Banco Bilbao Vizcaya Y Universal Insurance Company v. Estado Libre Asociado De Puerto Rico

2015 TSPR 152

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: November 10, 2015
• Docket: CC-2012-767
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Banco Bilbao Vizcaya y Universal Insurance Company, Puerto Rican American Insurance Company, Reliable Financial Services, Inc., et als., Luis Marzán Oyola, Lloyd S. Flores Báez, Toyota Credit y otros Recurridos v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico Peticionario

José Antonio Cruz López Recurrido v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, et als. Peticionarios Orlando Rodríguez Rodríguez Recurrido Certiorari v. Estado Libre Asociado de Puerto 2015 TSPR 152 Rico, et als. Peticionarios 194 DPR ____ -------------------------------- Reliable Financial Services, Inc. y Triple-S Propiedad Recurridos v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico Peticionario

William Morales Rosario Recurrido v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico Peticionario

Reynaldo Ayala Villanueva, Raymond Irizarry García Recurridos v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico Peticionario María del C. Acevedo Márquez Recurrida v. CC-2012-0767; 0886; 0922; CC-2013-0541; 0560; 0572; 0730; 1077 2

Estado Libre Asociado de Puerto Rico Peticionario -------------------------------- Mapfre Praico Insurance Company, Reliable Financial Services, Inc. Peticionarios Y Waldemar R. Santiago Ramos y Fulano de Tal v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico Recurrido

Número del Caso: CC-2013-892

Fecha: 5 de noviembre de 2015

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Caguas y Utuado, Panel XI

CC-2012-767

Oficina del Procuradora General:

Lcdo. Luis R. Román Negrón Procuradora General

Lcda. Lizzette Mejías Avilés Procuradora General Auxiliar

Lcda. María A. Hernandez Martín Procuradora General Auxiliar

Lcda. Ana Garces Camacho Procuradora General Auxiliar

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Edgardo Rosario Madera CC-2012-0767; 0886; 0922; CC-2013-0541; 0560; 0572; 0730; 1077 3

CC-2012-886

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Luis R. Román Negrón Procurador General

Lcda. Margarita Mercado Echegaray Procuradora General

Lcda. Marangeli Colón Requejo Procuradora General Auxiliar

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Alfredo Ortiz Rovira

CC-2012-922

Lcda. Tanaira Padilla Subprocuradora General

CC-2013-541

Oficina de la Procuradora General: CC-2012-0767; 0886; 0922; CC-2013-0541; 0560; 0572; 0730; 1077 4

Lcda. Karla Pacheco Álvarez Subprocuradora General

Lcda. Tanaira Padilla Rodríguez Subprocuradora General

Lcda. María Astrid Hernandez Martín Procuradora General Auxiliar

Lcdo. Edgardo Rosario

CC-2013-560

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. María A. Hernández Martín Procuradora General Auxiliar

Abogado de la Parte Recurrida

Lcdo. David Daniel Rodríguez

CC-2013-572

Lcdo. Lemuel Velilla Reyes Lcdo. Jesús Miranda Díaz CC-2012-0767; 0886; 0922; CC-2013-0541; 0560; 0572; 0730; 1077 5

CC-2013-730

Lcda. Jannelle M. Laforet Matos Procuradora General Auxiliar

Lcda. María A. Hernandez Martin Procuradora General Auxiliar

CC-2013-1077

Abogada de la parte Peticionaria:

Lcda. María Celeste Rodriguez Miranda

Lcdo. Lemuel Velilla Reyes Lcdo. Jesús Miranda Díaz

Materia: Resolución del Tribunal con votos particulares de conformidad y votos particulares disidentes.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Banco Bilbao Vizcaya y Universal Insurance Company, Puerto Rican American Insurance Company, Reliable Financial Services, Inc., et als., Luis Marzán Oyola, Lloyd S. Flores Báez, Toyota Credit y otros

Recurridos

v. CC-2012-0767 Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Peticionario ---------------------------- José Antonio Cruz López

Recurrido

v. CC-2012-0886 Estado Libre Asociado de Puerto Rico, et als.

Peticionarios ---------------------------- Orlando Rodríguez Rodríguez

v. CC-2012-0922 Estado Libre Asociado de Puerto Rico, et als.

Peticionarios ------------------------------ Reliable Financial Services, Inc. y Triple-S Propiedad

v. CC-2013-0541 Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Peticionario CC-2012-0767; 0886; 0922; CC-2013-0541; 0560; 0572; 0730; 1077 2

------------------------------ William Morales Rosario

v. CC-2013-0560 Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Peticionario ------------------------------ Reynaldo Ayala Villanueva, Raymond Irizarry García

v. CC-2013-0572 Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Peticionario ------------------------------ María del C. Acevedo Márquez

Recurrida

v. CC-2013-0730 Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Peticionario ------------------------------ Mapfre Praico Insurance Company, Reliable Financial Services, Inc.

Peticionarios

y Waldemar R. Santiago Ramos y Fulano de Tal CC-2013-1077 v.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Recurrido CC-2012-0767; 0886; 0922; CC-2013-0541; 0560; 0572; 0730; 1077 3

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de noviembre de 2015.

Luego de reevaluar los casos consolidados de epígrafe, se ordena la desconsolidación de los recursos CC-2012-0767 Banco Bilbao Vizcaya y otros v. ELA y otros y CC-2013-1077 Mapfre Praico Insurance Company y otros v. ELA. Asimismo, se señala una vista oral para el 1 de marzo de 2016, a las 10:00 de la mañana, conforme a las Reglas 4(c) y 41 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B. Para esta vista oral únicamente están citados los dos casos mencionados: CC-2012- 0767 Banco Bilbao Vizcaya v. ELA y CC-2013-1077 Mapfre Praico Insurance Company y otros v. ELA.

Durante esta vista, las partes deberán venir preparadas para argumentar las dos preguntas siguientes: (1) ¿Si procede utilizar el resultado favorable del imputado en la acción penal para disponer sumariamente de la acción civil de confiscación, a la luz de las disposiciones vigentes de la Ley Núm. 119-2011?; (2) ¿Si la confiscación civil de la propiedad debe condicionarse a que el Estado haya logrado una convicción criminal?

No menos de cinco días antes de la vista, cada parte deberá informar el nombre del abogado o abogada que argumentará a su favor.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez Torres emitió un Voto particular de conformidad, al cual se unieron los Jueces Asociados señores Rivera García y Feliberti Cintrón. El Juez Asociado señor Rivera García emitió un Voto particular de conformidad. La Jueza Presidenta señora Fiol Matta, la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez, el Juez Asociado señor Estrella Martínez y la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez emitieron sus respectivos Votos particulares disidentes.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Banco Bilbao Vizcaya y Universal Insurance Company, Puerto Rican American Insurance Company, Reliable Financial Services, Inc., et als., Luis Marzán Oyola, Lloyd S. Flores Báez, Toyota Credit y otros

v. CC-2012-0767

Peticionario ___________________________

José Antonio Cruz López

v. CC-2012-0886 Estado Libre Asociado de Puerto Rico, et als.

Peticionarios ___________________________

Orlando Rodríguez Rodríguez

v. CC-2012-0922 Estado Libre Asociado de Puerto Rico, et als.

Peticionarios ______________________________

Reliable Financial Services, Inc. y Triple-S Propiedad

Peticionario ______________________________ CC-2012-0767; 0886; 0922; CC-2013-0541; 0560; 0572; 0730; y 1077 2

William Morales Rosario CC-2013-0560

v.

Peticionario ______________________________

Reynaldo Ayala Villanueva, Raymond Irizarry García CC-2013-0572

María del C. Acevedo Márquez CC-2013-0730

Mapfre Praico Insurance Company, Reliable Financial CC-2013-1077 Services, Inc.

y Waldemar R. Santiago Ramos y Fulano de Tal

Peticionario CC-2012-0767; 0886; 0922; CC-2013-0541; 0560; 0572; 0730; y 1077 3

Voto particular de conformidad emitido por el Juez Asociado señor Martínez Torres a la cual se unieron el Juez Asociado señor Rivera García y el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón.

Voto conforme con la Resolución que hoy se certifica en

la que se señala una vista oral en los casos de epígrafe.

I.

Las vistas orales, más que la excepción, deberían ser

parte integral del funcionamiento de este Tribunal cuando

estén ante nuestra consideración controversias que requieran

pautar Derecho y por lo tanto, resolverse mediante Opinión. Si

bien estas no sustituyen un buen alegato, nos sirven para

aclarar las dudas que surgen luego de estudiar con

detenimiento los expedientes y el Derecho aplicable. Incluso,

podemos solicitarle a las partes que nos presenten alegatos

suplementarios en los que argumenten asuntos específicos que

deseamos discutir en las vistas orales. En estas tenemos la

oportunidad de analizar los distintos fundamentos que podrían

disponer las controversias de los casos, así como las

implicaciones y repercusiones que podría tener para nuestro

ordenamiento jurídico adoptar uno u otro. Además, de acuerdo a

la línea de preguntas en las vistas orales, tenemos la

oportunidad de conocer las preocupaciones de cada miembro de

este Tribunal respecto a las controversias ante nuestra

consideración. En esa línea, el Juez del Tribunal Supremo

federal Antonin Scalia expresó lo siguiente respecto a las

vistas orales: CC-2012-0767; 0886; 0922; CC-2013-0541; 0560; 0572; 0730; y 1077 4

It isn‟t just an interchange between counsel and each of the individual Justices. What is going on is also to some extent an exchange of information among the Justices themselves. You hear the questions of the others and see how their minds are working, and that stimulates your own thinking. I use it, […] to give counsel his or her best shot at meeting my major difficulty with that side of the case. “Here‟s what‟s preventing me from going along with you. If you can explain why that‟s wrong, you have me. Stephen M. Shapiro, Questions, Answers, and Prepared Remarks, 15 Litig. 33 (1989) citando a This Honorable Court (WETA 1988) (TV broadcast).

En cuanto a la utilidad de las vistas orales para los

magistrados, el expresidente del Tribunal Supremo federal

William Rehnquist, expresó que si bien estas no le hacían

cambiar en 180 grados su posición original al estudiar un

expediente, en entre 25% y 50% de los casos, sus impresiones e

ideas sobre el litigio cambiaban como consecuencia de lo

discutido en la vista oral. M. H. Bright, The Power of the

Spoken Word: In Defense of Oral Argument, 72 Iowa L. Rev. 35,

40 (1986-1987). Del mismo modo, el exjuez de ese Tribunal,

William J. Brennan, expresó lo siguiente: “oral argument is

the absolutely indispensable ingredient of appellate advocacy

[...]. [O]ften my whole notion of what a case is about

crystallizes at oral argument. This happens even though I read

the briefs before oral argument [...]. Often my idea of how a

case shapes up is changed by oral argument [...]. Oral

argument with us is a Socratic dialogue between Justices and

counsel.” (Énfasis suplido) Robert L. Stern, et al., Supreme

Court Practice: For Practice in the Supreme Court of the

United States 671 (2002) citando a Harvard Law School

Occasional Pamphlet No. 9, 22-23 (1967). Del mismo modo, la

Jueza Ginsburg ha indicado que: “In over eighteen years on the CC-2012-0767; 0886; 0922; CC-2013-0541; 0560; 0572; 0730; y 1077 5

bench, I have seen few victories snatched at oral argument

from a total defeat the judges had anticipated on the basis of

the briefs. But I have seen several potential winners become

losers in whole or in part because of clarification elicited

at argument”. (Énfasis suplido) Hon. Ruth Bader Ginsburg,

Remarks on Appellate Advocacy, 50 S.C.L. Rev. 567, 570 (1999).

Esas situaciones la hemos vivido en este Tribunal.

Recientemente, en SLG Pagán Colón v. Walgreens of San

Patricio, Inc., 190 DPR 251 (2014), afirmamos nuestros

criterios luego de escuchar a los abogados en una vista oral.

Además, en PNP v. CEE y PPD II, 185 DPR 410 (2012), la

celebración de la vista oral propició una negociación entre

las partes que finalizó el litigio, en beneficio del interés

público.

Como vemos, las vistas orales enriquecen el proceso de

adjudicación. Luego de celebrarlas podemos reiterarnos en

nuestra impresión original al estudiar los alegatos o, de ser

el caso, cambiar nuestra postura ante las impresiones

obtenidas durante el intercambio de ideas en las

argumentaciones orales y en la reunión posterior del Pleno del

Tribunal.

Desafortunadamente, las vistas orales no han sido parte

integral de la tradición de este Tribunal. Así lo demuestran

las estadísticas de los pasados treinta años. Solo una ínfima

parte de los casos que hemos resuelto en los méritos han

contado con el beneficio de una vista oral. CC-2012-0767; 0886; 0922; CC-2013-0541; 0560; 0572; 0730; y 1077 6

Vistas orales en el Tribunal Supremo de Puerto Rico1

AÑO FISCAL CANTIDAD DE POR CIENTO DE LOS VISTAS ORALES RECURSOS RESUELTOS EN CELEBRADAS2 LOS MÉRITOS EN LOS QUE SE LLEVO A CABO UNA VISTA ORAL3 2015-2016 - - 4 2014-2015 1 1.05%5 (1/95) 6 7 2013-2014 4 3.74% (4/107) 2012-2013 38 1.81%9 (3/166)

1 Esta tabla fue preparada con la información provista por la Secretaría del Tribunal Supremo. 2 Las vistas orales se incluyen en el año fiscal en que se certificaron las Opiniones, Sentencias o Resoluciones que dispusieron de los casos y no en el año fiscal en que se llevaron a cabo, salvo en los casos en donde se indica lo contrario. 3 Se excluyen de estos cálculos los recursos relacionados a procedimientos disciplinarios contra abogados y jueces, pues, por su naturaleza, tradicionalmente no han requerido la celebración de vistas orales del Tribunal en Pleno. 4 Watchtower Bible v. Mun. Dorado I, 2014 TSPR 138 – la vista oral se celebró el 11 de febrero de 2014 y la Opinión del Tribunal se certificó el 18 de noviembre de 2014. 5 Secretaría del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Informe Estadístico Año Fiscal 2014-2015, disponible en: http://www.ramajudicial.pr/sistema/supremo/Estadisticas/2014- 2015/Informe-Year-Fiscal-2014-2015.pdf (última visita 2 de noviembre de 2015) 6 Brau, Linares v. ELA, 190 DPR 315 (2014) – la vista oral se celebró el 15 de enero de 2014 y la Opinión del Tribunal se certificó el 21 de febrero de 2014; AMPR v. Sist. Retiro Maestros IV, 190 DPR 854 (2014) – la vista oral se celebró el 26 de marzo de 2014 y la Opinión del Tribunal se certificó el 11 de abril de 2014; Muni. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652 (2014) – la vista oral se celebró el 7 de mayo de 2013 y la Opinión del Tribunal se certificó el 24 de marzo de 2014; SLG Pagán-Renta v. Walgreens, 190 DPR 251 (2014) – la vista oral se celebró el 18 de junio de 2013 y la Opinión del Tribunal se certificó el 14 de febrero de 2014. 7 Secretaría del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Informe Estadístico Año Fiscal 2013-2014, disponible en: http://www.ramajudicial.pr/sistema/supremo/Estadisticas/INFORM E-EST5ADISTICO-TRIBUNAL-SUPREMO-2013-2014.pdf (última visita 2 de noviembre de 2015). 8 Domenech v. Integration Corp., 187 DPR 595 (2013) – la vista oral se celebró el 16 de octubre de 2012 y la Opinión del Tribunal se certificó el 3 de enero de 2013; Pueblo en interés del menor J.O., CC-2012-0309 – la vista oral se celebró el 11 de diciembre de 2012 y la Sentencia del Tribunal se certificó CC-2012-0767; 0886; 0922; CC-2013-0541; 0560; 0572; 0730; y 1077 7

2011-2012 110 0.58%11 (1/171) 2010-2011 0 0% 2009-2010 112 0.63%13 (1/159) 2008-2009 0 0% 2007-2008 0 0% 2006-2007 0 0% 2005-2006 0 0% 2004-2005 0 0% 2003-2004 0 0% 2002-2003 0 0% 2001-2002 0 0% 2000-2001 0 0% 1999-2000 114 0.41%15 (1/243) 1998-1999 0 0% 1997-1998 116 0.58%17 (1/173)

el 30 enero 2013; PIP v. ELA et al., 186 DPR 1 (2012) – la vista oral se celebró el 27 de junio de 2012 y la Opinión del Tribunal se certificó el 6 de julio de 2012. 9 Secretaría del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Informe Estadístico Año Fiscal 2012-2013, disponible en: http://www.ramajudicial.pr/sistema/supremo/Estadisticas/INFORM E-EST5ADISTICO-TRIBUNAL-SUPREMO-2012-2013.pdf (última visita 2 de noviembre de 2015). 10 PNP v. CEE y PPD II, 185 DPR 410 (2012) – la vista oral se celebró el 11 de abril de 2012 y la Sentencia en la que se acogió la estipulación de las partes se certificó el 13 de abril de 2012. 11 Secretaría del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Informe Estadístico Año Fiscal 2011-2012, disponible en: http://www.ramajudicial.pr/sistema/supremo/Estadisticas/INFORM E-ESTADISTICO-TRIBUNAL-SUPREMO-A-FISCAL-2011-2012.pdf (última visita 2 de noviembre de 2015). 12 Claro TV y Junta Regl. Tel. v. One Link, 179 DPR 177 (2010) - la vista oral se celebró el 26 de octubre de 2009 y la Opinión del Tribunal se certificó el 9 de junio de 2010. 13 Tribunal Supremo, Movimiento de casos - Año Fiscal 2009 – 2010, disponible en: http://www.ramajudicial.pr/sistema/supremo/Estadisticas/movimi ento/Movimiento-de-Casos-2009-2010.pdf (última visita 2 de noviembre de 2015). 14 PAC v. ELA II, 150 DPR 805 (2000) – la vista oral se celebró el 31 de marzo de 2000 y la Opinión del Tribunal se certificó el 25 de abril de 2000. 15 Oficina de Administración de los Tribunales, Informe Anual de la Rama Judicial 1999-2000, A-1. 16 Ramirez de Ferrer v. Mari Bras, 144 DPR 141 (1997) – la vista oral se celebró el 14 de abril de 1997 y la Opinión del Tribunal se certificó el 18 de noviembre de 1997. 17 Oficina de Administración de los Tribunales, Informe Anual de la Rama Judicial 1997-1998, A-1. CC-2012-0767; 0886; 0922; CC-2013-0541; 0560; 0572; 0730; y 1077 8

1996-1997 118 0.5%19 (1/200) 1995-1996 120 0.32%21 (1/316) 1994-1995 0 0% 1993-1994 122 0.30%23 (1/335) 1992-1993 324 0.65%25 (3/459) 1991-1992 126 0.25%27 (1/397) 1990-1991 128 0.31%29 (1/321) 1989-1990 130 0.32%31 (1/316) 18 Ind. PR v. JP y AAA, 142 DPR 656 (1997) – la vista oral se celebró el 14 de marzo de 1997 y la Opinión del Tribunal se certificó el 21 de marzo de 1997. 19 Oficina de Administración de los Tribunales, Informe Anual de la Rama Judicial 1996-1997, Tabla A-1. 20 Mun. San Juan v. Banco Gub. Fomento, 140 DPR 873 (1996) – la vista oral se celebró el 19 de marzo de 1996 y la Opinión del Tribunal se certificó el 21 de mayo de 1996. 21 Oficina de Administración de los Tribunales, Informe Anual de la Rama Judicial 1995-1996, A-1. 22 Sánchez y Colón v. ELA I, 134 DPR 445 (1993) – la vista oral se celebró el 3 de noviembre de 1993 y la Opinión del Tribunal se certificó el 4 de noviembre de 1993. 23 Oficina de Administración de los Tribunales, Informe Anual de la Rama Judicial 1993-1994, Tabla A-1. 24 Pueblo v. Arroyo Ayala, Pedro y Granados Aviles, Irma, CR- 1988-110 – la vista oral se celebró el 22 de octubre de 1990 y se dispuso del caso el 26 de febrero de 1993; Maysonet v. Granda, 133 DPR 676 (1993) – la vista oral se celebró el 22 de octubre de 1990 y la Opinión del Tribunal se certifó el 23 de junio de 1993; Seabreeze Realty Corp. v. Acosta, Dana, et als. RE-1985-569 – la vista oral se celebró el 20 de octubre de 1986 y la Sentencia del Tribunal se certificó el 25 de agosto de 1992. 25 Oficina de Administración de los Tribunales, Informe Anual de la Rama Judicial 1992-1993, Tabla A-1. 26 Hernández Torres v. Hernández Colón, 129 DPR 824 (1992) – la vista oral se celebró el 14 de enero de 1992 y la Opinión del Tribunal se certificó el 31 de enero de 1992. 27 Oficina de Administración de los Tribunales, Informe Anual de la Rama Judicial 1991-1992, A-1. 28 Ex parte González Muñiz, 128 DPR 565 (1991) – la vista oral se celebró el 5 de noviembre de 1990 y la Opinión del Tribunal se certificó el 1ro de enero 1991. 29 Oficina de Administración de los Tribunales, Informe Anual de la Rama Judicial 1990-1991, A-1. 30 Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 DPR 593 (1989) – la vista oral se celebró el 29 de marzo de 1989 y la Opinión del Tribunal se certificó el 29 de septiembre de 1989. 31 Oficina de Administración de los Tribunales, Informe Anual de la Rama Judicial 1989-1990, A-1. CC-2012-0767; 0886; 0922; CC-2013-0541; 0560; 0572; 0730; y 1077 9

1988-1989 132 0.32%33 (1/311) 1987-1988 0 0% 34 1986-1987 2 0.60%35 (2/335) 1985-1986 336 0.85%37 (3/352) 38 1984-1985 1 0.24%39 (1/410) Es por eso que como en In re: Solicitud para aumentar el

número de Jueces en el Tribunal Supremo, 180 DPR 54 (2010)

citando a Antonio García Padilla y José Julián Álvarez

González, El Tribunal Supremo de Puerto Rico: La Corte Pons,

59 Rev. Jur. UPR 185 (1990), expresamos:

32 McCrillis v. Aut. Navieras de PR, 123 DPR 113 (1989) – la vista oral se celebró el 24 de febrero de 1986 y la Opinión del Tribunal se certificó el 19 de enero de 1989. 33 Oficina de Administración de los Tribunales, Informe Anual de la Rama Judicial 1988-1989, A-1. 34 Guillermo Martell y otros v. Dr. Miguel Oppenheimer y otros, RE-1986-203 Cons. con RE-1986-207 – la vista oral se celebró el 17 de noviembre de 1986. No se pudo examinar el expediente para determinar la fecha en que se dispuso del caso, por lo que se incluye en el mismo año fiscal en que se celebró la vista oral; Díaz v. Navieras de PR, 118 DPR 297 (1987) - la vista oral se celebró el 18 de noviembre de 1985 y la Opinión del Tribunal se certificó el 2 de febrero de 1987. 35 Oficina de Administración de los Tribunales, Informe Anual de la Rama Judicial 1986-1987, A-1. 36 Eduardo Ferrer Bolívar v. Concreto Mixto Inc., R-1985-210 – la vista oral se celebró el 21 de octubre de 1985. No se pudo examinar el expediente para determinar la fecha en que se dispuso del caso, por lo que se incluye en el mismo año fiscal en que se celebró la vista oral; Asoc. V. Villa Caparra v. Iglesia Católica, 117 DPR 346 (1986) – la vista oral se celebró el 21 de octubre de 1985 y la Opinión del Tribunal se certificó el 8 de mayo de 1986; Pueblo Int‟l, Inc. v. Srio. de Justicia, 117 DPR 230 (1986) – la vista oral se celebró el 11 de abril de 1986 y la Opinión del Tribunal se certificó el 25 de abril de 1986. 37 Oficina de Administración de los Tribunales, Informe Anual de la Rama Judicial 1985-1986, A-1. 38 Pueblo v. Julio César Mercado Negrón, CR-1983-37 – la vista oral se celebró el 18 de marzo de 1985. No se pudo examinar el expediente para determinar la fecha en que se dispuso del caso, por lo que se incluye en el mismo año fiscal en que se celebró la vista oral. 39 Oficina de Administración de los Tribunales, Informe Anual de la Rama Judicial 1984-1985, A-1. CC-2012-0767; 0886; 0922; CC-2013-0541; 0560; 0572; 0730; y 1077 10

La falta de vistas orales en este Tribunal y de una reunión plenaria luego de cada vista, para votar y asignar el caso para la redacción de la ponencia mayoritaria, ha sido objeto de crítica bien fundamentada. Véanse: García Padilla y Álvarez González, supra, págs. 197–198; Herrero Acevedo, supra, págs. 1071–1072. Lo cierto es que la celebración de más vistas orales y la discusión posterior de cada caso por el Tribunal en pleno, es parte importante de un funcionamiento transparente y accesible al Pueblo desde un foro verdaderamente colegiado.

En primer lugar, ello obliga a los jueces a hacer su estudio independiente del caso y de los alegatos de las partes antes de que circule entre ellos un borrador de opinión. De esta forma cada juez se encuentra en mejor posición para evaluar las bondades y defectos del borrador de opinión que eventualmente se prepare, para sugerir modificaciones o para producir una opinión separada con mayor celeridad.

Segundo, y no menos importante, el método propuesto reduce el potencial de fricciones entre un grupo de personas que vienen llamadas a convivir por un largo número de años. Desde la perspectiva humana, simplemente es más sencillo y genera menos tensión interpersonal asumir una postura en un caso antes de que otro juez haya hecho un estudio más profundo y haya redactado un proyecto de opinión. García Padilla y Álvarez González, supra, pág. 197 esc. 28.

A diferencia de Puerto Rico, en los tribunales colegiados

en la inmensa mayoría de las jurisdicciones de Estados Unidos

la práctica cotidiana es la celebración de vistas orales. Si

bien es cierto que la cantidad de vistas orales celebradas por

los tribunales apelativos a nivel federal y estatal sigue una

tendencia a la baja debido, entre otras razones, al aumento

vertiginoso en el volumen de casos, cuando comparamos las

estadísticas de esos foros con las nuestras el contraste es

alarmante. CC-2012-0767; 0886; 0922; CC-2013-0541; 0560; 0572; 0730; y 1077 11

El Tribunal Supremo federal celebra vistas orales en

entre setenta y ochenta casos anualmente. Igualmente, de

acuerdo a un estudio de la American Academy of Appellate

Lawyers, entre abril de 2012 y marzo de 2013, los Tribunales

del Circuito de Apelaciones de Estados Unidos efectuaron

vistas orales en los siguientes por cientos de los casos

resueltos en los méritos: Circuito del Distrito de Columbia

60%; Primer Circuito 30%; Segundo Circuito 37%; Tercer

Circuito 9%; Cuarto Circuito 13%; Quinto Circuito 21%; Sexto

Circuito 21%; Séptimo Circuito 42%; Octavo Circuito 21%;

Noveno Circuito 23%; Décimo Circuito 27%, y Undécimo Circuito

13%. American Academy of Appellate Lawyers, Oral Argument Task

Force Report, Addendum: Analysis of the Numbers, 2015, Table 1

– Percentage of Oral Arguments U.S. Courts of Appeals 2012

Overall and by Circuit (Esta data excluye los cierres

procesales, casos consolidados y casos bajo procedimientos de

jurisdicción original.). El promedio de todos los Circuitos de

Apelaciones para ese mismo periodo fue 22%. Íd.

A nivel estatal, un examen de los calendarios de varios

tribunales supremos demuestra que la celebración de vistas

orales es un asunto rutinario. Así, por ejemplo, el Tribunal

Supremo de California celebra vistas orales al menos una

semana al mes durante diez de los doce meses del año. Incluso,

ese tribunal selecciona un día al año para celebrar vistas

orales en una sesión especial en distintas universidades del

estado. Supreme Court of California, Oral Argument Calendar –

2016, (disponible en:

http://www.courts.ca.gov/documents/2016_SC_Calendar_0819_2015_ CC-2012-0767; 0886; 0922; CC-2013-0541; 0560; 0572; 0730; y 1077 12

PublicOnly.pdf) (última visita 4 de noviembre de 2015). Lo

mismo sucede en el Tribunal Supremo de Florida, donde las

primeras semanas de cada mes se celebran vistas orales.

Supreme Court of Florida, Yearly Schedule 2015-16, (disponible

en: http://www.floridasupremecourt.org/pub_inf o/calendar.pdf)

(última visita 4 de noviembre de 2015). Igualmente, el máximo

foro judicial del estado de Nueva York celebra semanalmente

vistas orales durante diez meses al año. State of New York -

Court of Appeals, Schedule of Arguments Dates 2015, disponible

en:

https://www.nycourts.gov/ctapps/calendar/2015/COA2015Calendar.

pdf (última vista 4 de noviembre de 2015). Exhorto a la

Academia a hacer una investigación empírica más exhaustiva

sobre este asunto para comparar más a fondo nuestro Tribunal

con los del resto de la Nación, e incluso, con los de otros

países.

De lo anterior queda claro que la práctica en el resto de

Estados Unidos contrasta significativamente con las

estadísticas de este Tribunal, las cuales demuestran que, en

los mejores escenarios, solamente se celebraron vistas orales

en entre 1 y 2 por ciento de los casos resueltos en los

méritos. Además, las estadísticas históricas demuestran que

durante casi una década –de 2001 a 2008- ni siquiera se

celebraron vistas orales en este Tribunal. Es a partir de 2009

que se comenzó a utilizar nuevamente este valioso recurso de

la práctica apelativa. No encuentro una explicación racional

para justificar esas cifras tan raquíticas. El hecho de que

esa haya sido la práctica en el pasado no puede ser excusa CC-2012-0767; 0886; 0922; CC-2013-0541; 0560; 0572; 0730; y 1077 13

para limitar nuestras acciones de cara al futuro. Está en

nuestras manos corregir esa anomalía.

Ahora bien, tampoco pretendo que celebremos vistas orales

en todos los casos que atendemos, pues muchos no lo ameritan.

Así, por ejemplo, entiendo que no es necesario señalar vistas

orales en casos frívolos, cuando existen precedentes claros

que disponen de la controversia o cuando nos encontramos ante

asuntos sencillos y rutinarios que tienen poca trascendencia y

que pueden resolverse a base de principios generales de

Derecho. Véase Stanley Mosk, In Defense of Oral Argument, 1 J.

App. Prac. & Process 25 (1999). En cambio, en casos complejos,

donde exista controversia sobre cuál fundamento es el más

adecuado para disponer del caso, cuando el tribunal se

encuentre marcadamente dividido y cuando se va a pautar una

regla nueva de Derecho, sí debemos contar con el beneficio de

una vista oral.

II.

Los principios antes expuestos aplican claramente a los

casos ante nuestra consideración. La diversidad de fundamentos

para disponer de las controversias planteadas y las

implicaciones que conllevaría adoptar cada una de ellos, ha

generado gran discusión entre los miembros de este Tribunal.

Así, por ejemplo, resolver bajo un fundamento basado

únicamente en la interpretación estatutaria significaría que

en un futuro la Asamblea Legislativa podría variar la norma

que establezcamos, mientras que hacerlo por un fundamento de

origen constitucional implicaría que los representantes

electos del Pueblo estarían maniatados en su proceder futuro CC-2012-0767; 0886; 0922; CC-2013-0541; 0560; 0572; 0730; y 1077 14

en cuanto a este asunto. Si le añadimos a eso el hecho de que

durante el proceso de deliberación la postura de algunos

miembros del Tribunal puede evolucionar, la vista oral que hoy

señalamos es necesaria e importante. Por eso, cualquier

postura preliminar asumida en este caso o cualquier ponencia

circulada no puede considerarse determinante para resolverlo.

Cuando el caso ya está decidido, la vista oral pierde su

valor. Brito Díaz et al. v. Bioculture et al., 184 DPR 350

(2012) (Martínez Torres, Voto de conformidad). En ese caso, se

solicitó la celebración de una vista oral en la etapa de

reconsideración, es decir, cuando ya el Tribunal había tomado

su determinación. En cambio, los casos de epígrafe no están

decididos.

Además de lo anterior, la norma que pautemos en este

asunto tendrá un gran alcance en nuestro ordenamiento

jurídico, pues ante este Tribunal se encuentran decenas de

casos en los méritos con controversias similares que aguardan

por la disposición de estos casos de epígrafe antes de

resolverse. Lo mismo sucede en el Tribunal de Apelaciones y en

el Tribunal de Primera Instancia, donde estas controversias se

plantean con gran frecuencia.

El hecho de que los casos de referencia lleven varios

meses sometidos para su resolución en los méritos no crea un

retraso que nos aconseje a no señalar una vista oral. Tampoco

puede cuestionarse la legitimidad de la actuación del Tribunal

por ordenar esta vista oral. Lo único arbitrario sería

proceder sin agotar todos los mecanismos para lograr un CC-2012-0767; 0886; 0922; CC-2013-0541; 0560; 0572; 0730; y 1077 15

consenso y pautar Derecho. Eso sí nos empequeñecería como

institución.

Primero, podemos resolver con rapidez luego de la vista.

Nótese, por ejemplo, que en Sánchez y Colón v. ELA I, 134 DPR

445 (1993), se celebró una vista oral el día antes de que se

certificara la Opinión del Tribunal y en Ind. PR v. JP y AAA,

142 DPR 656 (1997), se llevó a cabo una argumentación oral una

semana antes de que se publicara la Opinión del Tribunal.

Aunque en aquel momento no formaba parte de este Tribunal,

puedo presumir que en esos dos casos había ponencias

circulando y eso no fue impedimento para celebrar las vistas

orales. Segundo, no es extraño que se celebre más de una vista

oral durante la adjudicación de un caso si en medio del

proceso de deliberación los jueces desean discutir

interrogantes adicionales con las partes. Véase, por ejemplo,

Brown v. Board of Ed. of Topeka, 347 U.S. 483 (1954). Lo

importante es contar con todo lo que nos ayude a resolver

bien. Como expresó la Jueza Presidenta señora Fiol Matta “para

impartir justicia y elaborar doctrinas jurídicas adecuadas, un

tribunal colegiado tiene que disponer del sosiego y del reposo

intelectual necesarios, sin los cuales toda discusión entre

mentes debidamente instruidas es imposible”. In re Solicitud

Aumentar Núm. Jueces TS, 180 DPR 54, 113 (2010) (Fiol Matta,

Voto disidente) (citando a Pueblo v. Rosario, 80 DPR 318, 328

(1958). Sin lugar a dudas, la vista oral es otro mecanismo

adicional en el proceso de impartir justicia y elaborar

doctrinas jurídicas adecuadas. CC-2012-0767; 0886; 0922; CC-2013-0541; 0560; 0572; 0730; y 1077 16

En fin, nos encontramos ante controversias de gran

envergadura que ameritan que este Tribunal celebre una vista

oral antes de disponer finalmente de ellas. Estoy convencido

de que lejos de ser “innecesaria y un ejercicio de futilidad”,

la vista oral enriquecerá el proceso de adjudicación y ayudará

a afinar los fundamentos de la decisión que finalmente se

certifique.

Rafael L. Martínez Torres Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO Banco Bilbao Vizcaya y Universal Insurance Company, Puerto Rican American Insurance Company, Reliable Financial Services, Inc., et als., Luis Marzán Oyola, Lloyd S. Flores Báez, Toyota Credit y otros

Peticionario ---------------------------- José Antonio Cruz López

v. CC-2012-0886

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, et als.

Peticionarios ---------------------------- Orlando Rodríguez Rodríguez

v. CC-2012-0922

Peticionarios ------------------------------ Reliable Financial Services, Inc. y Triple-S Propiedad

v. CC-2013-0541

Peticionario ------------------------------ CC-2012-0767; 0886; 0922; CC-2013-0541; 0560; 2 0572; 0730; 1077

William Morales Rosario

Estado Libre Asociado de CC-2013-0560 Puerto Rico

Peticionario ------------------------------ Reynaldo Ayala Villanueva, Raymond Irizarry García

Estado Libre Asociado de CC-2013-0572 Puerto Rico

Peticionario ------------------------------ María del C. Acevedo Márquez

Estado Libre Asociado de CC-2013-0730 Puerto Rico

Peticionario ------------------------------ Mapfre Praico Insurance Company, Reliable Financial Services, Inc.

y Waldemar R. Santiago Ramos y

Fulano de Tal CC-2013-1077

Recurrido CC-2012-0767; 0886; 0922; CC-2013-0541; 0560; 3 0572; 0730; 1077

Voto particular de conformidad emitido por el Juez Asociado Señor RIVERA GARCÍA

Lamentablemente, una vez más nuestra ciudadanía tiene

la oportunidad de presenciar que, en ocasiones, el

privilegio de servir al País desde este Máximo Foro lo

reciben personas que simple y sencillamente no cuentan con

el temperamento judicial necesario. Así, y como reflejo

característico de esa carencia, algunos miembros de esta

Curia toman las diferencias de criterio en un asunto

estrictamente interlocutorio – típicas de un cuerpo

colegiado como este Tribunal Supremo – para emitir

expresiones enmarcadas en el insulto e insinuaciones

infundadas.

Ahora bien, más allá de tales sinsentidos y erráticos

procederes, intereso expresar mi conformidad con la

Resolución que antecede porque entiendo que la celebración

de una vista oral representa una oportunidad importante y

necesaria para indagar sobre varios aspectos de la

controversia ante nuestra consideración que las partes no

discuten a profundidad en sus respectivos alegatos y demás

comparecencias. Máxime cuando, al momento, no existe entre

los miembros de este Tribunal un criterio mayoritario

sobre la resolución particular o los fundamentos que

sustenten la disposición de los innumerables casos que CC-2012-0767; 0886; 0922; CC-2013-0541; 0560; 4 0572; 0730; 1077

tenemos pendiente de solución que plantean, en esencia, la

misma controversia.40

En ese sentido, me veo precisado a emitir unas breves

expresiones dirigidas, principalmente, a contextualizar la

determinación que como cuerpo colegiado hemos tomado de

celebrar una vista oral. En ello, me interesan

particularmente dos asuntos. Primero, ofrecer a los

lectores una perspectiva clara y concisa sobre el cuadro

fáctico que presenta los casos, la controversia que este

Tribunal debe atender y los argumentos que hasta el

momento han presentado cada una de las partes. Segundo,

brindar una relación específica sobre cuál ha sido el

trámite interno que los casos consolidados han recibido

desde su presentación ante esta Curia, conforme a las

disposiciones de nuestro Reglamento.

I

Respecto al primer punto, los casos ante nuestra

consideración se producen, en términos generales, en el

siguiente marco. El Estado confisca una propiedad que fue

presuntamente utilizada en violación a un estatuto

confiscatorio. A su vez, presenta cargos criminales en

contra de la persona que poseía la propiedad por los

mismos hechos que dieron base a su confiscación. No

obstante, los cargos criminales son desestimados o

40 Además de los ocho casos de epígrafe, todos y todas los miembros de este Tribunal tenemos, al menos, dos casos adicionales asignados en los méritos que presentan la misma controversia. CC-2012-0767; 0886; 0922; CC-2013-0541; 0560; 5 0572; 0730; 1077

archivados en alguna etapa anterior al juicio. En ese

escenario, surge la siguiente interrogante: ¿procede

utilizar la determinación penal favorable del imputado

para disponer de la acción civil de confiscación? Es

decir, ¿deben los tribunales condicionar la confiscación

civil de la propiedad a que el Estado haya logrado una

convicción a nivel penal?

Al día de hoy, y a raíz de la aprobación de la Ley

Uniforme de Confiscaciones de 2011, no existe una

respuesta clara y uniforme para tales interrogantes. 41 Por

una parte, los demandantes en la acción civil de

impugnación de confiscación sostienen que tales

controversias deben resolverse conforme a la normativa

adoptada por este Tribunal bajo las disposiciones de la

derogada Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988. 42 Siendo

así, arguyen que aún bajo las disposiciones de la Ley

Uniforme de Confiscaciones de 2011, el proceso de

confiscación tiene que ser anulado una vez la persona

imputada de delito obtiene un resultado favorable a nivel

penal. Lo contrario, según alegan, infringiría su derecho

constitucional (1) a un debido proceso de ley; (2) a no

ser juzgado dos veces por el mismo delito y; (3) a no

perder su propiedad para uso público sin justa

compensación.

41 Ley Núm. 119-2011, según enmendada, conocida como “Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011”. (34 LPRA secs. 1724-1724w).

42 Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988, según enmendada, conocida como “Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988”. (34 LPRA ants. secs. 1723 - 1723(p)). CC-2012-0767; 0886; 0922; CC-2013-0541; 0560; 6 0572; 0730; 1077

Por otra parte, el Estado plantea que la adopción de

la nueva Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 conllevó

un cambio en el enfoque que tradicionalmente este Tribunal

y la Asamblea Legislativa le habían conferido a las

confiscaciones de carácter civil. En ese sentido, alega

que conforme a las nuevas disposiciones, el proceso de

confiscación es uno estrictamente civil dirigido contra

los bienes y completamente independiente de cualquier otro

proceso que se pueda llevar contra el dueño o el poseedor 43 de los bienes. De esta manera, sostiene que la

jurisprudencia emitida por este Tribunal bajo la ley

anterior es inaplicable a los presentes casos en cuanto a

la doctrina de impedimento colateral por sentencia, en la

medida que esta se utilizó en el pasado para condicionar

la continuación del proceso civil de confiscación a lo

sucedido en la esfera penal.

Por lo tanto, el Estado sostiene que los tribunales

no deben adjudicar sumariamente las demandas de

impugnación de confiscación basados exclusivamente en el

resultado favorable obtenido por el imputado en el proceso

penal. Principalmente, cuando ello implica, desde su

perspectiva, ignorar la presunción de legalidad y

corrección que establece la Ley Uniforme de Confiscaciones

de 2011, según la cual le corresponde al demandante en la

43 Véase, Art. 2, 8 y 15 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011. (34 LPRA secs. 1724, 1724e y 1724l, respectivamente). CC-2012-0767; 0886; 0922; CC-2013-0541; 0560; 7 0572; 0730; 1077

causa civil de impugnación el peso de la prueba para

derrotar la legalidad de la confiscación.44

En consideración a ambas posiciones, en los pasados

tres años hemos notado una marcada división entre todos

nuestros magistrados que ha dado paso a múltiples

dictámines contradictorios al disponer de las cientos de

demandas de impugnación de confiscación que al momento han

atendido y que presentan, en esencia, el mismo cuadro

fáctico descrito anteriormente. Así, por un lado hay

tribunales que, conforme a la posición de los demandantes,

han resuelto que una vez recae un dictamen favorable en el

proceso penal por los mismos hechos que originaron la

confiscación procede aplicar la doctrina de impedimento

colateral por sentencia y declarar con lugar la demanda de

impugnación de confiscación mediante el mecanismo sumario.

Por otro lado, hay tribunales que, cónsono con la

posición del Estado, han sostenido que la acción civil de

confiscación es independiente de la acción penal que

presenta el Estado por los mismos hechos que dieron paso a

la confiscación, por lo que se han negado a disponer

sumariamente de la demanda de impugnación y han optado por

ver el caso en sus méritos para determinar si, en efecto,

la propiedad fue utilizada en violación de un estatuto

confiscatorio. La situación no es muy distinta en nuestro

Tribunal de Apelaciones, en el cual los distintos paneles

se encuentran divididos respecto a la correcta resolución

44 Véase, Art. 15 de la Ley Uniforme Confiscaciones de 2011, supra. CC-2012-0767; 0886; 0922; CC-2013-0541; 0560; 8 0572; 0730; 1077

de tales casos. Así las cosas, es evidente que existe una

disparidad en las sentencias que los foros recurrentes

están emitiendo, lo cual hace imperativo que este Tribunal

disponga de una norma clara y uniforme.

II

En lo que respecta a los casos de epígrafe que

plantean la referida controversia y su correspondiente

trámite, notamos que el 25 de enero de 2013 acogimos el

primer recurso, siendo este el CC-2012-0767, Banco Bilbao

Vizcaya v. ELA. 45 En esa misma fecha, expedimos, además, el

caso CC-2012-0886, José Antonio Cruz López v. ELA. 46

Posteriormente, el 22 de febrero de 2013 expedimos el

recurso CC-2012-0922, Orlando Rodríguez Rodríguez v. ELA y

el 25 de octubre de 2013 acogimos la petición de

certiorari en el caso CC-2013-0541, Reliable Financial

Services, Inc. y Triple-S Propiedad v. ELA. Mientras que

el 22 de noviembre de 2013 expedimos el CC-2013-0572,

Reynaldo Ayala Villanueva y otros v. ELA y el 13 de

diciembre de 2013 el recurso CC-2013-0730, María del C.

Acevedo Márquez v. ELA. Finalmente, el 14 de febrero de

2014, aceptamos revisar las determinaciones

45 Este recurso fue denegado originalmente mediante una Resolución emitida el 29 de noviembre de 2012, en la cual el Juez Asociado señor Martínez Torres hizo constar que hubiese expedido el recurso solicitado para auscultar el planteamiento del Procurador General de que en este caso es inaplicable la doctrina de impedimento colateral por sentencia porque el proceso penal se desestimó por incumplimiento con los términos y no hubo una absolución en los méritos. Véase, Resolución de 29 de noviembre de 2012.

46 En esa ocasión, el Juez Asociado señor Estrella Martínez hizo constar que declararía no ha lugar la petición de certiorari, mientras que la compañera Juez Asociada Rodríguez Rodríguez no intervino. Véase, Resolución de 25 de enero de 2013. CC-2012-0767; 0886; 0922; CC-2013-0541; 0560; 9 0572; 0730; 1077

correspondientes en el caso CC-2013-1077, Mapfre Praico

Insurance Company y otros v. ELA y eventualmente expedimos

en reconsideración el caso CC-2013-560, William Morales

Rosario v. ELA.47

Entre el 3 de marzo de 2013 hasta el 29 de julio de

2014, tanto el Estado como las partes demandantes en la

acción civil presentaron sus respectivos alegatos en cada

uno de los casos, conforme a los incisos (a) y (b) de la

Regla 21 de nuestro Reglamento. 48 Por lo tanto, no fue

hasta el 6 de agosto de 2014 que todos los casos quedaron

sometidos a la consideración del Tribunal y listos para su

detenida evaluación y disposición. Fue en ese momento – un

año y siete meses posteriores a la expedición del primer

recurso – que los casos en su totalidad pasaron de

Secretaría al despacho del Juez o Jueza a quien se le

asignó el caso en sus méritos y quien tenía a partir de

entonces un término de un año para circular un borrador de

ponencia para la consideración de los demás miembros de

este Tribunal.49

Conforme a ese proceso y en fiel cumplimiento con las

disposiciones de nuestro Reglamento, el borrador de

47 En lo que respecta al caso CC-2013-560, este fue denegado originalmente por la Sala de Despacho compuesta por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez, como su Presidenta, y los Jueces Asociados señores Feliberti Cintrón y Estrella Martínez. En esa ocasión, la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez hizo constar que disentía de sus compañeros Jueces Asociados y en su lugar expediría el recurso solicitado. Véase, Resolución del 11 de febrero de 2013.

48 Regla 21(a)(b) del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico. (4 LPRA Ap. XXI-B, Reglas 21(a) y 21(b)).

49 Esto conforme a la Regla 5(a) del Reglamento del Tribunal Supremo. (4 LPRA Ap. XXI-B, Regla 5(a)). CC-2012-0767; 0886; 0922; CC-2013-0541; 0560; 10 0572; 0730; 1077

opinión que disponía de los ocho casos consolidados fue

circulado el 11 de febrero de 2015, apenas seis meses

después de su perfeccionamiento y designación. Siendo así,

el borrador de opinión estuvo bajo la evaluación de todos

los Jueces y Juezas hasta el 13 de marzo de 2015 y a esa

fecha debíamos informar cuál sería nuestra votación. 50

Llegada esa fecha, cuatro miembros de este Tribunal se

acogieron al término reglamentario. En otros términos,

cuatro Jueces solicitaron treinta días adicionales para

evaluar la ponencia y los expedientes de los casos en su

totalidad. Por lo tanto, estos quedaron ante la evaluación

de esos cuatro Jueces por un término adicional de ciento

veinte días.51

Luego de todo este trámite y que cada uno de los

Jueces y Juezas expresara su voto, el Tribunal no alcanzó

una opinión mayoritaria. Ante ese panorama, no hay duda de

que una alternativa era certificar las sentencias

correspondientes para confirmar los dictámines que el

Tribunal de Apelaciones hubiese emitido en cada caso, ya

que no había una determinación en sí del Tribunal Supremo.

En esta, cada uno de los compañeros y compañeras

expresarían entonces sus criterios sobre el particular.

Ahora bien, contrario a esa alternativa que no

hubiese resuelto en nada la incertidumbre e inconsistencia

que la controversia ante nuestra consideración está

50 Véase Regla 5(b) del Reglamento del Tribunal Supremo, supra.

51 Íd. CC-2012-0767; 0886; 0922; CC-2013-0541; 0560; 11 0572; 0730; 1077

provocando en nuestros Tribunales de Primera Instancia y

en el Tribunal de Apelaciones, la mayoría de los miembros

de este Tribunal optó por mantener los casos en trámite y

ordenar la celebración de una vista oral, según autoriza

nuestro Reglamento. 52 Así, la mayoría del Tribunal entendió

necesario agotar todos los mecanismos disponibles a

nuestro alcance para auscultar la posibilidad de lograr un

consenso entre todos, o al menos la mayoría de los

miembros de este Tribunal, para pautar el derecho

aplicable en casos como los presentes, de manera que

nuestros tribunales finalmente cuenten con una norma clara

y uniforme.

En ese ánimo, y como mencionara en la introducción

del presente Voto, la vista oral nos brinda una

oportunidad única para indagar sobre ciertos aspectos

circundantes a la controversia principal que no surgen, o

quizás no en el detalle que amerita, de los escritos de

las partes y sobre los cuales evidentemente existe una

marcada división entre todos nosotros. Así, por ejemplo,

podremos escuchar la posición de los demandantes y del

Estado sobre las presuntas implicaciones constitucionales

que algunos plantean predisponen la solución de estos

casos y sobre aquellas otras interpretaciones que

sostienen que procede una simple norma sustentada en un

fundamento estrictamente estatutario.

52 Véase Regla 4(b) del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, supra. CC-2012-0767; 0886; 0922; CC-2013-0541; 0560; 12 0572; 0730; 1077

No hay duda que luego de estudiar los ocho casos

consolidados todos tenemos una inclinación hacia una

posición u otra, mas ello no nos debe llevar a descartar

de plano la celebración de una vista oral que podría

enriquecer la decisión que en su día emitamos y que

podría, incluso, llevar a alguno de nosotros a cambiar de

criterio o simplemente a reafirmar la inclinación que

tuvimos desde un principio. En ese sentido, honestamente

no puedo comprender cómo cuatro compañeros y compañeras

insisten en un curso de acción que fue rechazado por la

mayoría del Tribunal y fallan así en ver las virtudes de

celebrar una vista oral. Valga recordar que como miembros

de un Tribunal colegiado debemos liberarnos de ese

excesivo afán de exaltar nuestras posiciones individuales

como verdades únicas e inquebrantables que no admiten

argumento en contrario.

Ese mismo afán no nos debe llevar a descartar el

escenario práctico en ausencia del escenario ideal. Tal

vez, lo ideal hubiese sido celebrar una vista oral previo

a la formulación de un borrador de ponencia o celebrar la

misma lo más pronto posible, de manera que podamos

disponer de los casos con prontitud. Sin embargo, aquí hay

dos puntos importantes que debemos tomar en cuenta. En

primer lugar, la vista no se celebró como paso previo

porque ninguna de las partes así lo propuso. En segundo

lugar, se escogió la fecha del 1 de marzo de 2016 porque

la mayoría así lo decidió conforme a sus calendarios y por CC-2012-0767; 0886; 0922; CC-2013-0541; 0560; 13 0572; 0730; 1077

el hecho de que ninguno de los compañeros y compañeras que

hoy expresan su inconformidad presentaron a la

consideración del Pleno otra fecha en la alternativa.

Ciertamente, existe la posibilidad de que aun luego

de celebrada la vista oral, el Tribunal no alcance un

criterio mayoritario o bien podría ocurrir que la Asamblea

Legislativa termine aprobando el Proyecto de la Cámara

1433 que convertiría toda esta controversia en académica. 53

Ahora, esos son escenarios que debemos considerar en su

momento, sin obviar la realidad a la que nos enfrentamos

en el presente; realidad que parecen ignorar los

distinguidos compañeros y compañeras en sus respectivos

votos disidentes.

En fin, al examinar las expresiones infundadas que

contienen los votos disidentes, valga evocar la frase

célebre del Dr. Samuel Johnson: “el lenguaje es el vestido

de los pensamientos”. 54 En reconocimiento de lo que

antecede, expreso mi voto conformidad con la Resolución

emitida.

Edgardo Rivera García Juez Asociado 53 El Proyecto de la Cámara 1433 tiene como objetivo “introducir enmiendas técnicas al artículo 15 de la Ley 119-2011, según enmendada, conocida como „Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011‟, a los fines de aclarar que cuando la acción penal resulte en una absolución, o el imputado resulte exonerado o si la posibilidad que tiene el Estado para encausar al imputado de delito se extingue, se aplicará la doctrina de cosa juzgada y de impedimento colateral por sentencia en todo caso de confiscación relacionado a los mismos hechos”. Actualmente, se encuentra pendiente de aprobación en el Senado de Puerto Rico.

54 Para una biografía completa de la vida del Dr. Samuel Johnson, véase, J. Boswell, La vida de Samuel Johnson, Ed. Espasa, 2007, traducción de C. Santamaría López. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Banco Bilbao Vizcaya y Certiorari Universal Insurance Company, et al. Recurridos

v. Núm. CC-2012-0767

Estado Libre Asociado de Puerto Rico Peticionario ----------------------------- Consolidado con

José Antonio Cruz López Recurrido

v. CC-2012-0886 Estado Libre Asociado de Puerto Rico, et al. Peticionarios ----------------------------- Orlando Rodríguez Rodríguez Recurrido

Estado Libre Asociado de CC-2012-0922 Puerto Rico, et al. Peticionarios ----------------------------- Reliable Financial Services, Inc. y Triple-S Propiedad Recurridos

v. CC-2013-0541 Estado Libre Asociado de Puerto Rico Peticionario ----------------------------- William Morales Rosario Recurrido

v. CC-2013-0560 Estado Libre Asociado de Puerto Rico Peticionario CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 2 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

Reynaldo Ayala Villanueva, Raymond Irizarry García Recurridos

Estado Libre Asociado de CC-2013-0572 Puerto Rico Peticionario ----------------------------- María del C. Acevedo Márquez Recurrida

Estado Libre Asociado de Puerto Rico Peticionario CC-2013-0730 ----------------------------- Mapfre Praico Insurance Company, et al. Peticionarios

Estado Libre Asociado de Puerto Rico Recurridos CC-2013-1077

Voto particular disidente de emitido por la Jueza Presidenta SEÑORA FIOL MATTA

En la Resolución que hoy se certifica, la mayoría de

los jueces y juezas ordena la celebración de una vista

oral para atender dos preguntas de estricto derecho sobre

las cuales, al día de hoy, se han circulado varias

ponencias que recogen el análisis jurídico y las

conclusiones de todos los miembros del Tribunal sobre CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 3 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

este asunto. Este curso de acción que hoy se ordena

posterga innecesaria e injustificadamente la disposición

de los casos que nos ocupan y no responde a los

fundamentos de la Regla 4(c) del Reglamento de este

Tribunal, que regula lo relativo a la celebración de una

vista oral.55

Como señala la Regla 4(c) de nuestro Reglamento,

tenemos la potestad para ordenar, motu proprio o a

solicitud de parte, que se celebren vistas orales en los

casos ante nuestra consideración. 56 Estas vistas pueden

servir para aclarar importantes dudas que tengan los

miembros del Tribunal sobre el caso por adjudicar y

arrojar luz en torno a asuntos que no estén claros y

dificulten la toma de una decisión final.

Sin embargo, las vistas orales pierden toda utilidad

cuando ya los miembros del Tribunal tienen sus criterios

formados y están claras las posiciones de cada uno de

ellos y ellas. Así lo reconocimos en el 1976, cuando nos

expresamos sobre las bondades de las enmiendas

introducidas al Reglamento del Tribunal Supremo de 1963,

que suprimía la necesidad de vistas orales automáticas en

las apelaciones presentadas ante este Foro. En esa

ocasión, en Pueblo v. Flores Rosa, puntualizamos en la

poca utilidad de los argumentos orales, “salvo en algunos

55 4 LPRA Ap. XXI-B, Regla 4(c). CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 4 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

casos en que una vez recibidos los alegatos de las partes,

persiste un área de penumbra digna de ser analizada y

expresada mediante argumento oral de los litigantes”.57

Ese no es el escenario que tenemos ante nuestra

consideración. En el presente caso, los argumentos de las

partes han sido repetidos una y otra vez en los alegatos

de cada uno de los casos consolidados. Más aun, nuestro

proceso deliberativo ha llegado a tal punto que los

miembros de este Tribunal han evaluado, discutido y

expresado por escrito sus posturas sobre la controversia

de autos y estos escritos revelan un criterio mayoritario

en cuanto a la disposición del caso, aunque difieren en

sus fundamentos.

Según expresó el Juez Asociado señor Martínez Torres

en Brito Díaz v. Bioculture Puerto Rico, Inc., “[l]os

beneficios de una vista oral para ilustrar al Tribunal y

esclarecer la controversia son indudables. Sin embargo, su

valor se desvanece después que el Tribunal decidió.” 58 En

este caso, que no quepa duda, el Tribunal ya decidió.

Procede entonces hacer lo que desde 1980 se acordó para

situaciones en las que hay mayoría en cuanto a confirmar o

revocar, pero ninguna ponencia tiene votos suficientes

56 Íd. 57 Pueblo v. Flores Rosa, 105 DPR 479, 483 (1976) (énfasis en el original). 58 Brito Díaz v. Bioculture Puerto Rico, Inc., 184 DPR 350, 355 (2012). CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 5 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

para ser opinión del Tribunal. En aquel entonces, el Juez

Presidente José Trías Monge explicó al Secretario General

de este Tribunal, Lcdo. Ernesto L. Chiesa, que “la norma

aquí debe ser emitir una sentencia en la que se relaten

los hechos del caso, los planteamientos de las partes y,

finalmente, se exprese el dictamen del Tribunal”.59

Durante la consideración de los méritos de los casos

consolidados, tuvimos la oportunidad de evaluar la

ponencia que se preparó y se circuló al Pleno como

proyecto de Opinión de este Tribunal. Cada una de las

Juezas y los Jueces tuvimos el tiempo dispuesto por

nuestro reglamento para votar, hacer sugerencias y para

acogernos al término dispuesto por las reglas para

expresar nuestros criterios por escrito. 60 En vista de

ello, lo procedente era certificar la decisión de la

mayoría de los miembros de este Tribunal, por divididos

que fuesen los fundamentos.

La celebración de la vista oral en este caso

significa reiniciar todo el trámite que han seguido los

casos consolidados ante este Tribunal desde que quedaron

sometidos para adjudicación hace poco más de un año. Lo

anterior queda evidenciado en las propias preguntas que

formula el Tribunal

59 Véase, Comunicación del Juez Presidente señor José Trías Monge al licenciado Ernesto L. Chiesa del 11 de mayo de 1980, en la pág. 2 (énfasis suplido). CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 6 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

en la Resolución que hoy se certifica. Estas preguntas

giran en torno a asuntos de estricto derecho para cuya

evaluación no hace falta la celebración de una vista

oral. 61 Basta examinar los alegatos de las partes para ver

contestadas las preguntas cuyas respuestas supuestamente

se obtendrán en la vista ordenada.

Para la mayoría, en este caso, aparentemente, el

tiempo no apremia. Según indica la Resolución, la vista se

ha señalado para el 1 de marzo del año entrante. La Regla

5(a) de nuestro Reglamento dispone que una vez concluya la

vista oral, el pleno del tribunal debe reunirse en

conferencia el mismo día para discutir el caso en los

méritos. Allí, cada juez y jueza deberá presentar su

posición y el caso se asignará al juez o jueza cuya

propuesta obtenga la mayoría. 62 En ese momento, comenzará

nuevamente el proceso de confeccionar y circular la

propuesta de opinión mayoritaria y los plazos que nuestro

Reglamento provee para votar o acogerse a término, que

pueden sumar meses adicionales.

Resulta evidente que posponer la decisión del

presente caso a los fines de celebrar una vista oral no

solo atenta contra el principio de economía procesal, sino

60 4 LPRA Ap. XXI-B, Regla 5(b). 61 Inclusive, estas preguntas han sido anteriormente atendidas y resueltas por este Tribunal. Véase, Coop. Seg. Mult. v. ELA, 180 DPR 655 (2011). 62 4 LPRA Ap. XXI-B, Regla 5(a). CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 7 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

que es un ejercicio fútil, cuyo único resultado será el

atraso inexplicable y exagerado de la resolución de los

casos consolidados. Por esa razón, disiento del curso de

acción que la mayoría del Tribunal escoge.

Liana Fiol Matta Jueza Presidenta EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Banco Bilbao Vizcaya y Universal Insurance Company, Puerto Rican American Insurance Company, Reliable Financial Services, Inc., et als., Luis Marzán Oyola, Lloyd S. Flores Báez, Toyota Credit y Otros

Estado Libre Asociado de Puerto Rico CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 2 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

Peticionario William Morales Rosario

v. CC-2013-0560

Peticionario _____________________________

Reynaldo Ayala Villanueva, Raymond Irizarry García

María del C. Acevedo Márquez

Mapfre Praico Insurance Company, Reliable Financial Services, Inc.

v. CC-2013-1077

Recurrido CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 3 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

Voto Particular Disidente emitido por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 10 de noviembre de 2015

“Es inaceptable que algunos miembros de esta Curia continúen con la vieja práctica de mantener aguantado los recursos ante nuestra consideración sin razón válida alguna, exponiendo a las partes a dilaciones y gastos innecesarios”.63

Una vez más, me veo obligada a disentir,

vehementemente, del curso de acción que toma una mayoría

de este Tribunal. Con la certificación de la resolución

que precede no sólo se provee para la celebración de una

vista oral, a todas luces innecesaria, sino que se

consuma la ufanía de un poder ejercido desde la

arbitrariedad, cuyo ejercicio, además, socava la

maltrecha legitimidad de este Foro. Tristemente, “si se

tratara únicamente de quién tiene más votos ahí acabaría

la discusión”. Hiram Meléndez Juarbe, Crisis política y

el Tribunal Supremo, en Derecho al Derecho: Intersticios

y grietas del poder judicial en Puerto Rico 141 (Érika

Fontánez Torres & Hiram Meléndez Juarbe, eds.) (2012)

Pero dado que la discusión no finaliza ahí, y que lo que

está en juego es la autoridad y la legitimidad de este 63 Sara Cortés, et al. v. Wesleyan Academy, et al., 2015 T.S.P.R. 40 (Rivera García, J., Voto Particular de Conformidad). CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 4 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

Foro, suscribo este Voto Particular Disidente,

puntualizando el azaroso trámite que subyace la

desacertada determinación que una mayoría de este

Tribunal hoy avala.

El 29 de agosto de 2012, hace más de tres años, se

presentó ante este Tribunal un recurso de certiorari en

el caso Banco Bilbao Vizcaya et al. v. E.L.A., CC-2012-

0767. En éste, se planteaba la controversia que las

preguntas certificadas en la resolución que antecede, de

manera un tanto redundante, recogen, a saber: “¿Si

procede utilizar el resultado favorable del imputado en

la acción penal para disponer sumariamente de la acción

civil de confiscación, a la luz de las disposiciones

vigentes de la Ley Núm. 119-2011? ¿Si la confiscación

civil de la propiedad debe condicionarse a que el Estado

haya logrado una convicción criminal?”. Véase

Resolución, ante. Así las cosas, el 25 de enero de 2013,

en reconsideración, este Tribunal expidió el recurso en

cuestión.

Poco después, sin embargo, en atención al alud de

casos que planteaban controversias análogas, este

Tribunal dispuso para la consolidación del referido

recurso con otros que versaban, esencialmente, sobre el

mismo asunto. Valga señalar que el último de estos

recursos, Mapfre Praico Ins. Co. et al. v. E.L.A., CC-

2013-1077, fue presentado el 6 de diciembre de 2013 y CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 5 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

expedido el 3 de febrero de 2014. 64 Como se dijo, los

ocho recursos de epígrafe versan sobre lo mismo, esto

es: la relación entre un proceso de confiscación con el

encausamiento penal concomitante a éste, en el contexto

64 Con tal de ilustrar cabalmente la tramitación de los recursos pertinentes, conviene consignar las fechas en que éstos fueron presentados, expedidos, consolidados y quedaron sometidos para adjudicación en los méritos.

1. Banco Bilbao Vizcaya et al. v. E.L.A., CC-2012- 0767: sometido el 29 de agosto de 2012; expedido el 25 de enero de 2013; consolidado el 25 de octubre de 2013, y sometido para adjudicación el 9 de mayo de 2014. 2. José Antonio Cruz López v. E.L.A. et al., CC-2012- 0886: presentado el 1 de octubre de 2012; expedido el 25 de enero de 2013; consolidado el 25 de octubre de 2013, y sometido para adjudicación el 9 de mayo de 2014. 3. Orlando Rodríguez Rodríguez v. E.L.A. et al., CC- 2012-0922: presentado el 15 de octubre de 2012; expedido el 22 de febrero de 2013; consolidado el 25 de octubre de 2013, y sometido para adjudicación el 9 de mayo de 2014. 4. Reliable Financial Services, Inc., et al. v. E.L.A., CC-2013-0541: presentado el 2 de julio de 2013; expedido el 25 de octubre de 2013; consolidado el 28 de febrero de 2014, y sometido para adjudicación el 11 de agosto de 2014. 5. William Morales Rosario v. E.L.A., CC-2013-0560: presentado el 8 de Julio de 2013; expedido el 28 de febrero de 2014 (en reconsideración); consolidado el 25 de agosto de 2014, y sometido para adjudicación el 11 de agosto de 2014. 6. Reynaldo Ayala Villanueva et al. v. E.L.A., CC- 2013-0572: presentado el 10 de julio de 2013; expedido el 22 de noviembre de 2013; consolidado con los demás casos el 25 de agosto de 2014, y sometido para adjudicación el 11 de agosto de 2014. 7. María del C. Acevedo Márquez v. E.L.A., CC-2013- 0730: presentado el 30 de agosto de 2013; expedido y consolidado el 13 de diciembre de 2013 (en reconsideración), y sometido para adjudicación el 11 de agosto de 2014. 8. Mapfre Praico Ins. Co. et al. v. E.L.A., CC-2013- 1077: presentado el 6 de diciembre de 2013; expedido y consolidado el 3 de febrero de 2014, y sometido para adjudicación el 11 de agosto de 2014. CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 6 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

de una demanda de impugnación de aquél al amparo de la

Ley Núm. 119 de 12 de julio de 2011, Ley uniforme de

confiscaciones de 2011, 34 L.P.R.A. secs. 1724-1724w. 65

Se colige, pues, que este Tribunal tuvo ante sí la

controversia medular que suscitan los casos consolidados

desde hace poco más de tres años. Ello, además, supone

que durante el transcurso de esos años este Tribunal

examinó innúmeros alegatos sobre el particular, los

cuales le permitieron a sus distintos miembros

reflexionar sobre las cuestiones jurídicas en cuestión.

Es decir, la controversia para la cual hoy una mayoría

de este Tribunal inopinadamente convoca una vista oral

ha sido harto argumentada por las partes durante más de

un trienio. Ante esto, habría que preguntarse, ¿qué

razones, entonces, justifican la celebración de una

vista a estas alturas? Ensayar una contestación a tal

interrogante, como mínimo, requiere hacer un breve

recuento del trámite que han seguido estos casos

consolidados.

65 De otra parte, resulta imperativo señalar que, al margen de los casos de epígrafe, ante este Tribunal penden un sinnúmero de casos que presentan controversias análogas, por no decir idénticas. Por tanto, la dilación de los recursos en cuestión surte efectos colaterales sobre la oportuna y efectiva disposición de otros. Esto, además, incrementa significativamente la carga de trabajo de este Tribunal, la cual bien puede entorpecer la disposición de recursos no relacionados con la controversia que nos atañe. CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 7 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

El Juez Asociado que tuvo a su cargo los casos

consolidados que nos ocupan circuló su borrador de

ponencia el 11 de febrero de 2015. Circulada ésta, la

mayoría de los miembros de este Tribunal se acogieron al

término reglamentario, con tal de poder estudiar la

misma con rigor y emitir el voto correspondiente. Así,

transcurridos los términos, quedó claro que el saldo de

votos no favorecía la postura del Juez ponente. “Votos”,

puesto que, en efecto, una mayoría de este Tribunal

había emitido su voto en torno a la ponencia circulada.

Esto es, había evaluado la controversia en los méritos y

asumido una postura respecto a ésta. Ante esta

situación, la ponencia circulada no podía certificarse

como opinión del Tribunal, habida cuenta de que no

contaba con los votos suficientes. Procedía, entonces,

en rigor, que el Juez Asociado ponente devolviera el

expediente a la Jueza Presidenta para que ésta lo

asignara a uno de los jueces cuya postura fue

mayoritaria. Éste, a su vez, debía emitir un dictamen

que reflejara el criterio mayoritario.

Sin embargo, sorpresivamente, en la tarde de ese

mismo día, se circuló un memorando en virtud del cual el

Juez ponente retiraba su borrador y proponía la

celebración de una vista oral. Ello, cuando al menos

ocho de los miembros de este Tribunal ya habían emitido

su voto respecto a la ponencia en cuestión. Es decir, la

propuesta del Juez ponente no solamente es contraria al CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 8 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

procedimiento que se ha seguido en esta Curia desde

siempre, sino que, además, resulta extravagante, puesto

que una mayoría de este Tribunal ya ha reflexionado y

asumido una postura respecto a la controversia que

suscitan los casos de epígrafe. Dicho lo anterior,

habría que volver sobre la interrogante antes señalada,

¿qué razones justifican la celebración de una vista oral

a estas alturas, cuando la mayoría de los integrantes de

este Foro ya ha pasado juicio sobre la controversia que

nos ocupa? A modo de contestación, baste con señalar que

las actuaciones de esa mayoría son tanto más elocuentes

que cualquier contestación puntual.

Así, en consideración de lo anterior, e indignada

con el proceder de esa mayoría, disiento.

III

En cuanto a los méritos de la celebración de la

vista oral, es menester señalar, de entrada, que “[l]os

beneficios de . . . [ésta] para ilustrar al Tribunal y

esclarecer . . . [una] controversia son indudables”.

Brito Díaz v. Bioculture, 184 D.P.R. 350, 355 (Martínez

Torres, J., Voto de Conformidad). Ello, claro está,

presupone que los juzgadores que se beneficiarán de la

misma aún no tienen un criterio formado sobre la

controversia en virtud de la cual se ha de celebrar

ésta. Hoy, sin embargo, una mayoría de este Tribunal

dispone para la celebración de una vista oral aun cuando CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 9 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

sus miembros ya han evaluado en los méritos la

controversia que en ésta se pretende discutir y

expresaron su postura, algunos por escrito, en cuanto a

ésta. Es decir, esta vista oral no podrá “ilustrar” a

este Tribunal ni “esclarecer” la controversia, dado que

ésta ya fue debidamente evaluada y juzgada por los

miembros de este Foro. Máxime cuando se tienen en cuenta

los múltiples alegatos presentados por las partes

discutiendo con rigor los méritos de la controversia.

De otra parte, es preciso destacar que, aun

reconociendo el valor que bien pudieran tener las vistas

orales en la adjudicación de ciertas controversias, no

se debe perder de vista que el uso indiscriminado de

éstas puede redundar en la dilación injustificada de los

procedimientos, lo que, a su vez, puede aumentar los

costos para las partes. 66 Es innegable, pues, que, dadas

las circunstancias que rodean la resolución que hoy se

certifica, la celebración de la vista oral que ésta

66 Véase Robert J. Martineau, The Value of Appellate Oral Argument: A Challenge to the Conventional Wisdom, 72 Iowa L. Rev. 1, 33 (1986) (“Oral arguments can and should continue to have a significant role in the appellate process. However, unless its real purpose is understood and it is used only in those cases in which that purpose can be served, it will delay the disposition of cases and increase expenses.”). Véase, también, Ruth Bader Ginsburg, Remarks on Appellate Advocacy, 50 S.C. L. Rev. 567, 570 (1999) (“A last word on oral argument. In my view it is in most cases a hold- the-line operation. In over eighteen years on the bench, I have seen few victories snatched at oral argument from a total defeat the judges had anticipated on the basis of the briefs.”). CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 10 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

viabiliza, en este caso en particular, supone gastos

adicionales para las partes, quienes llevan enfrascadas

numerosos años en la litigación de estos casos. Es

decir, la resolución que antecede desatiende las

consideraciones que han de guiar a este Tribunal en la

celebración de vistas orales.

Asimismo, es desconcertante la determinación de

desconsolidar dos de los casos de epígrafe para la

celebración de la vista en cuestión. Ante todo, ¿qué

criterios utilizó la mayoría para privilegiar a estos

litigantes a expensas de los demás? ¿Qué razones

justifican permitir que los litigantes de los casos

desconsolidados participen en una vista oral y, a la

vez, negar tal oportunidad a las demás partes, quienes

oportunamente presentaron ante este Tribunal recursos

planteando controversias análogas? Dada la ausencia de

criterios específicos o razones fundamentadas, no queda

más que inferir que se trata de una determinación

arbitraria cuya justificación ulterior no es más que un

mero “porque sí”.

Por último, llamo la atención a que la vista oral

en cuestión se celebrará el 1 de marzo de 2016. Esto es,

poco menos de cuatro meses desde la certificación de la

resolución que antecede, y más de dos años desde que el

último de los casos consolidados quedara sometido para

adjudicación en los méritos, el 11 de agosto de 2014.

Aun partiendo de la premisa de que la celebración de CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 11 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

esta vista oral fuera imperativa, cabría preguntarse

¿por qué esperar casi cuatro meses para la celebración

de ésta? Al final, se trata de un ejercicio tosco del

poder que no precisa razones, puesto que se sabe

arbitrario. Se trata, pues, de un poder que se regodea

en la complacencia de su arbitrariedad.

IV

Esta no es la primera vez que una mayoría de este

Tribunal se vale de mecanismos procesales para adelantar

sus objetivos o ejercer presiones indebidas en la

tramitación ordinaria de los procedimientos judiciales.

Es decir, la resolución que hoy avala una mayoría de

este Tribunal no es más que otro capítulo en la triste

historia reciente de este Foro. Sin embargo, en esta

ocasión, tal proceder está revestido de matices

particulares; éstos, a su vez, remiten a la atropellada

e irregular tramitación de los casos de epígrafe. Como

se dijo, las actuaciones de la mayoría son tanto o más

elocuentes que cualquier constatación verbal. En

consecuencia, he procurado exponer someramente los

pormenores de dicho trámite con tal de contextualizar

debidamente este disenso. Que no quepa duda: hoy este

Tribunal, injustificada y arbitrariamente, apartándose

del trámite usual, desatiende el criterio que prevaleció

ya en este caso, y opta por dilatar aún más la

resolución de una controversia, sin tomar en CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 12 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

consideración los gastos que esto conlleva para las

partes y los efectos nocivos que surten las dilaciones

innecesarias sobre la legitimidad de este Foro. Así,

puesto que rechazo actitudes y comportamientos

liliputienses de aquéllos que son incapaces de ser

consecuentes con lo que predican, disiento.

Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Banco Bilbao Vizcaya y Universal Insurance Company, Puerto Rican American Insurance Company, Reliable Financial Services, Inc., et als., Luis Marzán Oyola, Lloyd S. Flores Báez, Toyota Credit y otros

v. CC-2012-767

Peticionario --------------------------- Cons. José Antonio Cruz López

v. CC-2012-886

Peticionarios --------------------------- Cons. Orlando Rodríguez Rodríguez

v. CC-2012-922

Peticionarios --------------------------- Cons. Reliable Financial Services, Inc. y Triple-S Propiedad

v. CC-2013-541

Estado Libre Asociado de CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 2 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

Puerto Rico

Peticionario --------------------------- Cons. William Morales Rosario

v. CC-2013-560

Peticionario --------------------------- Cons. Reynaldo Ayala Villanueva, Raymond Irizarry García

v. CC-2013-572

Peticionario --------------------------- Cons. María del C. Acevedo Márquez

v. CC-2013-730

Peticionario --------------------------- Cons. Mapfre Praico Insurance Company, Reliable Financial Services, Inc.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 3 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

Voto particular disidente emitido por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA MARTÍNEZ

Desde el 2012, este Tribunal ha recibido recursos

relacionados con la nueva ley de confiscaciones. Desde el

2013 hasta el presente, este Tribunal ha continuado

expidiendo multiplicidad de casos de confiscaciones. En

el 2014, consolidamos los casos de epígrafe. Desde ese

mismo año, se encuentran perfeccionados los recursos

consolidados. Durante el 2015, se han circulado varias

ponencias en las que hemos expuesto nuestros respectivos

criterios. Todas y todos los miembros de este Tribunal

han asumido posturas al presente, por lo que no veo

impedimento para que emitamos un dictamen –

independientemente de cuál sea el criterio que

prevalezca- ya que es imperativo emitir una directriz a

los foros recurridos.

Nos encontramos ante una controversia sencilla, con

precedentes claramente aplicables, los cuales la

Constitución de los Estados Unidos y la de Puerto Rico

exigen que no abandonemos. Sin embargo, con la

consecuencia de aplazar un inminente dictamen que

confirmaría el razonamiento abrumadoramente mayoritario

de los paneles del Tribunal de Apelaciones, una Mayoría

de este Tribunal anuncia sorpresivamente la certificación

de una Resolución para desconsolidar los casos CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 4 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

previamente analizados y, paradójicamente, opta por

regresar al principio del camino descartado y

selectivamente celebrar una vista oral, nada más y nada

menos que en marzo de 2016. Ello, a pesar de que no

tenemos vistas orales calendarizadas para los meses de

noviembre y diciembre del año en curso, ni tampoco para

el primer trimestre del 2016. Consecuentemente, he

promovido la celebración de vistas orales en casos que

verdaderamente la ameritan y en el momento oportuno.

Ahora bien, el tracto procesal, la acción de

desconsolidar, la naturaleza de la controversia ante nos

y la tardía celebración de la vista oral propuesta, dejan

al descubierto que las motivaciones son ajenas a las

virtudes de la celebración de las mismas.

En consecuencia, no me voy a prestar para un curso

de acción totalmente ajeno a la celebración oportuna de

una vista oral y, mucho menos, cuando tal dilación es

contraria al mandato de promover soluciones justas,

económicas y rápidas. Máxime cuando la acción de

desconsolidación y el curso de acción adoptado atenta

contra la concesión de un remedio adecuado, completo y

oportuno. Transcurridos varios años de litigación ante

este Tribunal, sin contar el calvario procesal ante los

otros foros recurridos, no voy a ser partícipe de una

dilatación procesal innecesaria y una desconsolidación

onerosa, selectiva e improcedente. CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 5 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

Con el plan trazado por la Mayoría, las ciudadanas y

los ciudadanos, al igual que las otras partes

peticionarias con intereses propietarios y el Estado,

incurrirán en gastos de litigación adicionales e

innecesarios, para discutir dos preguntas que han sido

abordadas extensamente en las comparecencias de las

partes involucradas y analizadas hasta la saciedad en

varias ponencias fundamentadas, que se encuentran listas

para ser certificadas.

En el descargo de la responsabilidad de mis

funciones, disiento del curso de acción adoptado por una

Mayoría de este Tribunal y procedo a exponer las

consideraciones procesales y de naturaleza sustantiva que

fundamentan mi oposición a la desconsolidación y a la

celebración tardía e innecesaria de una vista oral.

Veamos.

En los casos de epígrafe, varios ciudadanos, al

igual que entidades financieras y sus respectivas

compañías aseguradoras (demandantes), incoaron acciones

judiciales contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico

(ELA) con el fin de impugnar la confiscación de

propiedades que alegadamente se utilizaron en la comisión

de delitos. Esencialmente, los demandantes presentaron

sendas mociones de sentencia sumaria mediante las cuales

sostuvieron que el foro judicial debía anular la

confiscación por motivo del resultado favorable obtenido CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 6 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

por los imputados de delito en la acción penal. 67

Amparados en la vigente normativa jurídica adoptada por

este Tribunal para los casos de confiscaciones civiles,

los demandantes arguyeron que existía impedimento

colateral por sentencia para continuar la acción civil

confiscatoria como consecuencia del desenlace del

procedimiento penal. Ello, toda vez que sostuvieron que

al desestimarse o archivarse los cargos criminales, el

Estado no pudo demostrar que se había cometido un delito,

siendo éste uno de los elementos esenciales para que

proceda la confiscación civil de la propiedad.

Asimismo, los demandantes plantearon que abstraer el

resultado de la causa penal del procedimiento civil de

confiscación lesionaría derechos constitucionales

fundamentales, puesto que les privaría de su propiedad

sin el debido proceso de ley y sin previa justa

compensación. De igual forma, alegaron que se vulneraría

la protección constitucional del acusado a no ser juzgado

dos veces por el mismo delito. Finalmente, los

demandantes sostuvieron que aún bajo la Ley Núm. 119-

2011, infra, la acción civil de confiscación es de

67 El resultado favorable en el proceso criminal se debía a que, en síntesis, los cargos presentados fueron desestimados o archivados por varios motivos, a saber: (1) supresión de la única evidencia incriminatoria (CC- 2013-541; CC-2013-730; CC-2013-1077); (2) dictamen de no causa para acusar tanto en la etapa de vista preliminar como en la vista preliminar en alzada (CC-2013-560; CC- 2013-572; CC-2013-1077); y (3) violaciones a los términos de juicio rápido (CC-2012-767; CC-2012-886; CC-2012-922). CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 7 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

naturaleza punitiva, por lo que deben operar todas las

garantías constitucionales que cobijan a los ciudadanos.

Por su parte, el ELA se opuso a las respectivas

mociones de sentencia sumaria incoadas. En síntesis,

adujo que la aprobación de la Ley Núm. 119-2011 supuso un

cambio de enfoque en la manera en que la Asamblea

Legislativa de Puerto Rico concebía las confiscaciones

civiles y en la forma en que este Tribunal ha resuelto

este tipo de casos. En ese sentido, arguyó que los

pronunciamientos jurisprudenciales emitidos bajo la

derogada Ley de Confiscaciones del 1988, infra, eran

inaplicables a las presentes controversias. Así, planteó

que en la actualidad el proceso de confiscación civil de

los bienes es uno completamente independiente de

cualquier otro proceso que se lleve a cabo contra el

dueño o poseedor de éstos. Por tanto, el ELA alegó que

bajo el estatuto de confiscaciones vigente no cabía

concluir que la doctrina de impedimento colateral por

sentencia, por motivo del desenlace de la causa penal,

condicionaba el proceso civil de confiscación. Para el

ELA, condicionar tal proceso implicaría ignorar la

presunción de legalidad y corrección que establece la Ley

Núm. 199-2011 bajo la cual le corresponde al demandante

en la acción de impugnación de confiscación el peso de la

prueba para derrotar la legalidad de ésta.

En cuanto a los planteamientos constitucionales

señalados por los demandantes, el ELA expuso que la ley CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 8 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

de confiscaciones contiene un proceso de impugnación que

cumple con las salvaguardas del debido proceso de ley. De

otra parte, planteó que el procedimiento de confiscación

civil de la propiedad no activa las garantías

constitucionales contra la doble exposición. De acuerdo

al ELA, ese proceso es estrictamente civil por lo que no

representa exposición alguna a convicción de delito, ni

aumenta la pena.

Tras examinar los argumentos de las partes, los

foros primarios emitieron dictámenes esencialmente

similares en todos los casos. 68 Esto es, acogieron los

planteamientos esgrimidos por los demandantes por lo que

declararon ha lugar la impugnación de la confiscación y,

por consiguiente, ordenaron la devolución de la propiedad

confiscada. Presentadas oportunamente solicitudes de

reconsideración por parte del ELA, éstas fueron

declaradas no ha lugar.

68 Excepto el caso CC-2013-1077 en el cual una entidad financiera y su compañía aseguradora (demandantes) presentaron dos mociones de sentencia sumaria, como parte de una demanda de impugnación de confiscación contra el ELA. Mediante éstas, alegaron que el foro judicial debía aplicar la doctrina de impedimento colateral por sentencia y, por ende, anular la confiscación de su propiedad. En lo pertinente, adujeron que el resultado favorable de la acción penal condicionaba la acción civil confiscatoria. Examinadas las posturas de las partes, el Tribunal de Primera Instancia denegó las solicitudes de sentencia sumaria al concluir que en estos casos la aplicación de la referida doctrina no es automática. Inconformes, los demandantes acudieron al Tribunal de Apelaciones. Visto el caso, el foro apelativo intermedio denegó la expedición del recurso de certiorari presentado. Ante ello, los demandantes recurrieron ante este Tribunal. CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 9 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

Inconforme con estas determinaciones, el ELA

recurrió ante el Tribunal de Apelaciones. En esencia, el

foro apelativo intermedio confirmó la determinación de

los foros primarios. Por ende, avaló la impugnación de

las confiscaciones efectuadas por el ELA y, en

consecuencia, la devolución de la propiedad. El

razonamiento del Tribunal de Apelaciones se dirigió a

afirmar que al desaparecer la acción penal resultaba

forzoso concluir que también se extinguió la acción

confiscatoria. En otras palabras, de las determinaciones

judiciales ante nos se desprende que, a juicio del foro

apelativo intermedio, el proceso de confiscación civil

está estrechamente ligado al resultado de la acción penal

que lo origina. De esta forma, el aludido foro concluyó

que el desenlace de la acción penal es relevante para

dictaminar la procedencia o no de la confiscación civil

de la propiedad.

En desacuerdo con el proceder del Tribunal de

Apelaciones, el ELA acude ante este Tribunal.

Fundamentalmente, reproduce los argumentos enunciados

ante los foros recurridos. Examinados los casos, el 25 de

agosto de 2014, este Tribunal emitió una Resolución

mediante la cual consolidó las ocho controversias de

epígrafe. Además, brindamos la oportunidad de que todas

las partes involucradas se expresaran. Con el beneficio CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 10 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

de sus comparecencias 69 y de la discusión colegiada, se

circularon varias ponencias. Sin embargo, habiendo

transcurrido los términos reglamentarios para certificar

las mismas y estando en posición de emitir el

correspondiente dictamen, una Mayoría de este Tribunal

adopta un curso de acción contrario y dilatorio.

De entrada, resulta necesario reconocer que a los

casos consolidados les aplica el mismo marco estatutario

y jurisprudencial pertinente. Por ello, resulta

incomprensible la desconsolidación selectiva y la

celebración de una vista oral fragmentada y tardía.

Veamos los fundamentos que derrotan ese curso de acción,

porque a fin de cuentas, no debemos obviar que “el

procedimiento no se debe colocar en el vacío [...] y que

cada regla procesal [...] tiene un pronunciado efecto

sobre la manera en que opera la ley sustantiva”.70

En repetidas ocasiones este Tribunal ha definido la

confiscación como el acto mediante el cual el Estado, por

mandato de la Asamblea Legislativa y actuación del

ejecutivo, ocupa e inviste para sí todo derecho de

propiedad sobre cualesquiera bienes que hayan sido

utilizados en la comisión de ciertos delitos. Doble Seis

69 Solamente el Sr. José A. Cruz López, recurrido en el caso CC-2012-886, no compareció a expresar su posición ante este Tribunal. 70 M. Cappelletti y otros, El acceso a la justicia: la tendencia en el movimiento mundial para hacer efectivos los derechos, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, pág. 13. CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 11 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

Sport v. Depto. Hacienda, 190 DPR 763, 784 (2014);

Rodríguez Ramos v. ELA, 174 DPR 194, 202 (2008); Del Toro

Lugo v. ELA, 136 DPR 973, 980-981 (1994). En virtud de la

confiscación, el Estado tiene la facultad de privar de la

propiedad privada sin compensación aunque, claro está,

sujeto al cumplimiento con el debido proceso de ser

notificado y oído. Pueblo v. González Cortés, 95 DPR 164,

167-168 (1967). En ese sentido, realizada conforme a

derecho, la confiscación constituye una excepción al

mandato constitucional que impide tomar propiedad privada

para fines públicos sin justa compensación. Véase Art.

II, Sec. 9, Const. ELA, Tomo 1, ed. 2008, págs. 323-324;

véase, además, Coop. Seg. Múlt. v. ELA, 180 DPR 655, 662-

663 (2011).

Cabe resaltar que en nuestra jurisdicción se ha

estatuido la autoridad del Estado de apropiarse de

aquellos bienes utilizados para fines ilícitos tanto como

parte del proceso penal que se lleva a cabo contra el

propietario o poseedor de éstos, así como a través de una

acción civil contra la cosa u objeto mismo. A tales

efectos, en nuestro ordenamiento jurídico el proceso de

confiscación se puede instituir bajo dos modalidades, a

saber: confiscación criminal y confiscación civil.

En atención a las distinciones entre estas

modalidades, se ha precisado que la confiscación criminal

se realiza como parte integral de la acción in personam

contra el alegado autor del delito en un caso criminal. CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 12 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

Coop. Seg. Múlt. v. ELA, supra, pág. 664; Del Toro Lugo

v. ELA, supra, págs. 981-982. En este tipo de modalidad,

la convicción de la persona imputada es, precisamente, el

fundamento que origina la confiscación. Esto es, se

impone la confiscación como pena adicional si la persona

acusada resulta convicta. Como puede apreciarse, la

naturaleza de esta modalidad de confiscación es punitiva

y tiene el propósito de promover el interés del Estado en

cuanto a que el criminal no se lucre de su actividad

delictiva. Del Toro Lugo v. ELA, supra, pág. 982.

Por su parte, la segunda modalidad de confiscación

es una acción civil mediante la cual se va directamente

contra la cosa a ser confiscada, por lo que está separada

procesalmente del encausamiento criminal contra el

presunto autor del delito. Coop. Seg. Múlt. v. ELA,

supra, pág. 664. Es decir, este tipo de confiscación va

dirigido contra la cosa misma (in rem) y no contra el

dueño de la propiedad, su poseedor, encargado o cualquier

otra persona con interés legal sobre ésta. Es una acción

in rem toda vez que se imputa la utilización de la

propiedad confiscada en la comisión de un delito. Del

Toro Lugo v. ELA, supra, pág. 982. En otras palabras, el

derecho del Estado de tomar posesión de la cosa surge del

mal uso que se le ha dado a ésta. Suárez v. ELA, 162 DPR

43, 52 (2004) (Per Curiam); Del Toro Lugo v. ELA, supra,

pág. 983. CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 13 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

Es menester señalar que la confiscación in rem se

trata de una ficción jurídica a través de la cual, en

cierto sentido, se culpa a la propia cosa por su

participación en el delito. Por lo tanto, bajo esta

modalidad se permite que el Estado vaya directamente

contra la propiedad como parte de una ficción jurídica

que considera que a la cosa, como medio o producto del

delito, se le puede fijar responsabilidad

independientemente del autor del delito. Coop. Seg. Múlt.

v. ELA, supra, pág. 665.

Ahora bien, con respecto a los elementos pertinentes

para determinar si procede una confiscación civil,

reiteradamente este Tribunal ha expresado que son los

siguientes: (1) existencia de prueba suficiente y

preponderante de que se ha cometido un delito; y (2)

existencia de un nexo entre la comisión del delito y la

propiedad confiscada. Doble Seis Sport v. Depto.

Hacienda, supra, pág. 784; Suárez v. ELA, supra, pág. 52;

Del Toro Lugo v. ELA, supra, pág. 983. De esta forma, se

entendía que la acción civil de confiscación procedía si

el quantum de evidencia para establecer que se ha

cometido un delito es suficiente y preponderante, y se

halla un nexo entre el delito perpetrado y la propiedad

confiscada.

A.

Examinadas las modalidades de confiscación presentes

en nuestro ordenamiento jurídico, conviene hacer hincapié CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 14 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

en que la naturaleza in personam o in rem de una acción

depende de lo que persiga el estatuto que la habilita.

Esto, habida cuenta de que no es la naturaleza de la

acción, sino el verdadero propósito del estatuto, lo que

debe guiar el análisis. Downs v. Porrata, Fiscal, 76 DPR

611, 619 (1954). Por tal motivo, desde hace varias

décadas este Tribunal ha enfatizado que la confiscación

civil tiene una marcada naturaleza punitiva. Coop. Seg.

Múlt. v. ELA, supra, pág. 664; Centeno Rodríguez v. ELA,

170 DPR 907, 913 (2007); Santiago v. Supte. Policía de

PR, 151 DPR 511, 515-516 (2000); Del Toro Lugo v. ELA,

supra, pág. 987; Carlo v. Srio. de Justicia, 107 DPR 356,

362 (1978). Independientemente de la naturaleza civil de

la acción, la manera como ha sido aplicada la sanción, el

procedimiento que se utiliza y las defensas permitidas en

éste, reflejan su propósito punitivo. Santiago v. Supte.

Policía de PR, supra, pág. 515; Del Toro Lugo v. ELA,

supra, págs. 986-987. Sin duda, la naturaleza in rem de

la acción no la desviste de su condición esencialmente

punitiva y de infligir castigo. Carlo v. Srio. de

Justicia, supra, pág. 362; Ochoteco v. Tribunal Superior,

88 DPR 517, 528 (1963). Ello, pues, es evidente que su

objetivo es castigar por la comisión de una ofensa contra

la ley.

Lo que antecede guarda perfecta armonía con

pronunciamientos jurisprudenciales emitidos por el

Tribunal Supremo Federal, de los cuales se desprende que CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 15 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

si bien la confiscación se denomine civil y se considere

independiente a la causa penal, ésta no deja de ser un

proceso esencialmente punitivo que busca penalizar por la

conducta delictiva. Véanse Austin v. US, 509 US 602

(1993); Plymouth Sedan v. Pennsylvania, 380 US 693, 697

(1965). Particularmente, en el caso Plymouth Sedan v.

Pennsylvania, supra, pág. 697, el Tribunal Supremo

Federal dejó claramente establecido que:

[P]roceedings instituted for the purpose of declaring the forfeiture of a man‟s property by reason of offences committed by him, though they may be civil in form, are in their nature criminal [and] though technically a civil proceeding, [it] is in substance and effect a criminal one .... [S]uits for penalties and forfeitures incurred by the commission of offences against the law, are of this quasi- criminal nature. Íd. (Énfasis suplido).

Es conocido que a partir de la década del sesenta el

proceso de confiscaciones en Puerto Rico estuvo regulado

por la Ley Uniforme de Confiscación de Vehículos, Bestias

y Embarcaciones, Ley Núm. 39 de 4 de julio de 1960, 34

LPRA ants. secs. 1721 y 1722. No obstante, con el

objetivo de actualizar las disposiciones de la mencionada

legislación y, sobre todo, ampliar la facultad del Estado

para confiscar la propiedad utilizada con propósitos

ilegales, en el 1988 se aprobó la Ley Uniforme de

Confiscaciones, Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988 (Ley

Núm. 93), 34 LPRA ant. sec. 1723 et seq. La promulgación

de esta pieza legislativa constituyó parte del proceso CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 16 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

que llevó a cabo el Estado durante décadas para uniformar

los procedimientos de confiscación diseminados en

diferentes leyes especiales.

En lo tocante al propósito de la Ley Núm. 93, en su

Exposición de Motivos se señalaba expresamente que:

La confiscación de los bienes que propician la comisión de un delito puede ser un elemento disuasivo para el delincuente que por temor a exponerse al peligro de perder su propiedad limita su actividad delictiva o no le resulta tan fácil su realización. Véase Ley Núm. 93-1988 (1988 Leyes de Puerto Rico 409). (Énfasis suplido).

Como puede apreciarse, conforme al texto de la

reseñada Exposición de Motivos, la confiscación de bienes

se consideraba un mecanismo disuasivo para que una

persona, ante el riesgo de perder su propiedad, limitara

su actividad delictiva o se le dificultara su

realización. La intención de la Ley Núm. 93 era evitar

que la propiedad confiscada pudiera volverse a utilizar

para fines ilícitos y servir de castigo adicional para

disuadir a los criminales. Centeno Rodríguez v. ELA,

supra, pág. 913; Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79,

86-87 (2001). Se pretendía desincentivar la conducta

criminal al imponer un castigo adicional a la posible

privación de la libertad tras un encausamiento penal.

Coop. Seg. Múlt. v. ELA, supra, pág. 663.

En las ocasiones en que este Tribunal examinó las

disposiciones de la Ley Núm. 93, consistentemente señaló

que el procedimiento de confiscaciones contenido en ésta CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 17 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

era de carácter civil o in rem; es decir, iba dirigido

contra la cosa que se alegaba fue utilizada en la

comisión del delito. En ese sentido, la acción de

confiscación se consideraba independiente de la acción

penal que la motivó. Empero, a través de múltiples

pronunciamientos jurisprudenciales, este Tribunal dejó

claro que aunque el procedimiento de confiscaciones de la

Ley Núm. 93 era in rem, éste perseguía y reflejaba un

propósito punitivo. Tal como expresé, la confiscación

constituía un mecanismo en la lucha contra el crimen y

actuaba como una sanción penal adicional contra el

criminal. Por lo tanto, si bien el proceso mantenía su

forma civil, su objetivo era uno marcadamente punitivo.

Conscientes de la evidente naturaleza punitiva que

acarrean los estatutos confiscatorios de propiedad

privada, nuestro desarrollo jurisprudencial ha enfatizado

que éstos no son favorecidos por las cortes y deben ser

interpretados de forma restrictiva. A tales efectos, este

Tribunal ha sostenido que estos estatutos no deben

interpretarse de manera que propicien la confiscación, ni

mucho menos se debe recurrir a su letra estricta para

sostenerla, cuando existe un lenguaje dudoso en la propia

ley. Pueblo v. González Cortés, supra, pág. 168. De esta

forma, los estatutos confiscatorios deben ser

interpretados de tal suerte que resulten consistentes con

la justicia y los dictados de la razón natural. Coop. CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 18 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

Seg. Múlt. v. ELA, supra, pág. 668; Pueblo v. González

Cortés, supra, pág. 168.

Por su parte, el Tribunal Supremo Federal también ha

desarrollado abundante jurisprudencia de la cual se

desprende que las garantías constitucionales son

aplicables en los casos de confiscación civil de la

propiedad, en la medida en que ésta tenga un propósito

punitivo. Así, se destaca que en Plymouth Sedan v.

Pennsylvania, supra, el Tribunal Supremo Federal no

vaciló en aplicar las protecciones constitucionales

contra registros irrazonables en casos criminales a un

proceso de confiscación civil. Tampoco titubeó ese Foro

Federal en Austin v. US, supra, al resolver que las

salvaguardas de la Octava Enmienda de la Constitución de

los Estados Unidos, las cuales prohíben el uso de

castigos crueles e inusitados, operan en los casos

civiles de confiscación. Véanse A.W. Laing, Asset

Forfeiture & Instrumentalities: the Constitutional Outer

Limits, 8 N.Y.U.J.L. & Liberty 1201 (2014); A. Seals

Bersinger, Grossly Disproportional to Whose Offense? Why

the (Mis)Application of Constitutional Jurisprudence on

Proceeds Forfeiture Matters, 45 Ga. L. Rev. 841 (2011).

Como vimos, la verdadera naturaleza de la

confiscación civil es una punitiva, por lo que conlleva

como hermenéutica una interpretación restrictiva. Cabe

puntualizar que esta norma de interpretación siempre ha CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 19 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

sido aplicada por este Tribunal a los estatutos

confiscatorios promulgados en nuestra jurisdicción,

cónsono con el esquema de garantías constitucionales

aplicable. Veamos.

El aludido andamiaje jurisprudencial comenzó a

forjarse hace aproximadamente seis décadas cuando este

Tribunal resolvió el caso Downs v. Porrata, Fiscal,

supra. Ante una controversia que consistía en determinar

el efecto de un indulto total, pleno e incondicional

otorgado a un imputado de delito con relación a sus

propiedades confiscadas, este Tribunal resolvió que ello

implicaba la obligación de devolverlas. Íd., pág. 617. En

síntesis, se razonó que:

[A]l borrarse todo vestigio de culpabilidad de la persona, la propiedad confiscada se convierte automáticamente en una propiedad inocente (innocent property) que puede revertir a su dueño, puesto que es la culpa del dueño la que la convierte en un instrumento o medio ilícito para la comisión de un delito. Íd., pág. 619.

Años más tarde, en Carlo v. Srio. de Justicia,

supra, este Tribunal tuvo ocasión para dictaminar lo que

procede cuando un imputado de delito que resulta absuelto

luego de ventilado el juicio en sus méritos impugna la

confiscación de la que fue objeto su propiedad. Trabada

así la controversia, este Tribunal concluyó que:

La absolución en los méritos adjudica con finalidad irrevisable el hecho central, tanto del caso criminal como el de confiscación, de que el vehículo no se utilizó para transportar mercancía ilícita. Daría lugar a una anomalía resolver bajo estas circunstancias que no habiéndose probado en el primer caso que el CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 20 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

acusado utilizara el vehículo para transportar material relacionado con el juego, hubiese de enfrentarse todavía a la misma cuestión en la demanda de impugnación. Íd., pág. 363. (Énfasis suplido).

En el mencionado caso se trajo a colación la

doctrina de impedimento colateral por sentencia, 71 toda

vez que se determinó que ésta exigía la desestimación de

la acción in rem si al resolverse el caso criminal se

adjudicaron y determinaron hechos decisivos para el

procedimiento civil de confiscación. Íd., pág. 363.

Asimismo, este Tribunal advirtió que no podía

disminuirse, ni mucho menos ignorarse, la consecuencia de

una sentencia absolutoria recaída sobre el hecho medular

71 En repetidas ocasiones, este Tribunal ha expresado que la doctrina de impedimento colateral por sentencia constituye una modalidad de cosa juzgada. Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 276 (2012); Beníquez et al. v. Vargas et al., 184 DPR 210, 225 (2012); SLG Szendrey- Ramos v. Consejo de Titulares, 184 DPR 133, 155 (2011). Empero, se distingue de la cosa juzgada, ya que para su aplicación no es necesario que se dé el requisito de identidad de causas. Presidential v. Transcaribe, supra, págs. 276-277; Beníquez et al. v. Vargas et al., supra, pág. 225; SLG Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, supra, pág. 155. En síntesis, el impedimento colateral por sentencia opera cuando un hecho esencial para el pronunciamiento de una sentencia se dilucida y determina mediante sentencia válida y final, y esa determinación es concluyente en el segundo pleito entre las mismas partes. Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 277; Beníquez et al. v. Vargas et al., supra, pág. 225. SLG Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, supra, pág. 155. De esta forma, la referida doctrina busca promover la economía procesal al salvaguardar varios aspectos, a saber: (1) proteger a los litigantes contra pleitos repetidos sobre la misma controversia; (2) evitar juicios innecesarios; y (3) prevenir sentencias incongruentes. Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 276; Beníquez et al. v. Vargas et al., supra, pág. 225. Por lo tanto, el fin es evitar que la parte afectada por el impedimento colateral por sentencia vuelva a litigar asuntos que perdió en un pleito anterior. CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 21 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

de ambos procedimientos. Esto, habida cuenta que se

anticipó que sostener la confiscación en esas

circunstancias conllevaría derrotar garantías de estirpe

constitucional, tales como: colocar a la persona en

riesgo de ser castigada dos veces por el mismo delito y

vulnerar su derecho a un debido proceso de ley y a no

tomar su propiedad sin mediar justa compensación. Íd.,

págs. 363-364.

En el caso Del Toro Lugo v. ELA, supra, este

Tribunal amplió la norma general vigente hasta entonces

pautada en Carlo v. Srio. de Justicia, supra. A esos

efectos, se concluyó que una sentencia final y firme que

dicta no causa en vista preliminar constituye cosa

juzgada en su modalidad de impedimento colateral por

sentencia en el pleito de confiscación. Del Toro Lugo v.

ELA, supra, pág. 993. Del mismo modo, se resolvió que una

determinación final y firme con relación a la supresión

de evidencia ilegalmente obtenida, realizada en el

procedimiento penal que da base a la confiscación,

también será cosa juzgada en su modalidad de impedimento

colateral por sentencia en la acción in rem. Íd., pág.

997. A pesar de que las dos determinaciones judiciales

enumeradas no constituyen una adjudicación en los méritos

de la culpabilidad o inocencia del acusado, este Tribunal

estableció que no procedía la confiscación bajo esas

circunstancias porque no existía el elemento esencial de CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 22 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

conexión entre la propiedad confiscada y su utilización

en la comisión de un delito.

Con posterioridad, este Tribunal resolvió el caso

Suárez v. ELA, supra. En esencia, se enfrentó a la

particularidad de que unos cargos criminales fueron

desestimados por incumplimiento con los términos de

juicio rápido y ello se presentó como fundamento para la

impugnación de la confiscación. Ante ese cuadro, este

Tribunal siguió la progenie jurisprudencial trazada y

razonó que la desestimación de los cargos criminales por

incumplimiento con los términos de juicio rápido

constituía impedimento colateral por sentencia en la

acción civil de confiscación. Aunque se reconoció que el

Estado tenía la facultad para volver a presentar

acusaciones conforme a la Regla 67 de las de

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 67, se sostuvo

que:

[N]o debe penalizarse al propietario de la cosa ocupada con la exclusión de la doctrina de cosa juzgada en procesos de confiscación, cuando fue precisamente por falta de diligencia del Estado en el trámite del proceso criminal que se obtuvo un resultado favorable a dicho propietario. Se estaría beneficiando doblemente al Estado por su incumplimiento con los términos de juicio rápido: no sólo podría volver a presentar nuevas acusaciones o denuncias sino que también excluiría del proceso de confiscación la aplicación de la doctrina de cosa juzgada. Ello, a pesar de que el Estado mismo provocó la desestimación de los cargos criminales con la consecuencia de que además de sujetar al imputado al trajín de un segundo proceso criminal, tiene la ventaja de excluir un importante fundamento para impugnar la acción de confiscación. Suárez v. ELA, supra, pág. 64. CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 23 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

En armonía con la tendencia de condicionar el pleito

de impugnación de confiscación al resultado de la acción

penal, este Tribunal resolvió los casos Ford Motor v.

ELA, 174 DPR 735 (2008) y Díaz Morales v. Dpto. de

Justicia, 174 DPR 956 (2008) (Per Curiam). En Ford Motor

v. ELA, supra, se determinó que el archivo y

sobreseimiento de una acusación criminal, producto de

cumplir un programa de desvío, constituye cosa juzgada en

su modalidad de impedimento colateral por sentencia en la

acción civil de confiscación. Íd., pág. 746. Enfrentado

con una situación análoga, pero con la particularidad de

que se trataba de un menor, en Díaz Morales v. Dpto. de

Justicia, supra, este Tribunal resolvió que una vez se

cumple cabalmente con las condiciones del programa de

desvío y se obtiene el archivo del caso criminal, la

confiscación no puede subsistir. Íd., págs. 965-966.

Recientemente, en Coop. Seg. Múlt. v. ELA, supra,

este Tribunal continuó la tendencia jurisprudencial de no

divorciar totalmente el proceso civil de confiscación del

proceso criminal y de no aplicar mecánica y absolutamente

la ficción jurídica del proceso in rem. Al respecto, se

dictaminó que a pesar de la diferencia en el quantum de

prueba que se requiere en el caso criminal en comparación

con la acción in rem, si no prospera la causa criminal

contra la persona imputada es difícil continuar la

confiscación en el área civil. Íd., pág. 674. Finalmente, CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 24 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

se determinó que la acción civil confiscatoria se

extingue cuando el imputado de delito muere antes de que

la convicción advenga final y firme. En esas

circunstancias, se razonó que permitir “la confiscación

de un bien sin que nadie sea convicto de delito,

extend[ería] irrazonablemente la ficción jurídica en la

que se funda la acción, al extremo de que una „cosa‟, por

sí misma, sería culpable de la comisión de un acto

delictivo”. Íd., pág. 681.

Del andamiaje jurisprudencial descrito puede

colegirse que si bien este Tribunal ha reconocido y

validado la independencia de la acción in rem con

respecto a la acción in personam, reiteradamente ha

sostenido el firme criterio de atar la primera al

resultado de la causa criminal contra el alegado autor

del delito que fundamenta la confiscación. Incluso, tal

como se señaló, se ha reafirmado ese vínculo necesario

aun cuando la absolución criminal no sea en los méritos.

Al así resolver, se ha dejado claro que “no se trata

únicamente de la aplicación de la doctrina de impedimento

colateral por sentencia, sino de excepciones a la

independencia del proceso in rem fundadas en la extinción

de la acción penal contra la persona presuntamente

responsable del delito”. Íd., pág. 676. (Énfasis

suplido).

B. CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 25 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

Escudriñado el esquema decisorio, resulta oportuno

señalar que en medio de ese desarrollo jurisprudencial la

entonces Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó la

Ley Núm. 32-2000 (Ley Núm. 32). La promulgación de esta

ley tuvo el objetivo de enmendar el Art. 2 de la Ley Núm.

93 para, entre otras cosas, añadirle un inciso (c)

mediante el cual se excluyó expresamente la aplicación de

la doctrina de impedimento colateral por sentencia en

casos de confiscación. Particularmente, la enmienda

dispuso que el resultado favorable para un imputado en

cualquiera de las etapas de la acción criminal no sería

impedimento ni tendría efecto de cosa juzgada en la

acción civil de confiscación, aunque ésta se basara en

los hechos imputados en la acción penal. Véase Ley Núm.

32-2000 (2000 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 373, 376).

Ahora bien, también es menester resaltar que tres años

más tarde de la aprobación de la Ley Núm. 32, la Asamblea

Legislativa de Puerto Rico promulgó la Ley Núm. 18-2003

(Ley Núm. 18), con el propósito de enmendar nuevamente el

Art. 2 de la Ley Núm. 93. En lo pertinente, la enmienda

derogó el inciso (c) que añadió la Ley Núm. 32. La Ley

Núm. 18 expresamente reconoció que la exclusión de la

aplicación de la doctrina de impedimento colateral por

sentencia mediante la Ley Núm. 32 se llevó a cabo sin

considerar lo resuelto por este Tribunal en Carlo v. Srio

de Justicia, supra, y en Del Toro Lugo v. ELA, supra.

Véase Ley Núm. 18-2003 (2003 (Parte 1) Leyes de Puerto CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 26 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

Rico 64). Del mismo modo, en la parte expositiva de la

Ley Núm. 18 se enunció que la enmienda introducida por la

Ley Núm. 32:

[V]ulnera[ba] el derecho del acusado a no ser juzgado dos veces por el mismo delito y el derecho a no ser privado de su propiedad sin el debido proceso de ley y previa justa compensación. Íd., pág. 64.

Además, se expuso que el objetivo de la Ley Núm. 18

era corregir la situación causada por la enmienda al Art.

2 de la Ley Núm. 93, de modo que se ajustara al

ordenamiento jurídico vigente y, sobre todo, al mandato

constitucional. Íd., pág. 65. Ello, debido a que la

entonces Asamblea Legislativa razonó que la exclusión de

la mencionada doctrina suponía un menoscabo de los

postulados constitucionales fundamentales en una

democracia. Íd.

Finalmente, en su parte expositiva la Ley Núm. 18

también aludió a la obligación que tiene la Asamblea

Legislativa de velar por el fiel cumplimiento de nuestra

Constitución al no permitir la aprobación de leyes

mediante las cuales el Estado se beneficie de sus propios

actos ilegales, en detrimento de las garantías

constitucionales de los ciudadanos. Íd.

Expuesto lo anterior, procede considerar las

disposiciones del estatuto vigente que regula las

confiscaciones en los casos hoy, a fin de evidenciar la CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 27 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

improcedencia del curso de acción adoptado por la

Mayoría. Veamos.

Como es conocido, actualmente el procedimiento de

confiscación en nuestra jurisdicción está regido por la

Ley Núm. 119-2011, conocida como la Ley Uniforme de

Confiscaciones del 2011 (Ley Núm. 119), 34 LPRA sec. 1724

et seq. Esta ley derogó la Ley Núm. 93 y principalmente

se creó con el objetivo de establecer las normas que

regirán el procedimiento a seguir en toda confiscación. 72

Así, la Ley Núm. 119 se promulgó para instituir un

trámite expedito y uniforme para la confiscación de

bienes por parte del Estado y la disposición de éstos.

Asimismo, aclara los requisitos que deberá cumplir quien

busque impugnar una confiscación. A su vez, la ley crea

una Junta de Confiscaciones, adscrita al Departamento de

Justicia, cuya función primordial es custodiar,

conservar, controlar y disponer de la propiedad que el

Estado adquiera mediante el acto de confiscación. 34 LPRA

secs. 1724, 1724b.

En lo que atañe a la controversia ante este

Tribunal, la Ley Núm. 119 reafirma como política pública

la naturaleza in rem de las confiscaciones. A tales

efectos, se sostiene que la confiscación es un proceso

72 En cuanto a la propiedad sujeta a ser confiscada, el Art. 9 de la Ley Núm. 119 le otorga facultad al Estado para ocupar y hacer suyos todos aquellos bienes utilizados en violación a estatutos confiscatorios contenidos tanto en nuestro Código Penal como en leyes especiales que autoricen la confiscación. 34 LPRA sec. 1724f. CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 28 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

civil dirigido contra la cosa misma e independiente de

cualquier otro proceso que se pueda llevar contra el

dueño o el poseedor de los bienes ocupados. 34 LPRA sec.

1724e. En otras palabras, al igual que ha sido reconocido

y reiterado por este Tribunal, la ley dispone que la

acción de confiscación será independiente de cualquier

otra acción, ya sea penal, administrativa o de otra

índole. Así las cosas, no está demás esbozar parte de la

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 119 en la cual se

reitera que en nuestra jurisdicción:

[L]a confiscación es una acción civil o in rem, distinta y separada de cualquier acción in personam. La confiscación que lleva a cabo el Estado se basa en la ficción legal de que la cosa es la ofensora primaria. El procedimiento in rem tiene existencia independiente del procedimiento penal de naturaleza in personam, y no queda afectado en modo alguno por éste. Los procedimientos de confiscación civil pueden llevarse a cabo y culminarse antes de que se acuse, se declare culpable o se absuelva al acusado. Incluso, pueden llevarse aun cuando no se haya presentado ningún cargo. Esto debido a que la acción civil se dirige contra la cosa en sí misma, en general, la culpabilidad o inocencia del propietario es irrelevante en cuanto a la procedencia o no de la confiscación civil. Véase Ley Núm. 119-2011 (2011 (Parte II) Leyes de Puerto Rico 1762-1763).

En lo pertinente a los casos que nos ocupan, la Ley

Núm. 119 también cuenta con un proceso de impugnación de

la confiscación. Al respecto, el Art. 15 dispone que “se

presumirá la legalidad y corrección de la confiscación

independientemente de cualquier otro caso penal,

administrativo, o cualquier otro procedimiento

relacionado a los mismos hechos”. 34 LPRA sec. 1724l. En CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 29 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

consecuencia, la ley establece que “[e]l demandante tiene

el peso de la prueba para derrotar la legalidad de la

confiscación”. Íd. Además, surge del proceso de

impugnación que una vez contestada la demanda el foro

judicial celebrará una vista de legitimación activa.

Esto, en aras de determinar si antes de los hechos que

motivaron la confiscación el demandante ejercía dominio y

control con relación a la propiedad en cuestión. Íd. En

la eventualidad de que no se cumpla con el requisito de

legitimación activa, el tribunal desestimará

inmediatamente el pleito. Íd.

Antes de concluir con el examen de las disposiciones

de la Ley Núm. 119, valga enfatizar que, cónsono con lo

que se ha reseñado de los estatutos confiscatorios, en la

parte expositiva de la aludida ley también se insiste en

que la acción de confiscación constituye un elemento

disuasivo a la actividad criminal. Esto, debido al temor

que infunde la pérdida de la propiedad. Véase Ley Núm.

119-2011 (2011 (Parte II) Leyes de Puerto Rico 1761). No

obstante, a diferencia de la Ley Núm. 32, en la Ley Núm.

119 no se incluyó prohibición expresa alguna en cuanto a

la aplicación de la doctrina de impedimento colateral por

sentencia en pleitos de impugnación de confiscación. Por

el contrario, se mantiene el análisis jurisprudencial en

cuanto al carácter independiente de la acción penal y el

proceso de confiscación civil. Ello, con las excepciones CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 30 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

a la independencia que he reseñado por motivo de la

relación tan estrecha entre estos dos procesos.

V

Evaluados los fundamentos jurídicos y estatutarios

pertinentes, procedía emitir el correspondiente dictamen y

proveer un remedio adecuado, completo y oportuno en los

casos previamente consolidados.

Conforme expresé, los casos de epígrafe se originaron

cuando varios ciudadanos, al igual que entidades

financieras y sus respectivas aseguradoras, incoaron

acciones judiciales contra el ELA en las cuales impugnaron

la confiscación de sus correspondientes propiedades. En

particular, alegaron que la confiscación se debía dejar

sin efecto como consecuencia del desenlace favorable

obtenido por los imputados de delito en la acción penal.

De esta forma, sostuvieron que existía impedimento

confiscatoria. Asimismo, los demandantes arguyeron que

desligar el resultado de la acción penal del proceso civil

de confiscación vulneraría garantías constitucionales,

tales como: (1) el derecho a no ser privado de la

propiedad sin el debido proceso de ley y sin previa justa

compensación; y (2) el derecho de no ser juzgado dos veces

por el mismo delito.

Por su parte, el ELA se opuso y, alegó, en síntesis,

que la confiscación civil de los bienes es un proceso

completamente independiente de cualquier otro proceso que CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 31 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

se lleve a cabo contra el propietario o poseedor de éstos.

De acuerdo al ELA, el resultado de la causa penal no es

pertinente para el proceso civil de confiscación. Por lo

tanto, arguyó que bajo la ley de confiscaciones vigente no

procede la aplicación de la doctrina de impedimento

colateral por sentencia. Del mismo modo, expuso que el

proceso de impugnación contenido en la Ley Núm. 119 no

infringe el debido proceso de ley ni lesiona la

prohibición constitucional contra la doble exposición.

Aquilatados los argumentos de las partes, los foros

primarios declararon con lugar la impugnación de las

confiscaciones y, por ende, ordenaron la devolución de la

propiedad. Inconforme, el ELA recurrió ante el Tribunal de

Apelaciones. Esencialmente, este último foro confirmó los

dictámenes recurridos. Insatisfecho aún, el ELA acude ante

este Tribunal.

Tras ponderar la jurisprudencia desarrollada en torno

a los estatutos confiscatorios, conjuntamente con las

disposiciones de la Ley Núm. 119 y su historial

legislativo, soy del criterio que procedía reconocer la

inexistencia de una norma absoluta que separe

irremediablemente el proceso de confiscación civil del

resultado de la acción penal. Por el contrario, la

independencia de estos procesos sigue resguardando una

excepción en aquellos casos en que el imputado de delito

obtiene una resolución favorable en el procedimiento CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 32 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

criminal instado en su contra. Varias razones apoyan tal

contención. Elaboremos.

En primer lugar, y en armonía con los

pronunciamientos emitidos por el Tribunal Supremo Federal,

debe determinarse si el proceso de confiscación contenido

en la Ley Núm. 119 es por intención estatutaria o por su

propia naturaleza, criminal y punitivo o civil y remedial.

Véanse Austin v. United States, supra; United States v.

One Assortment of 89 Firearms, 465 US 354 (1984). En

cuanto a ello, tan reciente como en el 2014 y mientras se

evaluaba la actual ley de confiscaciones, este Tribunal

reiteró que los estatutos confiscatorios actúan como una

sanción penal adicional contra los imputados de delito.

Doble Seis Sport v. Depto. Hacienda, supra, pág. 784;

Mapfre v. ELA, 188 DPR 517, 525 (2013). Es decir, si bien

el proceso contenido en la Ley Núm. 119 es de naturaleza

civil en su forma, tiene un marcado propósito punitivo. La

finalidad del proceso de confiscación, según ha sido

claramente reconocido por la Asamblea Legislativa, es un

disuasivo y pretende penalizar al imputado de delito con

la pérdida de su propiedad, además de la posible pérdida

de la libertad. No se halla nada en la ley o en su

historial legislativo que lleve a concluir que no se trata

de un esquema estatutario punitivo.

Adviértase que ante esa realidad, no existe

fundamento para que se abandone el estándar de CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 33 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

interpretación restrictiva que consecuentemente se

desprende de nuestros pronunciamientos previos. Nótese que

la Ley Núm. 119 no revela la voluntad legislativa, expresa

o implícita, de dejar sin efecto todo el desarrollo

doctrinal y jurisprudencial aplicable a los casos de

confiscaciones civiles. Tampoco, como en ocasión anterior,

incluyó un lenguaje en el que expresamente prohibiera

traer a colación el resultado favorable en la esfera penal

con el fin de erradicar un hecho base de que la propiedad

incautada fue utilizada en la comisión de un delito. Por

tanto, nada en la referida ley modifica la interpretación

restrictiva que este Tribunal le ha otorgado a los

estatutos confiscatorios anteriores. 73 Ciertamente, es

completamente lógica y no debe sorprender la doctrina de

la aplicación restrictiva en este tipo de estatuto habida

cuenta que de lo que se trata es que mediante la

confiscación el Estado priva al ciudadano del disfrute de

su propiedad. Recordemos que nuestro ordenamiento jurídico

resguarda el derecho al disfrute de la propiedad, por lo

que la privación de ésta debe ser producto de un proceso

conforme a derecho.

En virtud de las garantías constitucionales

aplicables, del estándar de interpretación aplicable y la

73 En su análisis de la Ley Núm. 119-2011, la profesora Nevares-Muñiz afirma que ésta debe ser interpretada restrictivamente a favor del dueño del bien ocupado. D. Nevares-Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Penal puertorriqueño, 10ma ed., Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2014, pág. 279. CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 34 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

normativa vigente, entiendo que es improcedente divorciar

totalmente el desenlace favorable alcanzado en el proceso

penal del proceso civil de confiscación. Ello porque, como

es sabido, tal proceso civil está fundado en que se

establezca la conexión entre la propiedad y la comisión de

un delito. La ficción jurídica en que se funda el proceso

in rem no tiene el efecto de convertir el bien confiscado

en autor de delito, ni mucho menos permite que se absuelva

al imputado de delito, pero se declare culpable a la cosa

en sí. No se puede utilizar la ficción jurídica del

proceso in rem para plantear que la cosa es responsable

por sí misma de la conducta delictiva. Es decir, que las

cosas inanimadas delinquen.

Ante una extinción de la causa penal, no se puede

tratar a la cosa como si fuera autora del delito en

cuestión. 74 Recordemos que al final del día alguien tiene

que usar la cosa delictivamente; por definición, la

conducta delictiva requiere de algún grado de intervención

humana. Tal como lo señala el profesor Chiesa Aponte,

“[p]ara que el Estado pueda ejercer su derecho a castigar

(ius puniendi) es necesario que el ser humano externalice

sus pensamientos mediante la realización de una acción”.

L.E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, 2da ed.,

Publicaciones JTS, 2013, pág. 94. A la luz de lo anterior,

difícilmente se podría desvincular totalmente el desenlace

74 Ello, claro está, a menos que la cosa en sí misma sea un medio o producto de un delito. Es decir, que sea delictiva en sí misma. CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 35 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

de la causa penal del proceso civil de confiscación. Tal

desenlace no puede escindirse sin más.

Indudablemente, avalar una conclusión contraria

conllevaría una inaceptable incongruencia jurídica. Ello,

pues, la aprobación de la Ley Núm. 119 no alteró esta

realidad: el resultado de la causa penal está íntimamente

atado al proceso civil de confiscación. En ese sentido, no

debe ignorarse que el estatuto confiscatorio busca

penalizar por la comisión de un delito y parte del

supuesto de que se ha cometido un delito. A esos efectos,

si procediera la confiscación luego de un resultado

favorable en el caso criminal, el Estado estaría

utilizando su poder punitivo para castigar a un ciudadano

por la comisión de un delito aunque éste no se hubiera

cometido. A todas luces, en la medida en que el

procedimiento civil no es conforme a derecho, el Estado

estaría incautando propiedad privada sin que ésta se haya

utilizado en actividad criminal.

Adviértase que lo anterior levanta serias

interrogantes jurídicas, ya que compromete postulados

constitucionales fundamentales. Esto, pues, el acto de

confiscación está sujeto a la rigurosidad del mandato

constitucional de que exista una causa justificada, a la

vez que prohíbe tomar propiedad privada sin justa

compensación. Ante ello, el sólido enfoque de

interpretación restrictiva permite balancear adecuadamente

el interés del Estado y las salvaguardas constitucionales CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 36 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

que el propio legislador reconoció en la legislación bajo

examen.

Como se sabe, la facultad de tomar o expropiar

propiedad privada para uso público es uno de los poderes

inherentes que posee el Estado. Aut. Carreteras v.

8,554.741 m/c I, 172 DPR 278, 291 (2007). No obstante, esa

autoridad está limitada porque en nuestro ordenamiento

jurídico rige la norma de que el Estado no puede incautar

o perjudicar la propiedad privada si no media el pago de

una justa compensación y si no se actúa conforme al

procedimiento provisto en ley.75 Íd. Así lo ordena tanto la

Constitución de Puerto Rico como la Quinta Enmienda de la

Carta Magna de los Estados Unidos. Art. II, Sec. 9, Const.

ELA, Tomo 1, ed. 2008, págs. 323-324; Emda. V, EE. UU.,

LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 189. Cónsono con esta

protección constitucional, del Art. 1930 del Código Civil

surge que “[n]adie podrá ser privado de su propiedad sino

por autoridad competente, por causa justificada de entidad

pública o beneficio social, y mediante el pago de una

justa compensación que se fijará en la forma provista por

ley”. 31 LPRA sec. 1113. A su vez, nuestra Constitución

consagra como fundamental el derecho del ser humano al

75 Con relación al pago de justa compensación, este Tribunal ha expresado que lo que se pretende es colocar al dueño de la propiedad en una situación económica equivalente a la que se encontraba con anterioridad a la expropiación de su propiedad. Amador Roberts et als. v. ELA, 191 DPR 268 (2014); Aut. Carreteras v. 8,554.741 m/c II, 172 DPR 1050, 1060 (2008); ELA v. Rexco Industries, Inc., 137 DPR 683, 689 (1994). CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 37 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

disfrute de la propiedad. Art. II, Sec. 7, Const. ELA,

Tomo 1, ed. 2008, pág. 296. Nótese que la propia parte

expositiva de la Ley Núm. 119 también dispone que el

derecho fundamental de todo ciudadano al disfrute de su

propiedad se debe tener presente a la hora de establecer

normas en cuanto al acto de confiscación. Véase Ley Núm.

119-2011 (2011 (Parte II) Leyes de Puerto Rico 1761). A

tono con el mandato constitucional y estatutario descrito,

se ha determinado que el Estado tiene la obligación de

pagar justa compensación cuando toma o incauta una

propiedad mediante el uso de sus facultades. Véanse Amador

Roberts et als. v. ELA, 191 DPR 268 (2014); Hampton

Development Corp. v. ELA, 139 DPR 877 (1996).

Entonces, aunque se ha reconocido que el derecho a la

propiedad no es absoluto, indudablemente el efecto que

acarrea escindir el resultado de la acción penal de la

confiscatoria está reñido con los postulados

constitucionales y estatutarios que salvaguardan el

derecho al disfrute de la propiedad. Y es que, claro está,

las garantías constitucionales no son ajenas a los

procesos de confiscación. Ante esa realidad, los

tribunales vienen llamados a aquilatar la validez de una

ley a la luz de los preceptos constitucionales

pertinentes, con el objetivo de proteger los derechos

fundamentales de los ciudadanos.

De mi parte, reitero la adecuacidad del enfoque

restrictivo que se le ha otorgado a este tipo de estatuto CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 38 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

y reconozco que para resguardar el interés del Estado y

las protecciones constitucionales que cobijan a los

ciudadanos, no puede separarse tajantemente el proceso

civil de confiscación de lo que acontece en la acción

penal, sin menoscabar garantías constitucionales.76

B.

Ante esa realidad, la interpretación aquí expuesta,

en observancia de los postulados constitucionales y de lo

expresado en la política pública de la Ley Núm. 119, exige

reconocer que aquel que impugne la confiscación de su

propiedad no se le puede impedir presentar exclusivamente

prueba del resultado favorable obtenido en la acción

penal, a fin de impugnar con éxito la toma injustificada

de su propiedad. Por tanto, reafirmo que no estamos ante

una aplicación rígida de la doctrina de impedimento

colateral por sentencia, sino, más bien, de excepciones a

la independencia de la acción in rem sostenidas en la

extinción de la acción penal contra el imputado de delito.

Indiscutiblemente, tal contención también es compatible

con una interpretación restrictiva, como lo dicta la

normativa jurisprudencial vigente para este tipo de

estatuto. Además, es cónsono con la tendencia en nuestra

76 Debe hacerse hincapié en que la Ley Núm. 119-2011 establece como política pública que los mecanismos que se creen con el fin de facilitar y agilizar el proceso de confiscación, deben velar por los derechos y reclamos de las personas afectadas por ésta. Véase 34 LPRA sec. 1724n. CC-2012-0767; CC-2012-0886; CC-2012-0922; CC-2013-0541; 39 CC-2013-0560; CC-2013-0572; CC-2013-0730; CC-2013-1077

jurisdicción de atenuar la severidad de la confiscación y

de servir de contrapeso al poder inmanente del Estado.

Una determinación contraria daría al traste con la

arraigada norma de interpretación que este Tribunal ha

aplicado a los estatutos confiscatorios, al crear un muro

infranqueable entre la acción penal y la acción civil de

confiscación. A su vez, trastocaría lo que surge de la

intención legislativa de la Ley Núm. 119; esto es: “salvar

el interés propietario de los dueños de la propiedad

confiscada, minimizar la pérdida de fondos públicos en el

pago excesivo de intereses y aliviar nuestro sistema

judicial”. Véase Ley Núm. 119-2011 (2011 (Parte II) Leyes

de Puerto Rico 1762) (Énfasis suplido). Ese proceder solo

acarrearía una incongruencia jurídica, revocaría sub

silentio todo el andamiaje jurisprudencial aplicable a los

casos de confiscación civil, y no ponderaría otras

consecuencias nefastas para aquellos a los que se les ha

incautado injustificadamente su propiedad.

VI

Por lo anteriormente expuesto, disiento del curso de

acción adoptado por una Mayoría en la Resolución que

certifican en el día de hoy y emitiría el dictamen que

nos exige el Derecho.

Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Banco Bilbao Vizcaya y Universal Insurance Company, Puerto Rican American Insurance Company, Reliable Financial Services, Inc., et als., Luis Marzán Oyola, Lloyd S. Flores Báez, Toyota Credit y otros CC-2014-767

Peticionario

v. CC-2012-886 Estado Libre Asociado de Puerto Rico, et als.

v. CC-2012-922 Estado Libre Asociado de Puerto Rico, et als.

Peticionarios CC-2012-767;886;922;CC-2013-541;560;572;730;1077 2

v. CC-2013-560 Estado Libre Asociado de Puerto Rico

v. CC-2013-572 Estado Libre Asociado de Puerto Rico

v. CC-2013-730 Estado Libre Asociado de Puerto Rico CC-2012-767;886;922;CC-2013-541;560;572;730;1077 3

Mapfre Praico Insurance Company, Reliable Financial Services, Inc.

Voto particular disidente emitido por la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez

No puedo estar de acuerdo con la Resolución que

emite hoy una mayoría que, a más de dos años de haberse

consolidado esta controversia, ordena a que se

desconsoliden los casos de epígrafe y convoca a una vista

oral para recomenzar un proceso que había concluido. La

determinación se agrava ante el hecho de que con ella se

anula la decisión de una mayoría de jueces y juezas de

este Tribunal que ya hemos votado sobre la manera de

resolver este asunto.

Esta Resolución innecesaria no sólo dilata la

solución de los casos –algunos de los cuales fueron

presentados en el 2012– sino que posterga la decisión de

una controversia de derecho que está generando confusión CC-2012-767;886;922;CC-2013-541;560;572;730;1077 4

y decisiones inconsistentes en nuestro ordenamiento

jurídico. Evidencia de esto es que prácticamente todos

los jueces y juezas de este Tribunal tenemos pendientes

en nuestras oficinas múltiples casos sobre el mismo

asunto, a saber: si bajo las disposiciones de la Ley

Uniforme de Confiscaciones de 2011, Ley Núm. 119-2011, 77

procede la continuación del trámite de confiscación de

propiedad presuntamente utilizada en la comisión de un

delito, aún después de que el acusado ha obtenido un

resultado favorable en el procedimiento criminal por los

mismos hechos.

Reconozco y creo en la importancia de las vistas

orales para complementar nuestro ejercicio deliberativo y

disponer de las controversias. En ese sentido considero

que, en los casos apropiados y de manera oportuna, este

Tribunal debe ordenar con mayor frecuencia la celebración

de vistas orales. Pero cuando este mecanismo se utiliza –

como ahora– de forma arbitraria y desacertada, sus

bondades se malogran en perjuicio de las partes y del

trámite apelativo.

Una vista oral es la exposición verbal de los

argumentos de las partes frente a un tribunal apelativo. 78

Ésta se realiza al comienzo del trámite, antes de que el

juez ponente circule entre los otros jueces el borrador

de la Opinión que pretende emitir. En ello precisamente

77 34 LPRA sec. 1724 et seq. 78 Black‟s Law Dictionary 1205 (9th ed. 2009) (traducción nuestra). CC-2012-767;886;922;CC-2013-541;560;572;730;1077 5

radica su utilidad; en que después de haber estudiado el

expediente del caso y los planteamientos de derecho, pero

antes de formar su juicio, los jueces puedan discutir con

los representantes legales de las partes, y entre sí,

aquellos aspectos de la controversia sobre los cuales

tengan alguna duda, y cuya aclaración sea determinante 79 para emitir su voto. Por lo tanto, nótese la

irregularidad en el presente caso cuando se ordena una

vista oral después de haber circulado un borrador de

Opinión 80 y después de que una mayoría de los miembros de

este Tribunal emitimos nuestro voto favoreciendo una

conclusión distinta a la que se propuso en dicho borrador

de Opinión.

Por ello, en cuanto a estos ocho casos consolidados,

me pregunto: ¿qué función cumple una vista oral a estas

alturas si los miembros de este Tribunal ya hemos

atendido en los méritos los señalamientos de error y una

mayoría hemos coincidido, aunque por distintos

fundamentos, en cuanto al resultado? Parecería, más bien,

que lo que ha sucedido es la manipulación forzada del

79 Mark R. Kravitz, Written and Oral Persuasion in the United States Courts: A District Judge’s Perspective on their History, Function, and Future, 10 J. App. Prac. & Process 247, 264 (2009); Joseph W. Hatchett & Robert J. Telfer, III, The Importance of Appellate Oral Argument, 33 Stetson L. Rev. 139, 141-142 (2003). 80 También se circularon varias ponencias disidentes, demostrativo de cuán formadas están las posturas y del nivel de consideración que se le dedicó a la adjudicación de esta controversia. CC-2012-767;886;922;CC-2013-541;560;572;730;1077 6

mecanismo de la vista oral para evitar que prevalezca un

determinado resultado en derecho.

Pero no sólo es improcedente celebrar ahora una

vista oral por las razones que he mencionado, sino además

porque con ello se dilata indefinidamente la resolución

de estos casos en menoscabo de la economía procesal. Como

indiqué, varios de los recursos desconsolidados fueron

presentados en el año 2012 y los demás en el 2013,

estando listos todos para su adjudicación desde el pasado

año. Pero no es hasta ahora, cuando ya una mayoría ha

votado a favor de un curso de acción y sólo resta emitir

la correspondiente sentencia, que sorpresivamente se opta

por convocar una vista oral para reiniciar el trámite

interno en este Tribunal. Así, casos que se presentaron

hace más de cuatro años difícilmente podrán resolverse

antes de que termine este año fiscal el 30 de junio de

2016.81

Esta dilación injustificada no sólo afecta a las

partes en estos ocho recursos, quienes deberán esperar

porque este Tribunal resuelva de nuevo sus casos, sino

también a todos los litigantes en los numerosos casos que

sobre este mismo asunto se encuentran sometidos para

81 Ello porque, con gran probabilidad, el trámite luego de la vista oral será el siguiente: el caso se le asignará a un juez o jueza que comparta el criterio de la mayoría, quien tendrá 270 días para preparar su ponencia; una vez la circule, los otros jueces y juezas tendrán 30 días para examinarla y, luego, se podrán acoger al término reglamentario, lo cual implica 30 días adicionales por cada juez o jueza que ejerza ese derecho. Véase Regla 5 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B. CC-2012-767;886;922;CC-2013-541;560;572;730;1077 7

nuestra consideración y que ahora deberán permanecer

retenidos en una gaveta. Peor aún, esta decisión prolonga

la incertidumbre que persiste entre los miembros de la

profesión legal y la judicatura con respecto a la Ley

Núm. 119-2011, supra, y el procedimiento de confiscación.

Así, continuarán las decisiones inconsistentes y

continuarán llegando los recursos apelativos mientras

este Tribunal se rehúsa a emitir una decisión.

Ante el hecho de que una mayoría de jueces y juezas

disentimos del resultado propuesto en el borrador de

Opinión, lo correcto era entregar el expediente del caso

para que se le reasignara a un juez o jueza que haya

votado con la mayoría, quien debía entonces emitir una

breve sentencia disponiendo de los casos y anejando las

correspondientes Opiniones de conformidad y disidentes.

De esa manera, con una pluralidad de votos favoreciendo

un resultado en particular, no sólo le resolvíamos el

caso a las partes sino que le enviábamos una directriz a

los tribunales inferiores sobre cómo disponer de estas

controversias.

Sin embargo, esto no fue lo que pasó y para sostener

una postura que fue rechazada por la mayoría, se decidió

paralizar la disposición de unos casos que estaban

resueltos y listos para certificarse. Mientras tanto, las

partes y el Estado siguen gastando dinero y recursos

litigando el mismo asunto, los casos se siguen acumulando CC-2012-767;886;922;CC-2013-541;560;572;730;1077 8

y la incertidumbre al respecto en nuestro ordenamiento

sigue siendo la norma. Lamentable.

Por último, encuentro singular la fecha distante que

se ha escogido para realizar la vista oral; 1 de marzo de

2016. No me parece lógico que si de verdad se está tan

convencido de la necesidad de efectuar una vista oral –y

en consideración a todo el tiempo que ha transcurrido

desde que estos casos fueron presentados-, se haya

pautado la misma para dentro de cuatro meses. Este

término es excesivo, aun cuando se compara con los que

recientemente hemos concedido en otros casos. 82 Así, sin

encontrar razón para ello, me preocupa que este proceder

menoscabe la debida administración de la justicia.

Maite D. Oronoz Rodríguez Jueza Asociada

82 AMPR v. Sist. Retiro Maestros IV, 190 DPR 469 (2014) (20 días); Brau, Linares v. ELA, 189 DPR 1068 (2013) (16 días); Watchtower Bible v. Mun. Dorado I, 2014 TSPR 138 (87 días).