In Re: Celimar Gracia Marín

2026 TSPR 1

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: January 14, 2026
• Docket: CP-2022-0002
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re: 2026 TSPR 1

217 DPR ___ Celimar Gracia Marín (TS-11,638)

Número del Caso: CP-2022-0002

Fecha: 14 de enero de 2026

Oficina del Procurador General:

Hon. Omar Andino Figueroa Procurador General

Lcda. Mabel Sotomayor Hernández Subprocuradora General

Lcdo. Edwin B. Mojica Camps Subprocurador General

Lcda. Yaizamarie Lugo Fontánez Procuradora General Auxiliar

Lcda. Gisela Rivera Matos Procuradora General Auxiliar

Lcda. Melanie M. Mercado Méndez Procuradora General Auxiliar

Representantes legales de la querellada:

Lcdo. Hugo Rodríguez Díaz Lcda. Susana C. Serrano Mondesí

Comisionada Especial:

Hon. Nereida Cortés González

Materia: Conducta Profesional – Censura enérgica y apercibimiento por infringir los Cánones 9 y 38 del Código de Ética Profesional.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Celimar Gracia Marín CP-2022-0002 (TS-11,638)

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de enero de 2026.

Una vez más, nos vemos en la obligación de ejercer

nuestro poder inherente para disciplinar a una abogada

miembro de la profesión legal. En esta ocasión, intervenimos

con la Lcda. Celimar Gracia Marín por infringir los Cánones

9 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Por

los fundamentos que expondremos y, tomando en consideración

que se trata de la primera queja y querella en contra de la

letrada en su experimentada carrera como representante legal

de personas indigentes, procede únicamente que censuremos

enérgicamente sus expresiones y le apercibamos respecto a

futuras infracciones.

A continuación, describimos los incidentes procesales

y los hechos que motivan nuestra determinación.

I

El 29 de junio de 2020, el Hon. Ricardo G. Marrero

Guerrero, en calidad de Juez Administrador del Tribunal de

Primera Instancia de Caguas, cursó a la Secretaría de este

Tribunal una misiva para referir a nuestra atención CP-2022-0002 2

disciplinaria varios incidentes relativos a la conducta de

la Lcda. Celimar Gracia Marín (licenciada Gracia Marín o

querellada) ante distintas salas penales de la Región

Judicial de Caguas.1 En particular, nos convidó a evaluar si

los incidentes referidos configuraron una infracción al

Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra, u alguna

otra disposición. La referida misiva se acogió como una

Queja bajo el alfanumérico AB-2020-0054 y, de conformidad

con la Regla 14 (C) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4

LPRA Ap. XX1-B, se le concedió un término a la licenciada

Gracia Marín para presentar su contestación.

El 28 de septiembre de 2020 la licenciada Gracia Marín

presentó su Contestación a queja. En apretada síntesis,

expuso su respuesta a cada uno de los incidentes señalados,

explicó las circunstancias y los hechos que, a su juicio,

debían tomarse en consideración al evaluar la queja, y nos

solicitó su archivo.

El 4 de diciembre de 2020 se dictó una Resolución para

ordenarle a la Oficina del Procurador General (OPG) que

investigara la conducta desplegada y emitiera un informe.

En cumplimiento, el 7 de junio de 2021, la OPG presentó un

1 Los incidentes ocurrieron en las vistas de los siguientes casos: Pueblo v. Carmelo Montañez Pérez, Casos Núm. E1VP201901172 al 01173 y el E1VP201901522; Pueblo v. Samuel Santos Correa, Casos Núm. E1VP201901308 al 01310; Pueblo v. José A. Canino Santos, Casos Núm. E1VP201901844 al 01851; Pueblo v. María de Lourdes Mustafa Claudio, Casos Núm. E1VP201902194 al 02196; Pueblo v. Guillermo García Oyola, Caso Núm. ESVP202000006; Pueblo v. Santos I. Nazario Díaz, Casos Núm. E1VP201800502 al 00507; Pueblo v. Mykhor Alex Mercado González, Casos Núm. ESVP202000011 al 00014. CP-2022-0002 3

Informe del Procurador General en el que consignó que la

licenciada Gracia Marín pudo haber infringido los Cánones

1, 9, 18 y 38 del Código de Ética Profesional, supra, y nos

recomendó iniciar el procedimiento disciplinario en su

contra.

El 12 de enero de 2022 se dictó una Resolución para

instruir a la OPG a presentar la querella correspondiente,

con el fin de continuar el procedimiento disciplinario, lo

cual realizó mediante la presentación de la querella de

epígrafe el 9 de marzo de 2022. En esta, se le imputó a la

licenciada Gracia Marín la infracción de los Cánones 1, 9,

18 y 38 del Código de Ética Profesional, supra. En resumen,

respecto a cada uno de los cargos se detalló lo siguiente:

Cargo I, infracción al Canon 1: De las grabaciones de las diferentes vistas, surge que la licenciada Gracia Marín, a pesar de ser abogada de la Sociedad para Asistencia Legal, informó en diversos casos que no participaría del proceso, no intervendría en el caso, no comparecería a vistas o a sala y no contrainterrogaría a un testigo. Además, intentó abandonar a un cliente en sala, y regresó solamente porque el Juez Flores Sellés le indicó que se exponía a un desacato si abandonaba la sala.

Cargo II, infracción al Canon 9: De las grabaciones de las vistas surge que la licenciada Gracia Marín no solo hizo expresiones que resultan insultantes para los tribunales, como decir “esto es un disparate” y que lo decidido por el Juez era una “barbaridad”, sino que retó constantemente la autoridad de los jueces y la jueza, con la consecuencia de no respetar la posición que estos últimos asumían. Incluso, insinuó que la Oficina de la Administración de Tribunales había impartido directrices a los jueces para que no desestimaran los casos. CP-2022-0002 4

Cargo III, infracción al Canon 18: La querellada no fue diligente, ni rindió una labor idónea y competente cuando intentó abandonar la sala del tribunal y dejar al cliente solo, durante un procedimiento criminal, y al manifestar al tribunal que: no contrainterrogaría, no participaría de un proceso, no intervendría en un caso porque no se iba a prestar para eso, y no estaba preparada para la vista.

Cargo IV, infracción al Canon 38: La totalidad del comportamiento de la querellada, en sus comparecencias en los casos ante los diferentes jueces del Tribunal de Primera Instancia, no exaltó el honor y la dignidad de la profesión. La querellada tuvo una conducta que demostró falta de respeto no solo a los jueces que presidían los procedimientos, sino que tuvo la consecuencia de no brindarle representación legal adecuada a sus clientes y de afectar la consecución de una mejor administración de la justicia. El comportamiento de la querellada, y muchas de sus expresiones, fueron desafiantes a la autoridad de los jueces.2

El 6 de mayo de 2022, la licenciada Gracia Marín

presentó su Contestación a querella. En esta expuso que, en

ninguno de los incidentes, el Juez o la Jueza que presidía

los procedimientos entendió meritorio hacer uso de las

herramientas a su disposición en caso de que la conducta

atentara contra la dignidad del tribunal o que entorpeciera

los procedimientos, como sería la imposición de desacato o

de sanciones económicas. Además, explicó lo ocurrido en cada

uno de los incidentes y argumentó que, en algunos de estos,

se trató del desahogo de una frustración e incredulidad en

el fragor de la litigación, sin ánimo de faltar el respeto

al tribunal. Similarmente, reconoció que debió haber

2 Querella Núm. CP-2022-0002, págs. 16-17. CP-2022-0002 5

utilizado otro lenguaje y expresó arrepentimiento por su

proceder. Por último, explicó que su decisión de no

contrainterrogar a un testigo obedeció a su estrategia

legal. Por todo ello, solicitó que se declarara no ha lugar

la querella en su contra o, en la alternativa, se tomaran

en consideración las circunstancias y los atenuantes

aplicables.

El 12 de noviembre de 2024 dictamos una Resolución para

designar a la Lcda. Nereida Cortés González como Comisionada

Especial. Ante ello, se le encomendó recibir la prueba y

rendir un informe con determinaciones de hechos y la

recomendación disciplinaria que estimara procedente.

En cumplimiento, el 19 de agosto de 2025 recibimos el

Informe de la Comisionada Especial. Surge del mismo que, el

18 de julio de 2025 se realizó la vista evidenciaria en la

que se admitieron por estipulación varios documentos,

incluyendo las grabaciones de las vistas celebradas ante el

Tribunal de Primera Instancia, así como sus transcripciones

y cinco (5) declaraciones juradas de los testigos de

reputación de la querellada. Además, la licenciada Gracia

Marín ofreció su propio testimonio y fue contrainterrogada

por la representación de la OPG. Según se detallara, la

Comisionada Especial encontró prueba clara, robusta y

convincente de infracción a los Cánones 9 y 38 de Ética

Profesional, mas no de los Cánones 1 y 18.

Finalmente, el 8 de septiembre de 2025, la OPG presentó

una Reacción de la Oficina del Procurador General al Informe CP-2022-0002 6

de la Comisionada Especial. En síntesis, expresó que, a su

entender, cumplió con el estándar de prueba requerido para

demostrar la infracción en los cuatro (4) cargos que se le

imputaron a la querellada.

Con ello en mente, examinemos las disposiciones éticas

II

A.

Como parte del poder inherente que tenemos para regular

la profesión legal, nos corresponde velar porque las

personas admitidas a ejercer la práctica de la abogacía y

de la notaría desempeñen sus funciones de manera

responsable, competente y diligente. In re Rivera Rodríguez,

2025 TSPR 69, 216 DPR ___ (2025); In re Pérez Fernández, 213

DPR 950, 956 (2024); In re Malavé León, 211 DPR 971, 977

(2023).

Es sabido que el Código de Ética Profesional constituye

las normas mínimas sobre la conducta de los miembros de la

profesión legal que ejercen la abogacía. Preámbulo de los

Cánones de Ética Profesional, supra. El incumplimiento con

las normas que impone el ordenamiento ético y la ley acarrea

la imposición de sanciones disciplinarias. In re Pérez

Rojas, 2025 TSPR 90; In re Torres Alvarado, 212 DPR 477, 485

(2023); In re Irizarry Irizarry, 190 DPR 368, 374 (2014).

Como vimos, a la licenciada Gracia Marín se le imputó

haber infringido los Cánones 1, 9, 18 y 38 del Código de CP-2022-0002 7

Ética Profesional, supra. A continuación, repasamos las

exigencias de cada uno de estos.

B.

En múltiples ocasiones hemos expresado que los abogados

y las abogadas que ejercen la práctica en nuestra

jurisdicción desempeñan una función eminentemente pública,

por lo que se les considera oficiales de los tribunales. In

re Hance Flores, 193 DPR 767, 774 (2015); In re Rodríguez

Santiago, 157 DPR 26, 31 (2002). A esos efectos, los

abogados y las abogadas tienen un deber ineludible, que

comparten con el Estado, de garantizar a las personas

imputadas de un delito asistencia legal en todo proceso

criminal. Véase Art. II, Sec. 11, Const. PR, LPRA, Tomo 1.

Este derecho, de entronque constitucional, se ha reconocido,

además, como un componente fundamental del debido proceso

de ley. Véanse: In re García Muñoz, 160 DPR 744, 751

(2003); In re Rodríguez Santiago, supra; Ramos Acevedo v.

Tribunal Superior, 133 DPR 599, 609 (1993). Al desempeñar

esta función, todo profesional del Derecho tiene el deber

de conformar su conducta a aquellos principios dirigidos a

asegurar el justo y buen funcionamiento de nuestro sistema

de justicia. Pueblo v. Quiles Negrón et al., 193 DPR 609,

619 (2015) (Per curiam).

A tenor con este mandato constitucional, el Canon 1 del

Código de Ética Profesional, supra, dispone lo siguiente:

Constituye una obligación fundamental de todo abogado luchar continuamente para garantizar que toda persona tenga acceso a la representación CP-2022-0002 8

capacitada, íntegra y diligente de un miembro de la profesión legal.

En la consecución de este objetivo el abogado debe aceptar y llevar a cabo toda encomienda razonable de rendir servicios legales gratuitos a indigentes, especialmente en lo que se refiere a la defensa de acusados y a la representación legal de personas insolventes. La ausencia de compensación económica en tales casos no releva al abogado de su obligación de prestar servicios legales competentes, diligentes y entusiastas.

También es obligación del abogado ayudar a establecer medios apropiados para suministrar servicios legales adecuados a todas las personas que no pueden pagarlos. Esta obligación incluye la de apoyar los programas existentes y la de contribuir positivamente a extenderlos y mejorarlos.

Al interpretar el referido Canon 1, hemos afirmado que

los abogados y las abogadas admitidos a ejercer la profesión

legal en nuestra jurisdicción tienen la obligación ética de

asumir la representación legal de una persona indigente

cuando son designados como abogados o abogadas de oficio por

un tribunal. In re Hance Flores, supra, págs. 775–776. Véase

In re Rodríguez Santiago, supra, pág. 35. Además, hemos

afirmado que, luego de la designación de oficio

correspondiente por un tribunal, asumir la representación

legal de una persona indigente en un procedimiento criminal

no sólo constituye una obligación ética, sino también un

deber impuesto por ley. In re Hance Flores, supra, pág. 35.

Véase In re García Muñoz, supra, pág. 753.

Como resultado, constituye una conducta no solo

reprochable, sino también sancionable, que un letrado o una

letrada se niegue a ofrecer sus servicios profesionales a CP-2022-0002 9

una persona indigente a quien se le encausa criminalmente,

sin aducir una razón legítima que pueda anteponerse al

interés apremiante de garantizarle su derecho constitucional

a contar con representación legal. Pueblo v. Quiles Negrón

et al., supra, (Per curiam), citando a In re Rodríguez

Santiago, supra, pág. 36.

C.

Conforme lo ha reiterado este Tribunal en innumerables

ocasiones, el Canon 9 del Código de Ética Profesional,

supra, exige que todos los miembros de la profesión

“observ[en] para con los tribunales una conducta que se

caracterice por el mayor respeto”. El deber de respeto que

surge del Canon 9 tiene dos (2) vertientes. La primera

implica el deber de respetar las órdenes y directrices

emitidas por los tribunales, las cuales, a su vez, solamente

pueden ser impugnadas por medio de los cauces apelativos

apropiados (respeto a la autoridad judicial). S. Steidel

Figueroa, Ética y responsabilidad disciplinaria del abogado,

San Juan, Pubs. JTS, 2010, pág. 312.3 La segunda vertiente

“enuncia el deber de los abogados y las abogadas de respetar

a ̒jueces, empleados y funcionarios del tribunal, tanto en

comparecencias formales, personales o por escrito, como

cuando interactúa[n] informalmente con éstos [...]’”

3 Véase, además, S. Steidel Figueroa, Ética para juristas: Ética del abogado y responsabilidad disciplinaria del abogado, San Juan, Ed. SITUM, 2016, pág. 371. CP-2022-0002 10

(respeto de carácter cívico). I ́d., citado en Pueblo v.

Quiles Negrón et al., supra, pág. 620.

De esta manera, el Canon 9 requiere que cuando los

profesionales del Derecho se dirijan al tribunal o a uno de

sus funcionarios lo hagan con respeto y deferencia. Íd.

Pueblo v. Quiles Negrón et al., supra. El respeto y la

deferencia hacia los jueces y las juezas trasciende los

formalismos de llamarles “honorable” o “ilustrado”. In re

Crespo Enríquez, 147 DPR 656, 664 (1999). Tales muestras de

respeto y consideración tienen que estar a la altura de lo

que se espera de todos y cada uno de los funcionarios del

tribunal en los planteamientos que luego se formulan. Íd.

Si en algo se equivoca el juez o la jueza que preside los

procedimientos, el remedio que tiene la persona que ejerce

la abogacía no es injuriarlo, sino solicitar que reconsidere

o recurrir a un tribunal de superior jerarquía para no

infringir los principios básicos de deferencia y

consideración hacia los tribunales. Íd., págs. 664-665. Por

ello, hemos expresado que:

el que un abogado defienda apasionada y diligentemente la causa de acción de su cliente, no es incompatible con la exigencia de que cuando vaya a dirigirse al tribunal lo haga respetuosa y decorosamente. Ello, no empece a que reconocemos que hay instancias en que a los abogados —que con tesón y esmero defienden las causas de sus clientes— les causa desazón las determinaciones adversas que puedan hacer los tribunales; no obstante, ello no es licencia para cuestionar la dignidad, honestidad y ecuanimidad de los miembros de la Judicatura. In re Crespo Enríquez, supra, pág. 663. CP-2022-0002 11

En consecuencia, ante determinaciones adversas en los

casos que representan, los abogados y las abogadas poseen

las herramientas y los remedios adecuados que el propio

ordenamiento les provee para revisarlas. En atención a la

autoridad que poseen los tribunales de justicia y a la

deferencia y respeto que merecen, es a esos remedios a los

que los profesionales del Derecho están obligados a recurrir

para vindicar sus reclamos. Pueblo v. Quiles Negrón et al.,

supra, pág. 621. Entiéndase, la discrepancia con una

determinación judicial no justificará que el abogado o la

abogada incurra en el uso de lenguaje impropio o hiriente.

In re Pagán, 116 DPR 107, 111 (1985). Las razones de

civilidad imponen esta sencilla norma. Íd.4

Los profesionales que ejercen la abogacía pueden

disentir respetuosamente del dictamen de un juez o una

jueza. S. Steidel Figueroa, Ética para juristas: Ética del

abogado y responsabilidad disciplinaria del abogado, op.

cit., pág. 375. Nos comenta el Hon. Juez Steidel Figueroa

que un disenso respetuoso será aquel que “se ciñe a discutir

los méritos de una determinación judicial sin

4Para otros casos en los que hemos censurado las expresiones o disciplinado la conducta de abogados y abogadas, véanse: In re González Cardona, 179 DPR 548 (2010); In re Rochet Santoro, 174 DPR 123 (2008); In re López de Victoria I, 163 DPR 1 (2004); In re Markus, 158 DPR 881 (2003); In re Rivera García, 147 DPR 746, 749 (1999); In re Miranda Marchand, 135 DPR 580 (1994); Pueblo v. Ruiz Negrón, 113 DPR 17, 22 (1982); In re Pagán Hernández, 105 DPR 796, 801-802 (1977), entre otros. CP-2022-0002 12

consideraciones ajenas al derecho y al razonamiento jurídico

pertinente”. Íd.

Por otra parte, de acuerdo con este Canon, las abogadas

y los abogados tienen el “deber de cumplir pronta y

diligentemente todos nuestros requerimientos y órdenes, pues

su desatención constituye un desafío a nuestra autoridad”.

In re Malavé León, supra, pág. 977. El incumplir con las

órdenes de un tribunal denota una actitud de menosprecio e

indiferencia hacia la autoridad de este último y constituye

una violación al Canon 9. In re Carmona Rodríguez, 206 DPR

863, 868 (2021).

D.

El Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra,

requiere que los y las profesionales del Derecho rindan una

labor idónea, competente, cuidadosa y diligente. In re Pérez

Rojas, 213 DPR 244, 256 (2023); In re Lugo Quiñones I, 206

DPR 1, 10-11 (2021). Los abogados y las abogadas tienen el

deber de defender los intereses de su cliente empleando la

mayor capacidad, lealtad, responsabilidad, efectividad y

honradez. In re Amill Acosta, 181 DPR 934, 939 (2011). Esto

implica que la profesión de la abogacía no se puede ejercer

con indiferencia, desidia, despreocupación, inacción y

displicencia en la tramitación de un caso. In re Ramos

Bahamundi, 2025 TSPR 43, 215 DPR ___ (2025); In re

Carrasquillo Bermúdez, 203 DPR 847, 861 (2020).

Si el abogado o la abogada no puede prepararse y actuar

como la profesión lo exige, no debe asumir la representación CP-2022-0002 13

legal. In re Bonhomme Meléndez, 202 DPR 610, 623 (2019). Por

tanto, “[h]emos sostenido, sin ambages, que aquella

actuación negligente que pueda conllevar, o que en efecto

conlleve, la desestimación o el archivo de un caso, se

configura violatoria del citado Canon 18”. In re García

Incera, 201 DPR 1043, 1049 (2019). Algunas de las conductas

que acarrean la infracción de este mandato ético son: (1)

no responder planteamientos medulares; (2) ignorar órdenes

judiciales o administrativas; (3) incurrir en errores

crasos; (4) desatender o abandonar el trámite de un caso, y

(5) permitir que la acción se desestime sin realizar

esfuerzos para evitarlo. In re Pérez Rojas, supra, pág. 257;

In re Cardona Estelritz, 212 DPR 649, 666 (2023).

E.

El Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra,

establece el deber de todo abogado o abogada de exaltar el

honor y la dignidad de su profesión, y de evitar la

apariencia de conducta profesional impropia. La apariencia

de conducta impropia lacera la imagen, la confianza y el

respeto que nuestra sociedad deposita en la profesión y en

las instituciones de la justicia. In re Carbone Rosario,

2025 TSPR 88, citando a In re Otero, Pacheco, 200 DPR 561,

584 (2018); In re Guemárez Santiago, 191 DPR 611, 620 (2014).

Así, un abogado o una abogada debe regirse conforme a los

más altos postulados éticos. In re Rádinson Pérez et al.,

204 DPR 522, 542 (2020); In re Rivera Rodríguez, 202 DPR

1026, 1053 (2019). Ello se debe a que nuestra profesión CP-2022-0002 14

tiene un gran impacto en la vida y en la propiedad de otras

personas. Íd. A la luz de esto, la clase togada debe -y

tiene que– conducirse con dignidad y honor en el ejercicio

de sus funciones profesionales. Canon 38 del Código de Ética

Profesional, supra.

F.

En el pasado, a los fines de guiar la ardua tarea de

examinar y ponderar la conducta de los abogados y las

abogadas —tanto oral como escrita— hemos elaborado tres (3)

criterios que abonan a que emitamos determinaciones más

justas y equitativas. Los criterios son: (1) si, aunque

equivocado, el abogado o la abogada creía en la validez de

las imputaciones al juez o jueza; (2) si, aunque los hechos

no eran ciertos, tenía motivos fundados o causa probable

para creer en su veracidad; y (3) si la imputación no fue

hecha maliciosamente con el propósito deliberado de denigrar

al tribunal. In re Crespo Enríquez, supra, pág. 664; In re

Cardona Álvarez, 116 DPR 895, 906 (1986).

III

Para adjudicar este proceso disciplinario y

justipreciar los cuatro (4) cargos imputados, es necesario

evaluar si cierta conducta de la licenciada Gracia Marín

quebrantó el Código de Ética Profesional, supra. Con este

propósito, debemos examinar las determinaciones de hechos

del Informe de la Comisionada Especial, realizadas tras la

debida adjudicación de credibilidad y evaluación de la CP-2022-0002 15

prueba documental. Se consignaron, en lo pertinente, las

siguientes determinaciones de hechos:

1. La Lcda. Celimar Gracia Marín fue admitida al ejercicio de la abogacía el 20 de junio de 1996, y al ejercicio de la notaría el 14 de febrero de 1997.

2. Desde el 1 de agosto de 1997 se integró a la Sociedad para Asistencia Legal (SAL), donde ha laborado hasta el presente, representando a personas indigentes en casos criminales de naturaleza grave o menos grave.

3. El director de la SAL se encarga de preparar el turno semanal por abogados, lo que dependerá de la cantidad de abogados que haya disponible. Esos turnos usualmente son de una semana.

4. En promedio, cada abogado atiende 1,200 casos por año y 100 por semana. En Bayamón, la querellada tenía una carga de aproximadamente 20 casos diarios y en Caguas entre 10 a 12 casos, en distintas etapas del proceso. Cada caso por cliente puede tener más de un expediente.

5. La querellada ha participado como abogada de la SAL en más de 15,000 casos.

6. Al estar los casos en distintas etapas, los señalamientos son simultáneos, lo que como abogada requiere estar en distintas salas y en distintos pisos del tribunal al mismo tiempo, incluso para los señalamientos de vista preliminar que se señalan a la misma hora.

7. Para el año 2000, cuando la querellada llegó al Tribunal de Caguas a prestar servicios en la SAL, la Jueza Cruz Vélez presidía una sala de vistas preliminares. Entonces, Edwin Flores Sellés no era juez; era su compañero de trabajo en la oficina de la SAL. El Honorable Marrero Guerrero tampoco era juez en Caguas.

8. Durante un tiempo, para el mismo periodo en que atendía asuntos de adultos, la querellada había sido asignada también al Programa de Menores, por lo que los casos de esos asuntos se atendían en un piso distinto debido a la confidencialidad que se provee a ese tipo de proceso.

9. La licenciada Gracia Marín dejó de trabajar en la oficina local de Caguas en el 2020. Ese año fue significativo porque hubo una pandemia que provocó el CP-2022-0002 16

cierre de los trabajos en los tribunales el 16 de marzo de 2020.

10. El 24 de agosto de 2020, mientras llevaba a su hija a la universidad en Massachussets, la licenciada Gracia Marín fue notificada de una carta del Juez Marrero Guerrero con relación a un incidente en su sala, la cual también mencionaba incidentes en las salas de otros jueces. La carta llegó a la oficina de la SAL de Humacao, desde donde le llamaron para informarle que se había recibido, dirigido a ella, un sobre con el Tribunal Supremo como destinatario.

11. Al recibir la información sobre esa carta, la licenciada Gracia Marín pidió traslado para otra región, puesto que comparecía casi diariamente a las salas que esos jueces presidian. Se entendió que, el que ella no pudiera asistir a esas salas, si se mantenía en Caguas, causaría un disloque sobre los casos.

12. Cuando regresó de Boston, tras conocer de la queja, como medida correctiva fue directo a laborar a otra región (Humacao). No ha regresado al Tribunal de Caguas y no ha tenido contacto con sus salas.

13. Luego, determinó buscar otro lugar de trabajo y en lugar de postular, dedicarse a preparar escritos de revisión en la División de Apelaciones de la SAL, labor a la que se dedica en la actualidad.5

En adelante, resumimos los hechos determinados por la

Comisionada Especial respecto a cada uno de los incidentes

que motivaron los cargos en contra de la querellada.

Incidente 1: Vista Preliminar ante la Hon. Ana Paulina Cruz Vélez el 18 de junio de 2018 en la Sala 202, en Pueblo v. Santos I. Nazario Díaz, Casos Núm. E1VP201800502 al 00507.

El caso era uno de alto interés público, debido a que

la persona fallecida era un policía municipal. La abogada

de oficio de uno de los coimputados había notificado que

llegaría más tarde por un asunto relacionado con su padre,

situación que conocía el Tribunal y la licenciada Gracia

5 Informe de la Comisionada Especial, págs. 6-9. CP-2022-0002 17

Marín. La demora de la otra abogada había impedido comenzar

la vista preliminar.

Ese día, la licenciada Gracia Marín estaba atendiendo

asuntos de distintos acusados en varias salas, todos

señalados para el mismo día. Uno de esos casos correspondía

a una vista preliminar en la Sala 201. Mientras se encontraba

postulando en esa sala, se recibieron tres (3) llamadas de

la sala de la Jueza Cruz Vélez requiriendo la presencia de

la licenciada Gracia Marín en su Sala 202. En la tercera

llamada, la Jueza que presidía la Sala 201 interrumpió a la

querellada mientras postulaba, para señalar que había

informado al alguacil que la abogada se encontraba

postulando y que cuando terminara pasaría a la otra sala.

No se le consultó o brindó oportunidad a la querellada de

ir a la Sala 202. La Jueza de la Sala 201 se encargó

personalmente de notificar que la querellada estaba ocupada

en otro asunto. Incluso, antes de todo ello, la licenciada

Gracia Marín había acudido a la Sala 202 a informar que

estaría en la Sala 201.

Al terminar la vista en la Sala 201, la querellada fue

a la Sala 202 y, al entrar, observó que la vista preliminar

había comenzado, que el testigo principal estaba declarando

mientras su representado estaba, a su entender, solo en la

sala. En el salón de sesiones estaba presente otro abogado

de la SAL de otra jurisdicción, quien apoyaba el trámite del

caso, y la Jueza resolvió que la vista podía dar inicio. CP-2022-0002 18

Al entrar, la querellada no tenía conocimiento del

estado del procedimiento, por lo que cuestionó el inicio de

la vista y tuvo un intercambio verbal con la Jueza que

excedió los cinco (5) minutos. Su intención era consignar

para récord lo que consideró una absoluta falta de respeto

hacia ella, el que la vista hubiese iniciado sin su presencia

y con el conocimiento de que estaba postulando en la sala

contigua (“ha sido una total y absoluta falta de respeto lo

que ha hecho el tribunal hacia esta abogada”).6

La Jueza Cruz Vélez le apercibió a la querellada que

había dos (2) abogados en la sala y le instruyó en dos (2)

ocasiones a sentarse y no interrumpir los procedimientos.

Luego de esto, la querellada participó activamente en el

contrainterrogatorio de los testigos. Asimismo, postuló ante

la Jueza Cruz Vélez en otros casos.

Incidente 2: Vista Preliminar en alzada ante el Hon. Edwin Flores Sellés el 30 de septiembre de 2019, en Pueblo v. Carmelo Montañez Pérez, Casos Núm. E1VP201901172 al 01173 y el E1VP201901522.

El perjudicado y testigo del caso había fallecido y el

Ministerio Público solicitó que se diera por sometido con

la regrabación de la declaración del testigo, no disponible,

que prestó en una vista en alzada de causa probable para

arresto relacionada a otro delito. La querellada expresó su

reparo al uso de la grabación y consignó sus fundamentos

respecto a asuntos del testimonio anterior y a la falta de

6 Informe de la Comisionada Especial, págs. 10-11. CP-2022-0002 19

oportunidad de contrainterrogar al testigo por parte de la

defensa.

El Juez resolvió que escucharía la grabación, lo que

dio lugar a una argumentación entre la querellada y el Juez

sobre la determinación tomada. Entretanto, la querellada

indicó que no se podría ver la vista porque iba a recurrir

del dictamen. A eso añadió que “si esa es la justicia que

se le quiere dar a nuestro representado, yo no me voy a

prestar para eso. Yo quiero defenderlo con todas las de la

ley, y que a mí en un Tribunal de superior jerarquía aquí,

me diga que esto está avalado”.7 La argumentación prosiguió,

el Juez reiteró que se vería la vista y le indicó a la

querellada que si se quería marchar lo hiciera, pues no

pelearía con ella. La querellada continuó con expresiones

como: “[e]l tribunal se satisface con cualquier cosa que le

diga el fiscal” y “[e]sto es bárbaro”.8

En el procedimiento disciplinario, la querellada

manifestó que para ella era importante que el Tribunal

entendiera su planteamiento en derecho y que, superado ese

asunto, la vista continuó con normalidad y con su

participación activa.

Incidente 3: Vista Preliminar ante el Hon. Edwin Flores Sellés el 25 de octubre de 2019, en Pueblo v. Samuel Santos Correa, Casos Núm. E1VP201901308 al 01310.

7 Íd., pág. 14.

8 Íd., pág. 15. CP-2022-0002 20

Terminado el desfile de prueba, el Juez preguntó a las

partes si daban el caso por sometido para proceder con su

dictamen. La querellada le respondió que sí y que esperaría

por la determinación para pedir la reconsideración. El Juez

le preguntó qué quería decir con eso, pues cómo pediría

reconsideración si el Tribunal aún no había resuelto.

Finalmente, el Tribunal determinó causa probable en todos

los delitos imputados.

En su testimonio en el procedimiento disciplinario, la

licenciada Gracia Marín explicó que, por su experiencia de

veintiocho (28) años de litigio, pudo percatarse de que el

Juez estaba buscando en su agenda una fecha para la lectura

de la acusación y, que, por ello, se expresó de esa forma,

por frustración. A su entender, el asunto debía resolverse

con una determinación de no causa y trató de canalizar su

frustración formulando una reconsideración. Adujo que no

abandonó a su cliente y que, durante el proceso judicial,

hizo varias gestiones a favor del cliente, entre ellas,

visitar a la madre en el pueblo de Cayey.

Incidente 4: Vista Preliminar ante el Hon. Edwin Flores Sellés el 5 de noviembre de 2019, en Pueblo v. José A. Canino Santos, Casos Núm. E1VP201901844 al 01851.

Surgió una argumentación entre el Ministerio Público y

la querellada, en su rol como abogada de defensa, respecto

a una solicitud para que el testimonio de una menor fuese

vertido en circuito cerrado. El Juez Flores Sellés decidió

señalar una vista de necesidad y la querellada inició una

alocución a los fines de solicitar la inhibición del Juez. CP-2022-0002 21

En síntesis, señaló que para el año 2000 habían sido

compañeros de trabajo en la SAL y que, al realizar la

estadística de los casos que había litigado ante él, todos

habían resultado en causa probable. (“...es una incomodidad,

es un malestar, es una falta de [consideración] en el trabajo

que nosotros realizamos. Nosotros hemos hecho una

estadística de todos los casos que hemos visto en esta sala

y todos, y cada uno de ellos, todos, de los veinticuatro

(24) casos que hemos visto en esta sala, todos han sido

causa”).9

El Juez Flores Sellés instruyó a la querellada a

presentar la solicitud formal de recusación conforme al

procedimiento dispuesto para ello. La querellada expresó en

la vista evidenciaria que percibía un trato hostil de parte

del adjudicador y que ella tenía un deber y responsabilidad

ético con sus clientes, a fin de que entendieran su

compromiso con el caso y el servicio. La referida solicitud

de inhibición no se presentó porque, a juicio de la directora

de la SAL, causaría un disloque en el trabajo uniforme de

los casos.

Incidente 5: Vista de necesidad ante el Hon. Edwin Flores Sellés el 9 de noviembre de 2019, en Pueblo v. José A. Canino Santos, Casos Núm. E1VP201901844 al 01851.

El Ministerio Público presentó una solicitud para que

el testimonio de una menor fuese vertido mediante circuito

cerrado. Por tratarse de un equipo del Departamento de

9 Íd., pág. 18. CP-2022-0002 22

Justicia, el mismo no está fijo en la sala y requiere de una

coordinación con ese Departamento, por lo que debe

solicitarse, de manera que la menor pueda declarar en un

espacio separado, en la eventualidad de que se declare con

lugar la vista de necesidad.

Cuando la licenciada Gracia Marín entró a la Sala y vio

el equipo instalado, cuestionó su presencia e insinuó que

ya se había predeterminado que el caso se vería por circuito

cerrado. El Juez explicó que el sistema de circuito cerrado

no estaba instalado para ese caso, sino para otro de otra

sala que se celebraría en la suya. El Juez manifestó: ”[…]

[e]l usted sugerir que, porque el equipo está instalado, es

que la vista es automática, primero, es una falta de respeto

al tribunal y a este juez”.10

Tras una solicitud de transferencia de vista, se

coordinó una nueva fecha. La licenciada Gracia Marín declaró

que, al ver el sistema instalado, pensó que la vista

preliminar se llevaría a cabo en lugar de la vista de

necesidad.

Incidente 6: Vista Preliminar ante el Hon. Edwin Flores Sellés el 29 de enero de 2020, en Pueblo v. José A. Canino Santos, Casos Núm. E1VP201901844 al 01851.

La licenciada Gracia Marín cuestionó si a los

funcionarios que se encontraban en el salón de circuito

cerrado se les tomaría juramento y si otras personas podían

permanecer en la sala. El Juez le respondió que la regla

10 Íd., págs. 19-20. CP-2022-0002 23

procura proteger al menor declarante y que en la sala podrían

quedarse personas si el Tribunal lo permitía. A lo que la

querellada respondió “[e]so es un disparate, Juez”.11

El Juez Flores Sellés le requirió que tuviese cuidado

con la manera en que se refería al Tribunal, le recordó que,

si creía que estaba equivocado, tenía los mecanismos legales

para cuestionarlo sin tener que llamarle “disparatero” y

aseveró que nada en la regla hacía alusión a que el salón

de sesiones debía estar vacío. Posterior a ello, se continuó

con la vista y se determinó causa probable.

Incidente 7: Vista Preliminar en Alzada ante el Hon. Ricardo Marrero Guerrero el 19 de febrero de 2020, en Pueblo v. Guillermo García Oyola, Caso Núm. ESVP0202000006.

Al finalizar la vista con una determinación de causa

bajo el Art. 5.05 de la Ley de Armas, se suscitó un diálogo

entre la licenciada Gracia Marín y el Juez Marrero Guerrero.

En síntesis, la querellada hizo múltiples expresiones, como,

por ejemplo, ¿“[c]ómo es posible una cosa semejante?”, “[y]o

no puedo creer esto, de verdad. Esto es una barbaridad”.12

El Juez le apercibió que tuviese cuidado con sus

expresiones, pues podía incurrir en una violación ética.

Posteriormente, la querellada manifestó que no sabía

si podría asistir a una vista preliminar en alzada de esa

tarde ante el Juez Marrero Guerrero en el Tribunal de Menores

porque tenía una situación familiar que atender. El Juez

11 Íd., pág. 20.

12 Íd., pág. 22. CP-2022-0002 24

expresó que llegaría a la vista y haría la determinación, a

lo que la querellada respondió que “[s]i la gobernadora se

puede excusar por una situación familiar, esta abogada

también”.13

El Juez Marrero Guerrero volvió a solicitarle que

tuviese cuidado con sus manifestaciones y, de igual manera,

sostuvo que, por el temperamento y tono de la querellada,

parecía que estaba anunciado su ausencia como sanción a la

determinación del caso. La licenciada Gracia Marín respondió

que era su percepción, que entendiera lo que quisiera

entender y que no podría llegar en la tarde. (“Esa es su

percepción, esa es su percepción, usted entienda lo que...

verdad, lo que usted quiera entender”).14 Posteriormente, la

vista preliminar en alzada de esa tarde se llevó a cabo con

la comparecencia de la querellada.

Incidente 8: Vista Preliminar en Alzada ante el Hon. Edwin Flores Sellés el 20 de febrero de 2020, en Pueblo v. María de Lourdes Mustafa Claudio, Casos Núm. E1VP201902194 al 02196.

La querellada entrevistó a la acusada, quien llegó al

tribunal confinada y expresó que tenía como abogado al Lcdo.

Heriberto Martínez Madera. La SAL consideró asumir la

representación legal porque ese abogado no había

comparecido. La querellada explicó que trató de ayudar a la

confinada, pero que, por los parámetros de indigencia de la

SAL, estaba impedida de representarla. Estando en sala, el

13 Íd.

14 Íd., pág. 23. CP-2022-0002 25

alguacil se le acercó a la querellada y le indicó que el

Lcdo. Frank Rosas había llamado preguntando por el estatus

del caso y se le había contestado que debía comparecer si

era el abogado del caso.

El Juez Flores Sellés le preguntó a la imputada si

tenía o no abogado y esta le dijo que no contrataría

representación, pues estaba presente la querellada. El Juez

decidió que la vista se vería, a lo que la licenciada Gracia

Marín insistió en que se hiciera un re-señalamiento para

dialogar con el abogado de la imputada y aclarar el asunto

de la representación.

Se produjo un extenso diálogo entre el Juez Flores

Sellés y la querellada, pues esta le repitió que, como ella

tenía otros casos señalados para ese día, no podía atender

este caso. El Juez le respondió que los demás asuntos

tendrían que esperar porque ya se encontraban allí. La

querellada le respondió:

No, juez, porque lo que pasa es, que no es tan sencillo como que lo otro que espere, porque fíjese que en el día de ayer fue la misma situación y los demás no pudieron esperar por esta abogada y el juez de menores estaba molesto, precisamente por esa dinámica de que los demás esperen.

[…]

Si, pero lo que ocurre es que nosotros hemos sido más que diligentes con el Tribunal y le hemos explicado en derecho cuáles son las razones por la[s] cuales no podemos atender este asunto. Y nosotros no nos podemos seguir sometiendo a estar viendo casos en esta sala en los cuales no estamos preparados y que el Tribunal nos obliga porque simplemente para sus estadísticas tiene que aparecer que el caso solamente tenga uno o dos re- señalamientos, sin tomar en consideración a esa CP-2022-0002 26

dama que está sumariada desde el veintitrés de diciembre y sin tomar en consideración la preparación que requiere un abogado para poder entrar a una vista, y más, cuando tenemos una sala que no es nada condescendiente con la defensa, y es harto conocido en este Tribunal.

Que conste para registro que esta dama se va a encontrar en la mañana de hoy, gracias al Tribunal en estado de indefensión, porque la defensa ha manifestado en múltiples y reiteradas ocasiones, que no estamos preparados para entrar a ver la vista de este caso y que el Tribunal arbitrariamente insiste en que la defensa entre a ver este caso a pesar de que solamente la defensa ha suspendido este asunto en una sola ocasión porque en las demás ocasiones no tenemos absolutamente nada que ver con este caso. Y ella tiene derecho a una representación legal adecuada, no proforma, no proforma. No que meramente se siente un testigo y que ella esté sentada y que el juez cuando termine determine causa. A eso no es que ella tiene derecho.15

Acto seguido, la querellada solicitó transferencia de

señalamiento para poder brindar una representación legal

adecuada. Por su parte, el Juez reiteró que el caso se

celebraría con ella. La licenciada Gracia Marín repitió que

no vería el caso, aun así el Tribunal le ordenó, so pena de

desacato, que atendiera el asunto. Ante la insistencia de

la querellada de solicitar permiso para retirarse se le

volvió a advertir.

Posteriormente, el Juez ordenó a la querellada tomar

asiento e iniciaron los procedimientos. La licenciada Gracia

Marín informó que no contrainterrogaría al testigo por no

estar preparada. Asimismo, expresó que consideraba que el

15 Íd., págs. 24-26. CP-2022-0002 27

Juez debió ser más lenitivo y condescendiente con los

abogados de la SAL, pues en el pasado laboró para esa

entidad, por lo que debía entender la carga de trabajo.

La querellada no abandonó la sala y la vista se vio en

sus méritos. El caso terminó con archivo por transacción.

Incidente 9: Vista Preliminar en Alzada ante el Hon. Ricardo Marrero Guerrero el 22 de junio de 2020, en Pueblo v. Mykhor Alex Mercado González, Casos Núm. ESVP202000011 al 00014.

Se trató de una vista en la que el imputado estaba bajo

fianza. La determinación de no causa probable para acusar

fue emitida el 16 de enero de 2020 y el mismo día se pautó

la vista preliminar en alzada para el 19 de febrero de 2020.

Ese día no comparecieron los testigos del Ministerio Público

y la vista se recalendarizó para el 16 de marzo de 2020,

como último día de términos. No obstante, ese día se decretó

el cierre de los tribunales por motivo de la pandemia del

COVID-19 y se citó para el 22 de junio de 2020, fecha en que

se reanudaron los trabajos en los tribunales en algunas

instancias.16

Llegada la fecha, el imputado compareció, pero la

prueba de la Fiscalía no asistió. Ante ello, la querellada

solicitó la desestimación por violación al derecho a juicio

rápido. El Juez declaró no ha lugar la solicitud. La

querellada presenció que otros abogados hicieron

planteamientos similares, que también habían sido denegados.

Todos los términos estaban paralizados mediante 16

disposición administrativa hasta el 15 de julio de 2020. CP-2022-0002 28

La querellada escuchó la alocución que había hecho el

abogado del caso anterior y, una vez el caso de ella fue

llamado, inició una extensa argumentación con el Juez. En

síntesis, manifestó que todas las solicitudes de

desestimación por violación a juicio rápido iban a ser

denegadas, debido a que por directrices de “la

Administración de Tribunales, yo sé, que ya está decidida a

declararla no ha lugar”.17 El Juez le clarificó a la

querellada que no es la Oficina de Administración de los

Tribunales la que declara ha lugar o no ha lugar las

mociones, sino cada uno de los jueces y las juezas en las

distintas Salas.

De igual manera, en reiteradas ocasiones le expresó al

Juez que no asistiría a cualquier señalamiento que fuera

antes del 15 de julio de 2020, porque pasaría lo mismo. (“No

voy a venir el 8 de julio, Juez. No puedo venir el 8 de

julio. Y yo creo que el tribunal seriamente debe sentarse a

pensar esto, es más, eso es una injusticia de marca mayor.

Yo jamás en mi vida pensé que yo lo iba a decir a este

tribunal, que iba a dejar a mis hijas en mi casa, para venir

a ver este espectáculo hoy”).18

Tras ofrecerle varias fechas a la querellada, el Juez

le indicó que el 22 de julio sería el último día de términos,

a lo que la licenciada Gracia Marín respondió que eso era

17 Íd., pág. 27.

18 Íd., pág. 29. CP-2022-0002 29

una barbaridad. (“Que barbaridad, es una barbaridad”).19 El

intercambio continuó hasta que el Juez le advirtió en dos

(2) ocasiones que sus expresiones podían constituir

desacato, pero que se las dejaría pasar.

En la vista disciplinaria, la querellada manifestó que

era una época difícil y confusa por todo lo que estaba

pasando por la pandemia, que su estado anímico no le estaba

permitiendo enfocarse y que estaba atravesando por múltiples

situaciones. Además, expuso que era la única abogada de la

SAL que en ese momento estaba acudiendo al tribunal. Por

último, señaló que compareció a la vista del 22 de julio de

2020 y el Juez desestimó el caso, debido a que la prueba de

cargo tampoco compareció.

IV

Tras evaluar la conducta de la licenciada Gracia Marín

a la luz de los cuatro (4) cargos imputados, el informe

rendido por la Comisionada Especial y la normativa

aplicable, podemos concluir que se demostró, mediante prueba

clara, robusta y convincente, que la querellada incurrió en

conducta contraria a los Cánones 9 y 38 del Código de Ética

Profesional, supra. Veamos.

Según consignamos, el Canon 9 consagra un principio

básico en nuestro ordenamiento: “[l]a práctica de la

abogacía exige hacia los tribunales constante respeto”. In

19 Íd., pág. 30. CP-2022-0002 30

re Díaz Olivo I, 203 DPR 517, 519–520 (2019); In re Pagán,

supra. Además, requiere que “los abogados, cuando hayan de

dirigirse al tribunal —aún para criticarle— lo hagan con

respeto y deferencia”. In re Díaz Olivo I, supra, pág. 520;

In re Crespo Enríquez, supra, págs. 662–663. De esta manera,

reconoce que “[p]ara reclamar derechos y solventar

controversias no es menester lastimar la dignidad personal

ni institucional de los miembros de la judicatura, como de

ninguna otra persona”. In re Pagán, supra.

Después de todo, que un abogado o una abogada defienda

apasionada y diligentemente la causa de acción de su cliente

no es incompatible con la exigencia de que, cuando vaya a

dirigirse al tribunal, lo haga respetuosa y decorosamente.

In re Crespo Enríquez, supra, pág. 663. Hemos resuelto que

un abogado o una abogada le falta el respeto al tribunal

cuando realiza imputaciones infundadas que “tienda[n] a

degradar o a afectar la dignidad, honorabilidad e integridad

de los tribunales o de sus funcionarios o que puedan

debilitar o destruir el respeto a o la confianza pública en

los mismos”. In re Andréu Ribas, 81 DPR 90, 119 (1959).

De la prueba estipulada en este caso se desprende que,

en varios de los incidentes, la querellada se dirigió a los

jueces del Tribunal de Primera Instancia utilizando

expresiones que excedieron el respeto y la deferencia

requerida. Incluso, coincidimos con la apreciación de la

Comisionada Especial de que, en algunas instancias, la

estrategia de litigación de la querellada rayó en la CP-2022-0002 31

conducta desafiante y confrontativa. Esta conducta se

manifestó mediante expresiones que cuestionaron la autoridad

del tribunal y sus órdenes, comentarios despectivos sobre

decisiones judiciales o cuestionamientos en tono airado

sobre la manera en que los jueces condujeron los

procedimientos, insinuaciones de irregularidades

administrativas del Poder Judicial e, incluso, el uso de

lenguaje mordaz e impropio. Todo ello, sin duda, la hizo

desviarse de las normas de conducta profesional que

contempla el Canon 9 de Ética Profesional, supra.

Coincidimos con la Comisionada Especial en que, la

ofensa al respeto exigido al tribunal, no se produjo porque

la licenciada Gracia Marín dejara de cumplir con un trámite

procesal o consignara para el récord su desacuerdo con una

determinación judicial ——pues ciertamente eso está dentro

de lo permitido—, sino por la forma y el lenguaje que utilizó

para expresar sus argumentos.20 Es evidente que, en algunas

instancias, la querellada no supo mantener el control de su

temperamento, disgusto e inconformidad. Por ejemplo,

calificar un dictamen de “disparate”, “espectáculo” o

“bárbaro” constituyó un insulto al proceso judicial y una

Si bien este Tribunal ha reconocido la crítica 20

judicial sana y oportuna como “un medio necesario y efectivo para mantener a los jueces alertas y atentos al estricto cumplimiento de sus funciones” —In re Crespo Enríquez, supra, pág. 663—, claramente ello no significa que los profesionales del Derecho “tiene[n] licencia absoluta en el uso del lenguaje para poner en entredicho o mancillar la dignidad de los jueces”. In re Rochet Santoro, supra, pág. 131 (citando a In re López de Victoria I, supra, pág. 8; Pueblo v. Quiles Negrón et al., supra, pág. 620). CP-2022-0002 32

falta de respeto a la seriedad y solemnidad de los

procedimientos y mancilló la imagen del adjudicador.

De igual manera, expresiones que sugieren que “el

tribunal se satisface con cualquier cosa que le diga el

fiscal”, representó una imputación muy seria a la

imparcialidad y a la independencia judicial del Juez o la

Jueza que preside la Sala. Igual ocurrió con la

manifestación en corte abierta que hizo la querellada al

Juez Flores Sellés al intimar insistentemente que debía

inhibirse motu proprio en los casos en que ella actuaba como

abogada porque todos los dictámenes habían sido en contra

del interés de sus representados. Ello, indudablemente,

representó una crítica pública a la imparcialidad e

independencia del adjudicador, sin ser ese el mecanismo que

provee nuestro ordenamiento para tramitar una solicitud de

recusación.

Ahora bien, los hechos revelan que, al dirigirse al

tribunal en actitud retante, con lenguaje mordaz e impropio,

así como con expresiones en tono confrontativo y en aparente

menosprecio a la función e imparcialidad judicial, la

licenciada Gracia Marín no solo infringió el Canon 9, supra,

sino que tampoco exaltó el honor y la dignidad de la

profesión legal. Por ende, su conducta provocó una situación

de apariencia de conducta profesional impropia, contraria

al Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra.

La apariencia de conducta impropia “lacera la imagen,

la confianza y el respeto que nuestra sociedad deposita en CP-2022-0002 33

la profesión y en las instituciones de la justicia”. In re

Otero, Pacheco, supra; In re Guemárez Santiago, supra. Las

expresiones que hizo la querellada en sala pueden dar lugar

a entender -a quien observa- que las partes pueden entrar

en polémicas con los jueces y las juezas o hacer imputaciones

infundadas basadas en la incomodidad que puedan sentir o en

la inconformidad con el dictamen. Más aún, crear la

peligrosa y falsa impresión de que están ante un tribunal

parcializado. Por ejemplo, ello ocurrió sin duda alguna

cuando criticó públicamente las directrices del Poder

Judicial sobre la extensión de términos y las medidas

administrativas incluidas en una Resolución por motivo de

la pandemia de COVID-19, e insinuó que los magistrados

tenían instrucciones específicas respecto al manejo y la

adjudicación en sala de las solicitudes de desestimación.

No olvidemos que, en todos los incidentes, las salas

se encontraban debidamente constituidas y contaban con la

presencia de otros representantes legales, testigos,

imputados y público en general, lo que agravó el impacto

negativo del proceder de la licenciada Gracia Marín.

Reiteramos que “[l]as discrepancias del abogado[a] con un

dictamen judicial no es licencia para el lenguaje impropio

e hiriente”. In re Pagán, supra. Por el contrario, los

profesionales del Derecho deben esforzarse en controlar su

carácter y temperamento y, con ello, asegurarse que su

reacción a los incidentes procesales y las controversias

jurídicas se ventilen bajo un ámbito solemne, de decoro y CP-2022-0002 34

respeto, y no movidos por reacciones pasionales, emocionales

o impulsivas que laceren la imagen y dignidad del proceso

judicial.

A fin de cuentas, sin moderación en el lenguaje y el

temperamento, los abogados, abogadas, fiscales, juezas y

jueces no podemos funcionar. In re Rivera García, 147 DPR

746, 749 (1999). En todo caso, siempre debemos evitar la

grosería, la gritería, el empleo de imputaciones infundadas

y, sobre todo, las alegaciones contrarias a la verdad o

desprovistas de una razonable presunción de exactitud. In

re Cardona Álvarez, supra.

Así las cosas, determinamos que la conducta y las

manifestaciones de la licenciada Gracia Marín no fueron

expresiones válidas ni veraces y, además, transgredieron la

dignidad del tribunal. Cuando un profesional del Derecho

realiza alegaciones o expresiones difamatorias e

irrespetuosas dirigidas al tribunal, mancilla la dignidad

de todos los funcionarios a cargo de la loable tarea de

impartir justicia. Véase In re Crespo Enríquez, supra, pág.

657. El hecho de que sus intervenciones estuviesen motivadas

por la vehemente defensa de sus clientes, no es

justificación para incurrir en expresiones que menoscaben

la imagen de la judicatura.

Reiteramos que si en algo se equivoca el juez o la

jueza que preside los procedimientos, el remedio que tiene

la persona que ejerce la abogacía no es injuriarlo o utilizar

un lenguaje soez o desafiante, sino solicitar que CP-2022-0002 35

reconsidere o recurrir a un tribunal de superior jerarquía

para, de esta forma, no infringir los principios básicos de

deferencia y consideración hacia los tribunales.

Por otro lado, en atención a los Cargos I y III,

coincidimos con la Comisionada Especial en que en este caso

no surgió prueba clara, robusta y convincente que nos lleve

a concluir que la licenciada Gracia Marín falló en proveerle

una representación legal adecuada a sus clientes y, con

ello, infringiera el Canon 1 de Ética Profesional, supra.

Similarmente, tampoco surge de la prueba estipulada que la

querellada no actuara con celo, cuidado y responsabilidad

en la tramitación de los casos de sus clientes y que, por

ello, incumpliera con el Canon 18 de Ética Profesional,

supra.

Nada de la conducta evaluada en los distintos

incidentes tan siquiera sugiere que la querellada desatendió

su responsabilidad de prepararse en la defensa de sus

clientes o dejara de defender diligentemente sus intereses.

De hecho, las expresiones de la licenciada, aunque no fueron

las más adecuadas, evidencian que su objetivo era obtener

resultados favorables para sus clientes, lo que refleja que

litigó con firmeza en su defensa. Es decir, no hay prueba

de que el proceder hacia sus clientes haya sido con

indiferencia, desidia, despreocupación o inacción.

Si bien, como hemos indicado, en ciertas instancias la

licenciada Gracia Marín utilizó un lenguaje y un tono CP-2022-0002 36

desacertado e inadecuado hacia el tribunal, esto por sí solo

no constituyó una falta de diligencia, de competencia hacia

sus clientes ni desconocimiento de la materia, todos estos

escenarios protegidos por los Cánones 1 y 18.

Similarmente, y como pudimos observar, en varios

episodios, a pesar de haber verbalizado que no permanecería

en la sala o que no comparecería a señalamientos

posteriores, el récord demostró que la querellada continuó

participando activamente de los procedimientos y que los

intereses de sus clientes no se quedaron desprotegidos.

En ese sentido, y como vimos, aunque la conducta de la

licenciada Gracia Marín vulneró los Cánones 9 y 38 del Código

de Ética Profesional, supra, no contamos con evidencia

suficiente para concluir que los hechos constituyeran,

además, una violación en sí misma a los Cánones 1 y 18, como

sostiene el Procurador General.

Así las cosas, nos resta determinar la sanción

disciplinaria que en derecho procede.

Al disciplinar a los abogados y las abogadas que han

infringido el Código de Ética Profesional, este Tribunal ha

considerado varios factores para determinar la sanción

correspondiente. Específicamente, hemos considerado como

criterios o factores relevantes: (1) la reputación de la

persona que ejerce la abogacía en la comunidad; (2) su

historial disciplinario; (3) si la conducta es una aislada;

(4) si medió ánimo de lucro; (5) si presentó una defensa CP-2022-0002 37

frívola de su conducta; (6) si ocasionó perjuicio a alguna

parte; (7) si resarció al cliente o la clienta; (8) si

demostró aceptación o arrepentimiento sincero por la

conducta imputada; y (9) otros atenuantes o agravantes que

surjan de los hechos. In re Pérez Rojas, supra; In re Carbone

Rosario, supra; In re Roldán González, 195 DPR 414, 425

(2016).

De los hechos determinados se desprende que la

licenciada Gracia Marín fue admitida a ejercer la profesión

de la abogacía desde hace veintinueve (29) años. De estos,

veintiocho (28) años los ha dedicado a representar a

personas indigentes en asuntos de naturaleza penal en salas

contenciosas, la mayoría de las cuales se encontraban

confinadas al momento de ser representadas. Desde que la

querellada inició labores en la SAL en el año 1997, el

salario devengado por su trabajo como abogada litigante ha

constituido su única fuente de ingreso. La querellada

mantiene la notaría activa, pero solo la ha ejercido y la

puede ejercer exclusivamente para asuntos de los clientes

de la SAL. En toda su trayectoria profesional, no había sido

disciplinada y no se conocen quejas anteriores de clientes

ni referidos por causa de su desempeño como abogada. Tampoco

había enfrentado situaciones similares a la que es objeto

de la presente querella.

Debemos tener presente que, al momento en que se refirió

su conducta a nuestra atención, la querellada llevaba

veintitrés (23) años prestando sus servicios CP-2022-0002 38

ininterrumpidamente en la SAL. Además, el último de los

incidentes reseñados en la Queja, ocurrido en una vista

preliminar en alzada el 22 de junio de 2020, coincidió con

un periodo pandémico que se vivía bajo tensión y durante el

cual se estaban brindando directrices administrativas a

nivel institucional sobre la marcha. Para la fecha de ese

último incidente, los tribunales reanudaron la operación

bajo medidas especiales por la situación mundial que se

vivía.

Por otro lado, surge del expediente que, desde que se

refirió la conducta de la querellada a nuestra atención, no

se han instado referidos o quejas ulteriores en su contra.

De igual forma, se desprende de autos que la licenciada

Gracia Marín se comprometió a que este tipo de incidentes

no volverá a ocurrir. De hecho, aseveró que modificó su

conducta y que se alejó de la impulsividad que le provoca

la práctica criminal. Por ello, expresó que decidió dejar

los litigios en sala como una medida auto correctiva,

evitando con ello tener que postular ante los tribunales, y

que desde enero de 2025 se dedica a la práctica apelativa

en la SAL, centrada en la preparación de escritos en procesos

de revisión judicial.

Similarmente, ante la Comisionada Especial, la

licenciada Gracia Marín afirmó bajo juramento que: (1) desde

los incidentes ocurridos, ha experimentado una etapa de

aprendizaje, evolución y reflexión; (2) ha modificado su

forma de expresarse; (3) no ha tenido inconvenientes CP-2022-0002 39

similares a los de la Querella; (4) ha continuado el

ejercicio de la representación de personas indigentes; (5)

para el momento de algunos incidentes objetos de la

Querella, realizó extensos sacrificios personales para

ofrecer una representación competente de sus clientes; y (6)

también enfrentó las dificultades de la carga de trabajo de

la SAL, así como las secuelas de los daños a la planta física

de esa institución.

De esta forma, destacamos además que, desde su primera

comparecencia en este proceso disciplinario y en todas las

ulteriores -incluso cuando brindó su testimonio en la vista

evidenciaria ante la Comisionada Especial-, la licenciada

Gracia Marín mostró su arrepentimiento y solicitó ser

excusada por la manera en la que manifestó su frustración.

Reconoció explícitamente que el lenguaje utilizado fue

desacertado e inapropiado y que no manejó correctamente sus

emociones. Su arrepentimiento nos parece genuino y sus

disculpas nos parecen sinceras.

Así las cosas, resolvemos que todos estos elementos

constituyen atenuantes a considerarse al momento de imponer

a la querellada la sanción disciplinaria por la conducta

desplegada y las violaciones éticas incurridas. Asimismo,

enfatizamos que el comportamiento de la licenciada Gracia

Marín no conllevó que se causara un perjuicio directo a los

clientes ni a sus casos, pues en cada uno de los procesos

antes reseñados veló por los intereses de los imputados o

acusados, así como por sus derechos constitucionales. CP-2022-0002 40

Pesa además en nuestro ánimo que las declaraciones

juradas de los cinco (5) testigos, presentadas como prueba

de su reputación, reflejan que la licenciada Gracia Marín

goza de una reconocida y positiva reputación profesional

dentro de la comunidad jurídica. Cuatro (4) de estas

declaraciones provienen de abogados y abogadas que han

litigado o laborado junto a ella en el foro judicial,

mientras que la quinta corresponde a un juez retirado ante

quien la querellada ejerció su función litigante. Sin duda,

este tipo de prueba, estipulada por las partes, proviene de

fuentes con conocimiento directo de su desempeño profesional

durante sus veintiocho (28) años como abogada de la SAL y

posee un alto valor atenuante, ya que, al no ser refutada,

es indicativa de que la conducta observada en los

incidentes, no obedeció a un patrón habitual a lo largo de

su extensa carrera como litigante, sino que respondió a

circunstancias excepcionales.

V

Por los fundamentos que anteceden, resolvemos que se

presentó prueba clara, robusta y convincente que acreditó

que la licenciada Gracia Marín se apartó del modelo de

corrección y respeto que debe guiar la actuación de todos

los profesionales del Derecho. Con este proceder, menoscabó

el honor y la dignidad de la profesión y debilitó la

confianza pública en la administración de la justicia

infringiendo los Cánones 9 y 38 del Código de Ética

Profesional, supra. CP-2022-0002 41

Al considerar las circunstancias atenuantes

previamente reseñadas, en particular que se trata de la

primera queja y querella en contra de la letrada en su

experimentada carrera como representante legal de personas

indigentes, procede únicamente que censuremos enérgicamente

sus expresiones y la apercibamos sobre futuras infracciones.

Se le advierte que en todo momento en su desempeño

profesional debe mantener un estilo de litigación

respetuoso, profesional y ecuánime que propenda al justo y

buen funcionamiento de nuestro sistema de justicia. Se

ordena, a su vez, el archivo de la Querella.

Notifíquese esta Opinión Per Curiam y Sentencia a la

Lcda. Celimar Gracia Marín al correo electrónico registrado

en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

Se dictará Sentencia en conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente Sentencia se resuelve que se presentó prueba clara, robusta y convincente que acreditó que la licenciada Gracia Marín se apartó del modelo de corrección y respeto que debe guiar la actuación de todos los profesionales del Derecho. Con este proceder, menoscabó el honor y la dignidad de la profesión y debilitó la confianza pública en la administración de la justicia infringiendo los Cánones 9 y 38 del Código de Ética Profesional, supra.

Al considerar las circunstancias atenuantes previamente reseñadas, en particular que se trata de la primera queja y querella en contra de la letrada en su experimentada carrera como representante legal de personas indigentes, procede únicamente se censuren enérgicamente sus expresiones y se le aperciba sobre futuras infracciones. Se le advierte que en todo momento en su desempeño profesional debe mantener un estilo de litigación respetuoso, profesional y ecuánime que propenda al justo y buen funcionamiento de nuestro sistema de justicia. Se ordena, a su vez, el archivo de la Querella.

Notifíquese esta Opinión Per Curiam y Sentencia a la Lcda. Celimar Gracia Marín al correo electrónico registrado en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco disiente y emite la expresión siguiente, a la cual se unen los Jueces Asociados señores Feliberti Cintrón y Candelario López: CP-2022-0002 2

“Estoy consciente del esfuerzo que emplean muchos abogados y abogadas —tanto en el ámbito civil como criminal— para defender los intereses de personas con escasos recursos. Sin embargo, una carrera dedicada a la representación legal de personas indigentes no brinda acceso a transgredir los deberes éticos que deben observar los profesionales del derecho. El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, le exige a todos los letrados que se conduzcan con el mayor respeto hacia los tribunales, independientemente de lo lucrativa que sea la práctica legal que desempeñen.

Ciertamente, los foros judiciales no están exentos de observaciones o críticas por parte de los abogados, máxime cuando son estos los que acuden día a día a los tribunales a defender las causas que representan y, por ende, conocen de primera mano las áreas en las que se pudieran tomar medidas correctivas para mejorar los servicios que el Poder Judicial provee. Así lo he reconocido en el pasado al destacar que las acciones que generan desconfianza y reflejan irregularidades en los procesos judiciales deben ser rechazadas. Véase, In re Díaz Olivo I, 203 DPR 517, 525 (2019) (Resolución). Empero, los señalamientos deben canalizarse a través de los medios apropiados y no con insultos hacia nuestros jueces y juezas.

En este caso, la Lcda. Celimar Gracia Marín desafió en varias instancias a los magistrados que atendían los casos penales en que esta intervenía. So pretexto de la carga de trabajo que poseía, y de la pandemia ocasionada por el COVID-19, la letrada atacó de manera reiterada e injustificada la dignidad y la honra del tribunal. Al así hacerlo, permitió que su descontento y frustración superaran el deber que tenía de ejercer la práctica legal de manera cortés y respetuosa.

En vista de ello, y tomando en consideración algunas medidas disciplinarias impuestas en el pasado por conductas comparables a la presente, entiendo que lo apropiado sería suspender a la licenciada Gracia Marín de la práctica legal por un término de tres (3) meses. Véase, In re Torres Torres, 214 DPR 713 (2024); In re López de Victoria I, 163 DPR 1 (2004); In re Vargas Soto, 127 DPR 576 (1990); In re Martínez, Jr., 108 DPR 158 (1978); In re Pagán Hernández, 105 DPR 796 (1977). No obstante, debido a que una Mayoría optó CP-2022-0002 3

por limitar la sanción a una censura enérgica, disiento.”

Javier O. Sepúlveda Rodríguez Secretario del Tribunal Supremo