EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Félix A. Rivera Figueroa
Peticionario Certiorari v. 2011 TSPR 25 The Fuller Brush Co. o f P.R., Inc.; Compañía de Seguros A, B y C; 180 DPR ____ Querellados desconocidos X y Y
Recurridos
Número del Caso: CC - 2006 - 1010
Fecha: 23 de febrero de 2011
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Utuado Panel V
Juez Ponente: Hon. Luis R. Piñero González
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Héctor L. Banchs Pascualli
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Juan M. Frontera Suau
Materia: Despido Injustificado
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Félix A. Rivera Figueroa Peticionario
v. Certiorari
The Fuller Brush Co. of P.R., CC-2006-1010 Inc.; Compañía de Seguros A, B y C; Querellados desconocidos X y Y Recurridos
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora Fiol Matta.
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de febrero de 2011.
Nos corresponde determinar el momento en
que se activa la presunción de despido
injustificado establecida en la Ley número 80 de
30 de mayo de 1976, según enmendada, mejor
conocida como la Ley de Despido Injustificado,
cuando un empleado querellante alega que fue
objeto de un despido constructivo. En
particular, si una mera alegación de despido
constructivo es suficiente para activar dicha
presunción e invertir la carga probatoria
imponiéndole al patrono querellado el peso de
demostrar justa causa para la acción tomada. CC-2006-1010 2
I.
El 1 de noviembre de 2004, el peticionario Félix A.
Rivera Figueroa presentó una querella al amparo de la Ley
número 80,1 (en adelante “Ley 80”) contra su antiguo
patrono (“Fuller Brush”). Además, solicitó que el caso se
tramitara bajo el procedimiento sumario laboral provisto
por la Ley número 2 de 17 de octubre de 1961.2 En su
querella, el señor Rivera Figueroa alegó, entre otras
cosas,3 que fue despedido sin justa causa como vendedor de
Fuller Brush al verse forzado a renunciar a dicho puesto en
mayo de 2004. De esa forma, alegó que fue víctima de un
despido constructivo. Para sustentar su reclamación, el
señor Rivera Figueroa alegó que sufrió cambios drásticos y
repentinos en el método de remuneración, que fue presionado
a renunciar como empleado para convertirse en contratista
independiente y que el trato que le ofrecieron tras
rechazar la oferta de convertirse en contratista
independiente fue de corte hostil. En su contestación a la
querella, el patrono negó el despido y alegó que la
renuncia del señor Rivera Figueroa fue enteramente
voluntaria. En particular, alegó que los cambios en las
condiciones de trabajo del señor Rivera Figueroa no fueron
con la intención de forzarle a renunciar y que fueron
1 29 L.P.R.A. §§ 185a et seq. 2 32 L.P.R.A. §§ 3118 et seq. 3 Las demás alegaciones no están ante nuestra consideración. CC-2006-1010 3
iguales para todos los vendedores como parte de un proceso
generalizado de cambios al interior de la compañía.
Amparándose en la presunción creada por la Ley 80 de
que todo despido es injustificado, el señor Rivera Figueroa
solicitó al Tribunal de Primera Instancia que requiriera al
patrono querellado iniciar la presentación de la prueba. El
empleado alegó que según la Ley 80, una vez presentada la
causa de acción a su amparo, se activa una presunción de
despido injustificado por lo cual le correspondía al
patrono querellado ofrecer prueba para demostrar, mediante
preponderancia de la evidencia, que el despido fue
justificado. Por su parte, el patrono querellado argumentó
que para activar la presunción de despido injustificado el
querellante tenía que establecer primero que su renuncia,
en efecto, equivalía a un despido constructivo.
El foro de instancia le dio la razón al patrono y
ordenó al querellante presentar su prueba. Éste se limitó a
presentar su propio testimonio durante el cual relató las
presiones que recibió para firmar un contrato que lo
convertiría en contratista independiente, el trato que
recibió desde que rechazó esa oferta, sobre el cual expresó
que ya “no era el mismo”, era “hostil” y le trataban “de
codo”. Testificó también sobre la eliminación beneficios,
como una cena pagada por el patrono para los vendedores, y
que ya ni un “buenos días” le ofrecían en el trabajo.4 Tras
esta prueba del querellante, el patrono solicitó la 4 Transcripción del juicio en su fondo, a las páginas 23- 27. CC-2006-1010 4
desestimación de la causa al amparo de la Regla 39.2(c) de
Procedimiento Civil. El Tribunal de Primera Instancia
declaró con lugar dicha moción y desestimó la causa de
acción. En esencia, el foro primario razonó que la prueba
no demostró que la renuncia del señor Rivera Figueroa
constituyera un despido constructivo, por lo cual no le
cobijaba la presunción establecida por la Ley 80.
Inconforme con esta determinación, el señor Rivera
Figueroa acudió, oportunamente, al Tribunal de Apelaciones,
alegando que el Tribunal de Primera Instancia había errado
al ordenarle a desfilar su prueba antes que la del patrono.
Sostuvo que la presunción que crea la Ley 80 se activa con
la presentación misma de la querella y que por ello era el
patrono quien tenía que iniciar el desfile de prueba para
derrotar la presunción de que se trató de un despido sin
justa causa. El foro apelativo confirmó la decisión del
Tribunal de Primera Instancia, razonando que “[s]i bien es
cierto que el patrono viene obligado a alegar en su
contestación a la demanda los hechos que dieron lugar al
despido, el empleado que alega un despido constructivo debe
primero formular de forma clara y precisa los actos que
alegadamente motivaron su renuncia y además, demostrar la
magnitud de los alegados vejámenes y que la única
alternativa razonable era renunciar”.5 El Tribunal de
Apelaciones concluyó que “[s]olo entonces al patrono le
corresponde presentar sus alegaciones en oposición” y que 5 Sentencia del Tribunal de Apelaciones, pp. 7-8. CC-2006-1010 5
la “renuncia per se no activa una presunción de despido
injustificado”.6 Sostuvo, además, que la desestimación al
amparo de la Regla 39.2(c) estaba basada en la prueba y,
por tanto, no erró el Tribunal de Primera Instancia al
desestimar la causa.
Inconforme aún, el señor Rivera Figueroa recurrió ante
este Tribunal mediante una oportuna petición de certiorari.
Como único error, planteó que ambos tribunales inferiores
incidieron al sostener que le correspondía al querellante
el desfile inicial de la prueba, toda vez que en una
reclamación presentada al amparo de la Ley 80, el patrono
querellado viene obligado a presentar la prueba inicial que
establezca que el despido fue justificado. Expedimos el
auto de certiorari y, con el beneficio de la comparecencia
de las partes, estamos en posición de resolver.
II.
Hemos reiterado la importancia del derecho al trabajo
en nuestra sociedad en muchas ocasiones, más recientemente
en Domínguez Castro v. E.L.A.7 En efecto, la política
pública establecida en nuestra legislación laboral reconoce
que el trabajo es un elemento central de nuestra vida en
sociedad. Es así, tanto por lo que significa a nivel
individual en la vida diaria de decenas de miles de
6 Íd., p. 8. 7 177 D.P.R. ___ (2010), 2010 T.S.P.R. 11, p. 82. Véase además Amy v. Adm. Deporte Hípico, 116 D.P.R. 414, 421 (1983). CC-2006-1010 6
puertorriqueños y puertorriqueñas, como por el beneficio
colectivo que se genera cuando a través del esfuerzo
ofrecemos calidad de vida a nuestro pueblo y desarrollo
social y económico para nuestro país.8 Además, como señaló
el Juez Asociado Fuster Berlingeri en su opinión
concurrente en Arthur Young & Co. v. Vega III,9 en la
medida en que “la persona aporta al bien común y se
autorealiza”, el trabajo adquiere un hondo significado
ético.
De las 20 secciones que componen el Artículo II de
nuestra Constitución, cinco de ellas se refieren
directamente a derechos relacionados al trabajo.10 Se trata
de un reconocimiento por la generación constituyente de la
inherente desigualdad que caracteriza la relación obrero-
patronal, en donde el patrono, por su capacidad económica,
posee mayor poder que el trabajador individual que necesita
8 Charles Zeno Santiago & Víctor M. Bermúdez Pérez, Tratado de Derecho del Trabajo, T. I, J.T.S. (2003), p. 1. 9 136 D.P.R. 157, 189 (1994). 10 Sección 12 y la prohibición de la servidumbre involuntaria; sección 15 y la prohibición de emplear a menores de 14 años. La sección 16 recoge múltiples derechos laborales: el derecho de todo trabajador o trabajadora de escoger libremente su ocupación y renunciar a ella, igual paga por igual trabajo, salario mínimo razonable, protección contra riesgos para la salud e integridad personal y jornada que no exceda las ocho horas diarias. Por su parte, las secciones 17 y 18 reconocen el derecho a organizarse y negociar colectivamente, y a realizar huelgas y actividades concertadas. Por su parte, la frustrada sección 20 reconocía el derecho de toda persona a obtener trabajo. Sobre este derecho en particular, hemos expresado que el mismo “late entre aquellos derechos que, aunque no se mencionan expresamente en el texto, el pueblo se reserva frente al poder político creado”. Amy v. Adm. Deporte Hípico, supra, p. 421. CC-2006-1010 7
de su empleo para sobrevivir. Por eso, los aspectos de la
relación obrero-patronal que gozan de rango constitucional
están diseñados para la protección de los derechos de los
trabajadores.
En el caso particular de la terminación de la relación
obrero-patronal, que es lo que debemos atender en este
caso, es significativa la decisión de la Convención
Constituyente de elevar a rango constitucional el derecho
del trabajador o trabajadora a renunciar libremente a su
empleo, pero no así el derecho de un patrono a despedir a
un trabajador.11 Según reconocimos en García v. Aljoma,12
“[a]l proponer los derechos de los trabajadores, la
Comisión de Cartas [sic] de Derechos de la Asamblea
Constituyente señaló la alta dignidad del esfuerzo humano y
recalcó que el énfasis de los derechos propuestos recaía en
aquel grueso de la clase trabajadora que por razón de
especial desvalimiento históricamente ha necesitado, aunque
no siempre ha recibido, protección social”.13
A partir de este reconocimiento de la generación
constituyente a los derechos de los trabajadores como uno
de los ejes centrales de nuestra vida constitucional, la
legislación se ha ocupado de establecer un balance en la
11 Sección 16, Artículo II, Constitución de Puerto Rico. 12 162 D.P.R., 572, 587-588 (2004). 13 Citando a 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico, 2573 (1951). Véase Luis H. Sánchez Caso, Reflexiones sobre la Responsabilidad Civil de los oficiales y gerenciales en reclamaciones de despido o discrimen, 34 Rev. Jur. U.I.P.R. 183, 190, 193 (2000). CC-2006-1010 8
relación entre el trabajador y el patrono.14 De igual
manera, nuestra jurisprudencia ha reconocido este legado
constitucional y su desarrollo estatutario posterior.15
Recientemente, en Orsini v. Srio. de Hacienda,16
reconocimos que en la dinámica obrero-patrono el trabajador
es aún la parte más débil y que por ello, “el Estado se ha
encargado de aprobar una variedad de leyes protectoras del
trabajo cuya finalidad es proteger el empleo, regular el
contrato de trabajo y asegurar la salud y seguridad del
obrero”. No hay duda, pues, que nuestro ordenamiento
laboral está orientado a la protección de los trabajadores
y evitar las prácticas injustas del trabajo.17
III.
A.
El derecho al empleo, que es, evidentemente, el
principal derecho laboral, cobra mayor importancia si
tomamos en cuenta que muchas de las protecciones
estatutarias no tendrían sentido si no se protege el
derecho mismo a preservar un empleo ante una actuación
caprichosa e irrazonable por parte de un patrono. Así lo
14 Zeno Santiago & Bermúdez Pérez, Op. Cit, p. 51. 15 García v. Aljoma, supra, p. 583. 16 177 D.P.R. ___ (2009), 2009 T.S.P.R. 190, pp. 15-16. 17 Rivera v. Pan Pepín, 161 D.P.R. 681, 688 (2004); Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 D.P.R. 364, 374 (2001). Véase además Charles Zeno Santiago, El despido y la política social en nuestro Estado de Derecho, 34 Rev. Jur. U.I.P.R. 213 (2000). CC-2006-1010 9
reconocimos en Orsini v. Srio. de Hacienda, supra, pp. 21-
22, al expresar que “[e]sta política pública, dirigida a
desalentar los despidos injustificados, se sustenta en que
sin la protección del empleo no son necesarios otros
derechos laborales, que por definición requieren una
relación de trabajo y claro, en que el trabajo tiene una
función social trascendental tanto en el ámbito individual
como en el colectivo”.
La doctrina del employment at will, que daba al
patrono libertad para contratar y despedir a un empleado
con o sin justa causa, sin mediar indemnización, es ajena a
nuestro esquema constitucional y estatutario. Por eso,
aunque el tema de la indemnización por despido
injustificado todavía “es objeto de efervescencia judicial
en los Estados Unidos, donde múltiples tribunales han
rechazado la tradicional doctrina de employment at will”,18
en Puerto Rico tenemos una larga tradición que es contraria
a esa doctrina.19
Sin embargo, nuestro ordenamiento estatutario no
prohíbe absolutamente el despido de un empleado. Más bien,
castiga el despido sin justa causa. La Ley 80, según
enmendada, mejor conocida como la Ley de Despido
Injustificado, regula las circunstancias en que un patrono
privado puede despedir a un empleado. Esta Ley, a su vez,
18 J. Salicrup, Ariel Arroyo v. Rattan Specialties: ¿Aplican en Puerto Rico las excepciones a la doctrina de “employment at will”?, 21 Rev. Jur. U.I.P.R. 367 (1987). 19 Arroyo v. Rattan Specialties, 117 D.P.R. 35, 65 (1986). CC-2006-1010 10
es producto de un desarrollo estatutario previo que, más
que constituir una excepción a la llamada doctrina del
employment at will, se encamina por una senda totalmente
distinta.20
En su artículo 1, la Ley 80 establece que toda
persona que sea empleado de comercio, industria o cualquier
otro negocio o sitio de empleo, que sea contratada sin
tiempo determinado y trabaje mediante remuneración de
alguna clase, que fuere despedido de su cargo sin que haya
mediado una causa justa, tendrá derecho a recibir de su
patrono una indemnización, además del sueldo que hubiere
devengado. Esta compensación se conoce como la mesada y su
cuantía dependerá del tiempo que el empleado ocupó su
puesto y del sueldo que devengaba.21
La Ley articula los supuestos que constituyen justa
causa para el despido en su artículo 2.22 Por eso, como
regla general, todo despido es injustificado al menos que
responda a las excepciones provistas en la propia Ley 80.
Será justa causa para el despido: (1) que el obrero siga un
patrón de conducta impropia o desordenada; (2) que el
empleado no rinda su trabajo en forma eficiente o lo haga
tardía y negligentemente o en violación de las normas de
calidad del producto que se produce o maneja por el
20 Véase, por ejemplo, la Ley número 50 de 20 de abril de 1949, 29 L.P.R.A. §§ 183-185 (derogadas). 21 29 L.P.R.A. § 185a. 22 29 L.P.R.A. § 185b. CC-2006-1010 11
establecimiento; (3) que el empleado viole reiteradamente
las reglas y reglamentos razonables establecidos para el
funcionamiento del establecimiento, siempre que se le haya
suministrado oportunamente copia escrita de los mismos; (4)
que surja el cierre total, temporero o parcial de las
operaciones del establecimiento; (5) que sucedan cambios
tecnológicos o de reorganización, cambios de estilo, diseño
o naturaleza del producto que se produce o maneja por el
establecimiento y cambios en los servicios rendidos al
público; o (6) que se requieran reducciones en empleo
debido a una reducción en el volumen de producción, ventas
o ganancias, anticipadas o que prevalecen al ocurrir el
despido. Un despido que tenga lugar en otras circunstancias
será injustificado y se compensará con el pago de la
mesada. Es decir, la Ley 80 aplica a aquellos empleados de
comercio, industria o cualquier otro negocio o sitio de
empleo que: (1) estén contratados sin tiempo determinado;
(2) reciban una remuneración; y (3) sean despedidos de su
cargo, sin que haya mediado justa causa.23
La Ley 80 es, indudablemente, una legislación
reparadora y, como tal, venimos obligados a interpretarla
liberalmente a favor de los derechos del trabajador,
resolviendo toda duda a favor del obrero, para cumplir con
sus propósitos eminentemente sociales y reparadores.24 Ahora
23 Orsini v. Srio. Hacienda, supra, p. 19; Zeno Santiago & Bermúdez Péres, Op. Cit, p. 98. (Énfasis suplido). 24 Irizarry v. J & J Cons. Prods. Co., Inc., 150 D.P.R. 155, 164 (2000); Belk v. Martínez, 146 D.P.R. 215, 232 (1998). CC-2006-1010 12
bien, también tiene una función coercitiva y un objetivo
desalentador contra el capricho patronal.25 En Jusino v.
Walgreens,26 explicamos que “[l]a Ley 80 tiene un valioso
propósito social y coercitivo, a saber, sancionar que un
patrono despida a su empleado o empleada salvo que
demuestre una causa justificada para ello. En otras
palabras, tiene el propósito de brindarle mayor protección
a los trabajadores de Puerto Rico”.27 Nuestra jurisprudencia
interpretativa ha sido consistente en ofrecer la mayor
protección al trabajador cuando éste es objeto del capricho
o abuso patronal. Por eso recalcamos recientemente las
protecciones de la Ley número 80 son irrenunciables.28
C.
La Ley 80 crea una presunción de que todo despido es
injustificado y que le corresponde al patrono, mediante
preponderancia de la prueba, demostrar lo contrario, es
La Exposición de Motivos de la Ley 80 hace hincapié en la intención de sustituir una protección laboral que califica como “inadecuada e ineficaz, especialmente por lo limitado del remedio que ofrece un empleado que fuese víctima de un despido injustificado”. Leyes de Puerto Rico, 1976, p. 268. (Énfasis suplido). 25 Vélez Cortés v. Baxter, 179 D.P.R. ___ (2010), 2010 T.S.P.R. 110, p. 12. 26 155 D.P.R. 560, 571 (2001). 27 (Énfasis suplido). 28 Vélez Cortés v. Baxter, supra, p. 13. CC-2006-1010 13
decir, que hubo justa causa.29 De esa forma, el peso de la
prueba para establecer que el despido fue justificado, una
vez activada la presunción, recae en el patrono y el
criterio, como en cualquier proceso civil, es el de
preponderancia de la prueba.30
Pero, para disfrutar de la presunción generada por la
Ley 80 hace falta, como elemento de umbral, que haya habido
un despido. El empleado tiene que demostrar que cumple los
requisitos de la causa de acción: que fue empleado de un
comercio, industria u otro negocio; que su contrato era por
tiempo indeterminado; que recibía remuneración por su
trabajo y que fue despedido de su puesto.
Para propósitos de la Ley 80, esta condición de ser
despedido no está limitada por la definición usual del
término „despido‟.31 Más bien, la definición de la Ley 80 es
bastante amplia, pues abarca, no sólo la acción unilateral
del patrono dirigida a cesantear al empleado, sino las
acciones dirigidas a inducirlo o forzarlo a renunciar,
tales como imponerle o intentar imponerle condiciones de
trabajo más onerosas, reducirle el salario, rebajarlo en
categoría o someterlo a vejámenes o humillaciones de hecho
29 29 L.P.R.A. § 185a; Rivera v. Pan Pepín, supra, p. 670; Belk v. Martínez, supra, pp. 230-231; Báez García v. Cooper Labs., Inc., 120 D.P.R. 145, 152 (1987). 30 Orsini v. Srio de Hacienda, supra, n. 95; Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, p. 378. 31 Hemos dicho que el despido es la ruptura unilateral, que hace el patrono, del contrato individual de trabajo celebrado con uno o varios trabajadores. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, p. 374; Zeno Santiago, Op. Cit., p. 214. CC-2006-1010 14
o de palabra.32 A esta última modalidad de despido se le
conoce como despido constructivo o tácito.33
En el despido constructivo, al empleado se le obliga a
renunciar mediante la imposición de condiciones onerosas.34
Cabe señalar que este Tribunal reconoció esta modalidad de
despido aún antes de la vigencia de la Ley 80 cuando
resolvimos que aquellos “actos voluntarios e injustificados
de un patrono encaminados a obligar al empleado a dejar su
cargo, constituyen un despido cuando la única alternativa
razonable que queda al empleado es la de abandonar el
cargo”.35 Claro está, no basta con cualquier molestia o
condición antipática en el empleo, y cuando se trate de
vejámenes y humillaciones, estos deben ser de magnitud
sustancial.36 Tampoco se determina la magnitud y efecto de
los actos patronales con referencia a la visión subjetiva
del empleado individual; más bien, se utiliza un criterio
objetivo, al examinar si una persona razonable se sentiría
32 29 L.P.R.A. § 185e. Estos ejemplos ofrecidos por la propia Ley de lo que constituye despido constructivo no son taxativos. 33 Esta modalidad de despido estaba contemplada en la Ley número 50 de 20 de abril de 1949. Véase Zeno Santiago, Op. Cit., p. 217; Zeno Santiago & Bermúdez Pérez, Op. Cit., p. 99. 34 Zeno Santiago, Op. Cit., p. 215. 35 Vélez de Reilova v. R. Palmer Bros., Inc., 94 D.P.R. 175, 178 (1967). 36 Acevedo Colom, Op. Cit., p. 165; Arthur Young & Co. v. Vega III, supra, p. 184. CC-2006-1010 15
forzada a renunciar como resultado de las acciones del
patrono.37
Como hemos visto, la definición de despido
constructivo de la Ley 80, según la cual será considerada
como despido constructivo la renuncia del empleo motivada
por actuaciones del patrono dirigidas a inducir o forzar al
empleado a renunciar, recoge el desarrollo jurisprudencial
de este concepto hasta la fecha en que fue aprobada la Ley.
Después de su aprobación, nuestra jurisprudencia ha
preservado los elementos esenciales de despido constructivo
que delineamos en Vélez de Reilova v. R. Palmer Bros.,
Inc.38 En Arthur Young & Co. v. Vega III, establecimos que
“para que los actos voluntarios e injustificados del
patrono constituyan un despido implícito para fines de la
Ley Núm. 80, supra, es preciso que el empleado pruebe que
la única alternativa razonable que le quedaba era el
abandono de su cargo”.39 Es decir, no basta con una mera
alegación de que la renuncia fue un despido constructivo.
Como parte de la causa de acción al amparo de la Ley 80,
hace falta demostrar el hecho base del despido, sea directo
o en su modalidad constructiva o tácita.
37 Zeno Santiago, Op. Cit., p. 217. 38 Véase Malavé v. Oriental, 167 D.P.R. 592 (2006); Nazario v. E.L.A., 159 D.P.R. 799 (2003 Sentencia). En Hernández v. TOLIC, 151 D.P.R. 754, 777 (2000), caso de despido constructivo en una reclamación al amparo de la Ley número 100 de 30 de junio de 1959, 29 L.P.R.A. §§ 146 et seq, se usó el concepto de despido constructivo contemplado en la Ley 80. 39 Arthur Young & Co. v. Vega III, supra, p. 183. (Énfasis suplido). CC-2006-1010 16
El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos aprobó
una guía interna sobre la Ley 80 que detalla los elementos
del despido constructivo y las presunciones creadas por
dicha Ley.40 En cuanto al despido constructivo, la Guía
expresa que las “acciones del patrono deben exhibir un
nivel de seriedad considerable. Simples mal entendidos
[sic] o situaciones antipáticas que no tienen el efecto de
crearle al empelado un ambiente de trabajo que resulte
intimidante, hostil y ofensivo no conllevan […] un despido
constructivo”.41 Por el contrario, debe tratarse de
actuaciones patronales “arbitrarias, irrazonables y
caprichosas que generen una atmósfera hostil para el obrero
que impidan del todo su sana estadía en el trabajo y que
sean originadas por un motivo ajeno al legítimo interés de
salvaguardar el bienestar de la empresa. Gestiones
administrativas legítimas, realizadas con el único
propósito de salvaguardar el bienestar de la empresa, no
dan lugar a un despido constructivo si la intención del
patrono al realizar las mismas no era la de lesionar la
condición de empleado del trabajador”.42 Por su parte, la
doctrina en los Estados Unidos en cuanto al concepto de
despido constructivo es muy similar a la puertorriqueña.43
40 Guía revisada para la interpretación y aplicación de la Ley Núm. 80, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (1996). 41 Íd., p. 22. 42 Íd., p. 23. 43 Véase Zeno Santiago, Op. Cit., p. 248. CC-2006-1010 17
IV.
Como hemos visto, una de las herramientas más
importantes que crea la Ley 80 es la presunción de que todo
despido es injustificado. En efecto, el peticionario basa
su solicitud en esta presunción. Para comprender el alcance
de la presunción de despido injustificado y determinar su
aplicación en este caso, veamos primeramente la figura de
la presunción, su relación con las cargas probativas en los
casos civiles y su manifestación en controversias sobre el
derecho de empleo.
Una presunción es una deducción de un hecho que la ley
autoriza a hacer o requiere que se haga a partir de otro
hecho o grupo de hechos previamente establecidos. A ese
hecho o grupo de hechos previamente establecidos se les
denomina hecho básico y al hecho deducido mediante la
presunción, se le denomina hecho presumido.44 El debido
proceso de ley exige que haya un vínculo racional entre el
hecho básico y el hecho presumido, que, como indica el
profesor Chiesa Aponte, puede surgir de la lógica, de la
experiencia o de cierta política pública.45 En otras
palabras, las presunciones no se activan solas: “Las reglas
44 Regla 301(a) de las Reglas de Evidencia de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. VI R. 301(a). Esta Regla es análoga a la Regla 13(a) de 1983. 45 Ernesto Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, J.T.S. (2009), p. 109. Véase además Díaz v. Wyndham, supra, p. 385. CC-2006-1010 18
de inferencia se activan si el juzgador [o juzgadora]
estima que la evidencia ha establecido el hecho básico, al
menos como lo más probable”.46
En una acción civil, el efecto de una presunción es
imponerle a la parte que niega el hecho presumido el peso
de probar su inexistencia. Si la parte contra la cual se
establece la presunción no ofrece prueba para demostrar la
inexistencia del hecho presumido, la juzgadora o el
juzgador debe aceptar que el hecho existe. Sin embargo, si
se presenta prueba en apoyo de la inexistencia de tal
hecho, ésta debe ser suficiente para persuadir a quien
juzga que es más probable la inexistencia del hecho
presumido que su inexistencia.47 Es decir, una vez activada
la presunción ordenada por ley, la parte contra quien se
emplea tiene el deber de presentar prueba para rebatir la
presunción y dicha evidencia debe, además, persuadir al
juzgador. De lo contrario, el hecho presumido sobrevive. A
ello nos referimos cuando caracterizamos las presunciones
en el área civil como fuertes. Como nos dice el profesor
Chiesa Aponte, “[n]o se trata sólo de la carga de presentar
evidencia, sino también de que la evidencia sea de tal
calidad que persuada al juzgador [o juzgadora] de que lo
más probable es la falsedad del hecho presumido”.48
46 Chiesa Aponte, Reglas, Op.Cit., p. 110. (Énfasis suplido). 47 Regla 302 de Evidencia de 2009. 32 L.P.R.A. Ap. VI R 302. 48 Chiesa Aponte, Reglas, Op. Cit., p. 110. CC-2006-1010 19
Nuestra jurisprudencia ha recogido estos principios
fundamentales. Hemos resuelto que la mera alegación de un
hecho básico, sin haberlo establecido debidamente, no
activa una presunción que permita la inferencia de un hecho
presumido.49 Un demandante tiene la obligación de aportar
prueba que establezca los hechos básicos que den lugar a la
presunción.50 De otra manera, no sería posible ni razonable
exigirle al demandado que derrote una presunción sostenida
solamente por una alegación.51 De esa forma, la validez de
la presunción dependerá inexorablemente de la existencia de
unos hechos básicos debidamente probados y su relación
racional con el hecho presumido.52
Para que un obrero demandante en un pleito al amparo
de la Ley 80 pueda valerse de la presunción fuerte de que
su despido fue injustificado, tiene que presentar prueba
demostrativa de que, en efecto, fue despedido. En caso de
que alegue un despido constructivo, el trabajador tiene que
demostrar que las circunstancias de su renuncia cumplen con
los requisitos que establece nuestro ordenamiento para esa
conclusión. La presunción de despido injustificado que
establece la Ley 80 no se activa hasta tanto logre
persuadir al juzgador o juzgadora de ese hecho básico,
49 McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., 123 D.P.R. 113, 141 (1989). 50 Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, p. 386. 51 Íd. 52 Alberty v. Bco. Gub. De Fomento, 149 D.P.R. 655, 667 (1999, Op. Concurrente Negrón García). CC-2006-1010 20
entiéndase, de que su renuncia fue en realidad un despido
tácito.53
Debemos puntualizar que lo anterior no despoja a un
trabajador demandante de la presunción de despido
injustificado que establece la Ley 80. Además, cuando la
presunción se suscita en un pleito que trata sobre los
derechos de los trabajadores hay que tomar en cuenta la
política pública incorporada en la ley. Por eso,
presunciones como las de despido injustificado “están
investidas de tan alto interés público [que] sólo pueden
derrotarse por prueba que sea amplia y vigorosa”.54 De esa
forma, el patrono demandado siempre tendrá el peso de la
prueba en cuanto la justificación del despido. Si se logra
activar la presunción y la evidencia que presenta el
patrono no la derrota, la presunción sobrevive y prevalece
el obrero. Pero, para establecer el hecho base que da vida
a la presunción, el trabajador tiene que probarlo al amparo
de la citada Regla 110. Solamente tiene el peso de la
prueba en cuanto al establecimiento del hecho básico. En lo
demás, entiéndase la disposición final del pleito una vez
se activa la presunción, la carga probatoria es del
patrono. Como nos dice el profesor Chiesa Aponte, “[p]or
efecto de presunciones, la parte que tiene el peso de la
prueba podría no tener la obligación de presentar
53 Para demostrar este hecho base, bastará con cumplir con las exigencias de la Regla 110 de Evidencia de 2009. 32 L.P.R.A. Ap. VI R. 110. 54 Sandoval v. Caribe Hilton, 149 D.P.R. 582 (1999, Opinión de Conformidad Fuster Berlingeri). CC-2006-1010 21
evidencia”.55 En el ámbito de una causa de acción al amparo
de la Ley 80, esto significa que, en cuanto a la
controversia sobre la justificación del despido, el
empleado cobijado por la presunción podría prevalecer en el
pleito sin más evidencia que la misma presunción. No
obstante, para activar dicha presunción, alguna prueba
tiene que presentar inicialmente para demostrar la
existencia del hecho base que la justifica.56
B.
Como regla general, el peso de la prueba en toda
acción civil recae sobre la parte demandante. El estándar
aplicable de suficiencia de prueba será el de
preponderancia.57 Ahora bien, como nos dice el profesor
Emmanuelli Jiménez, “[c]uando se menciona el peso de la
prueba en una acción judicial, se está refiriendo a la
obligación de convencer al juzgador [o juzgadora] sobre la
forma particular en que ocurrieron los hechos que se
55 Chiesa Aponte, Reglas, Op. Cit., p. 98. 56 La casuística federal estadounidense está en sintonía con este esquema. En Johnson v. Shalala, 991 F. 2d 126 (4th Cir. 1993), el Tribunal de Apelaciones federal se enfrentó a un caso donde se alegaba despido constructivo. Al desestimar la acción, sostuvo que no se presentó evidencia suficiente para establecer que la renuncia fue, en efecto, un despido constructivo. En Rivera v. DHL Global Forwarding, 536 F. Supp. 2d 148 (2008), el Tribunal de Distrito federal sostuvo que el demandante no logró probar ni demostrar que las condiciones de empleo eran de tal magnitud que equipararan su renuncia a un despido tácito. 57 Regla 110(f) de Evidencia. CC-2006-1010 22
alegan”.58 Por eso, los temas de carga de prueba y
presunciones son inseparables.59
Como vimos, una vez probados los hechos que dan base a
la activación de la presunción, cambia el peso de la
prueba, de manera que la otra parte tiene la obligación de
persuadir al juzgador o a la juzgadora sobre lo contrario.60
Esto, nos dice Emmanuelli Jiménez, “puede llevar al caso de
que un demandante, quien generalmente tiene el peso de la
prueba en una acción civil, sólo tenga que probar los
hechos básicos de una presunción y después descanse en ella
para establecer la totalidad de la reclamación.”61 A igual
conclusión llega el profesor Chiesa Aponte cuando
manifiesta que “[l]as presunciones afectan las cargas
probatorias. Aunque inicialmente las cargas probatorias
están en una misma parte, esto puede cambiar por efecto de
presunciones”.62 Es decir, si un demandante logra activar
una presunción que le favorezca puede prevalecer contra un
58 Rolando Emmanuelli Jiménez, Prontuario de Derecho Probatorio Puertorriqueño, 2010, p. 121. El autor también sostiene que es importante tener en mente que las presunciones tiene un efecto muy importante en el peso de la prueba. Íd. 59 Chiesa Aponte, Tratado, Op. Cit., p. 1088; Díaz v. Wyndham, supra, p. 385. 60 Emmanuelli Jiménez, Prontuario de Derecho Probatorio Puertorriqueño, Op.Cit., pp. 121.-122. 61 Íd. 62 Chiesa Aponte, Tratado, Op. Cit., p. 1095; Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, p. 385. En su Tratado de Derecho Probatorio, el profesor Chiesa Aponte menciona como ejemplo de esto la presunción establecida por la Ley 80. Íd., p. 1114. CC-2006-1010 23
demandado que presente prueba para refutarla. Ello, aunque
el demandante no presente más prueba que la que fue
necesaria para activar la presunción. Si la prueba ofrecida
por el demandado no derrota la presunción mediante
preponderancia de la evidencia, la presunción se sostiene y
el demandante triunfará en su causa de acción. A ello nos
referimos cuando afirmamos que “[e]n nuestra jurisdicción
las presunciones tienen el efecto de transferir al
demandado el peso de producir evidencia y, además, el de
persuadir al juzgador”.63
La Ley 80 no es el único esquema estatutario laboral
que genera una presunción contra el patrono e invierte el
peso de la prueba en su contra. Lo mismo sucede con la Ley
100, que prohíbe el discrimen en el empleo, y crea una
presunción de despido discriminatorio si el empleado
querellante logra establecer un caso prima facie con los
elementos requeridos por la ley, entre éstos el despido o
acto perjudicial y la ausencia de justa causa, elementos
que hemos equiparado a los términos homólogos de la Ley
80.64 También hemos resuelto que, al igual que bajo la Ley
80, una vez establecido el caso prima facie, se invierte el
peso de la prueba y le corresponde al patrono demandado
demostrar que no están presentes los elementos requeridos 63 Belk v. Martínez, supra, p. 231. (Énfasis suplido). 64 Hernández v. TOLIC, supra. CC-2006-1010 24
por ley, mediante preponderancia de la evidencia. Esta
normativa evidenciaría, como explicamos en Ibáñez v.
Molinos de P.R., Inc.,65 “tiene como fundamento que el
patrono demandado, por su posición más ventajosa,
generalmente tiene mayor acceso a la evidencia del despido
y puede probar la ausencia del discrimen con relativa
facilidad”.66 A una conclusión similar llegamos en Belk v.
Martínez, supra, p. 231. Allí dijimos que “una vez que el
empleado establece las circunstancias esenciales para que
el juzgador pueda asumir el hecho presumido –que el despido
o acción perjudicial se realizó sin justa causa- se
invierte la carga probatoria”. Como puede observarse, parte
del caso prima facie es, precisamente, demostrar el despido
o acto perjudicial y no meramente alegarlo.67
65 114 D.P.R. 42 (1983). 66 Íd., pp. 49-50. 67 Hernández v. TOLIC, supra, pp. 774-775. En cuanto al elemento base del despido, la Guía del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos expone: “De negar el patrono la existencia de la relación empleado-patrono o de negar el despido, el empleado tiene la obligación inicial de probar esto. A esos efectos, debe prestar evidencia admisible que acredite la existencia de la relación empleado-patrono o la existencia del despido. Probado estos hechos, entonces se invierte el peso de la prueba hacia el patrono el cual tiene la obligación de establecer que el despido es uno justificado”. Guía revisada, Op. Cit., p. 49. Esto aplica igualmente a una causa de acción por despido constructivo que “sólo procede en aquellas instancias donde la prueba demuestra mediante inferencia razonable que la única alternativa del empleado es dejar su puesto”. Zeno Santiago, Op. Cit., p. 219. (Énfasis suplido). CC-2006-1010 25
V.
La Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil regula la
desestimación de un caso por insuficiencia de prueba de la
siguiente manera:
Después que la parte demandante haya terminado la presentación de su prueba, la parte demandada, sin renunciar a su derecho de ofrecer prueba en caso de que la moción sea declarada „sin lugar‟, podrá solicitar la desestimación fundándose en que bajo los hechos hasta ese momentos probados y la ley, la parte demandante no tiene derecho a la concesión de remedio alguno. El tribunal podrá entonces determinar los hechos y dictar sentencia contra la parte demandante, o podrá negarse a dictar sentencia hasta que toda la prueba haya sido presentada.68
En una moción al amparo de la Regla 39.2(c), conocida
como una moción contra la prueba o non-suit, el tribunal
está autorizado, luego de la presentación de prueba por
parte del demandante, a aquilatar la misma y a formular su
apreciación de los hechos, según la credibilidad que le
haya merecido la evidencia. Pero esa facultad debe
ejercitarse después de un escrutinio sereno y cuidadoso de
la prueba.69 En caso de duda, debe requerirse al demandado
que presente su caso.70 En ese momento, le corresponde al
tribunal determinar si la prueba presentada por la parte
68 32 L.P.R.A. Ap. V 39.2(c). 69 Romero Arroyo y Otros v. E.L.A., 139 D.P.R. 576, 579 (1995). 70 Roselló Cruz v. García, 116 D.P.R. 511, 520 (1985). CC-2006-1010 26
demandante es suficiente por sí misma para satisfacer los
requisitos de su particular causa de acción.
Dado que la desestimación bajo la Regla 39.2(c) se da
contra la prueba, la decisión del tribunal dependerá de su
apreciación de la evidencia presentada. Es norma conocida
en nuestra jurisdicción que los tribunales apelativos no
intervendremos con la apreciación de la prueba hecha por
los foros de instancia en ausencia de pasión, prejuicio,
parcialidad o error manifiesto.71 Sin embargo, ello no
significa que haya inmunidad frente a la función revisora
de los tribunales apelativos.72 Además, dada la gravedad de
una desestimación de la causa de acción, los tribunales
deben ser cuidadosos al atender una moción al amparo de la
Regla 39.2(c) pues conlleva el final de la reclamación de
un demandante y de su día en corte. Se trata de una
decisión que descansa en la sana discreción del tribunal.73
VI.
En el caso de autos, el señor Rivera Figueroa entabló
una demanda al amparo de la Ley 80 alegando que fue víctima
de un despido en su modalidad constructiva. Sostuvo que la
mera presentación de la demanda al amparo de dicha Ley
activaba la presunción de despido injustificado que ésta
71 Monillor v. Soc. de Gananciales, 138 D.P.R. 600, 610 (1995). 72 Méndez v. Morales, 142 D.P.R. 26, 36 (1996). 73 Díaz v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 79, 83 (1966). CC-2006-1010 27
provee por lo que le correspondía al patrono demandado
iniciar la presentación de la prueba. No tiene razón.
En primer lugar, para que un empleado demandante pueda
aprovecharse de la presunción de despido injustificado que
provee la Ley 80 tiene que demostrar, con prueba
suficiente, el hecho base que da vida a la presunción: el
despido. La Ley 80 no provee una presunción de que todo
empleado que ya no trabaja en su antiguo lugar de trabajo
fue despedido y que dicho despido fue injustificado.
Tampoco provee para que la mera presentación de una causa
de acción bajo la Ley o una alegación de que la renuncia
fue, realmente, un despido constructivo, sea suficiente
para revertir el peso de la prueba. El empleado demandante
tiene el peso de la prueba inicial de demostrar al tribunal
que, en efecto, ha ocurrido un despido. El peso inicial de
la prueba en un caso al amparo de la Ley 80 le impone al
empleado demandante la carga de establecer el hecho base,
ya sea la cesantía, la suspensión mayor de tres meses o la
renuncia equivalente a despido constructivo, que active la
presunción de despido injustificado. Una vez activada la
presunción de despido injustificado, el peso de la prueba
se invierte y le corresponde al patrono demandado derrotar
la misma. Si el patrono acepta el despido o si el empleado
logra establecerlo en su turno inicial, le corresponde al
patrono presentar su prueba.
Si se alega un despido en su modalidad constructiva,
tiene que demostrarse al tribunal que la renuncia fue la CC-2006-1010 28
única alternativa razonable que tenía el empleado ante las
condiciones de trabajo onerosas impuestas por su patrono
con el propósito de inducir o forzar su renuncia. Por
tanto, hasta que no demuestre ese hecho básico a
satisfacción del tribunal, no se activará la presunción
provista por la Ley 80. A la misma vez, ante el mandato
constitucional y estatutario de proteger los derechos de
los trabajadores y dado que el despido constructivo es un
despido disfrazado que tiene la apariencia de una renuncia
voluntaria, los tribunales de instancia deben ser sumamente
cautelosos al momento de determinar si, en efecto, una
renuncia fue forzada. Por tanto, es inmeritoria la
alegación del señor Rivera Figueroa de que erró el Tribunal
de Primera Instancia al ordenarle presentar prueba antes
que al patrono demandado.
La parte demandante limitó su prueba inicial al
testimonio del señor Rivera Figueroa en el sentido de que,
en varias ocasiones, el demandado le intentó persuadir de
firmar un contrato que modificaría su relación del trabajo
con el patrono, de empleado a contratista independiente. No
surge del expediente que esos intentos hayan sido
intimidantes, atropellados o que haya mediado presión
indebida. El peticionario también alegó en su testimonio
que el trato que le ofrecían en su empleo tras rechazar la
oferta del patrono no era el mismo, era hostil, le trataban
de codo, no le daban los buenos días y le eliminaron
algunos beneficios como una cena de vendedores y CC-2006-1010 29
privilegios relacionados con el estacionamiento. Por su
parte, el patrono demandado alegó que el cambio de
condiciones laborales fue para todos los vendedores y que
no fueron de tal magnitud como para constituir un despido
constructivo.
La primera alegación del patrono es inmeritoria. El
estándar para determinar si una actuación opresiva por
parte del patrono contra un empleado es de tal magnitud que
le obliga a renunciar no depende de que sea únicamente
contra él. Es posible que el patrono haya creado
condiciones de trabajo aplicables a varios empleados que
les fuerzan a todos a renunciar. De ese ser el caso, habría
un despido constructivo independientemente de que no haya
sido dirigido específicamente contra cada uno de ellos de
manera particular. Para determinar si una actuación
patronal es constitutiva de despido constructivo lo
decisivo es si por ello una persona razonable se puede
sentir y en efecto se siente forzada a renunciar, lo cual
puede ser el producto de condiciones onerosas dirigidas
contra él o contra varios empleados.74 Por eso, el segundo
argumento del demandado es el determinante, es decir, si el
querellante presentó evidencia suficiente como para
establecer que las condiciones impuestas por el patrono
eran de tal magnitud como para equiparar la renuncia a un
despido. En cuanto a esto, no hay nada en el expediente que
nos permita alejarnos de la apreciación de la prueba hecha 74 Incluso, en este caso, tres de once vendedores renunciaron. CC-2006-1010 30
por el foro de instancia. Sin duda, un trato frío en el
lugar del trabajo y la cancelación de beneficios que
ofrecía el patrono sin obligación a ello, como cenas a
vendedores y privilegios de estacionamientos, resultan
insuficiente para concluir que la única alternativa
razonable para el señor Rivera Figueroa era renunciar.
Al no demostrarse a satisfacción del juzgador el hecho
básico de que la renuncia era un despido constructivo,
nunca se activó la presunción de despido injustificado que
provee la Ley 80. Evidentemente, tampoco se invirtió el
peso de la prueba y el demandante tenía la carga de probar
su caso sin recurso a presunción alguna. El foro de
instancia determinó que, ausente la presunción y ante la
prueba presentada por el demandante, éste no tenía derecho
a la concesión de los remedios solicitados. No encontramos
base en el récord para alterar esa conclusión.
Como consecuencia, actuó correctamente el Tribunal de
Primera Instancia al desestimar la causa al amparo de la
Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, como también resolvió
correctamente el foro apelativo al confirmar esa decisión.
Por los fundamentos expuestos, se confirma la
Sentencia del Tribunal de Apelaciones.
Se dictará sentencia de conformidad.
Liana Fiol Matta Jueza Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionario Certiorari v. CC-2006-1010 The Fuller Brush Co. of P.R., Inc.; Compañía de Seguros A, B y C; Querellados desconocidos X y Y Recurridos
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente Sentencia, se confirma la sentencia del Tribunal de Apelaciones.
Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal. El Juez Asociado señor Martínez Torres y la Jueza Asociada señora Pabón Charneco concurren con el resultado, sin opinión escrita, por lo expuesto en la Parte VI de la Opinión del Tribunal. El Juez Asociado señor Rivera García concurre con el resultado sin opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo