EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: 2015 TSPR 100
Nereida Rivera Navarro 193 DPR ____
Número del Caso: CP-2013-17
Fecha: 22 de junio de 2015
Resolución elevada por:
Hon. Héctor Clemente Delgado Juez Superior Tribunal de Primera Instancia Sala Superior de Bayamón
Materia: Conducta Profesional - La suspensión de la abogada será efectiva el 20 de julio de 2015, fecha en que se le notificó a la abogada de su suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Nereida Rivera Navarro CP-2013-17 Conducta Profesional
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2015.
I
El 4 de junio de 2013, la Oficina de la
Procuradora General de Puerto Rico (PG) presentó
querella sobre conducta profesional contra la
Lcda. Nereida Rivera Navarro (en adelante la
querellada o licenciada). La querella presentada
por la PG imputaba la violación a los Cánones 8, 9,
12, 18, 20, 23, 35 y 38 de Ética Profesional1. La
situación que da base a la imputación de estas
violaciones a los Cánones de Ética Profesional
1 4 LPRA AP. IX. CP-2013-17 2
surgió como consecuencia de una queja presentada el 21 de
octubre de 2009 por el Honorable Héctor Clemente Delgado,
Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia.
En su queja, el togado refiere a nuestra atención a
la abogada de epígrafe por entender que las actuaciones
de la licenciada en el caso Jennie Marie Hayeck Arroyo v.
Teresa Pérez Guevara, civil número D AC2004-1725, sobre
liquidación de sociedad legal de gananciales y partición
de herencia, constituían conducta prohibida por los
mencionados cánones de ética. En el referido caso la
licenciada Rivera Navarro representaba a la señora Jennie
Hayeck Arroyo, como parte demandante.
El honorable Juez Clemente Delgado expuso en su
Resolución que, la licenciada se encontraba en posesión
de la suma de $92,667.53, pertenecientes al caudal
hereditario del caso. En un principio estos fondos le
fueron entregados por su clienta para ser consignados en
el Tribunal. Sin embargo, la licenciada Rivera Navarro,
sin estar autorizada por la Sucesión, los depositó en una
cuenta personal en la cual ella era la única firmante
autorizada.
Según surge del expediente, el 18 de mayo de 2004,
la licenciada Rivera Navarro presentó un escrito titulado
Moción Solicitando Remedios Provisionales. En el mismo,
se informó que el causante Luis Manuel Arroyo Palou
–abuelo materno de la Sra. Jennie Hayeck Arroyo-, al CP-2013-17 3
momento de su fallecimiento poseía varias cuentas y una
caja de seguridad en una institución bancaria.2 Además,
el escrito señalaba que la también causante María Luisa
Arroyo Matta –madre de la Sra. Jennie Hayeck Arroyo-
poseía por su parte varias cuentas bancarias al momento
de fallecer.3
Así las cosas, la licenciada Rivera Navarro solicitó
al tribunal que se emitieran varias órdenes dirigidas a
las instituciones bancarias, a los efectos de congelar
las cuentas para evitar que los fondos fueran
dilapidados. Estas órdenes fueron emitidas por el
Tribunal de Primera Instancia, según solicitado. A pesar
de lo anterior, el 14 de marzo de 2006, a solicitud de la
clienta de la licenciada Rivera Navarro el Banco
Santander canceló las cuentas de los causantes y emitió
cinco cheques, dos a nombre de la señora Hayeck y otros
tres a nombre de varios miembros de la Sucesión.
Luego de recibido los cinco cheques, la señora
Hayeck retuvo y cambió dos de estos, pertenecientes a las
cuentas de la causante María Arroyo Matta, ya que era
única heredera. En cambio, los otros tres cheques,
pertenecientes al caudal hereditario del Sr. Luis Manuel
Arroyo Palou, fueron entregados a la licenciada Rivera
Navarro, para que los consignara en el Tribunal de
2 El Sr. Luis Manuel Arroyo Palou falleció el 24 de junio de 2003. 3 La Sra. María Luisa Arroyo Matta falleció el 9 de octubre de 2003. CP-2013-17 4
Primera Instancia. No obstante, estos cheques, cuya
cantidad total era de $100,567,78, fueron endosados y
depositados por la licenciada en una cuenta bancaria
personal en la cual aparecía ella como única persona
En la Conferencia con Antelación a Juicio celebrada
el 17 de febrero de 2009, la parte demandada solicitó al
tribunal que se emitiera una orden de arresto contra la
representada de la licenciada Rivera Navarro. Esto pues,
la señora Hayeck no estaba presente para explicar las
razones por las cuales se había retirado sin
autorización, el dinero de las cuentas bancarias
pertenecientes al caudal hereditario. Por su parte, la
licenciada Rivera Navarro suplicó al tribunal que no
emitiera la orden de arresto contra su clienta. Al serle
negada su petición por el tribunal, la licenciada informó
que ella tenía en su oficina dos de los cheques que
sumaban sobre $92,667.53, pero que por la fecha en que se
emitieron, se debían hacer cheques nuevos. Añadió que el
resto del dinero había sido utilizado por su clienta, la
señora Hayeck. A pesar de la argumentación de la
licenciada, el tribunal emitió una orden de arresto
contra la señora Hayeck con una fianza de $2,000 y la
citó para que compareciera el 4 de marzo de 2009 para
aclarar el asunto. CP-2013-17 5
Según surge del Informe de la Comisionada, ese mismo
día, 17 de febrero de 2009, la parte demandada llamó a la
atención del tribunal que contrario a lo expresado por la
parte demandante, el expediente de la institución
bancaria reflejaba que los cheques de referencia no
estaban en posesión de la licenciada en su oficina, sino
que habían sido endosados y depositados por la licenciada
Rivera Navarro en una cuenta personal exclusiva.
La parte demandada solicitó la descalificación de la
licenciada Rivera Navarro del caso por las implicaciones
éticas que lo anterior pudiese representar. El foro de
instancia accedió y señaló la vista para el 27 de abril
de 2009 en la cual se discutiría la descalificación de la
licenciada. A dicha vista la licenciada no se presentó,
ni excusó su incomparecencia. Posteriormente el tribunal
concedió la descalificación.
El 6 de julio de 2009, se celebró otra vista en la
que Jennie Hayeck declaró bajo juramento ante el tribunal
que mediante cartas y llamadas telefónicas le había
solicitado la renuncia y la devolución del expediente a
la licenciada Rivera Navarro. Además testificó que la
licenciada había acordado con ella que asistiría a la
vista, pero no cumplió. En respuesta para el record, el
tribunal resolvió que “para todo fin práctico y legal la
licenciada Rivera Navarro no es abogada de la parte
demandante, primero porque fue descalificada y segundo CP-2013-17 6
porque la parte demandante indicó bajo juramento que no
la quiere como abogada”. Además, el tribunal le concedió
cinco días a la licenciada Rivera Navarro para que
entregara el expediente a la demandante.
Así las cosas, ante el reiterado incumplimiento de
la licenciada, el 6 de octubre de 2009, el tribunal
emitió orden en la cual citó vista para el 23 de
diciembre de 2009 para que la licenciada Rivera Navarro
mostrara causa por la cual no debía encontrarse en
desacato por incumplir con las ordenes anteriores. La
misma fue ordenada para que se diligenciara personalmente
por conducto de la Oficina de Alguaciles del Tribunal de
Bayamón, aun fuera de horas laborables.
El 28 de octubre de 2009 la Unidad de Citaciones
Arrestos del tribunal de Caguas certificó para el
tribunal de Bayamón las gestiones realizadas para
notificar la orden a la licenciada, sin tener éxito. No
obstante a no haber sido notificada, la licenciada Rivera
Navarro compareció a la vista del 23 de diciembre de 2009
y consignó un giro por la cantidad de $48,687.32.4
Además, solicitó que se descongelara su cuenta personal
en el Banco Popular, que había sido previamente congelada
4 El giro de $48,687.32 estaba girado a favor de Jennie Marie Hayeck y Teresa Pérez, por lo que se le ordenó acudir a una sucursal del Banco Popular cercana para que se sustituyera por uno a favor del Secretario del Tribunal. CP-2013-17 7
para asegurar la disponibilidad de los fondos adeudados.5
De esta forma, adujo la licenciada Rivera Navarro, podría
pagar los restantes $43,980.21. El tribunal le concedió
10 días a la licenciada para consignar el resto del
dinero.
A pesar de varios trámites procesales a estos fines,
la licenciada incumplió con dichas órdenes. Según surge
en la Minuta del 8 de septiembre de 2010, el Tribunal de
Primera Instancia hizo constar que a dicha fecha la
licenciada aun debía el dinero, incumpliendo así con las
órdenes del tribunal.
II.
Infracción al Canon 8
El Código de Ética Profesional, supra, recoge las
normas mínimas de conducta que regulan la profesión de la
abogacía y promueven las guías de comportamiento ejemplar
para beneficio de la ciudadanía, la profesión y las
instituciones de justicia.6
En lo relativo al caso que nos ocupa, el Canon 8
del Código de Ética Profesional, supra, dispone que el
5 Al momento no tenemos certeza absoluta en cuanto a si dichos fondos fueron descongelados. Sin embargo, vale destacar que el tribunal de instancia le ordenó en varias ocasiones más que restituyera los fondos restantes, pero a la fecha de la presentación de la queja ello aún no había ocurrido. Además, actualmente hay un pleito civil pendiente en el cual miembros de la Sucesión están reclamándole a la licenciada Rivera Navarro la restitución de estos fondos. Por lo anterior, entendemos que la licenciada Rivera Navarro no ha restituido el dinero perteneciente al caudal hereditario.
6 In re Guemárez Santiago, 2014 TSPR 112; In re Ortiz Delgado, 189 DPR 826 (2013), In re Falcón López, 189 DPR 689 (2013). CP-2013-17 8
abogado o la abogada “no debe permitir que sus clientes,
en el trámite de los asuntos que crean la relación de
abogado y cliente, incurran en conducta que sería
impropia del abogado si él la llevase a cabo
personalmente”.7
En el caso Jennie Marie Hayeck Arroyo v. Teresa
Pérez Guevara, civil número D AC2004-1725, la prueba
dispone que Jennie Hayeck acudió a la institución
bancaria en la cual se encontraba el dinero perteneciente
al caudal hereditario y retiró el mismo. Esto a sabiendas
de que a petición de su representación legal, se habían
congelado las cuentas para que las partes no pudieran
retirar los fondos. Al momento de incurrir en tal
conducta, la señora Hayeck se encontraba representada y
asesorada por la licenciada Rivera Navarro, la cual
retuvo varios de los cheques sin consignarlos
inmediatamente en el tribunal.
Indudablemente, la licenciada Rivera Navarro no tan
solo representaba, asesoraba y conocía de las acciones de
su clienta, sino que colaboró activamente con su
conducta. Esto pues, si bien los cheques fueron emitidos
a petición de su clienta con fecha del 14 de marzo
de 2007, la licenciada los depositó en su cuenta personal
el 29 de junio de 2007, sin notificar de lo sucedido a
las partes del pleito. De esta forma, guardó silencio
ante reclamos de la otra parte, e incluso ante 7 Canon 8 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. VIII CP-2013-17 9
cuestionamientos por parte del tribunal sobre el paradero
de estos fondos.
No es hasta luego de que la parte demandada la
confrontara con el expediente de la institución bancaria
en la que se demuestra que fue la licenciada quien endosó
y depositó los cheques que esta admitió que tenía
conocimiento de estas actuaciones. Así, luego de
múltiples órdenes del tribunal, y continuos
incumplimientos por parte de la licenciada, poco a poco
la querellada devolvió parte de estos fondos. Sin
embargo, al momento del inicio de este proceso
disciplinario la licenciada aun debía una suma
significativa de los fondos pertenecientes al caudal
hereditario del pleito. Es precisamente la conducta en la
que incurrió la licenciada Rivera Navarro la que prohíbe
el Canon 8 de Ética Profesional. Por ello, en definitiva,
la querellada infringió el Canon 8 con su forma de
proceder.
III.
Infracción al Canon 9
El Canon 9 del Código de Ética Profesional,
4 L.P.R.A. Ap. IX, obliga al abogado a cumplir con su
deber de atender pronta y diligentemente las órdenes del
tribunal. De esta forma, se le exige a los abogados o
abogadas a comparecer a los señalamientos notificados por
el tribunal. Lo anterior es corolario del respeto CP-2013-17 10
profundo que se le exige tener a los abogados hacia el
foro judicial.8
En el pasado hemos reiterado en innumerables
ocasiones que “la desatención a las órdenes emitidas por
los tribunales de justicia constituye un grave insulto a
la autoridad de éstos, en directa violación al deber de
la conducta exigida por el referido Canon [9]”.9
Un análisis del trámite procesal del caso que
propició esta querella revela que la Lcda. Nereida Rivera
Navarro hizo caso omiso en reiteradas ocasiones a las
órdenes del Tribunal de Primera Instancia que le
requerían consignar en el tribunal las sumas de dinero
del caudal hereditario que retenía sin autorización de
las partes en su cuenta personal. No obstante, la
licenciada hizo caso omiso a las órdenes del tribunal a
esos fines y optó por retener las mismas en su poder, en
lo que constituye una clara falta de respeto al
tribunal.10
El continuo incumplimiento con las órdenes del
tribunal por parte de la licenciada Rivera Navarro
ocasionó un sinnúmero de inconvenientes a las partes y al
8 In re Nieves Nieves, 181 DPR 25 (2011). Véase además, In re Otero Fernández, 145 DPR 582 (1998). 9 In re Nieves Nieves, supra, pág. 36; In re Roldos Matos, 161 DPR 373, 383 (2004), citando el texto no publicado de In re Quevedo Cordero, 147 DPR Ap. (1999). 10 Según se desprende del expediente al momento de iniciarse el proceso disciplinario contra la licenciada Rivera Navarro, aun se adeudaba una suma considerable del dinero perteneciente al caudal hereditario del pleito. CP-2013-17 11
tribunal. En definitiva, la actuación de la licenciada
laceró la búsqueda de la justicia, y es incompatible con
la conducta esperada en los miembros de esta profesión.
Sin duda, la conducta de la licenciada infringió el
Canon 9, supra.
IV.
Infracción al Canon 12
El Canon 12 del Código de Ética Profesional,
4 L.P.R.A. Ap. IX, dispone:
Canon 12. Puntualidad y tramitación de las causas
Es deber del abogado hacia el tribunal, sus compañeros, las partes y testigos el ser puntual en su asistencia y conciso y exacto en el trámite y presentación de sus causas. Ello implica el desplegar todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas dilaciones en su tramitación y solución. Sólo debe solicitar la suspensión de vista cuando existan razones poderosas y sea indispensable para la protección de los derechos sustanciales de su cliente.
El mencionado Canon le impone al abogado ser puntual
y diligente al momento de tramitar las causas.11 Asimismo,
exige a los abogados ser responsables en la tramitación
de los casos que les son encomendados, para evitar que se
entorpezca su resolución.12
A su vez, en el pasado hemos resuelto que el abogado
debe cumplir con la obligación que se establece en el
11 In re Vélez Lugo, 168 DPR 492, 496 (2006). 12 In re López Montalvo, 173 DPR 193 (2008). CP-2013-17 12
Canon 12 en todas las etapas de un litigio.13 Además,
hemos enfatizado que los abogados deben la más estricta
observancia a las órdenes judiciales. Los abogados que no
presten la diligencia requerida, pueden quedar sujetos al
rigor disciplinario.14 Así, es norma claramente
establecida que “la desobediencia de las órdenes del
tribunal demuestra una grave infracción a los principios
básicos de ética profesional, que exigen el mayor respeto
hacia los tribunales”.15
La falta de diligencia de la licenciada Rivera
Navarro en la tramitación del caso se manifestó al no
atender las órdenes y requerimientos del tribunal
mientras fungió como representante legal de Jennie
Hayeck. Lo anterior provocó la celebración de incidentes
procesales para la resolución del pleito que de haber
actuado diligentemente la licenciada, no hubieran sido
necesarios celebrarlos. Esto hizo que el caso se dilatara
injustificadamente y provocó gastos adicionales a la
clienta de la licenciada Rivera Navarro. La falta de
diligencia en el trámite del caso por parte de la
licenciada Rivera Navarro provocó la violación al Canon
12, supra.
13 In re Collazo I, 159 DPR 141 (2003); In re Pagán Hernández, 141 DPR 113 (1996). 14 In re Collazo I, supra, pág. 148. 15 In re Nieves Nieves, supra. Véase además, In re Collazo I, supra, pág. 149. CP-2013-17 13
V.
Infracción del Canon 18
El Canon 18, 4 L.P.R.A. Ap. IX, establece como
sigue:
Canon 18. Competencia del abogado y consejo al cliente
Será impropio de un abogado asumir una representación profesional cuando está consciente de que no puede rendir una labor idónea competente y que no puede prepararse adecuadamente sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia. Es deber del abogado defender los intereses del cliente diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable.
Las actuaciones de la licenciada Rivera Navarro van
en contra de la letra clara de este Canon, toda vez que
no se desempeñó de forma competente al defender los
intereses de su clienta. Por el contario, la licenciada
hizo caso omiso a su deber de proteger los intereses de
ésta y desempeñarse a la altura que requiere la profesión
legal. La desatención de las órdenes del tribunal por
parte de la licenciada y sus otras acciones han provocado
que la señora Hayeck esté siendo demandada por lo
acontecido ante los tribunales mientras era representada
legalmente por la licenciada Rivera Navarro. Sin lugar a
dudas, el desempeño de la licenciada en el referido caso
no se ajusta a lo esperado de los miembros de nuestra
profesión legal al amparo del Canon 18, supra. CP-2013-17 14
VI.
Infracción del Canon 20
El Canon 20, 4 L.P.R.A. Ap. IX, dispone lo
siguiente:
Canon 20. Renuncia de representación legal Cuando el abogado haya comparecido ante un tribunal en representación de un cliente no puede ni debe renunciar la representación profesional de su cliente sin obtener primero el permiso del tribunal y debe solicitarlo solamente cuando exista una razón justificada e imprevista para ello. Antes de renunciar a la representación de su cliente el abogado debe tomar aquellas medidas razonables que eviten perjuicio a los derechos de su cliente tales como notificar de ello al cliente; aconsejarle debidamente sobre la necesidad de una nueva representación legal cuando ello sea necesario; concederle tiempo para conseguir una nueva representación legal; aconsejarle sobre la fecha límite de cualquier término de ley que pueda afectar su causa de acción o para la radicación de cualquier escrito que le pueda favorecer; y el cumplimiento de cualquier otra disposición legal del tribunal al respecto, incluyendo la notificación al tribunal de la última dirección conocida de su representado. Al ser efectiva la renuncia del abogado debe hacerle entrega del expediente a su cliente y de todo documento relacionado con el caso y reembolsar inmediatamente cualquier cantidad adelantada que le haya sido pagada en honorarios por servicios que no se han prestado.
Como hemos mencionado, indudablemente al retener el
dinero sin autorización de la comunidad hereditaria y no
consignarlo, la licenciada Rivera Navarro provocó un
conflicto con los mejores intereses de su clienta. Así se
le advirtió desde la vista celebrada el 9 de febrero CP-2013-17 15
de 2009. Por su parte, el tribunal descalificó a la
licenciada Rivera Navarro del caso. Además, su
representada manifestó reiteradamente su deseo de que la
licenciada renunciara a su representación legal y
devolviera el expediente. Sin embargo, a pesar de haber
sido descalificada y de la solicitud de su clienta, la
licenciada no devolvió el expediente inmediatamente como
exige el Canon 20, supra. Cuando un cliente solicita la
entrega del expediente, el abogado viene obligado a
entregarlo de inmediato y sin dilación alguna.16 La
actuación de la licenciada claramente violó el mencionado
canon.
VII.
Infracción del Canon 23
En lo pertinente a nuestro caso, el Canon 23,
4 L.P.R.A. Ap. IX, establece como sigue:
La naturaleza fiduciaria de las relaciones entre abogado y cliente exige que éstas estén fundadas en la honradez absoluta. En particular, debe darse pronta cuenta del dinero u otros bienes del cliente que vengan a su posesión y no debe mezclarlos con sus propios bienes ni permitir que se mezclen.
En el pasado hemos interpretado como una práctica
altamente lesiva a la profesión legal el que los abogados
retengan fondos de sus clientes.17 De igual modo hemos
enfatizado en que “[n]i la devolución del dinero retenido
16 In re Avilés Vega, 141 DPR 627 (1996). 17 In re Colón Hernández, 189 DPR 275, 283-284 (2013); In re Rivera Lozada, 176 DPR 215 (2009). CP-2013-17 16
al cliente, ni la falta de intención para apropiárselos
permanentemente eximen a un abogado de la sanción
disciplinaria correspondiente”.18 Así, hemos aclarado que
tan solo “la dilación en la devolución de los fondos, de
por sí, es causa suficiente para infringir el Canon 23.19
La licenciada Rivera Navarro recibió de su clienta
tres cheques pertenecientes al caudal hereditario que era
materia del pleito. La letrada estaba encargada de
consignar el dinero inmediatamente en el tribunal. Sin
embargo, la licenciada retuvo los cheques en su posesión
y posteriormente los endosó y depositó en una cuenta
bancaria personal exclusiva. Además, guardó silencio
sobre el paradero de estos cheques a las otras partes del
pleito en repetidas ocasiones cuando se le cuestionó. No
es hasta que se solicitó una orden de arresto contra su
representada que notificó que poseía los mismos, aunque
no informó que habían sido depositados en una cuenta
personal.
Por las actuaciones de la licenciada, se tomaron
medidas en contra de su entonces clienta e incluso,
posteriormente se inició un proceso civil en su contra a
los fines de recuperar este dinero. Al momento de
iniciado este proceso disciplinario se le había ordenado
varias veces por el tribunal a la licenciada Rivera
18 In re Colón Hernández, supra, pág. 284. 19 Íd.; In re Rivera Lozada, 176 DPR 215 (2009); In re Bonilla Berlingeri, 175 DPR 897 (2009); In re Ríos Ríos, supra. CP-2013-17 17
Navarro que devolviera el dinero, pero esta hizo caso
omiso. La conducta desplegada por esta letrada incumple
con el Canon 23, supra, y es repudiada por ir en contra
de la conducta que se les exige a los miembros de la
profesión legal.
VIII.
Infracción del Canon 35
El Canon 35, 4 L.P.R.A. Ap. IX, dispone que:
La conducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada. No es sincero ni honrado el utilizar medios que sean inconsistentes con la verdad ni se debe inducir al juzgador a error utilizando artificios o una falsa relación de los hechos o del derecho. Es impropio variar o distorsionar las citas jurídicas, suprimir parte de ellas para transmitir una idea contraria a la que el verdadero contexto establece u ocultar alguna que le es conocida. El abogado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos al examinar los testigos, al redactar afidávit u otros documentos, y al presentar causas. El destruir evidencia documental o facilitar la desaparición de evidencia testifical en un caso es también altamente reprochable.
En el pasado esta Curia ha enfatizado que el Canon
35, supra exige a todo miembro de nuestra profesión legal
desempeñarse con sinceridad, exaltación del honor y
dignidad de la profesión.20 Así, el abogado incumple con
este deber al proveer información falsa, que no se ajuste
a la verdad, o que oculte información que deba ser 20 In re Nieves Nieves, supra, pág. 41. CP-2013-17 18
revelada al tribunal.21 No puede ser de otra forma, pues
nuestro sistema judicial se erige sobre la premisa de que
los abogados, sobre quienes recae principalmente la
misión de administrar la justicia, han de conducirse
siempre con integridad ante los foros judiciales.22
Surge del Informe de la Comisionada Especial que la
licenciada Rivera Navarro ha hecho falsas
representaciones tanto al Tribunal de Primera Instancia
como a este Tribunal Supremo, “tratando de desvirtuar la
realidad de lo verdaderamente sucedido con el dinero que
se le entregó para ser consignado; ofreciendo versiones
contradictorias entre sí y ajenas a la verdad”.23 En un
principio la licenciada alegó desconocer el paradero del
dinero en controversia. Posteriormente, alegó al Tribunal
de Primera Instancia que los cheques se encontraban en su
oficina, pero que debían ser emitidos unos cheques nuevos
por la fecha. No obstante, la parte demandada ostentaba
el expediente de la institución bancaria que reflejaba
que a la fecha esos cheques ya habían sido endosados y
depositados en una cuenta bancaria personal de la
licenciada.
Las actuaciones de la licenciada provocaron
incidentes innecesarios que retrasaron en gran medida la
resolución del caso de su representada. Estas actuaciones
21 Íd. 22 Íd., pág. 42; In re Irrizary Vega, 176 D.P.R. 241 (2009). 23 Informe de la Comisionada Especial Eliadís Orsini Zayas, pág. 23. CP-2013-17 19
afectan perjudicialmente nuestro sistema de
administración de la justicia. Con esta conducta la
licenciada Rivera Navarro se distanció de la conducta
exigida por nuestro Canon 35, supra.
IX.
Infracción del Canon 38
El Canon 38 del Código de Ética Profesional,
4 L.P.R.A. Ap. IX, dispone que el abogado o la abogada
“deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la
exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque
el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe
evitar hasta la apariencia de conducta profesional
impropia”. Además, dispone que, “[p]or razón de la
confianza pública depositada en el abogado, éste debe de
conducirse en forma digna y honorable tanto en su vida
privada como en el desempeño de su profesión”.24
En el pasado hemos señalado que cada abogado
representa la profesión y debe actuar con el más
escrupuloso sentido de responsabilidad que impone la
función social que ejerce.25 En vista de esto, se le
recomienda a todos los abogados actuar a un nivel
24 Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra. 25 In re Morales Lozada, 2015 TSPR 9; In re Guemárez Santiago, supra; In re Santiago Ríos, 172 DPR 802, 822 (2007); In re Quiñones Ayala, 165 DPR 138, 145 (2005); In re Silvagnoli Collazo, 154 DPR 533, 541 (2001); In re Ortiz Brunet, 152 DPR 542, 556 (2000). CP-2013-17 20
superior, y no al margen, de lo establecido por los
Cánones de Ética Profesional.26
La conducta de la licenciada Rivera Navarro violó
los Cánones 8, 9, 12, 18, 20, 23, 35 y 38 de Ética
Profesional, sino que demuestra un aparente patrón de
menosprecio por el honor y la dignidad a la profesión. En
vez de desempeñarse con propósito de exaltar el respeto y
honor por la profesión legal, la gravedad de sus acciones
ofende y lesionan la imagen de toda la profesión legal.
Sin duda alguna, esta forma de desempeñarse incumple con
los parámetros establecidos por el Canon 38, supra.
X.
Por todo lo anterior, este Tribunal suspende
inmediata e indefinidamente a la licenciada Rivera
Navarro del ejercicio de la abogacía y la notaría. La
licenciada deberá notificar a todos sus clientes de su
inhabilidad de seguir representándolos, devolverles
cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no
realizados e informar oportunamente de su suspensión a
los foros judiciales y administrativos en los que tenga
algún caso pendiente. Estas gestiones deberán ser
certificadas a este Tribunal dentro del término de
treinta (30) días a partir de la notificación de esta
Opinión Per Curiam y Sentencia.
26 In re Morales Lozada, supra, pág. 6; In re Nogueras Cartagena, 150 DPR 667 (2000). CP-2013-17 21
El Alguacil de este Tribunal deberá incautarse de
la obra y sello notarial de la Lcda. Nereida Rivera
Navarro, debiendo entregar la misma a la Oficina de
Inspección de Notarías para el correspondiente examen e
informe a este Tribunal.
Se dictará Sentencia de conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente Sentencia, se suspende inmediata e indefinidamente a la Lcda. Nereida Rivera Navarro del ejercicio de la abogacía y la notaría. La licenciada deberá notificar a todos sus clientes de su inhabilidad de seguir representándolos, devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos en los que tenga algún caso pendiente. Estas gestiones deberán ser certificadas a este Tribunal dentro del término de treinta (30) días a partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia. El Alguacil de este Tribunal deberá incautarse de la obra y sello notarial de la Lcda. Nereida Rivera Navarro, debiendo entregar la misma a la Oficina de Inspección de Notarías para el correspondiente examen e informe a este Tribunal. CP-2013-17 2
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez no intervino. El Juez Asociado señor Rivera García no interviene.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo