Díaz Rivera v. Secretario De Hacienda

2006 TSPR 85

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: May 18, 2006
• Docket: CC-2004-0435
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Blas D. Díaz Rivera

Peticionario Apelación vs. 2006 TSPR 85 Secretario de Hacienda 168 DPR ____ Recurrido

Número del Caso: CC-2004-435

Fecha: 18 de mayo de 2006

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan-Panel I

Juez Ponente:

Hon. Carlos Rivera Martínez

Oficina del Procurador General:

Lcda. Wanda I. Simons García Procuradora General Auxiliar

Lcda. Doraliz E. Ortiz De León Procuradora General Auxiliar

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Carlos E. Díaz Olivo

Materia: Reintegro

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Peticionario

vs. CC-2004-435 CERTIORARI

Secretario de Hacienda

Recurrido

OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2006

A finales del mes de junio de 1998, Blas D.

Díaz Rivera decidió retirarse del servicio

público activo, por lo cual solicitó la

liquidación de sus haberes y de los beneficios

correspondientes por los servicios prestados. En

virtud de lo anterior, el Senado del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico le envió al Departamento

de Hacienda, en adelante Hacienda, una nómina

especial para el pago de $2,400 por concepto de

la liquidación de las vacaciones de Díaz Rivera.

El 30 de junio de 1998, Hacienda recibió la

referida nómina especial. Así las cosas --y

amparándose en lo dispuesto en el Artículo 9(j)

de la Ley Núm. 230 del 23 de julio de 1974,

conocida como la Ley de Contabilidad del Gobierno CC-2004-435 2

de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. § 283h(j), la cual impide

desembolsar fondos públicos a quien tenga deudas con el

erario-- Hacienda retuvo la aludida suma para el pago de

unas contribuciones adeudadas por Díaz Rivera

pertenecientes al año 1982.

Inconforme con tal retención, el 14 de octubre de

1998 Díaz Rivera le envió una carta a la entonces

Secretaria de Hacienda, Xenia Vélez Silva impugnando el

aludido crédito. Indicó que se había aplicado

indebidamente el balance de la liquidación de sus

vacaciones a una deuda prescrita de contribuciones sobre

ingreso de 1982. Posteriormente, el 26 de octubre de 1998,

la entonces Subdirectora del Negociado de Recaudaciones,

Sra. Ivette Lebrón Agostini, mediante comunicación

escrita, formalmente le notificó a Díaz Rivera que había

acreditado la suma retenida a una deuda de $8,309.15 por

concepto de contribuciones sobre ingresos y, a su vez, le

indicó la razón por la cual procedía el crédito a favor de

la Secretaria de Hacienda; le explicó que aun cuando en

efecto no podía cobrarse la deuda por métodos ordinarios

de cobro debido a que estaba prescrita, ello no le impedía

a la Secretaria de Hacienda acreditar a la deuda la

liquidación de sus vacaciones debido a que el Artículo

9(j) de la Ley de Contabilidad de Puerto Rico, ante, le

impedía desembolsar fondos del Estado a quien tuviera

deudas con el erario. Asimismo, le apercibió que, de no

estar de acuerdo con la decisión, tenía derecho a CC-2004-435 3

solicitar revisión, presentando una querella ante la

Secretaría de Procedimiento Adjudicativo de dicha agencia.1

El 2 de noviembre de 1998 Díaz Rivera le envió una

segunda misiva a Vélez Silva, esta vez solicitando la

celebración de una vista administrativa para la revisión

de la aludida determinación; argumentó que el descuento

realizado respondía a una deuda contributiva de más de

quince años sobre la cual nunca se había recibido

notificación o gestión de cobro alguna. En vista de ello,

indicó que, conforme la Sección 6006 del Código de Rentas

Internas de 1994, 13 L.P.R.A. § 8026, la referida deuda

estaba prescrita. A su vez, señaló que--según los

principios y normas sobre prescripción dispuestas en el

Código Civil de Puerto Rico, así como lo resuelto en

Carazo v. Secretario de Hacienda, 118 D.P.R. 306 (1987)--

el descuento efectuado era improcedente.

La aludida solicitud fue acogida como una querella y

referida a la Secretaría de Procedimiento Adjudicativo,

quien ordenó al Negociado de Recaudaciones que contestara

la misma. En cumplimiento con lo ordenado, el 25 de

febrero de 1999 el Negociado de Recaudaciones contestó la

querella reafirmándose en lo expresado en la misiva del 26

de octubre de 1998. Así las cosas, la Secretaría de

1 Específicamente, en la referida misiva se hizo constar que al 30 de junio de 1998 surgía de los récords que Díaz Rivera adeudada la antes mencionada cantidad de $8,309.15 por concepto de contribuciones sobre ingresos. De este modo, se indicó que se había acompañado con la misiva una certificación de deuda. CC-2004-435 4

Procedimiento Adjudicativo notificó a Díaz Rivera la

celebración de una vista administrativa a ser celebrada el

5 de mayo de 1999.

Mientras transcurría el antes mencionado

procedimiento, el 8 de febrero de 1999 entró en vigor la

Ley Núm. 209 de 9 de agosto de 1998, 3 L.P.R.A. § 283(a),

en adelante Ley Núm. 209, la cual enmendó el Código de

Rentas Internas de 1994, a los fines de proveer que no

empece lo establecido en la Ley de Contabilidad del

Gobierno, el Estado estaba impedido de cobrar deudas

contributivas luego de transcurridos diez (10) años desde

su tasación. La referida pieza legislativa dispuso,

además, que transcurrido este término Hacienda tenía que

eliminar las aludidas deudas de sus récords.

En virtud de lo anterior, durante la vista

administrativa, Díaz Rivera argumentó no sólo que su

alegada deuda contributiva estaba prescrita, sino, además,

que tenía derecho al beneficio provisto por la Ley Núm.

209.2 En virtud de lo anterior, el 9 de junio de 1999 el

2 Durante la referida vista Díaz Rivera alegó, además, que la retención o confiscación que Hacienda intentaba efectuar sobre su compensación equivalía a un embargo de salarios del contribuyente, acción que estaba sujeta a ciertas salvaguardas de naturaleza sustantiva y procesal que no habían sido observadas. Asimismo, señaló que los principios fundamentales de trato justo y razonabilidad esbozados en la protección constitucional del debido proceso de ley, imposibilitaban a Hacienda a cobrar una deuda en donde se pretendía que le aplicaran al contribuyente las normas de prescripción impidiéndole presentar prueba para derrotar la existencia de la deuda contributiva que se le imputaba y el monto de su importe, mientras sin embargo, Hacienda intentaba esquivar la (Continúa . . .) CC-2004-435 5

Oficial Examinador que presidía la vista ordenó a las

partes a que se expresaran por escrito en cuanto a la

aplicación de la Ley Núm. 209 a los hechos del presente

caso.

Luego de que ambas partes expusieran sus respectivas

posiciones al respecto, el 1 de diciembre de 2000,

mediante resolución a esos efectos, la Secretaría de

Procedimiento Adjudicativo denegó la solicitud de

reintegro presentada por Díaz Rivera. Específicamente,

resolvió que el Artículo 9(j) de la Ley de Contabilidad

del Gobierno, impedía a Hacienda efectuar desembolso

alguno a favor de un contribuyente que tuviese una deuda

contributiva con el erario. Con respecto a la Ley Núm. 209

determinó que, aun cuando en efecto establecía que el

Secretario de Hacienda tenía que eliminar toda deuda de

los récords si tenía diez (10) años o más de tasadas, ésta

no era aplicable a los hechos del presente caso debido a

que no tenía efecto retroactivo. A esos efectos, señaló

que conforme al Artículo 3 de la referida Ley, ésta

entraría en vigor a los 180 días de su aprobación. En

vista de ello, indicó que, habiéndose aprobado el 9 de

agosto de 1998, la Ley Núm. 209 entró en vigor el 8 de

febrero de 1999.

_________________________ aplicación y limitaciones que los principios de prescripción le imponen, invocando, en abierta violación de ley, mecanismos alternos cuyo efecto final era crear un procedimiento administrativo desigual e injusto. CC-2004-435 6

Conforme a lo anterior, se indicó que la retención

del salario de Díaz Rivera ocurrió el 26 de octubre de

1998 cuando todavía no había entrado en vigor la aludida

pieza legislativa, por lo cual al momento de efectuarse el

descuento se había actuado conforme al derecho vigente. En

vista de ello --y apoyándose en lo resuelto en Pagán v.

Tribunal de Contribuciones, 73 D.P.R. 654 (1952) y

confirmado en Carazo v. Secretario de Hacienda, ante--

concluyó que al momento de la retención el Secretario de

Hacienda estaba facultado para cobrar mediante métodos

alternos toda deuda vencida aunque estuviera prescrita

para el cobro por la vía de apremio.

Cónsono con lo anterior, se determinó que el Artículo

2 de la Ley Núm. 209 establecía que los descuentos de

sueldo y los planes de pago vigentes mantendrían todo su

vigor aún después de la aprobación de la Ley. A su

entender el propósito de esta disposición era evitar

reclamos de casos ya adjudicados en descuentos de sueldos

o en planes de pagos para que éstos no fueran reabiertos

sobre la base del nuevo estado de derecho.

Insatisfecho con tal determinación, y luego de

presentar una moción de reconsideración ante Hacienda, el

28 de diciembre de 2000 Díaz Rivera presentó ante el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan,

una demanda contra Hacienda. En la misma solicitó --por

los fundamentos esbozados ante Hacienda-- que se declarara

que la retención y embargo efectuado por dicha Agencia CC-2004-435 7

había sido contrario a derecho y que, por tanto, se le

ordenara a Hacienda realizar el reintegro de la suma

retenida, más los intereses correspondientes y costas.

Asimismo, argumentó que en el procedimiento administrativo

llevado a cabo por Hacienda, se le había violentado el

debido proceso de ley toda vez que para emitir su

determinación había tomado en consideración documentos

externos al expediente del caso; alegó, además, que se le

había privado su oportunidad de ser oído debido a que

Hacienda únicamente había resuelto el planteamiento de la

aplicación de la Ley Núm. 209 al caso obviando sus otros

argumentos jurídicos.3 Finalmente, señaló que la resolución

había menoscabado su derecho a revisión judicial debido a

que se le había notificado incorrectamente que podía

solicitar la revisión de la determinación ante el Tribunal

de Apelaciones. El 3 de septiembre de 2002, Díaz Rivera

enmendó su demanda a los fines de incluir una acción de

daños y perjuicios por las alegadas violaciones al debido

proceso de ley incurridas por Hacienda en la tramitación

del caso.

3 Específicamente, argumentó que en la resolución se indicó que “[p]ara efectos de clarificar los hechos de este caso, el Negociado de Recaudaciones reforzó su posición como Negociado a base de un Memorando Legal Número N-4 de 29 de septiembre de 1999; aclaró la cantidad de la liquidación de vacaciones por “Moción Informativa” de 14 de octubre de 1999; se agotaron mecanismos informales de adjudicación y la parte demandante reaccionó con una solicitud de adjudicación el 20 de septiembre de 2000.” Díaz Rivera alegó que nunca recibió las aludidas mociones y que su solicitud de adjudicación no fue en reacción a las mismas sino para solicitar la disposición final del caso ante la inacción de Hacienda. CC-2004-435 8

El 24 de enero de 2003, sin haber contestado la

demanda enmendada4, Hacienda presentó ante el foro primario

una moción solicitando se dictara sentencia sumaria a su

favor. En la misma alegó, en síntesis, que la controversia

planteada en el caso consistía en determinar si debía

aplicar la Ley Núm. 209 o el estatuto vigente a la fecha

en que se efectuó la retención del pago por deudas

contributivas vencidas. Específicamente, argumentó que

como la Ley Núm. 209 entró en vigor el 8 de febrero de

1999 y las retenciones efectuadas en junio y octubre de

1998, el Negociado de Recaudaciones venía obligado al

cobro de la deuda conforme a los descuentos de sueldos y

planes de pago efectuados antes de esa fecha, siendo el

cobro hecho conforme a derecho y de carácter definitivo.

Cónsono con ello adujo que no procedía el reintegro debido

que la alegada deuda de Díaz Rivera ya había sido borrada

de los libros de Hacienda antes de la fecha en que la Ley

Núm. 209 entró en vigor.

Indicó, además, que el Secretario de Hacienda tenía

facultad en ley para propulsar y aprobar, mediante

reglamentación correspondiente, el modo y la manera en que

se realizarían los cobros de las deudas prescritas que

eran objeto de descuentos de sueldos y planes de pago ante

la vigencia de la Ley Núm. 209, una ley de carácter

prospectivo. Asimismo, señaló que aplicar la nueva norma

4 Aun cuando Hacienda no contestó la demanda enmendada sí había contestado la demanda original. CC-2004-435 9

del Código de Rentas Internas retroactivamente,

conllevaría una proliferación de casos y reclamaciones

contra el Estado y tendría un efecto perjudicial

sustancial sobre las Rentas Netas del Fondo General.

Finalmente, arguyó que procedía la desestimación de

la reclamación de daños y perjuicios presentada por Díaz

Rivera toda vez que el estado no había renunciado a su

inmunidad del soberano a esos efectos. Argumentó que la

Ley de Pleitos contra el Estado, Ley Núm. 104 de 29 de

junio de 1955, 32 L.P.R.A. § 3077, expresamente prohibía

la radicación de una de acción de daños por razón de la

imposición y cobro de contribuciones sobre ingresos. A su

vez, indicó que aun si existiera una causa de acción bajo

la Ley de Pleitos contra del Estado, no procedía la

reclamación toda vez Díaz Rivera había incumplido con el

requisito de notificación al Estado dentro del término de

90 días establecido en la Ley de Pleitos contra el Estado.

Finalmente alegó que las alegaciones de violación de los

derechos civiles al contribuyente estaban prescritas.

Llamado el caso para la conferencia sobre el estado

de los procedimientos el 19 de febrero de 2003, ninguna de

las partes compareció a sala. El foro primario, en corte

abierta --y haciendo constar que había examinado

detenidamente los planteamientos de Hacienda-- declaró con

lugar la moción de sentencia sumaria presentada por

Hacienda y adelantó que habría de emitir sentencia a

través de su despacho declarando que, como cuestión de CC-2004-435 10

derecho, no podía aplicarse retroactivamente la Ley Núm.

209, ante, y que tampoco procedía la acción en daños y

perjuicios presentada por Díaz Rivera toda vez que no se

reconocía una causa de acción por razón de cobro o

imposición de contribuciones. Manifestó, además, que “al

día de hoy la parte demandante promovida no ha presentado

oposición a la moción presentada de sentencia sumaria”.

Todo lo anterior se hizo constar en la minuta de este día,

la cual fue enviada a ambas partes el 17 de marzo de 2003.

En el entretanto, y antes de que se notificara la

referida minuta, el 14 de marzo de 2003 Díaz Rivera

presentó su oposición a la moción de sentencia sumaria

presentada por Hacienda, solicitando, asimismo, que se

dictara sentencia a su favor. En la misma nuevamente alegó

que la deuda que intentaba cobrar Hacienda estaba

prescrita y que no existían métodos alternos,

jurídicamente viables, para cobrar la aludida deuda. A

esos efectos, argumentó que en Pagán v. Tribunal de

Contribuciones, ante, se resolvió que el Artículo 124 del

Código Político establecía un mecanismo alterno que

permitía al gobierno cobrar deudas contributivas

prescritas mediante el embargo o retención de salarios y

otras compensaciones a los empleados de gobierno. Alegó

que al derogarse el Artículo 124 del Código Político se

aprobó una nueva disposición, el Artículo 9 (j) de la Ley

de Contabilidad el cual, a su entender, era parecido pero

no igual a la derogada disposición. Conforme a lo CC-2004-435 11

anterior, señaló que no existía en nuestro ordenamiento

jurídico una disposición que estableciera un mecanismo

alterno que le permitiera al gobierno cobrar deudas

contributivas prescritas, mediante la confiscación de

créditos a sus empleados por razón de servicios prestados

al Estado. Siendo esto así, adujo que la retención

efectuada por Hacienda fue un acto ilegal y por ello

procedía el reintegro solicitado.

Con respecto a la aplicación de Ley Núm. 209

argumentó que cuando Hacienda actúa contra un

contribuyente, la retención y embargo que efectúa no puede

ser un acto final de cobro de la supuesta deuda debido a

que, precisamente, la legalidad de tal acción es lo que

está bajo impugnación en el proceso administrativo. Así

pues, indicó que era equivocada la alegación de Hacienda

de que no le aplicaba el beneficio de la Ley Núm. 209

porque su deuda, en virtud de la retención, ya había sido

eliminada de los récords de Hacienda por lo cual no

existía al momento de entrar en vigor la ley.

De otra parte, indicó que no procedía que se dictara

sentencia sumaria a favor de Hacienda toda vez que la

moción que dicha Agencia radicara se circunscribió al

argumento relativo a la Ley Núm. 209. Aun cuando fuera

correcto lo alegado con respecto a ese punto por Hacienda

al no haber considerado los restantes argumentos jurídicos

del demandante, el demandado como promovente de la moción

de sentencia sumaria no había establecido, tal y como CC-2004-435 12

requiere nuestro ordenamiento, que “la otra parte no tiene

derecho a recobrar bajo cualquier circunstancia que

resulte discernible de las alegaciones”.

Luego de varios trámites e incidentes procesales, el

7 de abril de 2003 el foro primario finalmente emitió

sentencia sumaria acogiendo todos los argumentos

esgrimidos por Hacienda. De este modo, desestimó la

demanda y todas las causas de acción de Díaz Rivera. Es

preciso destacar que aun cuando durante la conferencia

sobre el estado del caso no se había considerado la

oposición a la sentencia sumaria presentada por Díaz

Rivera al emitir la sentencia, el foro primario hizo

constar que se había presentado la aludida oposición, y

que la había examinado al tomar su decisión.

Insatisfecho con tal determinación, Díaz Rivera

acudió, vía recurso de apelación, ante el Tribunal de

Apelaciones, alegando en síntesis, los argumentos que

anteriormente había planteado ante Hacienda.

Posteriormente, el 12 de abril de 2004, el Tribunal

de Apelaciones emitió sentencia confirmatoria de la

emitida por el foro primario. Aún insatisfecho, Díaz

Rivera recurrió --vía certiorari-- ante este Tribunal,

señalando que incidió el foro apelativo intermedio al:

…resolver que la alegada deuda contributiva no estaba prescrita, sin haber examinado los términos prescriptivos aplicables y la naturaleza y consecuencia que en nuestro sistema jurídico tiene la figura de la prescripción.

…resolver que la Ley de Contabilidad de Gobierno le permite al estado cobrar deudas de los CC-2004-435 13

ciudadanos sin importar el número de años que hubiere transcurrido desde su prescripción y al ignorar lo resuelto en las decisiones de Carazo v. Secretario de Hacienda[, ante] y de Rivera v. Secretario de Hacienda[, 119 D.P.R. 265 (1987)].

…ignorar que la retención de salarios ya devengados para el cobro de contribuciones prescritas constituye un “taking” o confiscación en violación a la cláusula del debido proceso de ley.

…ignorar que la causa de acción por violaciones al debido proceso durante el desarrollo del procedimiento administrativo es una causa de acción distinta e independiente de cualquiera otra de acción con respecto al cobro ilegal de una contribución.

Expedimos el recurso. Contando con la comparecencia

de ambas partes, y estando en condición de resolver el

mismo, procedemos a así hacerlo.

I

Por estar íntimamente relacionados entre sí,

analizamos y discutimos en conjunto los primeros tres

señalamientos de error.

Respecto a la facultad de tributación del Estado,

este Tribunal ha señalado que “es el más fundamental de

sus poderes públicos y gubernamentales”. Burlington Air

Exp. Inc. v. Mun. De Carolina, 154 D.P.R. 588, 597 (2001);

R.C.A. v. Gobierno de la Capital, 91 D.P.R. 416, 428

(1964). Ello en virtud de que, se trata de un poder que es

“esencial a su subsistencia y para su supervivencia como

un Estado político”. Ibid. CC-2004-435 14

Conforme a lo anterior, hemos expresado que toda vez

que esa autoridad contributiva es fundamental a la vida

del Estado, “el poder fiscal gubernamental es

constitucionalmente de naturaleza amplia y abarcadora”.

F.D.I.C. v. Mun. de San Juan, 134 D.P.R. 385, 390-391

(1993); véase, además, Continental Insurance Company v.

Secretario de Hacienda, ante.

Ahora bien, no obstante lo anterior, este Tribunal ha

advertido que “[e]l cobro de contribuciones por el Estado

no es irrestricto”. Rivera Santiago v. Secretario de

Hacienda, ante, a la pág. 268; Carazo v. Secretario de

Hacienda, ante, a la pág. 310. De este modo, todo

procedimiento de cobro de contribuciones está sujeto a (1)

trámites mínimos de debido proceso de ley; (2) a la

exigibilidad y validez de la deuda; y (3) a los términos

prescriptivos dispuestos en los diversos estatutos. Ibid.

En virtud de la antes mencionada facultad

constitucional, el Estado puede cobrar --en lo aquí

pertinente-- contribuciones sobre ingresos.

Particularmente, la contribución sobre ingresos es un

tributo sumamente importante, toda vez que es “el

que más rentas contributivas produce al erario

puertorriqueño”. G. Meléndez Carrucini, Ingreso

Tributable, San Juan, Inst. Contribuciones P.R., 1991,

pág. 12; Meléndez Carrucini, Procedimiento Contributivo de

Puerto Rico, San Juan, Inst. Contribuciones P.R., 1981, a

la pág. 17. Por su importancia, a través de los años la CC-2004-435 15

Asamblea Legislativa mediante diferentes estatutos

fiscales ha facultado al Secretario de Hacienda a tasar y

cobrar este tipo de contribuciones.

En el año 1982, fecha por la cual se le está cobrando

una deficiencia a Díaz Rivera, las contribuciones sobre

ingresos se cobraban de acuerdo con la Ley de

Contribuciones sobre Ingresos de 1954, Ley Núm. 91 del 29

de junio de 1954, según enmendada. Mediante la aludida

pieza legislativa la Legislatura estableció que Hacienda

debía tasar toda deficiencia contributiva dentro del

término de cuatro años luego de haberse radicado la

planilla. Sección 275(a), 13 L.P.R.A. § 3275. A su vez,

dispuso un término prescriptivo de siete (7) años, a

contarse desde que la contribución fue tasada, para que

dicha contribución fuera cobrada mediante el procedimiento

de apremio o mediante procedimiento en corte. Sección 276

(c), 13 L.P.R.A. 3276 (c).

De particular relevancia al análisis de la antes

mencionada disposición estatutaria es lo resuelto por este

Tribunal en Pagán v. Tribunal de Contribuciones, ante. En

el citado caso, un Senador impugnó el descuento que se

hizo de su sueldo para satisfacer ciertas contribuciones

ya prescritas. Al interpretar la Sección 61(c) de la

entonces vigente Ley de Contribuciones sobre Ingresos

--igual a la Sección 276(c)-- establecimos que “el periodo

prescriptivo para entablar un procedimiento judicial o

trabar un embargo (apremio) para cobrar una contribución CC-2004-435 16

tasada e impuesta, … solamente imp[edía] al Tesorero5

ejercitar dichos remedios pero en forma alguna limita[ba]

su derecho a cobrar la contribución por otros medios que

pud[ieran] existir en ley”. A la pág. 658.

Específicamente, resolvimos que el Artículo 124 del Código

Político --que prohibía el desembolso de fondos públicos a

favor de persona que tuviera deudas atrasadas con el

Pueblo de Puerto Rico y permitía el descuento en los

sueldos gubernamentales para satisfacerlas-- constituía un

método alterno establecido en ley para cobrar

contribuciones atrasadas, que no estaba sujeto al término

prescriptivo establecido en la derogada sección 61(c)6. De

5 El Tesorero era quien cobraba las contribuciones sobre ingresos en ese momento. Posteriormente, se facultó al Secretario de Hacienda a llevar a cabo dicho cobro. 6 Específicamente, el Artículo 124 del Código Político establecía:

-Pago de sueldo o reclamación. -Abonos de cantidades retenidas. -No se pagará dinero a ninguna persona por concepto de salario, o reclamación entablada contra la Tesorería Insular, si el interesado se hallare en descubierto con El Pueblo de Puerto Rico, por deudas atrasadas, y así consta en los libros del Contador, mientras no hubiere aquél arreglado sus cuentas con el Tesorero de Puerto Rico y satisfecho a éste todas las cantidades de las cuales fuere responsable; Disponiéndose, que por razones suficientes y siempre que los intereses del Gobierno Insular resultaren con ello beneficiados, podrán hacerse los necesarios pagos de retribución o salario devengado por personas en descubierto con El Pueblo de Puerto Rico, que continúan en el servicio del Gobierno Insular, mediante la recomendación del Contador, aprobada por el Gobernador.

En todos los casos en que la paga o salario de (Continúa . . .) CC-2004-435 17

este modo, determinamos que aunque hubiese transcurrido el

término prescriptivo establecido para el cobro por apremio

o por la vía judicial de una contribución luego de su

imposición, lo anterior no impedía su cobro mediante un

método alterno establecido en una ley de naturaleza

distinta a una reclamación o a un procedimiento de

apremio.

De las antes mencionadas disposiciones estatutarias

surgía la duda de si el gobierno tenía la facultad de

hacer retenciones para cobrar una contribución tasada cuyo

término para cobrar después de la tasación había expirado.

Meléndez Carrucini, Procedimiento Contributivo de Puerto

Rico, op. cit., a la pág. 624. En Pagán v. Tribunal de

Contribuciones, ante, contestamos al aludida interrogante

en la afirmativa.

Así pues, al armonizar ambas disposiciones

estatutarias señalamos que “la primera [--la Sección

61(c)--] se ref[ería] a procedimientos para el cobro de

contribuciones sobre ingresos, estableciéndose un período

precriptivo, la segunda [--el Artículo 124--] se ref[ería]

a una prohibición absoluta de pagar dinero a ninguna

persona salario o reclamación, si esa persona se hallara

en descubierto con El Pueblo de Puerto Rico por deudas _________________________ alguna persona, o una cantidad por reclamación reconocida como buena contra El Pueblo de Puerto Rico, se retuviere en cumplimiento de este artículo, deberá el Contador abonar a cuenta de la deuda o persona alcanzada la cantidad así retenida o la parte de ella que fuere necesaria para satisfacer o extinguir dicha deuda. CC-2004-435 18

atrasadas, cualquiera que sea la naturaleza de esas

deudas. Entre ellas están incluidas las deudas

contributivas”. Pagán, ante, a la pág. 659. De este modo,

en Pagán establecimos que aun cuando no podía cobrarse la

deuda por la vía judicial o la de apremio, la ley sí

autorizaba a no pagarle esos salarios y dedicarlos a

solventar esa deuda, siendo el Artículo 124 del Código

Político un mecanismo distinto al procedimiento

administrativo de embargo o apremio provisto en la antes

mencionada Sección 61(c).7

Posteriormente, el Artículo 124 del Código Político

fue derogado mediante la aprobación de la Ley Núm. 230 del

7 Lo anterior es cónsono con la norma de la prescripción extintiva la cual “es materia sustantiva y no procesal, regida por las disposiciones del Código Civil como una de las formas de extinción de las obligaciones”. Martínez v. Sociedad de Gananciales, 145 D.P.R. 93, 101 (1998); García Aponte v. E.L.A., 135 D.P.R. 137, 142 (1994). La aludida norma tiene como propósito “el imperativo de castigar la inercia en el ejercicio de los derechos y asegurar el ‘señorío de las cosas’ al evitar litigios difíciles de adjudicar debido a la antigüedad de las reclamaciones.” Martínez v. Sociedad de Gananciales, ante, a las págs. 101-102; véase, además, Muñoz Rodríguez v. Ten General Contractors, res. el 3 de marzo de 2006, 2006 TSPR 33; Cintrón v. E.L.A., 127 D.P.R. 582, 588 (1990); Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232, 243 (1984).

El efecto práctico de dicha norma es que “cumplida la prescripción que quita al derecho del acreedor su fuerza coactiva, por despojarlo de la acción, se ha satisfecho el interés público, y es al particular interesado a quien le corresponde su liberación para satisfacer sus conveniencias individuales". Ortega, et al. v. Pou, et al., 135 D.P.R 711, 713-714 (1994); Cintrón v. E.L.A., ante, a la pág. 589. Así pues, extinguida la acción destinada a hacer valer el derecho subsiste entre las partes una obligación natural o moral aun cuando es irreclamable por la vía judicial. Ibid. CC-2004-435 19

23 de julio de 1974, conocida como la Ley de Contabilidad

del Gobierno de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. § 283h(j). No

obstante lo anterior, el lenguaje del antes mencionado

Artículo 124 fue incorporado en el Artículo 9(j) de la Ley

de Contabilidad. Carazo v. Secretario de Hacienda, ante,

esc. 4; véase, además, G. Meléndez Carrucini,

Procedimiento Contributivo de Puerto Rico, op. cit., a las

págs. 631-632. A tales efectos, el aludido Artículo 9 en

su inciso (j) dispuso, en lo aquí pertinente que:

El Secretario, los pagadores nombrados por el Secretario, los municipios, las instrumentalidades, las entidades corporativas no efectuarán pagos a persona natural o jurídica alguna que por cualquier concepto tenga deudas vencidas con el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o con algún municipio. Cuando hubiere razones justificadas, los intereses del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o del municipio correspondiente resultaren beneficiados, y el Secretario lo aprobare, en los casos en que la deuda es con el Estado Libre Asociado o el alcalde del municipio que correspondiera si la deuda es con un municipio, podrán hacerse los pagos que sean necesarios a aquellas personas que estén en deuda con el Estado Libre Asociado o con algún municipio y que continúen prestando servicios o suministrando materiales o equipo al gobierno, a los municipios, a las instrumentalidades y a las entidades corporativas. Las cantidades retenidas en cumplimiento de este inciso serán aplicadas a la deuda de la persona natural o jurídica a la cual se le retuvieren. Disponiéndose, que si la persona natural o jurídica a quien se le fuera a hacer la retención estuviere en deuda con el Estado Libre Asociado y simultáneamente con uno o más municipios, la deuda del Estado Libre Asociado será cobrada en primer término, y las demás se cobrarán sucesiva y estrictamente a base de sus fechas de vencimiento, cobrándose siempre la más antigua primero.

Se autoriza al Secretario en casos en que la deuda sea con el Estado Libre Asociado y al Alcalde en caso en que la deuda sea con algún CC-2004-435 20

municipio, a conceder un plan de pagos parciales que facilite el saldo de la deuda, si la situación económica del deudor así lo justificare.

Surge de lo anterior que en la referida disposición

estatutaria se mantuvo la prohibición del Artículo 124 a

los efectos de que el Secretario de Hacienda no podía

efectuar pagos a persona alguna que tuviera deudas con el

E.L.A.

Por su parte, en Carazo v. Secretario de Hacienda,

ante, tuvimos ante nos la interrogante de si la Ley de

Contribuciones sobre Caudales Relictos y Donaciones, Núm.

167 de 30 de junio de 1968, establecía un mecanismo

alterno legalmente válido para que Hacienda pudiera cobrar

contribuciones aun cuando estuvieran prescritas bajo la

antes mencionada Sección 276(c) de la Ley de

Contribuciones sobre Ingresos. Al contestar la anterior

interrogante en la negativa, de entrada señalamos que co-

existían diferentes métodos mediante los cuales el Estado

podía cobrar contribuciones adeudadas, a saber: (1) el

pago voluntario; (2) la retención; (3) el requerimiento

del Secretario de Hacienda; (4) el procedimiento de

apremio; y (5) otros procedimientos autorizados por ley. A

su vez, reconocimos que “[c]omo norma general, expirado el

término dispuesto por ley sin el Estado haber iniciado el

procedimiento para cobrar contribuciones adeudadas y

tasadas, está impedido de cobrarlas”. Carazo v. Secretario

de Hacienda, ante, a la pág. 312. CC-2004-435 21

Reiterando lo establecido en Pagán a los efectos de

que las contribuciones prescritas no eran exigibles a

menos que expresamente existiera un mecanismo válido en

ley para cobrarlas, en Carazo, ante, señalamos que la Ley

de Caudales Relictos no disponía un mecanismo similar.

Conforme a lo anterior, no hay duda que en el referido

caso, aun cuando reiteramos lo resuelto en Pagán, ante,

señalamos que no aplicaba a ese caso debido a que la Ley

de Caudales Relictos allí en controversia no establecía un

mecanismo alterno válido como el establecido en el

Artículo 124 del Código Político.

La Sección 276(c) de Ley de Contribuciones sobre

Ingresos fue derogada por la Ley Núm. 120 de 31 de octubre

de 1994, mejor conocida como el Código de Rentas Internas

de 1994, 13 L.P.R.A. § 8001 et seq. Particularmente, la

Sección 6006(d)(1)(A) del Código de Rentas Internas de

1994, 13 L.P.R.A. § 8026 (d)(1)(A), estableció nuevamente

que existía un período prescriptivo de siete (7) años para

que Hacienda pudiera cobrar una deuda por el procedimiento

de apremio o demanda judicial. A su vez dispone que “el

monto de contribuciones o impuestos establecidos por

cualquier [disposición del referido Código] será tasado

dentro de cuatro (4) años después de haberse rendido la

planilla o declaración, y ningún procedimiento en corte

sin tasación para el cobro de dichas contribuciones será

comenzado después de la expiración de dicho período”. 13

L.P.R.A. § 8025. CC-2004-435 22

En el presente caso, en el momento en que Hacienda

intentó cobrar la alegada deuda contributiva de Díaz

Rivera ya había transcurrido el término de siete (7) años

establecido para cobrar la misma mediante el procedimiento

de apremio o de cobro judicial. En virtud de lo anterior,

no hay duda que la misma estaba prescrita, por lo cual el

Secretario de Hacienda estaba impedido de cobrarla a

través del procedimiento de apremio o por la vía judicial.

No obstante lo anterior, según indicamos

anteriormente, esto no significa el Secretario de Hacienda

estaba totalmente imposibilitado de cobrar la deuda.

Ciertamente, el Secretario podía cobrar la deuda después

del transcurso del antes mencionado término prescriptivo a

través de un mecanismo alterno válido existente en ley.

En el presente caso, el Secretario estaba facultado a

realizar la retención de la liquidación de vacaciones de

Díaz Rivera a través del Art. 9(j) de la Ley de

Contabilidad del Gobierno, ante, el cual, según indicamos

en Carazo incorporó el lenguaje del Artículo 124 del

Código Político, el cual validamos como método alterno

válido en Pagán.

II

Ahora bien, lo anterior no dispone del caso hoy ante

nuestra consideración; ello en vista de que, como

mencionamos anteriormente, estando pendiente el presente

caso ante Hacienda, entró en vigor la antes citada Ley CC-2004-435 23

Núm. 209. La Asamblea Legislativa aprobó dicha Ley a los

fines de disponer que transcurridos diez (10) años desde

que una deuda fue debidamente tasada para el cobro, y

estando la misma prescrita para el apremio y el cobro

judicial de acuerdo con las disposiciones del propio

Código de Rentas Internas, después de transcurrir el

término de siete (7) años la misma debe ser eliminada de

los récords contributivos. Exposición de Motivos Ley Núm.

209; Informe de la Comisión de Hacienda de la Cámara de

Representantes con respecto al Proyecto 537, del 25 de

junio de 1998.

Específicamente, la aludida pieza legislativa tuvo la

intención de corregir la situación con respecto a los

récords contributivos de los contribuyentes en Hacienda.

Se destacó que “[l]os récords contributivos de muchos

contribuyentes reflejan deudas que fueron supuestamente

aclaradas durante los períodos de amnistía contributiva,

otros porque a[d]vinieron en conocimiento de supuestas

deudas contributivas pasados más de diez (10) años de la

misma haber sido tasada, sin que el contribuyente ni el

Departamento de Hacienda tuvieran más evidencia de donde

surge la deuda excepto por la información que se desprende

de la certificación de deuda; esto es, tipo de

contribución, cantidad, número de recibo y fecha de

imposición. Pero la razón que motivó el ajuste, error

matemático o deficiencia simplemente se desconoce tanto

por el contribuyente como por el Departamento de CC-2004-435 24

Hacienda”. Exposición de Motivos Ley Núm. 209; Informe de

la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes con

respecto al Proyecto 537, del 25 de junio de 1998.

Particularmente, se indicó que aun cuando conforme

al Código de Rentas Internas el Secretario de Hacienda

está impedido de exigir el cobro de las aludidas deudas

por la vía de apremio y de cobro judicial luego de

transcurridos siete años desde que la mismas fueron

debidamente impuestas y tasadas, las mismas no son

eliminadas de los récords del contribuyente. En virtud de

lo anterior, aun cuando la deuda no es exigible, ésta

continúa reflejándose en cualquier certificación de deuda

del contribuyente. Exposición de Motivos Ley Núm. 209;

Informe de la Comisión de Hacienda de la Cámara de

Concretamente, se indicó que “[l]a razón por la cual

el Departamento de Hacienda no elimina la deuda de los

récords del contribuyente era porque la Ley de

Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico establecía que

las deudas contributivas podían ser compensadas a través

de cualquier pago que el Gobierno viniera obligado a hacer

al contribuyente y que no existía un término prescriptivo

para efectuar esta compensación, según lo resuelto en

Pagán v. Tribunal de Contribuciones, ante”. Exposición de

Motivos Ley Núm. 209; Informe de la Comisión de Hacienda CC-2004-435 25

de la Cámara de Representantes con respecto al Proyecto

537, del 25 de junio de 1998.

Para lograr el antes mencionado objetivo, se enmendó

el Artículo 6006 (d) del Código de Rentas Internas con el

propósito específico de establecer que “No obstante lo

dispuesto en la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según

enmendada, conocida como "Ley de Contabilidad del Gobierno

de Puerto Rico", el Secretario procederá a eliminar de los

récords de los contribuyentes incluyendo a los empleados

públicos, y quedará impedido de cobrar aquellas deudas

impuestas por este Código o leyes anteriores de la cuales

ya han transcurrido diez (10) años desde que fueron

tasadas. Disponiéndose a los fines de determinar el

período de prescripción, se tomará en cuenta cualquier

interrupción en dicho período.

Del historial legislativo de la Ley Núm. 209 surge

que el legislador tuvo la intención de corregir una

situación como la del presente caso en la cual el

contribuyente, luego de transcurridos varios años, es que

se entera de la existencia de una deuda contributiva con

el erario donde no existe más evidencia que la existencia

de la aludida deuda en la certificación de deuda. Sin

lugar a dudas, el beneficio de la aplicación de esta Ley a

los hechos del presente caso haría que el Secretario de

Hacienda estuviera imposibilitado de cobrarle a Díaz

Rivera la deuda aquí en controversia. CC-2004-435 26

Ahora bien, al establecer la vigencia de la Ley Núm.

209, la Legislatura precisó que la misma entraría en vigor

a los ciento ochenta (180) días después de su aprobación,

es decir el 5 de febrero de 1999. Art. 3 de la Ley 209.

Específicamente, se dispuso además que “[l]as deudas

relacionadas con los descuentos de sueldos y los planes de

pagos vigentes, serán cobradas y mantendrán todo su vigor

aún después de la aprobación de esta ley”. Art. 2 de la

Ley Núm. 209.

Como vemos del historial legislativo de la aludida

ley y de su texto claramente se desprende que la misma no

es de aplicación a descuentos y planes de pago que

estuvieran vigentes al aprobarse la mencionada Ley, como

lo era el de Díaz Rivera, el cual fue efectuado el 26 de

octubre de 1988. No debemos olvidar que el Artículo 3 del

Código Civil, 31 L.P.R.A. § 3, establece, en lo aquí

pertinente, que como norma general las leyes no tienen

efecto retroactivo, a menos que expresamente se disponga

lo contrario, y aun así, no pueden menoscabar obligaciones

contractuales ni perjudicar derechos adquiridos al amparo

de una legislación. Conforme a lo anterior, este Tribunal

ha expresado que la intención de la Asamblea Legislativa

de darle efecto retroactivo a una ley por ser la excepción

a la regla debe aparecer expresamente o surgir claramente

del estatuto. Véase Vázquez v. Morales, 114 D.P.R. 822

(1983). CC-2004-435 27

Conforme a lo anteriormente expresado, somos del

criterio que la Ley Núm. 209 no es de aplicación a los

hechos del presente caso toda vez que la Asamblea

Legislativa no dispuso su aplicación retroactiva. Siendo

esto así, conforme al derecho vigente al 26 de octubre de

1998, el Secretario estaba autorizado a realizar la

retención de $2,400 de la liquidación de vacaciones de

Díaz Rivera. En vista de que el Secretario de Hacienda

estaba autorizado para llevar a cabo la antes mencionada

retención, no hay duda de que no constituyó, como aduce el

peticionario, una confiscación en violación a la cláusula

del debido proceso de ley. Tal actuación estuvo

fundamentada en una facultad expresamente reconocida por

la Asamblea Legislativa.

Como último señalamiento de error el peticionario

arguye que se le violó el debido proceso de ley durante el

procedimiento administrativo y durante los procedimientos

ante el foro primario. Entre otras cosas, argumenta que se

le violó el debido proceso de ley toda vez que el tribunal

de instancia dictó sentencia en corte abierta durante una

vista en la cual no estuvo presente debido a que nunca se

le notificó privándosele de esta forma de la oportunidad

de una vista judicial. A tales efectos, señala que el foro

primario emitió su sentencia en una vista del 17 de marzo

de 2003, notificada a las partes el 18 de marzo de 2003. CC-2004-435 28

Alega que en la minuta de ese día se hizo constar que se

llamó el caso de epígrafe para una conferencia sobre el

estado de los procedimientos y que ninguno de los abogados

compareció. A su vez, señala que incorrectamente se

expresó en la minuta que para ese día Díaz Rivera no había

presentado su oposición. No le asiste la razón.

Este Tribunal ha señalado que “el debido proceso de

ley encarna la esencia de nuestro sistema de justicia. Su

prédica comprende los elevados principios y valores que

reflejan nuestra vida en sociedad y el grado de

civilización alcanzado.” López Santos v. Asoc. de Taxis de

Cayey, 142 D.P.R. 109, 112-113 (1996). Reiteradamente

hemos establecido que el debido proceso de ley cuenta con

dos vertientes: la sustantiva y la procesal. La dimensión

sustantiva del debido proceso de ley, persigue

salvaguardar los derechos fundamentales de la persona. Por

otra parte, la vertiente procesal, el aludido precepto le

impone al Estado la obligación de garantizar que la

interferencia con los intereses de libertad y propiedad

del individuo se haga a través de un procedimiento que en

esencia sea justo, equitativo y de respeto a los

individuos afectados. López Vives v. Policía de Puerto

Rico, 118 D.P.R. 219, 231 (1987).

Particularmente para que todo procedimiento cumpla

con el debido proceso de ley, en su dimensión procesal,

hemos establecido varios requisitos. Entre éstos, están:

a) notificación adecuada del proceso; b) proceso ante un CC-2004-435 29

juzgador imparcial; c) oportunidad de ser oído; d) derecho

a contrainterrogar testigos y examinar la evidencia

presentada en su contra; e) tener asistencia de abogado y

f) que la decisión se base en el expediente del caso.

López Santos v. Asociación de Taxis de Cayey, 142 D.P.R.

109, 113-114 (1996); Feliciano Figueroa v. Toste Piñero,

134 D.P.R. 909, 914-915 (1993).

No hay duda que Díaz Rivera tenía derecho a ser oído

para defenderse y presentar su caso en un proceso con las

garantías adecuadas. Específicamente, entre estas

garantías, tenía derecho a presentar toda la prueba

necesaria para sostener su reclamo, así como refutar

oralmente o por escrito la evidencia sometida en su

contra. Lo anterior efectivamente ocurrió en el presente

Cónsono con lo anterior, es preciso señalar que surge

de una minuta del 22 de enero de 2003 que en ese día,

durante una conferencia anterior sobre el estado procesal

del caso, en la cual estuvo presente el representante

legal de Díaz Rivera, se señaló una conferencia sobre el

estado procesal para el 19 de febrero de 2003.

Específicamente, la referida minuta fue notificada a las

partes el 13 de febrero de 2003. En virtud de lo anterior,

resulta sorprendente la alegación del peticionario a los

efectos de que no estuvo presente en la vista debido a que

nunca se le notificó la misma. CC-2004-435 30

De otra parte, ciertamente en la minuta de la vista

del 19 de febrero de 2003 se hizo constar que se estaba

tomando la determinación de declarar con lugar la

sentencia sumaria a favor de Hacienda sin el beneficio de

la oposición a la sentencia sumaria. Ahora bien, surge del

escolio número 3 de la sentencia que posteriormente

redactara el tribunal de instancia que el 20 de marzo de

2003 --fecha posterior a la vista sobre el estado del

caso-- el peticionario había presentado su oposición a la

aludida solicitud de sentencia sumaria. A esos efectos, el

tribunal señaló que había examinado la misma. Así pues,

fue luego de examinar las posiciones y solicitudes de

ambas partes que el foro primario emitió sentencia sumaria

a favor de Hacienda. Por lo tanto, aun cuando la sentencia

se emitió sumariamente se le dio oportunidad a Díaz Rivera

a que expresara su posición.

Como es sabido, la sentencia sumaria es un mecanismo

procesal extraordinario y discrecional que tiene como

objetivo facilitar la solución justa y rápida de los

litigios y casos civiles que no presentan controversias

genuinas de hechos materiales. E.L.A. v. Cole Vázquez,

res. el 13 de abril de 2005, 2005 TSPR 46. Dicho mecanismo

está expresamente regulado por la Regla 36 de

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 36, la cual

establece que podrá dictarse una sentencia sumaria cuando

de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las CC-2004-435 31

declaraciones juradas, no exista una controversia real

sobre los hechos materiales y esenciales del caso en

cuestión. Por ello, cuando exista la más mínima duda o

controversia sobre hechos materiales o esenciales del

caso, el tribunal denegará la sentencia sumaria y deberá

celebrar un juicio en su fondo. López Colón v. Hon.

Miranda Marín, res. el 16 de diciembre de 2005, 2005 TSPR

197; Sucn. de Gregorio Maldonado Ortiz v. Sucn. De

Francisco Maldonado Hernández, res. el 9 de noviembre de

2005, 2005 TSPR 166; E.L.A. v. Cole Vázquez, ante.

Predicado en ello, hemos reiterado que al considerar

una moción de sentencia sumaria el foro primario tendrá

como ciertos los hechos no controvertidos que consten en

los documentos y las declaraciones juradas presentadas por

la parte promovente. López Colón v. Hon. Miranda Marín,

ante; Piñero González v. A.A.A., 146 D.P.R. 890 (1998). De

tal modo, cuando de los documentos no controvertidos que

se acompañan surge que no existe una legítima disputa de

hecho a ser dirimida, que sólo resta aplicar el derecho y

que no se ponen en peligro los intereses de las partes, se

dictara sentencia sin necesidad de que se celebre una

vista en los méritos. López Colón v. Hon. Miranda Marín,

ante; Audiovisual Lang. v. Est. Natal, 144 D.P.R. 563

(1997). Claro está, tomando en consideración que la

sentencia sumaria es un remedio de carácter discrecional,

“el sabio discernimiento es el principio rector para su

uso porque, mal utilizada, puede prestarse para despojar a CC-2004-435 32

un litigante de ‘su día en corte, principio elemental del

debido proceso de ley’”. Management Aministration Services

Corporation v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 152

D.P.R. 599, 611 (2000); Córdova v. Larín, 151 D.P.R. 192

(2000); Roig Com. Bank v. Rosario Cirino, 126 D.P.R. 613,

617 (1990).

Por ello el tribunal de instancia al dictar sentencia

sumaria: (1) analizará los documentos que acompañan la

moción solicitando la sentencia sumaria y los documentos

incluidos con la moción en oposición y aquellos que obren

en el expediente del tribunal; y (2) determinará si el

oponente controvirtió algún hecho material o si hay

alegaciones de la demanda que no han sido controvertidas o

refutadas en forma alguna por los documentos. Management

Aministration Services Corporation v. Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, ante, a la pág. 611; PFZ Props.,

Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881 (1994).

Ciertamente en el presente caso el foro primario no

abusó de su discreción al resolver el caso sumariamente

toda vez que no existía controversia con respecto al

momento en que se había efectuado la retención y cuando

efectivamente entró en vigor la Ley Núm. 209. Era una

cuestión estrictamente de derecho determinar si aplicaba a

los hechos del presente caso el beneficio de la Ley Núm.

209.

Finalmente, alega el peticionario que tanto durante

el procedimiento administrativo como durante el CC-2004-435 33

procedimiento ante el tribunal de instancia se le violó el

debido proceso de ley debido a que no se le dio la

oportunidad de presentar otros argumentos.

Luego de un examen minucioso del expediente que obra

ante nos no encontramos escrito alguno en el cual el

peticionario señale específicamente cuáles son estos

argumentos que no se le han dejado presentar, sobre todo

cuando a través de todo el procedimiento el fundamento

jurídico que ha utilizado para impugnar la retención es la

prescripción de la deuda y la inexistencia de un mecanismo

alterno en ley para cobrar la misma.

Aun asumiendo, a los fines de la argumentación, que

es correcto que Díaz Rivera no tuvo la oportunidad de

refutar durante el procedimiento administrativo la alegada

inexistencia de la deuda debido a que no se le permitió

presentar los argumentos a esos efectos, no hay duda que

pudo haberlos presentado ante el foro primario. El

presente caso no trata meramente de una revisión

administrativa sino de un juicio de novo ante el Tribunal

de Instancia. Siendo ello así, Díaz Rivera tuvo la

oportunidad de presentar toda la prueba que considerara

pertinente y los argumentos que considerara aplicables al

caso. No obstante lo anterior, de una lectura de los

documentos presentados por éste ante el foro primario se

desprende que nuevamente basó su posición en el argumento CC-2004-435 34

de la prescripción de la deuda y de la inexistencia de un

mecanismo válido en ley para el cobro de la misma.8

Más aun en este momento nos señala que todavía

desconoce de la naturaleza de la contribución que se le

cobra razón por la cual no ha podido presentar evidencia

con respecto a la inexistencia de la alegada deuda. Surge

de la carta que le envió Hacienda el 26 de octubre de 1998

--la cual el peticionario no niega haber recibido-- que la

alegada deuda del año 1982 que tenía Díaz Rivera con el

erario era por concepto de una contribución sobre

ingresos. No hay duda que a través de la referida misiva

Hacienda le comunicó a Díaz Rivera la naturaleza de su

alegada deuda. No obstante saber el origen de su deuda en

ningún momento el peticionario ha promulgado fundamento

específico alguno para indicar la inexistencia de la deuda

aquí en cuestión.

En virtud de todo lo antes expuesto, resolvemos que

procede confirmar la sentencia emitida por el Tribunal de

Apelaciones.

8 Con respecto a lo anterior, basta con señalar que en su apelación ante el foro apelativo intermedio el peticionario expresamente reconoció que el fundamento de su reclamación era “ha sido y continúa siendo que en nuestro ordenamiento jurídico, todo acreedor, incluyendo el Departamento de Hacienda está impedido de cobrar aquellos créditos que jurídicamente estén prescritos. Esto es precisamente lo que ha hecho el Departamento de Hacienda en este caso. Hacienda ha cobrado de forme ilegal una deuda prescrita y por ello procede la devolución de este cobro efectuado en violación de ley”. CC-2004-435 35

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se dicta Sentencia confirmatoria de emitida en el presente caso por el Tribunal de Apelaciones.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri disintió sin opinión escrita. El Juez Asociado señor Rivera Pérez no intervino.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo