Pueblo v. Negrón Ayala

2007 TSPR 103

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: June 1, 2007
• Docket: CC-2005-0754
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario Certiorari vs. 2007 TSPR 103 Juan M. Negrón Ayala 171 DPR ____ Recurrido

Número del Caso: CC-2005-754

Fecha: 1 de junio de 2007

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan, Panel IV

Panel integrado por su Presidente, el Juez Gierbolini y los Jueces Cordero y Rodríguez Muñiz

Oficina del Procurador General:

Lcda. Mayra J. Serrano Borges Procuradora General Auxiliar

Lcdo. Salvador J. Antonetti Stutts Procurador General

Lcda. Mariana D. Negrón Vargas Subprocuradora General

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Antonio Bauza Torres

Materia: Asesinato en Primer Grado, Art. 4.04, Ley de Armas

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Peticionario

vs. CC-2005-754 CERTIORARI

Juan M. Negrón Ayala

Recurrido

OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 1 de junio de 2007

El jurado que intervino, como juzgador de los

hechos, en el proceso que se celebrara ante la Sala

Superior de San Juan del Tribunal de Primera

Instancia contra Juan M. Negrón Ayala por el delito

de Asesinato en Primer Grado y violación al

Artículo 4.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico,

rindió veredictos de culpabilidad en ambos cargos.

Sentenciado que fuera, Negrón Ayala apeló ante el

Tribunal de Apelaciones imputándole al foro

primario, de manera principal, haber errado al

negarse a transmitir al jurado una instrucción

sobre el delito de Homicidio Voluntario. El foro

apelativo intermedio acogió dicho planteamiento y,

en consecuencia, revocó las convicciones apeladas, CC-2005-754 2

devolviendo el caso al tribunal e instancia para la

celebración de un nuevo juicio.

Inconforme, el Procurador General de Puerto Rico

acudió ante este Tribunal --vía certiorari-- imputándole al

referido foro apelativo haber errado:

“...al concluir que, a la luz de la prueba presentada por el Ministerio Público y admitida en evidencia, era necesario que el juez que presidió los procedimientos impartiera instrucciones sobre el delito de homicidio voluntario, cuya ausencia diera lugar a la revocación del veredicto de culpabilidad y la sentencia dictada con el Sr. Negrón Ayala por el delito de asesinato en primer grado.”

Expedimos el recurso. Estando en posición de resolver

el mismo, procedemos a así hacerlo. Revocamos; veamos por

qué.

I

Conforme la prueba que desfilara ante el tribunal de

instancia, los hechos ocurrieron el 15 de noviembre de

2001, aproximadamente a eso de las 11:00am, en las oficinas

centrales de la Unión de Tronquistas. Como consecuencia de

lo ocurrido, el Sr. Noel Colón González, entonces

presidente de la mencionada Unión, falleció de seis (6)

disparos de revolver que le hiciera Negrón Ayala --hecho

que no está en disputa-- mientras ambos se encontraban,

solos, en la oficina privada del señor Colón González.

Una lectura de los testimonios prestados durante el

proceso por los testigos que declararon en el mismo

demuestra, en síntesis, que a la hora mencionada, el CC-2005-754 3

acusado Negrón Ayala, llevando una mochila en sus manos,

entró con el señor Colón González a la oficina de éste,

cerrándose la puerta tras ellos. Casi inmediatamente

después, los testigos escucharon “voces altas”, o una

“discusión”, proveniente de la mencionada oficina1 y, luego,

se escucharon varias detonaciones de armas de fuego, a

intervalos de varios segundos. Dichos testigos --todos

empleados de la Unión-- vieron cuando Negrón Ayala salió de

la oficina, le pidió a uno de ellos que se encargara de su

hijo menor de edad --el cual se encontraba en su automóvil

en el estacionamiento de la oficina-- y le entregó un

revolver a otro de sus compañeros empleados con la súplica

de que lo “desapareciera”.

El patólogo forense que practicó la autopsia de Colón

González testificó que el cadáver mostraba seis heridas de

bala “con trayectoria de abajo hacia arriba y otras con

trayectorias de arriba hacia abajo”. El agente de la

policía de Puerto Rico que realizó la investigación

preliminar del asesinato ocurrido ocupó, en la persona de

Negrón Ayala, una carta de cesantía dirigida a éste de

parte del señor Colón González.

Por otro lado, debe enfatizarse que el recurrido

Negrón Ayala testificó en su propia defensa. Su testimonio,

es de notar, resulta significativo y determinante a la

correcta solución de la controversia hoy ante nuestra

consideración, esto es, si el tribunal de instancia venía,

1 Algunos de los testigos no escucharon dichas “voces altas” o “discusión”. CC-2005-754 4

o no, en la obligación de transmitirle a los señores del

jurado una instrucción sobre el delito de homicidio

voluntario. Un análisis del mismo demuestra que el

testimonio del acusado, realmente, se limitó a tratar de

establecer una defensa propia. Dicho de otra manera, la

declaración prestada por Negrón Ayala en corte abierta no

estableció la provocación, o circunstancias, que requiere

nuestra jurisprudencia para que el magistrado venga en la

obligación de trasmitir una instrucción al jurado sobre el

delito de homicidio voluntario.2

II

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico consagra el derecho a juicio por jurado que tiene toda

persona que sea acusada por la comisión de delito grave.

Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1; véase,

además: Pueblo v. Bonilla Ortiz, 123 D.P.R. 434, 438-39

(1989); Pueblo v. Cruz Correa, 121 D.P.R. 270, 276 (1988).

2 En apretada síntesis, el testimonio prestado por Negrón Ayala fue a los efectos de que: luego que Colón González y él entraron a la oficina, el primero le entregó una carta de cesantía; al él cuestionarle el porqué de la misma, Colón González contestó “esto es lo que hay”; Negrón Ayala le requirió, a renglón seguido, el pago de la mesada, a lo que Colón González replicó que a él lo que “le iban a pegar era un tiro”; que, inmediatamente, después de estas palabras vio a Colón González intentar sacar una pistola de su escritorio y fue, entonces, cuando él se le fue encima, hubo un forcejeo, --su mente se le fue en blanco-- y lo próximo que recuerda fue cuando vio a Colón González tirado en el piso. Como es de notar, no hay testimonio alguno a los efectos de que, como consecuencia de la conversación sostenida, él montara en cólera. Por el contrario, su mente “se le fue en blanco”, razón por la cual no hubo probabilidad alguna de un arranque de cólera de su parte. CC-2005-754 5

Igualmente, la Regla 111, de las de Procedimiento Criminal,

34 L.P.R.A. Ap. II, R. 111 reconoce el derecho a ser

juzgado por sus pares a todo acusado de delito grave e

inclusive, en ciertas circunstancias, al acusado de delito

menos grave. Véase, Pueblo v. Lorio Ormsby, 137 D.P.R. 722,

727 (1994); Pueblo v. Cruz Correa, ante; E.L. Chiesa

Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados

Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1992, Vol. II, pág. 273.

Dentro de este esquema le corresponde al jurado, como

encomienda principal, ser el juzgador de los hechos. Véase:

Pueblo v. López Guzmán, 131 D.P.R. 867, 887 (1992) citando

a Pueblo v. Cruz Correa, ante, a las págs. 276-78; Pueblo

v. Bonilla, ante, a la pág. 439. Ello implica que el jurado

tendrá la última palabra no sólo en cuanto a la

culpabilidad o inocencia del imputado, sino que, además,

será el que determine –-en caso de entender que el acusado

incurrió en responsabilidad en relación con los hechos que

se le imputan-- el delito específico, o el grado del mismo,

por el cual éste debe responderle a la sociedad. Pueblo v.

Cruz Correa, ante, a la pág. 277; Pueblo v. Bonilla Ortiz,

ante, a la pág. 439. En resumen, su función comprende

evaluar la evidencia que sea presentada y admitida por el

tribunal durante el juicio y llegar a las conclusiones de

hechos correspondientes. Luego, aplicando el derecho, según

le es instruido por el juez que preside el proceso, deberá

emitir un veredicto. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal

de Puerto Rico y Estados Unidos, ante, a las págs. 319-320. CC-2005-754 6

Es también el jurado el llamado a aquilatar la prueba

desfilada y a quien le corresponde decidir si le da crédito

o no a la misma. Pueblo v. Lorio Ormsby, ante, a las págs.

727-29.

Ahora bien, en vista de que el jurado está compuesto

de personas desconocedoras del ordenamiento jurídico, para

que éstos puedan desempeñar su función a cabalidad se

requiere que sea correctamente instruido sobre el derecho

aplicable por el juez que presida el proceso. Véase: Pueblo

v. Lorio Ormsby, ante, a la pág. 727; Pueblo v. Bonilla

Ortiz, ante, a la pág. 439; Pueblo v. Cruz Correa, ante, a

la pág. 277; Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 139, 150

(1986). De este modo, las instrucciones al jurado son el

mecanismo procesal a través del cual el jurado tomará

conocimiento del derecho aplicable al caso. Pueblo v.

Landmark, 100 D.P.R. 73, 79 (1971).

En varias ocasiones hemos enfatizado la importancia de

las instrucciones que el juez debe transmitir al jurado.

Pueblo v. Tufiño Cruz, 96 D.P.R. 225, 229 (1968); Pueblo v.

Burgos Dávila, 76 D.P.R. 199, 202 (1954); Pueblo v. Méndez,

74 D.P.R. 913 (1953). En términos generales, el acusado

tiene derecho a que se le transmita al jurado todos los

aspectos de derecho que, bajo cualquier teoría razonable,

pudieran ser pertinentes en las deliberaciones, ello aunque

la prueba de defensa sea débil, inconsistente o de dudosa

credibilidad. Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 D.P.R. 84

(2000); Pueblo v. Miranda Santiago, 130 D.P.R. 507, 518 CC-2005-754 7

(1992); Pueblo v. Tufiño Cruz, ante. Esto es así ya que

“corresponde al jurado y no al tribunal rendir un veredicto

conforme a la ley y los hechos del caso, según aquél

aquilate la prueba y determine los hechos.” Pueblo v.

González Colón, 110 D.P.R. 812, 815 (1981).

Las instrucciones deben incluir los elementos del

delito imputado, haciendo hincapié en que el ministerio

fiscal tiene la carga probatoria de establecer todos los

elementos del mismo más allá de duda razonable. También

debe incluirse instrucciones sobre la forma de culpabilidad

exigida para ese delito, es decir, sobre la intención o

negligencia criminal requerida. Véase, Chiesa Aponte,

Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos,

ante, a las págs. 331-32. Ello en vista de que el estado

mental o “mens rea” es un elemento subjetivo que le

corresponde determinar al jurado a la luz de los hechos.

Pueblo v. Bonilla Ortiz, ante, a las págs. 441-42.

Además, las instrucciones deben cubrir los elementos

de aquellos delitos inferiores al imputado o comprendidos

dentro de éste; ello siempre y cuando la prueba así lo

justifique. Véase: Pueblo v. Rodríguez Santana, 146 D.P.R.

860, 886 (1998); Pueblo v. Lorio Ormsby, ante, a la pág.

727; Pueblo v. González Colón, ante, a la pág. 815. Esto

es, una instrucción sobre delitos inferiores no le será

transmitida al jurado de forma automática, sino que, es

necesario que exista evidencia de la cual el jurado pueda

razonablemente inferir que el acusado es culpable del CC-2005-754 8

delito inferior. Véase: Pueblo v. Saltari Crespo, 53 D.P.R.

893, 910 (1938).

Vemos pues, que el fundamento para impartirle al

jurado una instrucción sobre delito inferior es que la

misma esté apoyada en prueba que la justifique. El problema

es determinar qué implica el que “la prueba justifica las

instrucciones”. Sobre este particular se ha expresado que:

[E]sto sólo puede significar que haya evidencia admitida, que de ser creída por el jurado, sería suficiente como cuestión de derecho penal sustantivo, para que el acusado prevalezca. El juez no debe aquí hacer juicio de credibilidad alguno para no impartir la instrucción, pues estaría usurpando funciones del jurado, en violación del derecho constitucional del acusado a juicio por jurado. ...

Ahora bien, la facultad que la ley le concede al

jurado no puede ser ejercitada caprichosa o

arbitrariamente. Véase: Pueblo v. Saltari Crespo, ante, a

la pág. 910. A esos efectos hemos expresado que:

El veredicto que reduzca el grado de delito debe estar fundado en evidencia tendente a demostrar o capaz de producir duda razonable sobre la existencia del delito inferior; y si esa evidencia no existe, ni el juez puede transmitir instrucciones sobre el delito inferior, ni el jurado puede traer un veredicto reduciendo el grado del imputado en la acusación. Ibid.

Es por ello que un juez actúa correctamente al denegar

una instrucción sobre un delito menor incluido si estima

que la evidencia, aun pudiendo ser creída por el jurado,

resulta insuficiente en derecho para establecer la

comisión del referido delito. Chiesa Aponte, Derecho CC-2005-754 9

Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, ante, a la

pág. 332.

Refiriéndonos, específicamente, a la procedencia de

una instrucción sobre el delito de homicidio en un

procedimiento seguido contra un acusado por el delito de

asesinato hemos expresado, desde Pueblo v. Galarza, 71

D.P.R. 557, 561-62 (1950), que:

No es necesario que la prueba de homicidio resulte incontrovertida o concluyente sobre la cuestión; mientras haya algun[a] … prueba a es[os] efecto[s], el jurado es el llamado a aquilatar la misma. De haber alguna evidencia tendiente a demostrar un estado de hechos que haga caer el caso dentro de la definición de homicidio ... es al jurado que incumbe determinar si tal prueba es cierta o no, y si la misma demuestra que el delito cometido fue homicidio ... y no asesinato.

No obstante lo anterior, hemos sido enfáticos en que

el tribunal sentenciador no debe transmitir instrucciones

de homicidio si los autos carecen de evidencia que

justifique tal veredicto. Véase: Pueblo v. Moreno Morales

I, 132 D.P.R. 261, 283 (1992); Pueblo v. Torres Rodríguez,

119 D.P.R. 730, 744 (1987); Pueblo v. Padros García, 99

D.P.R. 384, 395 (1970); Pueblo v. Serbiá, 75 D.P.R. 394,

398 (1953). Fomentar dicha práctica equivaldría a autorizar

al jurado a que imponga un castigo diferente al prescrito

para el delito que de hecho se cometió. Ibid.

Como es sabido el Artículo 85 del Código Penal de 1974

dispone que comete el delito de homicidio “[t]oda persona

que matare a otra en ocasión de súbita pendencia o arrebato

de cólera...” 33 L.P.R.A. sec. 4004. Los elementos de este CC-2005-754 10

delito son: dar muerte a un ser humano, como consecuencia

de una pendencia súbita o de un arrebato de cólera, causado

por una provocación adecuada de parte de la víctima. Pueblo

v. Rivera Alicea, 125 D.P.R. 37, 46 (1989); Pueblo v. Cruz

Correa, ante, a la pág. 279. Se trata de un acto

intencional e ilegal que causa la muerte, pero por existir

circunstancias atenuantes la calificación del delito y la

pena varían en beneficio del acusado. La circunstancia

atenuante consiste en que el acto del acusado fue una

reacción irreflexiva, pasional, súbita e inmediata,

provocada por la víctima u otra persona actuando con ésta.

Ibid.

El homicidio se comete sin que medie reflexión y

premeditación; esto es, sin un previo plan para matar.

Pueblo v. Moreno Morales I, ante, a la pág. 284. Del mismo

modo, el elemento de maldad o malicia está ausente en este

delito. Pueblo v. Negrón Caldero, 157 D.P.R. 413 (2002).

Estas características son las que, precisamente,

diferencian al homicidio del asesinato en primer y segundo

grado. Véase, Pueblo v. Gómez Nazario, 121 D.P.R. 66, 73

(1988); Pueblo v. Orlando González, 120 D.P.R. 684, 689

(1988).

El homicidio presupone que el autor de la muerte actuó

movido por una provocación adecuada de tal naturaleza que

lleve a una persona ordinaria a perder su dominio y actuar

bajo impulsos mentales causados por cólera, pendencia o

emoción violenta. Véase: Pueblo v. Negrón Caldero, ante; CC-2005-754 11

Pueblo v. Moreno Morales I, ante, a las págs. 283-84;

Pueblo v. Rivera Alicea, ante, a la pág. 46; Pueblo v. Cruz

Correa, ante, a la pág. 279. Sin embargo, la sed de

venganza nunca será suficiente para catalogar el delito

como un homicidio. La Fave & Scott, Substantive Criminal

Law, Minnesota, West Publishing Co., 1986, Vol. 2, sec.

7.10(a), pág. 255; Witkin & Epstein, California Criminal

Law, 2da. ed., California, Bancroft-Whitney Co., 1988, Vol.

1, sec. 515, pág. 582. Asimismo, hemos sostenido que “[s]i

no existe esa provocación o si habiendo existido [la misma]

no es lo suficientemente grave y la actuación del matador

está fuera de toda proporción con el grado de la

provocación, el acto de dar muerte constituye asesinato

aunque el acusado no hubiese preconcebido la idea.” Pueblo

v. Lebrón, 61 D.P.R. 657, 667 (1943).

De lo anterior se desprende que para determinar la

posible comisión del delito de homicidio hay que

identificar, al menos, tres factores. Éstos son: (i) que la

muerte haya ocurrido mientras el actor se encontraba en un

arrebato de cólera o pendencia súbita (“heat of passion”);

(ii) que la muerte estuviere precedida de una provocación

adecuada; y (iii) que la muerte haya ocurrido antes de que

el arrebato o pendencia sufrida por el actor razonablemente

se hubiere enfriado (“cooling off period”). Perkins &

Boyce, Criminal Law, 3ra. ed., New York, Foundation Press,

Inc., 1982, pág. 85; La Fave & Scott, Criminal Law,

Minnesota, West Publishing Co., 1982, pág. 573; Torcia, CC-2005-754 12

Wharton’s Criminal Law, 15ta. ed., New York, Clark Boardman

Callaghan, 1994, sec. 166, págs. 367-69.

Ahora bien, cuando hablamos del delito de asesinato

nos referimos a un solo delito consistente, el mismo, en

“dar muerte a un ser humano con malicia premeditada.”

Véase, Artículo 82 del Código Penal de Puerto Rico, 33

L.P.R.A. sec. 4001. Éste, a su vez, se divide en grados

atendiendo a la perversidad demostrada por el acusado al

cometer el acto y al sólo efecto de la imposición de la

pena. Pueblo v. Rivera Alicea, ante, a la pág. 44; Pueblo

v. Pérez Martínez, 84 D.P.R. 181, 184 (1961). El asesinato

es un delito que, por su definición y naturaleza, conlleva

un acto perverso, malintencionado y contrario a los valores

éticos y morales de nuestra sociedad. Denota un estado o

condición en el actor, compuesto por una deficiencia

inherente en su sentido de moral y rectitud, ello como

resultado de haber dejado de preocuparse por el respeto y

la seguridad de la vida humana. Rivera Pagán v. Supte. de

la Policía, 135 D.P.R. 789, 800 (1994).

En cuanto a los grados de asesinato observamos que la

diferencia radica en que el asesinato en primer grado

requiere, aparte de la malicia premeditada, el elemento de

la deliberación; mientras que en el asesinato en segundo

grado la muerte es maliciosa y premeditada, pero la

deliberación está ausente. Véase, Artículo 83 del Código

Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4002; Pueblo v. Gómez Nazario,

ante, a la pág. 73; Pueblo v. González Pagán, ante, a la CC-2005-754 13

pág. 689. Esto es, el asesinato en primer grado se

caracteriza por la deliberación y la intención específica

de matar. Pueblo v. Méndez, 74 D.P.R. 913, 926 (1953). Ello

a diferencia del asesinato en segundo grado en el cual

basta la malicia premeditada, sin intención específica para

matar; es decir, se refiere a la intención de realizar un

acto o producir un grave daño corporal que con toda

probabilidad resultará en la muerte de una persona. Pueblo

v. Méndez, ante; Pueblo v. Blanco, 77 D.P.R. 767, 775

(1954).

La malicia premeditada, que es el elemento mental

requerido en el delito genérico de asesinato, implica la

ausencia de justa causa o excusa y conciencia al ocasionar

la muerte de un semejante. Pueblo v. Carmona, Rivera, 143

D.P.R. 907, 914 (1997); Pueblo v. Robles González, 132

D.P.R. 554, 563 (1993); Pueblo v. Rivera Alicea, ante, a la

pág. 45. Por otro lado, la deliberación es la resolución o

decisión de matar, después de darle alguna consideración.

Véase: Pueblo v. Rosario, 67 D.P.R. 371, 375 (1967).

Ello no obstante, cualquier período de tiempo, por

corto que sea, será suficiente para que pueda tener lugar

la deliberación. Incluso, hemos sostenido que ese lapso

puede ser tan rápido como el pensamiento. Véase: Pueblo v.

Echevarría Rodríguez I, ante, a la pág. 368 n. 59; Pueblo

v. Rosario, ante. Esto es, tanto la deliberación como la

malicia premeditada no requieren necesariamente de un plan

previo ni que se conciban con mucho tiempo de antelación a CC-2005-754 14

los hechos. Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 D.P.R.

299, 368 (1991). No tiene que transcurrir determinado

período de tiempo entre la intención de matar y la muerte

misma ya que ambos elementos pueden concebirse en el

momento mismo del ataque. Véase: Pueblo v. González Pagán,

ante, a la pág. 689; Pueblo v. López Rodríguez, 101 D.P.R.

897, 899 (1974). A esos efectos hemos expresado que “la

premeditación [y la deliberación] puede[n] formarse en un

instante antes del acto, y puede[n] existir ... no obstante

la rapidez con que el acto se haya realizado.” Pueblo v.

Méndez, ante, a la pág. 921.

Por otra parte, la deliberación y la malicia son

elementos subjetivos que, de ordinario, no pueden probarse

con evidencia directa por lo que, en ocasiones, es preciso

recurrir a los hechos del caso para determinar si de ellos

razonablemente pueden inferirse. Pueblo v. López Rodríguez,

ante, a las págs. 898-99; Pueblo v. Rosario, ante, a la

pág. 375. Estos elementos pueden deducirse a base de los

actos y las circunstancias que rodearon la muerte; la

relación entre las partes; la capacidad mental, motivación,

manifestaciones y conducta del acusado; así como de los

hechos anteriores, concomitantes y posteriores al crimen.

Véase, Artículo 14 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3061;

Pueblo v. Carmona, Rivera, ante, a las págs. 914-15; Pueblo

v. Moreno Morales I, ante, a la pág. 287; Pueblo v. Rivera

Alicea, ante, a la pág. 45; Pueblo v. López Rodríguez,

ante, a la pág. 899. “‘Una intención maliciosa y criminal CC-2005-754 15

se presume por la manera ... [en] que ... se comet[e] un

acto ilegal con el propósito de perjudicar a otro.’” Pueblo

v. Carmona, Rivera, ante, a la pág. 915 citando a Pueblo v.

Santiago, 54 D.P.R. 167, 171 (1939).

Cónsono con lo anterior, este Tribunal ha reconocido

varias instancias en las que fácilmente se puede inferir la

malicia premeditada y/o la deliberación. A modo de ejemplo,

podemos señalar: el acto de atacar a una persona con una

arma mortífera ya que, del uso de la misma, puede inferirse

la intención de matar o causar daños cuya consecuencia

probable es la muerte; atacar con una arma a una persona

desarmada; dispararle a la víctima en más de una ocasión, a

corta distancia y alcanzándola en la cara; dispararle a la

víctima dos tiros con un arma de fuego y luego acercársele

para dispararle tres veces más mientras le dice “para

acabar contigo”; ultimar a balazos a la víctima luego de

que ésta retrocediera y rogara para que no le disparara;

cuando sin mediar palabras el acusado le dispara a unos

jóvenes y mata a uno de ellos; cuando sin mediar palabras

el acusado le dispara tres tiros a un policía que le ordenó

detenerse; inferirle numerosas heridas punzantes a la

víctima atacándola por la espalda; apuñalar al occiso

mientras otro lo agarra.

Como expresáramos antes, son precisamente los

elementos de malicia y deliberación los que distinguen un

asesinato de un homicidio. Para determinar si, en casos

como el presente, la prueba justificaba impartir la CC-2005-754 16

instrucción sobre homicidio debemos, en primer lugar,

examinar la misma para ver si en la actuación del acusado,

al momento de matar a la joven, hubo elementos de malicia

y/o deliberación, característicos del delito de asesinato,

y, en segundo término, para determinar si,

independientemente del hecho de la existencia de malicia y

premeditación, se presentó prueba que justificaba, o hacia

mandatoria, la instrucción al jurado sobre el delito de

homicidio voluntario. (Énfasis suplido y en el original.)

III

Un análisis, objetivo y sereno, de la evidencia que

desfilara en el presente caso ante el juzgador de los

hechos a nivel de instancia --el jurado-- nos convence de

que el Estado presentó prueba, más allá de duda razonable,

de todos y cada uno de los elementos del delito por el cual

fue convicto el recurrido Negrón Ayala, esto es, por el

delito de asesinato en primer grado y que no desfiló prueba

que hiciera necesario que el tribunal de instancia le

trasmitiera al jurado una instrucción sobre el delito de

homicidio voluntario.

Conforme la prueba desfilada, el recurrido Juan M.

Negrón Ayala entró --con una mochila-- a una oficina de la

Unión de Tronquistas en compañía del Sr. Noel Colón

González, quien era el supervisor del primero y la persona

que fue asesinada por Negrón Ayala; que luego de que ambos

entraron a la oficina, se escucharon unas “voces altas” o CC-2005-754 17

“discusión”; inmediatamente se escuchó una detonación de

arma de fuego y, luego, varias detonaciones más en

intervalos de varios segundos; que Negrón Ayala salió de la

oficina, le pidió a un empleado de la Unión que se

encargara de su hijo menor de edad, y le entregó un arma de

fuego --el arma que causó la muerte-- a otro empleado y le

pidió a éste que la “desapareciera”.

Como podemos notar, de la prueba de cargo presentada,

el juzgador de los hechos podía razonablemente inferir que:

el acusado recurrido llevaba el arma de fuego en la

mochila, lo cual demuestra premeditación; que no hubo

discusión mayor, o conflicto, entre Negrón Ayala y Colón

González después que éstos entraron a la oficina ya que el

primer disparó se escuchó casi inmediatamente después de

que éstos entraran a la oficina, lo cual elimina la

posibilidad de una provocación o arrebato de cólera que

justificara una instrucción al jurado por homicidio

voluntario; que el motivo de la agresión fue el haber sido

despedido de su trabajo; que el acusado Negrón Ayala

ciertamente tenía la intención específica de matar a Colón

González pues le disparó seis veces; y que el acusado actuó

fríamente al cometer el delito pues, luego de los disparos,

salió y dio instrucciones sobre el cuido de su hijo y

solicitó que desaparecieran el arma de fuego, lo cual

demuestra que estuvo en control de sus emociones todo el

tiempo. Todo ello nos lleva a la conclusión de que lo

ocurrido fue un asesinato en primer grado. CC-2005-754 18

Por otro lado, el testimonio del propio acusado

confirma que no se podía considerar, en lo absoluto, que el

crimen cometido constituyera un homicidio voluntario, lo

cual hubiera requerido una instrucción a esos efectos. Esto

es, el testimonio del acusado no establece la provocación

ni el arrebato de cólera que requiere nuestra

jurisprudencia a esos efectos. Dicho de otra manera, en el

presente caso no hubo una provocación “de tal naturaleza

que lleve a una persona ordinaria a perder su dominio y

actuar bajo impulsos mentales causados por cólera,

pendencia o emoción violenta”. Pueblo v. Negrón Caldero,

ante; Pueblo v. Moreno Morales, ante.

En resumen, somos del criterio que los hechos hoy ante

nuestra consideración no son indicativos de una persona

actuando bajo los efectos de una súbita pendencia o

arrebato de cólera. Por el contrario, entendemos que los

mismos claramente demuestran que estamos ante una muerte

causada por una persona que actuó, fría y calculadamente, y

con sed de venganza, sentimiento que nunca podrá justificar

una instrucción por el delito de homicidio voluntario.

En vista de lo antes expuesto, la única instrucción

que realmente estaba justificada por la prueba fue la que,

precisamente, se le transmitió al jurado: la del delito de

asesinato y sus distintos grados. Por tanto, actuó

correctamente el juez de instancia al negarse a impartirle

al jurado una instrucción sobre el delito de homicidio

voluntario. CC-2005-754 19

IV

Procede, en consecuencia, revocar la sentencia emitida

por el Tribunal de Apelaciones en el presente caso.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se dicta Sentencia revocatoria de emitida en el presente caso por el Tribunal de Apelaciones.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rivera Pérez emitió Opinión disidente a la cual se unió la Juez Asociada señora Fiol Matta.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo CC-2005-754 21 EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Peticionario CC-2005-754 v.

Juan M. Negrón Ayala.

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor Rivera Pérez a la que se une la Jueza Asociada señora Fiol Matta.

San Juan, Puerto Rico, a 1 de junio de 2007.

La Mayoría concluye que el Tribunal de Primera

Instancia actuó correctamente al negarse a impartirle

voluntario. Somos del criterio que fue ofrecida y

admitida prueba suficiente para justificar impartir

la instrucción. Le correspondía entonces al Jurado

evaluar esa prueba y llegar a las conclusiones de

hechos correspondientes. Por tal motivo

respetuosamente DISIENTO del curso de acción aquí

tomado por la Mayoría.

Mediante el recurso presentado ante nos se

solicita la revisión de una Resolución emitida por el

Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de San CC-2005-754 2

Juan, mediante la cual se revocó la Sentencia emitida por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, en

la que se declaró culpable al señor Juan M. Negrón Ayala, en

adelante señor Negrón Ayala, por los delitos de asesinato en

primer grado e infracción a la Ley de Armas. El Tribunal de

Apelaciones revocó las convicciones y devolvió el caso para

la celebración de un nuevo juicio por razón de que el

Tribunal de Primera Instancia había errado al no transmitir

al Jurado las instrucciones solicitadas sobre el delito de

homicidio. Veamos el cuadro fáctico que origina el presente

recurso.

El 15 de noviembre de 2001, el señor Negrón Ayala entró a

la oficina del señor Noel Colón González, en adelante señor

Colón González, entonces presidente de la Unión de

Tronquistas, en adelante la Unión, y lo mató de varios

disparos de arma de fuego. Sobre este hecho no existe

controversia, ya que el señor Negrón Ayala lo admite.

El 26 de diciembre de 2001, el Ministerio Público presentó

acusación contra éste por el delito de asesinato en primer grado y por

infracción al Artículo 4.04 de la Ley de Armas por conducir y portar

una pistola cargada sin haber obtenido una licencia y con la cual

causó la muerte al señor Colón González.3

3 Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 106-107; Ley Núm. 404 de 11 de septiembre de 2000, según enmendada. CC-2005-754 3

Luego de varios trámites procesales, el 30 de abril de

2002 comenzó el juicio por Jurado. Al finalizar la

presentación de la prueba, y antes que se presentaran los

informes al Jurado, la defensa del señor Negrón Ayala

solicitó verbalmente que se impartieran instrucciones sobre

el delito de homicidio.4 El Tribunal de Primera Instancia

denegó la solicitud ya que no veía justificación para dicha

instrucción y procedió a impartir instrucciones de asesinato

en primer grado, segundo grado y legítima defensa.5 El

Jurado emitió veredictos de culpabilidad por mayoría de diez

(10) a (2) en el delito de asesinato en primer grado y por

unanimidad en el delito de violación a la Ley de Armas.

Insatisfecho, el señor Negrón Ayala acudió al Tribunal

de Apelaciones alegando la comisión de varios errores,

entre ellos, la decisión del Juez del Tribunal de Primera

Instancia negándose a impartir instrucciones sobre el

delito de homicidio.6 El 31 de mayo de 2005, el Tribunal de

Apelaciones determinó que, ante la prueba presentada por

las partes, y admitida durante el juicio, el Tribunal de

Primera Instancia venía obligado a impartirle al Jurado

instrucciones sobre el delito de homicidio. 7 En

consecuencia, el foro intermedio apelativo revocó las

4 Íd., pág. 252. 5 Íd., págs. 252-253. 6 Íd., págs. 90-112. 7 Íd., págs. 5-58. CC-2005-754 4

convicciones y devolvió el caso al foro primario para la celebración

de un nuevo juicio.8

Insatisfecho, el Procurador General acude ante nos mediante

recurso de Certiorari, alegando la comisión del error siguiente:

A. ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL CONCLUIR QUE, A LA LUZ DE LA PRUEBA PRESENTADA POR EL MINISTERIO PUBLICO Y ADMITIDA EN EVIDENCIA, ERA NECESARIO QUE EL JUEZ QUE PRESIDIÓ LOS PROCEDIMIENTOS IMPARTIERA INSTRUCCIONES SOBRE EL DELITO DE HOMICIDIO VOLUNTARIO, CUYA AUSENCIA DIERA LUGAR A LA REVOCACIÓN DEL VEREDICTO DE CULPABILIDAD Y LA SENTENCIA DICTADA CONTRA EL SR. NEGRÓN AYALA POR EL DELITO DE ASESINATO EN PRIMERA GRADO.

Durante el juicio en su fondo, el Ministerio Público y la

defensa presentaron evidencia y los testimonios de dieciocho (18)

testigos. A continuación presentamos, en síntesis, lo declarado por

algunos de ellos, conforme a la exposición narrativa estipulada de la

prueba, a los fines de exponer los hechos que originan el caso de

epígrafe.9

La señora Yolanda Landrau Ramos, recepcionista de la Unión y del

Hoffa Medical Center, declaró que el 15 de noviembre de 2001, a eso de

las once de la mañana, vio a los señores Colon González y Negrón Ayala

caminar juntos hacia el área de las oficinas que quedaban en la parte

de atrás. Atestó que mientras contestaba el teléfono escuchó una

detonación, continuó hablando, escuchó entonces una

8 Íd. 9 Íd., págs. 207-254. CC-2005-754 5

segunda detonación y que al intentar salir de su área de trabajo

escuchó una tercera detonación.10

La señora Nilsa Salgado Díaz, Secretaria Ejecutiva de la

Unión, declaró que presenció cuando los señores Colón

González y Negrón Ayala entraron juntos a las oficinas dentro

del edificio de la Unión. A los dos minutos, mientras ella

se dirigía a su oficina, escuchó dos detonaciones antes de

empezar a gritar por temor y avisarle a la señora Landrau

Ramos que saliera de las oficinas. Mientras estaba llamando

al sistema de emergencias 911, miró y vio al señor Negrón

Ayala pedir se llamara a la Policía, a una ambulancia y a un

abogado.11

El señor Ángel Figueroa Cortés, representante de la

Unión de Tronquistas, vio a los señores Colón González y

Negrón Ayala caminar por el frente de él y entrar a la

oficina del señor Colón González. Observó que el señor Negrón

Ayala llevaba una mochila en sus manos. Escuchó una

discusión que provenía de adentro de la oficina y como a los cinco

(5) o siete (7) segundos escuchó tres (3) detonaciones. Las

detonaciones provenían de la oficina del señor Colón González, en

intervalos de tres (3) a cuatro (4) segundos cada una. Inmediatamente

se dirigió a la oficina del señor Colón González y trató de abrir la

puerta sin éxito. En ese momento, el señor Negrón Ayala le indicó que

se llevara a su hijo que estaba en un vehículo en el

10 Íd., págs. 208-211. 11 Íd., págs. 211-212. CC-2005-754 6

estacionamiento de la Unión. Después, sintió unos golpes

de patadas en el piso y escuchó al señor Negrón Ayala decir:

“¡Cabrón, quién es el próximo!”. De nuevo escuchó al señor

Negrón Ayala decirle que: “Llévate a mi nene que está en el

parking”. Al llegar al vehículo del señor Negrón Ayala, notó

que el vehículo estaba encendido y que el hijo de éste se

encontraba dentro. En ese momento observó al señor Negrón

Ayala salir de las oficinas de la Unión y entregarle un arma

de fuego al señor Juan Viñas. Después observó al señor

Negrón Ayala acercarse al vehículo encendido, hablar con su

hijo, echar la mochila en el carro y entrar de nuevo a las

oficinas de la Unión.12

El señor José Santos Betancourt, declaró que el arma de

fuego, pistola Smith & Wesson, 9mm, color marrón y negra,

número de serie A-303533, se le extravió en el mes de octubre

del año 1980. Posteriormente se probó que esta fue el arma

que le causó la muerte al señor Colón González.13

El señor Juan Viñas, empleado en el Departamento de

Mantenimiento y Mensajería de la Unión, testificó que estando

en el salón de conferencias de la Unión, escuchó las voces

altas de los señores Negrón Ayala y Colón González. Se percató que la

voz más alta era la del señor Negrón Ayala. Más tarde escuchó un tiro,

abrió la cortina pero no vio nada. Segundos más tarde escuchó una

ráfaga de tiros provenientes de la oficina del señor Colón González.

12 Íd., págs. 212-216. 13 Íd., pág. 216 CC-2005-754 7

Se tiró al piso, vio a la señora Nilsa Salgado salir

corriendo, se levantó y salió corriendo detrás de ella hacia

la calle. Un tiempo después, volvió a las oficinas de la

Unión y se encontró al señor Negrón Ayala quien le dijo,

“Cógela y desaparécela”, en alusión al arma de fuego. El

señor Viñas cogió el arma que estaba todavía caliente y la

escondió detrás de unos sacos de cemento en el salón de

conferencias de la Unión. Tres días después procedió a

entregar el arma al agente José A. Mojica Rivera.14

El agente Agustín Rodríguez Pellot, declaró que a eso de

la once y cuarenta y cinco de la mañana (11:45 A.M.), se le

informó de un tiroteo en las oficinas de la Unión. Al llegar

a las facilidades encontró al señor Negrón Ayala intranquilo

y caminando de lado a lado. Le notó manchas de sangre en los

talones del pantalón, sin embargo no estaba herido en la

pierna. El señor Negrón Ayala le indicó que no iba a hablar

hasta que llegara su abogado.15

El agente Manuel Pietri, declaró que a eso de las once y

cincuenta de la mañana (11:50 A.M.), recibió información de

que hubo un tiroteo en la oficina de la Unión. Al llegar a

la escena, notó una mancha de sangre en el tobillo al señor

Negrón Ayala. El señor Negrón Ayala indicó que no estaba

herido. Procedió a leerle sus derechos y se puso bajo

14 Íd., págs. 216-220. 15 Íd., págs. 220-221. CC-2005-754 8

arresto. En el bolsillo del señor Negrón Ayala se le

encontró una carta de cesantía.16

El doctor Luis Ariel Ortiz, médico generalista del Hoffa

Medical Center, declaró que estaba en la Oficina

Administrativa de la Unión cuando escuchó al señor Luis Viñas

decir: “Llamen a la ambulancia que Juan mató a Noel”. En ese

momento se dirigió a la oficina del señor Colón González,

donde encontró su cuerpo herido y observó varias manchas de

sangre en la pared. Describió que el señor Colón González

estaba acostado y parecía que había chocado contra la pared y

se había deslizado.17

El doctor Francisco Cortés González, patólogo forense, adscrito al

Instituto de Ciencias Forenses, declaró que la autopsia del señor Colón

González se llevó a cabo el 16 de noviembre de 2001 y se preparó el

informe médico forense el 11 de enero de 2002. Identificó seis (6)

heridas de bala en el cuerpo, con trayectorias de abajo hacia arriba y

otras con trayectoria de arriba hacia abajo.18

El señor Negrón Ayala, declaró que el día 15 de noviembre de 2001,

tuvo una reunión a l as seis de la mañana en Mayagüez. Su hijo lo

acompañó ese día, ya que su esposa estaba en unos seminarios en Estados

Unidos. Más tarde en la mañana recibió una llamada del señor Colón

González en la cual lo citó a una reunión en las oficinas de la Unión.

Al llegar a la Unión, ambos entraron a la oficina del señor

16 Íd., págs. 221-222. 17 Íd., págs. 223-225. 18 Íd., págs. 236-237. CC-2005-754 9

Colón González y el señor Negrón Ayala se sentó en una silla.

El señor Colón González abrió una gaveta del escritorio y le

entregó al señor Negrón Ayala la carta de despido. Éste la

leyó y le cuestionó porque estaban tomando esta acción. A

esto, el señor Colón González le indicó, “¿Esto es lo que

hay?”, a lo que el señor Negrón Ayala le dijo, “Bueno,

ustedes me van a tener que pagar la mesada que le pagaron a

Gabby”. El señor Colón González alegadamente ripostó, “lo que

te vamos a pegar a ti es un tiro, cabrón”. En ese momento

observó al señor Colón González tratar de sacar una pistola

del escritorio y fue entonces cuando se le abalanzó encima,

forcejearon, momento en que afirmó que la mente se le fue en

blanco y que lo próximo que recuerda fue ver al señor Colón

González en sus pies. No estaba consciente de cuantos tiros

había disparado, no tenía noción de los casquillos en el

piso, ni de lo que había pasado.19

La Constitución de Puerto Rico dispone que toda persona

que sea acusada por la comisión de un delito grave tiene

derecho a juicio por un Jurado.20 De igual forma reza la

Regla 111, de las de Procedimiento Criminal, la cual

19 Íd., págs. 240-247. 20 Art. II, Sección 11 de Constitución de Puerto Rico; véase además: Pueblo v. Bonilla Ortiz, 123 D.P.R. 434, 438-439 (1989); Pueblo v. Cruz Correa, 121 D.P.R. 270, 276 (1988). CC-2005-754 10

reconoce el derecho a ser juzgado por sus pares a todo

acusado de delito grave.21

En nuestra jurisdicción, le corresponde al Jurado el

deber de actuar como juzgador de los hechos presentados

durante el juicio.22 Ello implica que será ese Jurado el que

tenga la última palabra no sólo en cuanto a la culpabilidad o

inocencia del imputado, sino en cuanto a la responsabilidad

en relación con los hechos que se le imputan sobre el delito

en específico, o el grado del mismo, por el cual éste debe

responderle a la sociedad.23 Su función principal es evaluar

la evidencia presentada durante el juicio y llegar a las

conclusiones de hechos correspondientes.24

Al finalizar la presentación de la evidencia por el

Ministerio Público y la defensa, el Jurado será instruido

sobre el derecho aplicable al caso por el juez que preside el

proceso.25 Las instrucciones al Jurado deben cubrir, si la

prueba lo justifica, no sólo los elementos del delito

imputado sino los delitos inferiores al delito imputado o

comprendido dentro de éste. También se deben incluir los

elementos esenciales de las defensas levantadas por el

21 34 L.P.R.A. Ap. II, R.111; Véase además: Pueblo v. Lorio Ormsby, 137 D.P.R. 722, 727 (1994). 22 Pueblo v. Cruz Correa, supra. 23 Íd. 24 Pueblo v. Rosario Orangel, 2003 TSPR 158, 2003 J.T.S. 167, 160 DPR ____ (2003). 25 Pueblo v. Cruz Correa, supra. CC-2005-754 11

acusado, así como los puntos de derecho que bajo cualquier

teoría pueden estar presentes en las deliberaciones, aunque

credibilidad. De igual forma se deben incluir instrucciones

sobre la forma de culpabilidad exigida para el delito

imputado, es decir, sobre la intención o negligencia criminal

requerida.26 Ello en vista que el “mens rea” es un elemento

subjetivo que le corresponde determinar al Jurado a la luz de

los hechos.27

Las instrucciones sobre delitos inferiores no serán

transmitidas de forma automática al Jurado. Será necesario

que exista evidencia de la cual el Jurado pueda

razonablemente inferir que el acusado es culpable del delito

inferior.28 Sobre este particular se ha expresado lo

siguiente:

“[E]sto solo puede significar que haya evidencia admitida, que de ser creída por el jurado, será suficiente como cuestión de derecho penal sustantivo, para que el acusado prevalezca. El juez no debe aquí hacer ejercicio de credibilidad alguno para no impartir la instrucción, pues estará usurpando funciones del Jurado, en violación del derecho constitucional del acusado a juicio por Jurado…”29

En Pueblo v. Galarza, supra., citando a Stevenson v.

United States, 162 U.S. 313 (1896), nos expresamos sobre la

26 Pueblo v. Rosario Orangel, supra. 27 Íd. 28 Íd. 29 E.L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1992, a la pág. 332. CC-2005-754 12

procedencia de una instrucción por el delito de homicidio en

un procedimiento seguido contra un acusado:

“No es necesario que la prueba de homicidio resulte incontrovertida o concluyente sobre la cuestión; mientras haya algún indicio de prueba a ese efecto, el Jurado es el llamado a aquilatar la misma. De haber alguna evidencia tendiente a demostrar un estado de hechos que haga caer el caso dentro de la definición de homicidio…, es al jurado que incumbe determinar si tal prueba es cierta o no, y si la misma demuestra que el delito cometido fue homicidio…y no asesinato.

“. . . .

“Para la corte la prueba puede tender a demostrar de manera abrumadora que se trata en verdad de un asesinato, y no de un homicidio o de un acto de defensa propia. Empero, mientras haya alguna prueba pertinente a la cuestión de homicidio, la credibilidad y peso de la misma es cuestión a ser determinada por el Jurado, y no una de derecho a ser resuelta por el tribunal.”30 (Traducción y Énfasis nuestro)

En Pueblo v. Galarza, supra., citando a Kinard v. United

States, 96 F.2d 522 (1938), expresamos lo siguiente:

“Es cierto que la declaración del acusado fue abiertamente controvertida. Podría sostenerse que la prueba tendía a demostrar de manera abrumadora que se había cometido un asesinato más bien que un homicidio voluntario…No era el deber de la corte sentenciadora apreciar la prueba y determinar si el acusado era culpable de asesinato o homicidio, sino meramente determinar la cuestión preliminar de derecho, o sea si hubo tal carencia de prueba sobre homicidio que exigía que la cuestión no fuera sometida a la consideración del Jurado,… El hecho de que en el presente caso hubiera otra prueba altamente persuasiva de que se trataba de un asesinato, no afecta la

30 Pueblo v. Galarza, 71 D.P.R. 557, 561-562 (1950). Stevenson v. United States, 162 U.S. 313, 314; 16 S. Ct. 839 (1896). CC-2005-754 13

aplicación de la regla enunciada.” (Traducción Nuestra)31

Por frágil que sea, si de la prueba surge alguna

evidencia que justifique un veredicto de homicidio, se deben

comunicar las instrucciones de tal delito.32 “No importa lo

increíble que pueda parecer determinada evidencia al juez que

dirige la celebración de un juicio por Jurado. No es a él

sino al Jurado al que corresponde decidir sobre el crédito

que deba darse a los testigos.”33

Sin embargo, no se deben transmitir tales instrucciones

si los autos carecen totalmente de evidencia que justifique

tal veredicto.34 Permitir que se transmitan tales instrucciones de

homicidio cuando los autos están huérfanos de evidencia que justifique

tal veredicto, equivale a autorizar al Jurado que imponga un castigo

diferente al prescrito para el delito que se cometió.35

El Artículo 85 del antiguo Código Penal de Puerto Rico dispone

que incurre en el delito de homicidio, “[t]oda persona que

matare a otra en ocasión de súbita pendencia o

31 Pueblo v. Galarza, supra.; Kinard v. United States, 96 F.2d 522, 68 App.D.C. 250 (1938). 32 Pueblo v. Moreno Morales I, 132 D.P.R. 261, 283. (1992); Pueblo v. López Guzmán, 131 D.P.R. 867, 887 (1992). 33 Pueblo v. Fernández, 49 D.P.R. 586, 592 (1936). 34 Pueblo v. Rosario Orangel., Íd.; Pueblo v. Cruz Correa, 121 D.P.R. 270, 278 (1988); Pueblo v. Torres Rodríguez, 119 D.P.R. 730, 744 (1987); Pueblo v. González Colón, 110 D.P.R. 812, 820 (1981); Pueblo v. Galarza, supra. 35 Pueblo v. Moreno Morales I, supra. CC-2005-754 14

arrebato de cólera…”.36 Los elementos de este delito son:

dar muerte a un ser humano, como consecuencia de una

pendencia súbita o de un arrebato de cólera, causado por

una provocación de parte de la víctima.37 Se trata de un

acto intencional e ilegal que causa la muerte, pero por

existir circunstancias atenuantes l a calificación del

delito y la pena varían en beneficio del acusado.38 La

circunstancia atenuante consiste en que el acto del acusado consiste

de una reacción irreflexiva, pasional, súbita e inmediata, provocada

por la víctima u otra persona actuando con ésta.39 Bajo esta

modalidad, la muerte de la víctima se produce sin mediar

premeditación y sin un previo plan para matar.40 La provocación

que mueve al autor del delito tiene que ser de tal

naturaleza que lleve a una persona ordinaria perder su dominio

por unos impulsos mentales causados por cólera, pendencia o una

emoción violenta.41 Asimismo hemos sostenido que “[si] no existe esa

provocación o si habiendo existido [la misma] no es lo

suficientemente grave y la actuación del matador está fuera de toda

proporción con el grado de la provocación, el acto de dar muerte

36 Código Penal de 1974; 33 L.P.R.A: §4004. 37 D. Nevares-Muñiz, Codigo Penal de Puerto Rico: Revisado y Comentado, San Juan, Inst. Desarrollo Derecho, 2000, págs. 152-154. 38 Pueblo v. Rosario Orangel, supra., Véase además, D. Nevares- Muñiz, Codigo Penal de Puerto Rico: Revisado y Comentado, supra., pág. 153. 39 Íd. 40 Pueblo v. Moreno Morales I, supra. 41 Pueblo v. Rosario Orangel, supra. CC-2005-754 15

constituye asesinato aunque el acusado no hubiese preconcebido

la idea.”42 El elemento de maldad o malicia está ausente en

este delito.43 De igual forma, la sed de venganza nunca

será razón suficiente para catalogar el delito de asesinato

como un homicidio.44

En la modalidad del homicidio por arrebato de cólera se

requiere que exista una previa provocación que sea lo

suficientemente capaz de lograr una reacción violenta,

intencional pero no calculada, ni preconcebida, en el hombre

prudente y razonable.45 En cambio, en la modalidad del

homicidio por súbita pendencia, se requiere la existencia de

una pelea súbita, a la cual se entra sin la intención previa

de matar o de causar algún tipo de daño corporal.46 Estas

características son las que, precisamente, diferencian al

homicidio del asesinato en primer y segundo grado. De

transcurrir un lapso de tiempo durante el cual la persona

pueda recobrar su auto control, o ha recapacitado o

premeditado, entonces se tratará de un asesinato y no de un

homicidio.47

42 Pueblo v. Lebrón, 61 D.P.R. 657, 667 (1943). 43 Pueblo v. Rosario Orangel, supra. 44 Íd. 45 D. Nevares-Muñiz, Codigo Penal de Puerto Rico: Revisado y Comentado, supra., pág. 154. 46 Íd. 47 Íd. CC-2005-754 16

Sobre los factores necesarios para determinar la

posible comisión del delito de homicidio hemos expresado lo

“Éstos son: (i) que la muerte haya ocurrido mientras el actor se encontraba en un arrebato de cólera o pendencia súbita (‘heat of passion’); (ii) que la muerte estuviera precedida de una provocación adecuada; y(iii) que la muerte haya ocurrido antes de que el arrebato o pendencia sufrida por el actor razonablemente se hubiera enfriado (‘cooling off period’).”48

En el caso de autos, la Opinión mayoritaria sostiene que

el foro intermedio apelativo erró al ordenar un nuevo juicio

ya que la única instrucción que estaba justificada por la

prueba fue la del delito de asesinato y sus distintos grados.

Diferimos. Veamos.

El señor Negrón Ayala declaró que el día de los hechos

el señor Colón González le entregó una carta de despido, a lo

cual él le indicó que iban a tenerle que pagar una cantidad

de dinero por concepto de mesada. A esto, el señor Colón

González le contestó, “[l]o que te vamos a pegar a ti es un

tiro cabrón”. En ese momento observó al señor Colón González

tratar de sacar un arma de fuego de una gaveta del escritorio

y fue entonces cuando se le abalanzó encima, forcejearon,

momento en que sostuvo se le fue la mente en blanco y lo

próximo que recuerda fue ver al señor Colón González en sus

pies.

48 Pueblo v. Rosario Orangel, supra. CC-2005-754 17

Es menester señalar que el testimonio del señor Negrón

Ayala es el único que narra lo que alegadamente ocurrió

dentro de la oficina del señor Colón González. El resto de

los testimonios se limitan a describir lo que se escuchó

antes de las detonaciones y lo que se pudo observar después

de las detonaciones. Sin embargo, dos testigos de cargo

declararon que oyeron una discusión entre los señores Negrón

Ayala y Colón González antes de las detonaciones. El

testigo, señor Ángel Figueroa Cortés escuchó una discusión

que provenía de adentro de la oficina del señor Colón

González y unos segundos después escuchó las detonaciones.

El señor Juan Viñas narró que escuchó las voces altas de los

señores Negrón Ayala y Colón González, momentos antes de

escuchar la primera detonación.

Con el beneficio de la evidencia antes descrita, nos

corresponde evaluar si el Tribunal de Primera Instancia tenía

la obligación de impartirle al Jurado las instrucciones

solicitadas por la defensa sobre el delito de homicidio.

Como piedra angular de su teoría, la defensa intentó

demostrar que la amenaza con un arma de fuego por parte del

señor Colón González hacia el señor Negrón Ayala fue la causa

de la reacción defensiva que provoca una reyerta entre ambos.

Es en medio de esta reyerta que el señor Negrón Ayala alegadamente

sufre tal arrebato de cólera o súbita pendencia que causa que su mente

se vaya en blanco y le de muerte al señor Colón González sin la malicia

premeditada requerida para que constituya asesinato. CC-2005-754 18

Somos del criterio que la evidencia presentada en el

caso de autos era suficiente para que el Tribunal de Primera

Instancia impartiera las instrucciones al Jurado sobre el

delito de homicidio. Le correspondía entonces al Jurado

aquilatar la versión del acusado, y evaluar si el testimonio

establecía que la muerte del señor Colón González era

consecuencia de un homicidio. A nuestro entender, se

presentó evidencia sobre la cual el Jurado estaba en posición

de determinar si el señor Negrón Ayala se encontraba en un

estado de súbita pendencia o arrebato de cólera al momento de

causarle la muerte al señor Colón González. Existe evidencia

de una discusión a puertas cerradas, una carta de despido,

unas voces altas, de una alegada provocación al sacarse un

arma de fuego, una posible legítima defensa, unos tiros, una

alegada reacción violenta defensiva, y un estado de

intranquilidad por parte del acusado posterior al incidente.

Están presentes suficientes elementos para permitir la instrucción de

homicidio solicitada por la defensa. Se debió someter la cuestión al

Jurado, para que fuera éste el que rindiera el veredicto que procedía.

La Opinión mayoritaria enumera una lista de hechos que el juzgador

debía “razonablemente inferir”. Comienza indicándonos que el juzgador

debió “razonablemente inferir” que el señor Negrón Ayala llevaba el arma

de fuego en la mochila, lo cual demuestra premeditación. Es menester

recalcar que la prueba directa desfilada durante el juicio nunca

estableció que en la mochila del señor Negrón Ayala CC-2005-754 19

había un arma de fuego. Sin embargo, de la misma forma que

se podía “inferir razonablemente” que el arma de fuego se

encontraba en la mochila del señor Negrón Ayala, podía

también “razonablemente inferirse” que en la gaveta del

escritorio del señor Colón González era donde se encontraba

esa arma de fuego. Ciertamente, a la luz de la evidencia y

del testimonio del señor Negrón Ayala, ambos asuntos podían

ser “razonablemente inferidos” por el juzgador de los hechos.

Por ende, era al Jurado y no al Juez, al que le correspondía

decidir cual de ambas versiones podía determinar como

cuestión de hecho, de forma indirecta.

La Opinión mayoritaria expresa además, que se debe

inferir que no hubo discusión mayor, o conflicto, ya que el

“primer disparo se escuchó casi inmediatamente después que

éstos entraran a la oficina…”, y esto “elimina la posibilidad

de una provocación o arrebato de cólera que justificara una

instrucción al jurado por homicidio voluntario”. Es menester

particulizar que el único testimonio que le narra al Jurado

lo que alegadamente ocurrió dentro de la oficina del señor

Colon González es el del acusado, señor Negrón Ayala. El

señor Negrón Ayala testificó que después que reclamó el pago de mesada,

fue que el señor Colón González le dijo, “lo que te vamos a pegar a ti

es un tiro, cabrón”, y observó al señor Colón González tratar de sacar

una pistola del escritorio fue entonces cuando se le abalanzó encima,

forcejearon, y se le fue la mente en blanco. Se podía inferir que la

conversación fue de corta duración, porque el señor Colón y CC-2005-754 20

González amenazó al acusado con un arma de fuego en un

espacio limitado de tiempo, lo que provocó el forcejeo entre

ambos, y el desenlace que ya conocemos. A la luz de la

evidencia y del único testimonio de los hechos que tenemos,

ambos asuntos podían ser “razonablemente inferidos” por el

juzgador de hechos. Por ende, era al Jurado y no al Juez, al

que le correspondía decidir a cual de ambas versiones debía

brindarle crédito.

No hay duda que el despido del señor Negrón Ayala por

parte del señor Colón González fue lo que motivó la reunión

entre ambos. Tanto es así, que al señor Negrón Ayala se le

encontró una carta de despido en el bolsillo del pantalón.

De acuerdo al testimonio del señor Negrón Ayala, se podía

“razonablemente inferir” que lo que provocó la discusión

inicial entre ambos fue el despido. Se podía inferir, como

sostiene la Opinión mayoritaria, “…que el motivo de la agresión fue el

haber sido despedido de su trabajo.” Pero también se podía “inferir

razonablemente” que lo que provocó la situación y el enfrentamiento

entre ambos fue la amenaza del señor Colón González y su movimiento

para extraer un arma de fuego de su escritorio. Era al Jurado y no al

Juez, al que le correspondía formular razonablemente la inferencia que

le permitiera determinar los hechos.

El juzgador de los hechos podía “razonablemente inferir”, “que el

acusado Negrón Ayala ciertamente tenía la intención específica de matar

a Colón González pues le disparó seis veces”. No se encuentra en

controversia que el señor Colón González recibió seis (6) disparos. Se CC-2005-754 21

puede “inferir razonablemente” que el disparar repetidas

veces a una persona es evidencia de intención específica de

matar. Sin embargo, en el caso de marras no hay evidencia

directa de que esa fue la situación. El único testigo de los

hechos es el propio acusado. Su testimonio narra que en el

momento que el señor Colón González sacó la pistola del

escritorio, él se le abalanzó encima, forcejearon, se le fue

la mente en blanco y que lo próximo que recuerda es ver al

señor Colón González en sus pies. A base de este testimonio,

se puede “razonablemente inferir” que una persona amenazada

con un arma de fuego sufra una reacción de tal magnitud que

le cause que su mente se vaya en blanco. Y en ese alterado

estado anímico, en medio de un forcejeo entre dos hombres,

donde hay un arma de fuego envuelta, “in the heat of

passion”, se pierda la noción de cuantos disparos se hagan.

Era al Jurado y no al Juez, al que le correspondía decidir a

cual de ambas versiones brindarle crédito.

Sostiene la mayoría, que el juzgador de los hechos

podía “razonablemente inferir”, que el “…acusado actuó

fríamente al cometer el delito, pues, luego de los disparos,

demuestra que estuvo en control de sus emociones todo el tiempo”.

Sin embargo, a base de la prueba directa desfilada, el juzgador de

hechos también podía “razonablemente inferir” que si el señor Negrón

Ayala, fríamente, con sed de venganza, premeditó la muerte del CC-2005-754 22

señor Colón González, no hubiera ido acompañado con su hijo

menor de edad a cometer tal barbaridad.

De otra forma, un Jurado podía “razonablemente inferir”

que el hecho que el acusado solicitara que se desapareciera

el arma y se cuidara a su hijo, eran actos instintivos de auto-

protección, a poco tiempo de un incidente altamente violento, confuso y

traumático. De nuevo, era al Jurado y no al Juez, al que le

correspondía decidir a cual de ambas versiones brindarle crédito.

Todo ello nos lleva a la conclusión que ante el

panorama de posibles “inferencias razonables”, era el Jurado

como juzgador de hechos, y no el Juez, el que tenía que

determinar si brindaba credibilidad al testimonio del señor

Negrón Ayala.

Muy distinto sería el asunto, si por ejemplo, hubiera existido

evidencia incontrovertible que el arma de fuego sí estaba en la

mochila del señor Negrón Ayala. Dada esa situación, ya no era

razonable inferir que el señor Negrón Ayala actuó como él dice que

actuó. Pero esa evidencia no existe en este caso, lo único que

tenemos es el testimonio del señor Negrón Ayala sobre lo que

alegadamente ocurrió dentro de esa oficina. Era el Jurado quien tenía

que decidir si brindaba credibilidad al testimonio del señor Negrón

Ayala. Eso no le correspondía al Juez.

La Opinión mayoritaria también expresa, que el testimonio del

señor Negrón Ayala no establece una provocación “…de tal naturaleza que

lleve a una persona ordinaria a perder su dominio y actuar bajo impulsos CC-2005-754 23

mentales causados por cólera, pendencia o emoción violenta”.49

Diferimos de tal criterio, el testimonio del señor Negrón

Ayala, establece que: el señor Colón González le dijo “lo que

te vamos a pegar a ti es un tiro, cabrón”; y que el señor

Colón González trató de sacar una pistola de su escritorio.

Entendemos, que el amenazar y a la vez sacar un arma de fuego

es una provocación “de tal naturaleza que lleva a una persona

ordinaria a perder su dominio y actuar bajo impulsos mentales

causados por cólera, pendencia o emoción violenta”.50 El sacar

un arma de fuego a otro ser humano, ciertamente puede causar

una “reacción irreflexiva, pasional, súbita e inmediata,

provocada por la víctima u otra persona actuando con ésta.”51

Hemos dicho que procede revocar una convicción cuando

el resultado del juicio posiblemente hubiera sido distinto

de haberse comunicado cierta instrucción al Jurado.52 Un

Juez no puede denegar una instrucción solicitada por la

defensa sólo porque le parezca débil o de pobre calidad la

evidencia presentada, si de esa prueba surge alguna evidencia

que justifique cierta instrucción. Es deber del juez

comunicar esa instrucción y permitir que sea el Jurado el

árbitro final al esclarecer los hechos. Es al Jurado a

49 Pueblo v. Negrón Caldero, 2002 TSPR 95; Pueblo v. Moreno Morales, 132 D.P.R. 261, 283 (1992). 50 Íd. 51 Pueblo v. Rosario Orangel, 2003, TSPR 158. 52 Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 D.P.R. 84, 96 (2000). CC-2005-754 24

quien correspondía determinar si la versión de los testigos

que escucharon una discusión y la versión del acusado

merecían credibilidad suficiente como para configurar el

delito de homicidio.

En su escrito, el Ministerio Público argumenta y la

Mayoría sostiene, que la instrucción solicitada por el delito

de homicidio es una incompatible con la teoría de legítima

defensa que sostiene el señor Negrón Ayala. Sin embargo,

este Tribunal ha expresado lo siguiente:

“Cuando tanto homicidio como defensa propia están en controversia y sostenidos por la prueba, deben darse instrucciones sobre ambos. Aunque se alegue defensa propia o se demuestre por la prueba, una instrucción de homicidio debe ser dada…”53 (Énfasis Nuestro)

No existe obstáculo alguno para que un Juez emita

instrucciones separadas de homicidio y legítima defensa

siempre y cuando sean sostenidas por la prueba desfilada. Si

la prueba tiende a sostener tanto una instrucción de

homicidio como una de defensa propia, es obligación del Juez

impartir ambas instrucciones al Jurado, y que sea el juzgador

de los hechos el que decida. Por ende, respetuosamente

entendemos, que concluir que una instrucción de homicidio es

incompatible con una instrucción de defensa propia no es correcto,

pues, dado los hechos de este caso, no son inconsistentes.

En el caso de marras, el Juez debió impartir al Jurado

las instrucciones de asesinato; homicidio; y legítima

defensa. Le correspondía al Jurado evaluar la evidencia

53 Pueblo v. Fernández, supra. CC-2005-754 25

presentada y llegar a sus propias conclusiones. Opinamos que

el testimonio del acusado y la evidencia presentada en el

caso de autos eran suficientes para que el Tribunal

impartiera las instrucciones al Jurado sobre el delito de

homicidio. Al no hacerlo, el Juez usurpó las funciones del

Jurado y posiblemente alteró el resultado final del juicio.

Concluimos que el resultado del juicio pudo haber sido

uno distinto de haberse brindado las instrucciones

solicitadas por la defensa. Un análisis objetivo y sereno de

la evidencia que desfilara ante el juzgador de los hechos,

nos convence de que se presentó prueba suficiente para

justificar impartir la instrucción del delito de homicidio.

Se cometió un grave error perjudicial al acusado al así no

hacerlo. Procedía que el Tribunal de Primera Instancia

impartiera al Jurado las instrucciones de asesinato en

primero y segundo grado; homicidio; diferencia entre el

asesinato y homicidio; y legitima defensa. Le correspondía

al Jurado evaluar la evidencia presentada y llegar a las

conclusiones de hechos correspondientes.

V

Por los fundamentos antes expuestos, concluimos que

actuó correctamente el Tribunal de Apelaciones.

Confirmaríamos la sentencia recurrida y devolveríamos el CC-2005-754 26

caso al Tribunal de Primera Instancia para la celebración de

un nuevo juicio. Por no ser ese el curso de acción de la

Mayoría respetuosamente DISENTIMOS.

Efraín E. Rivera Pérez Juez Asociado