Felix Rioss. v. Municipio De Isabelas.

2003 TSPR 122

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: July 15, 2003
• Docket: CC-2001-0845
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Félix Ríos, et als. Certiorari Recurridos 2003 TSPR 122 v. 159 DPR ____ Municipio de Isabela, et als.

Recurrente

Número del Caso: CC-2001-845

Fecha: 15 de julio de 2003

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional IV

Juez Ponente: Hon. Yvonne Feliciano Acevedo

Abogado de la Parte Peticionaria: Lcdo. Gerardo Méndez Ponce

Abogado de la Parte Recurrida: Lcdo. Israel Roldán González

Materia: Cobro de Dinero

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Félix Ríos, et als.

Recurridos

vs. CC-2001-845 CERTIORARI

Municipio de Isabela, et als.

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 15 de julio de 2003

En el año 1998 el Alcalde de Isabela,

atendiendo una situación de emergencia suscitada

en su municipio, autorizó verbalmente a los

contratistas recurridos –-Félix Ríos, Oscar Ríos,

Julio César Nieves y Víctor Tavarez-- a realizar

trabajos de recogido de escombros, limpieza de

caminos y otros similares. Los referidos acuerdos

fueron realizados sin registrar los créditos

necesarios para el pago de tales servicios en los

libros del Municipio, según lo requerido en el

Artículo 8.004(a) de la Ley de Municipios

Autónomos, Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, 21

L.P.R.A. sec. 4001 et seq. Tampoco se cumplió con

lo dispuesto en la Ley Núm. 18 de 30 de octubre de

1975, 2 L.P.R.A. sec. 97, y el Artículo 8.016 de CC-2001-845 3

la Ley de Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A. sec. 4366, a

los efectos de que los municipios deberán mantener un

registro de todos los contratos que otorguen y deberán

remitir copia de éstos a la Oficina del Contralor.

Una vez realizados los trabajos encomendados, los

contratistas exigieron el pago de las sumas acordadas a lo

que, alegadamente, el Municipio se negó. En vista de tal

situación, éstos presentaron una demanda en cobro de

dinero ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Aguadilla. El 19 de diciembre de 2000, la

Asamblea Municipal dicho Municipio se reunió en cesión

extraordinaria y aprobó la Resolución Núm. 64.1 Según surge

de la propia Resolución, ésta fue aprobada con el único

propósito de ratificar y convalidar el acuerdo pactado

entre los contratistas, aquí recurridos, y el Alcalde del

Municipio.

Así las cosas, el 22 de diciembre de 2000, las partes

presentaron ante el tribunal de instancia una estipulación

donde informaron sobre la aprobación de la Resolución Núm.

64 y notificaron que la Asamblea Municipal de Isabela

había autorizado la transacción de la demanda de cobro

incoada contra el Municipio. De este modo, solicitaron del

tribunal que dictara sentencia ordenando el pago de las

siguientes cantidades:

1 El Alcalde firmó la Resolución el 20 de diciembre de 2000. CC-2001-845 4

Sr. Félix Ríos – $40,680.00 Sr. Oscar Ríos – $69,698.00 Sr. Julio Cesar Nieves – $8,440.00 Sr. Víctor Tavarez - $8,320.00

Es importante señalar que, en las elecciones

generales celebradas durante el mes de noviembre de 2000,

resultó triunfante una nueva administración en el

Municipio de Isabela; en consecuencia, la resolución

aprobada por la Asamblea Municipal y la estipulación

firmada por las partes se aprobaron y/o firmaron luego de

saberse que la entonces vigente administración municipal

cesaba sus funciones como tal a finales del año 2000.

El 5 de enero de 2001, archivada en autos el 16 de

enero de 2001, el foro de instancia dictó sentencia

declarando con lugar la demanda y ordenando el pago de las

sumas señaladas.2 Enterada la administración entrante de la

sentencia dictada, el 30 de enero de 2001, presentaron una

moción de reconsideración. En síntesis, alegaron que la

estipulación presentada por las partes era contraria a la

ley, al orden público y a la política pública.

Específicamente alegaron que: (i) la resolución aprobada

había sido autorizada sin registrarse los créditos

necesarios para el pago de la misma y con cargo al

presupuesto vigente, todo ello en contravención a lo

dispuesto en el Artículo 8.004(a) de la Ley de Municipios

2 Adviértase que en este momento ya habían comenzado las funciones de la nueva administración. CC-2001-845 5

Autónomos, 21 L.P.R.A. sec. 4354;3 (ii) que la estipulación

violaba el Artículo 8.007 de la Ley de Municipios

Autónomos, 21 L.P.R.A. sec. 4357, pues grababa el

presupuesto para el año fiscal en una cantidad en exceso

del 50% permitido por la Ley; y (iii) que la resolución

aprobada, y por consiguiente la estipulación acordada,

eran ilegales por cuanto pretendía ratificar y convalidar

un acuerdo que carecía de validez por tratarse de un

contrato hecho en contravención con lo dispuesto en la Ley

de Municipios Autónomos y lo resuelto por este Tribunal en

Hatton v. Municipio de Ponce, 134 D.P.R. 1001 (1994).

El foro de instancia se negó a reconsiderar la

sentencia dictada por entender que, a tenor con lo

dispuesto en el Artículo 15.002 de la Ley de Municipios

Autónomos, 21 L.P.R.A. sec. 4702,4 la acción para suspender

3 Este artículo dispone que “[l]os créditos autorizados para las atenciones de un año fiscal en específico serán aplicados exclusivamente al pago de gastos legítimamente originados incurridos durante el respectivo año, o el pago de obligaciones legalmente contraídos y debidamente asentadas en los libros del Municipio durante dicho año.” 4 El Artículo 15.002 de la Ley de Municipios Autónomos, ante, dispone, en lo aquí pertinente, que:

El Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico entenderá y resolverá, con exclusividad, a instancias de la parte perjudicada, sobre los siguientes asuntos:

(a) Revisar cualquier acto legislativo o administrativo de cualquier funcionario u organismo municipal que lesione derechos constitucionales de los querellantes o que sea contrario a las leyes de Puerto Rico. (Continúa . . .) CC-2001-845 6

la ejecución de la resolución que dio lugar a la

transacción judicial debió instarse dentro de los veinte

(20) días siguientes a la fecha de promulgación de la

resolución. De este modo, concluyó que el Municipio no

había impugnado la resolución dentro del término

jurisdiccional dispuesto por ley y que, por consiguiente,

ésta debía presumirse correcta.

Insatisfecho con esta determinación, el Municipio de

Isabela recurrió al Tribunal de Circuito de Apelaciones.

Dicho foro, mediante sentencia a esos efectos, confirmó el

dictamen recurrido. Entendió, al igual que lo hizo el foro

de instancia, que la resolución aquí en controversia no

había sido impugnada dentro del término jurisdiccional

dispuesto en el Artículo 15.002, ante, de la Ley de

Municipios Autónomos.

________________________

(b) Suspender la ejecución de cualquier ordenanza, resolución, acuerdo u orden de la Asamblea, del Alcalde o de cualquier funcionario del municipio que lesione derechos garantizados por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o por las leyes estatales. (c) ... (d) ... En los casos contemplados bajo los incisos (a) y (b) de esta sección, la acción judicial sólo podrá instarse dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha en que el acto legislativo o administrativo se haya realizado o que la ordenanza, resolución, acuerdo u orden se haya promulgado o comunicado a la parte querellante, a menos que se disponga otra cosa por ley. .... CC-2001-845 7

Aún inconforme, el Municipio recurrió, oportunamente,

ante este Tribunal vía certiorari. En síntesis, sostuvo

que incidió el Tribunal de Circuito de Apelaciones:

... al no determinar que la Resolución de la Asamblea de Isabela y la Estipulación sometida viola la Ley [Núm.] 81 del 30 de agosto de 1991 según enmendada Ley de Municipios Autónomos.

... al no determinar que la estipulación sometida es nula, contraria a la ley, al orden y a la política pública.

... al aplicar el Artículo 15.002 de la Ley de Municipios Autónomos al caso de autos.

Examinada la petición de certiorari, expedimos el

recurso solicitado a fin de revisar la sentencia emitida

por el Tribunal de Circuito de Apelaciones. Estando en

condiciones de resolver el recurso, procedemos a así

hacerlo.

I

Ya hemos señalado que "[l]a buena administración de

un gobierno es una virtud de democracia, y parte de su

buena administración implica llevar a cabo sus funciones

como comprador con eficacia, honestidad y corrección para

proteger los intereses y dineros del pueblo al cual dicho

gobierno representa." Mar-Mol Co. Inc. v. Adm. de Sevicios

Generales, 126 D.P.R. 864, 871 (1990). A tono con lo

anterior, en Cancel v. Municipio de San Juan, 101 D.P.R.

296, 300 (1973), establecimos que “[l]as distintas

disposiciones estatutarias [que] regul[an] la realización CC-2001-845 8

de obras y contratación de servicios para el Estado y sus

agencias e instrumentalidades tienen por meta la

protección de los intereses y dineros del pueblo contra el

dispendio, la prevaricación, el favoritismo y los riesgos

del incumplimiento.”

Lo antes dispuesto sirve de pauta para entender las

razones por las cuales este Tribunal ha establecido una

normativa de especial aplicación a los contratos

municipales. De este modo, “hemos resaltado la rigurosidad

de los preceptos legales que rigen las relaciones

comerciales entre entes privados y los municipios, que

aspiran a promover una sana y recta administración

pública, asunto que está revestido del más alto interés

público.” Fernández & Gutiérrez v. Municipio de San Juan,

147 D.P.R. 824, 829 (1999).

Así, y en ocasión de interpretar la Ley Núm. 18 de 30

de octubre de 1975, 2 L.P.R.A. sec. 97, en Ocasio v.

Alcalde Mun. de Maunado, 121 D.P.R. 37, 53-54 (1988),

establecimos ciertos requisitos formales que deben ser

observados rigurosamente siempre que se otorguen contratos

municipales5, a saber (i) que el acuerdo se haya hecho

constar por escrito; (ii) que se mantenga un registro fiel

5 Refiriéndonos a esta Ley, en Hatton v. Municipio de Ponce, 134 D.P.R. 1001, 1006 (1994), señalamos que ésta le “impone a los municipios la obligación, sin excepción alguna, de mantener un registro de todos los contratos que otorguen --incluyendo sus enmiendas-- y remitir copias a la Oficina del Contralor dentro de los quince (15) días siguientes.” CC-2001-845 9

con miras a establecer la existencia del contrato; (iii)

que se remita copia del mismo a la Oficina del Contralor;

y (iv) que se acredite la certeza de tiempo; esto es, que

fue realizado y otorgado quince (15) días antes.

Es de notar que en el Artículo 8.016 de la Ley de

Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A. sec. 4366, se dispone,

en lo pertinente, que “[l]os municipios [deberán]

manten[er] un registro de todos los contratos que

otorguen, incluyendo las enmiendas a los mismos[,] y

enviarán copia de éstos y de las escrituras de adquisición

y disposición de bienes a la Oficina del Contralor de

Puerto Rico, conforme a las secs. 97 et seq. del Título 2

y su Reglamento.” Además, este Artículo dispone que se

considerará “nulo y sin efecto” todo contrato que se

ejecute en contravención a lo allí dispuesto.

Tras reiterar los requisitos antes expuestos, en

Fernández & Gutiérrez v. Mun. de San Juan, ante, a la pág.

833, expresamos que, la exigencia de formular lo acordado

mediante contrato escrito es indispensable para que lo

convenido tenga efecto vinculante y que el mismo tiene que

ser cumplido “sin excepción alguna”. Por otro lado, es

importante resaltar el hecho de que en más de una ocasión

este Tribunal se ha negado a reconocerle validez a

aquellos acuerdos pactados en contravención con las normas

antes dispuestas. A tales efectos, hemos señalado que las

mismas deben ser rigurosamente observadas aun en CC-2001-845 10

circunstancias de emergencia. Hatton v. Mun. de Ponce,

ante, a las págs. 1005-09.

En este último caso el demandante, Hatton, acordó con

un funcionario del Municipio de Ponce la obtención de

equipo y materiales médico-quirúrgicos que serían

utilizados en un centro de diagnóstico y tratamiento del

Municipio. Se trataba de un acuerdo verbal que no había

sido registrado en los libros del Municipio y que tampoco

había sido remitido a la Oficina del Contralor. En esa

ocasión, aplicando los preceptos expuestos anteriormente,

resolvimos que el acuerdo pactado era ilegal. A tales

efectos, señalamos que las normas aludidas no podían ser

descartadas, ni siquiera en casos de emergencia, y que se

requería una "escrupulosa adhesión" a los procedimientos

especiales diseñados para "prevenir el despilfarro, la

corrupción y el amiguismo". Hatton v. Mun. de Ponce, ante,

a la pág. 1006. Finalmente, señalamos que “los tribunales

debemos estar vigilantes y evitar que se utilicen estos

procedimientos para burlar las disposiciones legales

dirigidas a asegurar la más sana administración pública.”

Hatton v. Mun. de Ponce, ante, a la pág. 1006.

II

La aplicación de los preceptos antes esbozados a los

hechos del presente caso revela la ilegalidad del acuerdo

pactado entre los contratistas recurridos y la

administración municipal saliente. Esto es, dicho acuerdo CC-2001-845 11

no fue formulado mediante un contrato escrito, por lo que

fue imposible registrar el mismo en los libros del

Municipio o enviar su copia a la Oficina del Contralor.6 La

propia Ley pauta el efecto jurídico del incumplimiento con

estas normas al disponer que todo contrato que se ejecute

o suscriba en contravención a lo dispuesto en el Artículo

8.016, ante, el cual, como señaláramos, requiere que el

contrato suscrito sea registrado y enviado a la Oficina

del Contralor, será nulo y quedará sin efecto.7 Sustenta

esta conclusión lo dispuesto jurisprudencialmente en torno

a la exigencia de que todo contrato municipal conste por

escrito y que se cumpla a cabalidad con lo dispuesto en la

Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975, ante.

En cuanto a la ratificación efectuada por la Asamblea

Municipal de Isabela, basta con señalar que ésta no tenía

facultad para convalidar o ratificar el referido contrato

mediante la aprobación de la Resolución Núm. 64 aquí en

controversia. Esto es, la Asamblea carecía de autoridad

6 En vista de tal conclusión no es necesario discutir lo relativo a la violación de las normas presupuestarias establecidas en los artículos 8.004, 8.006, 8.007 y 8.009 de la Ley, 21 L.P.R.A. secs. 4354, 4356, 4357 y 4359. 7 Tal nulidad surge, además, de lo expresado en el Artículo 4 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4, a los efectos de que todo acto ejecutado contra lo dispuesto en la ley es nulo, salvo aquellos casos en que la misma ley ordene su validez. Otra disposición que apoya tal conclusión es el Artículo 1207 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3372, en cuanto dispone que los contratantes no podrán establecer pactos, cláusulas y condiciones que sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público. CC-2001-845 12

para darle eficacia a un convenio que adolecía de nulidad

absoluta. Ello en vista de la normativa reiterada por este

Tribunal a los efectos de que todo contrato nulo, como el

que hoy nos ocupa, es inexistente en Derecho desde el

momento mismo en que se otorga y, por lo tanto, no puede

ser objeto de confirmación ni de prescripción sanatoria.

Guzmán Rodríguez v. Guzmán Rodríguez, 78 D.P.R. 673, 682

(1955).8

A la luz de los pronunciamientos antes esbozados,

forzosa resulta ser la conclusión de que el foro de

instancia erró al dictar una sentencia “impartiendo su

aprobación a la estipulación que le habían presentado el

Municipio y los demandantes en el caso de autos, mediante

la cual se pretendió darle efectividad al contrato que

aquí nos concierne.”9 Del mismo modo, erró el Tribunal de

Circuito de Apelaciones al confirmar el dictamen emitido

por el foro de instancia.

Lo antes dispuesto es más que suficiente para

disponer del recurso ante nos. Esto es, habiéndose

8 Así lo reconocimos hace décadas en Tomasini v. Mun. de Ponce, 50 D.P.R. 804, 808 (1936) donde, ante unos hechos muy similares al caso de autos, señalamos que la Asamblea Municipal de Ponce no podía ratificar, mediante resolución, un contrato celebrado por el Alcalde y el Comisionado de Obras Públicas Municipales que resultó ser nulo y ultra vires por contravenir la Ley Municipal vigente a esa fecha. 9 Tal y como señaláramos en Irizarry Cordero v. Registrador, 91 D.P.R. 719, 721 (1965), los tribunales de instancia carecen de facultad para aprobar contratos nulos e inexistentes. CC-2001-845 13

determinado que el contrato aquí en controversia es nulo e

inexistente -–y habiéndose establecido que el mismo no

está sujeto a convalidación-— lo único que resta y procede

es revocar el dictamen emitido por ambos foros inferiores

y desestimar la demanda incoada. Es decir, no había razón

alguna para que los foros inferiores entraran a discutir

lo relativo al término de caducidad dispuesto en el

Artículo 15.002 de la Ley de Municipios Autónomos, 21

L.P.R.A. sec. 4702, utilizando ello como fundamento para

negarse a reconsiderar la sentencia dictada.

Como es sabido, esta disposición de ley establece un

término de caducidad de veinte (20) días para impugnar

ante el foro de instancia cualquier ordenanza, resolución

o acuerdo de la Asamblea, del alcalde o de cualquier

funcionario del municipio. Dicho término resulta

inmaterial ante ordenanzas o resoluciones aprobadas con el

único fin de convalidar actos nulos e inexistentes.

Ya hemos señalado que la acción para decretar la

inexistencia de un contrato nunca prescribe y que, por

consiguiente, no hay punto de partida para contar término

de prescripción alguno. Rivera v. Sucn. Díaz Luzunaris, 70

D.P.R. 181, 197 (1949); Cruz v. Ramos, 70 D.P.R. 715, 719

(1949); Véase además: José Ramón Vélez Torres, Curso de

Derecho Civil, San Juan, Ed. Rev. Jur. Universidad

Interamericana de Puerto Rico, 1990, T. IV, pág. 125. Esta

norma, firmemente enraizada en nuestro ordenamiento civil,

no puede ser burlada con la mera aprobación de una CC-2001-845 14

resolución que pretenda encubrir la nulidad de un acuerdo

ilegal. Ciertamente, el término de caducidad que dispone

el Artículo 15.002, ante, no puede tener el efecto de

frenar un decreto de inexistencia de contrato y, mucho

menos, puede convertirse en subterfugio para convalidar

contratos nulos.

Adviértase que no basamos nuestra decisión en el

hecho de que la resolución aquí en controversia lesione

derechos garantizados por la Constitución del Estado Libre

Asociado o por las leyes estatales, lo que contempla la

Ley de Municipios Autónomos en su Artículo 15.002, ante.

Se trata de que dicha resolución intentó convalidar una

actuación inexistente. Recordemos que lo inexistente nunca

puede ser convalidado, Brown v. Junta de Directores

Condominio Playa Grande, res. el 6 de junio de 2001, 2001

TSPR 80; ni siquiera mediante la aprobación de una

resolución municipal. Esta norma, repetimos, no puede ser

burlada invocando para ello el término jurisdiccional de

veinte días que dispone el Artículo 15.002, ante.

III

En mérito de lo anterior, procede revocar la

sentencia emitida por el Tribunal de Circuito de

Apelaciones, confirmatoria la misma de la emitida por el

Tribunal de Primera Instancia, y desestimar la demanda

presentada por los contratistas aquí recurridos. CC-2001-845 15

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ Juez Asociado CC-2001-845 16

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se dicta Sentencia revocatoria de la emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones en el presente caso, confirmatoria la misma de la emitida por el Tribunal de Primera Instancia; desestimándose la demanda presentada por los contratistas aquí recurridos.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo, Interina. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri emitió Opinión concurrente, a la cual se unieron el Juez Presidente señor Andréu García y la Jueza Asociada señora Naveira de Rodón.

Carmen E. Cruz Rivera Secretaria del Tribunal Supremo, Interina CC-2001-845 17

Opinión Concurrente emitida por el JUEZ ASOCIADO SEÑOR FUSTER BERLINGERI, a la que se unen el Juez Presidente señor ANDREU GARCIA y la Juez Asociada señora NAVEIRA DE RODON.

San Juan, Puerto Rico a 15 de julio de 2003.

En el caso de autos, tanto el tribunal de

instancia como el foro apelativo denegaron una moción

de reconsideración presentada por el Municipio

mediante la cual éste cuestionaba un dictamen previo

del tribunal sentenciador. El tribunal de instancia y

el foro apelativo denegaron la referida moción de

reconsideración por el mismo y único fundamento de que

carecían de jurisdicción para entender en dicha

reconsideración. Ambos resolvieron que el

planteamiento formulado por primera vez por el

Municipio mediante la reconsideración en cuestión era

fatalmente tardío, por haberse presentado fuera del

término de caducidad aplicable. CC-2001-845 18

En vista de los dictámenes judiciales referidos, el Municipio

acudió ante nos y en lo primordial señaló como error que los foros a

quo hubiesen denegado su moción de reconsideración porque

supuestamente no tenían jurisdicción para considerarla.

Expedimos el auto precisamente para examinar la controversia

específica de si los foros a quo carecían de jurisdicción para

entender en la reconsideración en cuestión.

Lo anterior no obstante, una mayoría del Tribunal, mediante una

opinión, despacha ligeramente el asunto en controversia y opta en

vez por adjudicar el caso de autos primordialmente a base de la

nulidad de la sentencia original del foro de instancia.

No estamos en desacuerdo con la mayoría del Tribunal en cuanto

a la nulidad de la sentencia aludida. Pero diferimos de su dictamen

en cuanto al medular asunto para cuya consideración expedimos este

recurso. Veamos.

Tanto la parte recurrida como el foro de instancia y el foro

apelativo han sostenido aquí el criterio de que la Resolución

municipal que provocó el pleito de autos sólo podía ser impugnada

dentro de veinte días a partir de haberse aprobado dicha Resolución,

porque tal es el término que fija para ello la Ley de Municipios

Autónomos. Según ellos, la moción de reconsideración del Municipio

no podía ser atendida ya que, mediante tal moción se impugnaba la

validez de una resolución municipal pasados los veinte días que

tenía la parte peticionaria para instar tal impugnación. El

Municipio, en cambio, entendía que la reconsideración aludida estaba

en orden. La mayoría, en esencia, soslayó esta controversia al

resolver que como la Resolución municipal aludida era nula, los

tribunales no la podían hacer valer. Nótese que en el caso de autos CC-2001-845 19

el foro de instancia había puesto en vigor la Resolución referida,

sin que nadie hubiera levantado entonces de modo alguno su nulidad.

Por ende, emitido tal dictamen, se necesitaba algún medio, alguna

vía procesal para que los que creyesen que la Resolución era nula,

pudiesen impugnarla. Esa vía la provee el Art. 15.002 de la Ley de

Municipios Autónomos. La mayoría determina ahora sencillamente que

la Resolución era nula y así inevitablemente torna en inconsecuente

la limitación que establece el referido Art. 15.002 de la Ley de

Municipios Autónomos de que resoluciones como las del caso de autos

sólo pueden ser impugnadas dentro del término de caducidad de veinte

días. En términos prácticos la mayoría va mucho más lejos que lo

solicitado por los peticionarios. Estos sólo procuraban alguna

flexibilidad en cuanto a la aplicación del término de los veinte

días pero la mayoría en efecto resuelve que dicho término no tiene

consecuencia alguna. ¡Da igual cuándo se impugne la Resolución

municipal, ya sea dentro de los veinte días de aprobada o ya sea

meses o años después! Ello porque la mayoría resuelve que si la

Resolución municipal es nula, nada hay que discutir o examinar sobre

cuándo puede impugnarse tal resolución. Esta liberalidad extrema del

dictamen mayoritario en efecto constituye una DEROGACIÓN judicial

del término dispuesto en el Art. 15.002 de la Ley de Municipios

Autónomos, 21 L.P.R.A. sec. 4702, lo que rebasa lo solicitado por el

Municipio de Isabela aquí, y rebasa además la postura de los que

creemos que dicha disposición debe interpretarse con alguna

flexibilidad, como lo habíamos hecho antes.

La liberalidad extrema de la mayoría referida en el párrafo

anterior, rebasa también la autoridad de este Foro. No puede este

Tribunal ignorar lo dispuesto en el Art. 15.002, como lo hizo la CC-2001-845 20

mayoría aquí, a menos que se declare que esa disposición es

inconstitucional, cosa que la mayoría no hizo en su opinión,

evidentemente por carecer de fundamento válido alguno para hacerlo.

Lo único que la mayoría hizo con respecto a este medular asunto fue

ofrecer, de pasada, una ligera racionalización para no darle efecto

alguno al término referido que establece el Art. 15.002. Aduce la

mayoría que ya está resuelto que la acción para declarar que un

contrato es nulo, no prescribe. Lo que a la mayoría se le olvida es

que esa norma se estableció específicamente con respecto a contratos

personalísimos como el de matrimonio y como el de transacción de

derechos hereditarios en casos en los cuales uno de los contratantes

carecía de capacidad por enajenación mental o jurídica. Además, en

ambos casos se trataba de un término de prescripción, no de

caducidad como es el que aquí nos concierne.10 Se trataba, pues, de

situaciones totalmente distintas a las del caso de autos. No tiene

sentido jurídico alguno descartar el claro mandato legislativo

contenido en el Art. 15.002 a base de los casos aludidos. La clara

intención del legislador fue que cuando se aprobase una resolución

municipal como la del caso de autos, que claramente atenta contra

las leyes fiscales del país, las personas concernidas pudiesen

impugnarla dentro de un término apremiante. El legislador limitó el

término para la impugnación prevista, a fin de impartirle finalidad

y certeza a las actuaciones del gobierno municipal. La mayoría

ahora, de un plumazo, da al traste con tal importante finalidad al

decretar que la resolución municipal puede ser impugnada por nulidad

en cualquier momento, aunque sea mucho tiempo después de haberse

10 Para la diferencia entre un término prescriptivo y uno de caducidad, véase Ortiz Rivera v. Sucn. González Martínez, 93 D.P.R. 562 (1966). CC-2001-845 21

puesto en vigor. El remedio legislativo a favor de la seguridad de

las actuaciones municipales la mayoría arbitrariamente lo sustituye

ahora por una condición de inestabilidad permanente, sin que nadie

le haya solicitado tal cosa. Tal actuación de la mayoría es tanto

confusa como infundada sobre todo porque se invoca una inaplicable

norma jurisprudencial para desacatar un mandato legislativo. Aun si

la norma sobre la imprescriptibilidad de la nulidad contractual

fuese aplicable en un contexto como el de autos, que no lo es,

todavía quedaría la barrera insuperable de que el legislador ha

inmunizado las actuaciones municipales de tal modo que sus defectos

caducan si no se impugnan dentro del término de veinte días ordenado

por la Ley de Municipios Autónomos. Este Foro sencillamente no tiene

autoridad ninguna para derogar el mandato legislativo en cuestión si

no es a base de su inconstitucionalidad.11 La mayoría no invoca la

Constitución en su dictamen derogatorio del Art. 15.002; ni puede

hacerlo porque no hay nada en la Constitución que justifique el

enrevesado dictamen mayoritario. La Asamblea Legislativa tiene

facultad para crear o eliminar términos prescriptivos, y para crear

o eliminar términos de caducidad. El que no tiene facultad para

contraponer normas jurisprudenciales a mandatos legislativos es este

Tribunal, cosa que la mayoría parece haber olvidado aquí.

Es por todo lo anterior que sometemos para publicación como

opinión concurrente la ponencia que habíamos formulado para el caso

de autos antes de que se hubiese redactado la opinión mayoritaria.

11 Para una clara exposición de los límites de este Foro con respecto a los mandatos legislativos, véase Clínica Juliá v. Sec. de Hacienda, 76 D.P.R. 509, 520-521 (1954). CC-2001-845 22

Félix Ríos, Oscar Ríos, Julio César Nieves y Víctor Tavarez

presentaron una demanda en cobro de dinero contra el Municipio de

Isabela, en la que se alegó que éste se negaba a pagar por un

trabajo realizado por los demandantes. Tras varios trámites

procesales, el 22 de diciembre de 2000, los reclamantes y el

Municipio presentaron al Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Aguadilla, una estipulación mediante la cual informaban

que la Asamblea Municipal y el Alcalde de Isabela habían autorizado

la transacción de la referida demanda, y a base de ello, solicitaban

al tribunal que dictara una sentencia ordenando al Municipio el pago

de las siguientes cantidades:

1. Félix Ríos – la cantidad de $40,680

2. Oscar Ríos – la cantidad de $69,689

3. Julio César Nieves – la cantidad de $8,440

4. Víctor Tavarez – la cantidad de $8,320

El 5 de enero de 2001 el tribunal de instancia dictó una

sentencia de conformidad con la estipulación presentada, que fue

archivada en autos el 16 de enero de 2001.

Para entender cabalmente los procedimientos posteriores a la

sentencia referida, es necesario señalar que en las elecciones

celebradas el noviembre de 2000 resultó electa una nueva

administración para el Municipio de Isabela. La estipulación que se

le presentó al foro de instancia el 22 de diciembre de 2000 había

sido autorizada mediante la Resolución Núm. 64, que se aprobó en una

cesión extraordinaria por la Asamblea Municipal saliente celebrada

el 19 de diciembre de 2000. El Alcalde saliente a su vez la había

firmado el 20 de diciembre de 2000, habiendo ocurrido todo ello CC-2001-845 23

escasamente tres semanas antes de que entrara en funciones la nueva

administración electa del municipio. En la Resolución referida se

indicaba que por razón de los daños causados en 1998 por el Huracán

Georges, y la resultante situación de emergencia, el Alcalde de

Isabela había autorizado verbalmente a los contratistas reclamantes

a realizar trabajos de recogido de escombros, limpieza de caminos y

otros similares, sin haber registrado los créditos necesarios para

el pago de tales servicios. Se reconocía, sin embargo, que las

labores referidas habían sido realizadas, por lo que se autorizaba

ahora el pago de la deuda y que se transigiese la demanda.

Así las cosas, habiendo entrado en funciones la nueva

administración electa en noviembre de 2000, el Municipio presentó

oportunamente al foro de instancia una moción de reconsideración con

respecto a la sentencia por estipulación antes mencionada. Se alegó

en esencia que la estipulación realizada por las partes era

contraria a la ley, al orden y a la política pública. En específico,

y en lo primordial, se adujo inter alia: (1) que dicha estipulación,

basada en la Resolución Núm. 64 aprobada por la Asamblea Municipal

saliente, violaba el Art. 8.009 de la Ley de Municipios Autónomos en

cuanto grababa el presupuesto para el año fiscal en una cantidad que

resultaba en un exceso del 50% de dicho presupuesto permitido por la

ley; (2) que dicha estipulación, aprobada en una sesión

extraordinaria y a tan sólo tres semanas de la fecha en que se

habría de transferir la administración del Municipio a las nuevas

autoridades electas, era ilegal también porque se había aprobado sin

haberse registrado los créditos necesarios para el pago de ésta y

con cargo al presupuesto vigente, todo lo cual violaba lo dispuesto CC-2001-845 24

en el Art. 8.004(a) de la Ley de Municipios Autónomos, que dispone

que:

“(a)Los créditos autorizados para las atenciones de un año fiscal en específico serán aplicados exclusivamente al pago de gastos legítimamente originados incurridos durante el respectivo año, o el pago de obligaciones legalmente contraídos y debidamente asentadas en los libros del Municipio durante dicho año.” (Énfasis suplido).

Y (3) que la estipulación era ilegal porque se pretendía con ella

darle eficacia a un acuerdo del Alcalde saliente que era nulo por

violar las normas que aplican a los contratos municipales según

fijadas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Hatton v.

Municipio de Ponce.

El tribunal de instancia denegó la moción de reconsideración

del Municipio. En síntesis, en cuanto a lo que aquí nos concierne,

concluyó que la transacción en cuestión era conforme a la Resolución

Núm. 64 emitida por la Asamblea Municipal y que dicha Resolución no

había sido impugnada dentro del término jurisdiccional dispuesto por

ley para ello, por lo cual se presumía correcta. Inconforme con este

dictamen, el Municipio recurrió al Tribunal de Circuito de

Apelaciones. Éste, mediante la sentencia recurrida del 28 de agosto

de 2001, confirmó la determinación del tribunal de instancia.

Resolvió igual que el foro de instancia que la Resolución Núm. 64 de

la Asamblea Municipal no fue impugnada dentro del término

jurisdiccional dispuesto por ley, por lo que había que considerar

como correcta la actuación de dicha Asamblea, que obligaba al

Insatisfecho también con dicha determinación, el Municipio de

Isabela recurrió ante nos, haciendo en lo pertinente el siguiente

señalamiento de error: CC-2001-845 25

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al aplicar el Artículo 15.002 de la Ley de Municipios Autónomos al caso de autos.

El 7 de diciembre de 2001, expedimos el recurso solicitado por

el Municipio de Isabela a fin de revisar la sentencia del foro

apelativo del 28 de agosto de 2001. El 8 de marzo de 2002, el

Municipio solicitó que aceptáramos la petición de certiorari como su

alegato, a lo que accedimos el 18 de abril de 2002. El 2 de mayo los

recurridos solicitaron que aceptáramos su oposición a la petición de

certiorari como su alegato, a lo que accedimos también el 31 de mayo

de 2002.

Desde hace más de una década está arraigada en nuestra

jurisprudencia una firme normativa con relación a los contratos

municipales. Informada por el criterio rector de que “la buena

administración de un gobierno es una virtud de democracia” y de que

“una buena administración implica llevar a cabo sus funciones como

comprador con eficiencia, honestidad y corrección para proteger los

. . . dineros del pueblo al cual dicho gobierno representa” Mar-Mol

Co. v. Adm. Servicios Gens., 126 D.P.R. 864, 871 (1990), la

normativa referida le inyecta un rigor especial a los preceptos

jurídicos que rigen las relaciones comerciales entre las personas

privadas y los municipios. Fernández & Gutiérrez v. Mun. de San

Juan, 147 D.P.R. 824, 829 (1999); Hatton v. Mun. de Ponce, 134

D.P.R. 1001, 1005-1006 (1994); Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo,

121 D.P.R. 37, 54 (1988); Morales v. Mun. de Toa Baja, 119 D.P.R.

682, 693 (1987). CC-2001-845 26

Con arreglo a la normativa referida, para que los contratos

otorgados por un municipio sean válidos, éstos deben satisfacer

varios requisitos formales que, según hemos resuelto antes, tienen

carácter constitutivo con respecto a su eficacia. Se trata de

requisitos que deben seguirse rigurosamente al momento de pactarse

el contrato, y todo contrato ejecutado sin cumplir con dichos

requisitos es nulo. Fernández & Gutiérrez v. Mun. de San Juan,

supra, pág. 830; Hatton v. Mun. de Ponce, supra, pág. 1007.

Uno de los requisitos requeridos es que el contrato conste por

escrito. Para que lo convenido sea vinculante, lo acordado debe

formularse por escrito, “sin excepción alguna”. Fernández &

Gutiérrez v. Mun. de San Juan, supra, pág. 833; Hatton v. Mun. de

Ponce, supra, pág. 1006; Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, supra,

pág. 54.

Estrechamente relacionados con el requisito de que el contrato

se formule por escrito, existen otros requisitos formales que

también son indispensables en los convenios municipales, a saber:

(1) que el contrato sea incluido en el registro que los municipios

deben llevar relativo a tales convenios y que sirve para establecer

prima facie la existencia del contrato; y (2) que se remita copia

del contrato a la Oficina del Contralor dentro de los quince días

siguientes a su otorgación, como medio para tener una doble

constancia de su otorgamiento y de sus términos. Se trata de unos

mecanismos de cotejo y publicidad de los contratos municipales, que

también tienen carácter constitutivo con respecto a la eficacia de

éstos. Fernández & Gutiérrez v. Mun. de San Juan, supra, pág. 830;

Hatton v. Mun. de Ponce, supra, págs. 1006; Ocasio v. Alcalde de

Mun. Maunabo, supra, pág. 54. CC-2001-845 27

Debe enfatizarse que los requisitos formales referidos, y en

particular el de que lo convenido conste por escrito, aplican aun

cuando existe un “estado de emergencia” real, debidamente proclamado

por el Alcalde o por el Gobernador de Puerto Rico. Como bien

señalamos en Hatton v. Mun. de Ponce, supra, págs. 1005-1009, en

casos de emergencias reales, que exijan acción inmediata, el alcalde

puede obviar requisitos tales como contratar la ejecución de

servicios sin llevar a cabo el procedimiento de subasta. Pero aun en

tales casos, no se puede obviar que la autorización de tales

servicios se haga por escrito, “haciendo constar los hechos que

provoquen la emergencia”. Reiteramos aquí que salvaguardas como la

de formular por escrito lo convenido, aun en situaciones de

emergencia, persiguen el propósito:

“de evitar que los estados de emergencia—-bien reales o ficticios—-sean mal utilizados por funcionarios municipales y terceras personas.” Hatton v. Mun. de Ponce, supra, pág. 1008.

Como señalamos también en Fernández & Gutiérrez v. Mun. de San Juan,

supra, pág. 831, los requisitos formales de los contratos

municipales, no pueden descartarse “ni siquiera en casos de

emergencia” porque son necesarios “para prevenir el despilfarro, la

corrupción y el amiguismo” que pueden ocurrir aun en tales

circunstancias. Sólo así procuramos “el manejo prudente de los

fondos del pueblo”, “asunto que está revestido del más alto interés

público” Id., pág. 829.

Como parte de la normativa referente a los contratos

municipales, también hemos resuelto que en casos relativos a tales

contratos, los tribunales “deben estar vigilantes” para evitar que

se burlen las disposiciones legales dirigidas a asegurar la más sana

administración pública. Hatton v. Mun. de Ponce, supra, pág. 1001. CC-2001-845 28

Véase, además, De Jesús v. Autoridad de Carreteras, 148 D.P.R. 255

(1999). Le corresponde a los foros judiciales examinar situaciones

como la del caso de autos con suma cautela para asegurarse que se

han cumplido cabalmente las normas referidas sobre el desembolso de

fondos públicos, Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, supra, pág. 54,

normas que existen para “proteger el interés público y no a las

partes contratantes”. Morales v. Mun. de Toa Baja, supra, pág. 697.

Así mismo hemos resuelto que en las situaciones en que no se han

observado las normas dirigidas a proteger el interés público, las

personas que han prestado servicios o materiales al municipio no

están protegidas por doctrinas tales como la de enriquecimiento

injusto. Al menos desde 1987, en Morales v. Municipio de Toa Baja,

supra, pág. 692-693, hemos hecho meridianamente claro que las

violaciones a las normas referidas son tajantes, por lo que no hay

cabida para la aplicación de los principios de equidad. Id. Este

criterio, lo hemos reiterado posteriormente, al resolver que en

estos casos de contratación municipal, los reclamantes saben o deben

saber que un acuerdo en contravención a las normas referidas es

totalmente ineficaz. El interés público así lo requiere. Fernández &

Gutiérrez v. Mun. de San Juan, supra, pág. 833; Hatton v. Mun. de

Ponce, supra, págs. 1010-1012.

Es evidente que el supuesto contrato municipal que aquí nos

concierne no cumplía con varios de los requisitos formales

indispensables referidos antes. No se hizo por escrito, y por ello,

tampoco se envió copia de éste a la Oficina del Contralor dentro de

los quince días siguientes a su otorgamiento. No surge de los autos, CC-2001-845 29

además, que se hubiese inscrito en el registro que el municipio debe

llevar con respecto a los contratos municipales. El supuesto

contrato, pues, era nulo; inexistente desde el punto de vista

jurídico. Ausentes cuando menos algunos de sus requisitos formales

constitutivos, no tenían facultad la Asamblea Municipal y el Alcalde

para convalidarlo como pretendieron hacerlo dos años más tarde con

la aprobación de la Resolución Núm. 64 antes mencionada. Carecían de

autoridad para darle eficacia a un convenio que era absolutamente

nulo.

Falló asimismo el foro de instancia al dictar una sentencia el

5 de enero de 2001 impartiendo su aprobación a la estipulación que

le habían presentado el Municipio y los demandantes en el caso de

autos, mediante la cual se pretendió darle efectividad al contrato

que aquí nos concierne. Le correspondía a ese foro escrutar con

mucha cautela los documentos que tuvo ante sí en esa ocasión, para

asegurarse que se hubiesen observado aquí rigurosamente los

requisitos formales de los contratos municipales, que son de

naturaleza constitutiva. Si lo hubiera hecho, hubiese podido

comprobar que no existía un contrato municipal válido, por lo que no

procedía de modo alguno que le impartiese su aprobación a la

estipulación referida.12

12 En vista de que resolvemos que el supuesto contrato ante el Municipio de Isabela y los reclamantes era nulo por el fundamento cardinal de que carecía de varios de los requisitos formales constitutivos de los contratos municipales, no es necesario expresarnos in extenso sobre los fundamentos relativos a las normas presupuestarias que obviamente fueron violadas también, establecidas en los Artículos 8.004 y 8.009 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A. secs. 4354 y 4359. CC-2001-845 30

IV

Tanto el foro de instancia como el foro apelativo denegaron la

moción de reconsideración que la nueva administración municipal

presentó el 31 de enero de 2001 con respecto a la sentencia por

estipulación dictada por el tribunal de primera instancia el 5 de

enero de 2001, que fue notificada el 16 de enero de 2001. Ambos

foros resolvieron por igual que no procedía la reconsideración

referida porque el Municipio no había impugnado judicialmente la

Resolución Núm. 64 aludida antes dentro del término de 20 días de

haberse aprobado, según lo fija el Art. 15.002 de la Ley de

Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A sec. 4702.13

El dictamen referido del foro de instancia y del foro apelativo

es insostenible. Constituye una interpretación errónea del Art.

15.002 de la Ley de Municipios Autónomos a la luz de los hechos del

caso de autos. Veamos.

13 21 L.P.R.A. sec. 4702

“(1) El Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, entenderá y resolverá, con exclusividad a instancia de la parte perjudicada sobre los siguientes asuntos:

(a) . . . (b) Suspender la ejecución de cualquier ordenanza, resolución o acuerdo de la Asamblea, del alcalde o de cualquier funcionario del Municipio que lesione derechos garantizados por la Constitución del E.L.A. o por las leyes estatales. (c) . . . (d) . . .

En los casos contemplados bajo los incisos (a) y (b) de esta Sección, la acción judicial sólo podría instarse dentro de los veinte días siguientes a la fecha en que el acto legislativo o administrativo se haya realizado o que la ordenanza, resolución, acuerdo u orden se haya promulgado o comunicado a la parte querellante, a menos que se disponga otra cosa por Ley. . .”. (Énfasis suplido) CC-2001-845 31

La referida disposición en la que se ampararon los foros a quo

para denegar la moción de reconsideración del Municipio de Isabela

en este caso, es el inciso (b) del Art. 15.002 de la Ley de

Municipios Autónomos, supra, que faculta al foro de instancia a

entender en acciones judiciales instadas con el fin de “suspender la

ejecución” de cualquier ordenanza, resolución o acuerdo de cualquier

ente o funcionario municipal, que no se ajusten al ordenamiento

jurídico. En esencia, y con respecto a lo que aquí nos concierne,

dicho inciso parte de la premisa de que no son ejecutables las

resoluciones municipales que sean ilícitas, por lo que se autoriza

al foro judicial a impedir que se lleve a cabo lo dispuesto en tales

resoluciones.14 Nótese, pues, que no se le da poder al foro judicial

para revocar o derogar como tal las referidas resoluciones

municipales, lo que propiamente le corresponde a las autoridades

municipales, sino más bien para detener su ejecución, para parar que

se pongan en vigor.

En el caso de autos puede estimarse que la solicitud de la

nueva administración municipal en la aludida moción de

reconsideración procuraba que se impidiese la ejecución de la

Resolución Núm. 64 en cuestión. Dicha moción iba dirigida

concretamente a solicitar del tribunal que dejara sin efecto su

sentencia anterior por estar ésta fundada en una estipulación que le

14 Si bien el verbo “suspender” significa “diferir por algún tiempo una acción u obra, Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, también tiene la acepción de “parar o detener”, Diccionario de Sinónimos y Antónimos de la Lengua Española (1986), que implica un efecto permanente. Evidentemente es en este último sentido que se usa en el inciso (b) del referido Art. 15.002 porque si una resolución municipal viola la Constitución o las leyes del país, no procede que se aplace su ejecución sino más bien que se pare definitivamente. CC-2001-845 32

daba eficacia a un contrato claramente nulo. Como parte del

argumento, el Municipio peticionario adujo que por medio de la

Resolución Núm. 64 se había pretendido convalidar el supuesto

contrato referido, por lo que podía considerarse que la moción de

reconsideración perseguía detener la ejecución de lo dispuesto en la

Resolución en cuestión.

Lo anterior nos trae a la evaluación del fundamento invocado

por el foro de instancia y por el foro apelativo para denegar la

reconsideración aludida, de que el Municipio procuró detener la

ejecución de la Resolución Núm. 64 tardíamente. Según hemos resuelto

reiteradamente antes, el término de caducidad de 20 días del Art.

15.002 de la Ley de Municipios Autónomos, que según dispone dicho

Artículo aplica por igual a sus incisos (a) y (b), no comienza a

transcurrir hasta que haya ocurrido una adecuada notificación de la

acción municipal que se impugna judicialmente. Véase, Río

Construction Corp. v. Mun. de Caguas, ___ D.P.R. ___ (2001), 2001

TSPR 143, 2001 JTS 148. Precisamente por tratarse de un término muy

breve, y de un término de caducidad, el debido proceso de ley

requiere que la notificación en cuestión sea real y efectiva. Id.

Por ello resolvimos en el caso antes citado que para que corriese el

término en cuestión no bastaba una notificación verbal sino que se

requería una notificación escrita. Por razones similares resolvimos

también en Nogama Const. Corp. v. Mun. de Aibonito, 136 D.P.R. 146

(1994), que el término en cuestión se contaba a partir de la fecha

de la notificación final de la decisión adjudicativa municipal y no

desde el momento en que la ordenanza que dio base a dicha decisión

fue notificada a la parte que la impugna. Así mismo, en un caso que

volveremos a mencionar más adelante, en que un alcalde impugnó la CC-2001-845 33

validez de una ordenanza municipal, determinamos expresamente que el

término de caducidad en cuestión no comenzaba a transcurrir a partir

de la fecha en que la ordenanza fue aprobada sino doce días más

tarde, cuando dicha ordenanza le fue notificada formalmente al

alcalde. Acevedo v. Asamblea Mun. San Juan, 125 D.P.R. 182 (1990).

En dicho caso era evidente que el alcalde conocía la ordenanza desde

mucho antes que le fuera notificada formalmente, ya que él la había

vetado cuando fue aprobada inicialmente, dos semanas antes de que

dicha ordenanza fuese aprobada por segunda vez, con la mayoría

necesaria para superar el veto alcaldicio. No obstante, fijamos la

fecha en que comenzó a decursar el término de 20 días en cuestión a

partir de la notificación formal de dicha ordenanza, efectuada

mediante un escrito de notificación particular que vino acompañado

con una copia de ésta. Resaltamos así la importancia para los fines

que aquí nos conciernen de una notificación clara y eficaz de la

ordenanza o resolución cuya ejecución se pretende detener.

Finalmente, en Corrada v. Asamblea Municipal, 79 D.P.R. 365, 368

(1956) resolvimos que la impugnación judicial de un acuerdo de la

Asamblea Municipal de Morovis, presentada casi tres meses después de

la fecha en que la Asamblea tomó dicho acuerdo, no era tardío porque

los afectados por éste no habían sido notificados del mismo antes.

Expresamente resolvimos que el término de caducidad en cuestión

comenzaba a decursar a partir “de la fecha en que el acuerdo,

resolución u orden haya sido notificado a la parte perjudicada.”

En resumen, pues, con arreglo a nuestra reiterada norma

jurisprudencial, la fecha en que comienza a transcurrir el término

de 20 días del Art. 15.002 es aquella cuando ha ocurrido la CC-2001-845 34

notificación adecuada de la ejecución del acto legislativo municipal

que se quiere detener.

En el caso de autos, la ejecución de la Resolución Núm. 64 se

procuró por primera y única vez mediante la estipulación que las

autoridades municipales salientes la presentaron al foro de

instancia en el caso de autos. Por ello la ejecución de dicha

Resolución no comenzó hasta que se archivó en autos la sentencia del

foro de instancia dándole efectividad a lo dispuesto en la

Resolución en cuestión. Es a partir de ese momento--el 16 de enero

de 2001--que comenzó a decursar el término de caducidad del Art.

15002 en el caso de autos. Hasta entonces las nuevas autoridades

municipales que presentaron la moción de reconsideración que aquí

nos concierne no habían tenido una notificación cabal de la

ejecución de la Resolución Núm. 64. No podían haber procurado la

suspensión de la ejecución de la Resolución aludida, según se provee

en el inciso (b) del Art. 15.002, porque no había habido ninguna

ejecución que suspender hasta que se archivó en autos la sentencia

del foro de instancia. En ese momento comenzó a decursar el término

que aquí nos concierne.

Nótese que en cuanto a cuál es el momento efectivo de la

notificación, el caso de autos es muy distinto al de Acevedo v.

Asamblea Mun. San Juan, supra, mencionado antes. Allí resolvimos que

era tardía la acción judicial que el Alcalde de San Juan instó como

parte perjudicada el 24 de agosto de 1989, en contra de su propia

Asamblea Municipal, para que se declarara nula la ordenanza

municipal mediante la cual dicha Asamblea había aprobado finalmente

el presupuesto municipal el 28 de junio de 1989. Determinamos

entonces que la ordenanza en cuestión le había sido notificada CC-2001-845 35

oficialmente al Alcalde el 10 de julio de 1989, por lo que el

Alcalde había tenido hasta el 30 de julio para presentar su acción

en el Tribunal Superior. Como puede observarse, en dicho caso no

existía una situación de una administración entrante que cuestionaba

la actuación de una administración saliente, que actuó luego de

perder las elecciones. Allí el Alcalde era parte de la misma

administración que la Asamblea Municipal, con la cual venía

sosteniendo una contienda sobre el asunto de la ordenanza. El

Alcalde había estado involucrado con dicho asunto desde sus inicios

y estaba enterado de la acción de la Asamblea desde que ésta

ocurrió. Además, había sido notificado posteriormente de manera

formal y definitiva de la ordenanza en cuestión, que el Alcalde ya

había vetado en una ocasión anterior. Era, pues, una situación

claramente distinguible de la del caso de autos, que es sui generis,

en el cual la parte disputante nunca fue notificada formalmente de

la resolución en cuestión hasta que se dictó y archivó la sentencia

del foro de instancia referida antes.

En efecto, el error de los foros a quo al aplicar aquí el

término de caducidad referido como lo hicieron, se hace

especialmente patente al considerar que su dictamen requería una

acción prácticamente imposible de realizar de parte de los que

solicitaron dicha reconsideración. La Resolución Núm. 64, que según

los foros judiciales a quo debió ser impugnada estrictamente dentro

de los 20 días de haberse aprobado, fue emitida por la Asamblea

Municipal saliente el 19 de diciembre de 2000, y firmada por el

Alcalde saliente el 20 de diciembre de 2000. Según dichos foros, el

término para impugnarla judicialmente vencía el 9 de enero de 2001.

Pero resulta que la nueva administración del municipio que solicitó CC-2001-845 36

la reconsideración en cuestión no tomó juramento hasta el 8 de enero

de 2001. No podían actuar hasta entonces porque aún no eran partes

perjudicadas. Véase, Acevedo v. Asamblea Municipal San Juan, supra.

Más aun, no era posible que en el mismo día en que juraron sus

cargos el nuevo Alcalde y la nueva Asamblea Municipal, éstos dejasen

a un lado los actos protocolarios de rigor del día, para reunirse en

una primera sesión de trabajo, sin agenda o notificación previa, sin

los documentos pertinentes, sin haberse nombrado los funcionarios

ejecutivos y clericales del Municipio, para discutir una resolución

de la administración saliente, que hasta entonces no les

perjudicaba, que probablemente no era conocida de ningún modo por

todos los concernidos, y cuyo único efecto había sido provocar una

sentencia que todavía no había sido notificada a las nuevas

autoridades municipales, para entonces contratar una representación

legal, para que a más tardar el día siguiente impugnase la

Resolución referida. En términos prácticos, no era posible ni

concebible realizar todas estas gestiones por la incipiente

administración municipal, antes de que supuestamente expirase el

término en cuestión el 9 de enero de 2001. Los foros a quo, al

emitir su erróneo dictamen, en efecto requirieron una acción que era

sencillamente irrealizable. Si hubiesen tenido en cuenta lo que

hemos dispuesto antes de que los tribunales no deben interpretar las

disposiciones de una ley de modo que conduzcan a resultados

irrazonables o absurdos, PARDAVCO, Inc. v. Secretario de Hacienda,

104 D.P.R. 65 (1975); Atiles v. Comisión Industrial, 77 D.P.R. 16

(1954), quizás se hubiesen percatado de que no era realmente

aplicable aquí el término aludido de la forma en que ellos lo

dispusieron. CC-2001-845 37

Conforme a todo lo anterior, cuando las nuevas autoridades

municipales presentaron su moción de reconsideración el 31 de enero

de 2001 con respecto a la sentencia del foro de instancia archivada

en autos el 16 de enero de ese año, no había caducado aún el término

de 20 días que dispone el Art. 15.002(b) para suspender

judicialmente la ejecución de una ordenanza o resolución municipal.

Caducaba el 5 de febrero de ese año. Al resolver de este modo,

armonizamos el interés público en impartirle certeza y finalidad a

las actuaciones del gobierno municipal, Acevedo v. Asamblea Mun. San

Juan, supra, a la pág. 187, con la fundamental exigencia del debido

proceso de ley de que la parte afectada por la ejecución de una

ordenanza o resolución municipal sea debidamente notificada de dicha

ejecución. Río Construction Corp. v. Mun. de Caguas, supra; Nogama

Const. Corp. v. Mun. de Aibonito, supra; Corrada v. Asamblea

Municipal, supra. Nuestro dictamen aquí, además, asegura que ninguna

administración municipal saliente habrá de utilizar el período de

tiempo que transcurre entre las elecciones del país y la toma de

posesión de los nuevos incumbentes para soslayar las normas

fundamentales que rigen la contratación municipal y el buen manejo

de los fondos públicos.

Por los fundamentos expuestos, pues, resolveríamos que el

asunto intermediario de si la Resolución Núm. 64 fue cuestionada a

tiempo de ningún modo debió convertirse en el fundamento para que

los foros judiciales soslayaran la fundamental obligación judicial

de examinar con cautela la cuestión verdaderamente medular de si en

el caso de autos existía un contrato municipal válido.

Jaime B. Fuster Berlingeri Juez Asociado