El Pueblo v. Espinet García

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: June 29, 2021
• Docket: CC-2021-392
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico Certiorari Peticionario 2021 TSPR 94 v. 207 DPR ____ Lissy A. Espinet García

Recurrida

Número del Caso: CC-2021-392

Fecha: 29 de junio de 2021

Tribunal de Apelaciones:

Panel IX

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Fernando Figueroa Santiago Procurador General

Lcdo. Javier O. Sepúlveda Rodríguez Subprocurador General

Lcdo. Andrés A. Pérez Correa Procurador General Auxiliar

Materia: Sentencia con Opinión de conformidad y Voto particular disidente.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v. CC-2021-0392 Certiorari

Lissy A. Espinet García

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2021.

Por estar igualmente dividido el Tribunal, se expide el auto de certiorari y se emite Sentencia confirmatoria de la emitida por el Tribunal de Apelaciones en este caso.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emite una Opinión de conformidad a la cual se une el Juez Asociado señor Colón Pérez. El Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo emite un Voto particular disidente al cual se une el Juez Asociado señor Rivera García. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco y los Jueces Asociados señores Kolthoff Caraballo, Rivera García y Feliberti Cintrón declararían “Ha Lugar” el trámite expedito solicitado y emitirían una orden de mostrar causa por la cual no debíamos revocar al Tribunal de Apelaciones.

José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

v. CC-2021-0392

Opinión de conformidad que emitió la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez a la que se unió el Juez Asociado señor Colón Pérez

La controversia que presentaba este caso se

circunscribía a determinar si el Tribunal de Apelaciones se

pronunció sobre una controversia académica y, por lo tanto,

procedía revocar su dictamen por ser nulo. Para ello,

precisaba que resolviéramos si en este caso la Sra. Lissy

A. Espinet García (señora Espinet García o imputada)

renunció a su planteamiento sobre violación al derecho a

juicio rápido o si hubo otro cambio fáctico que derrotó la

vigencia de ese planteamiento antes de que el foro apelativo

intermedio se pronunciara sobre su validez. Al respecto, el

Tribunal de Apelaciones resolvió que nada afectó la

vigencia de la controversia, por lo que su sentencia CC-2021-0392 2

no era académica. Toda vez que esa determinación fue correcta,

no nos correspondía intervenir con su dictamen.

I.

El Ministerio Público presentó una denuncia contra

la señora Espinet García por violación al Art. 127-A del Código

Penal, 33 LPRA sec. 5186a. El Tribunal de Primera Instancia

halló causa probable para arresto en una vista en alzada. Tras

una multiplicidad de eventos que no es necesario relatar y

previo a la celebración de la vista preliminar, la señora

Espinet García solicitó la desestimación por violación al

derecho a juicio rápido. Particularmente, planteó que la vista

preliminar no se celebró en el término de sesenta días desde

la determinación de causa probable para arresto, según

establece la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA

Ap. II, R. 64. El Tribunal de Primera Instancia celebró una

vista para discutir los méritos de su solicitud, tras lo cual

determinó que era improcedente. La señora Espinet García

solicitó reconsideración, pero el foro primario no varió su

dictamen. Por consiguiente, el 25 de noviembre de 2020 la

imputada presentó una petición de certiorari ante el Tribunal

de Apelaciones para que revisara la resolución del Tribunal

de Primera Instancia. Argumentó que el foro primario erró al

resolver que no hubo una violación al derecho a juicio rápido.

No presentó una moción en auxilio de jurisdicción junto con

su recurso para que se paralizaran los procedimientos en el

Tribunal de Primera Instancia. CC-2021-0392 3

Los procedimientos continuaron en la primera instancia

judicial, la cual -a base de su determinación sobre la

inexistencia de una violación al derecho a juicio rápido-

pautó la celebración de la vista preliminar para los días 19 y

20 de enero de 2021. El 19 de enero de 2021 se llamó el caso

para la vista preliminar. De la regrabación de la vista surge

lo siguiente:

JUEZ: [D]e los autos surge que aquí se presentó un recurso ante el Honorable Tribunal de Apelaciones, que está pendiente, no se ha resuelto, lo cual sé que ha creado confusión. Aunque, para este juez la situación de derecho y procesal es clara: el juez tiene facultad para ver el caso en tanto y en cuanto no se expida una orden de paralización. La señora fiscal me ha manifestado que esta confusión, que por ello no pudo prepararse adecuadamente y que solicita la continuación o el inicio de la vista en el día de mañana. El tribunal va a acoger dicha solicitud y vamos a continuar el asunto o vamos a comenzarlo, en el día de mañana, según programado, para la 1:30 de la tarde. […]

Luego de solicitar permiso para dirigirse al Tribunal,

lo cual se le concedió, el abogado de la señora Espinet García

expuso, en lo pertinente, lo siguiente:

ABOGADO DE DEFENSA: [N]uestra posición es la siguiente: nosotros estamos listos para comenzar esta vista hoy, estamos listos para mañana también que son los dos días […] que el tribunal ordenó a la celebración de esta vista. Con relación al recurso de apelaciones, ese lo presenté yo, lo presentó la Defensa. Nosotros estamos contestes de que no hay una moción en auxilio, el caso no se ha paralizado, y nosotros estamos listos para ver esta vista hoy y mañana.

El día siguiente se celebró la vista preliminar mediante

videoconferencia, en la cual el foro primario determinó no

causa para acusar. El Ministerio Público solicitó una vista CC-2021-0392 4

preliminar en alzada, la cual se señaló para el 1 de febrero

de 2021. La vista preliminar en alzada no se celebró en esa

fecha. Del expediente no surge lo que aconteció allí. Así las

cosas, el 26 de febrero de 2021 el Tribunal de Apelaciones

expidió el certiorari de la señora Espinet García y revocó al

Tribunal de Primera Instancia. En síntesis, concluyó que hubo

una violación al derecho a juicio rápido, por lo que procedía

desestimar la denuncia contra la imputada. El Pueblo de Puerto

Rico solicitó reconsideración. Adujo que el Tribunal de

Apelaciones debía dejar sin efecto su sentencia por ser nula,

toda vez que la controversia que adjudicaba se había tornado

académica antes de que se expidiera el recurso de certiorari

y se emitiera el dictamen. Fundamentó lo anterior en el hecho

de que la vista preliminar se celebró el 20 de enero de 2021,

lo cual arguyó subsanó el defecto procesal que la señora

Espinet García cuestionaba.

La imputada se opuso. Argumentó que el que se hubiese

celebrado la vista preliminar no podía tornar académica la

controversia cuando ese acto fue precisamente al que se opuso

cuando solicitó la desestimación de la denuncia en su contra

por violación al derecho a juicio rápido y cuando recurrió al

Tribunal de Apelaciones. Planteó que, por consiguiente, el que

hubiese sucedido el acto que se buscaba evitar no eliminaba

la controversia, sino que la hacía aún más justiciable. Expuso

que, toda vez que el Tribunal de Apelaciones había determinado

que en efecto se concretó la CC-2021-0392 5

violación que planteó, la celebración de la vista preliminar

fue violatoria a su derecho a juicio rápido. Indicó que el

dictamen del foro apelativo intermedio tenía el propósito de

corregir ese error al desestimar la denuncia en su contra, por

lo que tenía un efecto práctico en las partes, razón por la

que no era académica. Finalmente, señaló que no prestó su

anuencia a que se celebrara la vista preliminar en violación

a sus derechos constitucionales.

El 12 de mayo de 2021, notificada el 14 de mayo de 2021,

el Tribunal de Apelaciones emitió una Resolución en la que

denegó la moción de reconsideración. Sobre el planteamiento

de academicidad, indicó lo siguiente:

Es evidente que, las violaciones al derecho a un juicio rápido, demostradas en el caso, no quedaron subsanadas con la celebración de una vista preliminar el 20 de enero de 2021. No nos persuade el Pueblo de Puerto Rico, en que el evento procesal promovido por ella mientras teníamos sometido el recurso, haya convertido en académica la controversia.1

Inconforme, el 11 de junio de 2021 el Pueblo de Puerto

Rico recurrió ante este Tribunal mediante una Urgente

solicitud de trámite expedito y una petición de certiorari.

En el primer escrito solicitó que su recurso se resolviera con

premura, pues interesaba que ello ocurriera antes de que se

señalara la vista preliminar en alzada, lo cual no había tenido

lugar aún. En la petición de certiorari planteó que el Tribunal

de Apelaciones erró al no dejar sin efecto su sentencia, a

1 Resolución del Tribunal de Apelaciones de 12 de mayo de 2021, pág. 6. Apéndice, pág. 8. CC-2021-0392 6

pesar de que era académica. Reprodujo su argumento de que la

sentencia era académica, pues al momento de emitirse, el

presunto defecto procesal que llevó a la señora Espinet García

a solicitar revisión ante el foro apelativo intermedio había

desaparecido. Añadió que la Defensa no había preservado su

reclamo de violación al derecho a juicio rápido, sino que lo

abandonó, ya que no solicitó la paralización de los

procedimientos y prestó su anuencia a que se celebrara la

vista preliminar. Sobre esto último, adujo que la Defensa

indicó estar preparada para la vista y no objetó su

celebración, a pesar de que en ese momento tenía la oportunidad

de plasmar su oposición a esos efectos.

II.

A. El derecho a juicio rápido

La Constitución consagra el derecho a un juicio rápido

que le cobija a toda persona acusada de cometer un delito.

Art. II, Sec. 11, Const. de P.R., LPRA, Tomo 1. “El derecho a

juicio rápido no se circunscribe al acto del juicio

propiamente dicho; se extiende para abarcar todas las etapas

en progresión gradual desde la imputación inicial de

delito”. Pueblo v. Opio Opio, 104 DPR 165, 169 (1975). En

particular, “el derecho a un juicio rápido cobra vigencia

desde que el imputado de delito es detenido o está sujeto a

responder (held to answer)”. Pueblo v. Rivera Santiago,

176 DPR 559, 569 (2009); Pueblo v. Valdés, 155 DPR 781, 788

(2001). A esta garantía constitucional se le dio un contenido

práctico en la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra, CC-2021-0392 7

la cual provee para la desestimación de una denuncia o

acusación cuando determinados actos procesales no se celebran

en ciertos términos que la regla establece. El sub inciso

(6) de la regla dispone para la desestimación de la denuncia

cuando han transcurrido más de sesenta días desde la

determinación de causa para arresto, sin que se hubiese

celebrado la vista preliminar, en los casos que proceda

celebrarla. Íd.

Ahora bien, el derecho a juicio rápido no está sujeto a

la tiesa aritmética de la regla, por lo que el solo hecho de

que el término que se establece allí venza sin haberse

celebrado la vista preliminar, no implica que la desestimación

procede automáticamente. Pueblo v. Valdés, supra, pág. 793.

En cambio, es necesario evaluar varios factores que se han

señalado jurisprudencialmente. Véase Pueblo v. Valdés, supra,

pág. 792; Pueblo v. Santa Cruz, 149 DPR 223, 237 (1999). La

aplicación de esos factores “requiere tomar en cuenta las

circunstancias que rodean cada reclamo particular”. Pueblo v.

Santa Cruz, supra, pág. 238. Uno de esos factores es si la

persona imputada o acusada ha invocado su derecho a juicio

rápido oportunamente. Mediante este factor se reconoce, en

parte, que el derecho a juicio rápido es renunciable. Pueblo

v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 576 (2009). Sobre cómo y

cuándo se constituye una renuncia al derecho a juicio rápido

existe una multiplicidad de pronunciamientos de este Foro en

diversos casos. CC-2021-0392 8

Uno de gran envergadura es Pueblo v. Arcelay Galán,

102 DPR 409 (1974). Allí, se presentó una denuncia contra el

Sr. Moisés Arcelay Galán (señor Arcelay Galán). Luego de

varios trámites procesales y suspensiones, el Ministerio

Público solicitó que se pospusiera el juicio a base de que la

perjudicada no estaba disponible para prestar testimonio. El

acusado solicitó la desestimación del caso porque se le estaba

violando su derecho a un juicio rápido. El foro primario

denegó su moción e hizo un nuevo señalamiento para 133 días a

partir de la última suspensión. Después de que se derrotara

su moción, el acusado no objetó la fecha que se seleccionó.

En cambio, compareció al juicio, en el que se le condenó al

pago de una multa. Tras ello, el señor Arcelay Galán acudió

ante este Tribunal en apelación. Argumentó que se había

violado su derecho a un juicio rápido. Así, nos enfrentamos a

la interrogante de si el señor Arcelay Galán había renunciado

a su derecho a juicio rápido al no objetar el nuevo

señalamiento para juicio que el foro primario hizo luego de

denegar su moción de desestimación.

Resolvimos tajantemente que no hubo tal renuncia.

Dijimos, sin ambages, que -al igual que se exige con relación

a otros derechos fundamentales- la renuncia al derecho a

juicio rápido tiene que ser expresa, no presunta, así

como voluntaria y efectuada con pleno conocimiento de causa.

Pueblo v. Arcelay Galán, supra, págs. 415-416. Esto lo hemos

reiterado de manera consistente a través de los años. Véase

Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 582 (2015); Pueblo v. CC-2021-0392 9

Rivera Santiago, supra, págs. 572-573; Pueblo v. Guzmán,

161 DPR 137, 153 (2004); Pueblo v. Valdés, supra, pág. 791;

Pueblo v. Santa Cruz, supra, pág. 241.

Resolvimos, entonces, que la moción de desestimación que

el acusado radicó por violación a su derecho a un juicio rápido

bastaba para invocar su derecho a un juicio rápido. Íd.,

pág. 415. Indicamos que, por consiguiente, la falta de

objeción por el acusado del señalamiento que se efectuó

posteriormente no constituyó una renuncia a ese derecho. Íd.

Cónsono con ello, revocamos expresamente la doctrina de Pueblo

v. Martínez Vega, 98 DPR 946 (1970), donde se había resuelto

que, a pesar de que el acusado objetó la suspensión del juicio,

renunció a su derecho a juicio rápido, ya que no objetó el

nuevo señalamiento, sino que solicitó la desestimación el día

del juicio.

Posteriormente, en Pueblo v. Santi Ortiz, 106 DPR 67

(1977), resolvimos que el allí acusado renunció a su derecho

a juicio rápido, ya que no objetó tres señalamientos que se

hicieron con suficiente anterioridad a que expirara el término

correspondiente, para fechas posteriores a su expiración; en

cambio, invocó su derecho y solicitó la desestimación luego

de haberse expirado el término. Distinguimos esa situación

de la de Pueblo v. Arcelay Galán , supra, al explicar

que, aunque el señor Arcelay Galán en ese caso no

consignó objeción al señalamiento que se hizo luego de

expirado el término, no tenía que realizar esa objeción, CC-2021-0392 10

pues previamente había invocado su derecho a un juicio rápido.

Pueblo v. Santi Ortiz, supra, pág. 70.

Ahora bien, más adelante, en Pueblo v. Cartagena Fuentes,

152 DPR 243 (2000), reiteramos puntualmente que la renuncia

al derecho a juicio rápido debe ser expresa. Pueblo v.

Cartagena, supra, pág. 253. Por lo tanto, rechazamos que se

hubiese constituido una renuncia al derecho a juicio rápido

porque la defensa no objetó el señalamiento que se hizo para

celebrar la vista preliminar fuera del término aplicable. Íd.

Además, puntualizamos que previamente habíamos rechazado

“la renuncia implícita que supone no invocar oportunamente el

derecho a juicio rápido ante una suspensión”. Íd., nota al

calce núm. 9.

Tiempo después resolvimos Pueblo v. Rivera Santiago,

supra, donde concluimos que la persona acusada renunció a su

derecho a juicio rápido, ya que su representante legal

consintió a que el juicio se celebrara fuera del término

aplicable. Allí, el abogado indicó expresamente que se

allanaba a un señalamiento de juicio para una fecha posterior

al vencimiento del término, si se estipulaba que sería el

último dentro del término de juicio rápido. Pueblo v. Rivera

Santiago, supra, pág. 566. Concluimos que eso era prueba de

la renuncia expresa del acusado a su derecho a juicio rápido.

Íd., pág. 582.

Situaciones similares ya habían acontecido en Pueblo v.

Terrón, 100 DPR 153 (1971) y Pueblo v. Tribunal Superior,

103 DPR 732 (1971), e igualmente habíamos resuelto que hubo CC-2021-0392 11

una renuncia al derecho a juicio rápido. En Pueblo v. Terrón,

supra, el juicio se había suspendido en varias ocasiones. Tras

una de las suspensiones, el foro primario consultó con las

partes la fecha en que se podía celebrar el juicio, pues cada

una de las suspensiones previas había sido atribuible al

Ministerio Público o a la Defensa. El abogado de defensa indicó

expresamente: “En diciembre, cualquier fecha.” Además, luego

de que el juez aceptara la fecha que propuso uno de los

testigos de cargo, expresó: “[y] o acepto cualquier fecha que

señale el Tribunal”. Posteriormente, reiteró: “Yo estoy de

acuerdo con la fecha”. En consideración a esa situación

fáctica concluimos que el acusado renunció expresa y

claramente a invocar el derecho a juicio rápido.

De manera similar, en Pueblo v. Tribunal Superior, supra,

en el acto de lectura de acusación el juez del foro primario

solicitó al abogado de defensa que le indicara qué fecha podía

celebrarse el juicio, y sugirió los meses de octubre o

noviembre. La abogada de defensa contestó: “Cualquiera de las

dos fechas. Prefiero para noviembre 25”. Posteriormente, el

acusado solicitó la desestimación de la acusación por

violación al derecho a juicio rápido. Ante esos hechos,

concluimos que no hubo tal violación, ya que el juicio se

había señalado para una fecha posterior al vencimiento del

término aplicable con la conformidad expresa de la Defensa.

Nótese que, en Pueblo v. Rivera Santiago, supra, Pueblo

v. Terrón, supra, y Pueblo v. Tribunal Superior, supra, hubo

algo más que la falta de objeción a un señalamiento para una CC-2021-0392 12

fecha posterior al vencimiento de un término de juicio rápido.

En cambio, la Defensa hizo expresiones inequívocas de su

conformidad o consentimiento a esos señalamientos. Esto es

cónsono con lo que establece la Regla 64(n) de Procedimiento

Criminal, supra, a los efectos de que la desestimación por

violación al derecho a juicio rápido no procederá cuando el

acusado haya consentido la dilación.

B. La doctrina de academicidad

Como se conoce, el principio de justiciabilidad exige que

los tribunales se expresen sobre “controversias genuinas

surgidas entre partes opuestas que tienen un interés real en

obtener un remedio que haya de afectar sus relaciones

jurídicas”. Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 421

(1994) (citando a ELA v. Aguayo, 80 DPR 552, 558-559 (1958)).

Por consiguiente, debe existir una controversia definida y

concreta que afecte las relaciones jurídicas entre las partes

que tienen un interés antagónico. Íd.

La doctrina de academicidad es un corolario del principio

de justiciabilidad, pues un caso académico no es justiciable.

La razón para ello es que, al emitirse el fallo o sentencia

sobre el asunto, este no tendrá efecto práctico sobre las

partes. ELA v. Aguayo, supra, pág. 584. Un caso se torna

académico cuando el transcurso del tiempo o el cambio en los

hechos desde el momento en que se originó el caso tornan en

ficticia la solución de la controversia entre las partes.

Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia , 109 DPR 715,

724–725 (1980). La doctrina de academicidad requiere que CC-2021-0392 13

exista una controversia genuina entre las partes durante

todas las etapas de un procedimiento adversativo; esto incluye

la etapa de apelación o revisión. Noriega v. Hernández Colón,

supra, pág. 437.

III.

En este caso correspondía determinar si la celebración

de la vista preliminar el 20 de enero de 2021, mientras pendía

un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones en

el que se argumentaba la violación al derecho a juicio rápido,

tornó académica la controversia pendiente en el foro apelativo

intermedio. Además -de ello no haber tornado académica la

controversia- era necesario concluir si el recurso se tornó

académico por el fundamento de que la señora Espinet García

renunció a su planteamiento de violación a juicio rápido al:

(1) no solicitar la paralización de los procedimientos

mediante una moción en auxilio de jurisdicción; (2) no objetar

la celebración de la vista preliminar, y (3) señalar que estaba

lista para ver la vista preliminar.

En torno a la primera de las controversias, el Pueblo de

Puerto Rico argumenta que la ausencia de celebración de una

vista preliminar fue lo que llevó a la señora Espinet García

a recurrir al Tribunal de Apelaciones, por lo que, al haberse

celebrado la vista antes de que el foro apelativo intermedio

expidiera el recurso de certiorari y emitiera su dictamen, la

controversia se tornó académica. En definitiva, no tiene

razón. De entrada, el Pueblo de Puerto Rico parte de un hecho CC-2021-0392 14

base erróneo. Contrario a lo que plantea, la imputada no

recurrió al Tribunal de Apelaciones por no haberse celebrado

la vista preliminar, sino porque la vista no se celebró en un

término constitucionalmente aceptable. En otras palabras, lo

que adujo violentó su derecho a juicio rápido no fue que no

se había celebrado la vista preliminar en sí, sino que no se

celebró oportunamente.

¿Cómo entonces una vista que se celebra tiempo después

de que se aduce la violación del derecho a juicio rápido puede

subsanar la violación de ese derecho? La respuesta es

sencilla: de ninguna forma; no puede. Simple y llanamente, la

violación al derecho a juicio rápido implica que el Estado no

actuó con la diligencia requerida para encausar criminalmente

a una persona en un término que se ajusta a lo que establece

la Constitución. Resulta ilógico concluir, entonces, que

celebrar una vista meses después de que se produce tal

violación puede subsanarla o desaparecerla. Si algo, lo que

hace es agravarla.

Toda vez que la celebración de la vista preliminar, en

sí, no tornó académica la controversia ante el Tribunal de

Apelaciones, es necesario determinar si la academicidad la

produjo la renuncia de la señora Espinet García a su derecho

a juicio rápido. El Pueblo de Puerto Rico teoriza,

primeramente, que la renuncia se produjo porque la imputada

no presentó una moción en auxilio de jurisdicción para que el

foro apelativo intermedio paralizara los procedimientos en el

foro primario. Su contención no tiene méritos. En realidad, CC-2021-0392 15

no existe una correlación entre la no paralización de los

procedimientos y la renuncia al derecho a juicio rápido. La

señora Espinet García presentó una petición de certiorari ante

el Tribunal de Apelaciones para revisar la denegatoria de su

moción de desestimación por violación a ese derecho. Mediante

ese acto, reiteró su argumento de que ocurrió tal violación.

¿Por qué entonces tendría que presentar una moción en auxilio

de jurisdicción para evitar que se constituyera una renuncia

a su planteamiento?

El Pueblo de Puerto Rico parece atarlo a su primer

planteamiento de que la celebración de la vista preliminar

torna académica la controversia sobre violación al derecho a

juicio rápido. Es comprensible que, si la continuación de los

procedimientos y la eventual celebración de la vista

preliminar pudiesen tornar la controversia en académica, sería

necesario solicitar la paralización para preservar la

actualidad y vigencia de la controversia. Sin embargo, según

expuse previamente, ello no es así. Además, para que haya una

renuncia del derecho a juicio rápido, tiene que mediar una

expresión o acto expreso a esos efectos. La renuncia no puede

ser conjetural o inferida. Ante esa realidad, ¿cómo no

solicitar la paralización de los procedimientos puede

constituir una renuncia al argumento sobre violación al

derecho a juicio rápido? Solicitar la paralización hubiese

sido lo óptimo, con el fin de evitar que se invirtieran

recursos y tiempo en un proceso que podía tornarse

inconsecuente de revocarse la determinación del foro primario CC-2021-0392 16

de denegar la moción de desestimación. Sin embargo, no hacerlo

no se puede equiparar con una renuncia al derecho a juicio

rápido, pues no satisface ninguna de las características que

debe exhibir tal renuncia.

El segundo planteamiento que el Pueblo de Puerto Rico

hace en torno a la renuncia de la señora Espinet García a su

planteamiento de violación al derecho a juicio rápido, es que

la renuncia se concretó porque esta no objetó el señalamiento

de vista preliminar para los días 19 y 20 de enero de 2021.

De nuevo, no tiene razón. Cabe reiterar que la renuncia al

derecho a juicio rápido tiene que ser expresa, no conjetural

ni inferida. Cónsono con ello, en múltiples ocasiones hemos

señalado que no objetar un señalamiento para una fecha

posterior al vencimiento de un término de juicio rápido no es

suficiente para que se entienda que hubo una renuncia al

derecho a juicio rápido. Esto es particularmente cierto en

casos como el que se encuentra ante nuestra consideración,

donde previo al señalamiento de vista preliminar para los días

19 y 20 de enero, se había solicitado la desestimación por

violación al derecho a juicio rápido.

La situación es en extremo similar a la de Pueblo v.

Arcelay Galán, supra. Según relaté previamente, allí el

acusado solicitó la desestimación del caso por violación del

derecho a juicio rápido. El foro primario denegó su solicitud.

Además, realizó un nuevo señalamiento. El acusado no lo

objetó, sino que compareció al juicio, el cual se celebró con

un resultado desfavorable al señor Arcelay Galán. Nos CC-2021-0392 17

preguntamos si el no haber objetado el nuevo señalamiento

constituyó una renuncia al derecho a juicio rápido. Resolvimos

con claridad que no, pues esa no era una renuncia expresa del

derecho, según lo requiere el ordenamiento. Posteriormente,

en Pueblo v. Santi, supra, señalamos que el señor Arcelay

Galán no tenía que objetar el nuevo señalamiento, ya que había

invocado previamente su derecho a juicio rápido. Esos hechos

son comparables a los de este caso.

Aquí la señora Espinet García invocó su derecho a juicio

rápido al solicitar la desestimación de la denuncia en su

contra antes de que se celebrara la vista preliminar. El foro

primario no favoreció su planteamiento y, en conformidad con

ello, señaló la vista preliminar para los días 19 y 20 de

enero de 2021. Al llegar esas fechas, la imputada compareció

a las vistas, como correspondía. Según lo que resolvimos en

Pueblo v. Arcelay Galán, supra, el no objetar ese nuevo

señalamiento y comparecer a las vistas no constituyó una

renuncia del derecho a juicio rápido. La señora Espinet García

ya había invocado su derecho a juicio rápido y no necesitaba

reiterarlo. Máxime cuando, tiempo antes de que llegara el día

del señalamiento recurrió al Tribunal de Apelaciones en

revisión mediante certiorari, el cual se encontraba pendiente

de adjudicación cuando se celebraron las vistas.

Aun si asumiéramos, solo para propósitos argumentativos,

que, como regla general, una persona imputada tiene que

objetar la celebración de una vista que se señaló fuera de

término para que su derecho a juicio rápido no se entienda CC-2021-0392 18

renunciado, esa exigencia no se justificaba en este caso. La

realidad es que, toda vez que el foro apelativo intermedio no

había expedido el recurso de certiorari ni ordenado la

paralización de los procedimientos cuando llegó la fecha de

la vista preliminar, el Tribunal de Primera Instancia tenía

jurisdicción para celebrarla. Hasta ese momento, el dictamen

que servía de base para llevar a cabo la vista -entiéndase,

la denegatoria de la moción de desestimación- no se había

revocado. Por consiguiente, no procedía objetar la celebración

de la vista preliminar, ya que el Tribunal estaba actuando con

jurisdicción, en conformidad con una determinación que estaba

vigente. La señora Espinet García no tenía fundamentos para

oponerse a que se celebrara la vista. Tampoco podía dejar de

comparecer, pues se arriesgaba a que la vista se llevara a

cabo sin que ella estuviese presente. De ahí que pueda decirse

que la no objeción o su comparecencia a la vista se debían

entender como una renuncia a los argumentos que estaban

pendientes de adjudicación en el Tribunal de

Apelaciones.

En tercer y último lugar, el Pueblo de Puerto Rico

plantea que la imputada renunció a su derecho a juicio

rápido porque en la vista de 19 de enero de 2021 indicó

que estaba preparada para celebrar la vista preliminar. Arguye

que, de esa forma, la señora Espinet García prestó su anuencia

a que se celebrara la vista preliminar, a pesar de que estaba

pendiente su recurso de certiorari. Tampoco tiene razón. Es

cierto que hemos dicho que el derecho a juicio rápido se puede CC-2021-0392 19

entender renunciado si la persona acusada o imputada consiente

expresamente a que se celebre una vista fuera de los términos

que establece la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra.

Sin embargo, las expresiones que alegadamente revelan el

consentimiento de la persona acusada o imputada se deben

contextualizar.

En este caso, cuando comenzó la vista del 19 de enero

de 2021, el juez que la presidía hizo constar que del

expediente surgía que había un recurso de certiorari pendiente

en el Tribunal de Apelaciones. Señaló, además, que sabía que

ello había causado confusión, pero para él la situación

procesal era clara: tenía facultad para celebrar la vista

preliminar siempre y cuando no hubiese una orden de

paralización. También indicó que el Ministerio Público había

solicitado la posposición de la vista para el día siguiente,

ya que no estaba preparado. En reacción a lo anterior, el

representante legal de la señora Espinet García indicó que

estaba listo para comenzar la vista ese día y continuarla el

día siguiente. El propósito de su aseveración, según se puede

colegir del contexto en que se dio, fue dejar claro para el

récord que, a diferencia del Ministerio Público, la Defensa

estaba preparada para celebrar la vista, por lo que la dilación

que ello provocaba no le era atribuible.

Nótese que, de no haber prevalecido en su contención ante

el Tribunal de Apelaciones, la señora Espinet García pudo

haber invocado la violación al derecho a juicio rápido

nuevamente, de haber acontecido dilaciones injustificadas con CC-2021-0392 20

posterioridad por razones que no se le podían atribuir. Al

expresar que estaba lista para comenzar la vista preliminar,

a pesar de que el Ministerio Público no lo estaba, encaminaba

un posible argumento a esos efectos. Luego, la Defensa reiteró

que estaba lista para celebrar la vista preliminar, tras

indicar que estaba conteste con que no había una orden de

paralización. En otras palabras, reconoció que, como los

procedimientos no se habían paralizado, el Tribunal de Primera

Instancia tenía facultad para celebrar la vista. Siendo ello

así, estaba lista para celebrar la vista, en contraposición

al Ministerio Público, que no lo estaba. Cabe añadir que, a

pesar de que la Defensa mencionó expresamente el recurso de

certiorari pendiente ante el Tribunal de Apelaciones, nunca

indicó que desistía o desistiría de él al no haberse paralizado

los procedimientos o porque la vista preliminar se celebraría

el día siguiente. Por consiguiente, si se toma en

consideración el contexto en que se dieron las expresiones de

la Defensa sobre que estaba preparada para la vista, se puede

concluir que estas no constituyeron una renuncia al derecho a

juicio rápido por consentimiento expreso a un señalamiento

para luego de transcurrido el término aplicable.

Ante todo lo expuesto previamente, se impone la

conclusión de que la señora Espinet García no renunció a su

planteamiento sobre violación al derecho a juicio rápido, lo

que hubiese tenido el efecto de tornar académica la

controversia ante el Tribunal de Apelaciones. De igual forma, CC-2021-0392 21

la celebración de la vista preliminar, en sí, tampoco tornó

académica la controversia. En cambio, el Tribunal de

Apelaciones se pronunció sobre una controversia viva y real,

con efecto jurídico sobre las partes, según lo resolvió ese

foro en la Resolución que emitió el 12 de mayo de 2021. Cabe

aclarar que los trámites que se llevaron a cabo en el foro

primario antes de que el foro apelativo intermedio expidiera

el recurso de certiorari y emitiera su dictamen se hicieron

con jurisdicción. Sin embargo, ante la revocación por el

tribunal apelativo intermedio del dictamen que dio paso a la

continuación de los procedimientos -la denegatoria de la

moción de desestimación- todo lo que ocurrió con posterioridad

a ello -que sea incompatible con determinación del foro

revisor- pierde efecto jurídico. En otras palabras, la

revocación del dictamen del foro primario tornó inoficiosos

los procesos que se llevaron a cabo a base de la determinación

que el foro revisor revocó posteriormente.

Por eso, contrario a lo que se postula en el Voto

particular disidente, una vez devuelto el mandato al Tribunal

de Primera Instancia, ese foro no tendrá más opción que

proceder en conformidad con lo que dictaminó el Tribunal de

Apelaciones. Aunque tenía jurisdicción para celebrar la vista

preliminar de 20 de enero de 2021, su determinación de no

causa para acusar quedó sin efecto al revocarse el dictamen

que sirvió de base para celebrar la vista. La sentencia del

foro apelativo intermedio, tribunal de mayor jerarquía que el CC-2021-0392 22

Tribunal de Primera Instancia, prevalece sobre cualquier

dictamen del foro primario que sea incompatible.

Para recapitular, resultaba improcedente dejar sin efecto

la Sentencia del Tribunal de Apelaciones bajo el fundamento

de academicidad. En cambio, en vista de que el Pueblo de Puerto

Rico se limitó a argumentar que el dictamen recurrido es

académico, sin cuestionar sus méritos2, no había razones que

justificaran nuestra intervención.

Maite D. Oronoz Rodríguez Jueza Presidenta

2 Entiéndase, la determinación del Tribunal de Apelaciones de que hubo una violación al derecho a juicio rápido. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Voto particular disidente emitido por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo al cual se une el Juez Asociado señor Rivera García.

Este Tribunal ha dejado pasar la oportunidad

de revisitar la doctrina de la renuncia al derecho a

juicio rápido vigente en nuestra jurisdicción.

Además, de aclarar el efecto de la celebración de la

vista preliminar con la anuencia del abogado de

defensa de la imputada de delito, a pesar de la

pendencia de un certiorari no expedido cuyo reclamo

era precisamente la violación a tal derecho por no

haberse celebrado la vista en el término. Considero

que este caso debió ser expedido para analizar las

consecuencias de la presentación de un recurso sin

que la parte promovente hubiese solicitado la CC-2021-0392 2

paralización de los procedimientos en el Tribunal de Primera

Instancia ni que el Tribunal de Apelaciones la hubiese

ordenado motu proprio para hacer efectiva su jurisdicción

el día que resolviera en sus méritos el certiorari sobre la

presunta violación al término de sesenta días dispuesto

estatutariamente para la celebración de la vista

preliminar.

Por ser del criterio de que la determinación

recurrida fue emitida sin jurisdicción por academicidad,

ante la anuencia de la imputada a la celebración de la vista

preliminar fuera de término, y también por ser contraria a

derecho porque la fecha señalada para la celebración de la

vista preliminar que llevó al reclamo de la presunta

violación al derecho a juicio rápido fue sugerida

previamente por el abogado de la defensa, me veo precisado

a emitir este voto particular disidente.

El 19 de julio de 2017 el Ministerio Público presentó

una denuncia en contra de Lissy A. Espinet García por

maltrato a personas de edad avanzada, delito estatuido en

el artículo 127-A del Código Penal de Puerto Rico de

2012.3 En la vista al amparo de la Regla 6 de Procedimiento

Criminal,4 el Tribunal de Primera Instancia determinó no

causa probable para arresto a base de la denuncia.

3 CÓD. PEN. PR art. 127-A, 33 LPRA § 5186a.

4 R.P. CRIM. 6, 34 LPRA Ap. II. CC-2021-0392 3

Inconforme, el Ministerio Público solicitó una vista

de causa probable en alzada. Al no localizar a la

investigada, el 2 de febrero de 2018 presentó la denuncia

en ausencia. En esta ocasión, el tribunal de instancia

determinó causa probable, ordenó el arresto de la imputada

de delito e impuso una fianza de $25,000. Sin embargo, la

orden de arresto no pudo ser diligenciada hasta el 13 de

diciembre de 2019. En ese momento, la imputada fue llevada

ante el magistrado y, con la intervención de una compañía

privada, prestó la fianza impuesta para ser puesta en

libertad con supervisión electrónica y determinadas

condiciones restrictivas.

El primer señalamiento para la vista preliminar fue

el 30 de diciembre de 2019, pero como el Ministerio Público

no estaba preparado hubo un reseñalamiento para el 23 de

enero de 2020. Llegado el día, la defensa alegó no estar

preparada para atender el caso y hubo otro señalamiento

para el 24 de febrero de 2020. En este segundo

reseñalamiento, la defensa también adujo que no estaba

preparada. El tercer reseñalamiento fue para el 26 de marzo de

2020, no obstante, el cierre gubernamental motivado por la pandemia

del COVID-19 impidió la celebración de la vista preliminar pendiente.

Reanudadas las labores con las medidas de prevención

contra el COVID-19, el 21 de agosto de 2020 el Tribunal

de Primera Instancia motu proprio emitió una orden

para dejar sin efecto el señalamiento de 26 de marzo CC-2021-0392 4

de 2020 y celebrar una vista de estado de los

procedimientos el 16 de septiembre de 2020. Esta

determinación fue notificada el 9 de septiembre de 2020.5

No obstante, mediante urgente moción de 26 de agosto de

2020, el Ministerio Público solicitó, sin éxito, que la

vista preliminar fuere señalada para una fecha previa al 15

de septiembre de 2020.6

El día de la vista por videoconferencia, y

específicamente el 16 de septiembre de 2020, por un retraso

en el calendario judicial, la defensa se excusó con el

Tribunal porque presuntamente vencería el tiempo que tenía

la imputada para estar fuera de su hogar. Tras sugerir tres

fechas posteriores, la vista fue señalada para el 2 de

octubre de 2020. Sobre lo sucedido en esta fecha, el abogado

de la defensa explicó:

8. Como el Tribunal de Primera Instancia nos dejó esperando dos horas y media en el lobby virtual sin atendernos el 16 de septiembre de 2020, a la 10:00 am y mi cliente se quedaría en mi oficina luego de vencerse la hora asignada por el sistema de grillete, se lo informamos virtualmente al Tribunal y se nos respondió por escrito que sugiriésemos tres (3) fechas alternas, cosa que hicimos. Se señaló para el 2 de octubre de 2020.7

No obstante, el 28 de septiembre de 2020 la imputada

de delito solicitó la desestimación de la acción

penal en su contra al amparo de la Regla 64(n)(6) de

5 Apéndice del recurso, págs. 94-95.

6 Íd., pág. 141.

7 Íd., pág. 100. CC-2021-0392 5

Procedimiento Criminal, es decir, por no haberse celebrado

la vista preliminar dentro de sesenta días.8 Esto fueran

los días contados a partir del 24 de febrero de 2020 o desde

el 15 de julio de 2020, fecha hasta la que este Tribunal

extendió los términos vencidos durante el cierre

gubernamental por la pandemia.

Recordemos que mediante la Resolución EM-2020-12,

emitida el 22 de mayo de 2020, expresamos que “cualquier

término que venza durante las fechas de 16 de marzo de

2020 hasta el 14 de julio de 2020, se extenderá hasta el

miércoles, 15 de julio de 2020. Esta determinación aplica

a cualquier plazo instruido por orden judicial que venza

entre estas fechas”.9

Ante la solicitud, el 2 de octubre de 2020 el Tribunal

de Primera Instancia escuchó los argumentos de las partes,

denegó la desestimación de la acción penal y señaló la vista

preliminar pendiente para el 26 de octubre de 2020.

Posteriormente, y en específico el 12 de octubre de 2020,

la defensa de la imputada solicitó la reconsideración o que

la determinación fuera notificada por escrito para recurrir

de la denegatoria ante el Tribunal de Apelaciones.

Según peticionado, el 23 de octubre de 2020 el

Tribunal de Primera Instancia emitió la correspondiente

Resolución, la cual fue notificada el 6 de noviembre

8 34 LPRA Ap. II, R 64(n).

9 In re Med. Jud. por COVID-19 VIII, 204 DPR 317, 319 (2020). CC-2021-0392 6

de 2020. Como mencioné, en este dictamen el tribunal

primario denegó la solicitud de desestimación, dado que por

motivo de la pandemia los términos que vencieran durante el

cierre fueron extendidos hasta el 15 de julio de 2020.

Entendió el juzgador, en esencia, que el perjuicio alegado

por la imputada de delito no fue específico dado que la

población tuvo que estar en confinamiento y que cualquier

demora por la reducción operacional de los tribunales no

fue intencional ni opresiva, estaba debidamente justificada

en la emergencia de salud pública. Además, la demora en

celebrar la vista preliminar contó con el consentimiento

expreso de la defensa de la imputada hasta el 28 de

septiembre de 2020, fecha en la que invocó por primera vez

la presunta violación al derecho a juicio rápido.

Según anunciado, la defensa de la imputada de delito

recurrió ante el Tribunal de Apelaciones mediante

certiorari presentado el 25 de noviembre de 2020. Sin

embargo, el recurso no incluyó una solicitud de auxilio de

jurisdicción para paralizar los procedimientos pendientes

ante el tribunal primario como tampoco lo hizo el tribunal

apelativo a iniciativa propia. Evaluado el recurso, por

Resolución notificada el 15 de diciembre de 2020, el

Tribunal de Apelaciones concedió diez días a la Oficina del

Procurador General para expresar su posición, lo cual

cumplió luego de una prórroga el 19 de enero de 2021. CC-2021-0392 7

Entre tanto, el Tribunal de Primera Instancia pautó

la vista preliminar para el 19 y 20 de enero de 2021.

Considero importante pormenorizar lo sucedido el primer día

señalado, según surge de la regrabación de los

procedimientos. El 19 de enero de 2021, el juez llamó el

caso para ver la vista preliminar señalada para ese día y

el siguiente. Mencionó que surgía de los autos que existía

un recurso pendiente ante el Tribunal de Apelaciones, lo

que había causado confusión en el Ministerio Público. No

obstante, el juez explicó que la situación de derecho y

procesal era clara en cuanto a que tenía facultad para

atender el caso en tanto y en cuanto no se expidiera una

orden de paralización. Así, el tribunal primario acogió la

solicitud del Ministerio Público de ver la vista el

siguiente día porque no estaba preparado.10

Luego de que el juez dispuso de la referida solicitud,

la defensa pidió un turno para expresar su posición.

Manifestó que estaba lista para comenzar la vista ese día

o el siguiente, que eran los dos días ordenados por el

Tribunal para su celebración. 11 Con relación al

recurso de apelaciones presentado, la defensa

expresó: “estamos conteste que no hay una moción en

10Apéndice del recurso, pág. 142 (ver minutos 2:45 a 3:24 del CD de regrabación de los procedimientos).

11 Íd. (ver minutos 4:35 a 4:48). CC-2021-0392 8

auxilio, el caso no se ha paralizado y nosotros estamos

listos para ver esta vista hoy y mañana”.12

Así, el 20 de enero de 2021 el Tribunal de Primera

Instancia celebró la vista preliminar y el juzgador no

encontró causa probable para acusar y enjuiciar a la

imputada por el delito de maltrato a personas de edad

avanzada. Ese día, el Ministerio Público solicitó el

señalamiento de una vista preliminar en alzada, la cual fue

pautada para el 1 de febrero de 2021, tras haber consultado

con las partes las fechas hábiles para celebrarla. No surge

del expediente ante nuestra consideración lo que sucedió en

esta fecha.

Sin embargo, el 26 de febrero de 2021 el Tribunal de

Apelaciones emitió la Sentencia para expedir el recurso

pendiente desde el 25 de noviembre de 2020, revocar al

tribunal primario y desestimar la denuncia instada por el

Ministerio Público en contra de la señora Espinet García

por violación al término dispuesto en la Regla 64(n)(6) de

Procedimiento Criminal para la celebración de la vista

preliminar. La Sentencia fue notificada el 3 de marzo de

2021.

Ante tal determinación, el 11 de marzo de 2021 la

defensa de la imputada presentó una moción ante el foro

apelativo para solicitar que se ordenara al Tribunal de

Primera Instancia a dar por concluido los procedimientos

12 Íd. (ver minutos 4:48 a 5:02)(énfasis suplido). CC-2021-0392 9

por falta de jurisdicción para celebrar la vista preliminar

en alzada solicitada por el Ministerio Público.

En la Moción, la defensa hizo constar que el 5 de

marzo de 2021 solicitó al tribunal primario que se

abstuviera de continuar con los procedimientos por entender

que la Sentencia de 26 de febrero de 2021 lo había privado

de jurisdicción y que dejara sin efecto el señalamiento

pautado para el 9 de marzo de 2021. Sin embargo, el tribunal

primario celebró una extensa vista de estado de los

procedimientos donde examinó la referida determinación

apelativa y entendió que no incidía en su jurisdicción por

la falta de paralización durante la evaluación del recurso

de certiorari y la celebración de la vista preliminar que

permitía el procedimiento en alzada.

Por otra parte, el 9 de marzo de 2021 el Procurador

General solicitó al Tribunal de Apelaciones la

reconsideración de la determinación, así como la

desestimación del certiorari por académico. El 17 de marzo

de 2021 la defensa presentó su oposición a la solicitud del

Procurador General y el Tribunal de Apelaciones concedió a

este último un plazo para que expresara por qué no debía

acoger la moción de la imputada como una solicitud de

auxilio y paralizar los procedimientos llevados en el

tribunal de instancia respecto a la vista preliminar

en alzada. El Procurador cumplió con la orden y el

Tribunal de Apelaciones emitió una Resolución para CC-2021-0392 10

ordenar a primera instancia a remitir la regrabación de

la vista preliminar celebrada el 20 de enero de 2021.

Mediante una Resolución de 12 de mayo de 2021, el

foro apelativo entendió que luego de expedido el recurso de

certiorari y emitida la Sentencia de 26 de febrero de

2021, y mientras no se hubiese remitido el mandato,

cualquier actuación del tribunal primario era nula y carente

de eficacia jurídica. Por lo tanto, declinó reconsiderar o

desestimar el recurso, según requirió el Procurador

General, por los siguientes fundamentos:

Ahora bien, es menester destacar, además, que, en el recurso de título, la parte peticionaria no solicitó una orden reclamando el auxilio de este foro para paralizar los procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia. No lo hizo al momento de instar su Petición de Certiorari ni después de haber presentado su recurso. Lo cierto es que, sorprende que no lo hiciera. Así también, nos resultan sorprendentes las actuaciones del Pueblo de Puerto Rico de proseguir con los trámites de vista preliminar obviando la controversia que estaba sometida ante nuestra consideración. Y más aún, que ninguna de las partes haya actuado diligentemente alertando a esta Segunda Instancia Judicial que se había celebrado la vista preliminar.

Por tener ante nuestra consideración un recurso debidamente perfeccionado, lo adjudicamos de manera oportuna y emitimos nuestra Sentencia. Consignamos en esta, nuestras consideraciones para concluir que hubo violaciones al debido proceso de ley que ampara a la aquí peticionaria; violaciones que justificaron revocar el dictamen recurrido que denegó la Moción de Desestimación. Por ello, decretamos la desestimación de la denuncia que imputó infracción al Artículo 127 A del Código Penal. Es evidente que, las violaciones al derecho a un juicio rápido, demostradas en el caso, no quedaron subsanadas con la celebración de una vista preliminar el 20 de enero de 2021. No nos persuade el Pueblo de Puerto Rico, en que el evento procesal promovido por ella mientras CC-2021-0392 11

teníamos sometido el recurso, haya convertido en académica la controversia.13

En tanto, el 25 de mayo de 2021 la defensa de la

imputada compareció ante el Tribunal de Apelaciones para

solicitar el auxilio de jurisdicción y sanciones por

desacato por la continuación de los procedimientos ante el

Tribunal de Primera Instancia. En particular, porque, a

pesar de la desestimación ordenada por el apelativo y la

falta de remisión del correspondiente mandato, el Tribunal

señaló una vista preliminar en alzada para el 21 de mayo de

2021, la cual fue convertida en una de estado de los

procedimientos. La referida solicitud fue denegada porque

el foro apelativo entendió que cualquier dictamen ulterior

no podría ser revisado en el recurso resuelto el 26 de

febrero de 2021.14

Inconforme, el pasado 11 de junio de 2021 el

Procurador General compareció ante este Tribunal e imputó

error al tribunal apelativo al negarse a desestimar por

académico el recurso presentado por la defensa o dejar sin

efecto la sentencia emitida sin jurisdicción. En

particular, formuló los siguientes señalamientos de error:

ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL HABER DESESTIMADO UNA DENUNCIA POR VIOLACIÓN A LOS TÉRMINOS DE JUICIO RÁPIDO, POR EL FUNDAMENTO DE NO HABERSE CELEBRADO LA VISTA PRELIMINAR DENTRO DEL TÉRMINO DE SESENTA DÍAS DESDE LA DETERMINACIÓN DE CAUSA PROBABLE EN CONTRA DE LA RECURRIDA, AUN CUANDO LA DEFENSA DE LA RECURRIDA EXPRESÓ EL DÍA DE LA VISTA PRELIMINAR QUE ESTABA PREPARADA PARA ATENDER ESA VISTA, CONSTITUYENDO ESTE HECHO UN ABANDONO AL RECLAMO DE VIOLACIÓN DE TÉRMINOS DE

13 Apéndice del recurso, págs. 7-8.

14 Íd., pág. 133. CC-2021-0392 12

JUICIO RÁPIDO, AUN CUANDO ESTABA PENDIENTE DE ADJUDICACIÓN ANTE EL TRIBUNAL DE APELACIONES UNA CONTROVERSIA SOBRE VIOLACIÓN A LOS TÉRMINOS DE JUICIO RÁPIDO.

ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL NO HABER RECONSIDERADO SU SENTENCIA, AUN CUANDO TUVO ANTE SU CONSIDERACIÓN EL HECHO DE QUE SE CELEBRÓ LA VISTA PRELIMINAR ANTES DE QUE EXPIDIERA EL RECURSO Y DICTARA SU SENTENCIA, DEBIDO A QUE NUNCA SE PARALIZARON LOS PROCEDIMIENTOS ANTE EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, LO QUE TORNÓ LA CONTROVERSIA EN ACADÉMICA.

Este recurso fue acompañado con una Urgente solicitud

de trámite expedito dado que el caso tenía un señalamiento

de vista de estado de los procedimientos el 14 de junio de

2021. Siendo en este caso el interés del Procurador General

que la controversia planteada en la Petición de certiorari

fuera atendida en sus méritos antes del señalamiento de la

vista preliminar en alzada, a fin de disipar la

incertidumbre jurídica creada por los dictámenes

encontrados de los foros inferiores.

A. Derecho a juicio rápido

El derecho constitucional a juicio rápido es activado

desde la determinación de causa probable para arresto o

citación por parte de un magistrado, es decir, desde que una

persona es llamada a responder por la comisión de un delito.15 Ahora

bien, el derecho a juicio rápido no es absoluto ni opera en un vacío.

Por lo tanto, puede ser compatible con cierta tardanza o demora

15Emda. VI, Const. EE.UU., LPRA, Tomo 1, Ed. 2016, pág. 198; Art. II, Sec.11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 354; Pueblo v. García Vega, 186 DPR 592, 607 (2012); Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 141 (2011). CC-2021-0392 13

justificada o puede ser consentida por el acusado o imputado

de delito en el procesamiento criminal.16

Como ha expresado este Tribunal: “La frase juicio

rápido es un concepto constitucional, entre tantos otros,

de contenido determinado en parte y en parte variable o

flexible”.17 El análisis del derecho “tiene que atemperarse

a las realidades y circunstancias de cada caso”.18

Esta protección constitucional ha sido implementada

estatutariamente a través de la Regla 64(n) de Procedimiento

Criminal. En lo pertinente al caso que nos ocupa, esta

disposición establece que la moción para desestimar puede

basarse en que haya habido una demora de más de sesenta

días en la celebración de la vista preliminar, “a no

ser que se demuestre justa causa para la demora o a

menos que la demora para someter el caso a juicio se

deba a la solicitud del acusado o a su

consentimiento”. 19

Sin embargo, los plazos estatuidos en la Regla

64(n) no son fatales y son perfectamente renunciables.20 En

el análisis de la renuncia y la justa causa de alguna

16 García Vega, 186 DPR en la pág. 610.

17Pueblo v. Arcelay Galán, 102 DPR 409 (1974). Veáse, ademas, Pueblo v. Carrión, 159 DPR 633, 640 (2003); Pueblo v. Valdés et al., 155 DPR 781 (2001).

18 Pueblo v. Custodio Colón, 192 PDPR 567, 591(2015).

19 34 LPRA Ap. II, R. 64(n)(6).

20 García Vega, 186 DPR en la pág. 610. CC-2021-0392 14

demora es necesario tener presente que al acus ado no

siempre le interesa un juicio rápido. No puede obviarse

la realidad de que un caso inicialmente fuerte a favor del

Ministerio Público puede debilitarse por el mero transcurso

del tiempo.21 Esto por el “deterioro de la evidencia por la

indisponibilidad de testigos —ausencia, desaparición o

muerte— y pérdida de la memoria sobre hechos esenciales”.22

En Pueblo v. Martínez Vega (1970), resaltó que,

aunque el acusado se opuso a la suspensión de la vista, no

objetó el nuevo señalamiento ni hizo solicitud alguna para

que se adelantara la fecha por exceder los términos a juicio

rápido. Este Tribunal estimó entonces que, a la luz de la

totalidad de las circunstancias, el acusado había

renunciado implícitamente al derecho a la celebración de un

juicio rápido.23

Luego fue resuelto Pueblo v. Delgado Terrón (1971)

donde fue denegada la desestimación porque la defensa aceptó

la fecha del señalamiento fuera del vencimiento del término.

El Tribunal entendió que la aceptación de la fecha

constituyó una renuncia clara y expresa al derecho a

solicitar la desestimación por violación a los términos de

juicio rápido.24

21 Jiménez Román v. Tribunal Superior, 98 DPR 874, 881 (1970).

22 Pueblo v. Rivera Navarro, 113 DPR 642, 646 (1982).

23 Pueblo v. Martínez Vega, 98 DPR 946, 951-52 (1970).

24 Pueblo v. Delgado Terrón. 100 DPR 153, 155-56 (1971). CC-2021-0392 15

En Pueblo v. Arcelay Galán, resuelto el 11 de

septiembre de 1974, este Tribunal revocó expresamente la

doctrina de Martínez Vega (1970). Entonces, pareció ser

categórico al considerar que las renuncias al derecho a

juicio rápido, como las renuncias a otros “derechos

constitucionales fundamentales[,] deben ser expresas y no

presuntas, así como voluntarias y efectuadas con pleno

conocimiento de causa”.25 Resolvió entonces que la no

objeción a la celebración del juicio con posterioridad a la

presentación de una moción de desestimación por vencimiento

de los términos, derrotada previo al señalamiento, no

constituyó una renuncia al planteamiento de violación al

derecho a juicio rápido.

Sin embargo, a pocos meses de tal expresión, y

específicamente el 23 de abril de 1975, este Tribunal

resolvió el caso de Pueblo v. Tribunal Superior donde revocó

la desestimación por la alegada violación a los términos de

juicio rápido. Retomó el concepto del consentimiento del

acusado a la demora porque la defensa fue quien sugirió la

fecha fuera del vencimiento de los términos. Este Tribunal

expresó que “la renuncia a juicio rápido necesariamente no

[debe] tener las salvaguardas exigidas para otras garantías

constitucionales”.26

25 Arcelay Galán, 102 DPR en las págs. 415-416.

26 Pueblo v. Tribunal Superior, 103 DPR 732, 733-734 (1975) (énfasis suplido). CC-2021-0392 16

Además, ante un reclamo de una violación al derecho

a juicio rápido, en Pueblo v. Santi Ortiz (1977) este

Tribunal dio un tratamiento esencialmente negativo a lo

resuelto en Arcelay Galán.27 Resolvió que la falta de

oposición del acusado a un señalamiento para una fecha

posterior al vencimiento del término estatutario constituyó

una renuncia al derecho a un juicio rápido. El razonamiento

expuesto fue que el acusado que desea proteger su derecho

a un juicio rápido tiene la obligación de objetar cualquier

señalamiento para una fecha posterior al término

establecido por ley y proceder luego a presentar una moción

de desestimación.

Según Santi Ortiz, lo expresado en Arcelay Galán fue

en el contexto de que, ante una moción de suspensión por

parte del Ministerio Público, el acusado presentó su

oposición e invocó su derecho a juicio rápido, pero el

juzgador concedió la suspensión. Esto es distinguible al

silencio del acusado a los distintos señalamientos para una

fecha posterior al plazo de 120 días. El silencio no

obedeció a una inadvertencia porque el acusado Santi Ortiz

estaba representado por un abogado. Citamos las expresiones

de este Tribunal en Santi Ortiz sobre la renuncia por

silencio y pasividad:

27El juez presidente Trías Monge disintió de lo resuelto en esta ocasión por la mayoría del Tribunal por considerar que estaba reñido con la norma establecida en Arcelay Galán que, a su vez, había revocado la doctrina de renuncia al juicio rápido de Martínez Vega. Pueblo v. Santi Ortiz, 106 DPR 67, 71 (1977). CC-2021-0392 17

Las circunstancias en el caso que ahora consideramos sugieren poderosamente que el silencio del acusado a los distintos señalamientos, todos para una fecha posterior al plazo de 120 días, no obedeció a una inadvertencia. Por ser esencial para el descargo adecuado de sus funciones, los abogados en la práctica criminal están atentos a los señalamientos, especialmente para invocar los términos que puedan favorecerlos. Al percatarse un abogado de que el nuevo señalamiento viola el plazo de 120 días y permanecer callado para luego invocarlo para beneficio de su cliente habiéndose vencido el plazo, es una estratagema que no debe derrotar el derecho del Estado a que se le celebre juicio al acusado. En el caso de autos, el acusado debidamente representado por abogado, no objetó a tres señalamientos hechos con suficiente anterioridad, todos para fechas posteriores al vencimiento del plazo de 120 días. Su pasividad, en tales circunstancias, es más que una renuncia tácita a ser juzgado en 120 días. Fue voluntaria y efectuada con pleno conocimiento de causa. No se violó, por tanto, su derecho a juicio rápido.28

En Pueblo v. Rivera Tirado (1986) reiteramos que la falta de

objeción oportuna a las suspensiones injustificadas puede constituir,

en unión a otros factores a ser considerados, un impedimento para

invocar exitosamente en apelación la infracción del derecho a un

juicio rápido. Bajo la situación fáctica que presentaba el caso, este

Tribunal estimó que el acusado no estaba ajeno a las suspensiones o

posposiciones decretadas ni que su abogado hubiese accedido a las

demoras sin informárselo. Los autos del caso reflejaron que nunca

presentó alguna objeción u oposición a las suspensiones decretadas y

eso le impedía invocar el planteamiento de violación al derecho a

juicio rápido por primera vez en apelación.29

28 Santi Ortiz, 106 DPR en las págs. 70-71(énfasis suplido).

29 Pueblo v. Rivera Tirado 117 DPR 419, 437-38 (1986). CC-2021-0392 18

De igual modo, en Pueblo v. Rivera Arroyo (1987),

aunque se mencionó lo resuelto en Arcelay Galán, a los

efectos de que por tratarse de un derecho fundamental la

renuncia al derecho a juicio rápido “debe ser expresa y no

presunta, voluntaria y efectuada con pleno conocimiento de

causa”, el Tribunal también validó los pronunciamientos, de

Pueblo v. Reyes Herrans30 y Santi Ortiz. En particular,

reiteró la doctrina de que el acusado renuncia a su derecho

a juicio rápido si no presenta objeción a un señalamiento

de vista para una fecha posterior al vencimiento de los

términos vigentes estatuidos en la Regla 64(n) de

Procedimiento Criminal. De igual forma, reiteró que el

acusado renuncia a su derecho a juicio rápido si no presenta

la moción de desestimación al efecto correspondiente el día

de la vista que deba hacer valer el reclamo.31

Recientemente, este Tribunal ha reiterado que el

derecho a juicio rápido se invoca oportunamente cuando se

hace antes de que venzan los términos y que de no hacerlo

puede entenderse renunciado; así como que, en todo caso,

30En este caso la vista señalada para nuevo juicio fue pospuesta sin sin oposición de la defensa y el Tribunal hizo referencia a lo resuelto por el Tribunal Supremo de California a los efectos de que “[l]a única obligación que la ley impone a un acusado para proteger su derecho a un juicio rápido consiste en presentar objeción cuando su juicio ha sido fijado para una fecha posterior al período establecido por ley y entonces proceder a presentar una moción de desestimación una vez dicho período haya expirado, o simplemente presentar una moción de desestimación si el período establecido por ley expira sin que se haya fijado la fecha del juicio”. Pueblo v. Reyes Herrans, 105 DPR 658, 663 (1977).

31 Pueblo v. Rivera Arroyo, 120 DPR 114, 120 (1987). CC-2021-0392 19

corresponde al acusado probar el perjuicio que le ha

ocasionado la alegada demora o tardanza.

En Pueblo v. Rivera Santiago (2009) recopilamos las

expresiones previas sobre la renuncia al derecho a juicio

rápido. Si bien reconocimos que antes hemos expresado que

la renuncia a un derecho fundamental “debe ser expresa y no

causa. […] De igual forma, [que] el acusado renuncia a su

derecho a juicio rápido si no presenta una moción de

desestimación al efecto correspondiente el día de la vista

en que debe hacer valer su derecho”.32 Con esto, es claro

que la renuncia al derecho a juicio rápido es posible por

omisión, silencio o pasividad ante la celebración de la

vista fuera del término estatutario.

En Rivera Santiago nos referimos con aprobación a lo

resuelto en Tribunal Superior (1975) y Delgado Terrón

(1971), en el sentido de que “no se vulnera el derecho de

un acusado a un juicio rápido cuando se señala la vista del

juicio, con el consentimiento expreso del acusado, fuera del término

de ciento veinte días establecido en la Regla 64(n)(4)”.33 En los

méritos del caso determinamos que no hubo violación al derecho a

juicio rápido porque, aunque la fecha señalada para celebrarse el

juicio excedía lo preceptuado por la Regla 64(n)(4) de Procedimiento

32Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 572-73 (2009) (en referencia a Pueblo v. Cartagena Fuentes, 152 DPR 243, 253 (2000); Pueblo v. Rivera Arroyo, 120 DPR 114, 120 (1987))

33 Rivera Santiago, 176 DPR en la pág. 573. CC-2021-0392 20

Criminal, la defensa consintió a que se celebrara ese día.

Expresamos que “el hecho de que la defensa expresara que

asentía a que el juicio se pautara para el 21 de agosto de

2001, con la condición de que ese fuera el último día de

los términos para la celebración del juicio rápido, es

prueba de la renuncia expresa”.34

Por su parte, en Pueblo v. Custodio Colón (2015)

resolvimos en contra del reclamo del acusado por la presunta

violación al derecho a juicio rápido. Los hechos demostraron

que el acusado no reclamó su derecho a juicio rápido cuando

se anunció la fecha para la continuación de la vista de

conferencia con antelación a juicio y porque al momento de

la desestimación habían transcurrido tan solo cinco días en

exceso del término establecido por la Regla 64(n)(4). En

este contexto fáctico, expresamos lo siguiente:

En torno a la renuncia del acusado a su derecho a juicio rápido, hemos establecido que la misma debe ser expresa y no conjetural o inferida, voluntaria y realizada con pleno conocimiento de las consecuencias de la renuncia. Esto, por tratarse de una renuncia a un derecho consagrado en nuestra Constitución. Sin embargo, "[a] pesar de que los derechos constitucionales no deben entenderse presuntamente renunciados, si se trata de una táctica dilatoria en busca de ventaja para el acusado, la ausencia de objeción oportuna puede constituir una renuncia al derecho”.35

34 Íd., pág. 582 (énfasis suplido).

35 Pueblo v. Custodio Colón, 192 PDPR 567, 582 (2015). CC-2021-0392 21

B. Doctrina de academicidad

Sabemos que, en virtud del principio de

justiciabilidad, los tribunales deben abstenerse de

intervenir cuando la controversia deja de ser real e

inmediata para las partes en litigio o cuando la resolución

deja de tener una consecuencia concreta para quienes han

acudido al tribunal con intereses opuestos. En el desarrollo

jurisprudencial de la doctrina de justiciabilidad, hemos

establecido claramente que “una controversia no se

considera justiciable cuando: ‘(1) se procura resolver una

cuestión política; (2) una de las partes carece de

legitimación activa; (3) hechos posteriores al comienzo del

pleito han tornado la controversia en académica; (4) las

partes están tratando de obtener una opinión consultiva, o

(5) se intenta promover un pleito que no está maduro”.36

La doctrina de academicidad constituye una de las

manifestaciones de la justiciabilidad.37 Entre otras

circunstancias, un caso es académico cuando en sus inicios

la controversia era justiciable, pero “los cambios fácticos

o judiciales acaecidos durante el trámite judicial de una

controversia, tornan en académica o ficticia su solución”.38

36Super Asphalt Pavement, Corp. v. AFI, res. el 30 de marzo de 2021, 2021 TSPR 45, págs. 8-9 (citando a Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59, 68-69 (2017), y otros).

37 Pueblo v. Diaz Alicea, 204 DPR 472, 481 (2020).

38 Íd. CC-2021-0392 22

La doctrina de academicidad requiere que, durante

todas las etapas de un procedimiento adversativo, incluida

la etapa de apelación o revisión, exista una controversia

genuina entre las partes, que ésta se mantenga viva y

presente.39 Así, que en cada etapa se debe evaluar los

eventos anteriores, próximos y futuros, a fines de

determinar si la controversia entre las partes sigue viva

y subsiste tras el transcurso del tiempo que conlleva

cualquier trámite judicial. Cuando un tribunal determine

que un caso es académico, ya sea por cambios en los hechos

o el derecho durante el trámite judicial, su deber es

abstenerse de considerar los méritos de ese caso.40

Esta interesante controversia jurisdiccional comenzó

con la solicitud de desestimación que hizo la defensa de la

imputada de delito el 28 de septiembre de 2020, al

amparo de la Regla 64(n)(6) de Procedimiento Criminal, por

haberse cumplido el término de los sesenta días sin la celebración

de la vista preliminar. La petición de desestimación fue argumentada

por las partes el 2 de octubre de 2020, fecha ofrecida como hábil

por la propia defensa el 16 de septiembre de 2020 previo a

excusarse de los procedimientos. El Tribunal de Primera

39 Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 437 (1994).

40Diaz Alicea, 204 DPR en la pág. 481 (en referencia a Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 981–982 (2011); U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR 253, 279-81 (2010); El Vocero v. Junta de Planificación, 121 DPR 115, 123 (1988); Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR 715, 724 (1980)). CC-2021-0392 23

Instancia emitió la Resolución denegatoria el 23 de octubre

de 2020, por lo que la defensa recurrió ante el Tribunal de

En los méritos de la solicitud de desestimación, los

autos de este caso demuestran que las últimas dos

suspensiones de la vista preliminar, antes del cierre

gubernamental por la pandemia, fueron a solicitud de la

defensa. Hay que recordar que con cada una de estas

suspensiones solicitadas por la defensa comenzó a

transcurrir nuevamente el plazo de los sesenta días para la

celebración de la vista preliminar. Además, la extensión de

los términos decretada por este Tribunal hasta el 15 de

julio de 2020 no fue intencional ni opresiva para la

imputada de delito, más bien hubo justa causa para la demora

en los casos pendientes ante los tribunales por el estado

de emergencia de salud pública. Por último, en la vista

pautada para el 16 de septiembre de 2020 fue la defensa la

que decidió excusarse y sugerir tres fechas alternas para

la vista preliminar, sin hacer algún planteamiento de

violación al derecho a juicio rápido. Así, tenemos que

concluir que la vista pautada para el 2 de octubre de 2020

tenía el consentimiento expreso del abogado de la defensa.

En este cuadro, sorprende que la imputada de delito

traiga por primera vez el planteamiento de violación a los

términos de juicio rápido y solicitara la desestimación de

la acción penal el 28 de septiembre de 2020, cinco días CC-2021-0392 24

antes del señalamiento en la fecha dada por la defensa. Y

así, sorprende también que el Tribunal de Apelaciones

entendiera que en tal escenario hubo violación al derecho

a juicio rápido. El análisis hecho no se ajusta a uno de

nuestros últimos pronunciamientos sobre este tema,

entiéndase la opinión Pueblo v. Custodio Colón.

El análisis de la Sentencia recurrida es uno de tiesa

aritmética, sin considerar el consentimiento dado por el

abogado de la defensa para el señalamiento de 2 de octubre

de 2020, y en este sentido obviar la declaración de éste en

los autos, así como que la imputada no levantó el

planteamiento en una fecha cercana al 15 de julio de 2020

ni previo al 15 de septiembre de 2020 como tampoco una vez

supo del señalamiento para el 16 de septiembre de 2020.

Al contrario, si tomáramos el 15 de julio de 2020

como el reinicio del término para celebrar la vista

preliminar, no fue hasta el 28 de septiembre de 2020 que la

defensa invocó por primera vez la presunta violación al

derecho a juicio rápido, con todo y haber consentido a la

celebración del la vista el 2 de octubre de 2020. Según la

doctrina de la renuncia vigente en nuestra jurisdicción,

expuesta en el segundo acápite de este voto, la omisión al

no traer antes el planteamiento y la pasividad ante los

señalamientos del tribunal primario, incluido el de 2 de

octubre de 2020, equivalen a la renuncia y a la

imposibilidad de solicitar con éxito la desestimación. CC-2021-0392 25

Por otra parte, tal como mencioné, el recurso de

certiorari presentado el 25 de noviembre de 2020 no fue

acompañado con una solicitud de paralización y tampoco el

Tribunal de Apelaciones ejerció su facultad para motu

proprio paralizar los procedimientos. Así, por tener la

facultad para actuar ante la falta de paralización, el 19

de enero de 2021 el Tribunal de Primera Instancia convirtió

la vista pautada en una de estado de los procedimientos.

La regrabación del 19 de enero de 2021 demuestra que

la defensa afirmó, en más de una ocasión, que estaba

preparada para atender la vista preliminar ese día y el

siguiente y, esto luego, de reconocer que el Tribunal de

Apelaciones no había paralizado los procedimientos. En

ningún momento de la vista, la defensa presentó alguna

objeción por violación a los términos de juicio rápido o

advirtió que acudiría al foro apelativo para solicitar la

paralización de la vista preliminar pautada para el

siguiente día porque no renunciaba a la presunta violación

al derecho a juicio rápido, según reclamado en el recurso

de certiorari pendiente ante el tribunal apelativo, los

cuales de por sí no se ajustan al derecho vigente por la

anuencia expresa al señalamiento para el 2 de octubre de

2020.

Así las cosas, no fue hasta el 26 de febrero

de 2021 que el Tribunal de Apelaciones expidió el

certiorari para revocar la denegatori a del tribunal CC-2021-0392 26

primario y ordenar la desestimación de la denuncia por

violación a los términos dispuestos en la Regla 64(n)(6) de

Procedimiento Criminal. En lo pertinente, el 9 de marzo de

2021 el Procurador General solicitó al Tribunal de

Apelaciones que reconsiderara la Sentencia emitida y

desestimara el recurso por académico. Esta solicitud fue

denegada porque entiende el foro apelativo que, una vez

expedido el auto, el tribunal primario perdió jurisdicción

y tendría que esperar a la remisión del mandato para actuar.

Ante la denegatoria, el Procurador General acude ante

este Tribunal por entender, en esencia, que la defensa de

la imputada de delito abandonó el reclamo de violación a

los términos de juicio rápido al dar su anuencia expresa a

la celebración de la vista preliminar los días 19 y 20 de

enero de 2021. Además, que, por haberse celebrado la vista

antes de que se expidiera el recurso y sin la paralización

de los procedimientos, el recurso ante el Tribunal

de Apelaciones se tornó académico y, en

consecuencia, privó al foro de jurisdicción. Tiene

razón.

Ante la falta de paralización reconocida por

el juzgador y las partes, el tribun al de instancia

celebró la vista preliminar el 20 de enero de 2021

con la clara anuencia de la defensa de la imputada al

manifestar que estaba lista para ver la vista. A la luz de

los casos antes reseñados sobre la omisión y pasividad como CC-2021-0392 27

evidencia de la renuncia al derecho a juicio rápido,

si la declaración de la defensa de estar preparada para

atender el señalamiento de la vista preliminar no es una

renuncia clara, expresa, voluntaria y con pleno

conocimiento de las consecuencias de su afirmación, no sé

qué lo sea.

La celebración de la vista el 20 de enero de 2021

privó de jurisdicción al Tribunal de Apelaciones e hizo

ineficaz por académica la Sentencia emitida el 26 de febrero

de 2021. Es decir, la determinación de no causa en la vista

preliminar hizo académica la controversia un mes antes de

la determinación desestimatoria del foro apelativo por

presunta violación a los términos estatutarios,

determinación que tampoco se ajusta a nuestros

pronunciamientos previos sobre la renuncia al derecho a

juicio rápido que es un concepto flexible y relativo, que

no debe tener necesariamente las salvaguardas exigidas para

otras garantías constitucionales —como la renuncia al juicio por

jurado o a la presunción de inocencia para hacer una alegación de

culpabilidad— porque el retraso de los procedimientos suele ser

beneficiosa para el acusado. Ante el hecho de haberse celebrado la

vista preliminar, con la anuencia de la imputada tras declararse

preparada, el tribunal apelativo debió dejar sin efecto la Sentencia

emitida y desestimar el recurso presentado por academicidad.

La doctrina jurisprudencial ha sido clara a los

efectos de que la renuncia a un planteamiento de violación CC-2021-0392 28

a los términos puede darse si la defensa no presenta

objeción a un señalamiento de vista para una fecha posterior

al vencimiento del término en cuestión. Siendo esto así,

cuánto más constituiría una renuncia si los hechos

indubitados son que la vista preliminar fue celebrada con

la previa afirmación expresa de la defensa de que estaba

preparada para atenderla y el reconocimiento de la falta de

paralización de los procedimientos por parte del tribunal

apelativo. Los actos procesales de la defensa fueron los

que hicieron académico su planteamiento de violación a los

términos de juicio rápido, que de por sí no se ajustan al

derecho vigente.

El Procurador tiene razón al señalar que en este caso

existen dos dictámenes desestimatorios encontrados, cuyos

efectos son claramente diferenciables. El efecto adverso de

la determinación tomada por el Tribunal de Apelaciones

respecto al Ministerio Público ameritaba nuestra pronta

intervención. No olvidemos que una desestimación por

violación a los términos para la vista preliminar tiene el

efecto de que Ministerio Público deberá comenzar en la etapa

de la llamada Regla 6. En tanto, la determinación de no

causa que hizo el tribunal primario en los méritos, le

permite solicitar una vista preliminar en alzada en caso de

que el Ministerio Público desee continuar con el

encausamiento de la persona imputada de delito. CC-2021-0392 29

Si bien el Tribunal de Apelaciones estaba sorprendido

de que la defensa no hubiese solicitado la paralización ni

al momento de presentar el recurso ni después, a este

servidor le sorprende que tampoco el Tribunal de

Apelaciones, ante la presuntamente evidente violación a los

términos de juicio rápido, motu proprio no paralizó los

procedimientos primarios, según lo permite la Regla 79 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La razón primaria

de emitir órdenes en auxilio de jurisdicción es hacer

efectiva la jurisdicción en cualquier asunto pendiente ante

el Tribunal y “podrán expedirse a solicitud de parte y,

también, por iniciativa del propio Tribunal de

Apelaciones”.41

En este caso, y por sus propios dichos, el Tribunal

de Apelaciones debió también asegurarse de tomar las medidas

cautelares que hicieran efectiva su jurisdicción el día que

emitiera una determinación en los méritos. Tenía entonces

la alternativa de emitir una orden en auxilio o expedir el

certiorari, dado que el propio Reglamento del Tribunal

dispone que la mera presentación de una solicitud de

certiorari no suspenderá los procedimientos ante el

Tribunal de Primera Instancia, salvo una orden en contrario

expedida por iniciativa propia o a solicitud de parte por

el Tribunal de Apelaciones.42

41 REG. DEL TA, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 79 (2012).

42 Íd., R. 35. CC-2021-0392 30

Por último, de acoger el análisis del Tribunal de

Apelaciones expresado en la Resolución de 12 de mayo de

2021, me parece que con la remisión del mandato nada impide

que el foro de instancia continúe con la celebración de la

vista preliminar en alzada, con el consecuente comienzo del

término de sesenta días para completarla. Esto porque cuando

el Tribunal de Primera Instancia emitió su dictamen

desestimatorio en los méritos, que permite la vista en

alzada, lo hizo con jurisdicción.

IV.

Por lo anterior, declararía “Ha Lugar” la solicitud

de trámite expedito y expediría la Petición de certiorari

presentada por el Procurador General para revocar al

Tribunal de Apelaciones.

Erick V. Kolthoff Caraballo Juez Asociado eaj