Asociacion Residentes Urb. Sagrado Corazon, Inc. v. Juan A. Arsuaga Alvarez
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Opinion
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Asociación Residentes Urb. Sagrado Corazón, Inc.
Demandante-Recurrida Certiorari
v. 2003 TSPR 141
Juan A. Arsuaga Álvarez 160 DPR ____
Demandado-Peticionario
Número del Caso: CC-2001-939
Fecha: 24 de septiembre de 2003
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional I
Panel integrado por su Presidente Interino, el Juez González Román, y los Jueces Aponte Jiménez y Sánchez Martínez
Abogado de la Parte Peticionaria: Por Derecho Propio
Abogados de la Parte Recurrida: Lcdo. Manuel Durán Rodríguez Lcdo. Ramón Bordelies Díaz
Materia: Cobro de Dinero
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Demandante - Recurrida
vs. CC-2001-939 CERTIORARI
Juan A. Arsuaga Álvarez
Demandado - Peticionario
OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ
San Juan, Puerto Rico, a 24 de septiembre de 2003
El 10 de febrero de 2000 la Asociación de
Residentes de la Urbanización Sagrado Corazón,
Inc. (en adelante “la Asociación”) presentó ante
el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de
San Juan, una demanda contra el señor Juan Arsuaga
Álvarez (en adelante “Arsuaga Álvarez”) en virtud
de la Regla 60 de las de Procedimiento Civil, 32
L.P.R.A. Ap. III R.60. En la misma se alegó que
Arsuaga Álvarez le adeudaba a la Asociación dos
mil ochocientos cincuenta y siete dólares
($2,857.00), por concepto de cuotas de
mantenimiento del sistema de control de acceso en
vigor en la referida Urbanización. Arsuaga Álvarez
contestó la demanda, solicitando que el caso se
convirtiera en uno ordinario en cobro de dinero. CC-2001-939 3
Alegó, además, que nunca había prestado su autorización
para el cierre de la urbanización y que tampoco se había
comprometido a participar económicamente en la
implantación del mismo por lo que negó que adeudara
cantidad alguna a la Asociación.
Habiendo ordenado el tribunal de instancia que el
caso se tramitara por la vía ordinaria, se efectuó el
descubrimiento de prueba. A raíz del mismo las partes
sometieron el caso ante el foro de instancia mediante una
estipulación de hechos. De la misma surge que para 1980
Arsuaga Álvarez, adquirió junto a su entonces esposa, la
señora Ada Morales (en adelante “Morales”), la propiedad
objeto del pleito ubicada en la Urbanización Sagrado
Corazón de Río Piedras. Para esta fecha la referida
urbanización no tenía sistema de acceso controlado. En
octubre de 1986, Arsuaga Álvarez se separó de su esposa y
se fue a vivir a casa de su madre en Hato Rey. Tanto
Morales como los cuatro hijos habidos en el matrimonio
permanecieron en la casa ubicada en la Urbanización
Sagrado Corazón. Mediante sentencia dictada el 8 de marzo
de 1990 quedó disuelto el matrimonio Arsuaga Álvarez-
Morales, quedando pendiente la división de la sociedad
legal de bienes gananciales que rigió mientras estuvieron
casados.
Así las cosas, el 7 de noviembre de 1993 Morales
prestó su autorización para el establecimiento de un
sistema de control de acceso en la Urbanización Sagrado CC-2001-939 4
Corazón. Ello lo hizo consignando su firma en un documento
juramentado titulado “Certificado de Aceptación/Adopción”
en el cual compareció como soltera, mayor de edad y en el
que aseguró haber recibido copia del dictamen preliminar
emitido por el Municipio de San Juan relativo a los
trámites del cierre de la Urbanización. Indicó, además,
que no tenía objeción para que se dictara resolución final
implantando el sistema de control de acceso. El
peticionario Arsuaga Álvarez nunca fue informado y/o
notificado por la Asociación, ni por Morales, de la
intención de cerrar la referida Urbanización ni de la
autorización prestada por Morales.
El 1ro de febrero de 1994 el peticionario Arsuaga
Álvarez se mudó nuevamente a la casa objeto del litigio
ubicada en la Urbanización Sagrado Corazón. A esa fecha ya
la referida Urbanización tenía acceso controlado, el cual
había sido aprobado por el Municipio de San Juan, primero,
mediante dictamen preliminar de 15 de octubre de 1993 y,
luego, mediante resolución final de cierre.1 Debe señalarse
que las partes estipularon que no existe documento alguno
firmado por Arsuaga Álvarez en el que éste haya autorizado
el cierre de la Urbanización o en el que se hubiese
obligado al pago del mantenimiento del sistema de control
de acceso.
1 El referido cierre de la Urbanización Sagrado Corazón no estaba inscrito en el Registro de la Propiedad para la fecha de los hechos que aquí narramos. CC-2001-939 5
Al poco tiempo de regresar a la casa de Sagrado
Corazón, Arsuaga Álvarez comenzó a recibir cartas de la
Asociación, en cobro de la cuota de mantenimiento del
sistema de cierre. Éste contestó las mismas expresando que
aceptaría pagar dichas cuotas siempre y cuando le
mostraran evidencia de la deuda y de su obligación de
pagarla.
El 20 de marzo de 1995 el Tribunal de Primera
Instancia, Sala Superior de San Juan, dictó sentencia en
la que dividió la sociedad legal de gananciales que
existió en el matrimonio Arsuaga Álvarez-Morales. Como
parte del pleito de división de gananciales se solicitó
del tribunal que ejecutara la sentencia y ordenara la
venta en pública subasta de la casa de Sagrado Corazón.
Para evitar perder esta propiedad, Arsuaga Álvarez acordó
comprarle a Morales su 50% de participación en la misma,
acuerdo que fue recogido mediante resolución emitida por
el tribunal de instancia el 6 de agosto de 1999.
Los hechos anteriormente expuestos fueron, repetimos,
estipulados ante el foro primario. Luego de que las partes
presentaran ante dicho foro judicial memorandos de
derecho, en apoyo de sus respectivas contenciones,
mediante sentencia a esos efectos el tribunal de instancia
declaró sin lugar la demanda incoada por la Asociación.
En síntesis, el referido foro judicial sostuvo que
Arsuaga Álvarez no era responsable del pago de cuotas de
mantenimiento del sistema de control de acceso ya que CC-2001-939 6
siendo copropietario de la casa tenía que haber prestado
su autorización para el establecimiento del mismo.
Expresó, además, que sabiendo la Asociación que Arsuaga
Alvarez era condueño de la casa debió informarle sobre sus
intenciones de cerrar la Urbanización y obtener su
anuencia. Por otro lado, manifestó, que luego de decretado
el divorcio, Morales no tenía autoridad alguna para
obligar al peticionario a aceptar el cierre ni al pago de
la cuota.
Insatisfecha con dicho dictamen, el 2 de mayo de
2001, la Asociación acudió ante el Tribunal de Circuito de
Apelaciones mediante recurso de apelación.2 Mediante
sentencia emitida el 10 de octubre de 2001 el Tribunal de
Circuito de Apelaciones revocó parcialmente la sentencia
dictada por el foro primario. Al así resolver, sostuvo que
el peticionario tenía razón al interpretar la Sec. 64a(c)
de la Ley Núm. 21 de 20 de mayo de 1987,3 a los efectos de
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Asociación Residentes Urb. Sagrado Corazón, Inc.
Demandante-Recurrida Certiorari
v. 2003 TSPR 141
Juan A. Arsuaga Álvarez 160 DPR ____
Demandado-Peticionario
Número del Caso: CC-2001-939
Fecha: 24 de septiembre de 2003
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional I
Panel integrado por su Presidente Interino, el Juez González Román, y los Jueces Aponte Jiménez y Sánchez Martínez
Abogado de la Parte Peticionaria: Por Derecho Propio
Abogados de la Parte Recurrida: Lcdo. Manuel Durán Rodríguez Lcdo. Ramón Bordelies Díaz
Materia: Cobro de Dinero
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Demandante - Recurrida
vs. CC-2001-939 CERTIORARI
Juan A. Arsuaga Álvarez
Demandado - Peticionario
OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ
San Juan, Puerto Rico, a 24 de septiembre de 2003
El 10 de febrero de 2000 la Asociación de
Residentes de la Urbanización Sagrado Corazón,
Inc. (en adelante “la Asociación”) presentó ante
el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de
San Juan, una demanda contra el señor Juan Arsuaga
Álvarez (en adelante “Arsuaga Álvarez”) en virtud
de la Regla 60 de las de Procedimiento Civil, 32
L.P.R.A. Ap. III R.60. En la misma se alegó que
Arsuaga Álvarez le adeudaba a la Asociación dos
mil ochocientos cincuenta y siete dólares
($2,857.00), por concepto de cuotas de
mantenimiento del sistema de control de acceso en
vigor en la referida Urbanización. Arsuaga Álvarez
contestó la demanda, solicitando que el caso se
convirtiera en uno ordinario en cobro de dinero. CC-2001-939 3
Alegó, además, que nunca había prestado su autorización
para el cierre de la urbanización y que tampoco se había
comprometido a participar económicamente en la
implantación del mismo por lo que negó que adeudara
cantidad alguna a la Asociación.
Habiendo ordenado el tribunal de instancia que el
caso se tramitara por la vía ordinaria, se efectuó el
descubrimiento de prueba. A raíz del mismo las partes
sometieron el caso ante el foro de instancia mediante una
estipulación de hechos. De la misma surge que para 1980
Arsuaga Álvarez, adquirió junto a su entonces esposa, la
señora Ada Morales (en adelante “Morales”), la propiedad
objeto del pleito ubicada en la Urbanización Sagrado
Corazón de Río Piedras. Para esta fecha la referida
urbanización no tenía sistema de acceso controlado. En
octubre de 1986, Arsuaga Álvarez se separó de su esposa y
se fue a vivir a casa de su madre en Hato Rey. Tanto
Morales como los cuatro hijos habidos en el matrimonio
permanecieron en la casa ubicada en la Urbanización
Sagrado Corazón. Mediante sentencia dictada el 8 de marzo
de 1990 quedó disuelto el matrimonio Arsuaga Álvarez-
Morales, quedando pendiente la división de la sociedad
legal de bienes gananciales que rigió mientras estuvieron
casados.
Así las cosas, el 7 de noviembre de 1993 Morales
prestó su autorización para el establecimiento de un
sistema de control de acceso en la Urbanización Sagrado CC-2001-939 4
Corazón. Ello lo hizo consignando su firma en un documento
juramentado titulado “Certificado de Aceptación/Adopción”
en el cual compareció como soltera, mayor de edad y en el
que aseguró haber recibido copia del dictamen preliminar
emitido por el Municipio de San Juan relativo a los
trámites del cierre de la Urbanización. Indicó, además,
que no tenía objeción para que se dictara resolución final
implantando el sistema de control de acceso. El
peticionario Arsuaga Álvarez nunca fue informado y/o
notificado por la Asociación, ni por Morales, de la
intención de cerrar la referida Urbanización ni de la
autorización prestada por Morales.
El 1ro de febrero de 1994 el peticionario Arsuaga
Álvarez se mudó nuevamente a la casa objeto del litigio
ubicada en la Urbanización Sagrado Corazón. A esa fecha ya
la referida Urbanización tenía acceso controlado, el cual
había sido aprobado por el Municipio de San Juan, primero,
mediante dictamen preliminar de 15 de octubre de 1993 y,
luego, mediante resolución final de cierre.1 Debe señalarse
que las partes estipularon que no existe documento alguno
firmado por Arsuaga Álvarez en el que éste haya autorizado
el cierre de la Urbanización o en el que se hubiese
obligado al pago del mantenimiento del sistema de control
de acceso.
1 El referido cierre de la Urbanización Sagrado Corazón no estaba inscrito en el Registro de la Propiedad para la fecha de los hechos que aquí narramos. CC-2001-939 5
Al poco tiempo de regresar a la casa de Sagrado
Corazón, Arsuaga Álvarez comenzó a recibir cartas de la
Asociación, en cobro de la cuota de mantenimiento del
sistema de cierre. Éste contestó las mismas expresando que
aceptaría pagar dichas cuotas siempre y cuando le
mostraran evidencia de la deuda y de su obligación de
pagarla.
El 20 de marzo de 1995 el Tribunal de Primera
Instancia, Sala Superior de San Juan, dictó sentencia en
la que dividió la sociedad legal de gananciales que
existió en el matrimonio Arsuaga Álvarez-Morales. Como
parte del pleito de división de gananciales se solicitó
del tribunal que ejecutara la sentencia y ordenara la
venta en pública subasta de la casa de Sagrado Corazón.
Para evitar perder esta propiedad, Arsuaga Álvarez acordó
comprarle a Morales su 50% de participación en la misma,
acuerdo que fue recogido mediante resolución emitida por
el tribunal de instancia el 6 de agosto de 1999.
Los hechos anteriormente expuestos fueron, repetimos,
estipulados ante el foro primario. Luego de que las partes
presentaran ante dicho foro judicial memorandos de
derecho, en apoyo de sus respectivas contenciones,
mediante sentencia a esos efectos el tribunal de instancia
declaró sin lugar la demanda incoada por la Asociación.
En síntesis, el referido foro judicial sostuvo que
Arsuaga Álvarez no era responsable del pago de cuotas de
mantenimiento del sistema de control de acceso ya que CC-2001-939 6
siendo copropietario de la casa tenía que haber prestado
su autorización para el establecimiento del mismo.
Expresó, además, que sabiendo la Asociación que Arsuaga
Alvarez era condueño de la casa debió informarle sobre sus
intenciones de cerrar la Urbanización y obtener su
anuencia. Por otro lado, manifestó, que luego de decretado
el divorcio, Morales no tenía autoridad alguna para
obligar al peticionario a aceptar el cierre ni al pago de
la cuota.
Insatisfecha con dicho dictamen, el 2 de mayo de
2001, la Asociación acudió ante el Tribunal de Circuito de
Apelaciones mediante recurso de apelación.2 Mediante
sentencia emitida el 10 de octubre de 2001 el Tribunal de
Circuito de Apelaciones revocó parcialmente la sentencia
dictada por el foro primario. Al así resolver, sostuvo que
el peticionario tenía razón al interpretar la Sec. 64a(c)
de la Ley Núm. 21 de 20 de mayo de 1987,3 a los efectos de
que la misma requiere la autorización de todos los
propietarios de una vivienda. Dicho foro expresó que como
Arsuaga Álvarez no firmó el permiso debe entenderse que,
2 En síntesis, la Asociación alegó que el foro primario había errado al determinar: (i) que la autorización del sistema de control de acceso requería la firma de todos los titulares del inmueble; (ii) que el documento de aceptación tenía que hacer referencia a la obligación de pago; (iii) al no establecer que el hecho de la adquisición del inmueble, por sí solo, era suficiente para obligar al pago. 3 Mejor conocida como la Ley de Control de Acceso, 23 L.P.R.A. sec. 64 et seq. CC-2001-939 7
en lo que respecta a su participación en el inmueble, no
autorizó el control de acceso ni se comprometió a
contribuir económicamente al mantenimiento del mismo. Por
otro lado, sostuvo que, a tenor con la Sec. 64d-3(a)(3) de
la referida Ley, Arsuaga Álvarez estaba obligado al pago
de la cuota de mantenimiento por el sistema de control de
acceso, en cuanto a la participación que éste adquirió de
su ex–esposa, luego de establecido el control de acceso en
la urbanización. Ello, tras haberse determinado que
Morales, como copropietaria del inmueble, autorizó
válidamente la implementación del control de acceso
obligando, así, al pago de la cuota en cuanto a su
participación. No obstante, resolvió que el peticionario
podía oponerse al pago de las cuotas de mantenimiento en
cuanto a la participación de la que siempre fue dueño.
Inconforme con la actuación del tribunal apelativo
intermedio, Arsuaga Álvarez acudió por derecho propio
--vía certiorari-- ante este Tribunal. Alega que procede
revocar la sentencia emitida por el tribunal apelativo
debido a que dicho foro incidió:
... al determinar que el Recurrente está obligado según la Ley 21, Ley de Control de Acceso, al pago de la cuota de mantenimiento por el control de acceso en cuanto a la participación adquirida por éste de su ex– esposa, Sra. Morales.
El 25 de enero de 2002 expedimos el recurso. Contando
con la comparecencia de ambas partes, y estando en CC-2001-939 8
posición de resolver el recurso radicado, procedemos a así
hacerlo. Revocamos. Veamos por qué.
I.
El propósito de proveerle a nuestro País un mecanismo
adicional para combatir la criminalidad y de promover la
participación activa de la ciudadanía en la lucha contra
el crimen, llevó a nuestra Asamblea Legislativa a aprobar,
el 20 de mayo de 1987, la Ley Núm. 21, ante, sobre control
de acceso y uso público de áreas residenciales.4 Esta pieza
legislativa persigue, además, mejorar la seguridad y
tranquilidad de las comunidades procurando así una mejor
convivencia e interacción comunitaria. Asoc. Res. Vec.
Altamesa Este v. Mun. de San Juan, 140 D.P.R. 24, 30
(1996); Caquías Mendoza v. Asoc. Res. Mansiones de Río
Piedras, 134 D.P.R. 181, 186 (1993).
En esta Ley se dispuso un procedimiento mediante el
cual las personas que residan en urbanizaciones,
comunidades o calles, cuyas vías públicas no sean
utilizadas como acceso de entrada o salida a otras
comunidades, puedan solicitar y obtener autorización para
establecer un sistema de control de acceso a las calles
que se encuentran dentro de su área residencial. 23
L.P.R.A. sec. 64. A través de la misma se delegó en los
municipios --con el asesoramiento de la Junta de
4 Véase, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 21 de 20 de mayo de 1987, Leyes de Puerto Rico, pág. 67. CC-2001-939 9
Planificación de Puerto Rico-- la facultad de reglamentar
y conceder los permisos y autorizaciones para el control
de acceso de vehículos de motor y el uso público de las
calles.5 Ibid. Ello conforme a los procedimientos,
requisitos y criterios reseñados en la propia Ley y en el
Reglamento de Planificación Núm. 20 de 20 de enero de
1989, titulado Reglamento de Control de Tránsito y Uso
Público de Calles Locales.6 Véase: Asoc. Pro Control de
Acceso Calle Maracaibo v. Cardona Rodríguez, 144 D.P.R. 1,
26 (1997); Asoc. Res. Linda Gardens v. Mun. de Guaynabo,
138 D.P.R. 925, 930 (1995).
Del mismo modo, la Ley faculta a las asociaciones de
residentes para que luego de organizadas y registradas en
el Departamento de Estado, como instituciones sin fines de
lucro, se encarguen de la administración y mantenimiento
de los sistemas de control de acceso. 23 L.P.R.A. 64a(a) y
5 Dicha delegación en los municipios fue introducida como una enmienda a la Ley Núm. 21, ante, a través de la Ley Núm. 156 de 10 de agosto de 1988. Originalmente, la facultad para conceder las referidas autorizaciones residía en la Junta de Planificación. 6 La Ley Núm. 21, ante, dispone entre otras cosas: los requisitos necesarios para solicitar y obtener los permisos para controlar el acceso, 23 L.P.R.A. sec. 64a; las notificaciones requeridas para efectuar el trámite de cierre, 23 L.P.R.A. sec. 64b; las consecuencias de violar o incumplir con los requisitos establecidos en la ley, 23 L.P.R.A. sec. 64d; los requisitos para inscribir el control de acceso en el Registro de la Propiedad como un gravamen real sobre el inmueble, 23 L.P.R.A. sec. 64d-1 y el proceso para cancelar dicha inscripción, 23 L.P.R.A. sec. 64d-2; las personas obligadas a contribuir económicamente en el mantenimiento del sistema de control de acceso, 23 L.P.R.A. sec. 64d-3. CC-2001-939 10
64d-3(a). Ahora bien, la delegación efectuada por la
Legislatura a estas asociaciones es limitada y siempre
debe interpretarse conforme al ordenamiento vigente, al
propósito de la ley, y en consideración a la naturaleza de
los bienes involucrados y los derechos constitucionales de
todas las partes afectadas. Asoc. Pro Control de Acceso
Calle Maracaibo v. Cardona Rodríguez, ante, a la pág. 28.
Si bien la Ley Núm. 21, ante, promueve el
establecimiento de control de acceso en las urbanizaciones
y provee los mecanismos para facilitar dicho trámite, es
preciso advertir que también enfatiza la importancia y el
respeto que merece la opinión de aquellos propietarios que
se oponen a la implantación del control de acceso o a sus
términos. Cónsono con lo anterior, en Caquías Mendoza v.
Asoc. Res. Mansiones de Río Piedras, ante, manifestamos
que:
La delicada política pública tras este ordenamiento requiere armonizar el interés de los ciudadanos en su seguridad y bienestar con los derechos de propiedad y libertad de otras personas, así como de aquellos residentes que se oponen al control de acceso o a sus términos. Tanto la Ley Núm. 21...como el reglamento de la Junta de Planificación...y las ordenanzas municipales que la implantan, intentan armonizar estos intereses. Ibid. a las págs. 186-87.
Tenemos pues que tanto la Ley Núm. 21, ante, según
enmendada, por las Leyes Núm. 156 de 10 de agosto de 1988
y Núm. 22 de 16 de julio de 1992, como el Reglamento Núm.
20, ante, consagran el derecho de los residentes a
oponerse al control de acceso. Dichos residentes no están CC-2001-939 11
obligados a pagar las correspondientes cuotas para el
establecimiento, operación, mantenimiento o remoción del
sistema. 23 L.P.R.A. sec. 64g;7 Sección 10.01 del
Reglamento Núm. 20, ante. Tampoco están obligados a
pertenecer a la asociación de residentes, aunque sí tienen
voz y voto en las reuniones que ésta celebre. Además,
tienen derecho de acceso al área controlada bajo las
mismas condiciones que los residentes que hayan favorecido
el control de acceso. 23 L.P.R.A. sec. 64g; Sección 10.02
del Reglamento Núm. 20, ante. Cuando se solicite del
municipio el permiso para implantar el control de acceso,
la Ley exige que la asociación de residentes garantice
este último derecho. Sección 5.03(8) del Reglamento Núm.
20, ante.8
7 Esta Sección, específicamente, dispone que:
Los propietarios que no autorizaron expresamente el establecimiento del sistema de control de acceso no estarán obligados al pago de cuotas para el establecimiento, operación, mantenimiento o remoción de dicho sistema excepto en aquellos casos en que se comprometan a dichos pagos mediante contrato escrito. Cuando así se comprometan, estos propietarios estarán sujetos a las obligaciones y disposiciones de la sec. 64d3 de esta ley. Todo propietario o residente tendrá acceso al área sujeta al control de acceso en igualdad de condiciones y todo propietario podrá participar con voz y voto en las asambleas generales que celebre el Consejo, Junta o Asociación de Residentes, independientemente de que sea o no miembro de dicho organismo. 8 La Sec. 5.03(8) del referido Reglamento explícitamente impone el siguiente requisito para solicitar el permiso:
(Continúa . . .) CC-2001-939 12
A tenor con lo anterior, en Caquías Mendoza v. Asoc.
Res. Mansiones de Río Piedras, ante, a la pág. 212,
expresamos que el efecto de las anteriores disposiciones
es:
[Q]ue los vecinos que se opongan al sistema de control de acceso ten[gan] exactamente los mismos derechos que los vecinos que ... apoya[n] el sistema y que contribuy[en] económicamente a su mantenimiento. Esto puede parecer injusto para aquellos residentes que apoyan la gestión. También puede prestarse a abuso por parte de residentes que, de mala fe, se opongan a la implantación del sistema de control de acceso para no tener que contribuir económicamente a su mantenimiento pero que en realidad desean la seguridad y tranquilidad que éste ofrece. No obstante, ese es el balance que nuestro legislador estimó adecuado para proteger los intereses en conflicto.
De todo lo anterior, y a los fines de brindar una
solución justa a la controversia que hoy tenemos ante
nuestra consideración, debemos tener presente el derecho
de aquellos que se oponen al cierre y “la importancia que
tiene dentro de esta legislación equiparar y proteger los
derechos de todas las partes involucradas.” Asoc. Res.
Vec. Altamesa Este v. Mun. de San Juan, ante, a la pág. 35
(énfasis nuestro).
___________________ Garantía de que se le proveerá acceso por igual y en todo momento a todos los residentes de la comunidad, incluyendo a los que no favorezcan el establecimiento de los controles propuestos. CC-2001-939 13
II
Para determinar si el peticionario Arsuaga Álvarez
viene obligado a contribuir económicamente con el sistema
de control de acceso establecido en su Urbanización, es
menester dilucidar dos aspectos importantes. En primer
lugar, si la autorización ofrecida por la señora Morales,
consintiendo a la implantación del control de acceso, fue
una válida y suficiente de acuerdo a la Ley Núm. 21, ante,
y si la misma obliga al peticionario. Por otro lado,
debemos resolver si la Sección 64d-3(a)(3) de la referida
Ley es aplicable al peticionario a los fines de obligarlo
a contribuir económicamente al mantenimiento del sistema
de control de acceso. Veamos.
A
Como señalamos previamente, la señora Morales ofreció
su consentimiento por escrito para que se dictara
resolución final implantando el control de acceso en la
Urbanización Sagrado Corazón. La Asociación aquí recurrida
arguye que dicha autorización era válida y suficiente
conforme a la Sección 64a(c) para cumplir con los
requisitos exigidos por la Ley para solicitar y obtener el
permiso para el cierre y para sujetar el inmueble al pago
de cuotas de mantenimiento del sistema.
La referida Sección 64a(c) dispone, en lo pertinente,
que: CC-2001-939 14
A los fines de poder solicitar y obtener el permiso a que se refiere la sec. 64 de este título, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: ... (c) Que la solicitud de autorización para controlar el acceso o los accesos a la urbanización, calle o comunidad sea adoptada por lo menos por tres cuartas 3/4 partes de los propietarios de las viviendas allí establecidas. La participación de dichos propietarios estará limitada a un propietario por vivienda y deberá constar por escrito bajo la firma de cada uno de ellos. Una autorización para solicitar el permiso para controlar el acceso o accesos a la urbanización, calle o comunidad prestada voluntariamente por un propietario mayor de edad y en representación de una vivienda obligará al propietario a cumplir con lo dispuesto en la sec. 64d-3 de este título. ... 23 L.P.R.A. sec. 64a(c).
La Asociación sostiene que siendo Morales propietaria
del inmueble, y requiriendo la Ley la participación de un
solo propietario por vivienda, su autorización era
suficiente para actuar en representación de tal inmueble,
sujetándolo al pago de gastos de mantenimiento del
sistema. La Asociación aduce que dicha autorización no
sólo es válida, sino que también tuvo el efecto de obligar
y/o comprometer al peticionario Arsuaga Álvarez a
contribuir económicamente a los gastos del sistema.
Por su parte, Arsuaga Álvarez arguye que aun cuando
la Ley dispone que la participación será de un
solo propietario por vivienda, siendo él copropietario de
la misma requería ser notificado, consultado de la
intención de establecer el sistema de cierre y debía
prestar su aceptación al mismo. Sostiene que en vista de CC-2001-939 15
que Morales sólo es copropietaria del inmueble no podía
con su sola autorización representar la vivienda, ni
comprometerlo a contribuir al mantenimiento del sistema.
Aduce que debido a la insuficiencia de dicha autorización
debe entenderse que la vivienda o inmueble no ha prestado
su aceptación para el cierre y, por lo tanto, no está
sujeta al pago de gastos que genere el control de acceso.
De entrada, resulta esencial advertir que la
autorización ofrecida por Morales ocurrió luego de dictada
la sentencia de divorcio entre ésta y Arsuaga Álvarez,
pero antes de efectuarse la liquidación de la sociedad
legal de gananciales que existió durante el matrimonio.
Como es sabido, una vez disuelto el matrimonio,
desaparece la sociedad legal de gananciales. Artículo 1315
del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3631. Es entonces
cuando nace una comunidad de bienes de la cual los ex–
cónyuges son comuneros hasta que se liquide la sociedad.
Bidot Almodóvar v. Urbino Valle, res. el 13 de diciembre
de 2002, 2002 TSPR 151; Soto López v. Colón Meléndez, 143
D.P.R. 282, 287 (1997); García López v. Méndez García, 102
D.P.R. 383, 395 (1974). De este modo, los ex–cónyuges
pasan a ser copartícipes de una comunidad de bienes
ordinaria en la que por más que se prolongue el estado de
indivisión “se tratará en todo caso de una masa en
liquidación.” González Cruz v. Quintana Cortés, 145 D.P.R.
463, 469 (1998); Soto López v. Colón Meléndez, ante;
García González v. Montero Saldaña, 107 D.P.R. 319, 331-32 CC-2001-939 16
(1978); J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil,
Barcelona, Ed. Bosch, 1967, T.IV, Vol.1, pág. 784.9 Esta
comunidad de bienes, que se supone sea administrada por
ambos ex-cónyuges,10 no se rige por las normas de la
sociedad legal de gananciales que hasta entonces le
aplicaban a los bienes de los cónyuges sino por las de
comunidad de bienes, que a su vez, en ausencia de contrato
o disposiciones especiales, está gobernada por los
Artículos 326-340 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs.
1271-1285. Bidot Almodóvar v. Urbino Valle, ante; González
Cruz v. Quintana Cortés, ante, a las págs. 469-70; Calvo
Mangas v. Aragonés Jiménez, 115 D.P.R. 219, 228 (1984).
Es en este contexto en el que la controversia de
autos debe ser analizada. En consecuencia, para determinar
la validez de la autorización prestada por Morales no sólo
nos corresponde imprimirle una interpretación adecuada y
razonable a la Sección 64a(c), sino, que además, debemos
armonizarla con las normas establecidas en nuestro
9 Con relación al régimen que prevalece luego de disuelto el matrimonio y previo a la liquidación de la sociedad de gananciales, Díez-Picazo y Gullón comentan que:
“[E]stamos en presencia de un patrimonio colectivo o comunidad de bienes cuya naturaleza se transforma. Es un patrimonio formado por los bienes que fueron gananciales, cuya titularidad ostentan los cónyuges...” L. Díez Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 2da. ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1982, Vol. IV, pág. 272. 10 Véase, Alameda Martínez v. Registrador, 76 D.P.R. 230, 240 (1954). CC-2001-939 17
ordenamiento jurídico relativas al régimen de comunidad de
bienes. Ello, claro está, sin desvirtuar los propósitos
que persigue la Ley Núm. 21, ante, que, como ley especial,
rige la controversia, y teniendo siempre presente que
cualquier deficiencia o laguna que en ella exista será
suplida por las disposiciones del Código Civil. 31
L.P.R.A. sec. 12.11
Nuestro ordenamiento jurídico dispone que existe una
comunidad “cuando la propiedad de una cosa o de un derecho
pertenece pro indiviso a varias personas.” 31 L.P.R.A.
sec. 1271. Esto es, se trata de una situación en que dos o
más personas son titulares de un mismo derecho, o lo que
es lo mismo, cuando un derecho o conjunto de derechos
están atribuidos a una pluralidad de sujetos,
correspondiéndoles en común. F. Puig Peña, Compendio de
Derecho Civil Español, 3ra. ed. rev., Madrid, Ed.
Pirámide, 1976, T.II, pág. 259; J. Castán Tobeñas, Derecho
Civil Español Común y Foral, 13ra. ed. rev., Madrid, Ed.
Reus, 1987, T.II, Vol.1, pág. 449.
Cuando hablamos de comunidad nos referimos a un
concepto genérico ya que el mismo puede recaer sobre toda
clase de derechos. Es por ello que cabe hablar de
comunidad de bienes y comunidad de derechos. J. Vélez
Torres, Curso de Derecho Civil, San Juan, 1983, T.II, pág.
11 La referida sección del Código Civil dispone que: “[e]n las materias que se rijan por leyes especiales, la deficiencia de éstas se suplirá por las disposiciones de este título.” CC-2001-939 18
143; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 3ra.
ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T.III, Vol.II, págs. 5-6.
Ahora bien, en el presente caso nos enfocamos en la
copropiedad o condominio que no es otra cosa que la
comunidad aplicada al derecho de propiedad. Castán
Tobeñas, Derecho Civil Español Común y Foral, ante, a la
pág. 510. Esto es, cuando la propiedad de una cosa
corporal pertenece a una pluralidad de personas,
convirtiéndose en co-titulares de ésta por cuotas
cualitativamente iguales. E. Vázquez Bote, Derecho privado
puertorriqueño, San Juan, Ed. Butterworth de Puerto Rico,
1993, Vol. VIII, pág. 9.12
En aquellos casos en que los sujetos de la
copropiedad sean ex-cónyuges la participación de éstos en
dicha comunidad será por partes iguales. Calvo Mangas v.
Aragonés Jiménez, ante, a la pág. 228. Con relación al uso
que cada comunero le pueda dar a la cosa común se ha
expresado que el mismo no puede efectuarse de tal manera
que perjudique a los demás condueños y al interés de la
comunidad.13 Soto López v. Colón Meléndez, ante, a la pág.
289. Ello, porque en la copropiedad el interés tutelado es
el interés colectivo al cual queda sometido el interés
12 Véase, además: Kogan v. Registrador, 125 D.P.R. 636, 651-52 (1990); Daubón Belaval v. Srio. de Hacienda, 106 D.P.R. 400, 412 (1977). 13 31 L.P.R.A. sec. 1273; Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, ante, a la pág. 25. CC-2001-939 19
individual de cada comunero. J. Manresa, Comentarios al
Código Civil Español, 8va. ed. rev., Madrid, Ed. Reus,
1976, T.III, pág. 596.
Si bien el ordenamiento jurídico le reconoce a los
comuneros facultades plenas sobre su cuota particular,14 no
existe igual libertad de acción con relación a la cosa
común. Las facultades que se le atribuyen a los
copartícipes sobre la cosa común están necesariamente
subordinadas al derecho de todos los demás. Castán
pág. 513. Por tanto, las gestiones relacionadas a la cosa
común siempre requerirán cierto grado de acuerdo o acción
conjunta entre los copropietarios. De otro modo, podría
ocasionársele perjuicio a la comunidad y/o al interés que
cada partícipe tiene en la misma.
Ahora bien, las normas referentes a la autoridad que
los copropietarios poseen sobre el objeto común varían de
acuerdo al acto o gestión que se interese realizar sobre
éste. Del mismo modo, la facultad de los comuneros para
obligar con sus actos a los demás partícipes de la
comunidad difiere dependiendo de si se trata de un acto de
conservación, de administración o de alteración de la cosa
común.
En primer lugar, en lo referente a actos para la
conservación de la cosa común el ordenamiento dispone que
14 31 L.P.R.A. sec. 1278. CC-2001-939 20
todo copropietario tendrá derecho a obligar a los demás
condueños a contribuir con los gastos que genere la
conservación de la cosa o derecho común. 31 L.P.R.A. sec.
1274.15 Por otro lado, si se trata de un acto de
administración y mejor disfrute de la cosa común, el
mismo sólo obligará a todos los condueños si es ejecutado
luego de haberse llegado a un acuerdo por mayoría. 31
L.P.R.A. sec. 1277.16 Con relación a los actos que
conlleven una alteración de la cosa común, se dispone que
ninguno de los condueños podrá realizarlos sin el
consentimiento unánime de los demás, aun cuando del mismo
pudieran resultar ventajas para todos. 31 L.P.R.A. sec.
1276.17
En el presente caso no hay duda de que al momento en
que Morales prestó su autorización para que se
estableciera el sistema de control de acceso existía entre
ella y Arsuaga Álvarez un régimen de comunidad con
relación al inmueble objeto de la controversia en el cual
cada uno poseía un 50% de interés en el mismo.18 Por tanto,
la autoridad que tenía Morales para actuar con relación al
15 Véase, además: Cabrera v. Morales, 57 D.P.R. 457, 463 (1940); Pueblo v. Pagán, 19 D.P.R. 730, 734 (1913). 16 Véase, además: De la Fuente v. A. Roig Sucrs., 82 D.P.R. 514 (1957); Gual v. Pérez, 72 D.P.R. 609 (1951); Ríos v. Ríos, 7 D.P.R. 598, 606 (1904). 17 Véase, además: De la Fuente v. A. Roig Sucrs., ante. 18 Ello en vista de que para esa fecha, si bien se había dictado la sentencia de divorcio entre ambos aún no se había liquidado la sociedad legal de bienes gananciales. CC-2001-939 21
inmueble y para obligar con sus actos al también
copropietario Arsuaga Álvarez estaba limitada por las
normas esbozadas previamente. Es por ello que para
dilucidar la validez de la autorización prestada por
Morales con relación al inmueble es necesario determinar
si el acto de autorizar el establecimiento de un sistema
de control de acceso constituye un acto de conservación,
administración o de alteración de la cosa común.
Como señalamos anteriormente, tratándose de actos que
persiguen la conservación de la cosa común el comunero no
necesita el consentimiento de los demás copartícipes para
ejecutarlo pero puede repetir de éstos la parte
correspondiente de los gastos incurridos. Cabrera v.
Morales, 57 D.P.R. 457, 463 (1940). Realizar actos que
generan gastos de conservación implica efectuar gestiones
necesarias para que la cosa no se deteriore ni perezca.
Del mismo modo, se trata de actos dirigidos a mantener la
utilidad y productividad de la cosa común y procurar que
la misma permanezca al servicio del destino al que está
afectada. M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y
Compilaciones Forales, Madrid, Ed. Revista de Derecho
Privado, 1985, T.V, Vol. II, pág. 106. Conlleva gastos
necesarios e indispensables “para la conservación de la
cosa en buen estado y en forma idónea para servir a su
destino.” L. Díez Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho
Civil, 6ta. ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1997, Vol. III, pág.
83. CC-2001-939 22
Los actos de administración de la cosa común que,
como dijimos, requieren para su ejecución el acuerdo de
los partícipes que representen la mayoría de los intereses
que constituyen el objeto de la comunidad, han sido
definidos por este Tribunal. En De la Fuente v. A. Roig
Sucrs., 82 D.P.R. 514, 522-24 (1957), apoyándonos en la
doctrina española manifestamos que:
[L]os actos de administración son aquellos que se requieren para contrarrestar los efectos de la duración o transcurso del tiempo en el valor de las cosas; son, como se ha dicho, los que salvan el valor presente de una cosa, sin comprometerla para el futuro. Son, también, los que permiten que una cosa se incremente con un valor que las circunstancias permiten aprovechar sin necesidad de exponerse a un riesgo o de sufrir un quebranto.19
Es decir, se refiere a actos dirigidos al mero
aprovechamiento de la cosa, con resultados transitorios,20
que no llegan a transformar la sustancia de la cosa; y
sólo tienen como objeto regular el uso y el modo de
obtener todas aquellas utilidades que la cosa permita, sin
detrimento de su natural entidad.21
Por otro lado, los actos que conllevan una alteración
de la cosa común, los cuales requieren unanimidad para su
19 Véase, además: Padró Collado v. Espada, 111 D.P.R. 56, 73-74 (1981). 20 Castán Tobeñas, Derecho Civil Español Común y Foral, ante, a la pág. 520; Manresa, Comentarios al Código Civil Español, ante, a la pág. 610. 21 L. Donderis Tatay, La Copropiedad, Madrid, Ed. Reus, 1933, pág. 114. CC-2001-939 23
validez, también fueron definidos en el caso De la Fuente
v. A. Roig Sucrs., ante. Allí expresamos que los mismos:
[S]uponen la producción de un cambio en el uso y disfrute o en la sustancia e integridad de la cosa, que pueden modificar el destino y la naturaleza de ésta y que significa una extralimitación de las facultades que legalmente corresponden a cada propietario. ... [U]na alteración significa un cambio en el destino de la cosa común o una modificación de la forma, la sustancia o la materia de la cosa ... un cambio del estado en que los otros copartícipes creen que la cosa debe permanecer, o una distracción del uso a que éstos quieren que sea destinada ... una desnaturalización del destino y servicio de la cosa indivisa ... un cambio de la esencia o forma de la cosa ... una novedad que pueda modificar y limitar, y, sobre todo, perjudicar la condición o disfrute de la misma para los demás ... un acto que deba ser calificado jurídicamente como acto de disposición y que incluye los de simple intervención de hecho en la cosa común cuando puedan implicar para ésta alteraciones sustanciales ... una obra que modifique la forma o sustancia (especialmente el destino) de la cosa común ... todo acto dispositivo o de gestión que modifique sustancialmente el estado de hecho o de derecho de la cosa de modo que después de él la cosa no pueda decirse que sea como antes era. Ibid. a las págs. 524-525 (citas omitidas).
Al examinar qué tipo de acto constituye el prestar
una autorización para que un inmueble quede sujeto a un
sistema de control de acceso, no nos queda otra
alternativa que catalogarlo como uno de administración y
mejor disfrute de la cosa común. No cabe hablar de que el
mismo constituye un acto de conservación ya que el
establecimiento de un sistema como éste no es una gestión
indispensable ni necesaria para evitar el deterioro del
inmueble poseído en comunidad. Por otro lado, no se trata
de una alteración a la cosa común ya que el control de CC-2001-939 24
acceso no implica un cambio en la sustancia ni en el
destino del inmueble, como tampoco podría afirmarse que se
trata de un acto de disposición.
Siendo ello así, y considerando los propósitos que
tuvo el Legislador al diseñar la Ley Núm. 21, ante,22 no
hay duda de que el referido acto constituye uno de
administración y mejor disfrute de la cosa común.
Definitivamente, la autorización para establecer un
sistema de control de acceso es un acto dirigido a
incrementar o mejorar el aprovechamiento del inmueble (la
cosa común), sin exponerla a riesgo de sufrir quebranto.
De ningún modo tiene el efecto de transformar la sustancia
de la cosa y sólo va dirigido a regular su uso para
derivar un mejor disfrute de la misma.
Como consecuencia de lo anterior, queda claro que la
única manera en que un copropietario --como lo sería
Morales en el caso de autos-- podía autorizar válidamente
el establecimiento de este sistema y así sujetar la cosa
común y obligar, con su actuación, a los demás
copropietarios, era si ese acto hubiese sido consentido
por la mayoría de los partícipes. Es decir, por aquellos
que representaban la mayoría de las participaciones en la
cosa común.
Según señalamos previamente, en el presente caso
tanto Morales como Arsuaga Álvarez tenían un interés
22 Que como vimos, entre éstos se encuentra el mejorar la calidad de vida y la convivencia comunitaria. CC-2001-939 25
idéntico sobre el inmueble en comunidad. Esto es, ambos
tenían una porción de 50% sobre el mismo. Por lo tanto, no
era posible que ninguno de los dos, por sí sólo, pudiese
válidamente efectuar un acto de administración sobre el
bien común sin el consentimiento del otro ya que no había
manera de que sus participaciones individuales
constituyeran una mayoría. En esta circunstancia
particular donde no era posible obtener una mayoría por
tratarse de dos partícipes con cuotas iguales y donde
tampoco se acudió al Tribunal –-alternativa provista en el
Artículo 332 del Código Civil cuando no se logra
mayoría23-- el acto de administración requería para su
ejecución el acuerdo de ambos copropietarios, y de existir
oposición entre ellos, el mismo, no podía llevarse a cabo.
Así lo sugiere Albaladejo al manifestar que:
Si, por el contrario, las cuotas son iguales, entonces es imposible un acuerdo de la mayoría ... Mientras no se acuda al Juez prevalece el status quo y, por lo tanto, la postura del que se niega al acuerdo sobre la medida de administración.24
Por ello, forzosa resulta la conclusión de que el
consentimiento ofrecido por Morales autorizando, en
23 En lo pertinente este Artículo dispone que: “Si no resultare mayoría, o el acuerdo de éste fuere gravemente perjudicial a los interesados en la cosa común, el Tribunal de Primera Instancia proveerá, a instancia de parte, lo que corresponda, incluso nombrar un administrador.” 31 L.P.R.A. sec. 1277. 24 Albaladejo, Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, ante, a la pág. 406. CC-2001-939 26
representación de la vivienda, la implantación del sistema
de control de acceso fue inválido e insuficiente para
sujetar el inmueble a dicho sistema y obligar al
copropietario Arsuaga Álvarez a los gastos relacionados a
éste. “El negocio celebrado sin la cobertura de un acuerdo
de la mayoría es un negocio sin el necesario poder de
disposición, por lo que en principio, no debe perjudicar o
afectar a los demás condueños. [Es un acto] que no
despliega eficacia ...” Albaladejo, Comentarios al Código
Civil y Compilaciones Forales, ante, a las págs. 413-14
Si bien es cierto que en la comunidad de bienes post-
divorcio ambos cónyuges son comuneros y coadministradores
y su participación en la administración y disfrute de los
bienes comunes es un derecho propio,25 debe respetarse
estrictamente el requisito de mayoría para efectuar actos
de administración ya que, de otro modo, se perjudicaría el
interés de la comunidad. Esto se hace más patente en el
presente caso que ni siquiera trata de un acto de
administración efectuado sin acuerdo mayoritario por
existir oposición de los otros comuneros. En este caso, el
copropietario, Arsuaga Álvarez ni siquiera pudo oponerse
al mismo ya que no fue informado o consultado de la
intención de la Asociación de Residentes de tramitar el
control de acceso ni de la autorización prestada por 25 González Cruz v. Quintana Cortés, ante, a la pág. 473; Soto López v. Colón Meléndez, ante, a la pág. 288. CC-2001-939 27
Morales.26 Ello a pesar de que tanto Morales como la
Asociación tenían conocimiento de que éste seguía siendo
26 Con relación a la importancia que merece el que los condueños tengan conocimiento del acto de administración que se intenta realizar y del acuerdo tomado, algunos tratadistas comentan lo siguiente:
“El Código requiere un <
Aunque estos comentaristas se refieren a la importancia de que los comuneros minoritarios conozcan del acto de administración y del acuerdo efectuado por la mayoría, entendemos que sus pronunciamientos aplican con mayor fuerza al caso de autos donde el acto fue efectuado por una comunera que no representaba la mayoría de intereses en la copropiedad y que ni siquiera consultó con el otro condueño de su intención de realizar el referido acto de administración.
Además, es menester recordar que: “La Ley Núm. 21, ... establece que cada propietario ... tiene derecho a que se le consulte y, de oponerse al cierre, no se le puede imponer el pago de los gastos de mantenimiento del (Continúa . . .) CC-2001-939 28
copropietario del inmueble a pesar de que ya no estaba
casado con Morales ni vivía en dicha residencia, sino en
Hato Rey.
Lo expuesto anteriormente no es incompatible con lo
dispuesto en la Sección 64a(c) de la Ley Núm. 21, ante,
sino que permite complementar lo preceptuado en dicha Ley.
Como vimos, en la referida sección se dispone que la
solicitud de autorización para controlar el acceso
requiere ser adoptada, por lo menos, por tres cuartas
partes de los propietarios de las viviendas allí
establecidas. Dispone, además, que la participación de
dichos propietarios está limitada a uno por vivienda y que
la autorización prestada por un propietario mayor de edad
y en representación de una vivienda obligará al
propietario a costear los gastos del sistema. 23 L.P.R.A.
64a(c).
La Asociación recurrida erróneamente plantea que como
la Ley sólo permite el voto de un propietario por
vivienda, la autorización prestada por Morales como
copropietaria era suficiente para obligar al inmueble y a
Arsuaga Álvarez. Somos del criterio que, de ningún modo
puede entenderse que la intención del Legislador al
establecer esta limitación era prohibirle a un propietario
___________________ cierre.” M.J. Godreau, Personalidad jurídica, legitimación activa y propiedad horizontal: capacidad legal de la junta de directores y del presidente para llevar acciones a nombre del condominio, 64 Rev.Jur.U.P.R. 481, 488 (1995) (énfasis nuestro). CC-2001-939 29
su derecho a expresarse o a oponerse al control de acceso.
Menos aún si consideramos que ese es, precisamente, uno de
los derechos que esta pieza legislativa salvaguarda.
La limitación impuesta a los efectos de que la
participación sea de un propietario por vivienda responde
al propósito de impedir que pueda obtenerse el 75% exigido
por Ley para autorizar el cierre, con un número ínfimo de
viviendas.27 Se trata de una limitación para los que
favorecen el cierre. Esto es, al exigir que el voto sea
por vivienda se quiso evitar que una minoría de los
propietarios de viviendas en una urbanización impusieran
su voluntad sobre el resto. Esta interpretación es la más
lógica y razonable que puede hacerse de la referida
disposición legal.
De ninguna manera el lenguaje de dicha Sección puede
implicar que existiendo dos copropietarios con idénticas
cuotas sobre un inmueble pueda uno, sin haber llegado a un
acuerdo con el otro, someter la vivienda al control de
acceso y obligar al otro condueño al pago de gastos. Del
mismo texto de la Ley se desprende que el Legislador quiso
27 Cabe destacar, que la propia Asociación de Residentes en su Escrito de Apelación ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones calificó como ilógica esa interpretación de la Sección 64a(c) y expresó que: “Si la ley autorizara a firmar a más de una persona por vivienda, asumiendo la existencia de una esposa y esposo únicamente en una propiedad, se obtendría la autorización de cierre, no con la aprobación del 75% de las viviendas (3/4 partes de las viviendas), sino con la aprobación del 37.5% de las viviendas. Lo anterior porque cada propiedad presentaría dos (2) autorizaciones en vez de una.” Apéndice V, Petición de Certiorari, a las págs. 38-39. CC-2001-939 30
evitar esa injusticia cuando dispuso que “la autorización
... prestada ... por un propietario mayor de edad y en
representación de una vivienda obligará al propietario...”
23 L.P.R.A. sec. 64a(c). No cabe duda de que el Legislador
estableció un requisito de representación que,
necesariamente, supone un acuerdo previo entre los
propietarios del inmueble para que luego uno de ellos
pueda emitir una sola autorización a nombre de los demás,
o lo mismo, que sea representativa de la vivienda.28 La
única manera en que uno de los copropietarios puede
ofrecer una autorización que sea representativa de la
vivienda, reflejando así la voluntad, el sentir y la
aceptación de todos los propietarios de la misma es a
través de un acuerdo unánime con éstos, o al menos
mayoritario, con relación al establecimiento del control
de acceso. Ello, cónsono con las normas expuestas
previamente relativas a los actos de administración en una
comunidad de bienes, las cuales son aplicables a esta
controversia y sirven para complementar lo dispuesto en la
Ley Núm. 21, ante. Sólo así un copropietario podría, con
su voto o participación, sujetar el inmueble y obligar a
28 Cabe señalar que el concepto “representación” significa que una persona posee autoridad legal o convencional para actuar en nombre de otra, ejerciendo las prerrogativas jurídicas de ésta. J.A. Garrone, Diccionario Jurídico, Buenos Aires, Ed. Abeledo-Perrot, 1988, T.III, pág. 291. Es una institución en virtud de la cual una persona puede realizar un acto jurídico por otra ocupando su lugar. De Pina Vara, Diccionario de Derecho, 13ra. ed., México, Ed. Porrúa, 1985, pág. 428. CC-2001-939 31
los demás dueños a contribuir con el costo del sistema de
control de acceso.
Resolvemos, en consecuencia, que la autorización
ofrecida por Morales, consintiendo al establecimiento de
un sistema de control de acceso, fue un acto unilateral
inválido e insuficiente para sujetar el inmueble al
sistema de control de acceso y para obligar a Arsuaga
Álvarez al pago de los gastos de mantenimiento del mismo;
ello por tratarse de un acto de administración sobre un
bien poseído en comunidad el cual requería para su
ejecución de un acuerdo mayoritario. Como consecuencia, el
mismo no constituyó una autorización representativa de una
vivienda según lo exigido por la Ley Núm. 21, ante.
III
Lo dispuesto anteriormente no resuelve del todo la
controversia que nos ocupa. Es preciso examinar otro
argumento de la Asociación recurrida, en el que plantea
que, independientemente de que la autorización prestada
por Morales fuese o no válida, la Sección 64d-3(a)(3) de
la Ley Núm. 21, ante, por sí sola, era suficiente para
obligar a Arsuaga Álvarez al pago de cuotas de
mantenimiento del control de acceso establecido en la
urbanización.
La Sección 64d-3(a)(3) de la referida Ley dispone lo
siguiente: CC-2001-939 32
(a) El Consejo, Junta o Asociación de Residentes está facultada para imponer una cuota para cubrir los costos y gastos de instalación, operación y mantenimiento del sistema de control de acceso, incluyendo los salarios o jornales del personal contratado. Asimismo, está facultada para cobrar dicha cuota y reclamar la deuda a un propietario por este concepto por la vía judicial.
La obligación de pago recaerá en los siguientes propietarios:
...
(3) Todo propietario adquirente de una finca, ubicada en una urbanización, calle o comunidad que ha sido autorizada por el municipio correspondiente para controlar el acceso o que, a la fecha de la compraventa, se encontrara en trámite de obtener el consentimiento de tres cuartas (3/4) partes de los propietarios y así conste en actas. 23 L.P.R.A. sec. 64d-3(a)(3).29
La Asociación arguye que en 1999, cuando Arsuaga
Álvarez adquirió el 50% de participación que Morales tenía
en el inmueble, éste quedó automáticamente obligado a
contribuir al gasto de mantenimiento del sistema de
29 Véase, además: Caquías Mendoza v. Asoc. Res. Mansiones de Río Piedras, ante, a las págs. 210-11 donde este Tribunal explica que los obligados al pago de instalación, operación y mantenimiento del control de acceso, en virtud de la Sección 64d-3(a), son: “(1) ... los dueños de fincas en que se haya inscrito en el Registro el dictamen del municipio que autorizó el control de acceso; (2) ... los que autorizaron la solicitud para establecer el control de acceso, siempre y cuando el sistema implantado fuese igual en sus términos y condiciones, económicas y de otra índole, al sistema por ellos inicialmente autorizado o (3) ... aquellos que se obligaron posteriormente mediante contrato escrito, y (4) ... los que hayan adquirido su finca luego de implantado el control de acceso o comenzado el trámite para obtener el consentimiento de tres cuartas (3/4) partes de los propietarios residentes para su implantación.”(énfasis suplido y notas al calce omitidas). CC-2001-939 33
control de acceso, en vista de que, para esa fecha, el
cierre ya se había establecido en la Urbanización. Aduce
que Arsuaga Álvarez puede ser catalogado como ese
propietario adquirente, contemplado en la antes citada
Sección, que compra una finca ubicada en una urbanización
que ya ha implantado el control de acceso, y que al
momento de adquirirla queda obligado al pago de
mantenimiento del sistema.
De entrada, surgen las siguientes interrogantes: ¿Es
Arsuaga Álvarez el propietario adquirente al que se
refiere la Sección 64d-3(a)(3)? ¿A qué tipo de propietario
le es aplicable la Sección 64d-3(a)(3)? ¿Debemos entender
que Arsuaga Álvarez adquirió o, lo que es lo mismo, se
convirtió en propietario del inmueble en 1999 cuando ya
estaba implantado el sistema de control de acceso?
Respondemos en la negativa. Veamos por qué.
En primer lugar, debemos tener presente que en ningún
momento Arsuaga Álvarez ha dejado de ser propietario del
inmueble aquí en controversia. Lo fue desde 1980, cuando
adquirió junto a su entonces esposa (Morales) la vivienda
en la Urbanización de Sagrado Corazón, y continuó siéndolo
en 1999, cuando adquirió el 50% de participación de su ex-
esposa en la casa como parte del pleito de división de
gananciales. CC-2001-939 34
No hay duda que Arsuaga Álvarez, al igual que Morales
se convirtieron en propietarios de la casa de Sagrado
Corazón cuando compraron la misma en 1980. Ello por
pertenecer a la sociedad legal de gananciales, entidad
“sui generis” a la que se le atribuyen todos los bienes
adquiridos a título oneroso durante el matrimonio,
mientras no se compruebe que son privativos de alguno de
los cónyuges. Artículos 1301 y 1307 del Código Civil, 31
L.P.R.A. secs. 3641 y 3647.30
Del mismo modo, en 1990, cuando el matrimonio Arsuaga
Álvarez-Morales quedó disuelto y surgió el régimen de
comunidad de bienes, Arsuaga Álvarez continuó siendo
propietario del referido inmueble. Ello en vista de que la
comunidad de bienes no es sustancialmente distinta de la
“propiedad individual, sino sólo una variación o accidente
que origina la simultaneidad de varios en el mismo
derecho, o sea, una forma de manifestación del dominio con
los dos elementos de unidad de la cosa y pluralidad de
sujetos, los cuales tengan, aparte de la proporción ideal
que les corresponde, iguales facultades dominicales.”
Ortiz Roberts v. Ortiz Roberts, 103 D.P.R. 628, 631
(1975); Manresa, Comentarios al Código Civil Español,
ante, a la pág. 476.
30 Véase, además: González Cruz v. Quintana Cortés, ante, a las págs. 468-69; García González v. Montero Saldaña, ante, a la pág. 330; Betancourt v. Rodríguez, 17 D.P.R. 6, 12 (1911); Blanco v. Registrador, 5 D.P.R. 26, 31 (1903). CC-2001-939 35
Asimismo, se ha dicho que la copropiedad o el
condominio “no es un derecho real distinto esencialmente
del dominio; es una forma del dominio nada más, un
fenómeno que puede afectar al dominio.”31 Es por ello que
“existiendo entre cada condómino y la cosa la misma
relación jurídica que existe entre el dueño único y ella,
pues los condóminos son propietarios de toda la cosa
común...” Vázquez Bote, Derecho privado puertorriqueño,
ante, a la pág. 9. Mientras dure la indivisión, ninguno de
los copropietarios es ajeno a la propiedad de la cosa
considerada en su unidad. Puig Brutau, Fundamentos de
Derecho Civil, ante, a la pág. 26. En síntesis, tal y como
lo expone Manresa, durante la comunidad de bienes, “los
comuneros son real y efectivamente propietarios de la cosa
común, y tienen por la ley atribuidos todos los derechos
privativos del de propiedad en la extensión que integra el
concepto jurídico del dominio.” Manresa, Comentarios al
Código Civil Español, ante, a las págs. 491-92.32
31 Castán Tobeñas, Derecho Civil Español Común y Foral, ante, a las págs. 444-45 y Puig Peña, Compendio de Derecho Civil Español, ante, a la pág. 259 n. 1 (citando ambos a De Diego, Instituciones de Derecho civil español, Madrid, 1959, pág. 606). 32 Véase, además: Beltrán De Heredia, La comunidad de bienes en derecho español, ante, a la pág. 171 donde este autor explica que: “El derecho de propiedad, no está, por tanto, dividido en partes materiales o ideales, sino que cada copropietario tiene un derecho de propiedad pleno, en cuanto a extensión, igual al derecho de propiedad exclusivo, cualitativamente. Pero, al estar limitado cada uno de ellos, en su ejercicio, por la coexistencia de otros tantos derechos iguales, resulta diverso (Continúa . . .) CC-2001-939 36
De la misma manera, cuando en 1999 culminó el
procedimiento judicial de división de la sociedad legal de
bienes gananciales con la adquisición por parte de Arsuaga
Álvarez del 50% que tenía Morales de participación en la
casa,33 éste continuó siendo propietario del inmueble sólo
que, desde ese momento, como único titular del mismo.
Vemos, pues, que desde 1980 Arsuaga Álvarez se
convirtió en propietario de la referida vivienda y a
partir de ese momento nunca dejó de serlo. Lo único que
ocurrió a través de los años fue una serie de cambios y
modificaciones en la modalidad y forma del dominio, ello
de acuerdo a los distintos regímenes a los que estuvo
sujeto el inmueble; a saber, la sociedad legal de
gananciales, la comunidad de bienes y la propiedad
exclusiva. Cabe destacar que en 1980, año en que
originalmente Arsuaga Álvarez adquirió el inmueble, la
Urbanización Sagrado Corazón aún no había establecido el
sistema de control de acceso. Siendo ello así, tenemos que
Arsuaga Álvarez es un propietario adquirente de una finca
ubicada en una urbanización en la que al momento de él
advenir propietario de la misma no se había implantado el
referido sistema de cierre. ___________________ cuantitativamente, es decir, en cuanto a intensidad del derecho de dominio exclusivo. De este modo, el derecho de propiedad, en la copropiedad, se transforma, por así decir, convirtiéndose en varios derechos de propiedad que coexisten sobre el mismo objeto.” 33 Véase, Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan el 6 de agosto de 1999, Civil Núm. KAC91-0055. CC-2001-939 37
Habiendo dispuesto que el peticionario es adquirente
desde 1980, ¿debemos considerarlo como el propietario
adquirente contemplado en la Sección 64d-3(a)(3)?
Como vimos, en la Sección 64d-3(a) se mencionan las
personas que están obligadas a contribuir con los costos
de mantenimiento del control de acceso y, entre ellas, se
incluye en el Inciso (3) a “[t]odo propietario adquirente
de una finca, ubicada en una urbanización. ... que ha sido
autorizada ... para controlar el acceso ... .” En Caquías
Mendoza v. Asoc. Res. Mansiones de Río Piedras, ante, nos
referimos a esas personas como “los que hayan adquirido su
finca luego de implantado el control de acceso ...” Ibid.
a las págs. 210-11 (énfasis nuestro).
Resulta obvio, que ese Inciso (3) se refiere a nuevos
propietarios adquirentes. Esto es, se trata de personas
que no tienen derecho de propiedad alguno sobre el
inmueble y que, cuando lo adquieren, quedan
automáticamente obligados a contribuir a los costos de
mantenimiento debido a que al momento de la compraventa la
urbanización ya tiene implantado el control de acceso o ha
comenzado el trámite para obtener el consentimiento de los
propietarios. Sólo a éstos se les puede exigir, de modo
automático, el pago de gastos de mantenimiento sin
oportunidad para oponerse al control de acceso.
Para aquellas personas que ya eran propietarios en
una urbanización que originalmente no tenía acceso
controlado --a quienes podríamos llamar propietarios CC-2001-939 38
originales-- la Ley Núm. 21, ante, dedica otras secciones
en las que les reconoce el derecho a ser informados de los
planes de establecer el sistema, a autorizar, oponerse al
mismo e inclusive a revocar la autorización prestada.34
Siendo el lenguaje de la Sección 64d-3(a)(3) uno tendente
a implicar que el adquirente de una vivienda en una
urbanización donde ya existe acceso controlado, queda
automáticamente obligado a contribuir a los gastos de
mantenimiento, repetimos, no tenemos duda de que la misma
alude o se refiere a nuevos propietarios adquirentes. No
podría referirse a los propietarios originales ya que la
propia ley no permite que éstos queden automáticamente
obligados al pago del mantenimiento del sistema de control
de acceso a menos que hubiesen autorizado expresamente el
establecimiento del mismo. 23 L.P.R.A. sec. 64g.
Refiriéndose la Sección 64d-3(a)(3) a nuevos
propietarios adquirentes, resulta forzoso concluir que la
misma no le es aplicable a Arsuaga Álvarez; éste no es
“cualquier adquirente” y tampoco es un “nuevo adquirente”
según lo contemplado en la referida sección. En 1999
cuando se convirtió en el único titular del inmueble al
adquirir la porción que le pertenecía a su ex-esposa
–-estando ya implantado el sistema de control de acceso en
la urbanización--, Arsuaga Álvarez sólo adquirió el
dominio exclusivo de un inmueble que era suyo desde 1980
34 Véase, 23 L.P.R.A. secs. 64, 64(a), 64(b), 64(d), 64d-1, 64d-2, 64d-3, 64d-5, 64g y 64h. CC-2001-939 39
cuando aún no se había establecido el sistema de cierre.
La compra por parte de éste de la participación de Morales
constituye un mero trámite incidental al proceso de
divorcio y división de bienes gananciales que no debe
utilizarse como el punto de partida para establecer el
momento en que el peticionario advino propietario. Como
vimos, el modo de ejercer el dominio o el derecho de
propiedad sobre una cosa puede cambiar de forma o
modificarse; sin embargo, lo esencial es determinar el
momento en que se comenzó a ejercer el mismo, por primera
vez, ello independientemente de la manera o modo en que se
hizo.
Arsuaga Álvarez, repetimos, advino dueño desde 1980
cuando adquirió junto a Morales la referida vivienda. Fue
en ese momento en que ejerció por primera vez su derecho
propietario sobre el inmueble y para ese entonces la
urbanización aún no tenía acceso controlado. Por tanto, no
le aplica la Sección 64d-3(a)(3) a los efectos de quedar
obligado a contribuir al costo de mantenimiento por el
mero hecho de haberse convertido en titular único del
inmueble luego de implantado el sistema.
Arsuaga Álvarez es, precisamente, ese propietario
adquirente de un inmueble en una urbanización que, al
momento de la adquisición, no tenía acceso controlado y a
quien la Ley Núm. 21, ante, le ofrece la oportunidad de
prestar su consentimiento para el establecimiento de éste.
Del mismo modo, es ese propietario que según lo dispuesto CC-2001-939 40
en la Ley sólo queda obligado a contribuir económicamente
al mantenimiento del sistema si autoriza expresamente la
implantación del mismo. Es aquél a quien la Ley le
reconoce el derecho de oponerse al cierre y de no
contribuir con los costos de mantenimiento con su simple
silencio35 y a quien, además, le provee la opción de
revocar la autorización si inicialmente la había prestado.
En vista de que Arsuaga Álvarez advino propietario
del inmueble cuando todavía no estaba implantado el acceso
controlado en la Urbanización Sagrado Corazón; de que no
tuvo la oportunidad de autorizar el establecimiento del
mismo ya que nunca se le requirió su consentimiento ni se
le informó de los planes de establecerlo; y de la
insuficiencia de la autorización prestada por Morales,
resolvemos que Arsuaga Álvarez no está obligado a
contribuir económicamente con los gastos de mantenimiento
del sistema de cierre implantado en su Urbanización.
35 Véase, Caquías Mendoza v. Asoc. Res. Mansiones de Río Piedras, ante, a la pág. 213 n.40 donde este Tribunal manifestó: “En su parte pertinente, el inciso c de la Sec. 2 de la Ley Núm. 21, según enmendada, supra, 23 L.P.R.A. sec. 64a(c), dispone que "[a]quellas personas que favorezcan la implantación del sistema deberán hacerlo expresamente y por escrito ...". La Sec. 15 de la Ley Núm. 21, supra, también dispone que aquellos propietarios que no autorizaron expresamente la implantación del sistema no están obligados a sufragar su mantenimiento y operación a menos que se comprometan mediante contrato escrito. Sec. 15 de la Ley Núm. 21, supra. Por lo tanto, el silencio del residente no lo compromete.” (énfasis nuestro). CC-2001-939 41
IV
Por los fundamentos que anteceden, procede revocar la
sentencia emitida por el Tribunal de Circuito de
Apelaciones en el presente caso.
Se dictará Sentencia de conformidad.
FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se dicta Sentencia revocatoria de la emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones en el presente caso.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri emitió Opinión disidente. El Juez Asociado señor Hernández Denton disiente sin opinión escrita. El Juez Presidente señor Andréu García no interviene.
Patricia Otón Olivieri Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Asociación de Residentes Urb. Sagrado Corazón, Inc.
Demandante-Recurrida
Juan A. Arsuaga Alvarez
Opinión Disidente emitida por el JUEZ ASOCIADO SEÑOR FUSTER BERLINGERI.
San Juan, Puerto Rico, a 24 de septiembre de 2003.
En el caso de autos, la ex-esposa del
peticionario autorizó el establecimiento de un sistema
de control de acceso en la urbanización donde radicaba
su residencia mientras estaba pendiente la división de
la sociedad legal de gananciales que tuvo constituida
antes con éste. Posterior a esa autorización, el
peticionario le compró a su ex-esposa el 50% de
participación que ella tenía en la residencia en
cuestión y la consolidó con su propia participación en
dicha propiedad. El peticionario entonces se negó a
pagar las cuotas mediante las cuales se mantiene el
referido sistema de control de acceso que protege a su
urbanización, amparándose para ello en que él no CC-2001-939 44
era responsable de tal pago porque nunca lo autorizó. Declinó así
honrar la decisión de su ex-cónyuge en torno a la propiedad que
adquirieron mientras estaban casados.
Aunque el peticionario se beneficia del sistema de control
de acceso referido, la mayoría del Tribunal determina que el
peticionario no está obligado a contribuir nada al pago de sus
costos de mantenimiento. La mayoría entiende que su dictamen
brinda “una solución justa a la controversia” del caso, basándose
para ello sólo en unas consideraciones técnico-jurídicas.
En mi criterio, sin embargo, la larga y rebuscada opinión de
la mayoría del Tribunal en el caso de autos tiene una falla
elemental que me obliga a disentir. Según la mayoría, al
peticionario no le aplica la disposición de la Ley de Control de
Acceso, 23 L.P.R.A. sec. 64 et seq, que obliga al pago de cuotas
de mantenimiento a los propietarios de residencias si éstas han
sido adquiridas luego de haberse implantado en la urbanización el
sistema de control de acceso. Aduce la mayoría del Tribunal que el
peticionario no es tal “nuevo adquiriente” debido a que él y su
esposa habían adquirido conjuntamente el inmueble en cuestión
mientras estaban casados, antes de implantarse el referido sistema
de control de acceso.
Resulta, no obstante, que en términos estrictamente jurídicos
el dueño original de la residencia en cuestión no era el
peticionario ni su esposa sino la sociedad de gananciales
integrada por ellos. Desde antaño hemos resuelto que esa sociedad
tiene una personalidad jurídica distinta a la de los cónyuges que
la constituyen, por lo que el titular dominical del inmueble
adquirido por la sociedad de gananciales aquí era la sociedad CC-2001-939 45
misma y no ninguno de sus integrantes. Tanto es ello así que el
inmueble referido no podría inscribirse en el Registro de la
Propiedad a nombre de ninguno o de ambos de ellos sino sólo a
nombre de la sociedad de gananciales que integraban. Véase, Calvo
Mangas v. Aragonés Jiménez, 115 D.P.R. 219 (1984); Durán v.
Registrador, 20 D.P.R. 148 (1914); Betancourt v. Rodríguez, 17
D.P.R. 6 (1911).
Por ende, en el caso de autos, fue cuando el peticionario
adquirió el 50% de participación de su-ex esposa luego de la
división de gananciales, que advino propietario del inmueble por
primera vez. Era, pues, un nuevo adquiriente ya que antes el
inmueble no le pertenecía a él sino a la sociedad de gananciales.
En estrictos términos jurídicos, se equivoca la mayoría al afirmar
que el peticionario era el dueño de la propiedad desde antes de
implantarse el sistema de control de acceso.
Como la mayoría ha estimado que el asunto del caso de autos
debe resolverse estrictamente a base de consideraciones técnico-
jurídicas, entonces debería hacerlo así consistentemente, llevando
tal análisis a sus últimas consecuencias, con el inevitable
reconocimiento de que el verdadero titular original de la
residencia era la sociedad de gananciales en cuestión, o sea, una
persona jurídica distinta al peticionario. De ese modo, el
peticionario quedaría como lo que es, un nuevo adquirente, sujeto
por ello al pago de las cuotas de mantenimiento en cuestión. Así,
además, se emitiría un dictamen judicial que, al menos desde el
punto de vista ético, esté en armonía con la autorización del
sistema de control de acceso que dio la ex-esposa del CC-2001-939 46
peticionario, y con los beneficios de seguridad que el
peticionario deriva de dicho sistema.
Como la mayoría no dilucida la referida titularidad original
como debería ser, yo disiento del dictamen mayoritario.
JAIME B. FUSTER BERLINGERI JUEZ ASOCIADO
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2003 TSPR 141, Counsel Stack Legal Research, https://law.counselstack.com/opinion/asociacion-residentes-urb-sagrado-corazon-inc-v-juan-a-arsuaga-alvarez-prsupreme-2003.