In re: Luis E. Carbone Rosario

2025 TSPR 88

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re: 2025 TSPR 88

216 DPR ___ Luis E. Carbone Rosario (TS-3,177)

Número del Caso: CP-2020-0001

Fecha: 5 de septiembre de 2025

Oficina del Procurador General:

Lcda. Lorena Cortés Rivera Subprocuradora General

Lcda. Mabel Sotomayor Hernández Subprocuradora General

Lcdo. Omar Andino Figueroa Subprocurador General

Lcda. Yaizamarie Lugo Fontánez Procuradora General Auxiliar

Representante Legal de la querellada:

Lcdo. Carlos Dávila Vélez

Comisionado Especial:

Hon. Erik J. Ramírez Nazario

Materia: Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría por infringir los Cánones 21 y 38 del Código de Ética Profesional.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

CP-2020-0001 Luis E. Carbone Rosario (TS-3,177)

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de septiembre de 2025.

En esta ocasión, intervenimos disciplinariamente

con el Lcdo. Luis E. Carbone Rosario (licenciado

Carbone Rosario) por infringir los Cánones 21 y 38 del

Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Por los

fundamentos que expondremos más adelante, decretamos

la suspensión inmediata e indefinida del letrado de la

práctica de la abogacía.

Veamos los hechos que motivan nuestra

determinación.

I.

Por hechos ocurridos el 1 de noviembre de 2006,

se inició una causa penal en contra del Sr. Waldemar

Fernández Rodríguez por la muerte violenta de los CP-2020-0001 2

señores Edwin Quiñones Torres y Omar Berdecía Torres. Como

parte del proceso, se presentó una solicitud de supresión de

evidencia. El 9 de diciembre de 2011 este Tribunal emitió una

Opinión en el caso Pueblo v. Fernández Rodríguez, 183 DPR 770

(2011), sobre la supresión de cierta evidencia en el contexto

del privilegio abogado- cliente.

Como consecuencia de lo que allí trascendió y en lo

pertinente a este proceso disciplinario, ordenamos a la Oficina

del Procurador General (OPG) que investigara la conducta

desplegada por el licenciado Carbone Rosario en calidad de

representante legal del señor Fernández Rodríguez. Esto, tras

determinar que del expediente judicial surgía que el licenciado

Carbone Rosario divulgó información privilegiada de su cliente

sin la debida autorización. Pueblo v. Fernández Rodríguez,

supra, pág. 808. De manera específica, este Tribunal concluyó

que el licenciado Carbone Rosario reveló la ubicación de un

arma de fuego, un cargador y unas municiones utilizadas para

cometer los delitos imputados al señor Fernández Rodríguez.

Íd.

En cumplimiento con nuestra orden, el 29 de diciembre de

2011 la OPG remitió una misiva al licenciado Carbone Rosario

mediante la cual le solicitó que expusiera su posición en

cuanto a las imputaciones éticas en su contra y que brindara

cualquier información o documentación que poseyera relacionada

a las referidas imputaciones.1 El 3 de febrero de 2012 el

1 El 22 de abril de 2019 la Oficina del Procurador General (OPG) citó al Sr. Waldemar Fernández Rodríguez (señor Fernández Rodríguez) para ser entrevistado. El 7 de mayo de 2019 la representante legal del señor Fernández Rodríguez remitió una carta a la OPG mediante la cual informó que CP-2020-0001 3

licenciado Carbone Rosario presentó un Memorándum mediante el

cual adujo que el Sgto. José Curbelo Muñiz (sargento Curbelo

Muñiz) interrogó al señor Fernández Rodríguez de manera ilegal,

por lo que sostuvo que su cliente fue interrogado a sus espaldas

a pesar del agente conocer que él era su abogado y que el señor

Fernández Rodríguez había manifestado que no declararía. En

síntesis, el licenciado Carbone Rosario manifestó que el

sargento Curbelo Muñiz violó los derechos constitucionales del

señor Fernández Rodríguez.2

Además de contar con la comparecencia del licenciado

Carbone Rosario, la OPG entrevistó a la Fiscal Jennifer Reyes

Martínez, quien representó al Ministerio Público en el juicio

contra el señor Fernández Rodríguez, y a la Lcda. Dalisa Ortiz

Claudio (agente Ortiz Claudio), quien fue una de las agentes

que se encontraba en la escena y a quien se alegó que el

licenciado Carbone Rosario dirigió a la localización del arma

y las municiones.

Asimismo, la OPG examinó las transcripciones de la Vista

de causa para arresto y de la Vista preliminar, de las cuales

este no comparecería ante la referida oficina. Fundamentó su decisión en que no había presentado queja o reclamación civil alguna y en que no tenía interés de participar en el proceso disciplinario. 2 En apoyo a su contención el Lcdo. Luis E. Carbone Rosario (licenciado Carbone Rosario) anejó a su Memorándum los siguientes documentos: (1) declaración jurada del Lcdo. Luis E. Carbone Rosario; (2) declaración jurada del Lcdo. Ovidio Zayas Pérez (licenciado Zayas Pérez), quien acudió al cuartel en calidad de amigo del señor Fernández Rodríguez; (3) copia de la declaración jurada suscrita por la Sra. Hugette Quintana Arroyo; (4) copia del certificado emitido por la Conferencia Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas; (5) copia de proclama emitida por el Ayuntamiento del Municipio de La Vega en República Dominicana; (6) copia del croquis levantado que refleja la propiedad en donde ocurrieron los hechos; (7) DVD de la propiedad en que ocurrieron los hechos; (8) transcripción de la vista de causa probable para arresto celebrada el 3 de enero de 2007; (9) transcripción de la vista preliminar celebrada en los días 25 de marzo, 27 de junio y 28 de agosto de 2007; (10) transcripción de la vista preliminar celebrada en los días 25 y 29 de octubre de 2007, y (11) transcripción de la vista celebrada en los días 29 de octubre de 2007 y 7 de mayo de 2008. CP-2020-0001 4

surge el testimonio del sargento Curbelo Muñiz y de la agente

Ortiz Claudio. En específico, el sargento Curbelo Muñiz

testificó que el día de los hechos el señor Fernández Rodríguez

acudió al cuartel en compañía del licenciado Carbone Rosario,

quien se identificó como su representante legal. Sostuvo que

el licenciado Carbone Rosario le indicó que venía a entregar

al señor Fernández Rodríguez “con relación a unos hechos de

sangre”,3 pero que este no iba a declarar porque no estaba en

condiciones en esos momentos.4 El sargento Curbelo Muñiz

explicó que le preguntó al licenciado Carbone Rosario sobre la

ubicación del arma que utilizó el señor Fernández Rodríguez

para cometer el delito y que este le “manifestó que se

encontraba en una jardinera en el lugar de los hechos”.5

El sargento Curbelo Muñiz indicó que procedió a llamar a

la agente Ortiz Claudio y que el licenciado Carbone Rosario le

explicó a esta “dónde se encontraba el arma en la jardinera”.6

Este sostuvo que luego de encontrar el arma en el lugar que

indicó el licenciado Carbone Rosario, la agente Ortiz Claudio

lo llamó, ya que no encontró el cargador ni las municiones y

que, ante esto, el licenciado Carbone Rosario le expresó a la

agente que debía buscar bien en la jardinera porque “todas las

cosas est[aban] allí”.7 El sargento Curbelo Muñiz indicó que,

momentos luego, la agente Ortiz Claudio lo llamó y le comunicó

que “habían encontrado todas las cosas”.8

3 Transcripción de la Vista de causa para arresto, pág. 20. Véase, además: Transcripción de la Vista preliminar, pág. 12. 4 Íd. 5 Íd., pág. 21. Véase, además: Transcripción de la vista preliminar, pág. 12. 6 Íd. Véase, además: Transcripción de la vista preliminar, pág. 12. 7 Íd. pág. 22. Véase, además: Transcripción de la vista preliminar, pág. 14. 8 Íd. CP-2020-0001 5

Por su parte, la agente Ortiz Claudio declaró que se

encontraba en la escena y que el sargento Curbelo Ortiz la

llamó a su celular e indicó que el licenciado Carbone Rosario

le explicó dónde estaba la evidencia:

Agente Ortiz Claudio: “Pues, eh, recibo la llamada del [s]argento Curbelo, eh, me indica que al cuartel general se había personado un sospechoso con su abogado…”

Fiscal Jennifer Reyes: “¿Dónde usted recibió esa llamada?”

Agente Ortiz Claudio: “En mi celular”.

Fiscal Jennifer Reyes: “Okey.”

Agente Ortiz Claudio: “Entonces me, me indica que verifique en la jardinera de la casa, este, porque allí se encontraba el arma de fuego”.

Fiscal Jennifer Reyes: “¿Quién le pide que verifique en la jardinera?”

Agente Ortiz Claudio: “Eh, el, el sargento”.

Fiscal Jennifer Reyes: “Okey”

Agente Ortiz Claudio: “Voy y hago, verific[o], eh, le indico que de verdad no encuentr[o] nada, eh, no, no, no veía nada por toda esa área entonces él procede a comunicarme con el abogado”.

Fiscal Jennifer Reyes: “¿Qué abogado?”

Agente Ortiz Claudio: “Eh, Carbone. Cuando yo tomo el teléfono, pues, le pregunto con quién habl[o] y me indica el Lcdo. Carbone. Eh, entonces él procede a explicarme; de la manera que me explicaba tampoco, yo estaba buscando en la misma área que indicaba que era la casa. Seguimos en la búsqueda y no se encuentra. Ahí estaba el Teniente Melquiades Álvarez conmigo, y entonces es Melquiades quien habla con el, con el, con el abogado”.

Fiscal Jennifer Reyes: “Okey. [Q]u[e] usted viera, [¿]qué sucedió luego que el teniente, el capitán hoy, tomó el teléfono?

Agente Ortiz Claudio: “Pues, proseguimos haciendo la búsqueda, eh, seguimos para la parte trasera de la casa, hay otra, hay una propiedad al lado derecho, veo que él entra hacia esa propiedad, atravesamos esa propiedad y nos encontramos que salimos a otra urbanización”.

Fiscal Jennifer Reyes: “Ajá”.

Agente Ortiz Claudio: “Y entonces ahí sí, estaba una jardinera, se procede a hacer la búsqueda y ahí es donde aparece el arma de fuego”.9

9 Transcripción de vistas, págs. 57-58. CP-2020-0001 6

El 3 de julio de 2019 la OPG presentó su Informe.10 En

este, determinó que existía controversia sobre si el licenciado

Carbone Rosario reveló información privilegiada al sargento

Curbelo Muñiz, lo cual constituiría una violación a los Cánones

21 y 38 de Ética Profesional, infra. Esto dado que, a pesar de

que los testimonios del sargento Curbelo Muñiz y la agente

Ortiz Claudio eran consistentes entre sí, el señor Fernández

Rodríguez se negó a participar del proceso y el licenciado

Carbone Rosario negó haber provisto información privilegiada.

Asimismo, el Lcdo. Ovidio Zayas Pérez (licenciado Zayas Pérez),

quien compareció al cuartel general el día de los hechos en

calidad de amigo del señor Fernández Rodríguez, afirmó mediante

Declaración jurada que acompañó en todo momento al licenciado

Carbone Rosario en el cuartel, que no escuchó a este brindar

la referida información al sargento Curbelo Muñiz y que tampoco

escuchó al señor Fernández Rodríguez informarles sobre la

ubicación del arma de fuego. En consecuencia, la OPG recomendó

el nombramiento de un Comisionado Especial que dirimiera la

controversia de credibilidad.

El 26 de julio de 2019 el licenciado Carbone Rosario

presentó su Réplica a informe del Procurador General y

Solicitud de desestimación. Solicitó que no acogiéramos la

recomendación de la OPG, ya que el señor Fernández Rodríguez

no presentó queja en su contra y era este el titular del

10El 29 de marzo de 2012 la OPG recomendó la paralización del procedimiento disciplinario hasta la culminación del caso Pueblo v. Fernández Rodríguez, 183 DPR 770 (2011), modificado en reconsideración por el caso Pueblo v. Fernández Rodríguez, 188 DPR 165 (2013). El referido petitorio fue concedido el 13 de abril de 2012. CP-2020-0001 7

privilegio. Asimismo, adujo que el proceso disciplinario no

debía prosperar porque la OPG no contaba con prueba clara,

robusta y convincente.

El 25 de octubre de 2019 este Tribunal emitió una

Resolución mediante la cual ordenó a la OPG que presentara la

querella correspondiente. A esos efectos, el 15 de enero de

2020 la OPG presentó una Querella contra el licenciado Carbone

Rosario mediante la cual le imputó la violación de los Cánones

21 y 38 de Ética Profesional, supra.

El 20 de febrero de 2020 el licenciado Carbone Rosario

presentó su Contestación a la querella. En esta, indicó que el

señor Fernández Rodríguez nunca le comunicó la ubicación del

arma de fuego, las municiones y el cargador. A raíz de esto,

el licenciado Carbone Rosario negó haber comunicado a las

autoridades la ubicación de los referidos objetos. En

consecuencia, arguyó que la Querella se fundamentó en hechos

falsos y solicitó su archivo. El 30 de junio de 2020 emitimos

una Resolución mediante la cual denegamos la solicitud del

licenciado Carbone Rosario y ordenamos a la Secretaría de este

Tribunal que continuara con el trámite ordinario de la

Querella.

El 3 de abril de 2023 nombramos al Lcdo. Erik Ramírez

Nazario, exjuez del Tribunal de Apelaciones, como Comisionado

Especial para recibir la prueba y rendir un Informe con las

determinaciones de hechos y recomendaciones que estimara

pertinentes. Tras varios trámites procesales, los cuales

incluyeron varias vistas y el intercambio de prueba de ambas CP-2020-0001 8

partes, el 24 y 25 de octubre de 2023 se celebró la Vista en

su Fondo. A esta comparecieron el licenciado Carbone Rosario y

su representante legal, el Lcdo. Carlos S. Dávila Vélez. La

OPG estuvo representada por la Lcda. Yaizamarie Lugo Fontánez.

Posteriormente, el 28 de mayo de 2024 el Comisionado Especial

presentó el Informe del Comisionado Especial, del cual se

desprende que encontró probados veintiocho hechos:

(1) El 1 de noviembre de 2006 ocurrieron unos hechos en la calle Guadalcanal, de la barriada Venezuela, Río Piedras, en la que fallecieron el señor Edwin Quiñones Torres y el señor Omar Berdecía Torres.

(2) El licenciado […] Zayas Pérez recibió una llamada en la que se le informó sobre una situación surgida en la residencia del señor Fernando Fernández. Acudió a la barriada Venezuela donde ubica la residencia de Fernando Fernández y allí pudo observar los cuerpos de las dos personas muertas, a quienes conocía porque habían sido sus clientes. Luego de esto, se retiró del lugar debido a que llegaron los policías investigadores y recibió una llamada pidiéndole que acudiera al restaurante Café Valencia en Río Piedras.

(3) En el Café Valencia estuvieron reunidos, de 30 a 45 minutos, el licenciado Zayas Pérez, el señor Fernández Rodríguez y [el licenciado Carbone Rosario]. Además, estuvo presente el señor Fernando Fernández.

(4) Luego de conversar, se trasladaron al Cuartel General de la Policía de Puerto Rico, con el propósito de entregar al señor Fernández Rodríguez. Este último viajó en el vehículo con el licenciado Carbone [Rosario] y el licenciado Zayas Pérez viaj[ó] en su carro aparte.

(5) El licenciado Zayas Pérez acompañó al señor Fernández Rodríguez como amigo, en apoyo, no podía representarlo legalmente por conflicto de interés. El licenciado Carbone Rosario compareció como su representante legal.

(6) En la División de Homicidios, luego de una espera, los recibió el […] sargento […] Curbelo Muñiz […], [S]upervisor de la División de Homicidios de San Juan, qui[e]n preguntó al licenciado Carbone [Rosario] sobre el propósito de su visita. En ese momento, indicaron que venían a entregar al señor Fernández Rodríguez, en relación con unos hechos ocurridos en la barriada Venezuela, Río Piedras, Puerto Rico. El licenciado Carbone [Rosario] indicó al sargento Curbelo [Muñiz] qu[e] su cliente no iba a declarar porque no estaba en condiciones, estaba nervioso, pero que posteriormente declararía.

(7) El sargento Curbelo Muñiz pasó a su oficina con el licenciado Carbone [Rosario] y el señor Fernández Rodríguez. En este momento el licenciado Zayas Pérez permaneció fuera de la oficina del agente. Este no fungió como abogado y no estuvo en todo momento con el licenciado Carbone [Rosario]. El CP-2020-0001 9

[sargento] Curbelo [Muñiz] habló con el licenciado Carbone [Rosario] en ausencia del licenciado Zayas Pérez.

(8) En su oficina, el sargento Curbelo [Muñiz] leyó las advertencias de ley al señor Fernández Rodríguez y el licenciado Carbon[e] [Rosario] reiter[ó] que su cliente no prestaría una declaración en ese momento. El cliente se encontraba nervioso, lloroso y con los ojos aguados. Luego de esto, el sargento Curbelo [Muñiz] sacó al señor Fernández Rodríguez de la oficina y lo coloc[ó] bajo custodia de otros agentes como medida de seguridad.

(9) Estando en su oficina dialogando con el licenciado Carbone [Rosario] sobre gestiones previas profesionales de este, el sargento Curbelo [Muñiz] le preguntó sobre el arma de fuego que utilizó su cliente para cometer los hechos. El licenciado Carbone [Rosario] contestó que estaba en una jardinera cerca del lugar de los hechos.

(10) Ante esta información, el sargento Curbelo [Muñiz] llamó a la agente Ortiz Claudio, a qui[e]n supervisaba y se encontraba investigando la escena de los hechos, para transmitirle lo que el [licenciado Carbone Rosario] le había informado sobre la ubicación del arma.

(11) Para localizar el arma, luego de una búsqueda inicial infructuosa, el sargento Curbelo [Muñiz] recibió otra llamada de la agente Ortiz Claudio [en la que] esta le indic[ó] que no habían encontrado nada. Entonces le pasó la llamada telefónica al licenciado Carbone [Rosario] para que le explicara directamente a ella. El sargento Curbelo [Muñiz] permaneció al lado del licenciado Carbone [Rosario] y escuchó cuando este le indicaba a la agente Ortiz Claudio que continuaran buscando que estaban allí, y explicaba a la agente c[ó]mo llegar a la jardinera donde ubica[b]a el arma, el magacín o cargador y las municiones. Finalmente, luego de estas explicaciones adicionales se obtuvo la evidencia buscada.

(12) La agente Ortiz Claudio declaró que la persona con quien habló al teléfono celular, quien le dio instrucciones para encontrar el arma, se le identificó como el licenciado Carbone [Rosario].

(13) De la investigación correspondiente surgió que el arma encontrada estaba registrada a nombre del señor Fernández Rodríguez.

(14) Luego de encontradas las armas el sargento Curbelo [Muñiz] indicó al licenciado Carbone [Rosario] que iba a presentar cargos contra su cliente.

(15) Ese día el 1 de noviembre de 2006, el licenciado Carbone [Rosario] también habló con el sargento Curbelo [Muñiz] de unas alegadas extorsiones de las que había sido objeto su cliente. Al solicitar evidencias sobre esto, el licenciado Carbone [Rosario] expresó que no tenía consigo evidencia de ello.

(16) El día 1 de noviembre de 2006, el señor Fern[á]ndez Rodríguez no declaró en ningún momento. El sargento Curbelo [Muñiz] no lo entrevist[ó] a solas, en ausencia de su abogado, ni obtuvo información adicional alguna de este.

(17) El sargento Curbelo [Muñiz] declaró en la [Vista de causa para arresto que se celebró el 3 de enero de 2007] y reiteró CP-2020-0001 10

que la información sobre el arma de fuego, el cargador y las municiones la obtuvo por información que le fuera brindada por el licenciado Carbon[e] [Rosario]. El sargento Curbelo [Muñiz] declaró sobre la comunicación telefónica con la agente Ortiz Claudio quien fue llamada para comunicarle de dicha información mientras se encontraba en la escena del crimen y a base de la cual se encontró el arma.

(18) El sargento Curbelo Muñiz estableció que en ese momento la defensa del señor Fernández Rodríguez, de la cual el licenciado Carbone [Rosario] formaba parte, no cuestionó su testimonio ni efectuó planteamiento legal alguno sobre [la] ilegalidad de lo declarado por él, ni sobre la forma y manera en que se adquirió la posesión del arma [,] las municiones y el cargador.

(19) En dicha vista los abogados del señor Fernández Rodríguez, esbozaron otros argumentos sobre elementos de intención, asesinato atenuado y expresaron que su cliente se entregó y entregó el arma a través de su abogado.

(20) En la vista preliminar celebrada el 25 y [el] 29 de octubre de 2007 nuevamente declaró el sargento Curbelo [Muñiz] y la agente Ortiz Claudio. Repitieron su declaración sobre c[ó]mo obtuvieron la información del licenciado Carbone [Rosario] para poder encontrar el arma de fuego, las municiones y el cargador. Entonces la defensa argumentó que se había violado el privilegio abogado cliente y procedieron a solicitar la supresión de la evidencia obtenida.

(21) Mediante [una] Resolución del 9 de mayo de 2008, surge del expediente judicial que el Tribunal de Primera Instancia expresó que el testimonio de los licenciados Carbone [Rosario] y Zayas Pérez no le mereció credibilidad por las inconsistencias entre sí. En dicha Resolución se expresó “que en efecto la comunicación sobre la localización del arma y las municiones se dio y se dio porque la intención de ir al cuartel era para entregar al [señor Fernández Rodríguez]”.

(22) El 9 de julio de 2008, el señor Fernández Rodríguez presentó una Moci[ó]n de Desestimación al amparo de la Regla 64(p) de las de Procedimiento Criminal. En esta aleg[ó] que la determinación de causa probable para acusar efectuada por el [T]ribunal era contraria a derecho, toda vez que la prueba presentada en la vista preliminar celebrada era producto de un testimonio inadmisible e ilegal, por ser producto de información privilegiada confiada a su abogado en la relación de abogado y cliente. Así, arguyó que la prueba presentada “constituía producto de materia privilegiada por tratarse de una comunicación habida entre abogado y cliente, cuyo privilegio no había sido renunciado por el tenedor del derecho”. Aseveró que “el testimonio del sargento Curbelo Muñiz como toda la evidencia recopilada en el caso”, “son inadmisibles por ser producto de unas violaciones crasas a los derechos constitucionales del imputado, los derechos estatutarios (privilegios) y el debido procedimiento de ley”. Alegó además que “la única prueba presentada por el Ministerio P[ú]blico que le vincula con los hechos imputados “es producto de la información privilegiada habida entre [e]ste y su abogado, al no haberse renunciado al carácter privilegiado de la comunicación, el testimonio producto de dicha información es inadmisible, por ende, la determinación de causa fue contraria a derecho”. CP-2020-0001 11

(23) En su Memorándum de Derecho en Cumplimiento de Orden presentado el 14 de noviembre de 2008, el señor Fernández Rodríguez solicitó que se resolviera que la determinación de causa para acusar fue contraria a derecho. Así, argumentó que en la vista preliminar quedó claramente establecido que el arma de fuego ocupada como consecuencia del testimonio ofrecido al sargento Curbelo [Muñiz] por el licenciado Carbone [Rosario] no es admisible por estar investido del privilegio que goza[n] las conversaciones habidas entre abogado y cliente. Arguyó que “quien único podía despojar de dicho privilegio en su comunicación era nuestro representado que en momento alguno se renunció a dicho derecho”. Expresó, además, “que el Pueblo de Puerto Rico no contaba con otra evidencia que no fuese la declaración del abogado producto de la comunicación que su cliente le ofreció y punto”. Añadió “que toda la evidencia que se ocupó se hizo con posterioridad a las manifestaciones que le hiciese el [licenciado] Carbone [Rosario]” al sargento Curbelo [Muñiz].

(24) De la Resolución emitida el 29 de diciembre de 2009 el señor Fernández Rodríguez recurrió al Tribunal de Apelaciones, caso número KLCE2009-0116. Este foro apelativo confirmó al foro primario mediante [una] Sentencia de 22 de mayo de 2009. Inconforme con esta determinación el señor Fernández Rodríguez solicitó reconsideración a dicha Sentencia. Alegó que “no existe prueba alguna” de que él “hubiera autorizado [a]l abogado a hacer ningún tipo de expresión con relación a los hechos bajo investigación”. Continuó enfatizando que “no existen testigos presenciales de los hechos ni prueba que vinculara directa o circunstancialmente al peticionario con los hechos imputados. La única prueba que lo vincula eran las expresiones obtenidas del abogado sin que el peticionario hubiera renunciado al privilegio abogado [-] cliente y sin que lo hubiera autorizado a ofrecer información alguna”.

(25) Denegada la solicitud de reconsideración [,] el señor Fernández Rodríguez acudió al Tribunal Supremo mediante [un] recurso de certiorari, Caso núm. CC-2009-0622.

(26) El Tribunal Supremo expidió el recurso y, mediante [una] Opinión de 9 de diciembre de 2011, determinó que procedía la supresión del arma de fuego, el cargador y las municiones ocupadas. Surge de dicha Opinión que dicho foro refirió al [licenciado Carbone Rosario] a la OPG para que se investigara su conducta profesional. En lo pertinente expresó dicho foro lo siguiente: “No tenemos duda alguna [que] entre el peticionario Fernández Rodríguez y el licenciado Carbone [Rosario] existió una relación abogado cliente. Los documentos contenidos en el expediente judicial, así como las transcripciones del sargento Curbelo [Muñiz] y del propio licenciado Carbone [Rosario], revelan que durante el transcurso de esta relación fiduciaria el señor Fernández Rodríguez le confió al licenciado Carbone [Rosario] la información relacionada con la comisión de los actos delictivos imputados”.

(27) De la prueba documental admitida y considerada por el [Comisionado Especial], no se desprende que el señor Fernández Rodríguez hubiese alegado que la información sobre las armas se obtuviera de otra manera que no fuere a través de la información brindada por el [licenciado Carbone Rosario] al sargento Curbelo [Muñiz].

(28) De la prueba desfilada no surge que contra el sargento Curbelo [Muñiz] se hubiere presentado alguna queja administrativa por CP-2020-0001 12

su conducta en el manejo del caso. Tampoco se señaló que en algún momento o alguna vista se le hubiere cuestionado o increpado por haber interrogado indebida o ilegalmente al señor Fernández Rodríguez el 1 de noviembre de 2006.11 (Negrilla suplida).

Tras dirimir la prueba, el Comisionado Especial concluyó

que existía evidencia clara, robusta y convincente que

demostraba que el licenciado Carbone Rosario divulgó, sin

autorización del señor Fernández Rodríguez, información

privilegiada al sargento Curbelo Muñiz, la cual le permitió a

este obtener el arma, el cargador y las municiones.

Específicamente encontró que los testimonios del licenciado

Carbone Rosario y del licenciado Zayas Pérez no les merecía

credibilidad. Esto, pues sus testimonios estaban en abierta

contradicción con la evidencia que obraba en el expediente, no

solo testimonial sino ante la abundante documentación sometida

como parte del proceso penal génesis de este proceso. En

consecuencia, el Comisionado Especial concluyó que el

licenciado Carbone Rosario violó los Cánones 21 y 38 de Ética

Profesional, supra.

II.

A. Cánones de Ética Profesional

a. Canon 21

La relación abogado-cliente es sui géneris; es de

naturaleza fiduciaria y está basada en la honestidad, la

lealtad y la fidelidad absoluta. In re Reyes Coreano, 190 DPR

739, 753-754 (2014); In re Pérez Rodríguez, 172 DPR 665, 671-

672 (2007). Esto se debe a las inexorables exigencias éticas

11 Informe del Comisionado Especial, págs. 11-16. CP-2020-0001 13

particulares de la profesión legal. Íd. A esos efectos, el

Canon 21 de Ética Profesional establece, en lo pertinente, los

pormenores de este deber:

El abogado tiene para con su cliente un deber de lealtad completa. Este deber incluye la obligación de divulgar al cliente todas las circunstancias de sus relaciones con las partes y con terceras personas, y cualquier interés en la controversia que pudiera influir en el cliente al seleccionar su consejero. Ningún abogado debe aceptar una representación legal cuando su juicio profesional pueda ser afectado por sus intereses personales. . . . . . . . .

La obligación de representar al cliente con fidelidad incluye la de no divulgar sus secretos o confidencias y la de adoptar medidas adecuadas para evitar su divulgación. Un abogado no debe aceptar la representación de un cliente en asuntos que puedan afectar adversamente cualquier interés de otro cliente anterior ni servir como árbitro, especialmente cuando el cliente anterior le ha hecho confidencias que puedan afectar a uno u otro cliente, aun cuando ambos clientes así lo aprueban. Será altamente impropio de un abogado el utilizar las confidencias o secretos de un cliente en perjuicio de éste. (Negrilla suplida). 4 LPRA Ap. IX.

El privilegio abogado-cliente pretende salvaguardar la

relación fiduciaria entre las partes, ya que revelar las

confidencias del cliente constituye no solo un acto de

traición, sino que viola el deber de lealtad del abogado. In

re Pérez Rodríguez, supra, pág. 670; In re Rochet Santoro, 174

DPR 123, 134 (2008); In re Bauzá Torres, 171 DPR 894, 905-907

(2007); In re Palou Bosch, 148 DPR 717, 727 (1999). En atención

a esto, el Canon 21 le impone al abogado dos obligaciones

principales: (1) la obligación de ejercer un criterio

profesional independiente en defensa de los intereses del

cliente y (2) la obligación de no divulgar los secretos y las

confidencias que el cliente haya compartido en el transcurso

de su representación. In re Palou Bosch, supra, pág. 794. De

esta forma, el abogado o la abogada tiene el deber de guardar CP-2020-0001 14

todas las confidencias que recibe de su cliente. S. Steidel

Figueroa, Ética y responsabilidad disciplinaria del abogado,

San Juan, Pubs. JTS, 2010, pág. 176.

Hemos expresado que “cuando un abogado divulga información

confidencial sin la autorización previa de su cliente, incurre

en una de las faltas éticas de mayor gravedad; particularmente

en contra de los deberes de lealtad y confidencialidad que debe

honrarles a sus clientes”. Pueblo v. Fernández Rodríguez,

supra, pág. 795. Si la información divulgada en violación de

este deber incrimina penalmente al cliente, el abogado o la

abogada, además de incurrir en conducta impropia, viola el

derecho a la no autoincriminación de su cliente. Íd. No

obstante, si el cliente renuncia a su derecho a no

autoincriminarse y a su privilegio, el abogado o la abogada no

habrá incurrido en conducta impropia. Íd.

b. Canon 38

El Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra,

establece el deber de todo abogado o abogada de exaltar el

honor y la dignidad de su profesión, y de evitar la apariencia

de conducta profesional impropia. La apariencia de conducta

impropia “lacera la imagen, la confianza y el respeto que

nuestra sociedad deposita en la profesión y en las

instituciones de la justicia”. In re Otero, Pacheco, 200 DPR

561, 577 (2018); In re Guemárez Santiago, 191 DPR 611, 620

(2014). Así, un abogado o una abogada debe regirse conforme a

los más altos postulados éticos. In re Rádinson Pérez et al.,

204 DPR 522, 542 (2020); In re Rivera Rodríguez, 202 DPR 1026, CP-2020-0001 15

1053 (2019). Ello, se debe a que nuestra profesión tiene un

gran impacto en la vida y en la propiedad de otras personas.

Íd. A la luz de esto la clase togada debe ─y tiene que─

conducirse con dignidad y honor en el ejercicio de sus

funciones profesionales. Canon 38 del Código de Ética

Profesional, supra.

III.

Antes de analizar los hechos esbozados en el contexto de

la normativa ético-disciplinaria, corresponde que

recapitulemos nuestra determinación en el caso Pueblo v.

Fernández Rodríguez, supra. El 9 de diciembre de 2011 emitimos

una Opinión en el caso de referencia, en la que resolvimos que

toda información ofrecida a un agente del orden público por el

abogado o la abogada de una persona que lo vincula con conducta

delictiva, sin que esa persona haya renunciado al privilegio

abogado-cliente, constituye materia privilegiada inadmisible

en evidencia.

De manera particular, encontramos que el señor Fernández

Rodríguez no renunció al privilegio abogado-cliente del cual

era poseedor. En esa ocasión, explicamos que el expediente

judicial sostenía que “al llegar al Cuartel General, el

licenciado Carbone [Rosario] expresó que el señor Fernández

Rodríguez no emitiría declaración alguna sobre los hechos

acontecidos porque se encontraba muy nervioso, pero que

posteriormente sí lo haría”. (Negrilla suplida). Íd., pág. 803.

Asimismo, enfatizamos que el señor Fernández Rodríguez conocía

de su derecho a la no autoincriminación: CP-2020-0001 16

[E]n el momento preciso en que el licenciado Carbone [Rosario] le divulgó la información privilegiada al sargento Curbelo ya se le habían leído las advertencias al señor Fernández Rodríguez y este se encontraba en otro lugar; o sea, en una celda bajo la custodia de otros agentes del orden público. Íd.

Así, respecto al aspecto probatorio-procesal, concluimos

que el licenciado Carbone Rosario violó el privilegio abogado-

cliente al divulgar la ubicación del cargador, del arma y de

las municiones sin la debida autorización del señor Fernández

Rodríguez. En cuanto al aspecto ético-disciplinario,

concluimos que la divulgación constituía un “quebrantamiento

de los deberes de lealtad y confidencialidad impuestos por el

Canon 21 del Código de Ética Profesional, supra”. Íd., pág.

808. En consecuencia, ordenamos a la OPG que investigara la

conducta del licenciado Carbone Rosario como representante

legal del señor Fernández Rodríguez y que iniciara

el procedimiento disciplinario correspondiente. Íd.,

págs. 808- 809.

Posteriormente, el 1 de marzo de 2013 reconsideramos

nuestra posición con el único efecto de establecer que la

doctrina del “fruto del árbol ponzoñoso” no se extendía para

suprimir evidencia real obtenida como producto de una violación

al privilegio abogado-cliente. Pueblo v. Fernández Rodríguez,

188 DPR 165 (2013). Nuestra determinación y el referido

ético- disciplinario quedó inalterado.

Establecida nuestra determinación en el caso criminal,

también precisamos recordar que, durante el proceso

disciplinario, este Tribunal descartó archivar la presente

causa por razón de que el cliente no fue quien promovió la

causa disciplinaria. Con estos particulares de trasfondo y CP-2020-0001 17

expuesta la normativa ética pertinente, pasamos a analizar, a

la luz de la prueba admitida y dirimida en este proceso, si el

licenciado Carbone Rosario violó los Cánones 21 y 38 del Código

de Ética Profesional, supra, y de haberlos violado, qué sanción

corresponde. Veamos.

No existe controversia sobre que el licenciado Carbone

Rosario era el representante legal del señor Fernández

Rodríguez. De esta forma, entre ambos se configuró una relación

abogado-cliente. Como explicamos anteriormente, esta relación

de naturaleza fiduciaria le impone a las abogadas y a los

abogados una serie de deberes y obligaciones respecto a sus

clientes. Entre estas se encuentra la obligación de no divulgar

los secretos y las confidencias que su cliente haya compartido

en el transcurso de la representación. Canon 21, 4 LPRA Ap. IX.

En el presente caso, el licenciado Carbone Rosario niega

haber revelado a las autoridades la ubicación del arma, el

cargador y las municiones objeto del delito imputado a su

cliente, el señor Fernández Rodríguez. De hecho, este asevera

que tiene que haber sido el propio señor Fernández Rodríguez

quien lo divulgara en alguna entrevista que le realizaran en

contravención a sus derechos. No obstante, en todos los

escritos presentados ante el Tribunal en el caso Pueblo v.

Fernández Rodríguez, supra, el señor Fernández Rodríguez arguyó

que correspondía la supresión de la referida evidencia, no por

razón de un interrogatorio inconstitucional, sino porque eran

producto de una manifestación indebida del licenciado Carbone

Rosario al sargento Curbelo Ortiz y a la agente Ortiz Claudio, CP-2020-0001 18

en violación del privilegio abogado-cliente. Precisamente por

esta contención, el foro de instancia descalificó al licenciado

Carbone Rosario como representante legal del señor Fernández

Rodríguez y lo citó para que compareciera como testigo en la

vista de supresión de evidencia. Pueblo v. Fernández Rodríguez,

supra, pág. 780.

En atención a lo anterior, el Comisionado Especial, en su

Informe, determinó como hecho incontrovertido que el señor

Fernández Rodríguez no fue quien reveló a las autoridades la

ubicación del arma, del cargador y de las municiones. Para

ello, destacó que el licenciado Carbone Rosario nunca alegó en

escrito alguno que su cliente hubiera sido objeto de un

interrogatorio ilegal y que se hubiera obtenido alguna

evidencia como consecuencia de tal acto o por confesión; la

primera vez que surgió la referida alegación fue adelantado el

trámite disciplinario que nos ocupa.

En sus solicitudes de supresión de evidencia, el señor

Fernández Rodríguez sostuvo, de manera consistente, que el

licenciado Carbone Rosario infringió el privilegio

abogado- cliente y divulgó a las autoridades la ubicación de la

prueba incriminatoria. A esto se le suma la inconsistencia

entre las declaraciones de los licenciados Carbone Rosario y

Zayas Pérez, y lo que el Comisionado Especial determinó fueron

las consistencias en los testimonios de los agentes del orden

público.

El testimonio que proveyó el licenciado Zayas Pérez en la

Vista en su Fondo de esta Querella está en abierta CP-2020-0001 19

contradicción con su Declaración Jurada del 2 de julio de 2012.

En la Declaración Jurada, el licenciado Zayas Pérez expresó

que, el día de los hechos, estuvo en todo momento con el

licenciado Carbone Rosario y nunca escuchó que este

suministrara información sobre el arma, el cargador y las

municiones al sargento Curbelo Muñiz.12 Sin embargo, en la Vista

en su Fondo declaró que esto no había sido así, sino que hubo

momentos en los que el licenciado Carbone Rosario estuvo con

el sargento Curbelo Muñiz sin su presencia.13 Asimismo, en la

Vista en su Fondo, el licenciado Zayas Pérez declaró que dudaba

que el sargento Curbelo Muñiz hubiera interrogado al señor

Fernández Rodríguez sin la presencia del licenciado Carbone

Rosario, ya que este último era un abogado con vasta

experiencia.14

Nada en el expediente nos persuade de descartar la

apreciación que de la prueba hizo el Comisionado Especial. Las

contradicciones entre las declaraciones del licenciado Zayas

Pérez y las del licenciado Carbone Rosario contrastan con la

consistencia existente entre las declaraciones del sargento

Curbelo Muñiz y de la agente Ortiz Claudio.

El sargento Curbelo Muñiz declaró en todo momento que el

licenciado Carbone Rosario le informó sobre la ubicación del

arma, el cargador y las municiones. Ante esto, el sargento

Curbelo Ortiz indicó que llamó a la agente Ortiz Claudio, quien

se encontraba investigando la escena del crimen, y le

12 Informe del Comisionado Especial, pág. 22. 13 Íd. 14 Íd. CP-2020-0001 20

transmitió la información. Ambos declararon que, luego de un

intento infructuoso de encontrar la evidencia, la agente Ortiz

Claudio se comunicó con el sargento Curbelo Muñiz y que este

le pasó el celular al licenciado Carbone Rosario, quien

procedió a dar instrucciones a la agente para que arribara a

la ubicación de la evidencia.15

El Comisionado Especial consideró como un hecho probado

que el señor Fernández Rodríguez acudió en compañía del

licenciado Carbone Rosario al cuartel. Una vez allí, el

licenciado Carbone Rosario comunicó al sargento Curbelo Muñiz

que el señor Fernández Rodríguez tenía la intención de

entregarse y que eventualmente emitiría declaraciones sobre

los hechos.

Bajo ningún supuesto, acudir al cuartel con la intención

de entregarse constituye una renuncia válida al privilegio

abogado-cliente ni al deber de lealtad y confidencialidad.

Tampoco constituye una renuncia válida que el cliente comunique

su intención de entregarse y de declarar. La entrega del

cliente no es una carta blanca para revelar información

cobijada por el deber de confidencialidad y lealtad sin la

debida autorización de este. Esto, pues en la entrega de un

cliente operan consideraciones prácticas de litigio referentes

a la fianza y a la presentación de cargos en ausencia, entre

otras. Asimismo, acceder a prestar declaraciones no es

equiparable a que el cliente confesará la comisión del delito

que se le imputa. En el caso ante nuestra consideración no se

15 Íd., pág. 21. CP-2020-0001 21

había presentado acusación alguna contra el señor Fernández

Rodríguez. A lo somero, el proceder del licenciado Carbone

Rosario demostró desconocimiento de los privilegios

evidenciarios, del proceso penal y de las consecuencias a las

que se exponía su cliente.

Al revelar información que le relegó el señor Fernández

Rodríguez, el licenciado Carbone Rosario mancilló su deber de

lealtad y el principio de la confidencialidad, que es esencial

en el ejercicio de la profesión. Ante este cuadro fáctico, es

forzoso concluir que estamos ante prueba clara, robusta y

convincente de que el licenciado Carbone Rosario violó el Canon

21 del Código de Ética Profesional al divulgar información

confidencial que le proveyó el señor Fernández Rodríguez como

parte de la relación fiduciaria habida entre ambos. Asimismo,

ante los mismos hechos, estamos ante prueba clara, robusta y

convincente de que la conducta desplegada por el licenciado

Carbone Rosario no exaltó el honor de la profesión y constituye

una actuación contraria a su juramento profesional. En

consecuencia, se probó que el licenciado Carbone Rosario violó

los Cánones 21 y 38 de Ética Profesional, supra.

IV.

Concluido que el licenciado Carbone Rosario infringió los

Cánones 21 y 38 de Ética Profesional, supra, debemos evaluar

la sanción correspondiente. Hemos establecido que al imponer

una sanción disciplinaria se deben tomar en consideración los

factores siguientes: (1) la reputación del letrado en la

comunidad; (2) su historial previo; (3) si esta constituye su CP-2020-0001 22

primera falta y si ninguna parte ha resultado perjudicada; (4)

la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento; (5) si

se trata de una conducta aislada; (6) el ánimo de lucro que

medió en su actuación; (7) el resarcimiento al cliente, y (8)

cualesquiera otras consideraciones, ya bien atenuantes o

agravantes, que medien según los hechos. In re Jusino Torres,

210 DPR 919 (2022); In re Sánchez Pérez, 209 DPR 235 (2022).

El licenciado Carbone Rosario fue admitido al ejercicio

de la abogacía el 13 de diciembre de 1968. El 2 de diciembre

de 1985 ordenamos su separación inmediata y permanente de la

práctica de la profesión legal y notarial en esta jurisdicción

por haber sido convicto en el Tribunal de Distrito de Estados

Unidos para el Distrito de Puerto Rico del delito de

conspiración para poseer cocaína con intención de distribuir.

In re Boscio Monllor, 116 DPR 692 (1985). Posteriormente, el

10 de marzo de 2003 el licenciado Carbone Rosario presentó ante

nos una solicitud de reinstalación. Tras contar con dos

informes del Comité de Reputación de Aspirantes al Ejercicio

de la Abogacía (Comisión) y con la comparecencia de la OPG, el

30 de noviembre de 2005 ordenamos la reinstalación condicionada

del licenciado Carbone Rosario al ejercicio de la abogacía.16

No obstante, a un año de su reinstalación, el licenciado

Carbone Rosario infringió un pilar indeleble de la profesión

de la abogacía, el privilegio abogado-cliente. Esta actuación

16 La reinstalación se condicionó a que durante un periodo de un año el licenciado Carbone Rosario se sometiera a pruebas periódicas de “dopaje”, para comprobar que no había recaído en la condición de dependencia a sustancias controladas. CP-2020-0001 23

fue contraria a los deberes del abogado para con su cliente y

al honor y la dignidad que el ejercicio de la profesión legal

requiere. A pesar de las consecuencias severas de la conducta

del licenciado Carbone Rosario, este no reconoció su

impropiedad ni mostró contrición al respecto.

Por los fundamentos expuestos, se decreta la suspensión

inmediata e indefinida del Lcdo. Luis E. Carbone Rosario del

ejercicio de la abogacía y de la notaría, por infracciones a

los Cánones 21 y 38 de Ética Profesional, supra.

A la luz de lo anterior, le imponemos al señor Carbone

Rosario el deber de notificar a todos sus clientes de su

inhabilidad de seguir representándoles, devolverles

cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e

informar oportunamente de su suspensión indefinida a los foros

judiciales y administrativos donde tenga asuntos pendientes.

Además, tiene la obligación de acreditar ante este Tribunal el

cumplimiento de todo lo anterior dentro del término de treinta

(30) días a partir de la notificación de esta Opinión Per

Curiam y Sentencia. No hacerlo podría conllevar que no se le

reinstale a la práctica de la profesión legal, de solicitarlo

en el futuro.

De otra parte, se le ordena al Alguacil de este Tribunal

incautar inmediatamente la obra y el sello notarial del señor

Carbone Rosario y entregarlos al Director de la Oficina de

Inspección de Notarías (ODIN) para el correspondiente examen e

informe. Además, en virtud de la suspensión inmediata e

indefinida del ejercicio de la notaría, la fianza que garantiza CP-2020-0001 24

las funciones notariales del señor Carbone Rosario queda

automáticamente cancelada. Esta fianza se considerará buena y

válida por tres (3) años después de su terminación, en cuanto

a los actos realizados durante el periodo en que esta estuvo

vigente.

Notifíquese esta Opinión Per Curiam y Sentencia por correo

electrónico al señor Carbone Rosario y personalmente.

Se dictará Sentencia de conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re: CP-2020-0001 Luis E. Carbone Rosario (TS-3,177)

Opinión disidente emitida por la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez a la que se unió el Juez Asociado señor Estrella Martínez y el Juez Asociado señoón Pérez

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de septiembre de 2025.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, decretamos la suspensión inmediata e indefinida del licenciado Carbone Rosario del ejercicio de la abogacía y de la notaría. Se le impone el deber de notificar a sus clientes de su inhabilidad para continuar representándoles, devolverles los expedientes como cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Además, tiene la obligación de acreditar ante este Tribunal el cumplimiento de todo lo anterior dentro del término de treinta (30) días a partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia. No hacerlo podría conllevar que no se le reinstale a la práctica de la profesión legal, de solicitarlo en el futuro.

De otra parte, se le ordena al Alguacil de este Tribunal incautar inmediatamente la obra y el sello notarial del señor Carbone Rosario y entregarlos al Director de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) para el correspondiente examen e informe. Además, en virtud de la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la notaría, la fianza que CP-2020-0001 2

garantiza las funciones notariales del señor Carbone Rosario queda automáticamente cancelada. Esta fianza se considerará buena y válida por tres (3) años después de su terminación, en cuanto a los actos realizados durante el periodo en que esta estuvo vigente.

Notifíquese esta Opinión Per Curiam y Sentencia por correo electrónico al señor Carbone Rosario y personalmente.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez Secretario del Tribunal Supremo