EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
David García O´Neill; su esposa Estrella Villega Ocasio, por sí y en representación de su hijo menor J.C.V.; Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos Peticionarios
v.
Estado Libre Asociado de Puerto Certiorari Rico; Hon. Guillermo Zomoza Colombani, Secretario de 2014 TSPR 53 Justicia; Superintendente de la Policía de Puerto Rico; Policía 190 DPR ____ Municipal de Guaynabo representado por su Comisionado Hon. Wilfredo Castillo Alicea; Compañía Aseguradora X, Fulano de tal, Mengano mas cual, Zutano de tal, Perencejo mas cual, Corporación X, Corporación Y, Compañía Aseguradora Y
Municipio de Guaynabo Recurridos
Número del Caso: AC-2013-66
Fecha: 8 de abril de 2014
Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de Bayamón
Abogada de la Parte Peticionaria:
Lcda. Haydee Zapata Ayala
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Federico Montañez Delerme
Materia: Ley de Municipios Autónomos Art. 15.003: notificación al Alcalde de posible pleito contra el municipio.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
David García O´Neill; su esposa Estrella Villega Ocasio, por sí y en representación de su hijo Certiorari menor J.C.V.; Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos Peticionarios AC-2013-0066
Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Hon. Guillermo Zomoza Colombani, Secretario de Justicia; Superintendente de la Policía de Puerto Rico; Policía Municipal de Guaynabo representado por su Comisionado Hon. Wilfredo Castillo Alicea; Compañía Aseguradora X, Fulano de tal, Mengano mas cual, Zutano de tal, Perencejo mas cual, Corporación X, Corporación Y, Compañía Aseguradora Y
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Rivera García.
En San Juan, Puerto Rico, a 8 de abril de 2014.
En Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 D.P.R. 740
(1992), resolvimos que la notificación que requiere el Art.
2A(f) de la Ley de Reclamaciones y Pleitos contra el
Estado1, 32 L.P.R.A. sec. 3077(a) –de cumplir con los
estándares de una reclamación extrajudicial- puede
1 Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada. AC-2013-0066 2
interrumpir el término prescriptivo de un año que establece
el Código Civil de Puerto Rico en su Art. 1868, 31 L.P.R.A.
sec. 5298(2). Hoy extendemos esa interpretación en cuanto a
la notificación que el Art. 15.003 de la Ley Núm. 81-1991,
21 L.P.R.A. sec. 4703 (“Ley de Municipios”), requiere que
se haga al alcalde antes de entablar una reclamación contra
un municipio.
I
El 12 de marzo de 2012 los esposos el Sr. David García
O‟neill y la Sra. Estrella Villega Ocasio2, junto a la Sra.
María Villega Ocasio (los peticionarios), presentaron una
demanda sobre daños y perjuicios en contra del Municipio de
Guaynabo (el recurrido). Según alegaron, el 14 de diciembre
de 2010 agentes de la policía de ese municipio irrumpieron
en sus residencias sin razón alguna y procedieron a
agredirlos, destruir su propiedad y a arrestarlos.3 Se
expuso en esa reclamación que los peticionarios fueron
liberados eventualmente y no se presentó ningún cargo
criminal contra estos. Sostuvieron en su demanda que los
daños que sufrieron a raíz de ese evento se debieron
exclusivamente a la negligencia de los policías
municipales, ya que no se aseguraron de la identidad de las
personas que interesaban arrestar. La controversia del caso
de autos surge porque el Tribunal de Apelaciones entendió
que dicha demanda estaba prescrita. Expongamos los trámites
procesales pertinentes a este asunto.
2 En unión a su hijo menor de edad. 3 Véase, Demanda. Apéndice del recurso de apelación, pág. 26. AC-2013-0066 3
Surge del legajo que el 11 de marzo de 2011 -87 días
luego de ocurrir el incidente- los peticionarios le
notificaron personalmente al entonces Secretario de
Justicia, Guillermo Somoza Colombani4 y al alcalde del
municipio de Guaynabo, Hon. Héctor O‟neil García, una
misiva relacionada a los hechos alegados en la demanda que
mencionamos anteriormente.5 Esto, en cumplimiento con el
mandato del Art. 15.003 de la Ley de Municipios, supra, que
requiere que toda persona que tenga una reclamación contra
un municipio notifique al alcalde dentro de los 90 días
siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de los daños
por los que reclama. En esa comunicación, los peticionarios
describieron en detalle los hechos que alegadamente
ocurrieron el 14 de diciembre de 2010 e informaron su
intención de instar una acción judicial para solicitar una
compensación por los daños sufridos como consecuencia de
los mismos. Así también, especificaron los daños físicos y
morales alegadamente sufridos y los nombres y números de
placas de cinco agentes que presuntamente estuvieron
involucrados en el infortunio.6
Como adelantamos, el 12 de marzo de 2012 los
peticionarios presentaron la demanda sobre daños y
4 Inicialmente, en la demanda se incluyó como codemandado al Gobierno de Puerto Rico ante la presunta presencia de dos policías estatales el día de los hechos. No obstante, surge de la Minuta de la vista del 12 de diciembre de 2012 que se celebró ante el Tribunal de Primera Instancia -notificada a las partes el 21 de diciembre de 2012- que los peticionarios anunciaron que desistirían de su reclamación contra el Estado. El foro primario declaró ha lugar el desistimiento sin perjuicio. Véase Minuta. Íd., pág. 76. 5 Íd., págs. 48, 52. 6 Íd., pág. 48. AC-2013-0066 4
perjuicios contra el Municipio de Guaynabo y otros
codemandados. El municipio contestó la demanda y como
parte de sus defensas planteó que la causa de acción estaba
prescrita7 y luego presentó una moción de desestimación
fundamentada en ese particular. Su contención era que
debido a que los alegados daños tuvieron lugar el 14 de
diciembre de 2010, los peticionarios debieron radicar su
demanda en o antes del 14 de diciembre de 2011, es decir,
dentro del término prescriptivo de un año dispuesto por el
Código Civil para presentar reclamaciones al amparo del
Art. 1802, 31 L.P.R.A. sec. 5141. En otras palabras, negó
que la notificación que se le entregó al alcalde el 11 de
marzo de 2011 tuviera el efecto de interrumpir ese plazo.
En apoyo de su postura argumentó que el inciso (c) del Art.
15.003 de la Ley de Municipios Autónomos no libera a la
parte demandante de radicar su demanda dentro del término
prescriptivo de un año. El referido precepto dispone lo
siguiente:
Salvedad.-Esta sección no modificará en forma alguna, para aquellos reclamantes que cumplan con sus disposiciones, el término prescriptivo fijado por la sec. 5298(2) del Título 31.
Por su parte, los peticionarios invocaron la norma que
se pautó en Zambrana Maldonado v. E.L.A., supra, caso en el
que resolvimos que la notificación requerida por el Art. 2A
de la Ley de Reclamaciones y Pleitos contra el Estado,
supra, puede constituir una reclamación extrajudicial a los
7 Véase, Contestación a la Demanda. Íd., pág. 37. AC-2013-0066 5
fines de interrumpir el término prescriptivo de un año
disponible para presentar una reclamación por daños contra
el Estado.
Tras atender ese asunto, el Tribunal de Primera
Instancia emitió un dictamen el 11 de diciembre de 2012
denegando la moción de desestimación.8 Resolvió que los
peticionarios cumplieron con el requisito de notificación
estatuido en el Art. 15.003 de la Ley de Municipios, supra,
al cursar la carta del 11 de marzo de 2011 y concluyó que
esa comunicación constituyó una reclamación extrajudicial
válida que interrumpió el término prescriptivo de un año
dispuesto en el Art. 1868 del Código Civil, supra. De esta
forma, entendió que dicho término comenzó a discurrir
nuevamente a partir de ese momento, teniendo los
demandantes hasta el 12 de marzo de 2012 para presentar su
demanda.9
Inconforme con esa determinación, el municipio de
Guaynabo presentó un escrito titulado “recurso de revisión”
ante el Tribunal de Apelaciones. En este sostuvo que el
foro primario incidió al determinar que el término
prescriptivo para presentar la demanda comenzó a
transcurrir de nuevo a partir de la notificación que los
demandantes hicieron al Municipio de Guaynabo el 11 de
marzo de 2011. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso
8 Íd., pág. 19. 9 El 11 de marzo de 2012 fue domingo, por lo que el término se extendió hasta el lunes 12 de marzo de 2012. AC-2013-0066 6
como uno de certiorari10 y resolvió conforme a lo esbozado
por el Municipio. Dispuso que la notificación del 11 de
marzo de 2011 no tuvo el efecto de interrumpir el término
prescriptivo de un año. Fundamentó su determinación en la
interpretación que a esos efectos le proveyó al Art. 15.003
(c) de la Ley de Municipios, supra. En específico, el
Tribunal de Apelaciones señaló:
[e]n este caso, la parte reclamante notificó al municipio a los ochenta y siete (87) días de la fecha del incidente, en otras palabras “dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que el reclamante tuvo conocimiento de los daños reclamados”. Por lo tanto, es lógico concluir de la propia carta de notificación al municipio y su contenido específico y particularizado que el término prescriptivo de un (1) año comenzó a decursar a partir de la fecha de los hechos, a saber, desde el 14 de diciembre de 2010 y vencía el 13 de diciembre de 2011.
Además, la carta del 11 de marzo de 2011 no tuvo el efecto interruptor alguno en el plazo de un (1) año para interponer la demanda en virtud de las disposiciones de la propia Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico, 21 L.P.R.A. secs. 4001, et seq., sobre la jurisdicción de los tribunales y las acciones contra los municipios. La misma es objetivamente clara al establecer que el requisito de notificación al municipio dentro de los (90) días siguientes a la fecha en que el reclamante tuvo conocimiento de los daños no modificará el término prescriptivo del año.11 (Subrayado y énfasis en el original).
Ante ello, concluyó que la demanda estaba prescrita y
ordenó su desestimación. El foro apelativo intermedio se
negó a reconsiderar su dictamen. Inconforme con ello, los
10 Véase resolución del 12 de febrero de 2013 del Tribunal de Apelaciones, recurso numerado KLRA201300050 (posteriormente renumerado como KLCE201300312).Íd., págs. 66 y 99. 11 Véase sentencia del Tribunal de Apelaciones, Íd., pág. 145. AC-2013-0066 7
peticionarios presentaron ante esta Curia un recurso de
apelación señalando la comisión de los siguientes errores:
PRIMER ERROR: Erró el Tribunal de Apelaciones al aplicar literalmente el inciso (c) del Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos a los hechos del presente caso, y concluir que las notificaciones de las reclamaciones extrajudiciales remitidas por los apelantes el 11 de marzo de 2011 mediante entrega personal a los apelados, 87 días después de la fecha de los hechos predicados en la demanda, carecen de eficacia para interrumpir el término prescriptivo de un año que establece el Artículo 1868, 31 L.P.R.A. § 5298, para las acciones derivadas de culpa o negligencia al amparo del Artículo 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 5141.
SEGUNDO ERROR: Erró el Tribunal de Apelaciones al resolver que las referidas notificaciones de los apelantes sobre sus reclamaciones extrajudiciales contra el Estado y los Municipios, carecen de eficacia para interrumpir el término para reclamar la reparación de los daños causados a un menor de edad, a pesar de que la sentencia recurrida reconoce que las notificaciones fueron remitidas dentro del plazo de 90 días que establece el Art. 2A de la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado y el Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos.
TERCER ERROR: Erró el Tribunal de Apelaciones al no otorgarle eficacia interruptiva (sic) a las notificaciones de los apelantes sobre sus reclamaciones extrajudiciales contra el Estado y el Municipio de Guaynabo, hechas dentro del plazo de 90 días, contrario a la norma establecida en Rivera Castillo v. Municipio de San Juan, 130 D.P.R. 683 (1992) y López v. Autoridad de Carreteras, 133 D.P.R. 243, 261-3 (1993); asimismo, creando conflicto con las decisiones de otros paneles del Tribunal de Apelaciones, tales como en: Dr. Fernando Echeandía Fuster v. Hon. Robert Pagán Centeno, caso número KLAN0801952, resuelto el 25 de marzo de 2009 por la región judicial de Utuado, Panel V; Flora Delgado Brewley v. Municipio de Bayamón, Panel II; y creando conflictos con las decisiones en los casos Rodríguez Montalvo v. Municipality of Arecibo, 30 F. Supp. 2d 118 (D. Puerto Rico 1998); Valentín Almeyda v. Municipality of Aguadilla, 447 F. 3d 85 (1st Cir. 2006); y Rentas AC-2013-0066 8
Santiago v. Autonomous Municipality of Ponce, 453 F. Supp. 2d 387 (D. Puerto Rico 2006).12
El 22 de noviembre de 2013 acogimos el recurso como
uno de certiorari y le concedimos un término de 20 días al
Municipio de Guaynabo para que compareciera y mostrara
causa por la cual no debíamos revocar la sentencia
recurrida. El Municipio cumplió con lo ordenado. Examinada
su posición, decidimos expedir el recurso de autos.
II
A
La responsabilidad civil por daños extracontractuales
surge del Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, supra,
que dispone que “el que por acción u omisión causa daño a
otro interviniendo culpa o negligencia, está obligado a
reparar el daño causado”. Esta responsabilidad es
precisamente el deber de resarcir al damnificado,
otorgándole un valor económico al daño sufrido, suficiente
para compensar el interés del perjudicado. S.L.G. v. F.W.
Woolworth & Co., 143 D.P.R. 76, 81 (1997). Véase además,
Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 D.P.R. 889
(2012).13
Como sabemos, el Art. 15.003 de la Ley de Municipios,
supra, es el precepto que regula lo pertinente a las
reclamaciones de cualquier clase que se presenten en contra
de un municipio por daños personales o a la propiedad,
ocasionados por la culpa o negligencia del municipio. A
12 Véase, Recurso de Apelación, pág. ii. 13 Aclarando cómo debe computarse la compensación por daños. AC-2013-0066 9
esos efectos, esta legislación dispone que el reclamante le
deberá presentar al alcalde una notificación escrita,
haciendo constar claramente la fecha, lugar, causa y
naturaleza general del daño sufrido. También, debe
especificar la cuantía de la compensación monetaria o el
tipo de remedio solicitado, los nombres y direcciones de
los testigos, la dirección del reclamante, y el lugar donde
recibió tratamiento médico en primera instancia, si alguno.
El inciso (a) del precitado estatuto indica que esa
notificación se entregará al alcalde mediante correo
certificado, diligenciamiento personal o en cualquier otra
forma fehaciente reconocida en derecho.14
En lo pertinente a nuestra controversia, el Art.
15.003 de la Ley de Municipios, supra, dispone que esa
notificación se tiene que presentar dentro de un término
específico. A esos efectos señala que:
La referida notificación escrita deberá presentarse al alcalde dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que el reclamante tuvo conocimiento de los daños reclamados. (…) (b) Requisito jurisdiccional.-No podrá iniciarse acción judicial de clase alguna contra un municipio por daños causados por la culpa o negligencia de aquél, a menos que se haga la notificación escrita, en la forma, manera y en los plazos dispuestos en este subtítulo.
14 Para una discusión sobre cómo puede efectuarse esta notificación, véase Rivera Fernández v. Municipio de Carolina, res. el 29 de enero de 2014, 2014 T.S.P.R. 9, 190 D.P.R. __(2014). AC-2013-0066 10
En múltiples ocasiones hemos reafirmado la importancia
que reviste este requerimiento. Recientemente en Rivera
Fernández v. Municipio Autónomo de Carolina, res. el 29 de
enero de 2014, 2014 T.S.P.R. 9, 190 D.P.R.___ (2014),
mencionamos que esa notificación tiene el propósito de dar
conocimiento a la entidad municipal de que existe un
posible pleito en su contra. Véanse también: Acevedo v.
Mun. de Aguadilla, 153 D.P.R. 788, 799 (2001); Mangual v.
Tribunal Superior, 88 D.P.R. 491, 494 (1963). Ello, ante el
fin público específico de proteger a los municipios de
acciones ajenas a su conocimiento. Íd. Con ello, se aspira
a que estos cuerpos políticos puedan investigar prontamente
los asuntos pertinentes antes de que desaparezca la prueba
necesaria para defenderse adecuadamente contra la
reclamación que se inste en su contra. Íd.; Méndez et al.
v. Alcalde de Aguadilla, 151 D.P.R. 853, 860-861 (2000).
Así también, persigue desalentar las reclamaciones
infundadas, mitigar el importe de la compensación por los
daños sufridos y advertir a las autoridades sobre la
posible necesidad de hacer una reserva en el presupuesto
anual para tales propósitos. Íd.
El cumplimiento de la notificación dentro de los 90
días es una condición previa necesaria para que se pueda
iniciar cualquier pleito en resarcimiento de daños y
perjuicios contra un municipio. Rivera Fernández v.
Municipio de Carolina, supra. Como norma general, esta
exigencia se aplicará rigurosamente tanto en acciones AC-2013-0066 11
contra el Estado como contra los municipios. Acevedo v.
Mun. de Aguadilla, supra, pág. 798. No obstante, hemos
resuelto –sin dejar a un lado un requisito que el
legislador puertorriqueño ha instaurado- que carece de
eficacia si jurídicamente no hay razón para aplicarlo.
Véanse: Acevedo v. Mun. de Aguadilla, supra, págs. 799-800;
Zambrana Maldonado v. E.L.A., supra, pág. 757. Así por
ejemplo, si el alcalde tiene conocimiento personal de los
alegados daños, el municipio no podrá alegar con éxito la
defensa de indefensión por causa de no haber sido
notificado. Acevedo v. Mun. de Aguadilla, supra, pág. 801;
Méndez et al. v. Alcalde de Aguadilla, supra, pág. 863.
Ahora bien, el Art. 15.003, supra, contiene una
salvedad en su inciso (c) al añadir lo siguiente:
(c) Salvedad.-Esta sección no modificará en forma alguna, para aquellos reclamantes que cumplan con sus disposiciones, el término prescriptivo fijado por la sec. 5298(2) del Título 31. (Énfasis suplido)
Esta cláusula estaba contenida en el Art. 11.03 (g) de
la anterior Ley Orgánica de los Municipios de Puerto Rico
de 198015, que a su vez provino del Art. 96 (g) de la Ley
Municipal de 1960.16 Es en esta disposición que desencadena
la pugna de este caso. Para atender esta controversia, es
menester que repasemos la institución de la prescripción
extintiva o liberatoria y cómo hemos interpretado la misma
en el contexto de las acciones por responsabilidad civil
15 Ley Núm. 146 de 18 de junio de 1980. 16 Ley 142 de 21 de julio de 1960, 21 L.P.R.A. ant. sec. 1603. AC-2013-0066 12
extracontractual que se presentan en contra del Estado y de
los municipios.
B
El Art. 1861 del Código Civil de Puerto Rico, 31
L.P.R.A. sec. 5291, establece que “[l]as acciones
prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la ley”.
Se ha dicho que de todas las instituciones del derecho
civil, la de la prescripción es la más necesaria. E.
Vázquez Bote, Tratado Teórico y Práctico de Derecho Privado
Puertorriqueño, Orford, Equity, 1991, Vol III, pág. 102.
Para algunos autores esta debe ubicarse dentro del precepto
de la seguridad jurídica ya que consiste en la
transformación de un estado de derecho por el mero
transcurso de un periodo de tiempo. G. Orozco Pardo, La
interrupción de la prescripción extintiva en el derecho
civil, Granada, Universidad de Granada, 1986, págs. 15, 44.
Véase también, E. Vázquez Bote, op cit., pág. 96. Así
también lo hemos enunciado nosotros. Véanse: Culebra
Enterprises Corp. v. E.L.A., 127 D.P.R. 943, 950 (1991);
Meléndez v. El Vocero de Puerto Rico, 144 D.P.R. 389, 394
(1997). Afirma Orozco Pardo que esa seguridad informa al
ordenamiento jurídico en la medida que elimina la
incertidumbre de las relaciones jurídicas que de otro modo
estarían “eternamente pendientes”. Íd.17
La transformación que se da con el transcurso del
tiempo puede consistir tanto en la constitución de un
17 Véase también, J. Puig Brutau, Caducidad, prescripción y usucapión, Barcelona, Bosh, 1998, pág. 26. AC-2013-0066 13
derecho como en la extinción de uno; en ese sentido se
habla de la prescripción adquisitiva y de la prescripción
extintiva. Como sabemos, la prescripción extintiva no
acarrea la adquisición de derecho alguno por parte de quien
se beneficia de ella, sino que el deudor se libera de su
obligación debido a que la acción para reclamar su
cumplimiento prescribió. Vázquez Bote, op cit., pág. 99. En
otras palabras, produce el efecto fundamental de “destruir
la acción aseguradora o amparadora del derecho [principal y
los accesorios]”. Vázquez Bote, op cit., pág. 113.18
En Puerto Rico, esta institución es una materia de
derecho civil sustantivo y no procesal, que tiene como
norte atender el interés general de darle certeza a las
relaciones jurídicas, pero que, a la vez, tiene que
conciliarse con el interés individual de quienes quieren
ejercer sus derechos. Véanse: S.L.G. Serrano-Báez v. Foot
Locker, 182 D.P.R. 824, 831 (2011); Pereira Suárez v. Jta.
Dir. Cond., 182 D.P.R. 485 (2011); COSSEC et al. v.
González López et al., 179 D.P.R. 793, 805, 806 (2010);
18 De acuerdo al Art. 1869 del Código Civil, el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, siempre y cuando no haya legislación especial en contrario, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse. 31 L.P.R.A. sec. 5299. Conforme a la teoría cognoscitiva del daño, hemos establecido que el término comenzará a transcurrir cuando el reclamante cuente con los elementos necesarios para ejercer su causa de acción, tomando en cuenta cuándo conoció o debió conocer que sufrió un daño y el autor del mismo. Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 D.P.R. 365, 374 (2012); S.L.G. Serrano-Báez v. Foot Locker, 182 D.P.R. 824, 832 (2011); COSSEC et al. v. González López et al., 179 D.P.R. 793, 806 (2010). Véase además, Toledo Maldonado v. Cartagena Ortiz, 132 D.P.R. 249, 254-255 (1992). Esto es así ya que “los términos prescriptivos no tienen vida propia, pues dependen de una causa de acción que los active”. Muñiz Burgos Inc. v. Mun. Yauco, 187 D.P.R. 665, 685 (2013). Ahora bien, ese desconocimiento no puede deberse a la falta de diligencia del propio reclamante. AC-2013-0066 14
Arce Bucetta v. Motorola, 173 D.P.R. 516, 537 (2008);
Meléndez v. El Vocero de Puerto Rico, supra, pág. 389.
Véanse también: R. Hernández Colón, Práctica jurídica de
Puerto Rico: derecho procesal civil, 5ta. ed., San Juan,
Ed. Lexis Nexis, 2010, págs. 94-95; Orozco Pardo, op cit.,
págs. 57-58. Mediante este tipo de prescripción se extingue
un derecho del que se disponía debido a la inercia de una
parte en ejercerlo durante el periodo de tiempo específico
para que se ejecutara la acción. Fraguada Bonilla v. Hosp.
Aux. Mutuo, 186 D.P.R. 365, 375-374 (2012); Pereira Suárez
v. Jta. Dir. Cond., supra, pág. 505. Esto tiene el
propósito de castigar la dejadez en el ejercicio de los
derechos y evitar litigios que sean difíciles de adjudicar
debido a la antigüedad de las reclamaciones. Íd., supra,
pág. 831. En otras palabras, evitar que alguna de las
partes quede en un estado de indefensión. Íd. De esta
forma, se evitan las consecuencias que genera la
resucitación de reclamaciones viejas, como la pérdida de
evidencia, la pérdida de testigos o dificultad para
contactarlos y la memoria imprecisa. Íd., Arce Bucetta v.
Motorola, supra, pág. 536; Culebra Enterprises Corp. v.
E.L.A., 127 D.P.R. 943, 950 (1991). Véase también,
Hernández Colón, op cit., pág. 94.
En ocasiones anteriores hemos destacado que el
establecer leyes relativas a la prescripción es un asunto
de política pública cuya determinación recae exclusivamente
en la Asamblea Legislativa. Culebra Enterprises Corp. v. AC-2013-0066 15
E.L.A., supra, pág. 950; Alicea v. Córdova, 117 D.P.R. 676,
684 (1986). Véase también, Hernández Colón, op cit., pág.
94. Esto es así, pues la existencia de los términos
prescriptivos responde a una política firmemente
establecida de que las reclamaciones se solucionen de
manera expedita. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo,
supra. En consonancia con ello, el Estado tiene amplia
discreción para limitar el tiempo en que se puede
interponer una reclamación, siempre y cuando se le permita
al perjudicado un tiempo razonable dentro del cual instar
la misma. Alicea v. Córdova, supra, pág. 696. Así, se le
concede a la parte afectada un periodo para ejercer sus
derechos y, a la vez, se protege a la parte demandada de
quedar indefinidamente a la expectativa de un posible
pleito. Arce Bucetta v. Motorola, supra, pág. 536.
De esta forma, la prescripción extintiva opera como un
supuesto de extinción de la obligación. Martínez v. Soc. de
Gananciales, 145 D.P.R. 93, 101 (1998). En el caso de las
reclamaciones derivadas de la culpa o negligencia de las
que trata el Art. 1802 este término es de un año. Art. 1868
del Código Civil, supra. La brevedad de este plazo cobra
significado en este tipo de demandas al considerar que no
se fundamentan en una relación jurídica previa. Fraguada
Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 374; Culebra
Enterprises Corp. v. E.L.A., supra, págs. 951-952. Véase
también, L. Díez-Picazo, La prescripción extintiva en el AC-2013-0066 16
Código Civil y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo,
2da ed., Pamplona, Aranzadi, 2007, pág. 247.
Ahora bien, como nos recuerda Díez–Picazo, es claro
que el efecto extintivo de la prescripción no debe
producirse si antes de que transcurra el tiempo señalado
por ley, se ejercita el derecho que amenazaba con perderse.
Díez-Picazo, op cit., pág. 137. El autor lo resume de esta
forma:
solo podrá en rigor hablarse de [la prescripción] cuando se haya producido lo que se ha denominado como un „continuado silencio‟ de la relación jurídica. De esta manera, si algún acontecimiento llega a romper ese silencio, la prescripción no debe producirse, pues no se da ya el supuesto que justificaba la defensa del sujeto pasivo contra la pretensión frente a él ejercitada. Si algo anuncia que el derecho sigue vivo, que va a ser ejercitado o que puede serlo, la pretensión del titular del derecho no es ya intempestiva, ni por ello inadmisible. (Énfasis nuestro). Díez Picazo, op cit., pág. 137.
Contrario a lo que ocurre cuando nos enfrentamos ante
un término de caducidad19, los términos prescriptivos sí
pueden interrumpirse. Para ello existen unas causas de
interrupción que permiten al titular de la acción evitar
oportunamente la consumación de la prescripción. Pues si
bien no procede obligar a que se ejercite el derecho o
acción que amenaza con perderse, sí cabe exigir su
cumplimiento oportuno o que se manifieste la voluntad de
evitar que prescriba. Orozco Pardo, op. cit., pág. 22.
19 Un término de caducidad no puede interrumpirse ya que su efecto extintivo es radical y automático. Véase, Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 D.P.R. 667 (2012). AC-2013-0066 17
En general, el efecto principal de la interrupción es
que comienza de nuevo el cómputo cronológico del término
prescriptivo. Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., supra,
pág. 505; Arce Bucetta v. Motorola, supra, pág. 537; Muñoz
v. Ten General, 167 D.P.R. 297, 302 (2006); Sánchez v. Aut.
de los Puertos, 153 D.P.R. 559, 568 (2001). Y una vez
interrumpido, las reclamaciones sucesivas lo pueden
prolongar indefinidamente, ya que cada interrupción tiene
el efecto de que el término comience de nuevo. Íd. Al
respecto conviene exponer la explicación que expone Díez-
Picazo:
[l]a palabra interrupción resulta, sin embargo, poco expresiva, sobre todo si se habla de la interrupción de la prescripción, pues parece indicar que la prescripción tiene algo así como un ciclo vital que en un momento dado se paraliza o queda estorbado, para comenzar a seguir contándose después, cuando en rigor no es así. Los actos obstativos de la prescripción son, al mismo tiempo, actos de revigorización del derecho subjetivo o de las facultades jurídicas, de manera que, interrumpida la prescripción, tiene el tiempo que volverse a contar por entero. (Énfasis nuestro). Díez-Picazo, op cit., pág. 37.
Continúa el autor señalándonos que:
[l]o que la ley llama „interrupción de la prescripción‟ agrupa un conjunto de causas o de circunstancias que impiden o excluyen la prescripción misma. Si una prolongada inercia determina la prescripción, la ruptura de la inercia la impide y aconseja, razonablemente que no se produzca, porque de hecho, nada se opone a que los derechos que la ley considera prescriptibles (frente a los caducables) resulten indefinidamente prolongados, sin límite temporal alguno, siempre que sucesivamente se realicen actos que rompen la situación del sujeto pasivo que la ley trata de proteger. En este sentido, no hay límite a las plurales y sucesivas interrupciones, porque en ningún caso está justificado, si esas circunstancias se dan, que AC-2013-0066 18
el sujeto quede defendido con la prescripción. (Énfasis nuestro). Díez Picazo, op cit., pág. 137. Véase también, Zambrana Maldonado v. E.L.A., supra, pág. 753.
En otras palabras, el ordenamiento jurídico pone en
manos del titular un mecanismo de defensa para que,
mediante la declaración de su voluntad, interrumpa ese
plazo y comience a transcurrir otro de igual prolongación.
Pues si la seguridad jurídica exige que los derechos y
acciones que no se ejercitan durante un tiempo determinado
prescriban, es lógico que se otorgue un medio para
evitarlo. Orozco Pardo, op cit., pág. 22. En fin:
[l]a interrupción de la prescripción es posible porque los derechos a los cuales puede afectar, a diferencia de lo que sucede en la caducidad, no tienen limitada su existencia de antemano por un término “fatal” de ejercicio, dentro del cual si no son ejercitados, se extinguen fatalmente, sino que pueden ser conservados mediante oportunos actos interruptivos dirigidos a tal fin. Orozco Pardo, op cit., pág. 58.
De esto se ocupa el Art. 1873 del Código Civil de
Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5303. Este preceptúa que
“[l]a prescripción de las acciones se interrumpe por su
ejercicio ante los tribunales, por reclamación
extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de
reconocimiento de la deuda por el deudor”. El acto
interruptor de que se trate debe constituir una
manifestación inequívoca” de quien posee el derecho y opta
por ejercerlo, eliminando así la incertidumbre. Pereira
Suárez v. Jta. Dir. Cond., supra, pág. 505; Sánchez v. Aut.
de los Puertos, supra, págs. 567–568. Lo importante al
considerar cuándo se interrumpe un término prescriptivo es AC-2013-0066 19
el aviso adecuado de la existencia de una posible
reclamación. En ese sentido, la eficacia de la interrupción
de la prescripción está sujeta a: (a) la oportunidad, es
decir, que se realice antes de la consumación del plazo;
(b) la legitimación, o sea, que la realice el titular del
derecho; (c) la identidad, que se trate del derecho
afectado, y (d) la idoneidad del medio utilizado. Pereira
Suárez v. Jta. Dir. Cond., supra, pág. 506.
En el caso de la reclamación por la vía extrajudicial
la ley no presenta requisitos, lo importante es que
mediante el medio utilizado la voluntad del acreedor quede
patente. Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., supra, págs.
505-506. Este tipo de reclamación puede hacerse de
distintas maneras, pero todas deben cumplir con los
requisitos generales de oportunidad, identidad, legitimidad
e idoneidad. Orozco Pardo, op cit., pág. 195. No se exige
que conste en documento fehaciente, ni existe inconveniente
alguno en que sea puramente verbal. Véanse: Sánchez v. Aut.
de los Puertos, supra, pág. 568; Díez Picazo, op cit., pág.
185.
En Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., supra, pág. 506,
citando a Albaladejo, reseñamos que esa reclamación
extrajudicial, con tal de que sea una verdadera reclamación
y no un mero recordatorio, puede revestir formas
innumerables.20 También en ese caso, haciendo referencia a
la jurisprudencia española según expuesta por el mencionado
20 Citando a M. Albaladejo García, Derecho Civil, 17ma ed., Madrid, Edisofer S.L., 2006, T. 1, pág. 905. AC-2013-0066 20
autor, señalamos que la reclamación extrajudicial puede
constituir la presentación de una factura, de una carta
pidiendo abono por los daños sufridos, o de una
“reclamación administrativa dirigida al Ayuntamiento
responsable de los daños que se pide se resarzan”. Pereira
Suárez v. Jta. Dir. Cond., supra, pág. 506. En resumen,
este tipo de reclamación lo que busca es interrumpir el
término prescriptivo, fomentar las transacciones
extrajudiciales y notificar a grandes rasgos la naturaleza
de la reclamación. Sánchez v. Aut. de los Puertos, supra,
pág. 568.
Expuesto el marco teórico que precede, procedemos a
atender en conjunto los errores señalados por los
peticionarios.
III
Nos corresponde resolver si el Art. 15.003 (c) de la
Ley de Municipios, supra, impide que la notificación que
esa legislación requiere que se le haga al alcalde
interrumpa el término prescriptivo estatuido en el inciso
(2) del Art. 1868 del Código Civil, supra. La contención
del Municipio de Guaynabo es que esa cláusula de salvedad
no modifica de forma alguna, ni reduce el término de un año
para presentar una acción por daños y perjuicios. Según
este, ello significa que el plazo prescriptivo de un año no
queda interrumpido o modificado con la presentación de la
notificación al alcalde dentro de los 90 días. Para ello,
no cita otro fundamento que la Opinión disidente que AC-2013-0066 21
emitiera el entonces Juez Asociado Negrón García en
Zambrana Maldonado v. E.L.A.21 Señala que de no existir la
cláusula de salvedad, la parte demandante estaría en
libertad de radicar su acción indefinidamente.
De otra parte, el Municipio cita el caso de Acevedo v.
Mun. de Aguadilla, supra, en apoyo de su contención en el
sentido de que allí mencionamos que los demandantes de ese
caso actuaron correctamente al presentar su acción de daños
y perjuicios dentro del término prescriptivo de un año.
Indica que ante ello la demanda de los demandantes esta
prescrita por haber transcurrido más de un año desde que se
tuvo conocimiento de los daños.22
En ese caso unos empleados fueron cesanteados entre el
3-9 de julio de 1997. Acevedo v. Mun. de Aguadilla, supra,
pág. 794. Luego, estos acudieron ante la Junta de
Apelaciones del Sistema de Administración de Personal
(JASAP) el 31 de julio de ese mismo año. Íd. Eventualmente,
presentaron una demanda por daños y perjuicios contra el
Municipio el 10 de junio de 1998. Íd. Entre otras cosas,
ese caso resolvió que el municipio demandado quedó
notificado conforme al Art. 15.003 de la Ley de Municipios,
supra, una vez se presentó la reclamación ante JASAP. Por
otro lado, dictaminamos que debido a que el foro
administrativo no tenía facultad para atender la
reclamación sobre daños y perjuicios los demandantes debían
acudir ante el foro judicial dentro del término
21 Alegato del Municipio de Guaynabo, pág. 7. 22 Íd., pág. 9. AC-2013-0066 22
prescriptivo de un año. Por haber ocurrido así, enunciamos
que los demandantes de ese caso no habían perdido su causa
de acción. Ahora bien, no nos expresamos sobre la
controversia que hoy pende ante esta Curia, a los efectos
de si la notificación que se debe cursar al alcalde puede
interrumpir ese término.
Sin embargo, la controversia que nos plantea este caso
no es ajena a nuestros pasados pronunciamientos
jurisprudenciales. Si bien no hemos tenido la oportunidad
de expresarnos en cuanto a la misma en el contexto de la
Ley de Municipios, supra, si atendimos una situación
similar en Zambrana Maldonado v. E.L.A., supra, cuando
analizamos la Ley Núm. 104, supra, legislación que contiene
una disposición análoga al inciso (c) del Art. 15.003 de la
Ley de Municipios, supra. Veamos.
Como sabemos, cuando se pretende demandar al Estado
para solicitar la reparación de daños y perjuicios también
existe un requisito de notificación previa, en ese caso al
Secretario de Justicia. En el precitado caso justipreciamos
si el inciso (f) del Art. 2A de Ley Núm. 104, supra, era un
obstáculo para que esa notificación interrumpiera el
término prescriptivo estatuido en el inciso (2) del Art.
1868 del Código Civil, supra, para presentar una demanda al
amparo del Art. 1802, supra. Ese inciso (f) dispone que
esa sección “no modificará en forma alguna, para aquellos
reclamantes que cumplan con sus disposiciones, el término
prescriptivo fijado por el inciso (2) de la sec. 5298 del AC-2013-0066 23
Título 31”. Como vemos, el citado precepto contiene un
lenguaje análogo al de la disposición que hoy nos ocupa.
Precisamente, cuando resolvimos ese caso mencionamos que
dicha cláusula provino del Art. 96 de la derogada Ley
Municipal de 1960. Por su pertinencia citaremos in extenso
lo que allí señalamos:
Al aprobarse la Ley Núm. 104, supra, originalmente, se estableció específicamente que para las acciones allí autorizadas regirían los términos fijados en las leyes aplicables. Art. 8 (32 L.P.R.A. sec. 3083). Ahora bien, al añadirse el Art. 2A, supra, se dispuso, en el inciso (e), que no se podría iniciar una acción contra el Estado si antes no se cumplía con el requisito de la notificación previa. Se creó, pues, un aparente conflicto entre el inciso (e) y los Arts. 1868 y 1869 del Código Civil, supra. El inciso (e) creó la incertidumbre de si el término prescriptivo comenzaba a transcurrir desde que el agraviado tuvo conocimiento de los daños (Art. 1868) o desde que se podía ejercitar la acción (Art. 1869), o sea, desde que se hacía la notificación, ya que la notificación es un requisito para poder iniciar la acción. El inciso (f) aclaró la situación al establecer que el cumplimiento con los requisitos establecidos por este artículo, “no modificará, en forma alguna”, el término prescriptivo de un (1) año fijado por el Art. 1868 del Código Civil, supra. El término prescriptivo comienza a transcurrir desde que el agraviado tuvo conocimiento de los daños, independientemente de que no se pueda iniciar la acción hasta que se haga la notificación. Zambrana Maldonado v. E.L.A., supra, pág. 759.
Luego de acotar que en correcta hermenéutica
jurídica, un estatuto que de alguna manera limite el AC-2013-0066 24
derecho de los perjudicados a solicitar indemnización se
debe interpretar restrictivamente,23 resolvimos lo
cabe señalar que el Art. 2A, supra, no hace mención del efecto que tendrá el cumplimiento con el requisito de notificación previa sobre el Art. 1873 del Código Civil, supra, que regula la interrupción del término prescriptivo de las acciones. La Ley Núm. 104, supra, no limita el derecho de un perjudicado a interrumpir el término prescriptivo de una acción contra el Estado en daños. El inciso (f) del Art. 2A, supra, no tiene ni puede tener este efecto. El Art. 2A, supra, es una limitación al derecho de los perjudicados a solicitar indemnización de parte del Estado, y como tal, debe ser interpretado restrictivamente. Por lo tanto, nada impide que junto con la notificación previa al Secretario de Justicia que exige el Art. 2A, supra, se incluya la reclamación interruptora del Art. 1873 del Código Civil, supra. Esta interpretación no sólo es cónsona con el propósito de la Ley Núm. 104, supra, de que el Estado responda bajo las mismas circunstancias, forma y extensión que a las personas naturales, sino que también armoniza con las figuras jurídicas de la prescripción e interrupción.24
Pues como ya hemos enunciado, la prescripción del derecho
es lo excepcional y su conservación y ejercicio debe ser lo
23 Zambrana Maldonado v. E.L.A., supra, pág. 756. 24 Desde Alberio Quiñones v. E.L.A., 90 D.P.R. 812, 816 (1964), señalamos que en “el estado actual de nuestra Ley y nuestra jurisprudencia [no] se pued[e] hacer una válida distinción entre la responsabilidad de una persona particular y el Estado cuando se trata de un daño causado por negligencia”. Claro está, esto dentro de la extensión de la responsabilidad del Estado ante las leyes aplicables. AC-2013-0066 25
normal. Meléndez v. El Vocero de Puerto Rico, supra, pág.
394. Véase también, Orozco Pardo, op cit., pág. 59.25
Evidentemente, igual tratamiento debemos dar a la
cláusula (c) del Art. 15.003 de la Ley de Municipios,
supra. El propósito de la notificación requerida por ese
artículo es poner en conocimiento al municipio de que
existe una reclamación potencial en su contra. Esto es un
mecanismo que se debe cumplir por exigirlo la ley. Ahora
bien, esa notificación puede acarrear simultáneamente que
el término prescriptivo de un año para presentar la acción
quede interrumpido siempre y cuando cumpla con los
criterios que exige una reclamación judicial para que sea
idónea. En caso de que esa notificación no cumpla con tales
parámetros, entonces el término continuará su curso, pues
el inciso (c) del Art. 15.003, supra, lo que implica es que
a tenor con lo dispuesto en el Código Civil de Puerto Rico
el término para demandar a un municipio sigue siendo un
año. No cabe otra interpretación distinta a la que hicimos
en Zambrana Maldonado v. E.L.A., supra.
En este caso no está en controversia el hecho de si la
carta que los peticionarios le cursaron al municipio de
Guaynabo el 11 de marzo de 2011 constituyó una reclamación
extrajudicial idónea. Tal como lo resaltó el propio foro
apelativo:
25 Orozco Pardo, op. cit., pág. 59. Nos señala este autor que el ordenamiento jurídico debe potenciar el ejercicio del derecho, siendo un medio para ello, el promover la aplicación de los medios que interrumpen la prescripción siempre y cuando estos cumplan con las exigencias relevantes. AC-2013-0066 26
los detalles son minuciosos y los pormenores específicos [,] al grado de identificar con los nombres y apellidos completos a los policías involucrados y sus números de placas. También a esa fecha se identifica con claridad al supervisor de los policías municipales y el número de su placa.26
Al ser así, ante lo discutido es forzoso concluir que
esa notificación interrumpió el término prescriptivo de un
año dispuesto en el Art. 1868 del Código Civil, supra. De
esta forma, el término comenzó a discurrir nuevamente
teniendo estos hasta el 12 de marzo de 2012 para presentar
su demanda. Al hacerlo en ese término, los peticionarios no
perdieron su causa de acción. Por lo tanto, erró el
Tribunal de Apelaciones al desestimarla. Ese foro acotó en
su sentencia que la carta del 11 de marzo de 2011
constituyó una “mera notificación” al municipio de Guaynabo
sobre la reclamación.27 No podemos adjudicar a ese acto
interruptor la catalogación efímera que el Tribunal de
Apelaciones le otorgó. Cónsono con la doctrina y conforme a
la jurisprudencia de este Tribunal, resolvemos que ello
constituyó una reclamación extrajudicial que tuvo el efecto
de interrumpir el término prescriptivo de un año.
En conclusión, el Art. 15.003 de la Ley de Municipios,
supra, no puede eliminar los efectos de la interrupción de
la prescripción extintiva en nuestra jurisdicción. Lo
contrario sería modificar la norma de que un término
prescriptivo se puede interrumpir mediante una
manifestación inequívoca extrajudicial de que se interesa
26 Véase, Sentencia del Tribunal de Apelaciones, págs. 6-7. 27 Íd., pág. 5. AC-2013-0066 27
mantener el derecho. Pues como nos señala Díez–Picazo, debe
valorarse como reclamación cualquier acto que sea contrario
a la dejación o abandono de ese derecho, que por ende rompa
el llamado silencio de la relación jurídica, haciendo
injusto que el sujeto pasivo quede beneficiado por el
transcurso del tiempo. Díez Picazo, op cit., pág. 184.
IV
Por los fundamentos expuestos, se revoca la sentencia
del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al
Tribunal de Primera Instancia para ulteriores
procedimientos conforme con lo aquí pautado.
Se dictará sentencia de conformidad.
Edgardo Rivera García Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
David García O´Neill; su esposa Estrella Villega Ocasio, por sí y en representación de su hijo Certiorari menor J.C.V.; Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos Peticionarios AC-2013-0066
Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Hon. Guillermo Zomoza Colombani, Secretario de Justicia; Superintendente de la Policía de Puerto Rico; Policía Municipal de Guaynabo representado por su Comisionado Hon. Wilfredo Castillo Alicea; Compañía Aseguradora X, Fulano de tal, Mengano mas cual, Zutano de tal, Perencejo mas cual, Corporación X, Corporación Y, Compañía Aseguradora Y
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede se revoca la sentencia del Tribunal de Apelaciones. Por consiguiente, devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para ulteriores procedimientos conforme a lo allí pautado.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente señor Hernández Denton no intervino. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco no interviene.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo