EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Adria Maldonado Rivera Recurrida
v. Certiorari Carlos Suárez y otros Recurrido 2016 TSPR 57
Estado Libre Asociado de 195 DPR ____ Puerto Rico
Peticionario
Número del Caso: CC-2014-723
Fecha: 28 de marzo de 2016
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Mayagüez
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Margarita Mercado Echegaray Procuradora General
Lcda. Tanaira Padilla Rodríguez Subprocuradora General
Lcda. Marangelí Colón Requejo Procuradora General Auxiliar
Lcda. Amir Cristina Nieves Villegas Procuradora General Auxiliar
Abogados de la parte Recurrida:
Lcdo. Domingo Emanuelli Hernández Lcdo. Gabriel J. Emanuelli Anzalota
Materia: Daños y Perjuicios. Art. 1802 del Código Civil. Doctrina de la solidaridad impropia. Cocausante demandado no puede traer al pleito mediante demanda contra tercero a un presunto cocausante con respecto a quien la acción del perjudicado prescribió. Tampoco procede en esas circunstancias una acción de nivelación contra el alegado cocausante que no fue demandado a tiempo
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Adria Maldonado Rivera Recurrida v. Carlos Suárez y otros Recurrido CC-2014-723
Estado Libre Asociado de Puerto Rico Peticionario
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de marzo de 2016.
En Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 D.P.R.
365 (2012), acogimos la doctrina de la solidaridad
impropia u obligación in solidum en lo referente a
la interrupción de la prescripción en acciones
sobre daños y perjuicios cuando concurren una
pluralidad de causantes. Así, concluimos que en
esta clase de acciones no aplica el Art. 1874 del
Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5304, por lo que el
perjudicado debe interrumpir el término
prescriptivo con respecto a cada cocausante
individualmente si desea conservar su causa de
acción contra cada uno. CC-2014-723 2
Hoy nos toca examinar una controversia que no está
resuelta. ¿Pueden unos presuntos cocausantes solidarios de
un daño, quienes fueron demandados oportunamente, instar
una demanda contra tercero para incluir en el pleito a
otro presunto cocausante a favor de quien la causa de
acción sobre daños y perjuicios prescribió? ¿Procede en
estas circunstancias una acción de nivelación contra el
alegado cocausante que no fue demandado a tiempo? En
atención a los efectos de la prescripción, resolvemos que
ese alegado cocausante no le responde al perjudicado ni
tampoco, a través de una acción de nivelación contingente,
a los presuntos cocausantes demandados. Por lo tanto, en
una situación como ésta no procede la demanda contra
tercero. Veamos.
I
El 24 de junio de 2013, la joven Adria Maldonado
Rivera (“demandante”) instó una demanda sobre daños y
perjuicios en contra del Sr. Carlos Suárez Miranda, su
hijo Carlos Juan Suárez González (en conjunto, “los
recurridos”) y el Sr. Ricardo Ramos Inchautegui.1 La
demandante expuso que el 24 de julio de 2011, alrededor de
las 11:30 p.m., se encontraba como pasajera junto a otras
personas en una lancha -propiedad del señor Suárez
Miranda- de paseo por la Bahía de Boquerón. Alegó que la
lancha era conducida por Carlos Juan Suárez González a
1 También se incluyó como codemandada a la sociedad legal de bienes gananciales de la que puedan ser parte, respectivamente, los señores Suárez Miranda y Ramos Inchautegui. CC-2014-723 3
alta velocidad y sin tomar las debidas precauciones, por
lo que impactaron el velero del señor Ramos Inchautegui
que se encontraba anclado con las luces apagadas, sin
permiso ni marbete. Como consecuencia del choque, la
demandante sostuvo que sufrió daños físicos y emocionales
cuya indemnización le reclamó a los recurridos y al señor
Ramos Inchautegui como cocausantes solidarios.
Los recurridos contestaron la demanda y negaron
responsabilidad.2 Posteriormente, presentaron una demanda
contra tercero en contra de la Policía de Puerto Rico, el
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y el
Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en conjunto,
“E.L.A.”), en la cual le imputaron negligencia por
presuntamente no vigilar el área de la Bahía de Boquerón
donde ocurrió el accidente, lo que permitió que el velero
del señor Ramos Inchautegui permaneciera anclado de manera
peligrosa. Así, mediante la demanda contra tercero los
recurridos sostuvieron que el E.L.A. le respondía
directamente a la demandante por sus daños o, en la
alternativa, le debía responder a ellos en nivelación por
la cantidad que tuvieran que indemnizar a la demandante.
2 Entre sus defensas afirmativas, los recurridos expresaron que la demanda en su contra estaba prescrita, pues la demandante no interrumpió el término prescriptivo. Esta contención aún no ha sido objeto de consideración ante el Tribunal de Primera Instancia ni se ha pasado prueba al respecto. Así lo reconocen los propios recurridos al declarar que “dicha defensa afirmativa tendrá que ventilarse en su día para que sea el Tribunal, mediante la moción correspondiente y/o en juicio plenario, [quien] resuelva la misma”. Alegato de la parte demandada-demandante contra tercero, pág. 6. CC-2014-723 4
El E.L.A. contestó y solicitó la desestimación de la
demanda contra tercero. Adujo que la reclamación de la
demandante había prescrito a su favor ya que no la incluyó
como codemandada ni interrumpió la prescripción
extrajudicialmente dentro del año desde la fecha en que
ocurrió el accidente. Es decir, que desde entonces comenzó
a transcurrir el término prescriptivo. Por su parte, los
recurridos se opusieron y sostuvieron que: “[e]l hecho de
que la parte demandante original no haya hecho reclamación
alguna contra la parte tercera demandada... no es óbice
para que los terceros demandantes, puedan presentar esta
acción de nivelación dentro de este mismo pleito en virtud
de una demanda contra tercero”. Moción en oposición a
desestimación, Apéndice, pág. 123.
Al resolver, el Tribunal de Primera Instancia razonó
que la demandante pudo haber ejercido su causa de acción
contra el E.L.A. desde la fecha del accidente,3 por lo que,
al estar prescrita contra ésta, dictó una sentencia
parcial en la cual desestimó la demanda contra tercero.4
Concluyó que en Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo,
supra, este Tribunal dictaminó que en acciones por 3 Este hecho no está en controversia. 4 Resolvió que: En el presente caso no hay duda que la demanda contra tercero contra uno de los alegados cocausantes fue presentada 2 años después de ocurridos los alegados hechos. Además alegaron que contra ello[s] no fue interrumpido el término prescriptivo conforme dispone nuestro ordenamiento. Dicha alegación no fue rebatida por el tercero demandante ni por el demandante original, el cual no cumplió con la Regla 8.4 de Procedimiento Civil. En consecuencia, conforme a lo antes expuesto resolvemos que la demanda contra tercero está prescrita. Sentencia parcial, Apéndice, pág. 73. CC-2014-723 5
responsabilidad civil extracontractual cuando varios
causantes concurren en el daño, el término prescriptivo
debe interrumpirse individualmente respecto a cada uno.
Por lo tanto, estando prescrita la causa de acción de la
demandante contra el E.L.A., los recurridos no podían
reclamarle responsabilidad indirectamente por vía de una
demanda contra tercero.5
Oportunamente, los recurridos acudieron al Tribunal
de Apelaciones y le imputaron error al Tribunal de Primera
Instancia por concluir que su acción de nivelación estaba
prescrita “por el hecho de que la demandante no incluyera
al Estado Libre Asociado, a la Policía de Puerto Rico y al
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales como
partes demandadas en su demanda”.6
El Tribunal de Apelaciones dictó una sentencia
mediante la cual modificó la determinación apelada.
Concluyó que el precedente de Fraguada Bonilla v. Hosp.
Aux. Mutuo, supra, no tiene el efecto de impedir una
acción de nivelación contra el E.L.A. Así, estimó que la
demanda contra tercero para que el E.L.A. le respondiera
directamente a la demandante estaba prescrita. Sin
embargo, no estaba prescrita aquella parte de la demanda
contra tercero en la que se incluyó la reclamación
contingente de nivelación para que el E.L.A. le responda a
los recurridos por cualquier cantidad que éstos finalmente
5 Id. 6 Escrito de apelación, Apéndice, pág. 64. CC-2014-723 6
tuvieran que pagar. Ello, pues los recurridos, de ser
declarados cocausantes, estarían obligados a reparar todo
el daño, incluyendo aquella parte -si alguna- a la cual
hubiera contribuido el E.L.A.7
Luego de solicitar sin éxito la reconsideración, el
E.L.A. recurrió ante este Tribunal y adujo como único
señalamiento de error que “[e]rró el Honorable Tribunal de
Apelaciones al concluir que la causa de acción de
nivelación contra el ELA no se encuentra prescrita, a
pesar de que la causa de acción original de la demandante
en contra del Estado sí lo está”.8
Los recurridos se opusieron a la expedición del
recurso de certiorari y sostuvieron que procedía su acción
de nivelación contingente pues estaban sujetos a responder
por todo el daño, incluyendo aquella parte correspondiente
a la alegada responsabilidad del E.L.A. Examinados los
escritos, expedimos el recurso y le concedimos a las
partes un término para someter sus alegatos. Habiéndose
cumplido lo anterior, estamos en posición de resolver la
controversia.
II
A. La demanda contra tercero
La Regla 12.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap.
V, R. 12.1, reglamenta el mecanismo procesal de la demanda
contra tercero. Según esta Regla:
7 Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Apéndice, pág. 24. 8 Petición de certiorari, pág. 7. CC-2014-723 7
[l]a parte demandada podrá notificar, como demandante contra tercero, un emplazamiento y demanda a una persona que no sea parte en el pleito y que sea o pueda ser responsable a la parte demandada por la totalidad o parte de la reclamación de la parte demandante, o que sea o pueda ser responsable a cualquier parte en el pleito. Regla 12.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 12.1.
Por medio de la demanda contra tercero se permite que
controversias surgidas de unos mismos hechos y
relacionadas entre sí se diluciden dentro del mismo
pleito. El propósito es promover la economía procesal y
facilitar la pronta, pero eficaz, resolución de las
controversias. Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 118 D.P.R.
20, 28 (1986); J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho
Procesal Civil, 2da ed., Pubs. JTS, 2011, pág. 580. Por
ello hemos dicho que este mecanismo no crea, extiende o
limita derechos sustantivos, sino que acelera su
dilucidación. Gen. Accid. Ins. Co. P.R. v. Ramos, 148
D.P.R. 523, 534 (1999); Colón v. Coop. de Seguros
Múltiples de P.R., 111 D.P.R. 568, 571 (1981).
También hemos aclarado que el solo hecho de tener en
común un mismo supuesto fáctico no es suficiente para
añadir a un pleito nuevas controversias mediante la
demanda contra tercero. Colón Negrón v. Mun. Bayamón y
otros, 192 D.P.R. ___, 2015 T.S.P.R. 23, pág. 22; Gen.
Accid. Ins. Co. P.R. v. Ramos, supra, pág. 534.
Reiteradamente hemos requerido que se satisfagan dos
condiciones ulteriores: que la reclamación contra el CC-2014-723 8
tercero sea contingente al resultado de la demanda
original, y que exista una relación suficientemente
estrecha entre la demanda original y la demanda contra
tercero, requisito al que nos hemos referido como
“entronque común” y que debe ser evaluado según las
circunstancias particulares de cada caso. Colón Negrón v.
Mun. Bayamón y otros, supra, págs. 26-27.
B. La prescripción
La prescripción extintiva es una institución de
derecho sustantivo que extingue el derecho a ejercer
determinada causa de acción. Se trata de “un modo de
extinción de los derechos, resultante de la no
concurrencia de ningún acto interruptivo, durante el plazo
marcado por la Ley”. J. Puig Brutau, Caducidad,
prescripción extintiva y usucapión, 3ra ed., Ed. Bosch,
Barcelona, 1996, pág. 32, citando a Alas, De Buen & Ramos,
De la prescripción extintiva, Madrid, 1918, pág. 57.9 A
través de la prescripción nuestro ordenamiento promueve
que las reclamaciones se insten de manera oportuna y que
las personas ejerciten sus causas de acción
diligentemente. La prescripción extintiva se fundamenta en
la necesidad de que haya estabilidad en las relaciones y
seguridad en el tráfico jurídico.10 S.L.G. García-Villega
9 “Las acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la ley”. Art. 1861 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5291. 10 Nos dice Puig Brutau, op. cit., en la pág. 32: La prescripción extintiva tiene su fundamento en la necesidad de poner término a las situaciones de incertidumbre en el ejercicio de los derechos y en la presunción de abandono por parte de su titular. La CC-2014-723 9
v. E.L.A. et al., 190 D.P.R. 799, 813 (2014); S.L.G.
Serrano-Báez v. Foot Locker, 182 D.P.R. 824, 831 (2011).
Se parte del supuesto de que las reclamaciones válidas se
ejercitan oportunamente y de que una persona no debe estar
sujeta de forma indefinida a la contingencia de una
reclamación. Ello, entre otras razones, por la situación
de indefensión en que pudiera quedar como consecuencia del
paso del tiempo y la desaparición de la prueba. Campos v.
Cía. Fom. Ind., 153 D.P.R. 137, 143 (2001); Culebra
Enterprise Corp. v. E.L.A., 127 D.P.R. 943, 950 (1991).11
Así, una vez se agota un término prescriptivo se
extingue el derecho a ejercer la causa de acción, con la
correspondiente exoneración para la persona que hasta
entonces se encontraba sujeta a responder.12 Santiago v.
Ríos Alonso, 156 D.P.R. 181, 188 (2002); Galib Frangie v.
El Vocero de P.R., 138 D.P.R. 560, 566 (1995). Por otra
parte, la prescripción es una defensa afirmativa que debe
plantearse expresa y oportunamente ya que, de lo
contrario, se entiende renunciada. Meléndez Guzmán v.
Berríos López, supra, pág. 1017; Álamo v. Supermercado
Grande, Inc., 158 D.P.R. 93 (2002).
inactividad, silencio o falta de ejercicio del derecho constituye el fundamento de la prescripción extintiva por ser contrario al interés social una prolongada situación de incertidumbre jurídica. 11 Los tres requisitos para que se configure la prescripción extintiva, son: la existencia de un derecho que se pueda ejercitar; la falta de ejercicio o inercia por parte del titular; y el transcurso del tiempo determinado en la ley. Meléndez Guzmán v. Berríos López, 172 D.P.R. 1010, 1018 (2009). 12 Subsiste entre las partes una obligación natural que no es exigible judicialmente. García Aponte v. ELA, 135 D.P.R. 137, 142 (1994). CC-2014-723 10
Un término prescriptivo puede interrumpirse de tres
maneras: mediante la correspondiente acción judicial;
mediante reclamación extrajudicial; y por el
reconocimiento de la deuda por parte del deudor. Art. 1873
del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5303. Una vez se
interrumpe la prescripción, el término prescriptivo
comienza a transcurrir nuevamente. Meléndez Guzmán v.
Berríos López, supra.
La causa de acción que provee el Art. 1802 del Código
Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141, para exigir la reparación de
un daño extracontractual causado por culpa o negligencia
tiene un término prescriptivo de un año. Art. 1868 del
Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5298. Hemos expresado que
la brevedad de este término responde a que el legislador
quiso dotar de mayor certeza una relación que generalmente
carece de ella debido a la inexistencia de un vínculo
previo entre las partes y el desconocimiento de la
extensión de la obligación. Culebra Enterprise Corp. v.
ELA, supra, en la pág. 950; L. Diez-Picazo, La
prescripción en el Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch,
1964, pág. 239.
De modo que, salvo que se produzca la interrupción
mediante alguna de las tres formas indicadas, la
reclamación para exigir responsabilidad bajo el Art. 1802
del Código Civil, supra, prescribe por el transcurso de un
año. Basándonos en la teoría cognoscitiva del daño, hemos CC-2014-723 11
reiterado que dicho término comienza a transcurrir una vez
el perjudicado conoció –o debió conocer- que sufrió un
daño, quién se lo causó, así como los elementos necesarios
para ejercitar efectivamente su causa de acción. Art.
1868, supra, y Art. 1869 del Código Civil, 31 L.P.R.A.
sec. 5299; COSSEC et al. v. González López et al., 179
D.P.R. 793, 806 (2010); Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R.
232, 247 (1984).
C. La naturaleza de la obligación por un daño extracontractual causado por una pluralidad de sujetos
Cuando dos o más deudores concurren en una misma
deuda la obligación puede ser mancomunada o solidaria. En
las primeras, la deuda puede ser dividida y cada deudor
responde únicamente por la parte que le corresponde. En
las segundas, la deuda se considera indivisible y cada
deudor responde indistintamente por la totalidad de la
deuda. E. Vázquez Bote, Tratado teórico, práctico y
crítico de derecho privado puertorriqueño, New Hampshire,
Equity Publishing Co., 1991, Vol. V, págs. 137 y 139;
Carlos Lasarte, Principios de Derecho Civil, Derecho de
obligaciones, 14ta ed., Madrid, Ed. Marcial Pons, 2010, T.
II, págs. 31, 35-36. Asimismo, el pago efectuado por
cualquiera de los deudores libera a los otros de la
obligación frente al acreedor. H. M. Brau del Toro, El
término prescriptivo y su interrupción en acciones en
daños por responsabilidad extracontractual solidaria en el CC-2014-723 12
derecho puertorriqueño, 44 (Núm. 2) Rev. C. Abo. P.R. 203,
218 (1983); Vázquez Bote, op. cit., pág. 145.
En el ámbito contractual, debido a la oportunidad que
tienen las partes para determinar el alcance de su
relación, el Art. 1090 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.
3101, precisa que cuando concurren dos o más deudores en
una sola obligación la responsabilidad de éstos se presume
mancomunada, siendo solidaria sólo cuando así se pacte
expresamente.13 De otra parte, nuestro Código Civil no
preceptúa la naturaleza (mancomunada o solidaria) de la
obligación que surge cuando, fuera de una relación
contractual, dos o más personas quebrantan el deber
general de cuidado y ocasionan, por su culpa o
negligencia, un daño indivisible. No obstante, mediante
jurisprudencia nos hemos encargado de suplir esta omisión.
Para una mejor comprensión de la controversia que hoy
atendemos, conviene examinar la trayectoria que este
Tribunal ha seguido sobre el particular.
Desde comienzos del siglo pasado hemos rechazado
extender al campo de la responsabilidad civil
extracontractual, por inaplicable, la presunción de
mancomunidad que establece el Art. 1090 del Código Civil,
supra, para las obligaciones contractuales. Así, por
13 El Art. 1090 del Código Civil, supra, dispone: “La concurrencia de dos o más acreedores o de dos o más deudores en una sola obligación no implica que cada uno de aquéllos tenga derecho a pedir ni cada uno de éstos deba prestar íntegramente las cosas objeto de la misma. Sólo habrá lugar a esto cuando la obligación expresamente lo determine, constituyéndose con el carácter de solidaria”. CC-2014-723 13
ejemplo, en Cruz et al. v. Frau, 31 D.P.R. 92 (1922),
dijimos que cuando un accidente es ocasionado por la culpa
o negligencia concurrente de dos o más personas, cada una
de ellas es responsable por todo el daño. Sin embargo, fue
en García v. Gobierno de la Capital, 72 D.P.R. 138 (1951),
que evaluamos con mayor detalle la obligación que surge
para los cocausantes de un daño extracontractual, así como
sus implicaciones procesales. En aquel caso los
demandados, a quienes se les reclamó por un accidente
automovilístico, presentaron una demanda contra tercero
para incluir en el pleito al dueño del auto en que viajaba
la víctima al momento del choque. Por su parte, el tercero
demandado solicitó la desestimación aduciendo que la
reclamación en su contra estaba prescrita.
Al resolver, mantuvimos la dirección perfilada en
casos como Cruz et al. v. Frau, supra, y reiteramos que la
sentencia dictada contra dos o más cocausantes de un daño
es solidaria. Rivera v. Great Am. Indemnity Co., 70 D.P.R.
825, 828 (1950). Tomando como fundamento la equidad y el
deber de evitar el enriquecimiento injusto, extendimos la
acción de nivelación que contempla el Art. 1098 del Código
Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1098, a los casos de
responsabilidad civil extracontractual con pluralidad de
causantes. García v. Gobierno de la Capital, supra, pág.
147. De modo que, si después de haberse adjudicado la
responsabilidad entre varios cocausantes uno de ellos CC-2014-723 14
indemnizaba a la víctima en una proporción mayor a su por
ciento de responsabilidad, éste podía nivelar y exigir de
los demás cocausantes solidarios el reembolso de la
cantidad que correspondiera a sus respectivos por cientos
de responsabilidad.14
Aunque reconocimos que la acción de nivelación no
surgía hasta que uno de los cocausantes pagaba en exceso
de su participación en el daño, concluimos que mediante
una demanda contra tercero podía incluirse una acción de
nivelación contingente para el caso en que el tribunal
llegara a determinar que ambos, demandado y tercero
demandado, fueron cocausantes y el primero terminara
pagando todos los daños. García v. Gobierno de la Capital,
supra, págs. 147-148.
Resolvimos, además, que en aquel caso la demanda
contra tercero no estaba prescrita pues aunque se instó
tres años después de ocurridos los hechos, la presentación
oportuna de la demanda original había interrumpido el
término prescriptivo. García v. Gobierno de la Capital,
supra, págs. 148-149. Para llegar a esta conclusión
aplicamos al ámbito de la responsabilidad civil
extracontractual el Art. 1874 del Código Civil, supra, el
cual preceptúa uno de los efectos de la solidaridad: la
14 El Art. 1098 del Código Civil, supra, dispone: “El pago hecho por uno de los deudores solidarios extingue la obligación. El que hizo el pago sólo puede reclamar de sus codeudores la parte que a cada uno corresponda, con los intereses de anticipo. La falta de cumplimiento de la obligación por insolvencia del deudor solidario será suplida por sus codeudores a prorrata de la deuda de cada uno”. CC-2014-723 15
interrupción del término prescriptivo. En lo pertinente,
el Art. 1874, supra, dispone: “La interrupción de la
prescripción de acciones en las obligaciones solidarias
aprovecha o perjudica por igual a todos los acreedores y
deudores”.
El siguiente caso de gran pertinencia es Arroyo v.
Hospital La Concepción, 130 D.P.R. 596 (1992). Allí,
cuatro años después de haber instado la demanda, los
demandantes solicitaron enmendarla para añadir como
codemandados solidarios a unos médicos, quienes se
opusieron y adujeron que la acción estaba prescrita. Al
resolver, precisamos nuestros pronunciamientos en García
v. Gobierno de la Capital, supra, y aclaramos que la
presunción de mancomunidad del Art. 1090 del Código Civil,
supra, no aplica al ámbito de la responsabilidad civil
extracontractual, sino a las obligaciones contractuales.
Asimismo, especificamos que la responsabilidad de los
cocausantes de un daño indivisible es de naturaleza
solidaria. Arroyo v. Hospital La Concepción, supra, págs.
604-605.
De otra parte, dijimos que en nuestro ordenamiento la
solidaridad tenía un carácter homogéneo, por lo cual no
distinguimos entre los efectos primarios y secundarios de
la solidaridad. Arroyo v. Hospital La Concepción, supra,
pág. 607. En consecuencia, concluimos que al ser
aplicables todos los efectos de la solidaridad, la CC-2014-723 16
interrupción del término prescriptivo frente a uno de los
cocausantes surtía efectos– por virtud del Art. 1874 del
Código Civil, supra- contra todos los demás que fueran
cocausantes solidarios del daño. Por lo tanto, aquellos
cocausantes que inicialmente no hubieran sido demandados
podían ser traídos posteriormente al pleito, tanto por el
demandante (por vía de enmienda a la demanda) como por los
demandados (a través de una demanda contra tercero).
Arroyo v. Hospital La Concepción, supra, pág. 608. Por lo
tanto, al disponer del caso permitimos que los demandantes
trajeran a los médicos cuatro años después, pues la
presentación a tiempo de la demanda original había
interrumpido el término prescriptivo.
Por último, recientemente resolvimos Fraguada Bonilla
v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, caso que también versaba sobre
una demanda por impericia médica. Transcurridos seis años
desde la presentación de la demanda, los demandantes
solicitaron enmendarla para incluir como codemandados a
dos doctores, a pesar de que tenían conocimiento de la
identidad y participación de éstos desde la fecha en que
ocurrieron los hechos. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux.
Mutuo, supra, en la pág. 392. Luego de que el Tribunal de
Primera Instancia permitiera la enmienda, uno de los
doctores solicitó que se dictara sentencia sumaria, pues
la tardanza injustificada de los demandantes al reclamar
seis años después constituía una falta de diligencia CC-2014-723 17
crasa. No obstante, basándose en Arroyo v. Hospital La
Concepción, supra, los tribunales recurridos declararon no
ha lugar a la moción.
Al disponer del caso, comenzamos por reiterar que el
Código Civil no establece expresamente la naturaleza de la
obligación de los cocausantes de un daño extracontractual.
Luego, procedimos a considerar las consecuencias de
interpretar –como habíamos hecho hasta entonces- que los
efectos de la solidaridad en el ámbito extracontractual se
extendían para interrumpir el término prescriptivo con
respecto a todo posible cocausante. El resultado era que
se socavaba el principio de la prescripción,
particularmente cuando en el Código Civil se establece el
término breve de un año para el ejercicio de las acciones
sobre responsabilidad civil extracontractual. Fraguada
Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 388.
Expusimos que bajo la jurisprudencia anterior se
había permitido que un demandante decidiera en qué momento
reclamarle a un supuesto cocausante, aún cuando el término
prescriptivo para ello había transcurrido. Concluimos,
pues, que la norma anterior era contraria a los
fundamentos de la prescripción, facilitaba el ejercicio
arbitrario y negligente de los derechos, promovía la
inestabilidad en las relaciones jurídicas y permitía
injusticias patentes contra los que eran demandados varios
años después. Estos demandados podrían encontrarse en una CC-2014-723 18
posición de indefensión debido a la pérdida de prueba o la
gran dificultad para conseguirla. Fraguada Bonilla v.
Hosp. Aux. Mutuo, supra, págs. 386 y 387.
Por esa razón, revocamos la norma establecida en
Arroyo v. Hospital La Concepción, supra, en cuanto a la
interrupción del término prescriptivo y adoptamos la
figura de la solidaridad impropia (también conocida como
obligación in solidum) en lo atinente a la interrupción de
la prescripción.15 En consecuencia, resolvimos
prospectivamente que “el Art. 1974 del Código Civil no
aplica a los casos de daños y perjuicios al amparo del
Art. 1802 del Código Civil”, Fraguada Bonilla v. Hosp.
Aux. Mutuo, supra, pág. 389, y explicamos que en adelante:
[E]l perjudicado podrá recobrar de cada cocausante demandado la totalidad de la deuda que proceda, porque los efectos primarios de la solidaridad se mantienen. Sin embargo, deberá interrumpir la prescripción en relación con cada cocausante por separado, dentro del término de un año establecido por el Art. 1868 del Código Civil si desea conservar su causa de acción contra cada uno de ellos. [...] De esta forma, la presentación oportuna de una demanda contra un presunto cocausante no interrumpe el término prescriptivo contra el resto de los alegados cocausantes, porque tal efecto secundario de la solidaridad no obra en la obligación in solidum. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, íd. (énfasis en el original) (citas omitidas).
15 Acogiendo así la postura disidente de algunos miembros de este Tribunal que desde varios años antes venían favoreciendo este curso de acción. Véase Arroyo v. Hosp. La Concepción, supra, pág. 608 (Opinión disidente emitida por Hernández Denton, J.). Véase también García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138, 160 (2009) (Opinión disidente emitida por Rodríguez Rodríguez, J.). CC-2014-723 19
Así, este Tribunal concluyó que la adopción de la
solidaridad impropia u obligación in solidum, en lo
referente a la interrupción del término prescriptivo en
acciones de daños y perjuicios, era la norma que mejor
armonizaba instituciones y conceptos tan relevantes como
la prescripción, la solidaridad y la teoría cognoscitiva
del daño, conduciendo a un balance más equitativo entre
las partes. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra,
pág. 391.
D. La solidaridad impropia u obligación in solidum
Los franceses distinguen entre los efectos primarios
y secundarios de la solidaridad. Los efectos primarios se
refieren a que el acreedor tiene derecho a exigir de cada
codeudor el pago íntegro de la deuda y cada codeudor está
obligado a así hacerlo. Asimismo, el pago realizado por
cualquiera de los codeudores libera a todos de la
obligación frente al acreedor. H. Mazeud, L. Mazeud & J.
Mazeud, Lecciones de Derecho Civil, Buenos Aires, Eds.
Jurídicas Europa-América, 1960, Vol. III, 2da parte, págs.
317-318. Por su parte, entre los efectos secundarios de la
solidaridad se encuentra el que la interrupción del
término prescriptivo con respecto a uno de los codeudores
se extiende para afectar a todos. Josserand, Derecho
Civil, Buenos Aires, Eds. Jurídicas Europa-América, 1950,
T. II, Vol. I, págs. 612-615.16
16 Véase también, G. Marty, Derecho Civil, Puebla, Pubs. de la Universidad de Puebla, 1952, Vol. II, págs. 139-141. CC-2014-723 20
El Código Civil francés no establece cuál es la
naturaleza de la obligación que surge cuando un daño
extracontractual es causado por más de una persona. Sin
embargo, la doctrina y la jurisprudencia en ese país
categorizan esta obligación como una in solidum. H.
Mazeud, L. Mazeud & A. Tunc, Tratado teórico y práctico de
la responsabilidad civil delictual y contractual, Buenos
Aires, Eds. Jurídicas Europa-América, 1977, T. II, Vol.
II, págs. 595-596. Las obligaciones in solidum presentan
los efectos primarios de la solidaridad, pero no los
secundarios. De manera que cada cocausante está obligado,
independientemente de su grado de culpa o por ciento de
responsabilidad en el daño, a indemnizar íntegramente al
perjudicado y el pago de la deuda por cualquiera de ellos
libera a los demás de la obligación frente al perjudicado.
Josserand, op. cit., págs. 617-618. Sin embargo, al no
operar los efectos secundarios de la solidaridad, el
término prescriptivo tiene que ser interrumpido con
respecto a cada cocausante individualmente. H. Mazeud, L.
Mazeud & A. Tunc, op. cit., pág. 596; H. Mazeud, L. Mazeud
& J. Mazeud, op. cit., págs. 327-328.
La distinción práctica entre los efectos primarios y
secundarios se justifica a base del concepto de la
representación. Debido al origen convenido de la
solidaridad en el contexto de las obligaciones
contractuales o al carácter expreso de ésta cuando se CC-2014-723 21
deriva de la ley, los codeudores se consideran
representantes los unos de los otros en atención a la
comunidad de intereses que entre ellos existe. H. Mazeud,
L. Mazeud & J. Mazeud, op. cit., págs. 315-316. Se recurre
a la idea de un mandato tácito entre ellos para
representarse mutuamente, pues la solidaridad fue
convenida o estaba ya preceptuada en la ley. G. Ripert &
J. Boulanger, Tratado de Derecho civil según el tratado de
Planiol, Buenos Aires, Eds. La Ley, 1965, T. V, 2da parte
(Obligaciones), págs. 534-535; Josserand, op. cit., pág.
611.
Pero cuando unas personas son codeudoras por el hecho
de haber concurrido en la causación de un daño
extracontractual, no existe entre ellas esa relación de
representatividad. H. Mazeud, L. Mazeud & J. Mazeud, op.
cit., pág. 328.17 Cada uno responde por el todo frente al
perjudicado porque, al igual que en los efectos primarios,
se trata de un mismo daño indivisible. Sin embargo, cuando
hablamos de los efectos secundarios de la solidaridad los
actos procesales como la interrupción de la prescripción
deben efectuarse de forma independiente por cada
cocausante pues uno no es representante del otro.
17 “Lo cierto es que la representación recíproca de los deudores solamente se justifica si existe entre ellos una comunidad de intereses; no tiene razón alguna de ser si los deudores entienden permanecer ajenos los unos a los otros y si la solidaridad les es impuesta en razón de las circunstancias, tal vez puramente fortuitas, en que nacieron sus deudas”. G. Ripert & J. Boulanger, op. cit., pág. 535. CC-2014-723 22
Por su parte, en España la distinción entre efectos
primarios y secundarios de la solidaridad es de más
reciente cuño. Fue en su sentencia de 14 de marzo de 2003
que el Tribunal Supremo español acogió expresamente la
figura de la solidaridad impropia en el marco de las
acciones sobre responsabilidad civil extracontractual con
pluralidad de causantes.18 Específicamente, el Tribunal
Supremo español resolvió que el Art. 1974 de su Código
Civil -el cual establece que la interrupción de la
prescripción en las obligaciones solidarias perjudica a
todos los deudores- aplica únicamente a las obligaciones
solidarias propias, mas no a las impropias:
La presente sentencia cuya deliberación originó discrepancias entre los miembros de la Sala de Justicia que la autoriza, acerca de la cuestión jurídica básica que sustenta el recurso, se dicta previa consulta a la junta general de los Magistrados de la Sala Primera del Tribunal Supremo, celebrada el día 27 de marzo de 2003, que adoptó, por amplia mayoría de votos el acuerdo que se transcribe: el párrafo primero del artículo 1.974 del Código Civil únicamente contempla efecto interruptivo en el supuesto de las obligaciones solidarias en sentido propio cuando tal carácter deriva de norma legal o pacto convencional, sin que pueda extenderse al ámbito de la solidaridad impropia, como es la derivada de responsabilidad extracontractual cuando son varios los condenados judicialmente. S. de 14 de marzo de 2003, Núm. 223/2003, Repertorio de Jurisprudencia, 2003/3645.
De manera que después de esta sentencia, el
perjudicado que ha sufrido un daño extracontractual por la
culpa o negligencia de varios cocausantes y que pretenda
18 S. de 14 de marzo de 2003, Núm. 223/2003, Repertorio de Jurisprudencia 2003/3645. CC-2014-723 23
exigir responsabilidad de todos deberá interrumpir el
término prescriptivo respecto a cada uno individualmente e
incluirlo en la demanda. La jurisprudencia española
justifica este resultado en la falta de representatividad
entre los cocausantes, aunque lo explica distinto a como
lo ha hecho la doctrina francesa. Así, para el Tribunal
Supremo español, a pesar de que la obligación de reparar
nace una vez ocurre el daño, la solidaridad en el contexto
extracontractual no se produce sino hasta que el tribunal
la declara en la sentencia:
En la solidaridad que nace convencionalmente o por disposición legal, se aplica claramente la interrupción de la prescripción a todos los deudores solidarios por aplicación del artículo 1974 del Código Civil. Pero si la solidaridad no nace sino de la sentencia, que es la llamada solidaridad impropia, la interrupción de la prescripción respecto a uno de los deudores no alcanza a otro, ya que no era deudor solidario y sólo lo fue desde la sentencia que así lo declaró, no antes. S. de 4 de junio de 2007, Núm. 662/2007, Repertorio de Jurisprudencia 2007/3612.
El Tribunal Supremo español también ha dicho que en
supuestos de solidaridad impropia los efectos de la
solidaridad, al igual que nacen con la sentencia, se
agotan en la sentencia, por lo cual no procede extenderlos
a personas que no hayan sido demandadas y condenadas. En
tales casos, el por ciento de responsabilidad en el daño
que se le atribuya a esas personas que no fueron
demandadas y condenadas no lo asumen los cocausantes
condenados solidariamente, sino que se descuenta de la CC-2014-723 24
indemnización del perjudicado. S. de 17 de junio de 2002,
Núm. 631/2002, Repertorio de Jurisprudencia 2002/5223;19 S.
de 21 de octubre de 2002, Núm. 967/2002, Repertorio de
Jurisprudencia 2002/8770; Tratado de responsabilidad
civil, 4ta ed., Pamplona, Ed. Aranzadi, 2008, T. I, pág.
988, (L. Fernando Reglero Campos, coordinador).
E. La acción de nivelación
A la relación entre el perjudicado y los cocausantes
del daño se le conoce como relación externa. Como hemos
dicho, tanto en la solidaridad propia como en la impropia
cada cocausante tiene la obligación de responder frente al
perjudicado por la totalidad de sus daños. Sin embargo, en
nuestra jurisprudencia hemos distinguido la culpa de cada
uno de los cocausantes, determinando su particular por
ciento de responsabilidad en el daño.20 Esta relación entre
los cocausantes en función de su respectiva cuota de
responsabilidad, se conoce como relación interna y dentro
de ésta podría tener lugar la acción de nivelación.
Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 D.P.R. 889, 901
(2012).
Cuando alguno de los cocausantes paga la totalidad de
la condena impuesta, los demás cocausantes quedan
19 Aunque esta sentencia es anterior a la de 14 de marzo de 2003 en la que se acogió sin ambages la solidaridad impropia, esta última se apoyó en la primera para sostener que la distinción entre solidaridad propia e impropia no se trataba de una nueva norma, sino que desde antes ese Tribunal había resuelto a base de dicha distinción. 20 Asimismo, cuando no es posible atribuir un por ciento de participación preciso, lo hemos fijado por partes iguales entre todos los cocausantes. Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 118 D.P.R. 701, 707 (1987). CC-2014-723 25
liberados de la obligación ante el perjudicado. Por ello,
bajo nociones de equidad hemos reconocido la acción de
nivelación a favor del cocausante que indemniza al
perjudicado en una proporción mayor a su grado de culpa en
el daño. Mediante esta acción el cocausante que pagó le
puede reclamar a los otros el reembolso correspondiente
según sus respectivos porcientos de responsabilidad. De
otro modo resultaría una situación contraria al principio
que prohíbe el enriquecimiento injusto. Id; US Fire
Insurance v. A.E.E., 174 D.P.R. 846, 858 (2008).
Debido al carácter subsidiario de la acción de
nivelación, ésta sólo procede contra aquellos que
judicialmente hayan sido declarados cocausantes solidarios
Por lo tanto, si un tribunal concluye que determinado
demandado no tuvo culpa en el daño, éste no es cocausante
y no puede haber acción de nivelación en su contra. De
igual forma, si la obligación de un cocausante se extingue
o deja de ser exigible, dicho cocausante queda liberado y
los otros no pueden recurrir a la acción de nivelación.21
De otra parte, aunque la acción de nivelación surge
cuando uno de los cocausantes paga en una proporción mayor
a su por ciento de responsabilidad, hemos permitido el uso
21 Así, hemos resuelto, por ejemplo, que cuando uno de los cocausantes transige con el perjudicado y éste lo libera de toda responsabilidad, dicho perjudicado asume el por ciento de participación de ese cocausante en el daño. S.L.G. Szendrey v. Hospicare, Inc., 158 D.P.R. 648, 656 (2003). Como los cocausantes que permanecen en el pleito no tienen que responder por el por ciento de responsabilidad del que fue liberado, cualquier acción de nivelación contra éste carece de fundamentos. Id. CC-2014-723 26
de la demanda contra tercero como mecanismo procesal para
traer al pleito a un presunto cocausante y viabilizar una
potencial acción de nivelación contingente al resultado de
la demanda. Id.; Security Ins. Co. v. Tribunal Superior,
101 D.P.R. 191, 198 (1973). Así se facilita la
dilucidación de responsabilidad y se promueve la economía
procesal.
No obstante, la premisa que posibilita la acción de
nivelación contingente es que la causa de acción del
demandante contra el tercero demandado no esté prescrita.
Como vimos en algunos de los casos reseñados, esa fue la
principal defensa que trataron de utilizar los terceros
demandados. García v. Gobierno de la Capital, supra. Sin
embargo, en aquel momento la declaramos sin lugar, pues
concluimos que la demanda original presentada a tiempo
había interrumpido el término prescriptivo por virtud del
Art. 1874 del Código Civil, supra. Pero como veremos, esto
cambió después de Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, al
resolver que el Art. 1874 del Código Civil, supra, no
aplica en las acciones sobre responsabilidad civil
extracontractual con pluralidad de causantes. Pasemos
ahora a aplicar este derecho a la controversia de autos.
III
En el presente caso, los recurridos instaron una
demanda contra tercero para incluir al E.L.A. en el
pleito. Alegaron que el E.L.A. negligentemente permitió CC-2014-723 27
que el velero del señor Ramos Inchautegui permaneciera
anclado sin autorización y con las luces apagadas, creando
una situación de peligro que resultó en el choque de las
embarcaciones. Así, sostuvieron que el E.L.A. debía
responderle directamente a la demandante o, en la
alternativa, a ellos por la cantidad que tuvieran que
pagar como indemnización.
Ya que cualquier reclamación que la demandante
pudiera tener contra el E.L.A. estaba prescrita, el
Tribunal de Primera Instancia concluyó que no procedía la
directamente a la demandante. Asimismo, resolvió que
tampoco procedía para que le respondiera a los recurridos
por cualquier suma que éstos tuvieran que pagar. Razonó
que los recurridos no podían revivir la causa de acción de
la demandante indirectamente por vía de una acción de
nivelación contingente. Por lo tanto, dictó sentencia
parcial y desestimó la demanda contra tercero.
Los recurridos apelaron esta determinación. El
Tribunal de Apelaciones sostuvo la desestimación de la
demanda contra tercero en lo referente a incluir en el
pleito al E.L.A. para que le respondiera a la demandante.
Sin embargo, revocó aquella parte de la sentencia parcial
que desestimó la acción de nivelación contingente. Expresó
que en Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, este Tribunal
mantuvo la vigencia de los efectos primarios de la CC-2014-723 28
solidaridad, por lo cual los recurridos estaban sujetos a
pagar la totalidad de los daños independientemente de que
la acción de la demandante estuviera prescrita a favor del
E.L.A. Inconforme, el E.L.A. recurrió ante nos y señaló
que el tribunal intermedio incidió al permitir una acción
de nivelación contingente, a pesar de que frente a ella la
causa de acción original estaba prescrita.
Efectivamente, en Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo,
supra, dijimos que cada uno de los cocausantes demandados
continuaba siendo responsable de pagar la totalidad de la
deuda que procediera. Asimismo, en el escolio 13 de esa
Opinión aclaramos que la presunción de mancomunidad que
establece el Art. 1090 del Código Civil, supra, no aplica
en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual.
Por lo tanto, la obligación que surge cuando un daño es
causado por una pluralidad de sujetos es de carácter
solidaria. Sin embargo, especificamos que se trata de una
solidaridad impropia en el sentido de que la interrupción
del término prescriptivo frente a un cocausante no tiene
el efecto de interrumpir automáticamente el término
prescriptivo para todos los demás cocausantes del daño que
fueran conocidos por el demandante.
Entendimos que esta norma era la que mejor armonizaba
con una institución tan relevante en nuestro ordenamiento
jurídico como lo es la prescripción. El Art. 1868 del
Código Civil, supra, fija un término prescriptivo de un CC-2014-723 29
año para las acciones sobre responsabilidad civil
extracontractual y la brevedad de ese término fue
deliberadamente pretendida por el legislador como una
manera de contrarrestar la incertidumbre que caracteriza a
este tipo de obligación. Resultaba, pues, incompatible que
un demandante se cruzara de brazos y, amparándose en la
interrupción automática, pretendiera tiempo después traer
al pleito a un cocausante cuya responsabilidad conocía o
podía conocer. Además, precisamos que la teoría
cognoscitiva del daño seguía estando vigente, por lo que
si durante el proceso judicial un demandante advenía en
conocimiento de la responsabilidad de un presunto
cocausante, podía enmendar la demanda para incluirlo como
demandado.
El Tribunal de Apelaciones interpretó nuestras
expresiones en Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, como
susceptibles de permitir una acción de nivelación
contingente en una situación como la de autos en que la
reclamación original sobre daños y perjuicios ha prescrito
con relación al tercero demandado. Sin embargo, ello no es
compatible con lo que este Tribunal resolvió. Aunque en
Fraguada v. Hosp. Aux Mutuo, supra, no se trataba de una
demanda contra tercero sino de una enmienda a la demanda
promovida por el demandante una vez había transcurrido el
término prescriptivo, el problema sobre prescripción que
allí discutimos aplica de manera similar. CC-2014-723 30
Es decir, debido a que la reclamación sobre daños y
perjuicios es la causa de acción principal y la acción de
nivelación es subsidiaria y dependiente, si la primera no
está disponible por motivo de prescripción, la segunda se
torna improcedente. “No puede permitirse indirectamente,
por vía de tercero, lo que está impedido en una acción
directa”. González v. Multiventas, 165 D.P.R. 873, 883
(2005); Cortijo Walter v. Fuentes Fluviales, 91 D.P.R.
575, 581 (1964). Al prescribir la reclamación sobre daños
y perjuicios a favor de un cocausante, éste queda liberado
de tener que responder pues su responsabilidad deja de ser
exigible.22 Lo contrario violentaría los fundamentos de
Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo, supra.
El propósito de promover el reclamo diligente de los
derechos, la seguridad en el tráfico jurídico y la
estabilidad de las relaciones en nuestro ordenamiento se
vería frustrado de resolver como lo hizo el Tribunal de
Apelaciones. Una de las consecuencias sería que aún cuando
un perjudicado conociera que su daño fue causado por la
culpa o negligencia de varias personas, pueda cruzarse de
brazos, demandar sólo a uno y cobrar de éste la totalidad
de la indemnización. A su vez, ese cocausante podría
presentar una acción de nivelación contingente durante el
22 “Así, cuando transcurre el periodo de tiempo que fija la ley se extingue la acción para hacer efectivo el derecho en cuestión y el deudor queda liberado de su obligación en tanto puede negarse a cumplir con ella fundamentado en que ésta fue reclamada tardíamente”. Meléndez Guzmán v. Berríos López, supra, en la pág. 1018. Véase también García Aponte et al. v. E.L.A. et al., 135 D.P.R. 137, 142 (1994). CC-2014-723 31
pleito o reclamarle –después de dictada la sentencia- a
otros posibles cocausantes, escenarios que pueden ocurrir
años después de presentada la demanda en vista de que el
derecho a nivelar no surge hasta que el cocausante paga
más de lo que le corresponde. El análisis que hicimos en
Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, para armonizar la
responsabilidad solidaria, la prescripción y la teoría
cognoscitiva del daño habría sido en vano.
Por el contrario, si la reclamación del perjudicado
contra determinado cocausante está prescrita, ninguno de
los cocausantes demandados a tiempo puede traerlo al
pleito para que le responda al perjudicado. Al estar
prescrita a su favor la causa de acción, ese cocausante no
está sujeto a responderle al perjudicado. Art. 1830 del
Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5241.23 Asimismo, los
cocausantes demandados tampoco pueden, mediante demanda
contra tercero, presentar en su contra una acción de
nivelación contingente, pues al extinguirse el derecho del
perjudicado a exigir responsabilidad de ese cocausante,
cesa la obligación para los demás cocausantes de responder
por la parte de aquel en el daño. “La Regla 12.1 de
Procedimiento Civil [sobre la demanda contra tercero] no
crea, extiende o limita derechos sustantivos”. Gen. Accid.
Ins. Co. P.R. v. Ramos, supra, pág. 534; Colón v. Coop. de
Seguros Múltiples de P.R., supra, pág. 571.
23 “También se extinguen del propio modo por la prescripción los derechos y las acciones, de cualquier clase que sean”. Art. 1830 del Código Civil, supra. CC-2014-723 32
En tal caso, el por ciento de responsabilidad de ese
cocausante que no fue demandado a tiempo con conocimiento
del demandante se resta de la totalidad y el perjudicado
será indemnizado por el valor monetario de la diferencia
que resulte. De la totalidad de esa diferencia responderán
solidariamente todos los cocausantes demandados dentro del
término prescriptivo. Lo anterior es consecuencia de la
solidaridad impropia u obligación in solidum según la
adoptamos en Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo, supra:
[E]l perjudicado podrá recobrar de cada cocausante demandado la totalidad de la deuda que proceda, porque los efectos primarios de la solidaridad se mantienen. Sin embargo, deberá interrumpir la prescripción en relación con cada cocausante por separado, dentro del término de un año establecido por el Art. 1868 del Código Civil si interesa conservar su causa de acción contra cada uno de ellos. Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 389.
Así, por ejemplo, si un daño extracontractual es
ocasionado por cuatro cocausantes solidarios a quienes el
perjudicado demanda de manera oportuna, una vez el
tribunal adjudica los respectivos por cientos de
responsabilidad (supongamos que le atribuye 25% a cada
uno) el perjudicado tiene derecho a cobrar de cualquiera
de ellos la totalidad (el 100%) de la indemnización. De la
misma forma, si uno de los cuatro paga toda la deuda, el
que pagó puede nivelar con los demás y requerir el
reembolso correspondiente a sus respectivos por cientos de
responsabilidad. CC-2014-723 33
Por el contrario, si en el ejemplo anterior el
perjudicado (a pesar de conocer que sufrió un daño,
quiénes lo causaron y los elementos necesarios para
ejercitar su causa de acción) insta una demanda dentro del
término prescriptivo sólo contra dos cocausantes, pero con
respecto a los otros dos la acción prescribe, los dos
cocausantes demandados a tiempo no pueden valerse de una
demanda contra tercero para traer al pleito a los que
quedaron fuera. Al estar prescrita a su favor la causa de
acción original, los cocausantes que no fueron demandados
a tiempo no son responsables frente al perjudicado y, como
consecuencia, no se configura una relación de solidaridad
con respecto a los cocausantes demandados. De resolver el
tribunal que, en efecto, el daño fue ocasionado por los
cuatro cocausantes y fijar el por ciento de culpa de cada
uno en 25%, del total (100%) de las participaciones en el
daño restará el 50% de culpa correspondiente a los dos
cocausantes con respecto a los cuales la acción
prescribió. El perjudicado sólo tendrá derecho al restante
50% correspondiente a la participación en el daño de los
cocausantes que demandó a tiempo. La indemnización
equivalente a ese 50% podrá cobrarla de cualquiera de los
dos cocausantes demandados, quienes responden
solidariamente.24
24 Siguiendo este ejemplo, cualquiera de los dos cocausantes demandados a tiempo que indemnice al perjudicado en una proporción mayor a su 25% de responsabilidad, podrá nivelar con el otro y exigir el reembolso correspondiente. CC-2014-723 34
Con respecto a la controversia que hoy atendemos, la
conclusión a la cual llegamos es la que más claramente se
deriva del análisis y los fundamentos en los que este
Tribunal se basó al resolver Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo,
supra. La solidaridad en el ámbito de la responsabilidad
civil extracontractual se mantiene, pero se trata de una
solidaridad impropia en lo que a la interrupción del
término prescriptivo se refiere. Por ende, el perjudicado
debe interrumpir el término prescriptivo de un año que
establece el Art. 1868 del Código Civil, supra, frente a
cada presunto cocausante individualmente si es que
pretende conservar su causa de acción contra cada uno de
ellos.
Como corolario, un cocausante demandado no puede
traer al pleito mediante demanda contra tercero a un
presunto cocausante solidario con respecto a quien la
causa de acción del perjudicado prescribió. Prescrita a su
favor la causa de acción, ese alegado cocausante no está
sujeto a responderle al perjudicado ni tampoco, mediante
una acción de nivelación, a los cocausantes demandados.
“La prescripción constituye la forma de extinción de un
derecho debido a la inercia en ejercerlo por su titular,
durante un tiempo determinado”. Santiago v. Ríos Alonso,
supra, pág. 188; Galib Frangie v. El Vocero de P.R.,
supra, pág. 566. Si después de celebrado el juicio el
tribunal concluyera que el presunto cocausante que no fue CC-2014-723 35
demandado a tiempo en efecto contribuyó a producir el
daño, el por ciento de responsabilidad que se le atribuya
se descontará de la indemnización del perjudicado. Ello,
ya que fue su propia falta de diligencia -al no
interrumpir el término prescriptivo cuando estaba en
posición de hacerlo- lo que provocó que perdiera el
derecho a reclamar ese por ciento de responsabilidad.
Por último, debemos recalcar que en nuestro
ordenamiento jurídico rige la teoría cognoscitiva del
daño. Por lo tanto, el término prescriptivo para exigir
responsabilidad por un daño extracontractual comienza a
transcurrir cuando el perjudicado conoció –o debió conocer
de haber procedido diligentemente- la existencia del daño,
quién lo causó, así como los elementos necesarios para
ejercer efectivamente la causa de acción. Si en el
transcurso del proceso judicial el perjudicado adviene en
cocausante, será desde ese momento que el término
prescriptivo comenzará a transcurrir en cuanto a este
último.
Asimismo, mantenemos la acción de nivelación que por
primera vez reconocimos en García v. Gobierno de la
Capital, supra. Dicha acción operará en la relación
interna entre los cocausantes solidarios del daño cuando
cualquiera de ellos indemnice al perjudicado en una
proporción mayor a la que le corresponde. Sin embargo, CC-2014-723 36
para que proceda la acción de nivelación contra un
cocausante es un requisito que éste sea responsable
solidariamente frente al perjudicado, pues sólo así puede
haber derecho a exigir el reembolso por su responsabilidad
concurrente en el daño. Lo anterior no sucede cuando la
causa de acción sobre daños y perjuicios ha prescrito a su
favor.
Al repasar los hechos del presente caso, no hay
controversia en cuanto a que la demandante no le reclamó
extrajudicialmente al E.L.A. Por su parte, en la demanda
incluyó como codemandados a los recurridos Carlos Juan
Suárez González y Carlos Suárez Miranda como conductor y
propietario, respectivamente, de la lancha en la cual se
encontraba cuando ocurrió el accidente. Demandó también al
señor Ramos Inchautegui como dueño del velero contra el
que chocó la embarcación. Surge del expediente que el
alegado accidente ocurrió el 24 de julio de 2011. Sin
embargo, no fue hasta el 22 de agosto de 2013 -cuando
los recurridos presentaron la demanda contra tercero- que
el E.L.A. tuvo conocimiento de alguna reclamación en su
contra. Así lo determinó el Tribunal de Primera Instancia
y ello no fue controvertido.
Al haber transcurrido el término para que la
demandante pueda exigir responsabilidad del E.L.A., la
demanda contra tercero no procede. Aún presumiendo que el
E.L.A. haya actuado negligentemente –sobre lo cual no CC-2014-723 37
estamos haciendo determinación alguna-, al estar prescrita
la causa de acción, el E.L.A. no está sujeto a responderle
a la demandante ni a los recurridos. Por lo tanto, no se
satisfacen ninguno de los requisitos que contempla la
Regla 12.1 de Procedimiento Civil, supra, para que proceda
una demanda contra tercero. Así pues, la demanda contra
tercero presentada por los recurridos en el presente caso
debe ser desestimada.
IV
Por los fundamentos expuestos, se revoca la decisión
del Tribunal de Apelaciones en cuanto permite la acción de
nivelación contingente contra el E.L.A., mediante la
demanda contra tercero. Se reinstala la sentencia parcial
del Tribunal de Primera Instancia en todos sus extremos.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Maite D. Oronoz Rodríguez Jueza Presidenta CC-2014-723 38 EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Adria Maldonado Rivera Recurrida v. Carlos Suárez y otros Recurrido CC-2014-723
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, se revoca la decisión del Tribunal de Apelaciones en cuanto permite la acción de nivelación contingente contra el E.L.A., mediante la demanda contra tercero. Se reinstala la sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia en todos sus extremos.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco disiente y hace constar la siguiente expresión a la que se une el Juez Asociado señor Rivera García:
“La Jueza Asociada señora Pabón Charneco disiente por las razones que expresara en su Opinión Disidente en Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 396-412 (2012).
La adopción “parcial” de la doctrina de las obligaciones in solidum por este Tribunal sin mayor análisis sobre sus CC-2014-723 39
repercusiones - en vez de abrazar las herramientas que sí reconoce nuestro ordenamiento jurídico - ha dislocado esas instituciones y conceptos que pretendía armonizar. El caso de autos es ejemplo de cómo los préstamos tomados de otros ordenamientos jurídicos pueden afectar los derechos de las partes, dificultar la labor de nuestros tribunales y requerir constantes remiendos.
Tras comenzar a disiparse los efectos del carácter prospectivo de Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, este caso ha requerido que una mayoría del Tribunal aborde jurisprudencialmente algunas de las serias interrogantes causadas por la adopción de la doctrina. Sus efectos son desconocidos por nuestro ordenamiento y ahora no se ven enmarcados por la coherencia que el Código Civil proveyó por décadas a la figura de la solidaridad. Véanse por ejemplo, Rodríguez Caraballo v. Departamento de Transportación y Obras Públicas, KLCE201501080 (sobre cuándo surge la causa de acción contra el cocausante no demandado); Soto López v. Supermercados Econo Corp., KLCE201400476; R&C Painting Corporation v. Consejo de Titulares, KLAN201401831, KLAN201401836 (sobre la aplicación de Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, a casos de responsabilidad absoluta por producto defectuoso); Ramírez-Ortiz v. Corporación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe, 994 F.Supp.2d 218 (2014)(sobre la existencia de solidaridad perfecta entre hospital y doctor cuando el paciente confía su salud al hospital). Véase además, J.J. Álvarez González, Responsabilidad Civil Extracontractual, 83 (Núm. 3) Rev. Jur. U.P.R. 893, 899 (2014)(Análisis del caso Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, en cuanto al efecto de mancomunidad de la Opinión, los posibles incidentes de colusión entre los cocausantes, la complicación litigiosa, la dificultad para alcanzar transacciones extrajudiciales, y el aumento en el riesgo de que el demandante incurra en temeridad)”.
Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo