EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Municipio de Arecibo
Peticionario Certiorari
v. 2004 TSPR 10
Municipio de Quebradillas 160 DPR ____
Recurrido
Número del Caso: CC-2002-816
Fecha: 22 de enero de 2004
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional III
Juez Ponente: Hon. Jorge L. Escribano Medina
Abogado de la Parte Peticionaria: Lcdo. Lorenzo G. Llerandi Beauchamp
Abogados de la Parte Recurrida: Lcdo. Edgar Hernández Sánchez Lcdo. Germán R. Monroig-Pomales
Materia: Cobro de Dinero
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Peticionario
vs. CC-2002-816 Certiorari
Municipio de Quebradillas
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor FUSTER BERLINGERI.
San Juan, Puerto Rico, a 22 de enero de 2004.
Nos toca decidir si el Tribunal de Primera
Instancia tiene facultad para entender en una acción
en cobro de dinero instada por un Municipio en
contra de otro Municipio o si, por el contrario,
dicha facultad le pertenece sólo a la “Comisión para
Resolver Controversias sobre Pagos y Deudas entre
Agencias Gubernamentales” (en adelante, “Comisión”).
I
El 31 de enero de 1995 el Municipio de
Quebradillas (en adelante, Quebradillas) y el
Municipio de Arecibo (en adelante, Arecibo)
suscribieron un acuerdo titulado “Intermunicipal
Agreement for Interim Disposal of Solid Waste CC-2002-816 3
Between Municipality of Arecibo and Municipality of
Quebradillas”, mediante el cual Arecibo se comprometió a
recibir los desperdicios sólidos generados por la población
de Quebradillas a cambio de una suma de dinero que sería
determinada durante cada año fiscal.
El 5 de febrero de 1997 Arecibo presentó en el Tribunal
de Primera Instancia una demanda en cobro de dinero contra
Quebradillas. Alegó que la parte recurrida le adeudaba
$373,834.32 en virtud del referido contrato.1 Quebradillas
contestó la demanda, aceptando la existencia del contrato y
negando prácticamente el resto de las alegaciones de
Arecibo.
Luego de varios trámites en el pleito, y ante las
reiteradas incomparecencias del Municipio de Quebradillas,
el 1 de octubre de 2001 el tribunal de instancia procedió a
eliminar las alegaciones de dicha parte y a anotarle la
rebeldía. Posteriormente, el 17 de octubre de 2001,
Quebradillas radicó una moción de desestimación por falta de
jurisdicción sobre la materia. Fundamentó tal solicitud en
que la parte peticionaria, Arecibo, tenía que agotar los
remedios administrativos antes de presentar su acción
judicial. Alegó, a su vez, que la “Comisión para Resolver
Controversias sobre Pagos y Deudas entre Agencias
Gubernamentales”, creada por la Ley Núm. 80 del 3 de junio 1 En la súplica de la demanda, aparentemente por equivocación, se solicitó del tribunal que ordenara al Municipio de Camuy a satisfacer el pago de la referida deuda. El 3 de julio de 1998 la demanda fue enmendada para corregir este error requiriéndole entonces el pago de la deuda a Quebradillas. CC-2002-816 4
de 1980, 3 L.P.R.A. 1751 (en adelante, Ley Núm. 80), era el
foro facultado para atender en primera instancia el asunto
en controversia. Por su parte, Arecibo presentó una moción
en oposición a la desestimación. Alegó que la Ley de
Municipios Autónomos, Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991,
21 L.P.R.A. Sec. 4001 et seq., según enmendada, derogó
tácitamente la Ley Núm. 80, al concederle a los municipios
la facultad para cobrar sus deudas y, que por tal razón, el
foro judicial tenía jurisdicción para entender en este tipo
de controversias.
Luego de examinar los argumentos de las partes, el foro
de instancia declaró no ha lugar la solicitud de
desestimación. Inconforme con el referido dictamen y al
amparo del mismo fundamento de la moción de desestimación
que había presentado ante el tribunal de instancia,
Quebradillas acudió al Tribunal de Circuito de Apelaciones.
El 1 de octubre de 2002 dicho tribunal revocó el dictamen
impugnado por entender que conforme la Ley Núm. 80 la
referida “Comisión” tenía jurisdicción exclusiva en el caso.
El Municipio de Arecibo entonces acudió ante nos
mediante un recurso de certiorari y alegó en esencia que
había errado el Tribunal de Circuito de Apelaciones al
determinar que la jurisdicción primaria y exclusiva para
entender en el asunto que hoy nos ocupa correspondía al foro
administrativo.
El 13 de diciembre de 2002 le dimos término a la parte
recurrida para mostrar causa, si alguna tuviere, por la cual CC-2002-816 5
no se debía revocar la sentencia del foro apelativo del 1 de
octubre de 2002. Quebradillas compareció el 21 de enero de
2003. Con el beneficio de su comparecencia, pasamos a
resolver según lo intimado.
II
A los fines de atender la controversia ante nos, es
menester exponer sucintamente el propósito que tuvo el
legislador al aprobar la Ley que creó la “Comisión”.
Según se desprende de la exposición de motivos de la
Ley Núm. 80, la mencionada “Comisión” fue creada con el
propósito de lograr acuerdos expeditamente entre agencias
gubernamentales en cuanto al monto que una agencia le debía
a otra por servicios prestados, o en cuanto al modo en que
debía pagarse la cantidad adeudada. Así pues, se creó esta
“Comisión”, integrada por tres miembros, a saber: el
Secretario de Justicia, el Secretario de Hacienda y el
Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. De
conformidad con la ley, el término “agencias
gubernamentales” incluye, entre otros, a los municipios.
3 L.P.R.A. sec. 1751. El último párrafo del artículo 3 de la
citada Ley Núm. 80 establece que los acuerdos procurados por
dicha “Comisión” serán finales y firmes y que no serán
apelables ante ningún organismo judicial o cuasijudicial.
3 L.P.R.A. sec. 1753.
Como podemos apreciar, la mencionada “Comisión” no es
propiamente una agencia administrativa. Se trata, más bien, CC-2002-816 6
de un comité del Ejecutivo encargado de investigar y
resolver determinadas diferencias de criterio sobre cuentas
intragubernamentales.
III
En el caso de autos, el Tribunal de Circuito de
Apelaciones resolvió específicamente que la Ley Núm. 80
“claramente indica” que la llamada “Comisión para Resolver
Gubernamentales” tiene jurisdicción primaria exclusiva para
entender en controversias como la de autos. Esta conclusión
del foro apelativo, sobre la cual basó su dictamen, no es
correcta. Veamos por qué no lo es.
Ya antes hemos resuelto que los tribunales de Puerto
Rico, por ser foros de jurisdicción general, tienen
autoridad de ordinario para entender en cualquier
reclamación que presente una controversia propia para
adjudicación. Roberts v. U.S.O. Council of Puerto Rico, 145
D.P.R. 58 (1998); Junta Dir. Cond. Montebello v. Fernández,
136 D.P.R. 223 (1994); Ferretería Matos, Inc. v. P.R. Tel.
Co., 110 D.P.R. 153 (1980); Rosado v. Registrador, 71 D.P.R.
553 (1950); Oronoz v. Román, 26 D.P.R. 25 (1917). Igualmente
hemos señalado que para privar a un tribunal de su autoridad
para conocer sobre algún asunto en particular, es necesario
que algún estatuto expresamente así lo disponga o que ello
surja del mismo por implicación necesaria. J. Directores v.
Ramos, res. el 28 de agosto de 2002, 157 D.P.R. ___, 2002 CC-2002-816 7
TSPR 113, 2002 JTS 119; Lagares v. E.L.A., 144 D.P.R. 601
(1997); Junta Dir. Cond. Montebello v. Fernández, supra;
Rosado v. Registrador, supra.
Con este principio en mente, procede, pues, examinar la
legislación pertinente para entonces determinar si en el
caso de autos el tribunal de instancia tenía autoridad para
intervenir en la acción en cuestión. Ello es particularmente
necesario porque el caso de autos trata sobre una
controversia que comúnmente sería dilucidada en el foro
judicial. Debemos examinar, pues, si el legislador tuvo la
intención de excluir de los tribunales un asunto que de
ordinario sería de su jurisdicción y competencia.
IV
En primer lugar, debemos resaltar que en este caso
ninguno de los estatutos pertinentes establecen expresamente
la jurisdicción exclusiva de la referida “Comisión” para
adjudicar reclamaciones como la que aquí nos ocupa. No lo
indica la Ley que creó la Comisión. Tampoco lo indica la Ley
de Municipios Autónomos.
Sabido es que la determinación de que un organismo
administrativo tiene jurisdicción exclusiva sobre un asunto
en particular trae la inevitable consecuencia de que el foro
judicial esté impedido de intervenir en dicho asunto. En
vista de lo que apareja la concesión de jurisdicción
exclusiva, generalmente dicha facultad es expresamente
concedida por ley o surge del estatuto en un lenguaje tan CC-2002-816 8
claro que no da margen a dudas. Ese es el caso, por ejemplo,
del estatuto que creó la Comisión de Investigación,
Procesamiento y Apelación, CIPA, 1 L.P.R.A. sec. 172(2), en
el que expresamente se dispone que:
“La Comisión . . . [a]ctuará como cuerpo apelativo con
jurisdicción exclusiva para oír y resolver apelaciones
interpuestas por los funcionarios públicos . . .”
De igual modo, la jurisdicción exclusiva de la Junta de
Relaciones del Trabajo ha sido expresamente establecida por
la ley orgánica de dicha entidad.2
Sin lugar a dudas, la ausencia de una disposición
expresa a esos fines, en el caso ante nos, tiende a
demostrar que tal exclusividad no existe.3 Toda vez que los
estatutos en cuestión no establecen de manera expresa la
alegada facultad exclusiva de la “Comisión” para entender en
el asunto que hoy nos ocupa, procede entonces que éstos se
analicen para ver si de algún otro modo establecen la
jurisdicción exclusiva de dicha Comisión.
Examinemos, en primer lugar, la Ley que creó la
“Comisión”. El referido estatuto no contiene ninguna
disposición que de algún modo aluda o incida sobre la
cuestión de si el legislador tuvo la intención de otorgarle
2 Véase, 29 L.P.R.A. sec. 68(a). 3 En el derecho norteamericano, de donde hemos adoptado mayormente nuestro derecho administrativo, la norma es que la jurisdicción exclusiva de una agencia depende de que dicha facultad haya sido claramente concedida por estatuto. Véanse: Amalgamated Workers v. Edison Co., 309 U.S. 261 (1940); 2 Am. Juris. 2d Administrative Law, Sec. 524, pág. 512 (1994). CC-2002-816 9
una jurisdicción exclusiva a la “Comisión” para entender en
reclamaciones de cobro de dinero entre municipios. Un examen
detenido del estatuto aludido, más bien, lleva a concluir
que dicha Comisión es sólo un mecanismo que tienen a su
disposición las agencias gubernamentales, incluyendo los
municipios, para lograr expeditamente acuerdos sobre cuentas
entre ellas. Así pues, en un caso como el de autos, un
municipio puede optar por acudir a la “Comisión”; y si lo
hace, se somete por claro mandato de ley a que el dictamen
de la “Comisión” sea final y firme, inapelable. Dicho
estatuto, sin embargo, nada provee que permita determinar
que el tipo de reclamación aquí en cuestión no puede ser
atendido en la alternativa por el foro judicial, o que toda
reclamación de esta índole tiene que referirse
necesariamente a la “Comisión”. No hay nada, pues, en esta
ley que permita concluir que las agencias gubernamentales,
en este caso, los municipios, vienen obligados a dilucidar
controversias como la de autos en la “Comisión” en lugar de
acudir a los tribunales en un procedimiento de cobro de
dinero.
La Ley de Municipios Autónomos, por su parte, sí tiene
una disposición mediante la cual se faculta a los alcaldes a
acudir a los tribunales en cobro de las deudas registradas a
favor del municipio. Dicha disposición lee, en lo aquí
pertinente, como sigue:
Será obligación del Alcalde realizar todas las gestiones necesarias para el cobro de todas las deudas de personas naturales o jurídicas que estuviesen registradas en los libros o récords de CC-2002-816 10
contabilidad a favor del municipio y recurrirá a todas las medidas que autoriza la ley para cobrar dichas deudas dentro del mismo año fiscal en que se registren o hasta la fecha del cobro. En los casos que sea necesario, se deberá proceder por la vía judicial y cuando el municipio no cuente con los fondos suficientes para contratar los servicios profesionales legales requeridos, referirá los casos al Secretario de Justicia. (Énfasis nuestro.) 21 L.P.R.A. sec. 4353.
Como vemos, este artículo abona claramente a la
conclusión de que el tribunal de instancia no está impedido
de atender una reclamación en cobro de dinero presentada por
un municipio en contra de otro.
Cabe por último señalar, que la anterior conclusión es
además, cónsona con nuestros pronunciamientos previos en los
cuales hemos sido renuentes a aceptar la ausencia de
jurisdicción de los tribunales, excepto en aquellos casos en
los que el legislador claramente así lo ha dispuesto. Junta
Dir. Cond. Montebello v. Fernández, supra; Ferretería Matos,
Inc. v. P.R. Tel. Co., 110 D.P.R. 153 (1980); P.R. Amer.
Ins. Co. v. P.R. Park. System, 108 D.P.R. 106 (1978); Rosado
v. Registrador, supra. Como expresamos en Junta Dir. Cond.
Montebello v. Fernández, ante, “[n]uestra renuencia a
determinar ausencia de jurisdicción en estos casos es una
concomitancia obligada de nuestra concepción de que, de
ordinario, los tribunales de justicia están llamados a
resolver los casos y controversias que se presentan ante
ellos, concepción que tiene su origen en la disposición
constitucional que establece el poder judicial.”
En resumen, pues, la llamada “Comisión” es sólo un
medio que tiene la Rama Ejecutiva para dilucidar CC-2002-816 11
expeditamente ciertos tipos de controversias
intragubernamentales, sobre todo de las agencias cuya
dirección forma parte de una misma administración. Sin
embargo, controversias como la de autos, que involucran
particularmente disputas entre Municipios, pueden ser
dilucidadas judicialmente porque no está dispuesto en ley
que la facultad sobre ellas queda excluida de la autoridad
judicial.
Nuestro dictamen está basado en claras y conocidas
normas legales. Además, se apoya en una consideración
importante de orden público. Nótese que si un municipio
estuviese obligado siempre a dilucidar casos como el de
autos ante una “Comisión” como la que aquí nos concierne,
cuyas decisiones por claro mandato de ley son inapelables,
existiría el claro riesgo de que los municipios cuyos
alcaldes pertenezcan a un partido distinto al del Primer
Ejecutivo no reciban un trato justo u objetivo de parte la
llamada “Comisión”. La entidad aludida es sólo un brazo del
Primer Ejecutivo, que muy bien puede resolver disputas entre
agencias gubernamentales que de cualquier forma están
sujetas a las decisiones del Primer Ejecutivo. Pero cuando
se trata de municipios, cuyos alcaldes son de partidos
distintos al del Primer Ejecutivo, cosa que sucede con
frecuencia en el país, siempre existe el riesgo que
prevalezcan los intereses partidistas de éste, a costa de lo
que le convenga al municipio reclamante. Los tribunales son,
sin lugar a dudas, el foro más idóneo para que tal municipio CC-2002-816 12
reclamante pueda dilucidar su reclamo con mayor garantía de
objetividad.
Por todo lo anterior, resolvemos que el tribunal de
instancia tenía jurisdicción para atender la acción
presentada por la parte peticionaria. Erró, pues, el
Tribunal de Circuito de Apelaciones al resolver de otro
modo.
V
Por los fundamentos antes expuestos, procede que se
dicte sentencia para revocar el dictamen emitido por el foro
apelativo el 1 de octubre de 2002, y para devolver los autos
al tribunal de instancia para que continúen los
procedimientos conforme con lo aquí resuelto.
JAIME B. FUSTER BERLINGERI JUEZ ASOCIADO CC-2002-0816 13
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, se revoca el dictamen emitido por el Tribunal de Circuito de Apelaciones, Región III Arecibo-Utuado, el 1 de octubre de 2002, y se devuelven los autos al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo, para que continúen los procedimientos conforme con lo aquí resuelto.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Hernández Denton emitió Opinión Disidente, a la cual se une el Juez Asociado señor Rebollo López. El Juez Asociado señor Rivera Pérez no intervino.
Patricia Otón Olivieri Secretaria del Tribunal Supremo CC-2002-0816 14
Demandante-Peticionario
v. CC-2002-0816 Certiorari
Demandado-Recurrido
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor Hernández Denton, a la cual se unió el Juez Asociado señor Rebollo López
Disentimos de la Opinión del Tribunal por
entender que la Comisión para Resolver
Gubernamentales,4 creada por la Ley Núm. 80 de 3 de
junio de 1980,5 es una “agencia” según se define en
la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme6,
que tiene jurisdicción primaria para atender la
presente controversia entre los municipios de
Arecibo y Quebradillas. Veamos.
4 En adelante, Comisión para Resolver Controversias Interagenciales o la Comisión. 5 3 L.P.R.A. sec. 1751 et seq. (en adelante, Ley Núm. 80 de 1980). 6 Ley Núm. 170 de agosto 12 de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 2101 et seq. (en adelante, LPAU). CC-2002-816 15
El Municipio de Arecibo (en adelante Arecibo) acordó
disponer de los desperdicios sólidos generados por la
población del Municipio de Quebradillas (en adelante
Quebradillas) a cambio del pago de la tarifa correspondiente.
A la luz del contrato que firmaron a esos efectos, Arecibo
presentó una demanda de cobro de dinero contra Quebradillas
ante el Tribunal de Primera Instancia. En su contestación a
la demanda, Quebradillas negó la existencia de la deuda
aunque aceptó que existía el referido contrato entre las
partes.
Luego de varios trámites procesales, Quebradillas
solicitó al tribunal de instancia la desestimación de la
demanda. Alegó que Arecibo debió acudir en primer lugar a la
Comisión para Resolver Controversias Interagenciales creada
por la Ley Núm. 80 de 1980, supra. Por lo tanto, sostuvo que
el tribunal carecía de jurisdicción sobre la materia.
Arecibo se opuso a la desestimación bajo el argumento de que
la Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81 de 30 de agosto
de 1991, 21 L.P.R.A. sec. 4001 et seq.,7 al conceder
autonomía administrativa a los municipios para disponer de
sus ingresos y de la forma de recaudarlos e invertirlos,
derogó implícitamente la Ley Núm. 80 de 1980, supra. El
Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de
desestimación. Oportunamente, Quebradillas acudió al Tribunal
de Apelaciones, el cual revocó al foro de instancia.
7 Esta ley derogó la Ley Orgánica de los Municipios de Puerto Rico, 21 L.P.R.A. sec. 2001 et seq. CC-2002-0816 16
Inconforme con el dictamen del tribunal apelativo, Arecibo
presentó ante nos una solicitud de certiorari.
La Opinión del Tribunal revoca al Tribunal de
Apelaciones y resuelve que el Tribunal de Primera Instancia
tiene jurisdicción para adjudicar el caso de autos. La
Opinión concluye que la Comisión para Resolver Controversias
Interagenciales, “es sólo un mecanismo que tienen a su
municipios, para lograr expeditamente acuerdos entre ellas”.
Dicha posición ignora el claro mandato legislativo de que la
Comisión tiene jurisdicción primaria para atender este tipo
de controversia y que el Tribunal de Primera Instancia debió
invocar dicha normativa y desestimar la acción presentada.
Como el Tribunal de Apelaciones correctamente concluyó que
procedía la desestimación de la acción presentada,
confirmaríamos su dictamen.
Como vemos, la controversia central en este caso trata
sobre la naturaleza de la jurisdicción de la Comisión para
Resolver Controversias Interagenciales. No obstante,
inicialmente hay que precisar cuál fue el efecto de la Ley de
Municipios Autónomos, supra, sobre la Ley Núm. 80 de 1980,
supra, que creó la Comisión para Resolver Controversias
Interagenciales. Además, se debe determinar si la Comisión
para Resolver Controversias Interagenciales es una “agencia”
conforme a las disposiciones de la LPAU, supra. Por último,
procede entonces evaluar la naturaleza de la jurisdicción de
dicha Comisión. CC-2002-0816 17
Esta no es la primera vez que este Tribunal tiene ante
su consideración las controversias que presenta el caso de
epígrafe. En Autoridad de Desperdicios Sólidos v. Mun. de
San Juan, res. el 19 de enero de 2000, 2000 TSPR 6, revocamos
mediante Sentencia al Tribunal de Apelaciones por éste haber
atendido un recurso de revisión judicial presentado fuera de
los términos dispuestos en la LPAU, supra. En esa ocasión se
solicitó la revisión judicial de la denegatoria de la
Comisión de desestimar una acción por falta de jurisdicción
sobre la materia. Lo importante de esta Sentencia es que
partimos de la premisa básica de que dicha Comisión era
propiamente una agencia administrativa a la cual le aplicaba
la LPAU.8 No obstante, el caso de autos nos permite pautar el
derecho aplicable y y ratificar los criterios originalmente
expuestos en dicha sentencia.
A
La Ley Núm. 80 de 1980, supra, creó la Comisión para
Resolver Controversias Interagenciales con el propósito de
que ésta investigue controversias sobre deudas y pagos entre
agencias gubernamentales y determine el modo en que deberá
pagarse la cantidad adeudada y el monto de dicha cantidad, si
esto último estuviera en controversia. Informe de la
Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto
Rico de 24 de abril de 1980 sobre Alcance de la Medida del P.
8 En ese caso, el Juez Asociado señor Fuster Berlingeri emitió una Opinión Disidente en la que adelantó la posición que ahora adopta el Tribunal. CC-2002-0816 18
de la C. 1289, pág. 1.9 La preocupación principal de la
Asamblea Legislativa al aprobar esta medida era proveer a las
agencias involucradas en la prestación de servicios a otras
agencias un mecanismo que adjudicara de manera rápida
cualquier controversia al respecto. Id., a la pág. 2. En el
proceso de aprobación de la referida ley se consideró con
particular importancia que el retraso de los pagos por razón
de discrepancias entre las partes en cuanto al monto y otros
detalles de las facturas por servicios “afecta[n] las
operaciones y liquidez de las agencias de tipo corporativo
así como las operaciones fiscales de las agencias
concernidas”.10 Id. A esos efectos se dijo expresamente que:
[e]l objetivo principal de la medida es establecer un mecanismo legal y administrativo para resolver, de manera aceptable para las partes, las controversias que surgen entre Agencias del Gobierno por concepto de pagos y deudas entre éstas. Id.
Por su parte, la exposición de motivos de dicha
legislación no amplía mucho más lo que se expresa en el
Informe de la Comisión de Gobierno de la Cámara de
Representantes preparado como parte del proceso de aprobación
por la Asamblea Legislativa.11 Sin embargo, añade que el
9 El Informe de la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico reproduce sustancialmente el contenido del Informe de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes. 10 Se mencionó que las agencias mayormente concernidas eran la entonces Autoridad de Teléfonos, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Autoridad de Edificios Públicos, Autoridad de Comunicaciones y la Administración de Servicios Generales. 11 La Ley Núm. 80 de 1980, supra, fue aprobada sin enmiendas y no hay discusión de su alcance en el historial legislativo. Véase, Diario de Sesiones: Procedimientos y Debates de la Asamblea Legislativa de 24 de abril de 1980, Vol. XXXIV. CC-2002-0816 19
Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, miembros
que componen la Comisión para Resolver Controversias
Interagenciales, cuentan con el “personal técnico,
especializado y capacitado para entender en este tipo de
controversia”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 80 de
1980, supra, Leyes de Puerto Rico, pág. 242.
La Ley Núm. 80 de 1980, supra, se compone de tres
artículos. En el primer artículo se crea la Comisión para
Resolver Controversias Interagenciales y se señala que sus
miembros serán, como ya se dijo, el Secretario de Justicia,
el Secretario de Hacienda y el Director de la Oficina de
Gerencia y Presupuesto. 3 L.P.R.A. sec. 1751. Se dispone el
término de duración de los cargos de los miembros; el número
de miembro que constituye quórum; y medidas para casos de
inhibición. Id. Además, se define el término “agencias
gubernamentales” como “cualquier departamento, junta,
comisión, negociado, división o cualquier otro organismo
gubernamental, incluyendo a las corporaciones públicas y a
los municipios”. Id.
El segundo artículo de la ley enumera las funciones y
poderes de la Comisión para Resolver Controversias
Interagenciales. Especifica que la Comisión tiene poder para
investigar controversias entre agencias sobre pagos y deudas
y para determinar el monto de la cantidad adeudada y su modo
de pago. 3 L.P.R.A. sec. 1752. Con ese propósito, se provee
que la Comisión puede requerir que le sean presentados
libros, documentos o cualquier evidencia necesaria para
adjudicar las controversias ante sí. Id. También podrá
interrogar testigos bajo juramento. Id. En caso de que CC-2002-0816 20
alguna parte se niegue a cumplir con sus requerimientos, la
Comisión para Resolver Controversias Interagenciales tiene
facultad para solicitar al Tribunal de Primera Instancia una
orden judicial so pena de desacato. Id.
Asimismo, este artículo dos de la Ley Núm. 80 de 1980,
supra, dispone que la Comisión para Resolver Controversias
Interagenciales designará de entre el personal de las
agencias que dirigen los miembros de la Comisión, los
recursos necesarios para cumplir con sus funciones. 3
L.P.R.A. sec. 1752. Se determina en este artículo, además,
la manera en que se prorratearán entre las partes
involucradas los gastos incurridos por la Comisión durante la
investigación y adjudicación del caso. Id. Por último, en
este artículo se expresa la facultad de la Comisión para
Resolver Controversias Interagenciales de formular y adoptar
los reglamentos necesarios para el desempeño de sus
funciones, los cuales deberán ser aprobados por el
Gobernador. Id. Conforme a esta disposición, la Comisión
aprobó el Reglamento Interno de la Comisión para Resolver
Gubernamentales de 24 de diciembre de 1985.
Finalmente, el artículo tres de la Ley Núm. 80 de 1980,
supra, expresa que el procedimiento investigativo puede
iniciarse a petición de parte o motu proprio, cuando la
Comisión considere que se está lesionando la solvencia
económica o los servicios esenciales prestados por las
agencias en controversia. 3 L.P.R.A. sec. 1753. Las vistas
ante la Comisión serán presididas por un examinador, quien
formará un expediente del caso. Id. Luego de escuchar todas CC-2002-0816 21
las partes y recibir la evidencia necesaria, dicho examinador
deberá someter a la Comisión para Resolver Controversias
Interagenciales un informe con sus recomendaciones para que
ésta haga su determinación final. Id. Se dispone que la
determinación de la Comisión “será final y firme y no será
apelable ante ningún organismo judicial o cuasi judicial”.
Id.
B
Por su parte, la Ley de Municipios Autónomos, supra, se
aprobó en 1991 con el propósito de reformar la organización y
funcionamiento de la administración pública de los
municipios. López Hernández v. Municipio de Mayagüez, res.
el 12 de febrero de 2003, 2003 TSPR 15. Al disponer la
independencia administrativa de los municipios frente al
gobierno central, en dicha ley se provee como política
pública "otorgar a los municipios el máximo posible de
autonomía y proveerles las herramientas financieras y los
poderes y facultades necesarias para asumir un rol central y
fundamental en su desarrollo social, económico y urbano".
Art. 1.002 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, 21
L.P.R.A. sec. 4001 (propósito).
De igual forma, la propia ley expresa que los poderes y
facultades concedidas a los municipios se deben interpretar
liberalmente, en armonía con la política pública de
garantizar a los municipios las facultades jurídicas,
fiscales y administrativas que se requieran para atender
eficazmente las necesidades de sus habitantes. Art. 1.004 de
la Ley de Municipios Autónomos, supra, 21 L.P.R.A. sec. 4002;
Café Rico, Inc. v. Mun. de Mayagüez, res. el 31 de octubre de CC-2002-0816 22
2001, 2001 TSPR 148; First Bank de P.R. v. Mun. de Aguadilla,
res. el 17 de enero de 2001, 2001 TSPR 6.
Uno de los múltiples poderes que la Ley de Municipios
Autónomos, supra, le reconoce a la administración municipal
es el de demandar, ser demandado, denunciar, querellarse y
defenderse en cualquier tribunal de justicia y organismo
administrativo. Art. 2.001 de la Ley de Municipios
Autónomos, supra, 21 L.P.R.A. sec. 4051(b). En cuanto al
cobro de deudas en particular, se dispone que:
Será obligación del Alcalde realizar todas las gestiones necesarias para el cobro de todas las deudas de personas naturales o jurídicas que estuviesen registradas en los libros o récords de contabilidad a favor del municipio y recurrirá a todas las medidas que autoriza la ley para cobrar dichas deudas dentro del mismo año fiscal en que se registren o hasta la fecha del cobro. En los casos que sea necesario, se deberá proceder por la vía judicial y cuando el municipio no cuente con los fondos suficientes para contratar los servicios profesionales legales requeridos, referirá los casos al Secretario de Justicia. Cuando la deuda, por su naturaleza o cuantía, o por ambas, afecte los estimados de presupuesto y/o las cuentas programáticas de asignación de fondos para un año fiscal, tal situación deberá informarse al Comisionado. Art. 8.003 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, 21 L.P.R.A. sec. 4353.
Vistas las disposiciones pertinentes de la Ley de
Municipios Autónomos, supra, y la Ley Núm. 80 de 1980, supra,
pasemos a analizar si la primera derogó tácitamente la
segunda.
C
Conforme el Art. 6 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 6,
una ley anterior queda tácitamente derogada cuando la nueva
contiene preceptos contrarios o irreconciliables. Cuando los
términos de una ley posterior son tan inconsistentes con los CC-2002-0816 23
de una ley anterior que ambas no pueden subsistir juntas, se
entiende que la posterior enmendó implícitamente la anterior.
Farmacias Moscoso v. K-Mart, 138 D.P.R. 497 (1995); Díaz v.
Srio. Hacienda, 114 D.P.R. 865 (1983). Una ley que contiene
una cláusula que deroga todas las leyes o parte de las leyes
que sean incompatibles con sus disposiciones, pero que no
derogue expresamente la ley anterior sobre la misma materia,
deja en vigor todas las disposiciones de la ley anterior que
no estén en contradicción con sus disposiciones. Director
I.C.P. v. Fitzgerald, etc., 130 D.P.R. 46 (1992).
En el presente caso, Arecibo alega que la Ley de
Municipios Autónomos, supra, aprobada en 1991, derogó la Ley
Núm. 80 de 1980, supra. Conforme a ello, sostiene que es el
Tribunal de Primera Instancia quien tiene jurisdicción para
resolver la controversia de autos, en lugar de la Comisión
para Resolver Controversias Interagenciales, creada por la
referida Ley Núm. 80. Dicha tesis fue acogida por la Opinión
del Tribunal, la cual concluye que “controversias como la de
autos, que involucran particularmente disputas entre
Municipios, pueden ser dilucidadas judicialmente porque no
está dispuesto en ley que la facultad sobre ellas queda
excluida de la autoridad judicial”.
No obstante, esta conclusión choca con la letra y el
espíritu de la ley que creó la Comisión con el fin de
resolver rápidamente controversias sobre el monto o modo de
pago que una agencia gubernamental le debe a otra por
servicios prestados. Se trata de una comisión que interviene
cuando las agencias concernidas no han podido ponerse de CC-2002-0816 24
acuerdo respecto a estos asuntos. Art. 2 de la Ley Núm. 80
de 1980, supra, 21 L.P.R.A. sec. 1752.
Por su parte, lo que la Ley de Municipios Autónomos,
supra, dispone en su artículo 8.003 es la facultad del
Alcalde para utilizar las medidas que la ley autorice para
cobrar las deudas del municipio. 21 L.P.R.A. sec. 4353.
Como vemos, una de estas leyes suple la autoridad para
actuar, mientras que la otra dispone el curso de acción a
seguir. Se desprende que, aunque estamos ante dos
disposiciones que regulan la misma materia, a saber: el cobro
de deudas, cada una se refiere a un asunto distinto respecto
a esa materia. De éstas no se desprende ninguna
inconsistencia entre sí. Debemos recordar que las leyes que
tratan la misma materia deben armonizarse en todo lo posible;
la derogación tácita no se favorece. Cintrón Santana v.
Betancourt Lebrón, 131 D.P.R. 1 (1982).
La Opinión del Tribunal también acogió la tesis de
Arecibo en cuanto a que la Ley Núm. 80 de 1980, supra,
menoscaba la autonomía administrativa o fiscal concedida a
los municipios mediante la Ley de Municipios Autónomos,
supra. No obstante, del mismo texto de la Ley de Municipios
Autónomos, supra, surge que la autoridad que se le reconoce a
los municipios está supeditada a las leyes vigentes y a la
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Art.
1.005 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, 21 L.P.R.A.
sec. 4003. Se dispuso expresamente además que, en cuanto a
las deudas de un municipio, el Alcalde tendrá disponible
aquellas medidas que autorice la ley. La vía judicial, que
por su puesto es una de estas medidas, se especificó que CC-2002-0816 25
podría utilizarse en los casos que sea necesario. Estas
expresiones no implican que la vía judicial es la única forma
de garantizar el cobro efectivo de las deudas del municipio o
que de otra manera no se estaría protegiendo la autonomía del
municipio.
La autonomía administrativa que la Ley de Municipios
Autónomos proclama, no es óbice para que los municipios
acudan a la Comisión para Resolver Controversias
Interagenciales como parte de las gestiones necesarias para
cobrar sus deudas antes de acudir a la vía judicial. Máxime
cuando el trámite administrativo ofrece mayor agilidad
procesal y minimiza la inversión de recursos económicos.
Ello contribuye, a su vez, con el cumplimiento del propósito
de la Ley Núm. 80 de 1980, supra, de disponer un proceso que
agilice la adjudicación de pagos y deudas entre las agencias
concernidas en protección precisamente de su autonomía
fiscal. Este factor también armoniza perfectamente con el fin
primordial de la Ley de Municipios Autónomos, supra, de
proveer independencia fiscal y administrativa a los
municipios.
De igual forma, la disponibilidad de foros
administrativos para atender controversias que involucren a
la administración municipal no implica de ninguna manera un
menoscabo a la independencia para administrar sus recursos
que la Ley de Municipios Autónomos, supra, le reconoce a los
municipios. La misma ley dispone la aplicación a los
municipios de remedios administrativos provistos en otras
leyes, como por ejemplo, apelaciones a la Junta de
Apelaciones del Sistema de Administración de Personal y la CC-2002-0816 26
revisión administrativa de la determinación de la Junta de
Planificación de anular la aprobación de un proyecto por el
municipio. Arts. 12.027 y 13.016 de la Ley de Municipios
Autónomos, supra, 21 L.P.R.A. secs. 4577 y 4614.
En fin, del análisis en conjunto de las disposiciones de
la Ley de Municipios Autónomos de 1991, supra, y la Ley Núm.
80 de 1980, supra, no se desprende incompatibilidad alguna en
cuanto a la facultad de los municipios para defender sus
intereses en el foro judicial o administrativo, según sea el
caso. La Ley Núm. 80 de 1980, supra, dispone el
procedimiento a seguir para cobrar una deuda municipal en un
caso determinado –cuando el deudor es una agencia según se
define en dicha ley-. Por su parte, la Ley de Municipios
Autónomos, supra, le suple autoridad a la administración
municipal para acudir a cualquier foro, incluso el
administrativo, o el judicial, cuando sea necesario. El foro
administrativo también es un mecanismo efectivo para proteger
los intereses que promueve la Ley de Municipios Autónomos,
supra, con el beneficio adicional de ser un foro más ágil y
económico.
Examinada la ley orgánica de la Comisión, procede
resolver si está cubierta por la LPAU. La Opinión del
Tribunal concluye que la Comisión no es una agencia
administrativa a la que le aplica la LPAU. A esos efectos,
la Opinión se limita a reseñar muy someramente las tres
únicas secciones que componen la Ley Núm. 80 de 1980, supra,
la cual implanta dicha comisión. CC-2002-0816 27
No obstante, la determinación de qué es una agencia
administrativa conlleva un análisis más abarcador y complejo.
Esta determinación no puede depender exclusivamente de si la
ley que crea la entidad en cuestión provee o no revisión
judicial o del número de sus componentes o de quiénes la
componen. Mas aun, cuando estamos ante una entidad cuya ley
habilitadora se aprobó antes de que la LPAU, supra, entrara
en vigor.
Al determinar si cierta entidad es o no una “agencia
administrativa”, necesariamente hay que examinar el propósito
y las funciones que legalmente se le asignaron en comparación
con el andamiaje legislativo dispuesto en la LPAU. Ortiz
Rivera v. Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, res.
el 8 de octubre de 2001, 2001 TSPR 134; Pagán Ramos v. Fondo
del Seguro del Estado, 129 D.P.R. 888 (1992). En otras
palabras, procede comparar las disposiciones de la ley que
crea dicha entidad con las disposiciones pertinentes de la
LPAU.
El propósito central de la LPAU fue disponer un cuerpo
de reglas mínimas que proveyeran uniformidad al proceso
decisorio y reglamentario de la Administración pública.
Pagán Ramos v. Fondo del Seguro del Estado, supra. Con ella
se creó un andamiaje de reglas que deberán observarse por
toda agencia al formular reglas y reglamentos que definan los
derechos y deberes de la ciudadanía y al adjudicar los
derechos y deberes de personas particulares. Id. La dimensión
de la aplicación de la LPAU es amplia: “aplicará a todos los
procedimientos administrativos conducidos ante todas las
agencias que no estén expresamente [excluidos]”. 3 L.P.R.A. CC-2002-0816 28
sec. 2103; Olmeda Díaz v. Depto. de Justicia, 143 D.P.R. 596,
599 (1997) (con excepción de las entidades, funciones y
actividades expresamente excluidas, la LPAU aplica a todos
los procedimientos administrativos ante todas las agencias).
Conforme a lo anterior, y para asegurar que la mayor
parte del Gobierno de Puerto Rico estuviese cubierto, la LPAU
adoptó la definición más dilatada del término “agencia”.
Olmeda Díaz v. Depto. de Justicia, supra, a la pág. 599.
Así, se dispone que “agencia” significa:
[...] cualquier junta, cuerpo, tribunal examinador, corporación pública, comisión, oficina independiente, división, administración, negociado, departamento, autoridad, funcionario, persona, entidad o cualquier instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico u organismo administrativo autorizado por ley a llevar a cabo funciones de reglamentar, investigar, o que pueda emitir una decisión, o con facultades para expedir licencias, certificados, permisos, concesiones, acreditaciones, privilegios, franquicias, acusar o adjudicar [...]. 3 L.P.R.A. sec. 2102(a).
De esta definición se excluyen varias entidades
gubernamentales como el Senado y la Cámara de Representantes
de la Asamblea Legislativa, la Rama Judicial, la Oficina
Propia del Gobernador, la Guardia Nacional de Puerto Rico,
los Municipios, la Comisión Estatal de Elecciones, el
Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del
Trabajo y Recursos Humanos, y la Junta Asesora del
Departamento de Asuntos del Consumidor sobre el Sistema de
Clasificación de Programas de Televisión y Juguetes
Peligrosos. Id.
A la luz del texto mismo de la ley, todos los organismos
gubernamentales autorizados por ley a “reglamentar”,
investigar” o “adjudicar”, se rigen por la LPAU. 3 L.P.R.A. CC-2002-0816 29
sec. 2102(a); Pagán Ramos v. Fondo del Seguro del Estado,
supra, a la pág. 899. Respecto a la parte de la definición
de agencia que se refiere a cualquier instrumentalidad del
gobierno de Puerto Rico u organismo administrativo autorizado
por ley a llevar a cabo funciones de reglamentar, investigar,
o que pueda emitir una decisión, mas adelante la ley misma
define lo que es reglamentar o emitir una decisión para
propósitos de dicha definición. En su sección 1.3, la LPAU
aclara que “adjudicación” es el pronunciamiento mediante el
cual una agencia determina los derechos, obligaciones o
privilegios que correspondan a una parte. 3 L.P.R.A. sec.
2102(b). “Parte” se define como, entre otras cosas, toda
persona o agencia a quien se dirija específicamente la acción
de una agencia o que sea parte en dicha acción. 3 L.P.R.A.
sec. 2102(j). Por otro lado, el trámite seguido por una
agencia para la formulación o derogación de una regla o
reglamento se trata del procedimiento de “reglamentación”. 3
L.P.R.A. sec. 2102(m).
Al interpretar el término “agencia” de la LPAU, en Ortiz
Rivera v. Panel sobre el Fiscal Especial Independiente,
supra, reiteramos que se trata de una definición “sumamente
amplia”. A esos efectos expresamos que:
De hecho, es tan amplia que prácticamente cobija a todas y cada una de las agencias administrativas del Estado Libre Asociado, "las cuales se encuentran ubicadas en la rama ejecutiva del gobierno". Surge asimismo que la determinación de si un foro es o no una "agencia" claramente gira en torno a las funciones que esté legalmente "autorizada" a llevar a cabo. Es decir, la disyuntiva de si una agencia, cuerpo, instrumentalidad, funcionario, oficina, etc., debe ser o no considerada una "agencia", ha de resolverse en atención a la autoridad legal que tiene para actuar o disponer de un asunto de CC-2002-0816 30
manera final y obligatoria. (Escolios omitidos). Ortiz Rivera v. Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, supra.
Asimismo, hemos citado al tratadista en derecho
administrativo Davis para ilustrar la naturaleza de una
agencia como un organismo o entidad gubernamental que no es
una corte o un cuerpo legislativo, y que afecta derechos de
partes privadas mediante la adjudicación o la reglamentación.
Pagán Ramos v. Fondo del Seguro del Estado, supra, a la pág.
899.
En conclusión, nuestra jurisprudencia es clara en cuanto
a hacer efectiva la intención legislativa al aprobar y
enmendar la LPAU de establecer un cuerpo mínimo de reglas
uniformes “cuyos efectos alcan[cen] a toda la operación de la
Rama Ejecutiva del Gobierno y afect[en] a toda la ciudadanía”
y de ”excluir de su alcance solamente un pequeño número de
entidades expresamente identificadas en [el texto de la
ley]”. (Énfasis suplido y en el original). Id., a la pág.
900, citando el Informe de la Comisión de Gobierno de la
Cámara de Representantes sobre el P. De la C. 1120 de 23 de
octubre de 1990, pág. 4, en ocasión de la aprobación de
ciertas enmiendas a la definición de agencia de la LPAU.
Por ende, procede concluir que la Comisión para Resolver
Controversias Interagenciales es ciertamente una agencia
administrativa. El propósito central de dicha Comisión es
servir como “un mecanismo legal y administrativo para
resolver [...] las controversias que sur[jan] entre Agencias
del Gobierno por concepto de pagos y deudas entre éstas”.
Ley Núm. 80 de 1980, supra. Se trata de una entidad
gubernamental autorizada por ley a investigar y adjudicar CC-2002-0816 31
controversias sobre derechos y obligaciones entre personas
específicas.
Mas aun, y a pesar de que la Comisión para Resolver
Controversias Interagenciales fue creada antes de la
aprobación de la LPAU, sus disposiciones son similares a las
agencias administrativas que de ordinario se rigen por dicha
ley. La Comisión tiene poder para investigar y adjudicar
controversias económicas entre agencias particulares. Con
ese propósito, puede requerir la presentación de documentos o
cualquier evidencia necesaria; interrogar testigos bajo
juramento; y solicitar al Tribunal de Primera Instancia que
ordene la comparecencia de testigos o entrega de documentos.
Se dispone además, la intervención de un oficial examinador
encargado de presidir la vista y rendir un informe a la
Comisión para que ésta haga su determinación final.
Las funciones y facultades de la Comisión para Resolver
Controversias Interagenciales, unidas a la amplitud del
alcance de la LPAU y de su definición de lo que es una
agencia, establecen que la Comisión es en efecto una agencia
administrativa.
En cuanto a la jurisdicción de la Comisión, en vista de
lo que se concluye antes y del hecho de que no se provee
expresamente jurisdicción exclusiva, concluimos que ésta
posee jurisdicción primaria. Por lo tanto, la parte aquí
demandante debió acudir en primer lugar a dicha Comisión, en
lugar de al foro judicial. Veamos.
La doctrina de jurisdicción primaria aplica cuando hay
que determinar cuál foro adjudicativo debe hacer una CC-2002-0816 32
determinación inicial del asunto en controversia. En otras
palabras, se refiere a si la acción debe ser presentada
inicialmente ante la agencia o ante el tribunal. Demetrio
Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme, Ed. Forum, 2001, pág.
433. Esta norma responde a la deferencia que merecen las
agencias, las cuales están mejor preparadas que los
tribunales debido a su especialización y al conocimiento
obtenido a través del tiempo en el ámbito que se desempeñan.
Id., a la pág. 434-435. A pesar de que una agencia con
jurisdicción primaria no excluye la jurisdicción del tribunal
en el mismo asunto, la aplicación de la referida doctrina
tiene el efecto de concederle primacía a la intervención de
la agencia administrativa en primera instancia. Rivera v.
Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, supra. De esa
manera, del caso llegar al tribunal, éste tendrá el beneficio
del parecer del ente administrativo especializado sobre la
controversia. Id.
En el caso de autos, es evidente que no existe
jurisdicción primaria exclusiva pues el legislador no lo
dispuso así en el texto de la ley. Rovira v. Puerto Rico
Telephone Company, 96 D.P.R. 77 (1968). No obstante, del
texto de la Ley Núm. 80 de 1980, supra, y de la preocupación
que motivó al legislador a aprobarla, surge que la Comisión
para Resolver Controversias Interagenciales sí posee
jurisdicción primaria en el asunto específico que le fue
encomendado atender.
Como explicáramos, el propósito de la creación de la
Comisión fue proveer un mecanismo administrativo que resuelva CC-2002-0816 33
de manera rápida y económica las controversias sobre deudas y
pagos entre agencias gubernamentales. Se desprende de esto
que se pretendió aprovechar la flexibilidad y agilidad de los
procedimientos administrativos y evitar un extenso trámite
judicial. De igual forma, se buscó aprovechar el personal
especializado de las respectivas agencias que dirigen los
miembros de la Comisión al disponerse que se nombrarían de
entre sus empleados el “personal técnico, especializado y
capacitado para entender en este tipo de controversia”.
Exposición de Motivos de la Ley Núm. 80 de 1980, supra, Leyes
de Puerto Rico, pág. 242. En particular, se dispuso que se
designarían de entre estas agencias los examinadores y
auditores necesarios para realizar de la manera más eficiente
los propósitos de la ley. Art. 2 de la Ley Núm. 80 de 1980,
supra, 3 L.P.R.A. sec. 1752(2). Véase además, la Opinión del
Secretario de Justicia número 1985-19 en la que se concluye
que controversias como éstas deben ser sometidas a la
Comisión que es el “organismo administrativo especializado,
creado expresamente por ley con jurisdicción primaria para
investigar y resolver estos casos en específico”. (Énfasis
suplido).
De estas disposiciones se desprende la intención del
legislador de proveer un foro especial para atender
inicialmente las controversias sobre pagos y deudas entre
agencias gubernamentales con prelación al foro judicial. De
esa manera, se buscó proveer los beneficios de
especialización y agilidad del trámite administrativo en CC-2002-0816 34
estos casos.12 Por consiguiente, en el presente caso, Arecibo
debió acudir en primer lugar a la Comisión para Resolver
Controversias Interagenciales para reclamar lo adeudado por
Quebradillas.
De no estar conforme con la decisión que en su día emita
la Comisión, cualquier parte puede acudir al Tribunal de
Apelaciones en solicitud de revisión judicial conforme lo
dispone la sección 4.1 de la LPAU. 3 L.P.R.A. sec. 2171.
Ello es así pues cuando se aprobó la LPAU sus preceptos
pertinentes a la revisión judicial se hicieron extensivos a
todas las agencias cubiertas por el estatuto, incluyendo a la
Comisión para Resolver Controversias Interagenciales.
Reiteradamente hemos resuelto que, las disposiciones de la
LPAU prevalecen sobre cualquier disposición legal de una
agencia en particular que sea contraria a ésta, cuando la
misma se aprobó previo a la vigencia de la primera.
Hernández v. Golden Tower Development Corp., 125 D.P.R. 144
(1990); además, Asoc. de Dueños de Casas v. Junta de
Planificación, 148 D.P.R. 307 (1999); Carabani et al. V.
A.R.P.E., 132 D.P.R. 938 (1993); Asoc. de Farmacias v.
Departamento de Salud, res. el 5 de febrero de 2002, 2002
TSPR 13; Aponte v. Policía de Puerto Rico, 142 D.P.R. 75
(1996) (a partir de la enmienda de 1995 de la LPAU que
dispuso que la moción de reconsideración ante las agencias
12 Nótese además, que de resolverse que los municipios no tienen que acudir inicialmente a la Comisión para Resolver Controversias Interagenciales, según resuelve la Opinión mayoritaria, la Ley Núm. 80 de 1980, supra, quedaría prácticamente sin vigencia alguna. De esa manera se desperdiciaría un proceso valioso para cobrar deudas interagenciales que busca evitar largos litigios en beneficio de las operaciones y liquidez de las agencias a las que aplica. CC-2002-0816 35
administrativas no sería jurisdiccional, toda disposición en
la ley habilitadora de cualquier agencia que disponga lo
contrario, y haya sido aprobada previo a dicha enmienda,
queda sin efecto). En el presente caso, la disponibilidad de
revisión judicial de las determinaciones de las agencias que
implanta la LPAU es posterior a la prohibición contenida en
la Ley Núm. 80 de 1980, supra, por lo que la misma no
prevalecería. Véase 3 L.P.R.A. sec. 2171.
A la luz de todo lo anterior, confirmaríamos la decisión
del Tribunal de Apelaciones y desestimaríamos la reclamación
de Arecibo contra Quebradillas en el caso de autos.
Federico Hernández Denton Juez Asociado