Pueblo v. Casillas Díaz

2014 TSPR 28

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: February 26, 2014
• Docket: CC-2013-144
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido Certiorari v. 2014 TSPR 28 Raymond Casillas Díaz; Zaida M. Torres Martínez 190 DPR ____

Peticionarios

Número del Caso: CC-2013-144

Fecha: 26 de febrero de 2014

Tribunal de Apelaciones: Región Judicial de Fajardo

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Daniel Rivera Hernández Lcdo. Jaime Pérez Valentín Lcdo. José H. Pérez Frontera

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Margarita Mercado Echegaray Procuradora General

Lcda. Tanaira Padilla Subprocuradora General

Lcdo. Ricardo Alegría Pons Procuradora General Auxiliar

Materia: Derecho Penal – Suficiencia de la prueba; elemento subjetivo de intención requerida para el delito de escalamiento (Arts. 203 y 204 del Código Penal de 2004)

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Certiorari

Recurrido CC-2013-0144 v.

Raymond Casillas Díaz; Zaida M. Torres Martínez

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Rivera García

En San Juan, Puerto Rico, 26 de febrero de 2014.

En esta ocasión tenemos la encomienda de

examinar si el Ministerio Público cumplió con su

responsabilidad probatoria de demostrar la

culpabilidad de los peticionarios más allá de duda

razonable. Particularmente, el recurso de autos

nos brinda la oportunidad de expresarnos sobre el

delito de escalamiento y aclarar los parámetros

fácticos y legales que rigen su consumación

conforme a los Arts. 203 y 204 del derogado CC-2013-0144 2

Código Penal de Puerto Rico de 2004.1 En ese contexto, este

petitorio nos permite dejar palmariamente establecido en

qué consiste el elemento subjetivo de intención requerido

para el delito de escalamiento.

La adecuada atención de la controversia que nos ocupa

exige que expongamos los antecedentes fácticos e

incidentes procesales de mayor relevancia, así como el

estado de derecho aplicable. Empero, adelantamos que luego

de estudiar con estricto rigor los alegatos de las partes

y la transcripción del juicio en su fondo, revocamos

parcialmente la sentencia recurrida en cuanto a las

condenas por los delitos de escalamiento agravado y

alteración a la paz. Únicamente confirmamos respecto al

delito de agresión menos grave.

1 Arts. 203 y 204 de la Ley Núm. 149-2004 (33 L.P.R.A. ant. secs. 4831 y 4832). Los hechos que originaron el recurso de auto tuvieron lugar durante la vigencia del Código Penal de 2004, por lo que haremos referencia a dicho cuerpo legal para disponer de la controversia que nos ocupa. No obstante, es pertinente mencionar que la redacción del delito de escalamiento se mantuvo inalterada en el Código Penal de 2012, Ley Núm. 146-2012. Siendo así, los elementos del delito continúan siendo los mismos. Véase, Art. 194 del Código Penal de 2012, supra. La única modificación fue a los fines de aumentar la clasificación del delito a grave y fijar una pena de reclusión por un término fijo de cuatro (4) años. Íd. En lo que respecta al delito de escalamiento agravado, el Código Penal vigente añadió varias circunstancias específicas en las que se puede cometer el delito. De esta manera, se amplió el alcance del mismo al incluir cualquier otro lugar en donde la víctima tenga una expectativa razonable de intimidad. Véase, Art. 195(a) del Código Penal de 2012, supra. Asimismo, se incluyó aquella propiedad asignada por el gobierno para brindar vivienda pública y la circunstancia de cuando medie forzamiento para la penetración. Véase, Art. 195, incisos (b) y (c) del Código Penal de 2012, supra. A pesar de tales especificaciones, la penetración a una casa ocupada con el propósito de cometer delito de apropiación ilegal o cualquier delito grave – circunstancias que se evalúan en el caso de autos - continúa considerándose escalamiento agravado. En el nuevo artículo simplemente se añaden otras circunstancias que también podrían constituir la comisión de este delito. Consecuentemente, la doctrina que pautamos mediante esta Opinión es vinculante a la interpretación y aplicación de los Arts. 194 y 195 del Código Penal de 2012, supra. CC-2013-0144 3

I

Por hechos acaecidos el 28 de septiembre de 2011, el

Ministerio Público presentó acusaciones en contra de los

peticionarios, la Sra. Zaida M. Torres Martínez (“señora

Torres”) y su pareja consensual, el Sr. Raymond Casillas

Díaz (“señor Casillas”), por los delitos de agresión grave

y escalamiento agravado, conductas proscritas en los Arts.

122 y 204 del Código Penal de 2004, supra. Asimismo, se

presentó una acusación por el delito menos grave de

alteración a la paz en contra de la señora Torres. En lo

que respecta al delito de escalamiento agravado, el

Ministerio Público presentó la siguiente acusación:

[e]n el nombre y por la autoridad del Pueblo de Puerto Rico en el caso criminal NSCR 2011-1374 por Artículo 204 del Código Penal, delito, grave, del Pueblo de Puerto Rico versus Zaida M. Torres Martínez, […] por el delito del Artículo 204 del Código Penal cometido de la manera siguiente: La referida acusada, Zaida M. Torres Martínez en concierto y común acuerdo con Raymond Casillas Díaz allá en, o para el día 28 de agosto del 2011, en Río Grande, Puerto Rico que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo, ilegal, voluntaria, maliciosa, a sabiendas […] criminalmente y estando ocupada penetró en la residencia, propiedad de la Sra. Lisette Vargas Gerena, con el propósito de cometer agresión agravada grave, amenaza, daños y otros delitos, como en efecto los cometió, consistente en que la aquí imputada llegó a la residencia, arriba mencionado [sic], en donde sin autorización, tuvo acceso a la misma agrediendo a la perjudicada, amenazándola y rompiendo la ventana de la casa. Éste [sic] hecho es contrario a la ley para tal caso, prevista y a la paz y dignidad del Pueblo de Puerto Rico […]. (Énfasis suplido).2

2 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo, págs. 60 (ln. 7-23); 61 (ln. 1-19). Es preciso mencionar que ni la denuncia ni la acusación forman parte del expediente del caso de autos. CC-2013-0144 4

En cuanto al delito de agresión grave, el Ministerio

Público expuso lo siguiente en la correspondiente

acusación:

[e]n el nombre y por la autoridad del Pueblo de Puerto Rico en el caso criminal NSCR 2011-1375 por Artículo 122 del Código Penal Grave, cuarto grado. El Pueblo de Puerto Rico versus Zaida M. Torres Martínez, el Fiscal formula acusación contra Zaida M. Torres Martínez […] por el delito de Artículo 122, Código Penal Grave, cuarto grado, cometido de la siguiente manera: La referida acusada, Zaida M. Torres Martínez en concierto y común acuerdo con Raymond Casillas Díaz, allá en, o para el día 28 de agosto de 2011 en Río Grande Puerto Rico que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo, ilegal, voluntaria, maliciosa, a sabiendas y criminalmente por cualquier medio o forma causó a la señora Lisette Vargas Gerena una lesión consistente en que la aquí imputada cogió a la perjudicada por los hombros, lanzándola sobre su esposo, Miguel Bauzó Torres, estando la perjudicada, dándole la espalda a la aquí imputada. Ésta la cogió por el cuello apretándola fuertemente a la vez que le aruñaba el cuello. Luego el imputado, Raymond Casillas Díaz, la aguantó por los hombros, mientras que la aquí imputada, Zaida Torres la mordía en el brazo derecho, arrancándole un pedazo de carne. Luego en el forcejeo, Raymond la seguía sujetando por los hombros, pegándola contra una ventana de cristal rompiendo la misma e hiriendo a la perjudicada en el dedo meñique de la mano derecha. La perjudicada tuvo que ser atendida en el CDT de Río Grande, en donde el médico de turno la atendió limpiando las heridas, poniéndole una inyección anti-tetánica y recentándole antibiótico. Ya que debido a la mordida tiene una bacteria. Este hecho es contrario a la Ley para tal caso prevista y a la paz y dignidad del Pueblo de Puerto Rico […].3

Las acusaciones presentadas contra el señor Casillas

corresponden a las mismas reseñadas, tanto en términos del

delito de escalamiento agravado como en lo que respecta al

3 Íd., págs. 62 (ln. 7-23); 63; 64 (ln. 1-11). La señora Torres hizo una alegación de no culpabilidad en ambos cargos. Íd., págs. 61 (ln. 20-23); 64 (ln. 12-15). CC-2013-0144 5

delito de agresión grave.4 Luego de los incidentes

procesales de rigor, el juicio por jurado se celebró los

días 13 y 17 de julio de 2012. Durante el mismo, el

Ministerio Público presentó la siguiente prueba

testifical: el testimonio de los perjudicados, la Sra.

Lisette Vargas Gerena (“Lisette”) y el Sr. Miguel Bauzó

Torres (“Miguel”),5 junto al testimonio del Agente Orlando

Rivera Canales.6 Para cumplir fiel y cabalmente con nuestra

función revisora, a continuación presentamos las

circunstancias generales en las que se desarrollaron los

hechos que originaron la controversia ante nos y un

resumen de las partes pertinentes de los relatos ofrecidos

por los testigos de cargo.

A. Circunstancias generales

Para el 28 de agosto de 2011, Lisette y Miguel

sostenían una relación consensual de más de trece años

durante la cual procrearon dos hijos, quienes al momento

de los hechos tenían diez y cinco años de edad.7 Estos

residían en una casa aledaña a la residencia de los

peticionarios, la señora Torres, y su pareja consensual,

4 Íd., págs. 64 (ln. 22-23); 65; 66 (ln. 1-10, 20-23); 67; 68; 69 (ln. 1-2). Para ambas acusaciones, el señor Casillas hizo una alegación de no culpabilidad. Íd., págs. 66 (ln. 11-14); 69 (ln. 3-6). 5 Para propósitos de claridad de los hechos acaecidos, procederemos a identificar a los perjudicados por su primer nombre. 6 Los testimonios de las mencionadas tres personas constituyó toda la prueba testifical presentada por el Ministerio Público. Íd., pág. 69 (ln. 14-17). La otra evidencia presentada por el Ministerio Público corresponde a varias fotografías que reflejaban las heridas sufridas por Lisette y el Informe de Incidente preparado por el Agente Rivera Canales. 7 Íd., págs. 86 (ln. 14-22); 87 (ln. 1-3). CC-2013-0144 6

el señor Casillas.8 La primera es la señora madre de Miguel

y suegra de Lisette. Ambas habían sostenido diferencias en

el pasado.9

B. Testimonio de la Sra. Lisette Vargas Gerena

Durante el examen directo, Lisette expresó que en la

fecha del 28 de septiembre de 2011 se encontraba junto a

Miguel trabajando en el patio de su hogar.10 En horas de la

tarde, este le mencionó que iba a buscar a sus hijos,

quienes se encontraban en casa de su abuela materna,

mientras ella se quedaba cocinando.11 Según explicó,

transcurrieron como dos horas y Miguel no llegaba “y eso

causó como que, molestia en mí, y después vino y volvió y

se fue de nuevo, y yo, ah, como que, como que mira éste,

me puso a cocinar y se fue, me dejó solas [sic]”.12

Una vez Miguel llegó al hogar, ambos comenzaron a

discutir en la parte baja de la residencia, mientras los

dos menores se encontraban en la parte alta viendo

televisión “casi a todo volumen”.13 Lisette le reclamó a

Miguel “¿dónde tú estás?, si yo te estoy esperando horas,

me dijiste que venías ahora, si yo te hice arroz, chuleta,

8 Tanto la residencia de los perjudicados, Miguel y Lisette, como la de los peticionarios, la señora Torres y el señor Casillas, están enclavadas en el mismo solar. Por lo que, está una próxima a la otra. 9 Íd., pág. 354 (ln. 8-23). 10 Íd., pág. 88 (ln. 13-16). 11 Íd., págs. 88 (ln. 17-18); 89 (ln. 18-21). 12 Íd., pág. 88 (ln. 21-23). 13 Íd., págs. 90 (ln. 7-23); 91 (ln. 1-2). CC-2013-0144 7

me dejaste la comida y te fuiste”.14 Mientras ambos

discutían, Lisette observó a su suegra, la señora Torres,

“bajando en bata” de su residencia.15 Al verla, esta narró

que sucedió lo siguiente:

R “Okay”. Miguel sube las escaleras, yo subo detrás de él. Entonces Miguel se sienta con los nenes a ver los muñequitos y ella y dice, “que me voy a…”

P ¿Quién entra? ¿Quién entra?

R La señora Zaida.

P ¿Entra a dónde?

R A la sala de mi casa.

P ¿Y quién le dio autorización a doña Zaida?

R Nadie.

P A entrar. ¿Nadie le dio autorización?

R No.

P “Okay”. Y ella entra a su casa, “okay”. ¿Y qué sucede cuando doña Zaida entra a su casa?

R Me voy a llevar los nenes, es lo que ella dice, que me voy a llevar los nenes, pero, armá.

P Pero, ¿por qué doña Zaida iba a su casa a llevarse a los nenes?

R Decía me voy a llevar los nenes.16

Subsiguientemente, y ante la negativa de Lisette de

acceder a que la señora Torres se llevara a sus nietos,

esta última empujó a Lisette sobre Miguel quien estaba

14 Íd., pág. 90 (ln. 18-22). 15 Íd., pág. 91 (ln. 1-2). 16 (Énfasis suplido). Íd., págs. 95 (ln. 18-23); 96 (ln. 1-17). CC-2013-0144 8

sentado en el sofá y le dijo “si ustedes quieren matarse,

mátense”.17 Lisette se levantó y al dirigirse al balcón,

observó al señor Casillas en la puerta de su residencia.18

Esta le indicó que se fuera de su casa.19 En ese momento,

la señora Torres aruñó a Lisette por el área del cuello.20

Al Lisette ponerse de frente a la señora Torres, el señor

Casillas la sujetó fuertemente por los hombros,

forcejearon y la señora Torres la mordió en el área del

hombro, mientras el señor Casillas aún aguantaba a

Lisette.21 Acto seguido, el señor Casillas empujó a Lisette

hacia una ventana y esta sufrió una herida en el área del

dedo.22

Posteriormente, Miguel logró sacar a su madre, la

señora Torres, de la casa y el señor Casillas soltó a

Lisette.23 Al verse el brazo, Lisette salió llorando y la

señora Torres se burló.24 A Lisette le dio coraje, bajó las

escaleras y la señora Torres se fue corriendo, junto con

el señor Casillas, para su casa y se encerraron.25 Lisette

se le fue detrás hasta su casa y le gritó “si tú me vas a

17 Íd., pág. 97 (ln. 19-20). 18 Íd., pág. 99 (ln. 10-13). 19 Íd., pág. 100 (ln. 12-17). 20 Íd., págs. 100 (ln. 22-23); 101 (ln. 1-6). 21 Íd., págs. 102 (ln. 17-23); 103; 104. 22 Íd., pág. 105 (ln. 10-23). 23 Íd., págs. 110 (ln. 17-23); 111 (ln. 1-2). 24 Íd., págs. 111 (ln. 11-23); 112. 25 Íd., págs. 113, 114 (ln. 1-11). CC-2013-0144 9

dar de verdad baja”.26 Más tarde en la noche, llegó un

oficial de la Policía de Puerto Rico, quien le indicó a

Lisette que había acudido al lugar en respuesta a una

llamada del señor Casillas ante una alegada situación de

violencia doméstica entre esta y Miguel.27 Al día siguiente

de los hechos, Lisette acudió al Cuartel de la Policía a

presentar una querella en contra de su suegra y del

compañero consensual de esta última.28 Una vez en el

cuartel, el policía le recomendó que fuera al hospital

porque estaba sangrando en el área del dedo.29 Finalmente,

Lisette indicó que acudió al hospital donde le atendieron

las heridas y le pusieron una inyección antitetánica.30

Durante su contrainterrogatorio, Lisette expresó que

el 28 de septiembre de 2011 tuvo una “situación personal

con su esposo”.31 Respecto al propósito para el cual entró

la señora Torres a su residencia, Lisette sostuvo el

siguiente intercambio con el abogado de defensa:

P Que sí, que estaba abierta [la puerta]. Entonces, doña Zaida entró, ¿y qué ocurrió,

26 Íd., pág. 114 (ln. 2-3). 27 Íd., pág. 121 (ln. 1-6). 28 Íd., págs. 128 (ln. 21-23); 129 (ln. 1-4). 29 Íd., pág. 129 (ln. 5-13). Si bien acudió al cuartel al día siguiente de los hechos, los cargos no fueron presentados el 29 de agosto de 2011, ya que, según explicó Lisette durante su testimonio, el Supervisor en el cuartel la envió al hospital porque “estaba botando sangre por el dedo”. Íd. De igual forma, durante su testimonio, Lisette expresó que no presentó cargos en contra de su suegra, la señora Torres, y su compañero consensual, el señor Casillas, porque “estaba acabando de ocurrir el problema”. Íd., pág. 122 (ln. 12-18). 30 Íd., págs. 129 (ln. 15-23); 130, 131, 132 (ln. 1-18). 31 Íd., pág. 166 (ln. 6-11). CC-2013-0144 10

qué le dijo doña Zaida? ¿A qué ella fue allí?

R “Vengo a llevar los nenes, me voy a llevar los nenes”.

P “Me voy a llevar los nenes”. O sea, que doña Zaida no llegó allí, a caerle encima a usted y a Miguel. ¿Verdad que ella no…, que eso fue así? Contésteme.

P Verdad que no. O sea, que ustedes estuvieron un momento allí hablando en el dime y direte ese de si se lleva a los nenes o no se los lleva. ¿Verdad que sí?

R Yo le dije que no se los iba a llevar los nenes.32

Finalmente, Lisette reconoció que el mayor de sus

hijos pudo haber llamado a su abuela mediante un teléfono

celular que esta última le había regalado al menor.33

C. Testimonio del Sr. Miguel Bauzó Torres

Durante el examen directo, Miguel declaró que el 28 de

agosto de 2011 se encontraba junto a Lisette trabajando en

el patio de su hogar hasta las 5:00 pm cuando salió con su

cuñado.34 De acuerdo con este testigo, cuando regresó a su

hogar aproximadamente a las 8:00 pm, Lisette comenzó a

reclamarle “mira, me dejaste la comida afuera, no te la

comiste”.35 Así las cosas, Miguel narró que una vez observó

que la señora Torres venía bajando, procedió a subir junto

32 (Énfasis suplido). Íd., págs. 189 (ln. 8-22); 190 (ln. 1-4). 33 Íd., págs. 234, 235 (ln. 1-3). 34 Íd., pág. 271 (ln. 13-23). 35 Íd., pág. 272 (ln. 1-7). CC-2013-0144 11

a Lisette al área donde estaban los dos menores.36 El

testigo explicó que una vez allí su mamá, la señora

Torres, entró a la residencia porque “ella entra así, ella

va y viene”.37 Según expuso, la señora Torres “entró

brava”38 y “quería llevarse a los nenes a todas formas”39

porque “supuestamente estamos peleando”40.

Durante el resto del testimonio, Miguel describió el

incidente acaecido entre la señora Torres, el señor

Casillas y Lisette, conforme a la versión ofrecida por

esta última durante su examen directo.41 Durante el

contrainterrogatorio, sin embargo, Miguel añadió que

ingirió bebidas alcohólicas previo a regresar a su hogar

el 28 de agosto de 2011 y que cuando llegó, Lisette lo

recibió con coraje.42 Según lo declarado por el testigo, la

puerta de su hogar estaba abierta y la señora Torres entró

con el objetivo de buscar a sus nietos.43

Respecto al hecho de que su hijo mayor haya llamado a

la señora Torres para que los buscara, Miguel sostuvo que

este “…tiene un celular que la abuela le regaló, y todo el

tiempo se hablan, todo el tiempo. Cualquier cosita, fuu…,

36 Íd., pág. 274 (ln. 14-20). 37 Íd., pág. 275 (ln. 15-20). 38 Íd., pág. 276 (ln. 8). 39 Íd., pág. 276 (ln. 19-20). 40 Íd., pág. 277 (ln. 1-4). 41 Íd., págs. 277 (ln. 5-23); 278-295. 42 Íd., págs. 305 (ln. 9-19); 306 (ln. 6-21). 43 Íd., págs. 314 (ln. 2-23); 315 (ln. 1-11); 316 (ln. 18-20). CC-2013-0144 12

y para allá iba abuela a buscarlo”.44 Sobre este

particular, a preguntas del Ministerio Público durante su

re-directo, Miguel comentó “[t]engo entendido que fue,

que… [mi hijo] llamó a la abuela porque se quería ir… para

casa de la abuela”.45

D. Testimonio del Agente Orlando Rivera Canales

Durante el examen directo, el Agente Rivera testimonió

que el 28 de agosto de 2011 se encontraba laborando en el

turno de 8:00 pm a 4:00 am cuando recibió una llamada por

medio del sistema 9-1-1 con una alerta sobre un aparente

incidente de violencia doméstica.46 El Agente declaró que

al personarse al lugar encontró un “revolú grande”.47

Señaló que entrevistó a los peticionarios y que estos le

indicaron que Miguel y Lisette habían sostenido una

“pelea” y que el nieto – el hijo mayor de Miguel y

Lisette– les había llamado para que lo fueran a buscar.48

Según explicó, Miguel y Lisette le indicaron que habían

tenido una diferencia “pero no era nada de llegar a una

Ley 54”.49 Durante el contrainterrogatorio, el Agente

Rivera expresó que vio la llamada que le hiciera el hijo

44 Íd., pág. 333 (ln. 5-9). De acuerdo con el testimonio de Miguel, los nenes tienen muy buena relación con su abuela. Este describió que los menores son “muy engreídos” con la señora Torres. Íd., pág. 313 (ln. 17-23). 45 Íd., pág. 333 (ln. 17-23). 46 Íd., pág. 337 (ln. 1-14). 47 Íd., pág. 339 (ln. 2-6). 48 Íd., págs. 341, 342 (ln. 1-3). 49 Íd., pág. 340 (ln. 14-17). CC-2013-0144 13

de Miguel y Lisette desde su teléfono celular a la señora

Torres y “[q]ue era que quería ir para donde abuelita”.50

Finalmente, las partes dieron por sometido el caso y

ofrecieron sus correspondientes informes finales. Luego de

evaluar la prueba presentada para su consideración, el

Jurado emitió un veredicto de culpabilidad en contra de

los peticionarios por los delitos de escalamiento agravado

y agresión en su modalidad simple. Acorde con ello, el

Tribunal de Primera Instancia emitió las sentencias

condenatorias en las que le impuso a cada uno de los

peticionarios una pena de 3 años y un día de cárcel por el

delito de escalamiento agravado y una pena de 90 días de

cárcel por el delito de agresión, a cumplirse

concurrentemente entre sí.51 Además, el Tribunal de

Primera Instancia emitió un fallo en contra de la señora

Torres por el delito menos grave de alteración a la paz,

por lo que le impuso una sentencia adicional de 90 días, a

cumplirse concurrentemente con la anterior.52

No contestes con estas determinaciones, los

peticionarios acudieron al Tribunal de Apelaciones

mediante recursos separados. Sin embargo, ambos petitorios

50 Íd., págs. 353 (ln. 3-23); 361 (ln. 13-14). 51 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 24-25; 33-34. Tras el veredicto de culpabilidad, los peticionarios presentaron una solicitud de nuevo juicio basado en las Reglas 187 y 188 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 187 y R. 188, y una solicitud para que se anulara el veredicto. Íd., págs. 67-76. Mediante una extensa resolución emitida y notificada el 20 de agosto de 2012, el Tribunal de Primera Instancia denegó tal petitorio. Íd., págs. 78- 108. 52 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo, pág. 66 (ln. 9-18). CC-2013-0144 14

fueron consolidados por el foro intermedio.53 En estos, los

peticionarios alegaron no haber tenido una representación

legal adecuada, ya que habían sido representados por el

mismo abogado, aun cuando tenían defensas encontradas.

Según adujeron, ello ocasionó un conflicto de intereses

que perjudicó su defensa. Arguyeron, además, que la prueba

presentada no fue suficiente para probar su culpabilidad

más allá de duda razonable.

Mediante una sentencia archivada en autos el 4 de

febrero de 2013, el Tribunal de Apelaciones confirmó las

sentencias apeladas.54 En cuanto a la alegación de que los

peticionarios no tuvieron una representación legal

adecuada, el foro apelativo resaltó que no surgía que

entre ellos existieran intereses encontrados y que los

peticionarios no especificaron en qué consistían las

alegadas defensas contradictorias.55 Asimismo, concluyó que

el Ministerio Público cumplió con su deber de probar más

allá de duda razonable todos los elementos de los delitos

imputados.56 Sobre este particular, el foro apelativo

intermedio expresó lo siguiente:

[e]n este caso, se presentó prueba suficiente para establecer la intención criminal de los apelantes y su conexión con los delitos por los cuales fueron encontrados culpables. Los apelantes fueron acusados de entrar a la

53 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 35-62. Los casos consolidados por el Tribunal de Apelaciones corresponden a KLAN2012- 01475 y KLAN2012-01476. Íd., págs. 17-25 y 26-34, respectivamente. 54 Íd., págs. 2-16. 55 Íd., pág. 8. 56 Íd., pág. 13. CC-2013-0144 15

residencia de Bauzó y Vargas y agredir a esta frente a sus hijos. Esencialmente, según indicado, se probó que los apelantes penetraron la residencia de los perjudicados sin el consentimiento de estos y Torres agredió a Vargas con sus manos y, luego, con su boca mientras Casillas agarraba a Vargas por sus brazos. Luego de examinar la transcripción del juicio, no tenemos duda de que la declaración de los testigos no es increíble y estos fueron explícitos y consistentes en sus testimonios. Ciertamente, la prueba de cargo le mereció credibilidad al juzgador y esta prueba fue suficiente en derecho para establecer los elementos de los delitos imputados.57

Inconformes aún, el 26 de febrero de 2013 los

peticionarios presentaron el requerimiento de epígrafe en

el cual expusieron los siguientes señalamientos de error:

[e]rró el Tribunal de Apelaciones al determinar que a los peticionarios no se les violó su derecho constitucional a una adecuada representación legal al estar representados por un mismo abogado aun cuando ten[í]a conflicto de intereses por ellos, los peticionarios, tener defensas encontradas.

Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que los veredictos del Jurado no son contradictorios a la prueba presentada y están sostenidos por dicha prueba.58

Examinado el recurso presentado por los

peticionarios, el 31 de mayo de 2013 expedimos el auto

solicitado. Con el beneficio de la comparecencia de ambas

partes, procedemos a delinear el marco legal pertinente a

la controversia que nos ocupa.

57 Íd., pág. 14.

58 Petición de Certiorari, pág. 16. No es necesario discutir el primer señalamiento de error por entender que la discusión y resolución que formularemos más adelante respecto al segundo error dispone de la controversia ante nuestra consideración. CC-2013-0144 16

II

A. Presunción de inocencia y estándar de revisión apelativa

Como cuestión de umbral, debemos tener presente que el

recurso ante nuestra consideración supone el ineludible

ejercicio de evaluar la evidencia que tuvo el jurado ante

su consideración. Esto con el objetivo de determinar su

suficiencia para validar las sentencias condenatorias

confirmadas por el Tribunal de Apelaciones. Ante esta

difícil tarea es preciso reiterar la vigencia de dos

principios cardinales en nuestro ordenamiento jurídico

penal: primero, la presunción de inocencia que cobija a

todo acusado de delito en Puerto Rico; segundo, la

deferencia que merece la apreciación de la prueba

realizada por el juzgador de hechos del foro primario.

1. Presunción de inocencia

Bajo nuestro sistema de enjuiciamiento criminal toda

persona debe ser hallada culpable más allá de duda

razonable. Esto es principio consustancial del precepto

constitucional que dispone que “[e]n todos los procesos

criminales, el acusado disfrutará del derecho... a gozar

de la presunción de inocencia”.59 Cónsono con esta

disposición constitucional, nuestro esquema procesal penal

establece que “[e]n todo proceso criminal, se presumirá

inocente el acusado mientras no se probare lo contrario y

59 Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. CC-2013-0144 17

en todo caso de existir duda razonable acerca de su

culpabilidad, se le absolverá”.60

Es por ello que en nuestro sistema de justicia

criminal el Ministerio Público tiene la obligación de

presentar suficiente evidencia sobre todos los elementos

del delito y su conexión con el acusado a fin de

establecer la culpabilidad de este más allá de duda

razonable. Pueblo v. García Colón I, 182 D.P.R. 129, 174

(2011); Pueblo v. Santiago et al., 176 D.P.R. 133, 143

(2009); Pueblo v. Rivera Ortiz, 150 D.P.R. 457, 462

(2000); Pueblo v. Ramos Álvarez, 122 D.P.R. 287, 315-316

(1988). Esto constituye uno de los imperativos más básicos

y esenciales del debido proceso de ley. Pueblo v.

Irizarry, 156 D.P.R. 780, 786 (2002); Pueblo v. De León

Martínez, 132 D.P.R. 746, 764 (1993); Pueblo v. Cruz

Granado, 116 D.P.R. 3, 24-25 (1985).61

Ahora bien, en múltiples ocasiones hemos expresado que

tal estándar de exigencia probatoria no significa que el

Ministerio Público tiene el deber de presentar evidencia

dirigida a establecer la culpabilidad del acusado con

certeza matemática. Pueblo v. Feliciano Rodríguez, 150

D.P.R. 443, 447 (2000); Pueblo v. Rosario Reyes, 138

D.P.R. 591, 598 (1995); Pueblo v. Pagán Ortiz, 130 D.P.R.

60 Regla 110 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 110. 61 Véase, además, W. R. LaFave & A. W. Scott, Handbook on Criminal Law, MN: West Publishing Co., 1972, pág. 44. CC-2013-0144 18

470, 480 (1992).62 Lo que se requiere es prueba suficiente

que “produzca certeza o convicción moral en una conciencia

exenta de preocupación o en un ánimo no prevenido”.

Pueblo v. García Colón I, supra, págs. 174-175; Pueblo v.

Acevedo Estrada, 150 D.P.R. 84, 100 (2000).

En este particular, la duda razonable que acarrea la

absolución del acusado no es una duda especulativa o

imaginaria, ni cualquier duda posible. Más bien, es

aquella duda producto de una consideración justa,

imparcial y serena de la totalidad de la evidencia del

caso. Pueblo v. García Colón I, supra, pág. 175; Pueblo v.

Santiago et al., supra, pág. 142; Pueblo v. Irizarry,

supra, pág. 788. En síntesis, existe duda razonable cuando

el juzgador de los hechos siente en su conciencia

insatisfacción o intranquilidad con la prueba de cargo

presentada. En atención a ese principio, los foros

apelativos deben tener la misma tranquilidad al evaluar la

prueba en su totalidad. En Pueblo v. Colón Burgos, 140

D.P.R. 564, 581 (1996), enunciamos que:

[l]a suficiencia de la prueba es, pues, un análisis estrictamente en derecho que, aunque recae sobre la evidencia, sólo busca asegurar que, de cualquier manera en que se interprete la veracidad, los requisitos legales estarán presentes para poder permitir cualquiera de los veredictos posibles. Ante prueba insuficiente, un jurado no podría hallar culpable al acusado

62 Respecto a la evaluación y suficiencia de la prueba, la Regla 110 de Evidencia establece que el juzgador de hechos tiene el deber de “evaluar la evidencia presentada con el propósito de determinar cuáles hechos han quedado establecidos o demostrados”. 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 110. Esto a tenor con los principios establecidos en el mencionado precepto, entre ellos, el inciso (c) que dispone que “[p]ara establecer un hecho, no se exige aquel grado de prueba que, excluyendo posibilidad de error, produzca absoluta certeza”. Íd. CC-2013-0144 19

irrespectivamente de si la prueba amerita o no su credibilidad... Como primer paso a una determinación de suficiencia, el tribunal ha de cerciorarse que el Ministerio Público haya aducido elementos del delito imputado... También se exige que la evidencia conecte al acusado con los delitos imputados, una función eminentemente propia del juzgador de la credibilidad. Dentro de la responsabilidad del tribunal de examinar la suficiencia, éste ha de asegurarse de que la prueba de cargo sea una que, de ser creída, pueda conectar al acusado con el delito 63 imputado.

Cónsono con lo anterior, la apreciación realizada por

el juzgador de hechos sobre la culpabilidad de un acusado

es una cuestión mixta de hecho y de derecho. Siendo así,

la determinación de culpabilidad más allá de duda

razonable es revisable en apelación como cuestión de

derecho. Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 D.P.R. 239, 259

(2011); Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, 121 D.P.R.

454, 472 (1998); Pueblo v. González Román, 138 D.P.R. 691,

708 (1995); Pueblo v. De León Martínez, supra, pág. 765.64

2. Estándar de revisión apelativa en casos de naturaleza criminal

Al evaluar si se probó la culpabilidad de un acusado más

allá de duda razonable, los foros apelativos no debemos de

hacer abstracción de la ineludible realidad de que los

jueces de primera instancia y los jurados están en mejor

posición de apreciar y aquilatar la prueba y los

testimonios presentados. Por lo tanto, la apreciación 63 (Énfasis suplido) (Citas omitidas). Pueblo v. Colón Burgos, 140 D.P.R. 564, 581 (1996).

64 Véanse, además, Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645 (1986); Pueblo v. Miranda Ortiz, 117 D.P.R. 188 (1986); Pueblo v. Pagán Díaz, 111 D.P.R. 608, 621 (1981); Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 D.P.R. 545, 552 (1974); Pueblo v. Serrano Nieves, 93 D.P.R. 56, 60 (1986). CC-2013-0144 20

imparcial que de la prueba realiza el juzgador de los

hechos en el foro primario merece gran respeto y

deferencia por parte de los foros apelativos. Pueblo v.

Rodríguez Pagán, supra; Pueblo v. Acevedo Estrada, 150

D.P.R. 84, 99 (2000); Pueblo v. Echevarría Rodríguez, 128

D.P.R. 289, 326 (1991). Al respecto, en Pueblo v.

Irizarry, supra, págs. 788-789, expresamos que:

… en el ejercicio de tan delicada función revisora, no podemos abstraernos de las limitaciones que rigen el proceso de evaluación de la prueba por parte de un tribunal apelativo. Al enfrentarnos a la tarea de revisar cuestiones relativas a convicciones criminales, siempre nos hemos regido por la norma a los efectos de que la apreciación de la prueba corresponde, en primera instancia, al foro sentenciador… .

Ello no obstante, en casos penales debemos siempre recordar que el referido proceso analítico tiene que estar enmarcado, por imperativo constitucional, en el principio fundamental de que la culpabilidad del acusado debe ser probada más allá de duda razonable. En consecuencia, y aun cuando ello no ocurre con frecuencia, hemos revocado sentencias en las cuales las determinaciones de hecho, aunque sostenidas por la prueba desfilada, no establecen la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable.65

Así, al revisar cuestiones de hecho en condenas

criminales, constituye norma reiterada de esta Curia que

no intervendremos con la evaluación de la prueba realizada

por el juzgador de hechos en ausencia de pasión,

prejuicio, parcialidad o error manifiesto, o cuando un

análisis integral de la prueba así lo justifique. Pueblo

v. Viruet Camacho, 173 D.P.R. 563, 584 (2008); Pueblo v.

Acevedo Estrada, supra, págs. 98-99; Pueblo v. Calderón

65 (Énfasis suplido) (Citas omitidas). Pueblo v. Irizarry, supra. CC-2013-0144 21

Álvarez, 140 D.P.R. 627, 644 (1996).66 Ahora bien, hemos

enunciado y reiterado tal normativa conscientes que el

juzgador de hechos podría equivocarse en la apreciación de

la prueba que realiza.

En ese escenario, hemos establecido que los foros

apelativos podrán intervenir con tal apreciación cuando de

una evaluación minuciosa surjan “serias dudas, razonables

y fundadas, sobre la culpabilidad del acusado”. Pueblo v.

Santiago, supra, pág. 148; Pueblo v. Irizarry, supra, pág.

789; Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, supra, pág. 551.

Esto es, si de un análisis ponderado de la prueba

desfilada ante el foro primario surge duda razonable y

fundada sobre si la culpabilidad del acusado fue

establecida más allá de duda razonable, este Tribunal

tiene el deber de dejar sin efecto el fallo o veredicto

condenatorio. Íd.

Expuesto el marco legal general aplicable, pasemos a

revisar el delito de escalamiento agravado por el cual

fueron hallados culpables ambos peticionarios, así como el

delito de alteración a la paz imputado a la señora Torres.

B. Delito de escalamiento y escalamiento agravado

En el Código Penal de 2004, ordenamiento penal vigente

al momento de los hechos, el delito de escalamiento estaba

tipificado de la siguiente manera: “[t]oda persona que

66 Véanse, además, Pueblo v. Dávila Delgado, 143 D.P.R. 157, 173 (1997); Pueblo v. Chévere Heredia, 139 D.P.R. 1, 16 (1995); Pueblo v. Echevarría Rodríguez, supra; Pueblo v. Fradera Olmo, 122 D.P.R. 67, 79 (1988); Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645, 648 (1986); Pueblo v. Bonilla Romero, 120 D.P.R. 92, 111 (1987). CC-2013-0144 22

penetre en una casa, edificio u otra construcción o

estructura, o sus dependencias o anexos, con el propósito

de cometer cualquier delito de apropiación ilegal o

cualquier delito grave, incurrirá en delito menos grave”.67

Si el delito de escalamiento descrito en el citado

precepto, “se comete en un edificio ocupado incurrirá en

delito grave de tercer grado”, tipificado como

escalamiento agravado.68 Según se deduce de las citadas

disposiciones, el delito de escalamiento se compone de dos

elementos esenciales: (1) la penetración en una casa,

edificio u otra construcción o estructura, o sus

dependencias, la cual debe estar ocupada para fines del

agravante de escalamiento; (2) con el propósito de cometer

el delito de apropiación ilegal o cualquier delito grave.

Pueblo v. Reyes Bonilla, 100 D.P.R. 265, 269 (1971).69 Para

fines de claridad, veamos los dos elementos de forma

separada.

1. Primer elemento: penetración a lugar protegido

Como primer componente para la consumación del delito

de escalamiento hallamos que la persona debe penetrar en

una de las estructuras protegidas, a saber: a una casa, un

67 (Énfasis suplido). Art. 203 del Código Penal de 2004, Ley Núm. 149- 2004, 33 L.P.R.A. ant. sec. 4831. Este artículo procede del Art. 170 del derogado Código Penal de 1974. En el Código Penal vigente el delito de escalamiento se encuentra tipificado en el Art. 194. Véase, Art. 194 de la Ley Núm. 416-2012. Como mencionáramos en la nota 1, los elementos del tipo del delito de escalamiento permanecen inalterados, pero la pena aumenta a un término fijo de cuatro años de reclusión. 68 (Énfasis suplido). Art. 204 del Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. ant. sec. 4832. 69 Véase, además, D. Nevares Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico, 5ta ed. rev., Puerto Rico, Ed. Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2012, pág. 279. CC-2013-0144 23

edificio u otra construcción o a una estructura, sus

anexos o dependencias. En cuanto al término edificio,

desde Pueblo v. Cosme Vargas, 96 D.P.R. 836, 840 (1969),

hemos sostenido que edificio es “cualquier estructura

hecha para o dedicada a albergar personas o animales o a

guardar cosas”.70

Posteriormente, esta definición fue acogida en el

Código Penal de 1979 y ampliada en el Código Penal de

2004.71 Así, el Art. 14(k) del Código Penal de 2004 definía

el término edificio como aquel que “comprende cualquier

casa, estructura, barco, vagón, vehículo u otra

construcción diseñada o adaptada para, o capaz de dar

abrigo a seres humanos o que pueda usarse para guardar

cosas o animales o para negocio”.72 Esto incluye “sus

anexos, dependencias y el solar donde esté enclavado”.73

El término dependencia se ha entendido como los

recintos y espacios que, sin ser por sí mismos la morada o

el negocio, están naturalmente unidos y responden a las 70 En este caso, el apelante alegaba que el edificio penetrado no era uno de los protegidos por el estatuto de escalamiento. Pueblo v. Cosme Vargas, supra, pág. 838. Según sostuvo, “para que pueda cometerse escalamiento el edificio penetrado debe tener cuatro paredes y que el almacén en el cual penetró sólo tiene tres paredes, un techo y una acera”. Íd. En aquella ocasión, no aceptamos tal contención y establecimos que “[e]l propósito del estatuto no es proteger una clase de edificio a diferencia de otros… sino que es proteger la vida y la propiedad”. Íd., pág. 840.

71 Como referencia a la definición del término edificio incluida en el Código Penal de 1974, véase, Art. 7, inciso 9: “[c]omprende cualquier casa, estructura, barco, vagón, vehículo u otra construcción diseñada o adaptada para, o capaz de dar abrigo a seres humanos o que pueda usarse para guardar cosas o animales”. 72 33 L.P.R.A. ant. sec. 4642(k).

73 Íd. En el Código Penal de 2012 se copió ad verbatim la citada definición de edificio. Véase, Art. 14(o) del Código Penal de 2012, supra. CC-2013-0144 24

necesidades de actividad desplegada en el local principal.

En Pueblo v. Hernández Solís, 110 D.P.R. 388, 390 (1980),

por ejemplo, indicamos que todo lo que es integral a la

estructura principal es una dependencia o anexo de esta.

Mientras que vehículo se considera como un edificio para

fines de la consumación del delito de escalamiento cuando

están en su función de dar albergue a personas o de

guardar cosas o animales.74

Por su parte, la frase edificio ocupado, factor

indispensable para el escalamiento agravado, comprende

“cualquier casa, estructura, vehículo o lugar adaptado

para acomodo nocturno de personas, o para llevar a cabo

negocios en el mismo, para el cuidado de niños o personas,

para enseñanza de cualquier nivel, o para fines públicos,

siempre que esté en uso aunque al momento del hecho no

haya personas presentes”.75 Esto, además, de sus anexos,

dependencias y el solar donde esté enclavado.76

Respecto a la forma en que se debe producir ese

primer elemento de penetración, en ocasiones anteriores

hemos expresado que para efectos del delito de

escalamiento, la penetración no tiene que ser completa, ni

es necesario que el cuerpo del escalador penetre en la

casa o edificio escalado. Esta puede ser parcial, ya que

74 Véase, D. Nevares Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico, op. cit., pág. 280. 75 Art. 14(l) del Código Penal de 2004, supra, 33 L.P.R.A. sec. 4642. 76 Íd. Esta redacción de edificio ocupado permanece inalterada en el Código Penal de 2012. Véase, Art. 14(p) del Código Penal de 2012, supra. CC-2013-0144 25

basta que el sujeto activo introduzca su mano dentro del

lugar con una intención delictiva o que se utilice un imán

o un artefacto para llevar a cabo la penetración. Véase,

e.g., Pueblo v. Soriano Rodríguez, 92 D.P.R. 46, 49

(1965).77

2. Segundo elemento: intención criminal

Conforme a los principios más básicos del derecho

penal sustantivo, en nuestro ordenamiento jurídico ningún

individuo puede ser sancionado por un hecho previsto en

una ley penal si el mismo no ha sido realizado con

intención o negligencia.78 Este principio de

responsabilidad subjetiva tiene el objetivo de imputarle a

un individuo únicamente aquellas acciones que son producto

de su voluntad o aquéllas que pudo prever o impedir.79 De

esta manera, el sistema promueve el castigo únicamente

para aquellos individuos que hayan obrado culpablemente.80

Cónsono con tal postulado, el Código Penal de 2004

establecía bajo qué parámetros se consideraría que un

77 Íd., pág. 281. Véase, además, R. Ortega Vélez, Código Penal de Puerto Rico (2004), 1era ed., Puerto Rico, Ed. Chrisely, 2007, págs. 215-216. 78 Véase, Art. 22 del Código Penal de 2004, supra, 33 L.P.R.A. ant. sec. 4650. Para una explicación más detallada sobre este principio, véase S. Mir Puig, Derecho Penal: Parte General, 8va ed., Ed. IB de F, Buenos Aires-Montevideo, 2008, págs. 123-127. Véase, además, W.E. LaFave y otros, Criminal Law, 4ta ed., St. Paul, Ed. Thomson West, 2003, Secs. 6.1–6.5, págs. 421-514.

79 D. Nevares Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico Comentado, op. cit., pág. 36; Informe del Senado de Puerto Rico sobre el P. del S. 2302, 22 de junio del 2003, pág. 23. Véase, además, D. Nevares Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño: Parte General, 5ta ed. rev., San Juan, Puerto Rico, Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2005, pág. 200. 80 L. E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, San Juan, Pubs. J.T.S., 2007, pág. 141. CC-2013-0144 26

delito fue cometido con intención. Así, hallamos que el

Art. 23 del mencionado cuerpo legal disponía que un delito

fue cometido con intención cuando: (a) el hecho

correspondiente ha sido realizado por una conducta

dirigida voluntariamente a ejecutarlo; (b) el hecho

correspondiente es una consecuencia natural de la conducta

voluntaria del autor; o (c) el sujeto ha querido su

conducta a conciencia de que implicaba un riesgo

considerable y no permitido de producir el hecho delictivo

realizado.81 De esta manera, el Art. 23 del Código Penal de

2004, supra, exponía varias modalidades de intención que

atendían el aspecto mental requerido para la comisión de

aquellos delitos cuya consumación no se satisfacía con una

mera negligencia.82

Ahora bien, bajo algunas disposiciones penales ese

elemento mental de intención no es suficiente, ya que se

requiere un componente subjetivo adicional para la

realización del tipo delictivo. Es decir, para ciertos

delitos es indispensable la existencia real de un fin o

motivo ulterior como elemento clave para la consumación

del hecho delictivo. En términos del Prof. Luis Ernesto

Chiesa Aponte “[e]n estos supuestos se requiere, además de

prueba sobre la intención del sujeto, evidencia de que

actuó con determinado propósito o estado mental que 81 Art. 23 del Código Penal de 2004, supra, 33 L.P.R.A. sec. 4651. 82 Para una discusión detallada sobre las implicaciones de estas tres modalidades de intención bajo el derogado precepto del Código Penal de 2004, véase, Pueblo v. Rivera Cuevas, 181 D.P.R. 699, 711-712 (2011). Véase, además, L. E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, San Juan, Pubs. J.T.S., 2007, págs. 143-163. CC-2013-0144 27

convierte su conducta en particularmente reprochable”.83

Ese propósito o estado mental adicional a la intención

definida en el Código Penal es lo que en ocasiones se

denomina como “intención específica”.

Sobre este particular, es importante tener presente

que la definición del término “intención específica”

dependerá de la tipificación que la Asamblea Legislativa

haya dispuesto para el delito bajo evaluación y del

contexto en que utilicemos tal categoría. Como explica el

Prof. Luis Ernesto Chiesa Aponte en su obra Derecho Penal

Sustantivo:

[d]ependiendo de la manera que se utilice el concepto intención específica se puede referir a dos cosas distintas: (1) el “propósito” o “conocimiento” como modalidades de la intención (o sea, dolo directo de primer y segundo grado), o (2) un elemento subjetivo distinto a la intención. Por tanto, es necesario distinguir entre delitos que son de intención específica en el primero de los sentidos y delitos que son de intención específica en el segundo.84

Conforme a ello, un delito particular podría

considerarse como un hecho delictivo de “intención

específica” bajo una de las mencionadas acepciones, pero

no necesariamente bajo la otra. Este sería el caso, por

ejemplo, del delito de apropiación ilegal. Según

expresamos en Pueblo v. Miranda Ortiz, 117 D.P.R. 188, 194

(1986), este delito “es uno que, por su naturaleza, exige

83 L. E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, op. cit., págs. 163- 164. 84 Íd., págs. 165-166; véase, además, L. E. Chiesa Aponte, Intención Específica, Intoxicación Voluntaria y Otros Demonios, 73 Rev. Jur. U.P.R. 83 (2004). CC-2013-0144 28

que se realice con la intención específica de apropiarse

de los bienes”. En esa ocasión, utilizamos el término

“intención específica” en la primera acepción mencionada.

Es decir, en el sentido de que el delito se debe cometer

con “propósito” o “conocimiento”. Empero, no sería

correcto categorizar el delito de apropiación ilegal bajo

la segunda acepción del término de “intención específica”,

toda vez que la tipificación de este delito no conlleva un

elemento mental adicional a la intención de apropiarse de

los bienes. Así lo reconocimos recientemente en Pueblo v.

Rivera Cuevas, 181 D.P.R. 699, 715 (2011).

Es precisamente esa segunda acepción de la frase

“intención específica” la que es aplicable al delito de

escalamiento. Pueblo v. Reyes Bonilla, 100 D.P.R. 265, 267

(1971); Pueblo v. Rodríguez Rivera, 84 D.P.R. 299, 303-304

(1961); Pueblo v. Rosado Pérez, 78 D.P.R. 436 (1955).

Contrario a lo señalado en Pueblo v. Robles González, 132

D.P.R. 554, 565 (1993),85 el elemento subjetivo requerido

en la figura del escalamiento no se satisface con alguna

de las modalidades de la intención que contiene el Art. 23

del Código Penal de 2004.

Al respecto, nótese que escalamiento se define como la

penetración a una de las estructuras especificadas en el

85 En Pueblo v. Robles González, supra, pág. 565, esta Curia expresó que el escalamiento constituía un ejemplo de aquellos delitos de intención específica, pero entendida esta frase como una modalidad de la intención según definida en el Art. 15(a) del derogado Código Penal de 1974 - sustituido posteriormente por el Art. 23(a) del Código Penal de 2004, supra. Como expondremos más adelante, tal aseveración es incorrecta, ya que el elemento subjetivo requerido en el delito de escalamiento contiene un elemento mental adicional a las modalidades de intención definidas en el Art. 23 del Código Penal. CC-2013-0144 29

Código Penal “con el propósito de cometer cualquier delito

de apropiación ilegal o cualquier delito grave”.86 Siendo

así, este delito requiere para su consumación la

concurrencia de un elemento mental adicional a la

intención. En otros términos, no basta la mera intención

de penetrar la estructura, sino que se requiere que tal

penetración tenga la finalidad de cometer un delito grave

o apropiación ilegal. De esta forma, tal finalidad

corresponde al “motivo” o la “razón” por la cual la

persona penetró en la propiedad.

Cónsono con lo anterior, para efectos del delito de

escalamiento, el Ministerio Público tiene la obligación de

alegar en la acusación y eventualmente presentar evidencia

tendente a demostrar dos elementos subjetivos distintos:

primero, la intención de penetrar la propiedad y; segundo,

el propósito de cometer cualquier delito grave o

apropiación ilegal. Ambos corresponden a elementos

esenciales constitutivos del delito de escalamiento que

deben ser demostrados por el Ministerio Público más allá

de duda razonable.

En este punto resulta pertinente resaltar la

imprescindibilidad de la concurrencia y simultaneidad que

debe existir entre la intención específica de delinquir y

la penetración a la propiedad.87 Por ello, “[s]i la

intención de cometer el delito de apropiación ilegal o

86 Art. 203 del Código Penal de 2004, supra. 87 D. Nevares Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico, op. cit., pág. 275. CC-2013-0144 30

cualquier delito grave surge con posterioridad a la

persona haber penetrado al lugar protegido por el

artículo, no se da el delito de escalamiento”.88 Por lo

tanto, la intención de cometer el delito de apropiación

ilegal o cualquier delito grave que surja con

posterioridad a la penetración de la propiedad no puede

ser adjudicada como el elemento mental requerido para el

delito de escalamiento. Finalmente, debemos recordar que

la intención es una cuestión de hecho a ser evaluada y

determinada por el jurado o el juez en los casos de juicio

por tribunal de derecho. Pueblo v. Flores Betancourt, 124

D.P.R. 867, 878 (1989); Pueblo v. Bonilla Ortiz, 123

D.P.R. 434, 442 (1989).

C. Delito de alteración a la paz

El Art. 247 del Código Penal de 2004, disponía en su

inciso (a) que incurrirá en delito menos grave de

alteración a la paz toda aquella persona que “[p]erturbe

la paz o tranquilidad de una o varias personas con

conducta ofensiva, que afecte el derecho a la intimidad en

su hogar, o en cualquier otro lugar donde tenga una

expectativa razonable de intimidad”.89 Para que se

88 Íd. 89 (Énfasis suplido). 33 L.P.R.A. ant. sec. 4875. El Art. 247 específicamente disponía tres modalidades en las que se podía incurrir en el delito de alteración a la paz, a saber: Incurrirá en delito menos grave toda persona que realice cualquiera de los siguientes actos:

(a) perturbe la paz o tranquilidad de una o varias personas con conducta ofensiva, que afecte el derecho a la intimidad en su hogar, o en cualquier otro lugar donde tenga una expectativa razonable de intimidad; CC-2013-0144 31

configure dicho delito, hemos enunciado como primer

elemento que el perjudicado se encuentre en paz al momento

que el acusado interviene con este. Pueblo v. García Colón

I, supra, 158 (2011); Pueblo v. De León Martínez, supra,

pág. 767 (1993). En otros términos, para que una persona

incurra en el delito de alteración a la paz es un

requisito indispensable que la paz o tranquilidad de la

víctima sea efectivamente alterada.

Al igual que establecimos en la discusión anterior, el

Ministerio Público tiene la responsabilidad de demostrar

todos los elementos del delito de alteración a la paz más

allá de duda razonable. Siendo así, “…el estado anímico de

la supuesta víctima antes del incidente debe ser objeto de

prueba, toda vez que si la persona no estaba en un estado

de paz o tranquilidad previo al momento de la

manifestación, no existe paz alguna que pueda alterarse”.

Pueblo v. García Colón I, supra, pág. 158. Conforme a

ello, hemos expresado que la existencia de todos esos

factores, incluyendo el estado emocional del perjudicado

previo a la intervención del acusado del delito de

(b) perturbe la paz o tranquilidad de una o varias personas mediante palabras o expresiones ofensivas o insultantes al proferirlas en un lugar donde quien las oye tiene una expectativa razonable de intimidad; o

(c) perturbe la paz o tranquilidad de una o varias personas mediante vituperios, oprobios, desafíos, provocaciones o palabras insultantes u ofensivas que puedan provocar una reacción violenta o airosa en quien las escucha. Íd. CC-2013-0144 32

alteración a la paz, no puede ser presumido por el

juzgador de hechos. Íd., págs. 176-177.

Con este marco legal como norte, procedemos a evaluar

y resolver los méritos de la controversia ante nuestra

consideración.

III

Primeramente, debemos enfatizar la normativa

imperante en nuestro ordenamiento jurídico respecto al

alto grado de deferencia que en nuestra función revisora a

nivel apelativo, debemos brindar a la apreciación de la

prueba realizada por los juzgadores de hecho en los

tribunales sentenciadores. Máxime, cuando tal revisión

atañe una condena criminal. En vista de ello, reiteramos

que los tribunales apelativos no debemos intervenir con

dicha apreciación en ausencia de pasión, prejuicio,

parcialidad, error manifiesto o cuando un análisis

integral, detallado y minucioso de la prueba así lo

justifique. Tomando tales principios en consideración, y

luego de una lectura sosegada de la transcripción de los

procesos, entendemos que en el caso de autos hubo un error

manifiesto al condenar a ambos peticionarios por el delito

de escalamiento agravado y el delito de alteración

imputado exclusivamente a la señora Torres. Veamos.

Según reseñáramos, la evidencia presentada por el

Ministerio Público durante su exposición de la prueba de

cargo consistió, esencialmente, de los testimonios CC-2013-0144 33

brindados por Lisette, Miguel y el Agente Rivera Canales.90

De los testimonios ofrecidos por Lisette y Miguel surge

que tanto la señora Torres como el señor Casillas entraron

a la residencia sin autorización. Es decir, ambos

penetraron ilegalmente la residencia. Ahora bien, cada uno

de los relatos ofrecidos coinciden en que la señora Torres

entró a la residencia de Lisette y Miguel con el único

objetivo de buscar a los menores ante una presunta

discusión entre sus padres.91 Sobre este particular,

Lisette testimonió que una vez la señora Torres entró a su

residencia esta dijo “[m]e voy a llevar a los nenes”.92 De

hecho, en respuesta a preguntas formuladas por el abogado

de la defensa durante su turno de contrainterrogatorio, la

propia Lisette reconoció que su suegra, la señora Torres,

no entró a la residencia con el fin de “caerle encima”.93

Cónsono con el testimonio ofrecido por Lisette,

Miguel expresó que la señora Torres entró con el objetivo

de buscar a los menores ante la presunta discusión que

surgió entre este y su compañera Lisette.94 Miguel

reconoció que su hijo pudo haber llamado a la señora

Torres para que lo buscara. Sobre esta posibilidad, este

indicó que tanto el menor como la señora Torres, “todo el

90 Véase supra nota 6. 91 Véase supra nota 16 y el texto citado; véase, además, Transcripción del Juicio en su fondo, págs. 314 (ln. 2-23); 315 (ln. 1-11); 316 (ln. 18-20); 353 (ln. 3-23); 361 (ln. 13-14). 92 Véase supra nota 16 y el texto citado. 93 Véase supra nota 32 y el texto citado. 94 Véase supra nota 43 y el texto citado. CC-2013-0144 34

tiempo se hablan… [c]ualquier cosita, fun…, y para allá

iba abuela a buscarlo”.95 Esta versión fue confirmada tanto

durante el testimonio de Lisette96 como durante el relato

ofrecido por el Agente Rivera Canales97. En ese escenario,

y sin evidencia alguna adicional, no hallamos base

racional para imputarle a la señora Torres una intención

criminal al momento de entrar a la residencia de su hijo.

Nótese que el incidente físico que se suscitó entre

la señora Torres y Lisette surgió posteriormente, una vez

Lisette se negó a acceder que la señora Torres se llevara

a los menores. Siendo así, y no habiendo evidencia

adicional que demostrara lo contrario, no debemos

adjudicarle a la señora Torres la intención de cometer el

delito de agresión grave desde el momento que entró a la

residencia. Por lo tanto, esa intención de agredir y

posterior ejecución no puede ser considerada como el

elemento mental de intención adicional requerido para la

consumación del delito de escalamiento. Como

mencionáramos, “[s]i la intención de cometer el delito de

apropiación ilegal o cualquier delito grave surge con

posterioridad a la persona haber penetrado al lugar

95 Véase Transcripción del Juicio en su Fondo, pág. 333 (ln. 5-9). Véase, además, supra nota 44. 96 Íd., págs. 234, 235 (ln. 1-3). 97 Íd., págs. 353 (ln. 3-23); 361 (ln. 13-14). CC-2013-0144 35

protegido por el artículo, no se da el delito de

escalamiento”.98

En lo que respecta al señor Casillas, tanto el

testimonio de Lisette como el testimonio de Miguel no

ofrecen hecho base alguno que demuestre que este entró a

la residencia con la intención de cometer un delito grave

o el delito de apropiación ilegal. Por el contrario, de

ambos testimonios surge que el señor Casillas llegó a la

residencia una vez su compañera se encontraba dentro de la

misma en medio de un intercambio con Lisette. Incluso como

parte de su teoría del caso, el propio Ministerio Público

reconoció que la razón por la cual los peticionarios

entraron a la residencia fue para llevarse a los nenes

ante el hecho de que sus padres estaban en una disputa.99

De esta manera, todos los testimonios ofrecidos

durante el juicio coinciden en que los peticionarios

entraron a la residencia de Miguel y Lisette con el fin de

buscar a los menores, ya que presuntamente sus padres

estaban discutiendo. Una vez Lisette se opuso a que se

lleven a los niños es que comienza la agresión. Tanto el

testimonio de Lisette como el testimonio de Miguel así lo

confirman al reconocer que los peticionarios penetraron la

residencia con el propósito de buscar a los nenes luego

que uno de ellos llamara a la señora Torres por el

98 D. Nevarez Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico, op. cit., pág. 275. 99 Véase Transcripción del Juicio en su Fondo, págs. 75-82; 83 (ln. 1- 15). CC-2013-0144 36

celular. Aun cuando aceptáramos que la señora Torres entró

a la residencia con coraje o “armá”,100 como mencionaron

los testigos de cargo, ese simple hecho no nos permite

concluir que su intención al entrar era cometer un delito

de agresión o cualquier otro delito grave.

Ante este cuadro fáctico, concluimos que el

Ministerio Público no cumplió con su responsabilidad de

demostrar más allá de duda razonable cada uno de los

elementos constitutivos del delito de escalamiento, según

tipificado en el Art. 203 del Código Penal de 2004, supra.

Conforme a lo expuesto anteriormente, el delito de

escalamiento requiere que el Ministerio Público no tan

solo presente evidencia dirigida a demostrar la intención

de penetrar la estructura, sino que además debe presentar

evidencia tendente a demostrar la intención específica y

simultánea a la penetración de cometer delito grave o

delito de apropiación ilegal.

En el caso de autos, no hay duda de que el Ministerio

Público no logró probar este elemento de simultaneidad

entre la penetración a la residencia de Miguel y Lisette y

la intención de los peticionarios de cometer el delito de

apropiación ilegal o cualquier delito grave. Por

consiguiente, no se probaron más allá de duda razonable

todos los elementos del delito de escalamiento agravado y

su conexión con los peticionarios. Ante ello, es evidente

que el Tribunal de Apelaciones incidió al confirmar la

100 Véase supra nota 16 y texto citado. CC-2013-0144 37

sentencia condenatoria impuesta por el Tribunal de Primera

Instancia en lo que respecta al delito de escalamiento.

En ese escenario, tenemos la obligación de dejar sin

efecto el veredicto condenatorio en lo que concierne al

delito de escalamiento agravado. Una mera entrada no

autorizada a una propiedad sin los fines ulteriores

establecidos en el Código Penal, ciertamente no constituye

escalamiento. Por ello, mantener la condena de

escalamiento agravado en contra de los peticionarios

equivaldría a considerar como constitutivo de delito

hechos distintos a los consignados en el Art. 203 del

Código Penal de 2004, supra. Esto no tan solo sería

contrario a las concepciones más básicas imperantes en

nuestro ordenamiento jurídico, sino que además soslayaría

nuestra responsabilidad como foro apelativo de revertir

dictámenes que son contrarios a derecho.

En lo que concierne al delito de alteración a la paz

imputado a la señora Torres únicamente, resolvemos que en

el presente caso no se cumplen los elementos del delito de

alteración a la paz, según tipificado en el Art. 247 del

Código Penal de 2004, supra, particularmente en su inciso

(a). Anteriormente indicamos que uno de los elementos de

dicho delito es que la paz de la víctima sea efectivamente

alterada. Para que ese elemento se configure es necesario

que la víctima se encontrase en un estado de paz o

tranquilidad previo a la intervención del acusado. De lo

contrario, no estaríamos ante un escenario de alteración a CC-2013-0144 38

la paz propiamente, ya que no habría ninguna paz o

tranquilidad que pudiese ser alterada.

Luego de examinar la totalidad de la transcripción de

la prueba testifical que obra en autos, concluimos que en

el presente caso no se configuró ese primer elemento del

delito de alteración a la paz. Como bien surge de la

exposición de hechos que antecede, al momento en que la

señora Torres entró a la residencia de su hijo Miguel y su

nuera Lisette, ambos no se encontraban en un estado de paz

o tranquilidad. Por el contrario, estaban en medio de una

discusión de pareja. Por lo tanto, no se le puede imputar

a la señora Torres haber alterado una paz que previo a su

intervención no existía. Siendo así, también procede la

revocación de la sentencia condenatoria en contra de la

señora Torres en lo que respecta al delito de alteración a

la paz.

En resumen, procede revocar la condena por el delito

de escalamiento agravado y, en consecuencia, la

correspondiente pena de tres (3) años y un día de

reclusión impuesta a los peticionarios. Así mismo,

corresponde revocar la condena por el delito menos grave

de alteración a la paz y, por ende, la pena de noventa

(90) días impuesta en contra de la señora Torres. No

obstante, luego de examinar con rigor el expediente en su

totalidad y la transcripción de los testimonios vertidos

en el juicio, no vemos indicio alguno de que el juzgador

de los hechos hubiese actuado con prejuicio, pasión, CC-2013-0144 39

parcialidad o que existiese error manifiesto respecto al

veredicto de culpabilidad por el delito de agresión menos

grave en contra de los peticionarios. Por ende,

confirmamos la sentencia condenatoria en lo que concierne

al delito de agresión menos grave.

IV

Por los fundamentos expresados, modificamos

parcialmente la Sentencia dictada por el Tribunal de

Apelaciones, la cual a su vez confirmó los dictámenes

condenatorios emitidos por el Tribunal de Primera

Instancia. Por una parte, revocamos el dictamen impugnado

respecto a la determinación de culpabilidad por el delito

de escalamiento agravado contenido en el Art. 204 del

Código Penal de 2004, supra, en contra del Sr. Raymond

Casillas Díaz y de la Sra. Zaida M. Torres Martínez. De

igual forma, revocamos el fallo en contra de la Sra. Zaida

M. Torres por el delito de alteración a la paz, tipificado

en el Art. 247 del Código Penal de 2004, supra. Por otra

parte, confirmamos el veredicto de culpabilidad por el

delito de agresión menos grave, según tipificado en el

Art. 121 del Código Penal de 2004, supra, en contra de

ambos peticionarios.

Se dictará sentencia de conformidad.

Edgardo Rivera García Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico Recurrido v. Raymond Casillas Díaz, Zaida M. CC-2013-0144 Torres Martínez Peticionarios

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2014.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, modificamos parcialmente la Sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones. Por una parte, revocamos el dictamen impugnado respecto a la determinación de culpabilidad por el delito de escalamiento agravado contenido en el Art. 204 del Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. ant. sec. 4832, en contra del Sr. Raymond Casillas Díaz y de la Sra. Zaida M. Torres Martínez. De igual forma, revocamos el fallo en contra de la Sra. Zaida M. Torres por el delito de alteración a la paz, tipificado en el Art. 247 del Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. ant. sec. 4875. Por otra parte, confirmamos el veredicto de culpabilidad por el delito de agresión menos grave, según tipificado en el Art. 121 del Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. ant. sec. 4750, en contra de ambos peticionarios.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo