Mapfre Praico Insurance Company v. Estado Libre Asociado De Puerto Rico

2016 TSPR 53

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: March 18, 2016
• Docket: CC-2013-1077
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Mapfre Praico Insurance Company, Reliable Financial Services, Inc.

Peticionarios

Y Waldemar R. Santiago Ramos y Certiorari Fulano de Tal 2016 TSPR 53 v. 195 DPR ____ Estado Libre Asociado de Puerto Rico, representado por el Secretario de Justicia

Recurrido

Número del Caso: CC-2013-1077

Fecha: 18 de marzo de 2016

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan – Guayama, Panel II

Abogados de la parte peticionaria:

Lcda. María C. Rodríguez Miranda Lcdo. Luis Rivera Martínez

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Margarita Mercado Echegaray Procuradora General

Lcda. María Astrid Hernández Martin Procuradora General Auxiliar

Materia: Sentencia con Opinión de Conformidad

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Mapfre Praico Insurance Company, Reliable Financial Services, Inc. Certiorari

Y Waldemar R. Santiago Ramos y Fulano de Tal CC- CC-2013-1077

v.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, representado por el Secretario de Justicia

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de marzo de 2016.

El 8 de septiembre de 2011, el Estado

confiscó un vehículo de motor propiedad del Sr.

Waldemar R. Santiago Ramos, el cual presuntamente

fue utilizado por el Sr. Alexis A. Reyes Pérez y

el Sr. José R. Ríos Román en violación a la Ley de

Sustancias Controladas y a la Ley de Armas de

Puerto Rico.1 Como consecuencia de estos mismos

hechos, el Estado comenzó un procedimiento

1 Específicamente, se les imputaron violaciones al Art. 401 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 LPRA sec. 2401, y los Arts. 5.04 y 6.01 de la Ley de Armas, supra. Véase, Apéndice de la Petición de certiorari, Carta sobre notificación de la confiscación, pág. 58. CC-2013-1077 2

criminal en contra de ambos ocupantes.2 En lo que respecta

al señor Reyes Pérez, el proceso penal culminó luego de

que el Tribunal determinara no causa probable para acusar

durante una vista preliminar en alzada.3 Mientras que los

cargos contra el señor Ríos Román fueron archivados a

tenor con el inciso (b) de la Regla 247 de Procedimiento

Criminal luego de que el Ministerio Público informara que

toda la evidencia con la que contaba había sido suprimida.4

A raíz de ambos resultados, Mapfre Praico Insurance

Company y Reliable Financial Services, Inc., presentaron

dos solicitudes de sentencia sumaria como parte de una

demanda de impugnación de confiscación que habían

presentado previamente mientras se dilucidaba el

procedimiento criminal.5 En éstas argumentaron que el

Tribunal debía aplicar la doctrina de impedimento

colateral y, como consecuencia, declarar ha lugar la

demanda de impugnación de confiscación mediante el

mecanismo sumario. Evaluadas tales peticiones de dictamen

sumario, así como las correspondientes oposiciones del

Estado, el Tribunal de Primera Instancia denegó la

2 En el caso del señor Reyes Pérez, el Ministerio Público presentó cargos por violación al Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas, supra, y los Arts. 5.04 y 6.01 de la Ley de Armas de Puerto Rico, supra. En cuanto al señor Ríos Román, el Ministerio Público presentó los mismos cargos, pero incluyó, además, un cargo por presunta infracción al Art. 3.23 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, Ley Núm. 22-2000, 9 LPRA sec. 5073. 3 Véase, Caso CC-2013-1077, Apéndice, Vista preliminar en alzada, Regla 24 de Procedimiento Criminal: Resolución, pág. 85c. 4 Íd., Sentencia, archivo y sobreseimiento del caso, págs. 85-D y 85-E. Véase, además, íd., Minuta, pág. 85F. El señor Ríos Román hizo una alegación de culpabilidad por infracción al Art. 3.23 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, supra. Íd. 5 Véase, Caso CC-2013-1077, Apéndice, Solicitud de sentencia sumaria, págs. 44-49 y 67-74. Véase, además, íd., Demanda, págs. 1-4. CC-2013-1077 3

disposición sumaria del caso por entender que “el derecho

vigente no contempla el impedimento colateral automático”.6

Inconforme con esta determinación, Mapfre y Reliable

acudieron al Tribunal de Apelaciones y alegaron, en

esencia, que el foro primario había errado al no aplicar

la doctrina de cosa juzgada en su modalidad de impedimento

colateral por sentencia. No obstante, el Tribunal de

Apelaciones denegó la expedición del certiorari solicitado

por entender que la “resolución impugnada es correcta en

derecho”.7 No conforme con ello, Mapfre y Reliable

acudieron ante esta Curia mediante una petición de

certiorari, la cual fue acogida mediante Resolución del 3

de febrero de 2014.

El 1 de marzo de 2016, el Tribunal celebró una vista

oral en la que todas las partes tuvieron la oportunidad de

exponer sus respectivos planteamientos. Ahora bien, luego

de considerar detenidamente los escritos presentados por

las partes, así como los argumentos planteados por éstas

durante la vista oral, los Jueces y las Juezas de este

Tribunal se encuentran igualmente divididos en cuanto a

sus votos. Por lo tanto, y conforme a la Regla 4, inciso

(a) del Reglamento de este Tribunal Supremo,8 se confirma

el dictamen recurrido del Tribunal de Apelaciones en el

caso KLCE2013-01096.

6 Íd., Orden, pág. 111. 7 Íd., Resolución, pág. 157. 8 4 LPRA Ap. XXI-A. CC-2013-1077 4

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica el

Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor

Rivera García emitió una Opinión de Conformidad a la que

se unieron el Juez Asociado señor Martínez Torres, el Juez

Asociado señor Kolthoff Caraballo y el Juez Asociado señor

Feliberti Cintrón. La Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez emitió una Opinión Disidente. La Jueza

Presidenta Oronoz Rodríguez hizo constar la siguiente

expresión: “La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez disiente

por entender que procedía declarar con lugar la demanda de

impugnación de confiscación y ordenar la devolución del

vehículo. Ello, en vista de que la causa penal relacionada

con la confiscación no prosperó.” La Jueza Asociada señora

Pabón Charneco hizo constar la siguiente expresión: “La

Jueza Asociada señora Pabón Charneco disiente del

resultado anunciado en la sentencia que antecede por los

fundamentos expresados en la Opinión de conformidad

emitida en Banco Bilbao Vizcaya et al. v. ELA, CC-2012-

0767, res. el 18 de marzo de 2016.” El Juez Asociado señor

Estrella Martínez hizo constar la siguiente expresión: “El

Juez Asociado señor Estrella Martínez disiente del

dictamen emitido por este Tribunal por los fundamentos

contenidos en su Voto Particular Disidente emitido en Bco.

Bilbao Vizcaya et al. v. ELA et al., 2015 TSPR 152, 194

DPR __ (2015).”

Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Mapfre Praico Insurance Company, Reliable Financial Services, Inc. Certiorari Peticionarios

Y Waldemar R. Santiago Ramos y Fulano de Tal CC- CC-2013-1077 v.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, representado por el Secretario de Justicia Recurrido

Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado señor RIVERA GARCÍA a la que se unen el Juez Asociado señor Martínez Torres, el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo y el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón

Aunque lo ideal hubiese sido que los miembros

de este Tribunal pudieran alcanzar una decisión de

consenso que funcionara de guía para todos

nuestros tribunales respecto a la resolución de

los casos en los que se cuestiona la relación

entre el proceso civil de confiscación y el

proceso penal que se pudiera originar por los

mismos hechos, debo expresar mi conformidad con la

confirmación del dictamen emitido por el Tribunal

de Apelaciones en el caso KLCE2013-01096. Cónsono

con lo resuelto por el Tribunal de Apelaciones, y CC-2013-1077 2

a tono con las disposiciones de la Ley Uniforme de

Confiscaciones de 2011,9 los foros primarios no deben

disponer de una acción civil de impugnación de

confiscación basados exclusivamente en el resultado

favorable obtenido en la esfera penal. No se sostiene en

derecho que un dictamen favorable en un proceso penal

anule automáticamente y sin mayor consideración un proceso

civil de confiscación para el cual, como primer punto, se

requiere un estándar de prueba mucho menor. Siendo así,

independientemente del desenlace criminal a favor del

imputado de delito a raíz de los mismos hechos que

motivaron la confiscación, y en ausencia de algún otro

planteamiento que amerite un dictamen sumario, los

Tribunales de Primera Instancia deben dilucidar en sus

méritos las demandas civiles de impugnación de

confiscación conforme al proceso delineado por la Asamblea

Legislativa en la nueva legislación.

A continuación explicamos en más detalle nuestra

posición. En ello, y a fin de propiciar así una mejor

comprensión de la opinión de conformidad que hoy emitimos,

primeramente expondremos una perspectiva general del

proceso de confiscación dirigida, particularmente, a

resaltar las diferencias entre una confiscación civil y

una confiscación criminal, las cuales parecen pasar por

alto los compañeros Jueces y Juezas que están conforme con

el resultado alcanzado por el Tribunal de Apelaciones en

9 Ley Núm. 119-2011, según enmendada, conocida como “Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011”. (34 LPRA secs. 1724-1724w). CC-2013-1077 3

el presente caso. Segundo, repasaremos los

pronunciamientos anteriores emitidos por este Tribunal en

los cuales aplicó la doctrina de impedimento colateral por

sentencia, y como consecuencia, avaló la anulación de la

confiscación en aquellos casos en que el imputado de

delito hubiese obtenido un resultado favorable. Tercero,

indagaremos brevemente sobre los fundamentos que

sustentaron la jurisprudencia anterior emitida por este

Tribunal. Por último, expondremos las nuevas disposiciones

de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 a fin de

determinar si la Asamblea Legislativa mantuvo la intención

de continuar condicionando el proceso civil de

confiscación a las incidencias suscitadas en la esfera

penal.

I

A. Confiscación: conceptos generales

La confiscación es el acto mediante el cual el

Estado, representado en este caso por el Poder Ejecutivo,

priva a una persona de su propiedad sin compensación

económica, basado únicamente en que dicha propiedad fue

utilizada en la comisión de ciertos delitos

predeterminados por la Asamblea Legislativa o porque tal

bien es producto o resultado de una conducta prohibida por

ley.10 En ese esquema, le corresponde exclusivamente al

Poder Legislativo determinar bajo qué circunstancias,

10 Ford Motor v. E.L.A., 174 DPR 735, 741 (2008); Suárez v. E.L.A., 162 DPR 43 (2004); Del Toro v. E.L.A., 136 DPR 973, 980-981 (1994). CC-2013-1077 4

condiciones y procedimientos particulares el Estado está

facultado para confiscar una propiedad involucrada en una

actividad delictiva, dentro de los parámetros

constitucionales aplicables.11 En este ejercicio, la

Asamblea Legislativa podría instituir el proceso de

confiscación bajo una de dos modalidades: primero,

mediante una confiscación de carácter criminal, conocida

como confiscación in personam o; segundo, por vía de una

confiscación de índole civil, mejor conocida como

confiscación in rem.12

De la Asamblea Legislativa optar por la primera

modalidad, instituiría entonces la confiscación como una

penalidad adicional contra una persona que ha sido

convicta de delito. Es por esto que la confiscación in

personam forma parte integral del procedimiento criminal,

ya que se trata de una acción directa contra el

propietario o poseedor de la propiedad a ser incautada y

cuya procedencia va a depender ineludiblemente de que la

persona salga culpable del delito imputado. Únicamente en

esas circunstancias se le podría confiscar la propiedad

como una sanción adicional. Por lo tanto, bajo este

procedimiento, el involucramiento de la persona en la

11 En el caso de Puerto Rico, el poder de confiscación del Estado está supeditado a las exigencias constitucionales incluidas en el Art. II, Sec. 7 de la Constitución de Puerto Rico, Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., LPRA, Tomo I y la Enmienda Quinta y Catorceava de la Constitución de Estados Unidos, U.S.C.A. Enmd. V y XIV, las cuales garantizan que ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley. 12 Mapfre PRAICO, et als. v. E.L.A., 188 DPR 517, 525 (2013); Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A., 180 DPR 655, 664 (2011). CC-2013-1077 5

actividad delictiva, y eventual convicción, es el

fundamento que da base a la confiscación de la propiedad.

Por otra parte, del Poder Legislativo instituir la

segunda modalidad de confiscación, se establecería

entonces un procedimiento civil in rem que va dirigido

contra la cosa misma y no contra el dueño de la propiedad,

su poseedor, encargado o cualquier otra persona con algún

interés legal sobre esta.13 Por ello, la pregunta a

dilucidar bajo este procedimiento es, si la propiedad

confiscada fue utilizada para la comisión de una actividad

delictiva. Siendo así, bajo la modalidad de confiscación

in rem la interrogante de quién utilizó la propiedad es,

generalmente, impertinente porque el objetivo principal de

esta acción es demostrar que la propiedad fue utilizada en

una actividad prohibida por ley, independientemente de

quién lo hizo. En ese sentido, no se trata de adjudicarle

a la propiedad la capacidad de delinquir y tratarla como

la autora de un delito, sino de establecer mediante

preponderancia de la prueba que la propiedad fue empleada

en la comisión de una actividad ilegal. Conforme a ello,

en todos los casos de confiscación resueltos por esta

Curia se ha reiterado que los únicos elementos pertinentes

a la determinación de si procede una confiscación civil

son: (1) si existe prueba suficiente y preponderante de

13 López v. Secretaria, 162 DPR 345, 352 (2004); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79,87 (2001). CC-2013-1077 6

que se ha cometido un delito y (2) si existe un nexo entre

la comisión del b delito y la propiedad confiscada.14

Nótese que contrario a la confiscación in personam, la

confiscación in rem es una acción completamente separada e

independiente del procedimiento criminal que se dilucide

contra el presunto autor del delito. Por ello, la

confiscación civil podría prevalecer aun cuando el Estado

no haya obtenido un resultado favorable en el proceso

penal. Esto, pues, como mencionara, el enfoque en la

confiscación civil no es si la persona incurrió en un

delito, sino si la propiedad fue utilizada en una

actividad ilegal (e.g. si determinado vehículo de motor

fue utilizado para transportar droga, independientemente

de quién la transportó).15 En ese escenario, el derecho del

Estado a tomar la propiedad surge, precisamente, de ese

uso indebido.

En el caso particular de Puerto Rico, la Asamblea

Legislativa históricamente ha optado por adoptar esta

instancia de confiscación in rem.16 Así, cónsono con la

doctrina discutida, reiteradamente este Tribunal ha

aludido a las distinciones típicas entre las

14 Suárez v. E.L.A., 162 DPR 43, 52 (2004); Del Toro Lugo v. E.L.A., supra, pág. 983; Pueblo v. González Cortés, 95 DPR 164, 171 (1967). 15 Esto sujeto a las correspondientes defensas reconocidas en nuestro ordenamiento (e.g. tercero inocente). 16 Véanse, la derogada Ley Uniforme de Confiscación de Vehículos, Bestias y Embarcaciones, Ley Núm. 39 de 4 de junio de 1960, 34 LPRA ants. secs. 1721 y 1722, sustituida por la también derogada Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988, Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988 34 LPRA ants. secs. 1723 - 1723(p), y la actual Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, Ley Núm. 119-2011, supra. CC-2013-1077 7

confiscaciones civiles y las confiscaciones criminales. No

obstante, esa discusión se ha limitado a una referencia

automática, casi dogmática, como parte de un repaso

doctrinal del proceso de confiscación y la cual nunca ha

tenido un impacto real en la adjudicación de las

controversias que hemos considerado hasta el presente

concerniente al tema de confiscación.17

Esto porque, al momento de adjudicar las controversias

suscitadas bajo las leyes de confiscaciones anteriores, y

a pesar de que estas establecían la naturaleza in rem del

procedimiento, este Tribunal siempre partió de la premisa

fundamentada de que la Asamblea Legislativa tenía la

intención de condicionar la acción civil de confiscación

al resultado de la acción penal. Es por ello, que

consistentemente este Tribunal utilizó la doctrina cosa

juzgada en su modalidad de impedimento colateral por

sentencia para anular toda confiscación que estuviera

acompañada de un dictamen favorable al imputado en el

proceso penal. Así, se ha avalado la disposición sumaria

de las demandas de impugnación de confiscación sin una

adjudicación en sus méritos, simplemente basados en los

acontecimientos suscitados en la esfera penal. De esta

forma, hasta el momento este Foro le ha brindado a la

confiscación civil un tratamiento paralelo y fundamentado

en las características esenciales de una confiscación

criminal. Veamos.

17 Véase, Coop. Seg. Mult. v. E.L.A., supra, págs. 664-665; Del Toro Lugo v. E.L.A., supra, págs. 981-983. CC-2013-1077 8

B. Doctrina de impedimento colateral por sentencia y su aplicación al proceso de confiscación en decisiones anteriores bajo la legislación derogada

La doctrina de impedimento colateral por sentencia

opera cuando un hecho esencial para el pronunciamiento de

una sentencia se dilucida y determina mediante sentencia

válida y final, y la determinación es concluyente en un

segundo pleito entre las mismas partes.18 Es decir, la

aplicación de esta doctrina depende de que un hecho

fundamental en un proceso actual haya sido expresamente

dilucidado como un elemento clave en un proceso anterior

mediante una sentencia legítima y final entre las mismas

partes.19 De ese ser el caso, la doctrina de impedimento

colateral por sentencia evita que las partes tengan la

necesidad de litigar nuevamente un hecho ya adjudicado

entre ellas en un dictamen anterior.20

En el contexto específico de las confiscaciones, este

Tribunal ha utilizado esta doctrina estatutaria para

concluir que la absolución en los méritos adjudica con

finalidad irreversible el hecho central, tanto del caso

criminal como el de confiscación, de que la propiedad no

18 Coop. Seg. Mult. v. E.L.A., 180 DPR 655, 672-673 (2011); Suárez v. E.L.A., 162 DPR 43, 59 (2004). 19 Por “hecho necesario” o “elemento clave” nos referimos a que ese hecho que se pretende identificar en el segundo proceso como uno previamente adjudicado, haya sido necesario y fundamental en el razonamiento de la sentencia emitida por el Tribunal en el primer proceso. Sólo así, se podría establecer en estricto rigor jurídico, que ese hecho, en efecto, fue debidamente adjudicado mediante sentencia final y firme. Véanse, Beníquez v. Vargas, 184 DPR 2010, 225-226 (2012); Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 276-277 (2012). 20 E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Vol. II, San Juan, Ed. Forum, 1992, págs. 376-385. CC-2013-1077 9

se utilizó para una actividad ilícita. Por ello, desde

Carlo v. Srio. de Justicia, 107 DPR 356 (1978), este Foro

determinó que “[l]a doctrina de impedimento colateral por

sentencia exige la desestimación del segundo proceso, aun

cuando tenga por objeto un delito distinto, si al

resolverse el caso anterior se adjudicaron y determinaron

hechos necesariamente decisivos para el segundo”.21 En esa

ocasión, este Tribunal específicamente delimitó el alcance

de esta normativa a aquellas circunstancias en las que, en

efecto, se hubiese dado una “absolución en los méritos

[que] inevitablemente comprend[iera] la adjudicación de la

cuestión central de que no [se] utilizó el vehículo” en

una actividad delictiva.22

A pesar de esta delimitación, la realidad ha sido que

desde entonces, esta Curia ha establecido varias

excepciones cuyo efecto directo ha consistido en

condicionar la continuación de la acción civil de

confiscación al resultado de la acción penal,

independientemente de si en el proceso penal se adjudicó o

no en los méritos el hecho central de que la propiedad

confiscada no fue utilizada en una actividad prohibida por

ley. Así, por ejemplo, en Del Toro v. E.L.A., 136 DPR 973

21 Carlo v. Srio. de Justicia, supra, pág. 363. 22 (Énfasis y subrayado nuestro). Íd., págs. 364-365. Sobre este particular, el Tribunal expresó específicamente lo siguiente: “[l]a decisión que hoy tomamos está estrictamente ceñida a la situación de derecho que se produce al concurrir circunstancias determinantes, a saber: que el acusado es dueño del vehículo confiscado; que su absolución en los méritos inevitablemente comprende la adjudicación de la cuestión central de que no utilizó el vehículo para transportar material prohibido”. (Énfasis y subrayado nuestro). Íd. CC-2013-1077 10

(1994), esta Corte sostuvo que no procedía continuar con

el proceso de confiscación de un vehículo de motor

propiedad de un tercero cuando una determinación de no

causa probable para acusar adviene final y firme. En esa

ocasión se determinó, además, que no procedía la

confiscación cuando en el proceso penal concluía luego del

sobreseimiento del caso a raíz de la supresión de la única

evidencia delictiva ocupada mediante un registro ilegal.

Bajo ese escenario el Tribunal concluyó que,

la determinación final y firme respecto a la exclusión o supresión de una evidencia ilegalmente obtenida hecha en el procedimiento penal por el delito que da base a la confiscación, constituiría cosa juzgada en su modalidad de impedimento colateral por sentencia, en cuanto a la admisión de dicha evidencia en la acción de impugnación de confiscación, siempre que dicha determinación judicial sea debidamente planteada e introducida en evidencia.23

Aunque con un resultado distinto, pero cónsono con la

tendencia de exigir un dictamen de culpabilidad en el

proceso penal como condición necesaria para continuar el

proceso civil de confiscación, en First Bank, Univ. Ins.

Co. v. E.L.A., 156 DPR 77 (2002), este Tribunal determinó

que la ausencia de causa probable en cuanto al poseedor

del vehículo de motor confiscado, hijo del dueño

registral, no impedía la confiscación de la propiedad, ya

que uno de los pasajeros se había declarado culpable. De

esta manera, esta Curia negó la aplicación de la doctrina

23 Del Toro v. E.L.A., supra, pág. 997. CC-2013-1077 11

de impedimento colateral por sentencia y ordenó la

continuación del proceso de confiscación.24

Igual conclusión alcanzó este Tribunal,

posteriormente, en Suárez v. E.L.A., 162 DPR 43 (2004). En

ese momento, determinamos que la doctrina de impedimento

colateral por sentencia impedía la continuación del

proceso civil de confiscación en todo aquel caso en que

los cargos criminales hayan sido desestimados por

incumplimiento con los términos de juicio rápido. En esta

ocasión, los cargos criminales habían sido desestimados

porque el Ministerio Público no cumplió con el término

estatutario para la celebración de la vista preliminar.

Así que, transcurrido más de dos años sin la presentación

de nuevos cargos criminales, este Tribunal entendió que

procedía declarar con lugar la demanda de impugnación de

confiscación ante la presunta dejadez reflejada por el

Estado en el caso penal.

24 Interesantemente, en aquella ocasión, este Foro reconoció, incluso, la improcedencia de la anulación automática del proceso civil de confiscación basado en un resultado favorable en el proceso penal. Sobre este particular, este Foro expresó lo siguiente:

La aplicación de la doctrina de impedimento colateral no afecta el hecho principal de que la confiscación es un procedimiento de carácter in rem, es decir, va dirigido contra la cosa misma y no contra el dueño de la propiedad, su poseedor, encargado o cualquier otra persona con algún interés legal sobre ésta. Por esto, el impedimento colateral no aplica de manera automática al impugnar la confiscación del vehículo. Aunque el poseedor del vehículo resulte absuelto de los cargos imputados, esto no es en sí mismo suficiente para declarar inválida la confiscación. Lo determinante es si alguna actividad delictiva se ha cometido en el vehículo o mediante el uso del vehículo, aunque la misma no haya sido cometido por el poseedor o conductor del mismo.

(Énfasis y subrayado nuestro). First Bank, Univ. Ins. Co. v. E.L.A., supra, pág. 83. CC-2013-1077 12

Cuatro años más tarde, este Foro resolvió dos casos

adicionales en los que reconocimos dos nuevas excepciones

que impedían la continuación de la acción civil de

confiscación basado en el resultado del proceso penal:

Ford Motor v. E.L.A., 174 DPR 735 (2008) y Díaz Morales v.

Dpto. de Justicia, 174 DPR 956 (2008). En el primero, la

persona acusada se había declarado culpable por cargos de

posesión de drogas y cumplido con todos los requisitos de

un programa de desvío, por lo que el foro primario había

ordenado el archivo y sobreseimiento del caso. Ante tales

circunstancias, este Tribunal estableció que “el archivo y

sobreseimiento de una acusación criminal al amparo de un

programa de desvío y rehabilitación consti[tuía] cosa

sentencia en una acción civil de impugnación de

confiscación”.25

En el segundo caso, el cual concernía a un menor en

circunstancias análogas a las expuestas en el párrafo

anterior, esta Curia resolvió que procedía declarar ha

lugar una demanda civil de impugnación de confiscación una

vez el menor cumpliera con el contrato de desvío y

obtuviera un archivo definitivo de la causa penal. Esto

porque, según razonaron los miembros de este Alto Foro en

aquel entonces, “una vez se archiva la denuncia, según los

términos del programa, se adjudica de forma favorable al

acusado y se dispone con finalidad del hecho central del

25 Ford Motor v. E.L.A., supra, pág. 738. CC-2013-1077 13

cual depende la confiscación: la comisión de un acto

delictivo”.26

Finalmente, en Coop. Seg. Mult. v. E.L.A., 180 DPR

655 (2011), este Tribunal atendió la controversia sobre

qué efecto tiene sobre el procedimiento civil de

confiscación la muerte de una persona que presuntamente

utilizó la propiedad confiscada en un acto delictivo. Ante

esta interrogante, y aún bajo las disposiciones de la Ley

Uniforme de Confiscaciones de 1988, este Foro resolvió que

procedía anular el proceso confiscatorio en la medida que

la muerte de la persona imputada de delito extinguía la

acción penal. Una vez más, este Tribunal le impregnó un

carácter criminal a la confiscación de índole civil al no

avalar el que se continuará el proceso de confiscación sin

que alguien hubiese sido convicto de delito.

En resumen, durante la vigencia de la Ley Uniforme de

Confiscaciones de 1960 y la Ley Uniforme de Confiscaciones

de 1988 este Tribunal reconoció varias excepciones que

automáticamente anulaban el proceso civil de confiscación

basado en las incidencias suscitadas en el proceso

criminal, sin una dilucidación en los méritos sobre la

controversia específica concerniente al proceso civil

sobre si la propiedad confiscada fue utilizada en alguna

actividad prohibida por ley. De esta manera, previo a la

aprobación de la nueva ley de confiscaciones había un

“decidido desarrollo de nuestra jurisprudencia hacia

26 Díaz Morales v. Dpto. de Justicia, supra, págs. 962-963. CC-2013-1077 14

condicionar el proceso civil de confiscación al resultado

de la causa criminal contra el alegado autor del delito”.27

C. Fundamentos de la jurisprudencia anterior emitida por este Tribunal

En este punto resulta meritorio destacar los

fundamentos que sustentaron los pronunciamientos

anteriores aquí repasados en los que, como vimos, este

Tribunal constantemente condicionó la continuación del

proceso civil de confiscación a lo acontecido a nivel

penal. Como explicaremos, éstos estuvieron basados en dos

premisas no articuladas o discutidas a profundidad en las

opiniones de entonces que hoy, conforme a las

disposiciones de la nueva ley, indudablemente, cobran

particular importancia. Primero, en el presunto carácter

“punitivo” del proceso de confiscación según estatuido en

la legislación entonces vigente. Segundo, en la voluntad

legislativa del momento de vincular el proceso civil de

confiscación al proceso penal.

Como primer punto, no hay duda que un repaso de la

jurisprudencia emitida por este Tribunal durante la

vigencia de las derogadas legislaciones de confiscaciones

de 1960 y 1988 nos lleva a constatar que, en efecto, este

Foro le adjudicó constantemente un carácter “punitivo” al

proceso de confiscación y lo caracterizó como un “castigo

adicional” a la pena. No obstante, de esa misma

jurisprudencia surge que este Tribunal alcanzó tal

conclusión sin consignar razonamiento alguno y basado 27 Coop. Seg. Mult. v. E.L.A., supra, pág. 676. CC-2013-1077 15

exclusivamente en el fin de la Asamblea Legislativa de

disuadir la actividad criminal.28 En otros términos, para

entonces fue suficiente el que la legislación mencionara

que tenía un objetivo disuasivo para que este Tribunal

calificara – sin mayor análisis y consideración – el

proceso de confiscación como uno punitivo. Ante tal

objetivo, y la expresa intención legislativa de entonces

de vincular la causa criminal contra el presunto autor del

delito y la acción civil de confiscación, según

discutiremos a continuación, este Tribunal evitó adoptar

la clara doctrina federal dirigida a establecer si un

proceso de confiscación puede calificarse como “punitivo”

y “criminal” en su fin, aun cuando el Poder Legislativo lo

haya estatuido como un proceso estrictamente civil.

Como segundo punto sobre el cual se sustentó la

jurisprudencia pasada emitida por este Tribunal,

encontramos la clara voluntad legislativa de entonces de

vincular el proceso civil de confiscación al proceso

penal, según evidenciado en dos instancias distintas

durante la vigencia de la Ley Uniforme de Confiscaciones

de 1988. En primer lugar, hallamos que la Asamblea

Legislativa tuvo la intención de promulgar una legislación

que no fuera contraria a los pronunciamientos que este

28 Véase, e.g., Coop. Seg. Mult. v. E.L.A., supra, pág. 680, donde este Tribunal se expresó en los siguientes términos: “El proceso de incautación de propiedades al amparo de la Ley Uniforme de Confiscaciones es civil en su forma pero punitivo en su naturaleza. Su objetivo, claramente identificado por la Asamblea Legislativa, es castigar al delincuente con la pérdida de su propiedad, además de la posible pérdida de su libertad. A ello se refiere la Legislatura cuando habla del propósito disuasivo de la confiscación”. CC-2013-1077 16

Tribunal había formulado previo a 1988. Sobre este

particular, nótese que la Asamblea Legislativa de entonces

específicamente consignó en el Informe Conjunto del

Proyecto del Senado 1529 de 20 de mayo de 1988 que nada de

lo contenido en lo que eventualmente sería la Ley Uniforme

de Confiscaciones de 1988 alteraba la normativa adoptada

hasta ese momento por este Tribunal Supremo en materia de

confiscación. Esto incluía, claro está, la norma

establecida en Carlo v. Srio. de Justicia, supra, respecto

a la aplicación de la doctrina de impedimento colateral

por sentencia al procedimiento civil de confiscación,

basado en el resultado favorable en la causa criminal.29

En segundo lugar, es importante recordar que en el

2000 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 32-2000

para enmendar la Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988 y

específicamente disponer que el resultado de la acción

penal no sería impedimento, ni tendría efecto de cosa

juzgada sobre la acción civil de confiscación.30 Tres años

29 Véase, Informe Conjunto del P. del S. 1529 de las Comisiones de lo Jurídico, de Transportación y Obras Públicas y de Hacienda del Senado de Puerto Rico de 20 de mayo de 1988, 10ma. Asamblea Legislativa, 4ta Sesión Ordinaria, el cual en la página siete expresamente establece que “[n]ada en el P. del S. 1529 modifica la interpretación restrictiva a favor de la propiedad confiscada que el tribunal le ha dado a las disposiciones legales y vigentes sobre confiscación. Vázquez Fontánez v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 396 (1974); Carlo v. Secretario de Justicia, 107 D.P.R. 356 (1978)”. 30 Véase, Art. 2, inciso (c) de la Ley Núm. 32-2000, 2000 LPR 376. El mencionado artículo específicamente establecía lo siguiente:

Naturaleza de la acción. – El resultado favorable al acusado o imputado en cualquier de las etapas de la acción criminal no será impedimento para, ni tendrá efecto de cosa juzgada sobre, la acción civil de confiscación, aunque ésta se base en los hechos imputados en la acción penal. Íd. CC-2013-1077 17

más tarde, esta enmienda fue derogada mediante la Ley Núm.

18-2003. Esto porque, según la intención y razonamiento de

la entonces Asamblea Legislativa, era necesario ajustar el

derecho positivo conforme a lo resuelto por este Tribunal

en Carlo v. Srio. de Justicia, supra, y Del Toro Lugo v.

E.L.A., supra.31 De hecho, según surge del Informe sobre el

Proyecto de la Cámara 1972 de la Comisión de la Jurídico

del Senado de Puerto Rico – eventual Ley Núm. 18, supra –

esta medida pretendía,

resolver la situación surgida con la Ley Núm. 32, supra, a los fines de disponer que la absolución en los méritos de una persona en una causa criminal tendrá el efecto de haber nula una confiscación de un vehículo hecha por el Estado a raíz de los mismos hechos que dieron lugar a su procesamiento criminal, en consideración a la doctrina constitucional de cosa juzgada en su modalidad de impedimento colateral por sentencia.

Tras una absolución en el caso criminal o determinación de no causa en la vista preliminar que ha advenido final y firme no existen tales elementos para sostener la confiscación en el

Sobre este particular, la parte expositiva de la Ley Núm. 32, supra, mencionaba lo siguiente:

Aun cuando la doctrina jurisprudencial sobre la materia es clara, en nuestra jurisdicción se ha creado una gran confusión a raíz de las opiniones emitidas por el Tribunal Supremo. La presente medida va encaminada a precisar la naturaleza de la acción confiscatoria y a revisar otros aspectos de conformidad a la experiencia habida en la implantación de la Ley Núm. 93, antes citada.

Consideramos que el resultado de la acción penal no debe ser impedimento, ni tener efecto de cosa juzgada, sobre la acción civil de confiscación, y para así establecerlo, se enmienda la Ley Núm. 93, antes citada, como se propone adelante.

Véanse, además, Informe del P. de la C. 2621 de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes de 5 de noviembre de 1999, 13era Asamblea Legislativa, 6ta Sesión Ordinaria, y la Ponencia del Departamento de Justicia de 28 de septiembre de 1999 sobre el P. de la C. 2621. 31 Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 18-2003, 2003 LPR 64. CC-2013-1077 18

caso civil por lo cual es forzoso concluir la improcedencia de continuar con el mismo.32

De esta manera, la Asamblea Legislativa plasmó

claramente su intención de reconocer la normativa adoptada

por este Tribunal conforme a lo establecido originalmente

en el historial legislativo de la Ley Uniforme de

Confiscaciones de 1988. Es decir, afirmativamente avaló el

que la acción civil de confiscación estuviera condicionada

al resultado del proceso penal. Conforme a ello, los casos

resueltos bajo la Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988,

particularmente los resueltos posterior al 2003,

respondieron, en esencia, a esa intención legislativa. Así

lo reconoció este Tribunal en Coop. Seg. Mult. v. E.L.A.,

supra, donde expresó lo siguiente a la luz de las

disposiciones de la entonces vigente Ley Uniforme de

Confiscaciones de 1988:

La Asamblea Legislativa ha reconocido el vínculo entre la causa criminal contra el presunto autor del delito base y la acción de confiscación. De igual forma, la ley vigente [Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988] coincide con nuestros pronunciamientos en cuanto a la aplicación de la doctrina de impedimento colateral por sentencia que condiciona el proceso civil a la causa criminal. La Ley Núm. 18 de 1 de enero de 2003 enmendó la Ley Uniforme de Confiscaciones para eliminar el inciso que añadió la Ley Número 32 de 14 de enero de 2000 que disponía que el resultado favorable al acusado no sería impedimento a la acción civil de confiscación. La Exposición de Motivos de la Ley Núm. 18 refleja con gran claridad el cambio en el modo de pensar en la Asamblea Legislativa y su

32 Informe sobre el P. de la C. 1972 de la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, 14ta Asamblea Legislativa, 5ta Sesión Ordinaria, págs. 1-3. Aclaramos que, contrario a lo expresado por la Asamblea Legislativa en el citado extracto, la doctrina de impedimento colateral por sentencia es de índole estatutario. CC-2013-1077 19

decisión de vincular la causa criminal contra el presunto autor del delito con el proceso civil de confiscación.33

Cónsono con estos pronunciamientos, este Tribunal

debía preguntarse, en primer plano, si bajo la actual Ley

Uniforme de Confiscaciones de 2011 subsiste la misma

intención legislativa reflejada en la Ley Uniforme de

Confiscaciones de 1988 y sus posteriores enmiendas. Es

decir, ¿surge de las disposiciones de la Ley Uniforme de

Confiscaciones de 2011 y/o de su historial legislativo la

intención de la Asamblea Legislativa de condicionar el

proceso civil de confiscación al resultado de la acción

penal? En segundo plano, debió preguntarse si en la

legislación vigente persiste el objetivo disuasivo y si

ello, de por sí, ameritaba que continuáramos calificando

como “punitivo” el proceso de confiscación. Veamos

D. Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011

Actualmente, el proceso de confiscación en Puerto

Rico se rige por la Ley Núm. 119-2011, la cual establece

un procedimiento uniforme para todos los casos de

confiscación en nuestra jurisdicción, independientemente

de la agencia involucrada y el fundamento para la misma.34

De acuerdo a esta legislación, el Estado puede ocupar y

hacer suya toda propiedad que sea utilizada durante la

33 (Citas omitidas) (Énfasis y subrayado nuestro). Coop. Seg. Mult. v. E.L.A., supra, pág. 677. 34 Véase, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 119-2011. (2011 LPR 1761). CC-2013-1077 20

comisión de delitos graves y de aquellos delitos menos

graves en los que por ley se autorice la confiscación,

cuando tales delitos se encuentren tipificados en algún

estatuto confiscatorio.35

Entre las nuevas disposiciones incluidas en la Ley

Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra, y pertinentes a

este caso, hallamos que la Asamblea Legislativa

expresamente dispuso el carácter independiente del

procedimiento de confiscación con relación a cualquier

otro proceso. Al respecto, el Art. 2 de la Ley Núm. 119,

supra, establece como política pública “la naturaleza in

rem de las confiscaciones, independiente de cualquier otra

acción de naturaleza penal, administrativa o de cualquier

otra naturaleza”.36 Cónsono con esta política pública, el

Poder Legislativo reiteró que “[e]l proceso de

confiscación será uno civil dirigido contra los bienes e

independiente de cualquier otro proceso de naturaleza 35 Véase, Art. 9 de la Ley Núm. 119, supra, 34 LPRA sec. 1724f, el cual dispone íntegramente lo siguiente: Estará sujeta a ser confiscada, a favor del Gobierno de Puerto Rico, toda propiedad que resulte, sea producto o se utilice, durante la comisión de delitos graves y de aquellos delitos menos graves en los que por ley se autorice la confiscación, cuando tales delitos graves y menos graves se encuentren tipificados en el Código Penal de Puerto Rico, en las leyes de sustancias controladas, de armas y explosivos, en las leyes contra el crimen organizado, en las leyes de juegos prohibidos, bebidas alcohólicas, leyes fiscales, leyes contra la apropiación ilegal de vehículos, leyes de vehículos y tránsito y de embarcaciones; así como en otras leyes y en aquellos estatutos confiscatorios en los que por ley se autorice la confiscación.

Toda propiedad que esté sujeta a una sentencia de confiscación que así lo autorice, será confiscada a favor del Gobierno de Puerto Rico. 36 (Énfasis nuestro). Art. 2 de la Ley Núm. 119, supra. (34 LPRA sec. 1724). CC-2013-1077 21

penal, civil o administrativa que se pueda llevar contra

el dueño o el poseedor de los bienes ocupados bajo las

disposiciones de cualquier ley que autorice la

confiscación de bienes por parte del Estado”.37

Así las cosas, la propia legislación específicamente

establece el proceso que las partes y los tribunales deben

seguir durante la acción civil de impugnación de

confiscación. En ese contexto, el Art. 15 de la Ley Núm.

119, supra, establece en su parte aquí pertinente, que “se

presumirá la legalidad y corrección de la confiscación

independientemente de cualquier otro caso penal,

administrativo o cualquier otro procedimiento relacionado

a los mismos hechos”.38 Así, “[e]l demandante tiene el peso

de la prueba para derrotar la legalidad de la

confiscación”.39 Asimismo, dispone que “[p]resentada la

contestación a la demanda, el Tribunal ordenará una vista

sobre legitimación activa para establecer si el demandante

ejercía dominio y control sobre la propiedad en cuestión

antes de los hechos que motivaron la confiscación. De no

cumplir con este requisito, el Tribunal ordenará la

desestimación inmediata del pleito“.40

En referencia a la derogada Ley Uniforme de

Confiscaciones de 1988 y las respectivas interpretaciones

37 (Énfasis nuestro). Art. 8 de la Ley Núm. 119, supra. (34 LPRA sec. 1724e). 38 Art. 15 de la Ley Núm. 119, supra. (34 LPRA sec. 1724l). 39 Íd. 40 Íd. Véase, además, Mapfre PRAICO, et als. v. E.L.A., supra. CC-2013-1077 22

formuladas por esta Curia, la Asamblea Legislativa expresó

que “[d]icha Ley ha sido objeto de múltiples enmiendas e

interpretaciones judiciales que han causado confusión en

la implantación del estatuto”.41 Así que para efectos de

dispersar cualquier duda sobre su intención de instituir

un proceso de confiscación in rem y verdaderamente

independiente, los legisladores incluyeron en la parte

expositiva de la medida lo siguiente:

En nuestra jurisdicción, la confiscación es una acción civil o in rem, distinta y separada de cualquier acción in personam. La confiscación que lleva a cabo el Estado se basa en la ficción legal de que la cosa es la ofensora primaria. El procedimiento in rem tiene existencia independiente del procedimiento penal de naturaleza in personam, y no queda afectado en modo alguno por éste. Los procedimientos de confiscación civil puede llevarse a cabo y culminarse antes de que acuse, se declare culpable o se absuelva al acusado. Incluso, pueden llevarse aun cuando no se haya presentado ningún cargo. Esto debido a que la acción civil se dirige contra la cosa en sí misma, en general, la culpabilidad o inocencia del propietario es irrelevante en cuanto a la procedencia o no de la confiscación civil. Goldmith-Grant Co. v. United States, 254 U.S. 505 (1921). Calero-Toledo v. Pearson Yatch Leasing Co., 416 U.S. 663 (1974). United States v. One Assortment of 89 Firearms, 465 U.S. 354 (1984).42

Nótese que la referida exposición de motivos consigna,

incluso, la jurisprudencia sobre la que fundamenta su

intención de instituir una confiscación estrictamente in

rem. En ninguna parte, menciona alguna de las decisiones

que este Tribunal emitió durante la vigencia de las

41 Exposición de Motivos de la Ley Núm. 119, supra. (2011 LPR 1761). 42 Exposición de Motivos de la Ley Núm. 119, supra, pág. 1-2. (2011 LPR 1762 – 1763). CC-2013-1077 23

legislaciones anteriores de confiscación. De esta manera,

la política pública vigente establecida por la Asamblea

Legislativa sobre confiscación se distancia de las

respectivas interpretaciones judiciales formuladas en el

pasado, particularmente en lo que respecta a condicionar

la acción civil de confiscación al resultado del proceso

De hecho, en la ponencia presentada por el Departamento

de Justicia sobre el Proyecto del Senado 897 – eventual

Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 – éste expresó

“preocupación por definir la naturaleza in rem o civil de

la confiscación”.43 Sobre este particular, indicó que “[a]

efectos de evitar la más mínima confusión sobre los

aspectos indicados, es imprescindible introducir un

lenguaje claro y preciso que establezca y mantenga

distanciados los procesos criminales in personam y la

confiscación a través de todo el texto de la ley”.44

Precisamente, eso fue lo que hizo la Asamblea Legislativa

en los Arts. 2, 8 y 15 de la Ley Núm. 119, supra, según

expusimos.45

43 Ponencia del Departamento de Justicia sobre el P. del S. 897 de 23 de julio de 2009, pág. 3. 44 (Énfasis y subrayado nuestro). Íd. 45 Consistentemente, ésta ha sido la posición del Poder Ejecutivo sobre este particular. A modo ilustrativo, hallamos que en una medida legislativa anterior dirigida a establecer la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2006, se incluyeron disposiciones idénticas a las incluidas en la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 en cuanto a la independencia del proceso de confiscación de cualquier otro proceso penal. Véase, e.g., Art. 8 del P. de la C. 2696, 15ta Asamblea Legislativa, 3ra Sesión Ordinaria. A raíz de esta propuesta el entonces Secretario de Justicia comentó lo siguiente: CC-2013-1077 24

Así las cosas, no hay duda que en la legislación

actual se estableció un proceso civil in rem

verdaderamente independiente al proceso penal in personam,

abandonando así la pasada intención legislativa de

vincular ambos procesos. Ante ello, resulta pertinente

analizar si verdaderamente el proceso de confiscación

confeccionado por el Poder Legislativo tiene un fin

punitivo o criminal como se mencionaba en el pasado. De

concluir que, en efecto, estamos ante un proceso de

confiscación de carácter punitivo dirigido a castigar al

presunto autor del delito, el marco de acción de la

Asamblea Legislativa para regular su aplicación y

procedencia podría verse limitado por aspectos

Los términos de esta medida reconocen las diferencias existentes entre el proceso de confiscación in rem y cualquier acción criminal, o de otra índole, que pueda proceder de los mismos hechos. Se persigue que, por ejemplo, el Estado pueda proseguir legítimamente con una acción de confiscación contra una propiedad cuando existe prueba suficiente de que la misma ha sido utilizada en actividad delictiva, aun cuando el Estado instar una acción criminal porque no se ha identificado con la certeza suficiente al autor del delito. Nótese que el Estado debe establecer la ocurrencia de una actividad delictiva y su relación con la propiedad confiscada.

La propuesta legislativa permite atender el absurdo jurídico que impide que el Estado pueda confiscar, por ejemplo, un automóvil con cristales ahumados cuando existe evidencia en su interior, tales como casquillos de bala, que lo vinculan directamente a la comisión de un delito. Nótese que, en este tipo de caso, el Estado conoce la ocurrencia de una actividad delictiva y del uso del vehículo en su consecución. No obstante, no necesariamente se ha identificado al autor del delito, toda vez que los cristales ahumados impiden su identificación.

Ponencia del Departamento de Justicia de 24 de enero de 2006 sobre el P. de la C. 2696 ante la Comisión de lo Jurídico y Seguridad Pública de la Cámara de Representantes, pág. 4. CC-2013-1077 25

constitucionales aplicables bajo ciertas y limitadas

circunstancias.

Sobre este particular, en United States v. Ward, 448

US 242 (1980), la Corte Suprema de los Estados Unidos

elaboró un estándar de dos partes dirigido, precisamente,

a contestar si un estatuto confiscatorio constituye en sí

una medida punitiva de índole criminal o no. Al respecto,

la Corte Suprema Federal expresó lo siguiente:

Esta Corte a menudo ha reiterado que la interrogante sobre si una sanción es de índole civil o criminal es un asunto de interpretación estatutaria. Nuestra investigación en este respecto se ha realizado tradicionalmente en dos esferas. Primero, nos hemos dado a la tarea de determinar si el Congreso al establecer la sanción particular indicó expresa o implícitamente su preferencia por una etiqueta o la otra. Segundo, si el Congreso ha indicado la intención de establecer una sanción civil, hemos investigado más a fondo si el esquema estatutario era tan punitivo ya sea en su propósito o en su efecto como negar dicha intención. Respecto a esta última interrogante, hemos establecido que solo “la más clara evidencia” podría ser suficiente para establecer la inconstitucionalidad de una ley basado en dicho argumento.46

46 (Traducción nuestra). (Citas omitidas). United States v. Ward, supra, págs. 248-249. En términos propios de la Corte Suprema Federal, esta expresó específicamente lo siguiente:

This Court has often stated that the question whether a particular statutorily defined penalty is civil or criminal is a matter of statutory construction. Our inquiry in this regard has traditionally proceeded on two levels. First, we have set out to determine whether Congress, in establishing the penalizing mechanism, indicated either expressly or impliedly a preference for one label or the other. Second, where Congress has indicated an intention to establish a civil penalty, we have inquired further whether the statutory scheme was so punitive either in purpose or effect as to negate that intention. In regard to this latter inquiry, we have noted that “only the clearest proof could suffice to establish the unconstitutionality of a statute on such a ground.” CC-2013-1077 26

En otros términos, la conclusión sobre si determinada

sanción es verdaderamente de índole civil o penal debe

estar precedida, en primer orden, de un análisis sobre si

el Poder Legislativo consignó su intención, ya sea expresa

o implícitamente, de caracterizar ésta como una civil o

criminal. Es decir, este primer punto del análisis va

dirigido específicamente a identificar la etiqueta “civil”

o “criminal” que le dio o pretendió dar el Poder

Legislativo a la sanción concerniente. Claro está, de

concluir que, en efecto, el Poder Legislativo expresó su

preferencia por una sanción criminal, resulta académico

cualquier análisis posterior.

Empero, si de ese análisis surge la intención del

Poder Legislativo de caracterizar determinado

procedimiento como civil, procede entonces abordar el

segundo punto del examen dirigido a auscultar si ésta es

tan punitiva en su propósito o efecto que transforma en

una sanción criminal lo que se pretendió imponer como una

sanción civil.47 En esta segunda parte del análisis, es

necesario que la parte que formule tal alegación presente

“la más clara evidencia” de que lo que el Poder

Legislativo denominó como civil en realidad constituye una

sanción de índole criminal.48 De no existir tal evidencia,

47 Íd., pág. 249. (We turn then to consider whether Congress, despite its manifest intention to establish a civil, remedial mechanism, nevertheless provided for sanctions so punitive as to “transfor[m] what was clearly intended as a civil remedy into a criminal penalty.”). 48 (Traducción nuestra). Íd., pág. 249 (“In regard to this latter inquiry, we have noted that “only the clearest proof could suffice to CC-2013-1077 27

lo único que procede es que el Tribunal confirme el

carácter civil que le brindó o pretendió brindar, en

primera instancia, el Poder Legislativo a la sanción

concerniente.

Subsiguientemente, la Corte Suprema de Estados Unidos

reafirmó este análisis en United States v. Ursery, 518 US

267 (1996), caso en el cual confirmó su dictamen de United

States v. One Assortment of 89 Firearms, 465 US 354 (1984)

a los efectos de que un estatuto confiscatorio civil no

viola la Quinta Enmienda de la Constitución Federal a

aplicarse a un individuo que ha sido absuelto o condenado

mediante sentencia, siempre y cuando éste no sea punitivo

en su naturaleza.49 Para sostener tal carácter civil de la

confiscación, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos

examinó los estatutos confiscatorios concernientes

mediante el discutido análisis de dos partes. Respecto a

la primera parte, la Corte sostuvo que era indudable que

el Congreso tuvo la intención de establecer un proceso

meramente civil.50 Siendo así, se movió a la segunda parte

del análisis y concluyó que existía “poca evidencia, y

mucho menos la prueba más clara requerida” de que el

establish the unconstitutionality of a statute on such a ground.”); págs. 250-251 (“Nor are we persuaded by any of respondent's other arguments that he has offered the “clearest proof” that the penalty here in question is punitive in either purpose or effect.”). Reiterado en United States v. One Assortment of 89 Firearms, 465 US 354, 366 (1984) (“Mulcahey has failed to establish by the “clearest proof” that Congress has provided a sanction so punitive as to “transfor[m] what was clearly intended as a civil remedy into a criminal penalty.”). 49 United States v. Ursery, supra, pág. 292. (“We hold that these in rem civil forfeitures are neither “punishment” nor criminal for purposes of the Double Jeopardy Clause.”). 50 Íd., págs. 288-290. CC-2013-1077 28

proceso de confiscación establecido por el Congreso era

tan punitivo en su naturaleza o efecto que lo convertía en

una sanción criminal.51

Para alcanzar tal conclusión, la Corte Suprema en

United States v. Ursery, supra, destacó varios puntos

importantes y pertinentes a nuestra legislación local.

Primero, expresó el entendido de que las confiscaciones

civiles in rem históricamente no constituyen un

“castigo”.52 Segundo, resaltó que en los estatutos

confiscatorios concernientes no se requería demostrar

intención criminal en el uso de la cosa y aclaró que aun

cuando éstos contienen una excepción de tercero inocente,

ello de por sí no compele a la conclusión de que se desea

castigar a una persona.53 Tercero, señaló que si bien puede

decirse que tales estatutos sirven un propósito disuasivo,

la realidad es que tal objetivo es válido tanto para

procesos de confiscación puramente civiles como para

procesos criminales.54 Finalmente, enfatizó que el solo

hecho de que los estatutos confiscatorios estén atados o

supeditados a una actividad criminal no es suficiente para

establecer mediante “la más clara evidencia” que el

51 (Traducción nuestra). Íd., pág. 290. 52 Íd., pág. 291. 53 Íd., págs. 291-292. 54 Íd., pág. 292. CC-2013-1077 29

proceso denominado como civil realmente es de carácter

punitivo en su naturaleza o efecto.55

Al extrapolar tal análisis y escrutinio a nivel local

con el objetivo de auscultar si el proceso de confiscación

establecido en la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011

constituye una sanción meramente civil o penal, no podemos

alcanzar otra conclusión que no sea que ésta es puramente

civil y remediativa. En primer lugar, según indicáramos,

no hay duda de que la Asamblea Legislativa aprobó la

legislación vigente con la intención expresa de establecer

un proceso administrativo in rem de estricto carácter

civil e independiente de cualquier otra acción de

naturaleza penal, administrativa o de cualquier otra

naturaleza. En ese sentido, y cónsono con la

jurisprudencia federal sobre el particular, notamos que

los demandantes en el caso de epígrafe no presentaron

argumento alguno – mucho menos “la más clara evidencia” –

que pusiera en posición a este Tribunal para determinar

que, a pesar de la clara intención del Poder Legislativo

de establecer un proceso estrictamente civil, éste debía

ser cualificado como uno punitivo en su naturaleza o

efecto.

En segundo lugar, - y a pesar de tal falla en la

argumentación de los demandantes - la realidad es que un

simple repaso de la legislación concerniente evidencia la

inexistencia de “la más clara evidencia” que nos lleve a

55 Íd. CC-2013-1077 30

concluir que, en efecto, estamos ante un estatuto de

carácter punitivo. Nótese que la ley vigente no requiere

demostrar que hubo intención criminal por parte de la

persona que utilizó la cosa de forma ilícita para que

proceda la confiscación. Como explicáramos, en el proceso

civil estatuido únicamente se requiere demostrar la

conexión entre la propiedad confiscada y su uso en una

actividad prohibida por ley, independientemente de quién

la utilizó o si tenía tal intención o no.

Además, aunque la legislación vigente podría permitir

que se presente evidencie de la inocencia del dueño en

ciertas circunstancias, esto, por sí solo, no es

suficiente para atribuirle a la legislación un ánimo de

castigar. Por último, la clara intención de la Asamblea

Legislativa de disuadir la actividad criminal, según surge

de la ley y de su historial, obligan a concluir que

estamos ante una ley de naturaleza civil y remediativa.

Como bien señalara la Corte Suprema de Estados Unidos, tal

elemento disuasivo de la actividad criminal no es en sí

suficiente para categorizar un proceso civil de

confiscación como uno criminal.

II

De los hechos reseñados en la Sentencia que antecede

surge que el Estado confiscó un vehículo de motor porque

presuntamente éste fue utilizado en una actividad

delictiva. A raíz de estos mismos hechos, el Estado optó,

además, por presentar cargos criminales en contra de las CC-2013-1077 31

dos personas ocupantes de la propiedad confiscada al

momento de la intervención. No obstante, en lo que

respecta a uno de los ocupantes, el proceso penal culminó

luego de que el Tribunal determinara no causa probable

para acusar durante una vista preliminar en alzada.

Mientras que los cargos contra el otro ocupante del

vehículo de motor fueron archivados a tenor con el inciso

(b) de la Regla 247 de Procedimiento Criminal luego de que

el Ministerio Público informara que toda la evidencia con

la que contaba había sido suprimida. En ese escenario,

surge la interrogante de qué sucede con la confiscación de

la propiedad una vez la persona que presuntamente la

utilizó para la comisión de un delito obtiene un resultado

favorable en el proceso penal, aun cuando el mismo no haya

sido producto de una deliberación y adjudicación en los

méritos.56

Tal cuadro fáctico no es un asunto novedoso para este

Tribunal, ya que en el pasado emitimos varias opiniones

que, precisamente, concernían a un conjunto de hechos

igual o similar al que hoy consideramos. Como vimos, en

ese entonces, y aún bajo las disposiciones de las

56 Cuando indicamos que el resultado favorable en lo penal no se obtuvo como parte de una determinación en los méritos, nos referimos a que en el proceso criminal nunca se dilucidó si, en efecto, la persona imputada cometió un delito o no. Esto porque la determinación a su favor se produjo como consecuencia de factores ajenos a la controversia principal sobre si incurrió en una conducta delictiva. Este es el caso, por ejemplo, cuando el imputado sale favorecido porque el Ministerio Público no cumple con los términos estatutarios de juicio rápido. La desestimación de los cargos que ese incumplimiento generalmente acarrea no significa que la persona no cometió delito. Simplemente, equivale a que el Ministerio Público incumplió con el proceso y los términos establecidos en las Reglas de Procedimiento Criminal. CC-2013-1077 32

derogadas Ley Uniforme de Confiscaciones de 1960 y 1988,

resolvimos que no podía sostenerse la confiscación civil

de la propiedad en la medida que la persona imputada de

delito por los mismos hechos que originaron la

confiscación hubiese obtenido un dictamen favorable en la

esfera criminal. Así las cosas, en el pasado utilizamos el

resultado penal para disponer, incluso sumariamente, de

una demanda civil de impugnación de confiscación.

Ahora bien, según reseñáramos, las pasadas

determinaciones de este Tribunal estuvieron enmarcadas en

lo que hasta el momento era la voluntad e intención

expresada por la Asamblea Legislativa. Como observáramos,

a pesar de que bajo la legislación de 1988 se reconocía el

carácter in rem de las confiscaciones, el Poder

Legislativo afirmativamente acogió el matiz in personam

que por varias décadas este Tribunal le otorgó al

procedimiento in rem al condicionar la continuación del

proceso de confiscación a los acontecimientos a nivel

penal.57

Esto contrasta enormemente con la actual Ley Uniforme

de Confiscaciones de 2011. En esta, la Asamblea

Legislativa, conociendo la interrelación que en el pasado

establecimos entre el proceso civil y el proceso penal,

específicamente consignó su voluntad de diferenciar las

acciones criminales dirigidas contra la persona de

aquellas acciones confiscatorias a nivel civil dirigidas

57 Véase, parte III, sección B de esta Opinión. CC-2013-1077 33

contra la propiedad en particular. Esta intención

legislativa, según expuesto en la sección anterior, surge

de cada parte del historial legislativo de la Ley Núm.

119, incluyendo del propio texto de la ley, de su

exposición de motivos, de los informes de las respectivas

comisiones legislativas, e incluso de las ponencias

presentadas.58

Así, por ejemplo, el Art. 2 de la ley vigente

claramente establece que en nuestra jurisdicción las

confiscaciones serán de naturaleza in rem y, como

consecuencia, independientes de cualquier otra acción de

naturaleza penal, administrativa o de otra índole que

pudiera llevarse en contra del dueño o del poseedor de los

bienes ocupados.59 Este principio de separabilidad e

independencia fue reiterado más adelante por el Poder

Legislativo al expresar literalmente – y por primera vez

como parte integral de la legislación en claro contraste

con las leyes anteriores - su intención de mantener la

confiscación civil separada del procedimiento criminal y

dirigida exclusivamente a dilucidar el involucramiento del

bien confiscado en una actividad prohibida por ley.60 De

esta manera, no hay duda de que la Asamblea Legislativa

pretendió distanciarse del desarrollo jurisprudencial bajo

el cual el proceso civil de confiscación quedaba

58 Véase, parte III, sección C de esta Opinión. 59 Véase, Art. 2 de la Ley Núm. 119, supra. 60 Véase, Art. 8 de la Ley Núm. 119, supra. CC-2013-1077 34

condicionado al resultado de la causa criminal contra el

alegado autor del delito. Cónsono con ese claro

distanciamiento, el Poder Legislativo, modificó el enfoque

y estableció un procedimiento civil verdaderamente in rem

cónsono a sus típicas características e independencia de

cualquier otro proceso que pueda surgir del mismo conjunto

de hechos.61

Bajo esas circunstancias, utilizar el resultado

favorable obtenido por el imputado en el proceso penal

para aplicar la doctrina de impedimento colateral por

sentencia en el proceso civil de confiscación, sería ir en

contra de la voluntad legislativa diáfanamente expresada

en la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011. Después de

todo, eso fue lo que, precisamente, quiso evitar el

legislador al disponer sobre la independencia de los

procedimientos y reiterar una y otra vez la naturaleza

estrictamente in rem de la confiscación en nuestra

jurisdicción.

Más allá de ese ejercicio válido de establecimiento de

política pública, la realidad es que tal independencia

entre el proceso civil de confiscación y la acción penal

tiene perfecta lógica y congruencia jurídica.62 Esto porque

al final de todo se tratan de dos acciones judiciales que

61 Véase, Parte I, Sección A de esta Opinión. 62 Así ha sido reconocido, incluso, por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en multiplicidad de casos aún vigentes. Véase, e.g., Bennis v. Michigan, 516 US 442, 452 (1996); United States v. One Assortment of 89 Firearms, 465 US 354 (1984); Calero-Toledo v. Pearson Yatch Leasing Co., 416 US 663 (1974); Goldmith-Grant Co. v. United States, 254 US 505 (1921). CC-2013-1077 35

- si bien surgen de un mismo conjunto de hechos -

responden a fines y cuestionamientos distintos bajo

diferentes estándares de prueba. Por un lado, la acción

civil de confiscación lo que busca es establecer mediante

preponderancia de la prueba que la propiedad confiscada

fue utilizada en una actividad prohibida por ley. Mientras

que la acción penal busca establecer más allá de duda

razonable que el imputado o acusado cometió un delito. En

tales circunstancias, es jurídicamente sostenible no

condicionar la acción civil de confiscación a lo que

acontezca en la acción penal. Tan es así que nuestro

ordenamiento jurídico actual no establece que la

confiscación de una propiedad va a depender de la

presentación de cargos criminales y mucho menos de la

obtención de una sentencia condenatoria a nivel penal.63

Ciertamente, y contrario a lo que sostienen los

compañeros miembros de este Foro en sus respectivas

opiniones disidentes, estas distinciones no alteran

nuestra bien concebida norma de que las confiscaciones no

63 De hecho, esta posibilidad fue descartada, incluso, como parte de los debates suscitados durante la Convención Constituyente de Puerto Rico. III Diarios de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico, 1569-1581 (1961). Cónsono con ello, puede haber ocasiones en que el Estado simplemente no tenga conocimiento de quién utilizó la propiedad en una actividad ilegal, pero como cuestión de hecho sí se sabe que fue utilizada con tales propósitos. Tal sería el caso, por ejemplo, de un automóvil abandonado con sustancias controladas en su interior. Ante tal hallazgo, no hay duda de que la propiedad fue empleada en la comisión de una actividad ilegal (almacén o transporte de sustancias controladas), pero por estar abandonada el Estado desconoce quién la utilizó para ello. ¿Supone ese desconocimiento del autor del delito un impedimento para que el Estado pueda confiscar la propiedad? No. Esto porque, como hemos explicado, bajo la modalidad civil de confiscación la pregunta no es quién utilizó la propiedad, sino si la propiedad, en efecto, fue utilizada en una actividad ilegal. CC-2013-1077 36

son favorecidas por los tribunales y, como consecuencia,

los estatutos confiscatorios deben interpretarse

restrictivamente.64 Ahora bien, los tribunales estamos

autorizados a interpretar una legislación cuando “esta no

es clara o concluyente sobre un punto en particular”.65 De

ese ser el caso, “debemos siempre considerar cuáles fueron

los propósitos perseguidos por la Asamblea Legislativa al

aprobar una legislación, de manera que nuestra

interpretación asegure la efectividad de la intención

legislativa”.66 De esta forma evitamos una interpretación

contraria a esa intención y, por ende, una usurpación al

Poder Legislativo.

En el caso particular de la Ley Uniforme de

Confiscaciones de 2011, la Asamblea Legislativa fue clara

y categórica sobre su propósito de establecer como

política pública una separación e independencia entre el

proceso civil de confiscación y la causa penal que podría

producirse a consecuencia de los mismos hechos. Teniendo

ese propósito claro, ¿sería cónsono con el mismo utilizar

el resultado favorable obtenido por el imputado para

disponer y anular la confiscación? ¿Estaría conforme a la

64 Coop. Seg. Mult. v. E.L.A., supra, pág. 668; Del Toro Lugo v. E.L.A., supra, pág. 988; Suárez v. E.L.A., supra, pág. 64; Carlo v. Srio. de Justicia, supra, pág. 363; Pueblo v. González Cortes, 95 DPR 164, 168 (1967). 65 Brau, Linares v. ELA, 190 DPR 315, 340 (2014); Rivera Fernández v. Mun. de Carolina, 190 DPR 196, 202 (2014); Consejo Titulares v. Gómez Estremera, 184 DPR 407 (2012), citando a Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 214 (1990). 66 Romero Barceló v. E.L.A., 169 DPR 460, 500-501 (2006); Rexach v. Ramírez Vélez, 162 DPR 130 (2004), citando a Pérez v. Mun. de Lares, 155 DPR 697, 706-707 (2001). CC-2013-1077 37

voluntad legislativa continuar el desarrollo

jurisprudencial de este Tribunal en el cual la procedencia

de la confiscación estaba condicionada a lo que

aconteciera a nivel penal?

Indudablemente, no. Sería un contrasentido establecer

por un lado que los procesos son independientes y, por el

otro, interrelacionarlos de tal manera que lo que ocurra

en uno predetermine el desenlace del otro. Ante tales

circunstancias, y en ausencia de un planteamiento

constitucional válido y aplicable al escenario específico

que hoy atendemos, este Foro no debe alterar las normas

estatutarias aplicables a los casos ante nuestra

consideración. Así, tenemos el deber de reafirmar el

legítimo ejercicio de establecimiento de política pública

promovido por la Asamblea Legislativa mediante la

aprobación de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011.

Si bien es cierto que la actual ley de confiscaciones

no incluye una disposición sobre la doctrina de

impedimento colateral por sentencia - tal y como se

incluyó en su momento mediante la derogada Ley Núm. 32-

2000 - la realidad es que su aplicación a los casos que

hoy atendemos es completa y absolutamente incompatible con

varias de las disposiciones que sí fueron incluidas en la

Ley.67 En ese sentido, los tribunales no podemos utilizar

67 Véase, Arts. 2, 8 y 15 de la Ley Núm. 119, supra, los cuales, como discutimos en secciones anteriores, dejan claro la voluntad de la Asamblea Legislativa de establecer un proceso civil de confiscación independiente de lo acontecido a nivel penal. Esto, indudablemente, no brinda espacio para otra interpretación estatutaria que no sea la inaplicabilidad de la doctrina de impedimento colateral por sentencia CC-2013-1077 38

nuestra función interpretativa para distanciarnos e

invalidar el contenido expreso y claro de una ley bajo el

pretexto de que el legislador no incluyó determinado

lenguaje. Después de todo, nuestro deber no es juzgar cómo

el legislador debió expresar su intención legislativa,

sino auscultar si determinada interpretación y resultado

es compatible con la voluntad del legislador reflejada en

la letra de la ley. Conforme a ello, no hay duda de que

validar la aplicación de la doctrina de impedimento

colateral por sentencia, la aplicación de cualquier otra

doctrina de índole estatutaria o continuar reconociendo

presuntas excepciones a la independencia de que debe

caracterizar el proceso in rem de confiscación o, incluso,

pretender alcanzar un resultado basado en aspectos

constitucionales no aplicables a los hechos particulares

que evaluamos, constituiría un ejercicio impropio de

legislación judicial en la medida que ignora y menoscaba

las disposiciones incluidas en la Ley Uniforme de

Confiscaciones de 2011.68

Por todo lo anterior, este Tribunal debió concluir que

los tribunales no pueden disponer de la acción civil de

obtenido por el imputado a nivel penal. Conforme a las

o de cualquier otra doctrina que condicione la continuación de la confiscación al resultado de otro procedimiento. 68 Ello sin mencionar las posibles incongruencias jurídicas que sustantivamente supone la aplicabilidad de esta doctrina en el contexto de un proceso civil de confiscación basado en lo acontecido en un proceso de índole penal, el cual, en muchas ocasiones, ni tan siquiera concluye mediante una sentencia luego de un proceso adjudicativo en sus méritos. CC-2013-1077 39

disposiciones de la Ley Uniforme de Confiscaciones de

2011, la procedencia de la confiscación debe ser

adjudicada a nivel civil por preponderancia de la prueba y

en completa independencia de lo que haya acontecido a

nivel penal. Así que, en ausencia de algún otro

planteamiento procedente en derecho, los foros primarios

deberían dilucidar las demandas civiles de impugnación de

confiscación en sus méritos, conforme al proceso delineado

por la Asamblea Legislativa en la legislación vigente.

Claro está, no siempre la determinación del foro

primario en una demanda de impugnación de confiscación

estará basada en su adjudicación en los méritos. En ese

sentido, los tribunales podrían resolver este tipo de

pleito utilizando todos los mecanismos disponibles bajo

nuestras Reglas de Procedimiento Civil, incluso disponer

del mismo por la vía sumaria, si así procede en derecho.

Ahora bien, la disposición del recurso no puede descansar

en el mero resultado favorable obtenido por el imputado a

nivel penal, como ocurría en el pasado bajo la derogada

Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988. Si la parte

demandante interesa obtener un dictamen sumario, por

ejemplo, deberá entonces ubicar en posición al tribunal

sobre su procedencia, pero su petición no puede basarse

exclusivamente en la obtención de un dictamen favorable en

la causa criminal. CC-2013-1077 40

III

Por lo fundamentos antes expuestos, estoy conforme con

la determinación alcanzada por el Tribunal de Apelaciones,

la cual hoy confirmamos por disposición reglamentaria al

encontrarse igualmente dividido los miembros de este

Tribunal.

Edgardo Rivera García Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Mapfre Praico Insurance Company, Reliable Financial Services, Inc.

y Waldemar R. Santiago Ramos y Fulano de Tal CC-2013-1077 v.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, representado por el Secretario de Justicia

Opinión Disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 18 de marzo de 2016

Dados los efectos nocivos que acarrearán las

sentencias que hoy certifica este Tribunal, producto de

la artificiosa prolongación, mediante la celebración de

una vista oral innecesaria,69 de una controversia sobre la

cual los jueces que componemos este Tribunal habíamos ya

formulado un criterio, me veo obligada a expresarme

nuevamente.

Hoy, este Tribunal, por estar igualmente dividido,

certifica dos sentencias confirmando los dictámenes

recurridos en los casos Banco Bilbao Vizcaya v. E.L.A.,

69 Para una pormenorización de las razones en virtud de las cuales la vista oral celebrada el 1 de marzo de 2016 fue innecesaria, véase Banco Bilbao Vizcaya et al. v. E.L.A., 2015 T.S.P.R. 152, 194 D.P.R. __ (2015) (Rodríguez Rodríguez, J., Voto Particular Disidente). CC-2013-1077 2

CC-2012-0767, y Mapfre Praico Ins. Co. v. E.L.A., CC-

2013-1077. Ello, luego de la celebración de una vista

oral superflua que, evidentemente, no contribuyó en lo

absoluto a la consecución de algún consenso, como ya

habíamos adelantado. Más aún, es menester señalar que, si

la vista en cuestión no se hubiese celebrado, este

Tribunal hubiera estado en posición de resolver de una

vez y por todas, la controversia común que comparten los

referidos casos. Y es que el 10 de noviembre de 2015,

día en que se certificó la resolución que dispuso para la

celebración de la vista oral, este Tribunal estaba

compuesto por nueve jueces, ocho de los cuales habíamos

emitido por escrito un criterio sobre el caso de epígrafe

el cual era contrario a la posición que en aquel entonces

había propuesto el Juez ponente. Existiendo por lo tanto

una posición mayoritaria sobre el curso a seguir en estos

casos, el “retiro artificial” de la fallida ponencia y la

convocatoria in articulo mortis a una vista oral, solo ha

servido para: dilatar aún más la solución de estos casos

y de las decenas de casos similares que penden ante

nuestro Tribunal, el Tribunal de Apelaciones y el

Tribunal de Primera Instancia; para obligar a las partes

a incurrir en costes adicionales innecesarios, y para

propiciar la incertidumbre jurídica sobre el alcance de

una ley que genera amplia litigación en nuestros

tribunales. En fin, la actuación que censuramos en aquel

momento apunta a una no muy eficaz y feliz administración CC-2013-1077 3

de la Justicia. Véase Banco Bilbao Vizcaya et al. v.

E.L.A., 2015 T.S.P.R. 152, 194 D.P.R. __ (2015)

(resolución).

Reitero, nos parece lamentable que debido a un

inopinado retraso, carente de justificación jurídica, se

sancione un pasmoso estado de incertidumbre en los foros

inferiores. Es decir, ante las sentencias que hoy

suscribe este Tribunal, tanto el Tribunal de Primera

Instancia, como el Tribunal de Apelaciones, no tendrán

una guía clara de cómo atender controversias análogas.

Asimismo, con tal proceder, este Tribunal desatiende una

de sus funciones medulares: pautar el derecho en nuestra

jurisdicción. Ante una situación como ésta, pues, le

competerá a la Legislatura tomar cartas en el asunto y

disponer la solución definitiva a la que no pudo llegar

este Tribunal.

En vista de lo anterior, reitero mi criterio de que

la vista oral en el caso de epígrafe fue patentemente

innecesaria y, peor aún, sancionó veladamente un estado

de incertidumbre en los foros inferiores, al dilatar la

disposición definitiva del caso que nos atañe.

Por último, en cuanto a los méritos de la

controversia que este Tribunal hoy rehúye resolver, baste

con señalar que ésta ya fue resuelta definitivamente en

Coop. Seg. Mult. v. E.L.A., 180 D.P.R. 655 (2011). En

aquella ocasión, este Tribunal determinó, sin ambages, que CC-2013-1077 4

“[a]l amparo de nuestras interpretaciones

constitucionales, y cónsono con la normativa federal

vigente, hemos vinculado el resultado del proceso civil de

confiscación al desenlace de la causa criminal contra la

persona imputada del delito a base del cual se justifica

la confiscación”. Id. en la pág. 680 (2011).70 Ello, pues,

debería ser suficiente para disponer de la controversia

planteada por el peticionario. Máxime, cuando lo resuelto

por este Tribunal en Coop. Seg. Mult. se fundamentó en

consideraciones constitucionales, aun cuando éstas no

hayan sido explicitadas.

En vista de lo anterior, disiento.

Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada

70 Conviene recordar que cuatro de los ochos jueces que actualmente componen este Tribunal estuvieron conformes con lo resuelto en Coop. Seg. Mult.