

de la jurisprudencia emitida en materia ético-judicial

devela que este alto foro ha impuesto la sanción de

destitución de manera excepcional y ante conducta con un

alto grado de severidad.

11 Para un recuento de las decisiones en las cuales este alto Foro ha impuesto la sanción de destitución a integrantes de la Rama Judicial para los años 1992-2012, véase, Compilación de Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico Relacionada con Querellas de Ética Judicial, Tribunal Supremo de Puerto Rico Comisión de Disciplina Judicial (2012), Volúmenes I y II. Para aquellos casos que comprenden el periodo 2013 al día presente, véase, Portal Cibernético de la Rama Judicial, http://www.ramajudicial.pr/opiniones/. AD-2014-5 25

Así, este Tribunal ha destituido Jueces por, inter

alia, cometer asesinato en primer grado, In re Dávila, 79

DPR 816 (1957); consumir sustancias controladas, In re Ruiz

Rivera, 168 DPR 246 (2006), In re Santiago Concepción,

supra; hostigamiento sexual, In re Robles Sanabria, supra;

violencia doméstica, In re Santiago Concepción, supra;

sostener relaciones sexuales adúlteras en el despacho, In

re Marín Báez, 81 DPR 274 (1959), In re Rodríguez Torrales,

81 DPR 643 (1960); agresión y conducta violenta y

desordenada, In re Brignoni, Juez, 84 DPR 385 (1962) (en el

cual destituimos a un Juez por agredir a una mujer, luego

de que esta se negara a sostener relaciones sexuales con

él), In re De Castro, 100 DPR 184 (1971) (en el cual

destituimos a un Juez por agredir a un Juez Administrador

en las inmediaciones del Tribunal y amenazar con un arma de

fuego cargada a un ciudadano durante un altercado), In re

Rivera Escalera, 75 DPR 43 (1953) (en el cual destituimos a

un Juez por disparar un arma en un restaurante); consumir

bebidas embriagantes durante horas laborables, In re

Nevárez Zavala, supra; y, participar activamente en un

esquema de adulteración de leche de vaca para consumo

humano, In re Calzada Llanos, 124 DPR 411 (1989).

Como puede observarse, la mayoría de la conducta

anteriormente descrita es constitutiva de delito o es tan

ominosa que no deja espacio para otra sanción que no sea la

destitución. Por otro lado, este Foro ha destituido jueces

por conducta que incide directamente sobre su imparcialidad AD-2014-5 26

al adjudicar controversias o representan un abuso de poder.

En ese sentido, hemos destituido jueces de sus cargos por

manipular testimonios e intimidar o interferir con

testigos, In re Luis Acevedo, 82 DPR 744 (1961), In re

Jackson Sanabria, 97 DPR 1 (1969), In re Rivera Escalera,

supra, In re Quesada, 82 DPR 65 (1961) (en el cual

destituimos a un Juez por prometerle a un abogado de

defensa ayudarlo en dos casos criminales que se verían ante

él y, a esos efectos, personalmente visitó a testigos de

cargo y les informó que no tenían que ir al juicio para el

cual habían sido citados); negligencia inexcusable o

ineptitud manifiesta en el desempeño de sus funciones

judiciales, In re Navarro Ortiz, 60 DPR 485 (1942) (en el

cual destituimos a un Juez, inter alia, por incompetencia

al tramitar una declaratoria de herederos, negligencia

inexcusable al resolver un habeas corpus basándose en

prueba que nunca se presentó, y alterar con su puño y letra

una transcripción de una minuta para conformarla

maliciosamente a la sentencia dictada); abuso de poder y de

las facultades de su cargo al utilizar su título como

instrumento de intimidación o presión, In re Rivera

Escalera, supra, In re Marrero Torres, 113 DPR 113 (1982);

In re Hernández Enríquez, 115 DPR 472 (1984); y, por faltar

a su deber de inhibición e interferir indebidamente

utilizando el prestigio y autoridad del cargo para

beneficio y/o interés personal, In re Ramos Mercado, 170 AD-2014-5 27

DPR 363 (2007), In re Eduardo Grau Acosta, 172 DPR 159

(2007).

Asimismo, tan reciente como el año 2015, este Tribunal

tuvo la lamentable tarea de disciplinar a dos (2) jueces

por incurrir en conducta constitutiva de soborno y

conspiración, imparcialidad y abuso de las facultadas del

cargo judicial, entre otras actuaciones adicionales que no

daban margen para otro proceder que no fuera destituirlos

de sus cargos judiciales. Véanse, In re Quiñones Artau,

supra; In re Acevedo Hernández, supra. Como puede

observarse, nuevamente se trataba de conducta constitutiva

de delito o que constituía un abuso desmedido del poder

B.

A la luz de esta progenie, nos corresponde determinar

la sanción correspondiente. Si bien es cierto que no existe

un caso exactamente análogo al de autos, ello por ser la

primera vez que este Tribunal analiza las implicaciones

éticas del uso de las redes sociales por parte de un

integrante de la Rama Judicial,12 la discusión anterior

12 Es menester destacar que, en una ocasión anterior, nos negamos a imponer una sanción disciplinaria a un Juez Superior por conducta éticamente impropia debido a que era la primera vez que nos expresábamos sobre la controversia y, por lo tanto, no existían pronunciamientos claros del Tribunal sobre la conducta que dio paso a la Querella. Véase, In re Almodóvar Marchany, 167 DPR 421 (2006). En aquella ocasión tuvimos que acudir a otras jurisdicciones para analizar si un juez, asignado a una Sala de Relaciones de Familia, estaba impedido, por razones éticas, de enviar una carta de recomendación al Departamento de la Familia, identificándose como juez, en papel oficial del Tribunal General de Justicia, para expresarse favorablemente sobre las cualificaciones de una compañera jueza para el licenciamiento de su hogar como hogar de crianza. Además, pesó en nuestro análisis el hecho de que el juez querellado nunca había sido sancionado en el pasado por faltas éticas. AD-2014-5 28

demuestra sin ambages que en las contadas instancias en las

cuales este Foro ha tenido que destituir a un integrante de

la judicatura, la conducta sancionada ha sido mucho más

severa en comparación con aquella exhibida por el Juez

Colón Colón. No obstante, esta realidad no justifica la

conducta del querellado y mucho menos representa un

obstáculo a nuestra autoridad disciplinaria para

sancionarlo.

Conforme vimos, han sido limitadas las instancias en

las cuales este Foro ha tenido que destituir a un

integrante de la judicatura de su cargo y la conducta

sancionada ha sido más ominosa que aquella manifestada por

el querellado. Si bien no se justifican, no nos parece que

las actuaciones del Juez Colón Colón se asemejen a la

conducta descrita en los casos anteriormente citados, a tal

extremo que merezca una sanción equivalente a aquella

impuesta por este Tribunal en esas instancias particulares.

Sería incorrecto sostener objetivamente que la conducta del

Juez Colón Colón es análoga a los casos anteriormente

descritos, a tal extremo que sería proporcional imponerle

una sanción tan severa como la destitución.

Según discutimos, para determinar la sanción que

debemos imponerle al Juez Colón Colón es necesario hilvanar

la casuística aplicable para equiparar, lo mejor posible,

las sanciones impuestas en otras circunstancias y en

contextos similares al de autos. En la mayoría de los casos

en los cuales tanto abogados como Jueces han incurrido en AD-2014-5 29

conducta irreverente, despectiva y poco profesional hacia

aquellas personas involucradas en el proceso judicial, y

que ha tenido el efecto de lacerar la imagen, el honor y la

dignidad de la Rama Judicial y, por consiguiente, la

confianza del Pueblo en el sistema de justicia, este

Tribunal se ha limitado a censurar la conducta imputada.13

Así, por ejemplo, en In re Saavedra Serrano, 165 DPR

817 (2005), censuramos con un apercibimiento de futuras

infracciones a un letrado que se condujo de manera

irreverente y amenazante contra un ciudadano indigente y

con una condición mental en una vista que presidió mientras

fungía como Juez Municipal. A esos efectos expresamos que:

la conducta del querellado no fue serena, imparcial y respetuosa, tal y como se exige de los jueces y de los abogados, sino todo lo contrario. El licenciado Saavedra Serrano, desde el comienzo de la vista, actuó de forma hostil y descortés al dirigirse al querellante, y en varias ocasiones hizo alusión a su poder y autoridad para “meter[lo] preso”. Además, aun cuando el acusado querellante manifestó –en forma serena y respetuosa- ser una persona indigente y que carecía de representación legal, el querellado, de forma severa y abusiva, le advirtió que si no lo hacía “lo iba a lamentar”; le ordenó buscar representación legal sin hacer uso de su facultad para asignarle un abogado de oficio. Igualmente, el licenciado Saavedra

13 En un contexto similar al de autos, la Comisión de Ética de Carolina del Norte determinó que un juez incurrió en una comunicación ex parte vedada por los Cánones de Ética Judicial al publicar comentarios de un caso ante su consideración en la página de Facebook de la representación legal de una de las partes y quien era su “amiga” en la referida red social. No obstante haber encontrado que la conducta del juez constituyó una violación ética, la Comisión impuso como sanción una censura pública. Judicial Standards Comm‟n of the State of N.C., Inquiry No. 08-234 (2009), disponible en: http://www.aoc.state.nc.us/www/public/coa/jsc/publicreprimands/jsc08- 234.pdf. Véase, además, In re Slaughter, 480 S.W.3d 842 (2015) (la comisión especial designada por el Tribunal Supremo de Texas desestimó una queja presentada contra una jueza que publicó en su página de Facebook comentarios relacionados a un caso que tenía ante su consideración). AD-2014-5 30

Serrano, aun cuando advirtió alguna condición mental o emocional de González Salas [el querellante], no observó sensibilidad alguna y continuó dirigiéndose a éste de forma recia y despectiva […] …

Resulta evidente que, con su proceder, el licenciado Saavedra Serrano lo que hizo fue intimidar innecesariamente a un ciudadano humilde y afectado emocionalmente, lo cual denigra la profesión legal […] (Énfasis y escolios omitidos.) (Énfasis nuestro). In re Saavedra Serrano, supra, en las págs. 830-831.

A su vez, en In re Hon. Maldonado Torres, 152 DPR 858

(2000), amonestamos y apercibimos a un Juez Superior que

faltó en controlar sus emociones y le brindó un trato

descortés y grosero a un abogado que acudió a su Sala.

Asimismo, en In re Rodríguez Rivera, 170 DPR 863 (2007),

suspendimos por tres (3) meses a un abogado que utilizó

expresiones obscenas durante una conversación telefónica

con una Secretaria en el Centro Judicial de Guayama. En

aquella ocasión, expresamos que “el comentario soez, o

grosero y la falta de respeto no tiene cabida en la

administración de la justicia en nuestra jurisdicción”. Íd.

en la pág. 868. Puntualizamos, además, que “[n]o se conduce

en forma digna y honorable, como tampoco actúa con el mayor

respeto ni exalta el honor y la dignidad de su profesión,

el abogado que así actúa y se expresa, situación que no

estamos en disposición de tolerar”. (Énfasis nuestro). Íd.

Véase, además, In re Barreto Ríos, 157 DPR 352 (2002) (en

el cual censuramos enérgicamente a un abogado por insultar

a las oficiales administrativas de la Secretaría del AD-2014-5 31

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce). En ese

sentido, hemos expresado que “[t]odas las personas

involucradas en el proceso judicial –jueces, litigantes,

testigos y oficiales del tribunal- tienen un deber de

cortesía con los demás participantes”. Véase, In re Barreto

Ríos, supra, en la pág. 357.

Por otro lado, en In re Rodríguez Plaza, 182 DPR 328

(2011), censuramos enérgicamente a la exjuez Rodríguez

Plaza14 por incurrir en conducta que “no fue digna,

honorable, respetuosa, ni cordial. Fue todo lo contrario.

Utilizó el poder de su cargo judicial para vejar a otros

abogados”. Íd. en la pág. 346. Inter alia, la exjuez le

indicó a un alguacil en Sala que no podía comer unos

piscolabis que esta había traído para el público, abogados

y fiscales porque estaba “muy gordito”. Íd. en la pág. 334.

Finalmente, en In re Santiago Rodríguez, 160 DPR 245

(2003), censuramos a una abogada por incurrir en un patrón

de conducta constitutiva de discrimen por género contra

víctimas de violencia doméstica, mientras esta fungía como

jueza municipal. En aquella ocasión, determinamos que “las

expresiones discriminatorias de la licenciada Santiago

Rodríguez hacia las mujeres víctimas de violencia doméstica

se apartaron de la conducta digna y honorable que exige el

Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra. Con su

proceder minimizó y trivializó el serio problema de

14 Es menester señalar que la Lcda. Wilma Rodríguez Plaza renunció a su cargo de jueza superior durante la tramitación del proceso disciplinario instado en su contra. AD-2014-5 32

violencia doméstica que encara el país”. Íd. en la pág.

255.

Como se puede apreciar, la conducta exhibida por el

Juez Colón Colón es similar a aquella sancionada en los

precedidos casos en el sentido de que todas representan

una falta de respeto a aquellas personas involucradas en el

proceso judicial. La diferencia gira en torno al foro que

sirvió de escenario para el comportamiento: en lugar de

exhibir la conducta impropia en el estrado, el Juez Colón

Colón la extrapoló al mundo virtual. Lo que sí es análogo

en todos estos casos es que tanto la conducta del Juez

Colón Colón como aquella acontecida en los precitados casos

tuvieron el efecto de lacerar la imagen de la Rama Judicial

y minar la confianza de la ciudadanía en el sistema de

justicia. Precisamente, ese fue el estándar que utilizamos

para medir la conducta en los casos previamente citados y

en los cuales impusimos una censura como sanción

disciplinaria.

No obstante, a diferencia de los casos anteriormente

discutidos, nos parece que las actuaciones del Juez Colón

Colón ameritan más que una mera censura. El Juez Colón

Colón publicó en su página de Facebook comentarios burlones

y fotografías de documentos judiciales en los cuales se

revelaba el contenido de distintos asuntos relacionados a

sus funciones adjudicativas con el fin único de mofarse y

humillar públicamente a los ciudadanos que acudieron a su

Sala. Al elevar sus comentarios a la red social Facebook, AD-2014-5 33

los comentarios antiéticos realizados por el Juez Colón

Colón llegaron –o tuvieron el potencial de llegar- a un

universo mucho más amplio de personas en comparación con

los otros casos discutidos anteriormente. Estos comentarios

y fotografías dieron paso a que otras personas comentaran y

se burlaran de las personas que comparecieron a la Sala del

querellado y de la burla que este hizo. Por ello, sus

actuaciones ameritan más que una mera censura.

No obstante y conforme hemos discutido, la conducta

del Juez Colón Colón no es semejante a aquella que en

ocasiones anteriores ha acarreado la destitución como

sanción. Claramente, no estamos ante una conducta con el

mismo grado de severidad que aquella que protagonizó la

progenie de casos de destitución anteriormente discutidos.

La prudencia, así como las sanciones impuestas en

situaciones parecidas al caso de autos, militan en contra

de la destitución como sanción disciplinaria.

Sencillamente, esa sanción no sería proporcional a la

gravedad de la conducta exhibida por el querellado y

tampoco se justificaría a la luz de nuestra jurisprudencia.

Si bien es cierto que debemos ser rigurosos al ejercer

nuestra facultad disciplinaria, no podemos ser tan afanosos

como para convertirla en un ejercicio arbitrario y

desmedido de poder.

VI

Por todo lo anteriormente expuesto, concluimos que el

Juez Colón Colón violó los Cánones 2, 8, 19 y 23 del Código AD-2014-5 34

de Ética Judicial, supra. Así, decretamos su suspensión

inmediata por un término de tres (3) meses. Ello es cónsono

con nuestra casuística en materia ético-disciplinaria y es

proporcional a las sanciones impuestas en otros contextos

similares al caso de autos.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Mildred G. Pabón Charneco Jueza Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

SENTENCIA

Por todo lo anteriormente expuesto, concluimos que el Juez Colón Colón violó los Cánones 2, 8, 19 y 23 del Código de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B. Así, decretamos su suspensión inmediata por un término de tres (3) meses. Ello es cónsono con nuestra casuística en materia ético- disciplinaria y es proporcional a las sanciones impuestas en otros contextos similares al caso de autos.

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Estrella Martínez está conforme y hace constar la siguiente expresión particular:

Aunque estoy conforme con la conclusión de que el Juez Eric Colón Colón violó los Cánones 2, 8, 19 y 23 de Ética Judicial, considero que no procede meramente suspenderlo temporalmente por tres (3) meses. A mi juicio, la conducta reprochable, insensible y anti-ética, a la luz del derecho expuesto en todas las Opiniones certificadas, requiere sanciones más severas, ante el repudiable patrón de expresiones que nos ocupa. Opino que este es un caso idóneo para utilizar medidas disciplinarias adicionales a las tradicionales, según lo permite la Regla 29 de las de Disciplina Judicial. Así lo amerita la naturaleza de las actuaciones del Juez Colón Colón, por lo que además de la sanción adoptada hubiese: (1) impuesto la realización de trabajo comunitario en una organización sin fines de lucro en labores de tutoría a estudiantes AD-2014-5 2

indigentes. Ello, ante su dominio del idioma español, el cual debería utilizar para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas humildes y no para destruir la dignidad de los seres humanos que ofendió, y (2) referido al Programa de Ayuda al Empleado para que reciba orientación y tratamiento en torno al manejo de emociones y control de conducta en su área de trabajo y en los ámbitos aplicables de la ética judicial.

La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitió una opinión disidente, a la que se unió la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez. El Juez Asociado señor Colón Pérez emitió una opinión disidente.

Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hon. Eric D. Colón Colón

Juez Municipal Núm. AD-2014-0005 Tribunal de Primera Instancia

Sala Municipal de Coamo

“Essentially, judges –like lawyers and members of the public at large- need to keep in mind that the use of emerging technologies does not relieve them of traditional ethical conventions and duties.”15

Opinión Disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez a la que se une la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2017

Las actuaciones del Juez Colón Colón me obligan a

reflexionar sobre los imperativos éticos que han de guiar

a los miembros de la judicatura al emitir expresiones en

las redes sociales,16 con tal de que éstas no laceren la

15 John G. Browning, Why Can’t We Be Friends? Judges’ Use of Social Media, 68 Univ. Miami L. Rev. 487, 497 (2014. 16 El concepto “redes sociales” significa un servicio con base en la Internet que permite a los individuos: (1) construir un perfil público o semi-público; (2) articular una lista de otros usuarios con quienes compartir una conexión; y (3) ver y navegar por su lista de conexiones y aquellas hechas por otros dentro del sistema. James Grimmelmann, Saving Facebook, 94 Iowa L. Rev. 1137, 1142 (2009) (citando a Danah M. Boyd & Nicole B. Ellison, Social AD-2014-5 2

dignidad del cargo que ostentan ni maculen la legitimidad

de la rama de gobierno en la que sirven.

Al abordar esta difícil tarea, partimos de la premisa

de que “[e]l Juez, en su dedicación profesional, no es

hombre con demasiadas opciones a su alcance; su sendero de

perseverante rectitud no admite ni sinuosidades ni

desvíos”. Francisco Soto Nieto, Compromiso de Justicia 30

(1997). Al considerar asuntos éticos de los miembros de la

judicatura, nuestra mayor preocupación es salvaguardar los

principios básicos de la actuación judicial.

En consideración a lo anterior, estimo que la

conducta desplegada por el Hon. Eric D. Colón Colón

constituyó un atentado contra la médula del quehacer

judicial, por lo que discrepo de la sanción avalada por

una mayoría de este Tribunal. Considero que el Juez Colón

Colón debió ser destituido inmediatamente, pues ha

demostrado no ser digno del cargo que ocupa. Por ello,

disiento.

El Hon. Eric D. Colón Colón (“el querellado”) funge

como Juez Municipal del Tribunal de Primera Instancia,

Sala Municipal de Coamo, desde el 2 de julio de 2010.

Éste, bajo el nombre de “Eric Colón Colón”, mantiene un

perfil virtual en la red social Facebook, en el cual

publicaba comentarios y fotografías de diversa índole, con

Network Sites: Definition, History, and Scholarship, 13 J. Computer-Mediated Comm. 11 (2007)). AD-2014-5 3

tal de compartirlas con su círculo de “amistades”

virtuales. Ello, en su carácter personal y no en calidad

de miembro de la judicatura. Sin embargo, dicho perfil

virtual, al momento de llevarse a cabo la investigación

que culminó en el procedimiento disciplinario que nos

ocupa, era público.17 Es decir, cualquier persona podía

acceder al mismo y leer u observar los comentarios o

fotografías que el Juez Colón Colón publicaba.18

Así las cosas, y en atención a las directrices que

diera la entonces Directora Administrativa de la Oficina

de Administración de los Tribunales (OAT), Hon. Sonia

17 La investigación relacionada con la publicación de fotografías y comentarios por el Juez Colón Colón fue instada por la entonces Directora Administrativa de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), Hon. Sonia Ivette Vélez Colón, al amparo de la autoridad que para ello le confieren las Reglas de Disciplina Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. XV-B R. 5(c) (“El Juez Presidente o la Jueza Presidenta, un Juez Asociado o una Jueza Asociada, el Director o la Directora, podrá solicitar a iniciativa propia y por escrito, una investigación sobre la conducta o capacidad de un juez o una jueza. Dicha solicitud se considerará como una queja, sin que sea necesario cumplir con los requisitos formales del inciso (b) de esta regla”.) 18 Es menester señalar que la publicidad del perfil virtual del Juez Colón Colón quedó probada, a satisfacción del Tribunal, mediante las declaraciones juradas suscritas por los señores Carlos Otero López y Raúl Manuel Colón Vázquez, Coordinador de Sistemas Confidenciales y Administrador de la Oficina de Seguridad de los Sistemas de Información de la Rama Judicial, respectivamente. En cuanto a la declaración suscrita por el señor Otero López, en ésta se detalló la manera en que se obtuvieron y almacenaron las distintas publicaciones hechas por el Juez Colón Colón en su perfil virtual. Asimismo, se señaló que dichas publicaciones no fueron alteradas durante el transcurso de la investigación inicial. De otra parte, la declaración jurada suscrita por el señor Colón Vázquez señaló que éste, una vez recibió la información recopilada por el señor Otero López, procedió a remitir la misma a la Oficina de Asuntos Legales de la OAT, para que ésta le diera curso a la investigación que correspondiera. AD-2014-5 4

Ivette Vélez Colón, la Oficina de Seguridad de los

Sistemas de Información de la Rama Judicial refirió el

asunto a la Oficina de Asuntos Legales de la OAT. Ésta,

luego de haber realizado las investigaciones de rigor,

emitió un Informe de investigación, el cual fue referido

por la entonces Directora Administrativa de la OAT a la

Comisión de Disciplina Judicial (“la Comisión”) de este

Tribunal. En dicho informe, se alude a una serie de

fotografías y comentarios publicados por el querellado,

cuyo contenido presuntamente contraviene varios cánones de

ética judicial. Entre éstos, cabe destacar una serie de

comentarios relacionados con asuntos ante la consideración

del Juez en el descargo de sus labores judiciales. Dada la

importancia medular que éstos revisten para la disposición

del procedimiento disciplinario que atendemos, conviene

repasarlos:

Comentario del 1 de septiembre de 2011: “Una señora me dice: „No he podido pagar la renta porque a mi marido le dieron lay oss‟. Y yo en mi mente: Ay chus!”.

Comentario del 6 de septiembre de 2011: “Que bonita esta querella que me han traido [sic]!”. Conjuntamente con este comentario, el Juez Colón Colón publicó dos fotografías en las que se pueden observar porciones de una querella manuscrita presentada ante el Tribunal de Primera Instancia.

Comentario del 19 de septiembre de 2011: “Esta señora me ha dicho hoy que su hijo padece de esquizofrenia, pero anenoide. Diiitoooo . . .”. En respuesta a varios comentarios, el Juez Colón Colón replicó: “Quiso decir paranoide, supongo” y “Hay otra cosa, que son las aDenoides [sic] que tienen q ver con las amígdalas [sic] . . . lol”. AD-2014-5 5

Comentario del 8 de octubre de 2011: “Sigo acordándome de cosas: Hace algún tiempo, un señor se excusó porque no pudo compadecer al tribunal. Yo le contesté que no había ningún problema, que el tribunal estaba de lo más bien, pero que gracias por preocuparse. Lolll”.

Comentario del 12 de enero de 2012: “Asi [sic] mismo como lo lee: esta persona presentó una querella porque le vendieron un carro sin batería y sin valvete”. En otro comentario relacionado con dicha querella, el Juez Colón Colón señaló: “A lo mejor tenía la vonga . . .”.

Comentario no fechado, el cual aparece publicado conjuntamente con una fotografía en la cual se puede observar parte de un formulario de orden de protección de la OAT: “Entonces, la peticionaria de la orden de protección, al llenar el encasillado donde se describe el tipo de relación que sostenía con el peticionado, esto fue lo que escribió”. En el encasillado del formulario donde se indicaba “otra”, la persona escribió “me endroge [sic]”.

Además de los comentarios transcritos, los cuales atañen a

las labores judiciales del querellado y asuntos ante la

consideración de éste, en su perfil virtual se publicaron

una serie de comentarios relacionados con el desempeño de

la prensa, la política y otros con alta connotación sexual.

A modo de ejemplo, cabe mencionar los siguientes:

Comentario del 8 de septiembre de 2011: “La prensa cuestionando una fianza fijada por un juez. A cuenta de qué? Con qué conocimiento? Seguramente no sabe ni lo que es una fianza en un caso criminal. Qué se creen?”.

Comentario del 18 de septiembre de 2011: “Me pregunto: ¿Por qué la prensa les llama „anexionistas‟ a las personas que quieren que PR sea un estado de EEUU, y no les llama „colonialistas‟ a las que quieren mantener el estatus político actual? Qué cosas, no?”. AD-2014-5 6

Comentario del 20 de septiembre de 2011: “Alguien le puede explicar a la Prensa que no se dice o se escribe „no a lugar‟? Lo correcto es „no Ha lugar‟, del verbo Haber. Significa que no Hay lugar o no tiene lugar la moción, petición, etc. Lo otro sería un soberano disparate. Como siempre, a la orden”.

Comentario del 11 enero de 2012: Otra joya del dominio del lenguaje que tiene la Prensa de este territorio no incorporado: „La fama de W. Mercado trasciende más allá de la Astrología‟. Si trasciende, tiene que ser más allá. Y muchos se consideran comunicadores . . . Redundantes! Disparater@s!”.

Comentario del 18 de enero de 2012: "Y ese titular que escuché: 'Suiza derrama leche en quebrada de Puerto Nuevo'? Qué cosa más sugestiva!!!"

Comentario del 31 de enero de 2012: “Mis adorados perros del tribunal, jugando . . . Btw, la blanca y la negra son perras . . .”. Conjuntamente con el comentario, el Juez Colón Colón publicó una fotografía en la que aparecen tres perros en una posición que sugiere que éstos estaban copulando.

Comentario del 20 de octubre de 2012: “Listo para votar en mi casita! Y éstas NO son papeletas modelo”. Conjuntamente con este comentario, el Juez Colón Colón publicó una fotografía en la que se pueden observar varias papeletas electorales.19

19 Además de lo anterior, el Juez Colón Colón realizó las siguientes expresiones referentes a la ingesta de bebidas alcohólicas:

Comentario del 21 de agosto de 2011: “Bueno, creo que ya tengo todo lo que me hacía falta para Irene”. Conjuntamente con el comentario, se publicó una foto en la que se pueden observar dos botellas de Dewar‟s White Label, una marca de whiskey comercial.

Comentario del 21 de agosto de 2011: “Gente, dense prisa, que dentro de una hora el gobernador anunciará si decreta la ley seca. A correr se ha dichoooooo!!!”. AD-2014-5 7

En vista de lo anterior, el informe suscrito por la

Oficina de Asuntos Legales de la OAT razonó que el Juez

Colón Colón contravino los cánones 2, 8, 19 y 23 de ética

judicial. Cán. É. Jud. P.R., 4 L.P.R.A. Ap. IV-B, C. 2, 8,

19 y 23.

Así las cosas, atendido el informe en cuestión por la

Comisión de Disciplina Judicial, ésta designó al Lcdo.

José L. Miranda de Hostos para que evaluara el mismo,

conjuntamente con sus anejos, y determinara la existencia

o no de causa probable para presentar una querella contra

el Juez Colón Colón. El 1 de diciembre de 2014, el

licenciado Miranda de Hostos rindió su informe, en el que

concluyó que, en efecto, existía causa probable para

presentar una querella contra el Juez Colón Colón por

presunta violación a los cánones 2, 8, 19 y 23 de ética

judicial. Por tanto, el 12 de diciembre de 2014, la OAT

presentó la querella correspondiente, en la cual formuló

lo siguientes cargos:

Primer Cargo

El Querellado lesionó la imagen de la Rama Judicial y socavó la integridad, el respeto y la confianza que debe tener el pueblo en la Judicatura, deshonrando el cargo judicial, al colocar comentarios, anuncios y mensajes en su página de Facebook burlándose de ciudadanos y ciudadanas que habían comparecido ante él y haciendo referencia a asuntos que estaban o estuvieron ante su consideración, incluyendo o colocando en dicha página de Facebook copia de partes o porciones de documentos judiciales, además de mostrar imprudencia y falta de sensibilidad.

Comentario del 6 de enero de 2012: “Con el permiso de tod@s, voy a prepararme un trago”. AD-2014-5 8

Al así hacerlo, el Querellado infringió los Cánones 2, 8, 19 y 23 de Ética Judicial.

Segundo Cargo

El Querellado lesionó la imagen de la Rama Judicial y socavó la integridad, el respeto y la confianza que debe tener el pueblo en la Judicatura, al colocar comentarios, anuncios y mensajes en su página de Facebook relacionados o haciendo referencia a bebidas alcohólicas, críticas a la prensa y al modo de la redacción de noticias, burlas de la manera de expresarse de ciudadanos que habían comparecido ante él, alusión a animales en posiciones de copulación y referencias políticas. Al así hacerlo, el Querellado infringió los Cánones 2, 8, 19 y 23 de Ética Judicial.

Tercer Cargo

El Querellado no observó su deber de comportarse de acuerdo a las más altas normas de respeto, decoro, solemnidad y dignidad requeridas a los miembros de la Judicatura en su página de Facebook, violentando su deber y responsabilidad de exhibir un comportamiento ejemplar en todo momento, tanto en su vida profesional, como en su vida privada. De esta forma, infringió los Cánones 2, 8, [1]9 y 23 de Ética Judicial.

Luego de varias prórrogas, el 12 de diciembre de

2014, el Juez Colón Colón presentó su contestación a la

querella, en la que adujo varias defensas y solicitó la

desestimación de ésta. Entre otros particulares, sostuvo

que los comentarios publicados en Facebook fueron hechos

en su carácter personal; además, invocó, sin más, su

derecho fundamental a la libertad de expresión.20 Por otra

20 Nótese que este planteamiento hecho por el querellado, invocando su derecho a la libre expresión, no fue discutido cabalmente por éste en su comparecencia. Sin embargo, ante la disyuntiva de cuáles son los límites permisibles que han de supeditar el derecho a la libre expresión de los jueces, en tanto funcionarios AD-2014-5 9

parte, señaló que procedía desestimar la querella dado que

los Cánones de Ética Judicial nada disponen sobre el uso

de las redes sociales. Asimismo, indicó que nunca se le

ofrecieron talleres o adiestramientos sobre el uso de

redes sociales.21

judiciales, y con independencia del medio del que se trate, es menester recordar que:

[a]l asumir el cargo [de juez], ést[os] acepta[n] también ciertas restricciones a su conducta, tanto en ejercicio de sus funciones propiamente judiciales como en sus demás actividades, ya sean personales o profesionales. Estas limitaciones, si bien no les privan de los derechos que poseen como miembros de nuestra sociedad, representan sacrificios en su vida pública y privada que enaltecen la integridad de independencia de su ministerio y estimulan el respeto y la confianza en la Judicatura.

In re Hernández Torres, 167 D.P.R. en las págs. 839-840.

Por tanto, no debe sorprender a nadie que la labor judicial implique necesariamente la renuncia a ciertas libertades, “en especial, en el ámbito de la libertad de expresión y asociación”. Id. en la pág. 840. Máxime en un ordenamiento como el nuestro, que, en aras de robustecer y afianzar la legitimidad de la Rama Judicial, incluso contempla algunas limitaciones constitucionales a las actividades expresivas de los jueces. Véase Const. P.R. Art. V, Sec. 12 (“Ningún juez aportará dinero, en forma directa o indirecta, a organizaciones o partidos políticos, ni desempeñará cargos en la dirección de los mismos o participará en campañas políticas de clase alguna, ni podrá postularse para un cargo público electivo a menos que haya renunciado al de juez por lo menos seis meses antes de su nominación”.). Asimismo, debe tenerse presente que las limitaciones que suponen los cánones discutidos en esta opinión son patentemente razonables, toda vez que pretenden, ante todo, vindicar un interés apremiante del Estado: velar por la integridad, independencia e imparcialidad de la Rama Judicial. 21 En su contestación a la querella, el Juez Colón Colón cuestionó la admisibilidad de la evidencia recopilada en su contra. Para ello, invocó lo resuelto por el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Maryland en Lorraine v. Marketl American Ins. Co., 241 F.R.D. 534 (D. AD-2014-5 10

Luego de varios trámites, la Comisión de Disciplina

Judicial acogió una solicitud de la OAT y dispuso para la

tramitación sumaria del procedimiento ante sí, por

entender que no existía controversia de hechos medulares.

En consecuencia, el 22 de enero de 2016, la Hon. Aida N.

Molinary de la Cruz, presidenta de la Comisión, emitió el

informe correspondiente.22 En éste, razonó que los

comentarios y las fotografías publicadas por el Juez Colón

Colón en su perfil virtual en la red social Facebook

contravinieron los cánones 2, 8, 19 y 23 de ética

judicial. Así, recomendó, como medida disciplinaria, su

destitución del cargo de Juez Municipal.

II23

Maryland 2007). En cuanto a este particular, baste con señalar que, dadas las admisiones hechas por el propio querellado en su contestación, el argumento carece de méritos. 22 Las determinaciones de hecho formuladas por la Comisión de Disciplina Judicial, en su informe, son virtualmente idénticas a aquéllas formuladas por la Oficina de Asuntos Legales de la OAT, según éstas constaban en su Informe de investigación. Recuérdese, pues, que “[e]s norma firmemente establecida que este Tribunal no alterará las determinaciones de hecho de la Comisión [de Disciplina Judicial] en ausencia de parcialidad, prejuicio o error manifiesto”. In re Santiago Concepción, 189 D.P.R. 378, 409 (2013) (citando a In re Claverol Siaca, 175 D.P.R. 177, 192 (2009); In re Scherrer Caillet-Bois, 162 D.P.R. 842, 862 (2003)). Véase, además, In re Hon. Maldonado Torres, 152 D.P.R. 858, 869 (2000); In re Moreira Avillán, 147 D.P.R. 78, 86 (1998). 23 Aprovecho para consignar mi satisfacción al percatarme que la mayoría de este Tribunal acogió, prácticamente en su totalidad, los fundamentos, referencias y razonamientos jurídicos expuestos en el Borrador de Opinión que circulé inicialmente para atender el caso de referencia. AD-2014-5 11

La autoridad de este Tribunal para atender procesos

disciplinarios relacionados con los jueces de nuestro

sistema judicial es de rango constitucional. Véase Const.

P.R. Art. V, Sec. 11. Véase, además, In re Robles

Sanabria, 151 D.P.R. 483, 508-509 (2000). Así, “[p]ara

llevar a cabo esa función aprobamos los Cánones de Ética

Judicial, los cuales imponen ciertos deberes a los jueces

con el fin de promover la confianza de los ciudadanos en

nuestro sistema judicial”. In re Quiñones Artau, 2015

T.S.P.R. 84, en la pág. 11, 193 D.P.R. __ (2015). Véase,

también, In re Sierra Enriquez, 185 D.P.R. 830, 850

(2012); In re Claverol Siaca, 175 D.P.R. 177, 188 (2009).

Por tanto, “las limitaciones [y deberes] que los Cánones

de Ética Judicial imponen a la conducta de los jueces son

consustanciales con el poder que tiene este Tribunal de

reglamentarla”. In re Hernández Torres, 167 D.P.R. 823,

839 (2006).

Asimismo, la regulación ética de la función judicial

responde, en gran medida, a la importancia trascendental

que ocupa el Juez en nuestro ordenamiento, en tanto

árbitro imparcial de la Constitución y vindicador de los

derechos reconocidos en ésta. No se debe olvidar, por

tanto, que:

el comportamiento de los miembros de la Judicatura constituye uno de los pilares en los que se cimienta el Sistema Judicial. Por ello, se exige una conducta intachable para que éstos sirvan de ejemplo y fomenten el respeto y la confianza del pueblo en el Sistema Judicial. De esta forma se preserva “[l]a independencia judicial, la AD-2014-5 12

administración efectiva e imparcial de la justicia y la confianza de la ciudadanía en un sistema de justicia”, lo que contribuye a afianzar y a consolidar las bases democráticas de nuestra sociedad.

In re Cancio González, 190 D.P.R. 290,297-298 (2014). Véase, además, In re Quiñones Artau, 2015 T.S.P.R. 84, en la pág. 11; In re Hon. Maldonado Torres, 152 D.P.R. 850, 867 (2000).

Esa confianza que deposita la ciudadanía en la figura del

Juez es verdaderamente fundamental, puesto que “el respeto

que la gente le tenga a las instituciones judiciales es lo

que brinda a éstas fuerza y autoridad”. In re Cancio

González, 190 D.P.R. en la pág. 298. Véase Lozada Sánchez

et al. v. J.C.A., 184 D.P.R. 898, 990 (2012).

En consideración de lo anterior, los Cánones de Ética

Judicial establecen las normas mínimas que deben cumplir

los jueces en nuestro ordenamiento. In re Birriel Cardona,

184 D.P.R. 301, 306 (2012). Los cánones propenden, así, a

afianzar la confianza de la ciudadanía en su sistema de

justicia. Estas “normas mínimas”, valga señalarlo, son

enunciados éticos de carácter general, formulados en

términos amplios, los cuales el juez está obligado a

estudiar y aplicar con rigurosidad, según las

circunstancias particulares a las que se enfrente. Véase

In re Birriel Cardon, 184 D.P.R. en las págs. 306-307

(2012).

De otra parte, estas normas éticas han de aplicar en

el descargo de las funciones judiciales así como también

en la vida privada del Juez. In re González Acevedo, 165

D.P.R. 81, 93 (2005). Esto es, “estas limitaciones AD-2014-5 13

constituyen sacrificios en . . . [la] vida pública y

privada [del Juez] que tienen el propósito de enaltecer la

integridad e independencia de la Judicatura”. In re

Claverol Siaca, 175 D.P.R. en la pág. 188.

En lo pertinente a este caso, el canon 2 dispone que

“[l]as juezas y los jueces ejemplificarán la independencia

judicial, tanto en sus aspectos individuales como

institucionales”. 4 L.P.R.A. Ap. IV-B, C. 2. Este canon,

pues, “establece la obligación de ejemplificar la

independencia judicial”. In re Aprobación Cánones de Ética

Judicial de 2005, 164 D.P.R. 403, 411 (2005). Tal

ejemplificación, a su vez, incide en la confianza que el

pueblo deposita en la judicatura –presupuesto

indispensable para la función judicial y justificación

esencial de la regulación ética de ésta-. Por tanto, los

jueces están obligados a “exhibir[] y promover[] altos

para la independencia judicial”. Principios de Bangalore

sobre la conducta judicial, O.N.U., Comisión de Derechos

Humanos, 59º. Sesión, Tema 11d, E/CN.4/65 (2003).24

24 Nótese que nuestro canon 2 de ética judicial “proviene del concepto de independencia judicial comprendido en Los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial . . .”. In re Aprobación Cánones de Ética Judicial de 2005, 164 D.P.R. 403, 411 (2005). Véase, también, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Comentario relativo a los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial 47 (2013), disponible en https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/202 AD-2014-5 14

Dado el carácter expansivo y abarcador de nuestros

cánones de ética judicial, estos altos estándares de

conducta judicial son de aplicación no sólo en las labores

propiamente judiciales que realiza el Juez, sino que,

también, han de configurarse en exigencia ética en sus

actuaciones fuera del estrado. Después de todo, el deber

de conducta impuesto por el canon 2 es un deber general

que ha de guiar las actuaciones de los jueces en todo

momento.

C

El canon 8 de ética judicial regula primordialmente

la conducta de la judicatura en su quehacer adjudicativo.

Así, este canon dispone que

[p]ara el cabal desempeño de sus funciones, las juezas y los jueces serán laboriosos, prudentes, serenos e imparciales. . . .

La conducta de las juezas y de los jueces ha de excluir la posible apariencia de que son susceptibles de actuar por influencias de personas, grupos, partidos políticos o instituciones religiosas, por el clamor público, por consideraciones de popularidad o notoriedad, o por motivaciones impropias.

4 L.P.R.A. Ap. IV-B, C. 8.

En términos generales, la norma que contiene este canon

“pretende evitar que los jueces tomen decisiones

„ensoberbecidos por el poder‟”. In re Quiñones Artau, 2015

0/V1138012-SPAN_eBook.pdf (“[E]l juez debe demostrar y promover un elevado estándar de conducta judicial como un elemento que garantiza la independencia de la judicatura”.). AD-2014-5 15

T.S.P.R. 84, en la pág. 12; véase, además, In re Cruz

Aponte, 159 D.P.R. 170, 180 (2003).

Asimismo, este canon exige que los jueces excluyan

cualquier apariencia de susceptibilidad a influencias o

motivaciones impropias. In re Claverol Siaca, 175 D.P.R.

en la pág. 190. En cuanto a este aspecto, tal apariencia

no sólo se manifiesta en el descargo de la función

adjudicativa, sino que, además, comprende las actuaciones

y expresiones del Juez en su vida privada, las cuales

indefectiblemente pudieran arrojar dudas sobre su

integridad ética y moral. Por ejemplo, el uso impropio del

lenguaje y comentarios sobre casos sub judice son

conductas reprochables, y sancionables, bajo este canon.

Véase In re Aprobación Cánones de Ética Judicial, 164

D.P.R. en la pág. 419.

De hecho, en lo que respecta a los comentarios sobre

casos sub judice, el canon 19 de ética judicial, de manera

tanto más específica, dispone que “[l]as juezas y los

jueces no harán declaraciones públicas sobre asuntos que

estén sometido ante su consideración, ni explicarán la

razón de sus las actuaciones”. 4 L.P.R.A. Ap. IV-B

(énfasis suplido). Nótese, en primer lugar, que a

diferencia del canon 8 –el cual, como hemos visto, prohíbe

comentarios sobre casos sub judice, en general-, el canon

19 remite a los casos que determinado juez tenga ante su

consideración. Es decir, este canon concretiza, en cierto

modo, el deber general que dimana del canon 8, puesto que AD-2014-5 16

ambos preceptos éticos, a la postre, procuran lo mismo:

velar por la integridad y pulcritud de las labores

adjudicativas de los miembros de la judicatura del País.

De otra parte, es preciso notar que el canon 19 proscribe

todas aquellas declaraciones públicas sobre asuntos que

estén sometidos ante la consideración del juez que las

emite. Es decir, lo esencial es el contenido de las

declaraciones o expresiones –esto es, que versen sobre

asuntos ante la consideración del Juez que las emite- y

que éstas sean públicas. El medio a través del cual éstas

se publiquen es, de ordinario, irrelevante.25

25 Ello no significa, empero, que en algunos casos los medios de publicación o comunicación puedan ser éticamente relevantes. Por ejemplo, en otras jurisdicciones la red social Facebook ha suscitado diversas controversias éticas relacionadas al uso de mecanismos inherentes al funcionamiento de dicha plataforma virtual, los cuales bien pudieran no ser considerados “expresiones” o “declaraciones” en el sentido tradicional del término, pero sí pudieran constituir conducta éticamente cuestionable. Véase, por ejemplo, Fla. Judicial Ethics Advisory Comm., Op. 2009-20 (2009), disponible en: http://www.jud6.org/legalcommunity/legalpractice/opinions/j eacopinions/2009/2009-20.html (“The Committee believes that listing lawyers who may appear before the judge as „friends‟ on a judge's social networking page reasonably conveys to others the impression that these lawyer „friends‟ are in a special position to influence the judge.”); Ethics Comm. of the Ky. Judiciary, Formal Ethics Op. JE-119 (2010), disponible en: http://courts.ky.gov/commissionscommittees/JEC/JEC_Opinions /JE_119.pdf (“While social networking sites may create a more public means of indicating a connection, the Committee's view is that the designation of a „friend‟ on a social networking site does not, in and of itself, indicate the degree or intensity of a judge's relationship with the person who is the „friend‟”.); Mass. Comm. On Judicial Ethics, Op. No. 2011-6 (2011), disponible en: http://www.mass.gov/courts/case-legal-res/ethics- opinions/judicial-ethics-opinions/cje-opin-2011-6.html(“A judge's „friending‟ attorneys on social networking sites creates the impression that those attorneys are in a AD-2014-5 17

Es menester señalar que aunque los cánones 8 y 19

“aparecen bajo el acápite de Función Judicial Adjudicativa

en los Cánones de Ética Judicial de 2005, ello no

significa que la conducta que se requiere de los miembros

de la Judicatura en los procesos adjudicativos no sea

exigible en sus demás funciones o en su comportamiento

fuera de sala”. In re Claverol Siaca, 175 D.P.R. en las

págs. 196-197. Recuérdese, pues, que los acápites de los

Cánones de Ética Judicial no son “camisas de fuerza” que

impidan su interpretación, y subsiguiente aplicación, más

allá de su clasificación interna. Id. en la pag. 197.

Véase, además, In re Cruz Aponte, 159 D.P.R. en la pág.

187 n. 7.

D

Por último, es necesario evaluar el canon 23 de ética

judicial, el cual consagra el deber general ético que ha

de guiar a los jueces en sus actividades extrajudiciales.

Éste, dispone que “[l]as juezas y los jueces se

comportarán públicamente de manera que sus actuaciones no

provoquen dudas sobre su capacidad para adjudicar

imparcialmente las controversias judiciales, no deshonren

special position to influence the judge.”); N.Y Advisory Comm. On Judicial Ethics, Op. 13-39 (2013), disponible en: http://www.nycourts.gov/ip/judicialethics/opinions/13- 39.htm (“The Committee believes that the mere status of being a „Facebook friend,‟ without more, is an insufficient basis to require recusal.”); Domville v. State, 103 So. 3d 184 (Fla. Dist. Ct. App. 2012) (“We find . . . that the Florida Code of Judicial Conduct precludes a judge from both adding lawyers who appear before the judge as “friends” on a social networking site and allowing such lawyers to add the judge as their „friend.‟”)(citas omitidas). AD-2014-5 18

el cargo judicial y no interfieran con el cabal desempeño

de sus funciones judiciales”. 4 L.P.R.A. Ap. IV-B, C. 23.

Este canon, de nuevo cuño, pretende “establecer una

norma general precisa para regir el comportamiento público

de las juezas y los jueces en el ámbito de sus actividades

fuera del estrado”. In re Aprobación Cánones de Ética

Judicial de 2005, 164 D.P.R. en la pág. 445. Véase,

además, In re Quiñones Artau, 2015 T.S.P.R. 84, en la pág.

16 (“Este canon se refiere a la conducta que deben

observar los jueces en el contexto extrajudicial”.); In re

Claverol Siaca, 175 D.P.R. en la pág. 190 (“Este canon va

dirigido a pautar una norma de conducta general que

responde a la alta estima y confianza pública que gozan

los miembros de la Judicatura”.). De esta forma, este

canon busca regular expresamente la conducta de los

magistrados fuera del estrado. Ello, claro está,

conjuntamente con los cánones discutidos, los cuales, como

hemos visto, se proyectan fuera del ámbito propiamente

De lo que se trata, pues, es de exigirles a los

jueces de nuestro sistema judicial “un tipo de

comportamiento, tanto dentro como fuera del tribunal, que

vaya dirigido a enaltecer el cargo judicial y fomentar el

respeto hacia este”. In re Quiñones Artau, 2015 T.S.P.R.

84, en la pág. 16. Es decir, se trata de exigirles que

“sus actuaciones no deshonren el cargo judicial que ocupan

ni interfieran con el desempeño de sus funciones”. Id. AD-2014-5 19

Véase, también, In re Santiago Concepción, 189 D.P.R. en

la pág. 403; In re Claverol Siaca, 175 D.P.R. en la pág.

190.

En las últimas décadas, el desarrollo vertiginoso de

las redes sociales ha supuesto, entre otros efectos, la

reconfiguración de lo público y lo privado, sobre todo,

en lo que atañe a la comunicación y el manejo de la

información. Asimismo, las redes sociales han irrumpido

en la vida cotidiana, transformado sustancialmente la

interacción interpersonal entre los distintos sectores de

la sociedad. Los jueces, en tanto miembros de ésta, no

están al margen de tales desarrollos. Les compete, pues,

atemperar su conducta a este nuevo medio de comunicación,

el cual a pesar de su patente novedad no justifica

desatender las pautas éticas que regulan la función

judicial. AD-2014-5 20

Dado el acelerado desarrollo de las redes sociales, la

American Bar Association (ABA), así como múltiples

jurisdicciones de Estados Unidos han emitido opiniones

consultivas y decisiones judiciales que atienden las

intersecciones emergentes entre la ética judicial y las

redes sociales.26 Conviene hacer un breve recorrido por

tales jurisdicciones y reseñar el tratamiento que éstas han

dado al asunto en cuestión.

La Opinión Formal 462 de la ABA, titulada Judge’s Use

of Electronic Social Networking (Opinión de la ABA), aborda

las limitaciones que la ética judicial le impone a un juez

cuando utiliza las redes sociales. ABA Comm. On Ethics &

Prof‟l Responsibility, Formal Op. 462 (2013).27 En ésta,

aunque se reconoce el valor social de las redes sociales,

se advierte que los miembros de la judicatura deben ser muy

cautelosos al utilizarlas. Id. en la pág. 2. Lo anterior,

sobre todo, porque los jueces, al asumir su cargo, asumen

también la responsabilidad de mantener la confianza del

público en el sistema de justicia. Id.

La ABA propone que, como norma general, “[a] judge may

participate in electronic social networking, but as with

26 Para una discusión y análisis de tales opiniones, véase John G. Browning, supra; Craig Estlinbaum, Social Networking and Judicial Ethics, 2 St. Mary‟s J. on Legal Malpractice & Ethics 2 (2012); Herbert B. Dixon, The Black Hole Effect: When Internet Use and Judicial Ethics Collide, 49 No. 4 Judges‟ J. 38 (2010). 27 Disponible en: http://www.americanbar.org/dam/aba/administrative/professio nal_responsibility/formal_opinion_462.authcheckdam.pdf. AD-2014-5 21

all social relationships and contacts, a judge must comply

with relevant provisions of the Code of Judicial Conduct

and avoid any conduct that would undermine the judge‟s

independence, integrity, or impartiality, or create an

appearance of impropriety”. Id. en la pág. 1. Así, pues, la

opinión formal de la ABA sobre el asunto que nos ocupa es

que, al utilizar y participar de las redes sociales, los

miembros de la judicatura deben comportarse conforme a los

postulados éticos exigibles en su jurisdicción.28

Al igual que la ABA, los comités de ética judicial de

varios estados de Estados Unidos han emitido opiniones

consultivas en las que han evaluado los parámetros éticos

que han de regir la participación de los miembros de la

judicatura en las redes sociales.

Se perfilan dos tendencias; una más rigurosa en cuanto

al uso de las redes sociales y otra más laxa. Ello no

obstante, ambas coinciden en que cualquier expresión de un

juez vertida a través de las redes sociales tiene que ser

cónsona con las exigencias éticas que regulen la función

judicial en la jurisdicción de la que se trate. Véase, en

general, Craig Estlinbaum, Social Networking and Judicial

Ethics, 2 St. Mary‟s J. on Legal Malpractice & Ethics 2

(2012). El Comité de Ética Judicial del estado de Nueva

York emitió la Opinión 08-176 del 29 de enero de 2009, que 28 A modo de ejemplo, la Opinión puntualiza que, al compartir comentarios, fotografías u otra información, el juez debe tener presente los requisitos del Canon 1.2 del Código Modelo de Conducta Judicial promulgado por la ABA (Código Modelo), que exige que sus actuaciones promuevan la confianza del público en la judicatura. AD-2014-5 22

pautó las coordenadas de dicho enfoque permisivo. N.Y

Advisory Comm. On Judicial Ethics, Op. 08-176 (2009).29 En

ésta, de forma similar a la Opinión Formal de la ABA, el

Comité de Ética Judicial del estado de Nueva York concluye

que los jueces pueden hacer uso de las redes sociales

siempre y cuando cumplan con las Reglas de Conducta

Judicial de Nueva York.30

La opinión emitida por el Comité de Nueva York recalca

que no es inherentemente inapropiado que un miembro de la

judicatura utilice una red social pues, después de todo,

los jueces socializan y utilizan otras formas de

tecnología, tales como celulares o páginas de internet. Id.

en la pág. 1. La controversia se reduce, entonces, no a si

el juez puede utilizar las redes sociales, sino a cómo las

utiliza y la información que divulga a través de éstas.

Por otro lado, el Comité de Ética de la Judicatura de

Kentucky, en la Opinión Formal JE-119 del 20 de enero de

2010, se hizo eco del análisis esbozado en la opinión de

Nueva York. Ethics Comm. of the Ky. Judiciary, Formal

Ethics Op. JE-119 (2010).31 Concluyó que “a Kentucky judge

29 Disponible en: http://www.courts.state.ny.us/ip/judicialethics/opinions/08 -176.htm. 30 Vale mencionar que el Comité de Ética Judicial de Nueva York apunta que, dado que las redes sociales cambian y se desarrollan constantemente, ninguna opinión puede predecir cómo estas afectarán las responsabilidades de los jueces. Recomienda, pues, que estos últimos se mantengan informados de las implicaciones éticas que los cambios tecnológicos puedan acarrear. Id. en las págs. 2-3. 31 Disponible en: http://courts.ky.gov/commissionscommittees/JEC/JEC_Opinions /JE_119.pdf AD-2014-5 23

or justice's participation in social networking sites is

permissible, but that the judge or justice should be

extremely cautious that such participation does not

otherwise result in violations of the Code of Judicial

Conduct.” Id. en la pág. 5.

Por su parte, la Asociación de Jueces de California

emitió una opinión, que fue posteriormente citada y acogida

por los comités de ética de Maryland y Tennessee, en la que

dispuso que la conducta del juez en las redes sociales no

debe ser contrariar a las disposiciones éticas aplicables y

explicó que, en este contexto, aplican las mismas reglas

que gobiernan la socialización y comunicación personal,

independientemente del medio que se trate. Cal. Judges

Association Ethics Comm., Op. 66 (2010);32 Md. Judicial

Ethics Comm, Published Op. 2012-07 (2012);33 Tenn. Judicial

Ethics Advisory Comm., Op. 2010-06 (2010).34 En esta

opinión se asevera lo siguiente: “[i]t is the nature of the

interaction that should govern the analysis, not the medium

in which it takes place”. Cal. Judges Association Ethics

Comm., Op. 66, supra en la pág. 11.

De otro lado, otras jurisdicciones han adoptado

posturas más restrictivas en cuanto al uso de las redes

sociales. Así, el Comité Asesor de Ética Judicial de 32 Disponible en: http://www.caljudges.org/docs/Ethics%20Opinions/Op%2066%20F inal.pdf 33 Disponible en: http://mdcourts. gov/ethics/pdfs/2012- 07.pdf 34 Disponible en: http: //www.tncourts.gov/sites/default/files/docs/advisory_opinio n_12-01.pdf AD-2014-5 24

Florida determinó que, aunque los miembros de la judicatura

pueden utilizar las redes sociales, estos tienen que ser

sumamente cautelosos y evitar, por ejemplo, tener como

“amigos” en la red social Facebook a abogados que puedan

comparecer en casos ante su consideración.35 Fla. Judicial

Ethics Advisory Comm., Op. 2009-20 (2009).36 Aun así, el

Comité de Florida manifestó que los miembros de la

judicatura pueden publicar comentarios y otro tipo de

material en las redes sociales, siempre y cuando la

publicación no violente el Código de Ética Judicial de

35 El Comité de Ética Judicial de Florida ha emitido varias opiniones consultivas sobre el tema de la ética judicial y las redes sociales. Véase, Fla. Judicial Ethics Advisory Comm., Op. 2010-04 (2010), disponible en: http://www.jud6.org/legalcommunity/legalpractice/opinions/j eacopinions/2010/2010-04.html (determinando que el asistente de un juez puede añadir como amigos en Facebook a abogados); Fla. Judicial Ethics Advisory Comm., Op. 2010- 06 (2010), disponible en: http://www.jud6.org/legalcommunity/legalpractice/opinions/j eacopinions/2010/2010-06.html (reiterando la Opinión 2009- 20 respecto a que un juez no puede tener como amigo en Facebook a abogados que puedan comparecer ante él y añade que tal norma aplica inclusive si el juez hace una aclaración en su perfil sobre el hecho de que el concepto “amigo” en Facebook no significa amigo en el sentido tradicional de la palabra); Fla. Judicial Ethics Advisory Comm., Op. 2012-12 (2012), disponible en: http://www.jud6.org/legalcommunity/legalpractice/opinions/j eacopinions/2012/2012-12.html (analizando los parámetros de la ética judicial en el contexto de la red social LinkedIn y reitera, en tal escenario, la norma de la Opinión 2009-20 sobre la prohibición de añadir como amigo a abogados); Fla. Judicial Ethics Advisory Comm., Op. 2013-14 (2013), disponible en: http://www.jud6.org/legalcommunity/legalpractice/opinions/j eacopinions/2013/2013-14.html (evaluando los parámetros de la ética judicial en el contexto de la red social Twitter). 36 Disponible en: http://www.jud6.org/legalcommunity/legalpractice/opinions/j eacopinions/2009/2009-20.html AD-2014-5 25

dicho estado.37 Otras jurisdicciones, tales como Oklahoma y

Massachusetts, han adoptado el estándar de análisis

restrictivo propuesto por Florida. In re Judicial Ethics

Op. 2011-3, 261 P.3d 1185, 1186 (2011); Mass. Comm. On

Judicial Ethics, Op. No. 2011-6(2011).38

Como hemos visto, los comités de ética judicial de

todas las jurisdicciones estudiadas coinciden en varios

asuntos. En primer lugar, las opiniones reseñadas invitan a

los jueces a reconocer el alcance y carácter público de la

información que colocan en una red social.39 En segundo

37 Nótese que las restricciones adicionales impuestas por el estado de Florida giran en torno a asuntos inherentes de la interacción en las redes sociales, tales como la posibilidad de tener como “amigo” en Facebook a un abogado. Así, según las demás opiniones consultivas de otras jurisdicciones, a juicio de la Comisión de Ética Judicial de Florida, un juez puede hacer uso de las redes sociales siempre y cuando actúe conforme a las normas éticas aplicables. 38 Disponible en: http://www.mass.gov/courts/case-legal- res/ethicsopinions/ judicial-ethics-opinions/cje-opin-2011- 6.html 39 Véase por ejemplo, ABA Comm. On Ethics & Prof‟l Responsibility, supra (“Judges must assume that comments posted to an [electronic social media] site will not remain within the circle of the judge‟s connections. . .[M]essages, videos, or photographs posted to [electronic social media] may be disseminated to thousands of people without the consent or knowledge of the original poster. Such data have long, perhaps permanent, digital lives such that statements may be recovered, circulated or printed years after being sent.”); N.Y Advisory Comm. On Judicial Ethics, supra, en la pág. 2 (“A judge should . . . recognize the public nature of anything he/she places on a social network page and tailor any postings accordingly.”); Ethics Comm. Of the Ky. Judiciary, Formal Ethics, supra, en la pág. 5 (“While social networking sites may have an aura of private, one-on-one conversation, they are much more public than offline conversations, and statements once made in that medium may never go away.”); Cal. Judges Association Ethics Comm., supra (By their very nature social networking sites are the antithesis of maintaining privacy. It is frightening how much someone can learn about AD-2014-5 26

lugar, estas advierten que el juez, distinto de las demás

personas, está sujeto a ciertas normas éticas y

restricciones al utilizar y participar de las redes

sociales.

Finalmente, las opiniones emitidas en todas las

jurisdicciones estudiadas coinciden en que, si bien la mera

participación de un juez en una red social no constituye

conducta que esté reñida con los postulados éticos, los

miembros de la judicatura que las utilicen deben ceñirse

estrictamente a los postulados y principios del código de

ética judicial aplicable.40 “For the most part, these

another person from a few Internet searches. The judge‟s site may be set with the most restrictive privacy settings, but his/her friends‟ sites might not. Data imbedded in photos posted on the Internet may be accessible to others. Used in connection with cellular phones, some sites let other participants know a participant‟s physical location at any given time.”). 40 Cabe señalar también que, tanto en el resto de América como en Europa, se ha planteado el problema ético que supone la participación de jueces en las redes sociales. La solución provista por los órganos rectores correspondientes no ha sido unívoca, pero sigue patrones similares a los antes descritos. En el contexto de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, el 9 de diciembre de 2015 se adoptó un dictamen que pretende definir “algunos parámetros de aplicación general, para el uso ético de las redes sociales por parte de las personas que ejercen la judicatura y su personal de apoyo”. Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, Uso de redes sociales, 1, http://www.ejrlb.net/documentouso_redessociales_ciej (última visita, 3 de septiembre de 2016). Véase, además, Monica Claes, Maartje de Visser, Are You Networked Yet? On Dialogues in European Judicial Networks, Utrecht Law Review (2012), disponible en https://www.utrechtlawreview.org/articles/abstract/10.18352 /ulr.197/ (última visita, 3 de septiembre de 2016); Conseil supérieur de la magistrature, (Francia), Decisión d el Conseil de Discipline des Magistrats du Siége M. X., S213CE, 30 de abril de 2014; Judiciary of England and Wales, Guide to Judicial Conduct,2 7, https://www.judiciary.gov.uk/wp- AD-2014-5 27

opinions recognize that judges can navigate social media

ethically by simply applying well-established principles to

the unfamiliar context of social media.” B. P. Cooper, USA:

Saving Face-Ethical Considerations for American Judges

Using Facebook, Legal Ethics Volume 17, Issue 1, 148

(2014). Por tanto, al determinar si la participación de un

juez se ajusta a los parámetros éticos aplicables, las

jurisdicciones de Estados Unidos han hecho énfasis en la

naturaleza de la conducta y no así en el medio a través del

cual esta se manifiesta.41

content/uploads/JCO/Documents/Guidance/judicial_conduct_201 3.pdf (última visita, 3 de septiembre de 2016); Luis. M. Bunge Campos, Jueces y redes sociales. Perspectiva desde la ética judicial, https://www.poder- judicial.go.cr/eticayvalores/images/ConsejoNotables/Cuadern os/cuaderno07.pdf (última visita, 3 de septiembre de 2016). 41 De otra parte, hay que destacar que varias decisiones de tribunales apelativos de jurisdicciones estatales de Estados Unidos discuten detalladamente las limitaciones a la participación de los miembros de la judicatura en las redes sociales. En In re Hon. Michelle Slaughter, __ S.W.3d __ (Tex.Spec.Ct.Rev., 2015), 2015 WL 7738447 (caso no reportado), una comisión especial designada por el Tribunal Supremo de Texas evaluó la conducta de una jueza que publicó en la red social Facebook un comentario relacionado a un caso ante su consideración.41 Aunque finalmente determinó que la conducta de la jueza no fue antiética, la comisión especial expresó que “our analysis of the allegations of misconduct alleged against the Respondent should not change simply because the communication occurred online rather than offline. Our analysis, therefore, should focus on the substance of the comments rather than the vehicle by which they were disseminated.” Id., en la pág.4. Asimismo, en Carolina del Norte, un juez fue objeto de una reprimenda tras leer y publicar comentarios relacionados a un caso ante su consideración en la página de Facebook de la abogada de una de las partes, a quien éste tenía como “amiga” en dicha red social. Judicial Standards Comm‟n of the State of N.C., Inquiry No. 08-234 (2009), disponible en: http://www.aoc.state.nc.us/www/public/coa/jsc/publicreprima nds/jsc08-234.pdf. La Comisión de Ética de Carolina del AD-2014-5 28

Examinadas las pautas éticas pertinentes, procede

evaluar la conducta del Juez Colón Colón en función de

éstas.

Como cuestión de umbral, es preciso aclarar que, en

este caso, el hecho de que las expresiones emitidas por el

Juez Colón Colón hayan sido publicadas por éste en la red

social Facebook es irrelevante. Tal y como señalamos en la

discusión que antecede, es el contenido de las expresiones

emitidas por el Juez Colón Colón lo que está en

controversia, no el medio a través del cual éstas se

emitieron. Además, y más importante, las expresiones y

comunicaciones hechas a través de las redes sociales

tienen el mismo impacto y las mismas implicaciones que

aquéllas hechas utilizando los medios tradicionales de

comunicación. Si una expresión es inapropiada en el

contexto de una actividad social tradicional, lo será

igual si está dicha en el ciberespacio. Es el mensaje y no

Norte concluyó que lo anterior constituía una comunicación ex parte vedada por los cánones de ética judicial. Nótese que: the fact that improper ex parte communications occurred, not the fact that the judge and attorney were Facebook friends or that the ex parte communications occurred in the virtual world, served as the basis for the sanction. The ex parte communication would have been just as improper had it occurred over the telephone or via face-to-face communication. Craig Estlinbaum, supra, en la pág. 14 (énfasis suplido). Nuevamente, el análisis de los foros judiciales que han tenido ante sí controversias análogas a ésta han hecho énfasis en la conducta del miembro de la judicatura, independientemente del medio en el cual esta se produjo. AD-2014-5 29

el vehículo lo que infringe los principios y valores

deontológicos.

De otra parte, no se debe perder de vista que, aun

cuando los Cánones de Ética Judicial nada disponen sobre

el uso de redes sociales, éstos “son de carácter general”

y “[s]u contenido y alcance preciso serán delimitados por

los distintos escenarios en los que se desempeñen las

juezas y los jueces”. 4 L.P.R.A. Ap. IV-B, Preámbulo. Por

consiguiente, puesto que, en este caso, la conducta bajo

examen no está relacionada a mecanismos inherentes a la

plataforma virtual de la red social Facebook, los

argumentos del querellado en torno a que los Cánones de

Ética Judicial nada disponen sobre el uso de redes

sociales son inmeritorios.

Asimismo, carece de mérito el planteamiento de que al

querellado nunca se le ofrecieron talleres o

adiestramientos sobre el uso de las redes sociales. Esto

no lo exime de forma alguna de responsabilidad. Todo juez

debe saber que mofarse, burlarse o expresarse con sorna

públicamente sobre aquéllos que acuden a su sala es

inaceptable, reprensible y repudiable.

En cualquier caso, y en atención a los postulados

éticos discutidos, es obligación del Juez familiarizarse

previamente con el medio a través del cual decide

comunicarse y, además, velar por la corrección y

circunspección de las expresiones que emite. Ese „saber AD-2014-5 30

comportarse‟ constituye un elemento imprescindible de la

brújula moral interna de quien viste la toga.

Después de todo, los jueces están obligados a

estudiar y aplicar rigurosamente los Cánones de Ética

Judicial “a sus realidades particulares”, entre éstas, los

nuevos medios de comunicación virtual como la red social

Facebook.

En conclusión, lo esencial no es el medio a través

del cual se emitan las expresiones objeto de examen, sino

el contenido de éstas a la luz de las pautas éticas

aplicables.

Dicho lo anterior, es innegable que en este caso el

Juez Colón Colón incurrió en conducta lesiva de los

cánones imputados y, al así actuar, laceró la dignidad

inherente a la posición que ocupa. Recordemos que, en su

página de Facebook, éste: se burló de una persona cuyo

marido había sido despedido del empleo; se mofó de una

madre porque no se expresó correctamente sobre la

condición mental de su hijo; criticó cómo una mujer había

cumplimentado el formulario de una orden de protección, y

se vanaglorió de cómo ridiculizó en sala a una persona la

cual expresó que “no pudo compadecer” al tribunal. Además,

publicó extractos de dos (2) documentos judiciales para,

nuevamente, hacer quedar como un hazmerreir a personas,

evidentemente, de escasa educación. AD-2014-5 31

En primer lugar, estas actuaciones del Juez Colón

Colón contravienen el deber general que consagra el canon

2 de ética judicial por poner en entredicho la confianza

depositada por la ciudadanía en la judicatura. Así, le

faltó al deber de ejemplificar con sus actuaciones -

públicas y privadas- la independencia judicial, concepto

central y del cual dimana la legitimidad que informa

precisamente la función judicial. Esto, por ejemplo, en la

medida en que se mofó de personas que comparecieron ante

sí mientras se desempeñaba como Juez.

De otra parte, en lo que respecta a los cánones 8 y

19, que, como vimos, están íntimamente relacionados, el

Juez Colón Colón le faltó al deber de prudencia,

imparcialidad y circunspección que éstos imponen. Ello, al

comentar públicamente, por ejemplo, el contenido de una

orden de protección y una querella que tuvo ante su

consideración. Añádase a lo anterior los reiterados

comentarios que denotan un tono burlón que lacera

flagrantemente los preceptos éticos aludidos.

Humillar y escarnecer públicamente al ciudadano que

acude a un juzgado en búsqueda de justicia constituye, sin

más, una burla a la Justicia misma. Su conducta abre la

puerta a cuestionar la imparcialidad del tribunal respecto

a ese ciudadano. Asimismo, dicha conducta apunta a un

grado de intolerancia inaceptable para con ciudadanos de

escasos recursos o cuando menos, de aparente escasa

educación. Esta displicencia hacia el prójimo, basada en AD-2014-5 32

una evidente actitud ilusoria de superioridad moral e

intelectual, inhabilita al Juez Colón Colón a vestir la

toga. Son precisamente los más débiles, los que no conocen

los procesos en una sala de un tribunal, los que no se

pueden expresar con facilidad –bien porque no tienen

grados universitarios o porque se sienten intimidados por

el proceso mismo- los que necesitan de mayor protección,

atención y empatía del juez y del sistema judicial. A

éstos, a los que nos debemos y juramos proteger, son a los

que el Juez Colón Colón ha despreciado con su

comportamiento. Con su actitud, el Juez Colón Colón revela

que no tiene ni la madurez ni el temperamento necesario

para desempeñarse como juez.

Téngase en cuenta, también, que en al menos dos

ocasiones los comentarios en cuestión estuvieron

acompañados por fotografías de documentos judiciales. Se

revela inapropiado, a nuestro juicio, que un juez

disemine, fuera de los cauces judiciales, información,

hechos o datos de los que conozca en el ejercicio de su

función, más aún cuando se hace para criticar a las partes

en un proceso judicial.

Por último, para sopesar el efecto de estas

actuaciones en su justa perspectiva es importante

considerar el cargo que ostenta el Juez Colón Colón, a

saber, uno de juez municipal. Nótese que la figura del juez

municipal es esencial en el funcionamiento del sistema de

justicia. El juez es la herramienta a través del cual el AD-2014-5 33

sistema judicial actúa y se deja sentir. En innumerables

instancias el juez municipal será el único rostro que el

ciudadano conocerá.

Las salas municipales atienden una cantidad

considerable del público que acude a nuestros tribunales

desde horas de la mañana, hasta altas horas de la

madrugada. Al así hacerlo, conforme a la competencia que en

éstos delega la Ley de la judicatura de Puerto Rico de

2003, 4 LPRA secs. 24-25, los jueces municipales atienden

un sinnúmero de controversias que los colocan en una

proximidad particular para con el ciudadano.42 Ello exige

de ese juez, como poco, sensibilidad para con ese ciudadano

que, en altas horas de la noche, busca resguardo. Así pues,

para atender cabalmente las dinámicas que se suscitan en

sus salas, los jueces municipales tienen que cumplir con la

más estricta observancia de los Cánones de Ética Judicial.

Ello no puede ser de otra forma, pues en este contexto el

resultado de sus actuaciones es aún más palpable y, por

consiguiente, sus efectos negativos pueden tener aún mayor

impacto en la ciudadanía.

42 A manera de ejemplo, recordemos que los jueces municipales tiene la facultad, en el contexto del Derecho Civil, de: ordenar estados provisionales de derecho, conceder órdenes de protección, autorizar peticiones de ingreso involuntario a instituciones de salud mental y revisar multas administrativas. Por otro lado, con relación al Derecho Penal, en las salas municipales se comienza el procedimiento penal con las determinaciones de causa probable para arresto o citación y la fijación de fianza. Por último, los jueces municipales, incluso, podría servir de árbitros o mediadores tras ser debidamente certificados por este Tribunal. Véase 4 LPRA sec. 25d. AD-2014-5 34

Así las cosas, la conducta del Juez Colón Colón, en

conjunto, se apartó del estándar que establece el canon

23, en lo que se refiere a las actividades

extrajudiciales de los miembros de la judicatura. Su

proceder inopinado, sus comentarios insensibles y

reiterados laceraron, sin lugar a dudas, la imagen de

pulcritud, sensibilidad, rectitud, e integridad que ha de

regir las actuaciones de un Juez, tanto en su vida

profesional como en su vida privada. Reitero, con sus

acciones comprometió su propia imparcialidad.

No debemos olvidar que el juez ocupa un sitial

privilegiado, desde el cual realiza una de las labores de

mayor trascendencia para nuestra vida en sociedad:

impartir justicia. En cierta medida, además, su figura

encarna los valores fundamentales que informan esa

encomienda, a saber: la imparcialidad, la ecuanimidad, la

serenidad, el trato justo y la racionalidad misma del

Derecho. Así, el juez emerge como afanoso servidor de la

Justicia y, a la vez, como símbolo de la miríada de

valores que ésta supone.

Precisamente en función del sinnúmero de

consideraciones que representan la función judicial, al

juez se le exige un estándar de conducta más riguroso que

a otros. Ello, puesto que su conducta trasciende su

propia individualidad y constituye un reflejo de la

integridad del sistema judicial en el que sirve. Debemos,

pues, ser celosos guardianes de la rectitud, la decencia, AD-2014-5 35

la probidad y la dignidad de los miembros de la

judicatura, porque sólo de esa forma protegemos la

confianza ciudadana en una de sus más preciadas

instituciones: la Rama Judicial.

Por tanto, en consideración de lo anterior, estimo

que es innegable que el Juez Colón Colón violó los

cánones de ética judicial imputados.

Concluyo citando al Magistrado David Ordóñez Solís,

quien recién publicó un artículo sobre el tema que nos

ocupa:

En suma, la participación del juez en una red social o en un blog debe estar presidia por una exquisita cortesía y por una serena prudencia, debiendo el juez ser consciente de que su comportamiento o incluso sus críticas se atribuyen por los ciudadanos no solo al juez como un ciudadano más sino a la institución jurídica, al poder del Estado del que forma parte. David Ordóñez Solís, ¡¡¡Pero bueno, los Jueces también están en las redes sociales!!!, Diario La Ley, no. 8762, 16 de mayo de 2016, pág. 12.

Considero que las actuaciones del Juez Colón Colón se

apartan de los ideales más excelsos que aspiramos para

nuestra judicatura. Su conducta es reiterada, revela un

preocupante desdeño para con los menos instruidos, y

además su comportamiento es insensible hacia los

ciudadanos que acuden a su sala y atenta contra la

dignidad de estos. Su actitud prepotente se hace evidente

cuando observamos que no surge del expediente que el Juez

Colón Colón haya reconocido, en momento alguno, el AD-2014-5 36

carácter deplorable de su conducta. ¡Ello es

verdaderamente sorprendente! Con su actitud el Juez Colón

Colón pone de manifiesto que no tiene ni la madurez ni el

temperamento necesario para desempeñar el cargo de juez.

¿Cómo justificar su permanencia en la Rama Judicial? La

respuesta a esta pregunta, francamente me elude.

Por último, no podemos concluir sin antes hacernos una

pregunta adicional. ¿Cómo explicar que la sanción impuesta

en este caso, tres meses de suspensión de empleo y sueldo,

sea idéntica a la que hace pocos días se le impuso al Juez

Carlos Candelaria Rosa? Véase In re Carlos Candelaria Rosa,

Per Curiam de 1 de marzo de 2017. Al así proceder, la

mayoría concluye -en fin- que ofender a un juez de mayor

jerarquía en una ocasión lleva la misma sanción que

menospreciar y humillar reiteradamente a los ciudadanos más

vulnerables, de trasfondos socio-económicos humildes y

aparente escasa escolaridad.

Según reseñamos, la conducta en el caso ante nuestra

consideración es reiterada, va dirigida a menospreciar a

aquellos ciudadanos que acuden a nuestros tribunales día

tras día a buscar una mano amiga, y el juez querellado en

ningún momento mostró el más mínimo arrepentimiento por su

conducta. Por el contrario, In re Candelaria Rosa trata de

un incidente aislado, en el cual “el ofendido” es un ex

compañero de la judicatura, y el juez querellado expresó su

arrepentimiento, reconoció su conducta y pidió disculpas. AD-2014-5 37

No hay respuesta razonable a la pregunta formulada.

Lo que sí se pone de manifiesto es que el análisis de la

ponderación de la pena que se recoge en la Opinión

mayoritaria, es endeble, quebradizo e inconsistente. Por

último, adviértase que este caso no sólo se dilucidó

coetáneamente a In re Candelaria Rosa, sino que el proceso

deliberativo comenzó mucho antes.

En consideración a todo lo anterior, concluyo que el

Juez Colón Colón debe ser destituido del cargo que ocupa

en calidad de Juez Municipal.43 Habida cuenta de que la

43 Una mayoría de este Tribunal aprovechó la presente coyuntura para “intentar” realizar un análisis ponderado de nuestra jurisprudencia en procedimientos disciplinarios contra Jueces. Ello, con tal de aplicar de manera uniforme el principio de proporcionalidad. Véase Pueblo v. Quiles Negrón y otros, 193 D.P.R. ___ (2015) (Opinión Disidente, Rodríguez Rodríguez). No obstante, estimo que en este caso dicho proceder supone un empleo acomodaticio del referido principio. Los hechos que subyacen la mayoría de las determinaciones de destitución reseñadas en la opinión mayoritaria, en sí mismos, ejemplifican conducta patentemente reprochable. Ello, incluso, si evaluamos dicha conducta fuera del contexto de la función judicial. Ahora bien, estimo que, aún guiados por el principio de proporcionalidad, no debemos permitir que hechos como los reseñados causen una impresión indebida que nuble nuestra tarea adjudicativa. Recuérdese, además, que recientemente indicamos que “[l]a destitución de un juez tiene cabida en nuestro ordenamiento cuando éste exhibe un patrón de conducta impropia e incompatible con su cargo, máxime cuando se incurre en el uso de lenguaje y expresiones impropias y soeces o conducta agresiva, beligerante y abusiva”. In re Quiñones Artau, 2015 T.S.P.R. 84, en la pág. 18. ¿Ayer sí, ahora no? Véase, además, In re Martínez González, 151 D.P.R. 519, 531 (1998); In re Nevárez Zavala, 123 D.P.R. 511, 525 (1989). En este caso no nos encontramos ante uno o dos incidentes aislados. Todo lo contrario, es evidente el patrón de conducta que desplegó el Juez Colón Colón por espacio de más de un año. Aunque el principio de proporcionalidad debe servirnos como guía al atender procedimientos disciplinarios, como bien reconoce una mayoría de este Tribunal, su aplicación AD-2014-5 38

mayoría del Tribunal estima que la sanción apropiada es

una suspensión de tres meses, no tengo otra alternativa

que expresar mi firme desacuerdo y decepción.

Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada

no “representa un obstáculo a nuestra autoridad disciplinaria”. Véase Opinión Mayoritaria, págs. 27-28. Por ello, me reafirmo en la necesidad de que este Foro, conjunto a la Rama Judicial, continúe su encomienda de atender con rigor y firmeza aquella conducta antiética desplegada por los miembros de la judicatura. Véase In re: Quiñones Capacetti, 2016 T.S.P.R. 6, 195 D.P.R. ___ (Opinión Disidente, Rodríguez Rodríguez). EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hon. Eric Colón Colón Juez Municipal AD-2014-005 Tribunal de Primera Instancia Sala Municipal de Coamo

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.

La toga nos recuerda la carrera estudiada, lo elevado de nuestro ministerio en la sociedad, la confianza que en nosotros se ha puesto, la índole científica y artística del torneo en que vamos a entrar, la curiosidad, más o menos admirativa, que el público nos rinde… [L]a toga es un llamamiento al deber, a la verdad y a la belleza. Con la toga puesta […] aparece la necesidad de ser más justo, más sabio y más elocuente que los que nos rodean; el temor a errar o desmerecer; el respeto a los intereses que llevamos entre manos… [E]l clarividente sentido popular, al contemplar a un hombre [o una mujer] vestido de un modo tan severo, con un traje que consagraron los siglos, y que sólo aparecer para menesteres trascendentales de la vida, discurre con acertado simplismo: “Ese hombre [o mujer] debe ser bueno[a] y AD-2014-5 2

sabio[a]”. Y sin duda tenemos la obligación de serlo y de justificar la intuición de los humildes. ¡Pobres de nosotros si no lo entendemos así y no acertamos a comprender toda la austeridad moral, todo el elevado lirismo que la toga significa imponer!44

En el presente caso tenemos la delicada tarea de

juzgar la conducta de un compañero juez del Tribunal de

Primera Instancia. Al descargar esa responsabilidad, la

cual incide sobre la confianza de la ciudadanía en la

Rama Judicial, lo hacemos con el rigor que el País espera

y merece, de quienes, en última instancia, somos los

llamados a regular la conducta de los jueces y las juezas

que componen el Poder Judicial en Puerto Rico. Lo

hacemos, también, teniendo presente que aquel que le

falla a la confianza de un Pueblo, y en su día queda

demostrado, no debe tener el privilegio de vestir una

toga.

Establecido lo anterior, procedemos a exponer los

fundamentos que nos mueven a disentir del lamentable

proceder de una mayoría de este Tribunal en el día de

hoy.

Ello, no sin antes, reiterar la enorme preocupación,

manifestada desde el día que asumí el cargo como Juez

Asociado de este Tribunal, con la falta de uniformidad y

proporcionalidad que, lamentablemente, ha permeado por

años en este Alto Foro al momento de imponer sanciones

44 A. Ossorio y Gallardo, El Alma de la Toga, 1ra ed., San Bernandino CA, [s. Ed.], 2016, págs.159-160. AD-2014-5 3

disciplinarias a jueces y juezas, así como a abogadas y

abogados. Para una muestra de ello no hay que ir muy

lejos, basta con analizar y comparar las últimas tres

decisiones de este Tribunal en procedimientos

disciplinarios contra jueces o juezas, a saber: In re

Vissepó Vazquez, 2016 TSPR 211, 196 DPR ____ (2016); In

re Candelaria Rosa, Op. de 1 de marzo de 2017, y el caso

que nos ocupa. Insistimos en que es momento de estudiar y

repensar este asunto, en aras de cumplir con la facultad

constitucional e inherente que tiene este Tribunal de

reglamentar la profesión. Estoy seguro que los jueces y

juezas que componen la Rama Judicial en Puerto Rico,

nuestros abogados y abogadas, así como la comunidad en

general, lo agradecerán. Veamos.

I.

Del cuadro fáctico que expondremos a continuación cabe

cuestionarnos si el Juez Municipal del Tribunal de

Primera Instancia, Sala Municipal de Coamo, Eric Colón

Colón (en adelante “Colón Colón”) contravino los Cánones

2, 8, 19 y 23 de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-B. De

responder en la afirmativa, entonces resta determinar el

tipo de sanción a aplicarse.

Como bien se recoge en la Opinión del Tribunal, así

como en la Opinión Disidente de la Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez, la controversia ante nuestra

consideración surge a raíz de múltiples expresiones

-- desacertadas, destempladas, insensibles e indecorosas

-- realizadas por Colón Colón en la red social Facebook. AD-2014-5 4

Concretamente, Colón Colón publicó, en su página personal

de Facebook, lo siguiente45:

A. Comentarios sobre asuntos del Tribunal:

Comentario del 1 de septiembre de 2011: “Una señora me dice: „No he podido pagar la renta porque a mi marido le dieron lay oss‟. Y yo en mi mente: Ay chus!”.

Comentario del 6 de septiembre de 2011: “Que bonita esta querella que me han traido [sic]!”. Junto al comentario, el Juez Colón Colón publicó dos fotografías que parecen ser porciones de una querella manuscrita.

Comentario del 19 de septiembre de 2011: “Esta señora me ha dicho hoy que su hijo padece de esquizofrenia, pero anenoide. Diiitoooo...”.

Comentario del 8 de octubre de 2011: “Sigo acordándome de cosas: Hace algún tiempo, un señor se excusó porque no pudo compadecer al tribunal. Yo le contesté que no había ningún problema que el tribunal estaba de lo más bien, pero que gracias por preocuparse. Loll”.

Comentario de 12 de enero de 2012: “Así [sic] mismo como lo lee: esta persona presentó una querella porque le vendieron un carro sin batería y sin valvete”. En otro comentario relacionado a la misma querella indicó: “A lo mejor tenía la vonga…”.

Comentario sin fecha de publicación: “Entonces, la peticionaria de la orden de protección, al llenar el encasillado donde se describe el tipo de relación que sostenía con el peticionado, esto fue lo que escribió”. Junto al comentario aparece una fotografía que parece ser un formulario de orden de protección de la OAT. En el encasillado del formulario donde se indicaba “otra”, la persona escribió “me endrogue [sic]”.

45 Ello se desprende de la investigación realizada por la Oficina de Asuntos Legales de la Oficina de Administración de los Tribunales. AD-2014-5 5

Como si ello fuera poco, Colón Colón también

publicó en las redes sociales comentarios y fotos

alusivas a su frecuente consumo de bebidas alcohólicas:

B. Comentarios alusivos a su frecuente consumo de alcohol:

Comentario de 21 de agosto de 2011: “Gente, dense prisa, que dentro de una hora el gobernador anunciará si decreta la ley seca. A correr se ha dichoooooo!!!”.

Comentario de 21 de agosto de 2011: “Bueno, creo que ya tengo todo lo que me hacía falta para Irene” junto a una fotografía que incluye dos botellas de whisky Dewar’s White Label. Otra persona comentó “tremendo HONORABLE, la tormenta no la sentiraaaaa [sic]. La azúcar [sic] hace daño [sic] al ron, y el listerine para q[ue] el martes no se le nota…la tormenta […]”.

Comentario de 6 de enero de 2012: “Con el permiso de tod@s, voy a prepararme un trago”.

Fotografía de 15 de julio de 2012: Aparece Colón Colón con un trago en la mano. Uno de los comentarios a dicha foto indica: “Me encanta parece que vas a beber y no a apagar la vela…eso sería taaan tu…”

Comentario de 22 de agosto de 2012: “Como de costumbre, tengo todo lo necesario para la tormenta”. El querellado incluyó una fotografía de una botella de whisky Dewar’s White Label y algunos comestibles.

Comentario de 13 de octubre de 2013: “Bueno, yo estoy medio litro, perdón, medio listo para la tormenta…” e incluyó una foto de una botella de whisky Dewar’s White Label.

No conforme con lo anterior, Colón Colón, además,

publicó múltiples comentarios de burla a la prensa del

País, así como fotos y los siguientes comentarios con

connotación sexual:

C. Comentarios con alta connotación sexual: AD-2014-5 6

Comentario de 21 de junio de 2011: El querellado publicó una foto de una perra con las patas posteriores abiertas y comentó “No, no está muerta. Es mi perra Blanki del tribunal y a veces duerme asi [sic]. Es toda una perra!”

Comentario de 18 de enero de 2012: “Y ese titular que escuché: „Suiza derrama leche en quebrada de Puerto Nuevo‟? Qué cosa más sugestiva!!!”

Comentario de 31 de enero de 2012: A una fotografía de varios perros que parecen estar copulando, Colón Colón comentó: “Mis adorados perros del tribunal, jugando… Btw, la blanca y la negra son perras…”.

Así las cosas, a raíz de las aludidas expresiones y

previo a los procedimientos de rigor, el 12 de diciembre

de 2014, la Oficina de Administración de los Tribunales

(en adelante, “OAT”) presentó una Querella contra Colón

Colón. Mediante la misma, se le imputaron los siguientes

cargos:

Primer Cargo: El Querellado lesionó la imagen de la Rama Judicial y socavó la integridad, el respeto y la confianza que debe tener el pueblo en la Judicatura, deshonrando el cargo judicial, el colocar comentarios, anuncios y mensajes en su página de Facebook burlándose de ciudadanos y ciudadanas que habían comparecido ante él y haciendo referencia a asuntos que estaban o estuvieron ante su consideración, incluyendo o colocando en dicha página de Facebook copia de partes o porciones de documentos judiciales, además de mostrar imprudencia y falta de sensibilidad. Al así hacerlo, el Querellado infringió los Cánones 2,8,9 y 23 de Ética Judicial.

Segundo Cargo: El Querellado lesionó la imagen de la Rama Judicial y socavó la integridad, el respeto y la confianza que debe tener el pueblo en la Judicatura, al colocar comentarios, anuncios y mensajes en su página de Facebook relacionados o haciendo referencia a bebidas alcohólicas, críticas a la prensa y al modo de la redacción de noticias, burlas de la manera de expresarse de ciudadanos que habían comparecido ante él, alusión a animales en posiciones de copulación y referencias políticas. AD-2014-5 7

Tercer Cargo: El Querellado no observó su deber de comportarse de acuerdo a las más altas normas de respeto, decoro, solemnidad y dignidad requeridas a los miembros de la Judicatura en su página de Facebook, violentando su deber y responsabilidad de exhibir un comportamiento ejemplar en todo momento, tanto en su vida profesional, como en su vida privada. De esa forma, infringió los Cánones 2, 8, 19 y 23 de Ética Judicial.

En síntesis, y luego de varios incidentes procesales

no necesarios aquí pormenorizar, los cuales se recogen de

manera íntegra en la Opinión del Tribunal, la Comisión de

Disciplina Judicial concluyó que Colón Colón publicó

comentarios y/o fotografías que por su naturaleza

constituyen una violación a los Cánones 2, 8, 19 y 23 de

Ética Judicial, supra. A raíz de ello, la referida

Comisión recomendó la destitución del cargo de Juez

Municipal como medida disciplinaria a imponerse al

querellado. Lamentablemente, dicha recomendación no fue

acogida por una mayoría de este Tribunal, la cual optó

por imponer la laxa sanción de tres (3) meses de

suspensión. No estamos de acuerdo.

Contrario a lo resuelto por una mayoría de este

Tribunal, coincidimos con la Comisión de Disciplina

Judicial, en cuanto a que la destitución de Colón Colón

de su cargo de Juez Municipal es, el correcto curso de

acción a seguir en el presente caso. Nos explicamos.

II.

Como es sabido, en virtud del Artículo V, Sección

11, de la Constitución del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, este Tribunal

posee autoridad exclusiva para atender los procedimientos AD-2014-5 8

disciplinarios relacionados con los jueces y juezas del

Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de

Apelaciones. De conformidad con dicha autoridad, hace ya

más de medio siglo, aprobamos –- por primera vez -- los

Cánones de Ética Judicial, supra, e impusimos ciertos

deberes mínimos que los jueces y las juezas deben cumplir

con el propósito de promover la confianza de los

ciudadanos en nuestro sistema judicial y para garantizar

que su trabajo sea consecuente con los más altos

estándares éticos. In re Quiñones Artau, 193 DPR 356

(2015) a la pág. 376; In re Sierra Enríquez, 185 DPR 830,

850 (2012); In re Claverol Siaca, 175 DPR 177, 188

(2009). Allí también, se obligó a los jueces y a las

juezas “al compromiso y responsabilidad de imponerse

restricciones a su conducta, tanto en la esfera de sus

funciones judiciales como en otras actividades

profesionales y personales”. Preámbulo de los Cánones de

Ética Judicial, supra; In re Acevedo Hernández, 2015 TSPR

167, 194 DPR ____ (2015); In re Berríos Jiménez, 180 DPR

474 (2010); In re Nevárez Zavala, 123 DPR 511, 524

(1989).

En ese sentido, y en lo pertinente a la controversia

que nos ocupa, el Canon 2 de los de Ética Judicial

dispone que “[l]as juezas y los jueces ejemplificarán la

independencia judicial, tanto en sus aspectos

individuales como institucionales”. 4 LPRA Ap. IV-B, C.

2. Al respecto, hemos reiterado que “[e]l juez o la jueza

debe ser imparcial, por ello debe despojarse de todo

vínculo que pueda arrojar dudas sobre su capacidad para AD-2014-5 9

adjudicar la controversia”. In re Acevedo Hernández,

supra, a la pág. 367; In re Grau Acosta, 172 DPR 159, 171

(2007); In re Martínez González, 151 DPR 519, 527 (2000).

Por su parte, el Canon 8 de Ética Judicial establece que:

[p]ara el cabal desempeño de sus funciones, las juezas y los jueces serán laboriosas y laboriosos, prudentes, serenos e imparciales. Realizarán sus funciones judiciales de forma independiente, partiendo de una comprensión cuidadosa y consciente de la ley, libre de cualquier influencia ajena, de instigaciones, presiones, amenazas o interferencias, ya sean directas o indirectas, provenientes de cualquier fuente o por cualquier razón. Enmarcarán sus funciones adjudicativas en el estudio del Derecho y en la diligencia orientada hacia el empeño de descubrir los hechos esenciales de cada controversia.

La conducta de las juezas y de los jueces ha de excluir la posible apariencia de que son susceptibles de actuar por influencias de personas, grupos, partidos políticos o instituciones religiosas, por el clamor público, por consideraciones de popularidad o notoriedad, o por motivaciones impropias. 4 L.P.R.A. Ap. IV-B, C. 8. (Énfasis nuestro).

Sabido es que dicho Canon 8 ha sido interpretado por

este Tribunal de forma tal que proscribe que la figura de

los jueces y juezas sea utilizada indebidamente dentro o

fuera del tribunal. In re Quiñones Artau, supra; In re

Scherrer Caillet-Bois, 162 DPR 842, 860 (2004); In re

Cruz Aponte, 159 D.P.R. 170, 180 (2003).

De otra parte, cabe mencionar que el Canon 19 del

aludido Código de Ética Judicial esboza la prohibición de

que los jueces y juezas realicen declaraciones públicas

sobre ciertos asuntos: “Las juezas y los jueces no harán

declaraciones públicas sobre asuntos que estén sometidos

ante su consideración ni explicarán la razón de sus

actuaciones”. 4 LPRA Ap. IV-B, C. 19. AD-2014-5 10

Por último, el Canon 23 del Código de Ética

Judicial tiene el propósito de precisar cómo debe ser la

conducta pública de las juezas y los jueces:

Las juezas y los jueces se comportarán públicamente de manera que sus actuaciones no provoquen dudas sobre su capacidad para adjudicar imparcialmente las controversias judiciales, no deshonren el cargo judicial y no interfieran con el cabal desempeño de sus funciones judiciales. 4 L.P.R.A. Ap. IV-B, C. 23. (Énfasis nuestro).

Según hemos expresado, este Canon 23 “requiere que

el comportamiento de los jueces y las juezas en público

no ponga en duda su capacidad para ejercer su función

adjudicativa de forma imparcial”. In re Acevedo

Hernández, supra, a la pág. 12; In re Quiñones Artau,

supra, a la pág. 383. Véase además, In re Aprobación

Cánones Ética Judicial 2005, 164 DPR 403 (2005), citando

a R.J. Torres Torres, Cánones de Ética Judicial de

Puerto Rico, 9 Forum 7, 8 y 22 (1993).

Es decir, que el comportamiento tanto dentro como

fuera del tribunal debe ser uno de respeto y en

enaltecimiento del cargo judicial. In re Aprobación

Cánones Ética 2005, íd., a la pág. 445.

Cónsono con lo anterior, y con la autoridad

constitucional de este Tribunal para disciplinar a los

jueces y juezas, la Ley de la Judicatura del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201-2003, 4

LPRA sec. 24 et seq., dispone en su Artículo 6.001 las

medidas disciplinarias a las que éstos y éstas se exponen

al incurrir en violaciones a los Cánones de Ética

Profesional, entre otras. Entre dichas medidas se AD-2014-5 11

encuentran la destitución del cargo, la suspensión de

empleo y sueldo, y limitaciones al ejercicio de la

abogacía. 24 LPRA sec. 25j.

De igual forma, y en aras de instrumentalizar lo

antes dicho, se aprobaron las Reglas de Disciplina

Judicial, 4 LPRA Ap. XV-B, las cuales establecen el

proceso de acción disciplinaria contra los jueces y

juezas. En apretada síntesis, el referido proceso, tal y

como sucedió en el caso de autos, inicia con la

presentación de una queja juramentada ante la Oficina de

Asuntos Legales de la OAT o a iniciativa del Juez o Jueza

Presidenta, Juez o Jueza Asociada, o el Director o

Directora de la OAT. Posteriormente, de ser necesario, se

realiza una investigación e informe a ser evaluado por la

Comisión de Disciplina Judicial, la cual determinará la

existencia o ausencia de causa probable para presentar

una querella. Acto seguido, se inicia el descubrimiento

de prueba y se celebra una vista evidenciaria.

Finalmente, luego de dicha vista, la Comisión debe emitir

un informe con su recomendación. Una vez la misma advenga

final, el caso queda sometido para su adjudicación por

parte de este Tribunal. 4 LPRA Ap. XV–B, R. 8, 13, 21, y

30.

Es, precisamente, a la luz del marco jurídico antes

expuesto que procedemos a atender las controversias ante

nos.

Ahora bien, antes de disponer de tales

controversias, -- y no empece a los hechos antes

reseñados -- es menester señalar que nuestros ciudadanos AD-2014-5 12

y ciudadanas pueden tener la certeza de que cuentan con

una Rama Judicial compuesta por jueces y juezas

verticales, íntegros y con independencia de criterio. Han

sido pocos aquellos que -- como Colón Colón –- le han

faltado a la confianza que el País ha depositado en

ellos. Contra esos, hemos sido, y continuaremos siendo

implacables. A esa responsabilidad no abdicaremos.

III.

Aclarado lo anterior, como muy bien se recoge en la

Opinión del Tribunal y según surge de la propia

contestación a la querella presentada por Colón Colón, en

el presente caso no existe controversia en cuanto a que

éste, en efecto, publicó los aludidos comentarios y fotos

en su página pública de Facebook. Así lo concluyó la

Comisión de Disciplina Judicial en sus determinaciones de

hechos, las cuales este Tribunal no alteró, ante la

ausencia de parcialidad, prejuicio o error manifiesto.

Véase, a modo de ejemplo, In re Santiago Concepción, 189

DPR 378, 409 (2013).

Tampoco albergamos duda de que dicha conducta, tal y

como lo resolvió una mayoría de este Tribunal, en efecto

constituye una crasa violación por parte de Colón Colón a

lo dispuesto en los Cánones 2, 8, 19 y 23 del Código de

Ética Judicial, supra. En este sentido, a grandes rasgos,

coincidimos con lo resuelto por una mayoría del Tribunal.

Ahora bien, a pesar de reconocer que la conducta del

querellado tuvo el efecto de “socavar el respeto y la

confianza de la ciudadanía en la Rama Judicial” y de que

“es esa confianza la que nutre la independencia judicial AD-2014-5 13

y a su vez legitima el andamiaje en el cual se edifica la

función judicial propiamente”46, una mayoría de este

Tribunal -- de forma atropellada y sin aparente

justificación para ello -- opta por alejarse de la

recomendación emitida por la Comisión de Disciplina

Judicial y procede a sancionar a Colón Colón con tan solo

una mera suspensión por un período de tres (3) meses. A

juicio de la mayoría, y en lo que respecta

particularmente a la sanción impuesta, no se podía

proceder de otra forma, pues -- en esencia – entienden

que se trata aquí de un asunto novel, a saber: “las

implicaciones éticas que podrían suscitarse como

en particular, la red social Facebook”.47 No compartimos

dicha apreciación y es ahí, precisamente, donde nos vemos

en la obligación de disentir. Dos son las razones

principales que nos mueven a ello.

En primer lugar, el intento de la mayoría de este

Tribunal de disfrazar las controversias ante nos como un

asunto novel, para de ese modo pretender justificar su

laxo proceder en contra de Colón Colón, no encuentra

apoyo en la jurisprudencia citada. No olvidemos que el

medio a través del cual Colón Colón publicó las

expresiones objeto del presente proceso disciplinario

resulta ser inmaterial. Como sabemos, bien pudo Colón

Colón haberlas realizado en un periódico, en una revista,

en un programa de televisión o en cualquier otro medio de

comunicación, y el resultado sería el mismo. Y es que la

46 Véase, Opinión del Tribunal, pág. 18. 47 Véase, Opinión del Tribunal, pág. 1. AD-2014-5 14

conducta bajo análisis no es el uso de una red social sin

más, sino el acto de deliberadamente publicar expresiones

impropias e indecorosas, algunas de ellas de burla hacia

ciudadanos y ciudadanas quienes, en el intento de

reivindicar sus derechos, depositaron su confianza en

nuestro sistema judicial y acudieron a la sala presidida

por Colón Colón. Así pues, nuestra función no es pasar

juicio sobre el foro en el cual se realiza determinada

conducta, sino pasar juicio sobre la conducta en sí.

En segundo lugar, es menester señalar que la

jurisprudencia citada por la mayoría, como fundamento

para su proceder, dista mucho de lo ocurrido en el

presente caso.

Un minucioso análisis de los casos citados en la

Opinión del Tribunal revela que la conducta desplegada

por los jueces y las juezas que en aquellas ocasiones

fueron censurados -- y no destituidos por este Tribunal--

no fue una conducta que, similar a la de autos, atentara,

ofendiera o estuviese dirigida a las personas que día a

día acuden a nuestros tribunales en busca de justicia. Se

trataba allí, más bien, de conducta desplegada por

nuestros jueces y juezas en contra de abogados(as) u

otros funcionarios(as) del Tribunal, que tienen cierto

conocimiento de la manera en que se manejan los procesos

en los tribunales y de las normas que los gobiernan.

Tampoco la conducta juzgada en los casos que analiza

el Tribunal fue difundida --como en el presente caso -- a

través de una red social (Facebook), dando pie a que

infinito número de personas tuviesen acceso a ésta y AD-2014-5 15

también participasen de la conducta desacertada,

destemplada, insensible e indecorosa desplegada por Colón

Colón. En ese sentido, el daño ocasionado por Colón Colón

resulta contundente e irreversible.

V.

Establecido lo anterior, somos de la opinión de que

estamos ante un caso que concretamente ejemplifica el

escenario donde, sin temor a equivocarnos, debería

proceder la destitución de un juez o jueza de su cargo.

Con su conducta y a través de sus desacertadas,

destempladas, insensibles e indecorosas expresiones,

Colón Colón ha demostrado carecer de las cualidades que

demuestren su idoneidad de carácter para ejercer el cargo

de juez que ocupa. Al haber sido incapaz de prever las

ramificaciones éticas que acarrearían sus publicaciones

en la red social Facebook, como mínimo, Colón Colón ha

demostrado carecer de sentido común, sensibilidad,

empatía, respeto, sobriedad y dignidad que debe poseer

toda aquella persona que tiene el privilegio de vestir

una toga. Dicha conducta, por sí sola, merece que este

Tribunal ordene la destitución inmediata de Colón Colón

de su cargo de juez municipal. No olvidemos que “[la]

toga no es por sí sola una calidad, y cuando no hay

calidades verdaderas debajo de ella, se reduce a un

disfraz irrisorio”. A. Ossorio y Gallardo, El Alma de la

Toga, 1ra ed., San Bernandino CA, [s. Ed.], 2016,

págs.159-160.

No empece a lo anterior, una mayoría de este

Tribunal parece reservar la sanción de la destitución de AD-2014-5 16

un juez o jueza de su cargo únicamente a conductas

tipificadas como delito o constitutivas de un abuso

desmedido del poder judicial. Por ejemplo, en la Opinión

del Tribunal se citan varios casos en los que los jueces

y las juezas querelladas fueron destituidos de su cargo

por cometer asesinato en primer grado, consumir

sustancias controladas, incurrir en conducta constitutiva

de hostigamiento sexual, violencia doméstica y agresión,

entre otras.48 Por supuesto, coincido con que dichas

conductas son tan reprochables que ameritan la

destitución de un compañero juez o jueza.

Sin embargo, para quien suscribe, constituye también

una grave ofensa a nuestra Institución el que, de forma

desacertada, destemplada, insensible e indecorosa, se le

falte el respeto o se hiera a los seres humanos que los

jueces y las juezas estamos llamados a servir. Es decir,

esos seres humanos que día a día acuden a nuestros

tribunales con la confianza de que, sin importar el

resultado al que se llegue, al momento de adjudicar el

particular drama humano que enfrentan, serán tratados con

el mayor respeto. Ello, independientemente de su raza,

color, sexo, origen o condición social, ideas políticas o

religiosas, orientación sexual o identidad de género y,

en lo que respecta a este caso, de su nivel de

escolaridad.

Al enfrentarnos a violaciones éticas como las que

hoy atendemos, el tratadista Rodolfo Luis Vigo, en su

obra Ética y Responsabilidad Judicial, 1ra ed., Santa Fe,

48 Véase, Opinión en las págs. 24-26. AD-2014-5 17

Ed. Rubinzal-Culzoni, 2007, pág.215, argumenta a favor de

la destitución del cargo de juez, pues “estamos en el

campo de la responsabilidad política” -- es decir, la

responsabilidad que surge en virtud del poder

constitucional otorgado por el Pueblo al poder judicial -

– “y no de una responsabilidad estrictamente penal y, en

consecuencia, basta con que la sociedad política que ha

otorgado esa autoridad […] esté convencida de que no

puede conservarla […]”.

Es, precisamente, por la naturaleza intrínseca del

campo de la ética, que la actuación de Colón Colón no

tenía que encontrarse tipificada como delito en nuestro

Código Penal para que ameritase la destitución de su

cargo. “Basta la presencia de un funcionario que

significativamente incumpla sus deberes, para que se

habilite su remoción atendiendo al perjuicio real o

eventual que ese mal desempeño produce sobre el bienestar

de la comunidad, y ello al margen de que ese

incumplimiento sea voluntario o involuntario, con o sin

provecho propio”. Íd., pág.211.

Y es que la conducta de Colón Colón, reprochable por

demás, constituye una violación a la esencia misma de

nuestra labor como jueces y juezas y, por tanto, a los

pilares de nuestra Institución. Institución que, a fin de

cuentas, emana de la voluntad de los propios ciudadanos y

ciudadanas cuya dignidad Colón Colón degradó sin piedad

ni compasión.

En palabras del ex Juez Asociado de este Tribunal

señor Negrón García, expresadas con una sutileza AD-2014-5 18

particular en In re: Berríos Jiménez, 180 D.P.R. 474, 478

(2010), sostenemos que:

[e]l buen juez, pues evita toda conducta que mine la confianza pública en la neutralidad del Poder Judicial. Sabe que la suspicacia es el elemento corrosivo más dañino y difícil de subsanar de la estabilidad, convivencia y paz social. Descubre a tiempo que la metamorfosis del abogado al jurista se produce y se consuma no sólo con la opinión correcta en derecho o el discurso académico, sino engalanada en una ejemplar conducta de moral, neutralidad y dignidad judicial.

En fin, basta emplear el sentido común para concluir

que Colón Colón, al burlarse de ciudadanos y ciudadanas

que acuden a los tribunales del País a vindicar sus

derechos, y al publicar comentarios y fotografías sobre

asuntos ante su consideración, deshonró y desprestigió el

cargo judicial que ostenta. Como si ello fuera poco,

lesionó la imagen de la Rama Judicial de la que forma

parte y violó la confianza depositada en él. Tengamos

presente que la confianza otorgada por el pueblo en el

sistema de justicia requiere que los jueces y las juezas

actúen correctamente y conforme a los más altos niveles

de principios morales. Véanse In re Quiñones Capacetti,

2016 TSPR 97, 195 DPR ___(2016); In re Quiñones Artau,

supra a la pág. 376; In re Hon. Maldonado Torres, 152 DPR

858, 867 (2000).

Como bien se reconoce en la Opinión que hoy emite

este Tribunal, los comentarios publicados en Facebook por

Colón Colón resultan “mofantes, impudentes, y carentes de

sensibilidad” y tuvieron el devastador efecto de

“ultrajar la independencia judicial que todo magistrado

tiene el deber de ejemplificar tanto dentro como fuera AD-2014-5 19

del estrado”.49 Sin duda alguna, las actuaciones de Colón

Colón levantan serios cuestionamientos sobre su

temperamento judicial, pues evidentemente carece de

sentido común, respeto, tolerancia, compasión, amplitud

de mente, tacto y paciencia. Como si ello fuera poco,

muestra grave prejuicio contra uno de los sectores más

vulnerables de nuestra sociedad. La conducta de Colón

Colón es muestra patente de su abstracción de la sociedad

en que vive; defecto que lo torna incapaz para ejercer

sus prerrogativas judiciales.

Recordemos que de los jueces y las juezas “se espera

un dominio adicional sobre las reacciones normales

humanas”. Pueblo v. Baiges Chapel, 103 DPR 856, 863

(1975) (Op. concurrente). Resulta evidente que Colón

Colón carece de ese “dominio”, también denominado por

Ossorio y Gallardo como “freno”:

[…] [L]a toga, como todos los atributos profesionales, tiene, para el que la lleva, dos significados: freno e ilusión […] Es freno, porque cohíbe la libertad en lo que pudiera tener de licenciosa. La conversación innecesaria con gentes ruines, la palabra grosera, el gesto innoble, el impulso iracundo, la propensión a la violencia quedan encadenados, ya que no extinguidos, por imperio del traje talar. […] [L]a toga es uno de los pocos recordatorios de que constituimos clase y de que en los estrados no está sola nuestra personalidad, acaso indomable, sino también la dignidad colectiva de todos nuestros compañeros, depositadas en nuestras manos en aquel minuto. Ossorio y Gallardo, op. cit., págs.158-159.

Esa es la toga que estamos llamados a proteger, esa

es la toga que estamos llamados a vindicar.

49 Véase, Opinión págs. 18-19. AD-2014-5 20

En fin, una mayoría de este Tribunal, amparándose en

su amplio grado de discreción para sancionar a Colón

Colón, escogió el camino fácil y fue laxo en su función

evaluadora. Al imponer una sanción de tan solo tres (3)

meses de suspensión, dicha mayoría ha decidido cargar por

los próximos seis (6) años -- término aproximado en que

vence su nombramiento como Juez Municipal -- con lo que

Colón Colón representa, según hemos ya expresado, para la

Rama Judicial.

La consciencia me impide avalar con mi voto tal

proceder. La reiterada política institucional de cero

tolerancia a toda conducta que pueda lacerar la confianza

de la ciudadanía en el sistema de justicia justifica la

destitución propuesta. Es momento de hacer valer dicha

política. La más severa de las faltas merece la más

severa sanción.

Como bien señala el tratadista y Juez, Hon.

Sigfrido Steidel Figueroa, en su artículo “Ética de los

Jueces: Apuntes sobre su Objeto y Metodología”, Revista

Ethos, Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico,

vol. VI, 2009, en las págs. 217-21850:

[l]a legitimidad de las instituciones públicas supone, entre otras cosas, una dosis significativa de confianza de parte de la ciudadanía. Esa confianza no surge espontáneamente. Es resultado de la confluencia de varios factores, entre los cuales la idoneidad de quienes ejercen los cargos públicos es un elemento indispensable. […] [L]a aptitud profesional, si bien es un elemento importante, es una condición necesaria, pero no suficiente para considerar a una persona como idónea para ejercer un

50 Disponible en: http://issuu.com/eticagubernamental/docs/ethos_vi/17. (última visita, 29 de agosto de 2016) AD-2014-5 21

cargo. La confianza es también fruto de la idoneidad de carácter, entendida esta como el conjunto de cualidades personales, al margen de la preparación profesional, que tiene el funcionario y que afectan o pueden afectar el desempeño de su cargo.

Es pues, por todo lo anterior, que disentimos del

lamentable proceder de una mayoría de este Tribunal. En

consecuencia, ordenaríamos la destitución inmediata de

Colón Colón de su cargo de Juez Municipal.

Ángel Colón Pérez Juez Asociado