EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: QUERELLA
Manuel Pizarro Colón 2000 TSPR 106
Número del Caso: CP-1996-09 Y CP-1997-08 CONSOLIDADOS
Fecha: 25/mayo/2000
Colegio de Abogados:
Lcda. María De Lourdes Rodríguez
Abogado de la Parte Querellada:
Lcdo. Pedro Malavé Vega
Materia: Conducta Profesional
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Manuel Pizarro Colón CP-96-9 CP-97-8
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2000
Para fines decisorios, hemos consolidado estas dos (2)
querellas, aunque en su estructura interna, las exponemos
separadamente, siguiendo el orden de presentación.
I
El 16 de julio de 1996, el Colegio de Abogados de
Puerto Rico presentó querella contra el Lcdo. Manuel
Pizarro Colón –admitido al ejercicio de la abogacía y
notaría el 28 de junio y 16 de julio, respectivamente-,1
imputándole violación
1 Subsiguientemente, el 9 de enero de 1997, por Sentencia, lo suspendimos temporeramente de ambas funciones por deficiencia en su obra notarial e incumplimiento a nuestras órdenes. CP-96-9; CP-97-8 3
a los Cánones 2, 8 y 19 de Etica Profesional. Previa
resolución nuestra de 18 de octubre de 1996, el 13 de
agosto de 1997, el Colegio presentó segunda querella
CP-97-8, imputándole infracciones a los Cánones 12, 21, 35
y 37. En ambas querellas, designamos Comisionado Especial
al Hon. Flavio E. Cumpiano Villamor, Ex Juez Superior, para
que en presencia de las partes, oyera y recibiera la
prueba.
Luego de varios incidentes interlocutorios y trámites
–incluso querella enmendada-, el 7 de julio de 1998, se
celebró la vista evidenciaria2 y el 9 de julio de 1999 el
Comisionado rindió su informe en torno a la querella
CP-96-9. El 31 de agosto, hizo lo propio respecto a la
querella CP-97-8. En ambos, consignó los hechos que sirven
de trasfondo a nuestra decisión. Expongámoslos.
II
Querella CP-1996-9 En 1979, la Sra. Mariana Caraballo Pérez adquirió un
inmueble, sito en la Urb. Santa María, Calle B-115, Ponce.
Asumió hipoteca de $35,000.00, reducida a $32,660.45 y
constituyó segunda hipoteca en garantía de un pagaré al
Conforme la norma pautada en In re: Vergne Torres, 137 D.P.R. 777 (1995), en vista de las etapas adelantadas de ambas quejas, continuamos el trámite disciplinario de las querellas. 2 A pedido del Colegio, el 26 de septiembre de 1997, suspendimos los procedimientos por seis (6) meses, debido a una oferta de transacción, reservándonos la decisión final sobre los efectos de cualquier transacción en los trámites disciplinarios. El 12 de mayo de 1998, por recomendación del Comisionado Especial, extendimos la paralización seis (6) meses más. CP-96-9; CP-97-8 4
portador por $19,340.00 que entregó a los vendedores en
pago y garantía del precio aplazado de compraventa. Años
después, el 26 de febrero de 1986, el Tribunal Superior,
Sala de Ponce, dictó sentencia en cobro del principal de
$19,340.00 garantizado por la segunda hipoteca, más
intereses, costas, gastos y honorarios de abogados. Dicha
Sentencia se anotó en el Registro de Sentencias del
Registro de la Propiedad de Ponce I, el 30 de septiembre de
1987.
El 13 de marzo, la Federal Home Loan Mortgage Corp.
demandó ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto
Rico, en ejecución de la primera hipoteca, ante el
incumplimiento de los pagos mensuales. El 26, solicitó al
Registrador de la Propiedad de Ponce, anotara la demanda.
Dicha anotación se insertó en la nota marginal a la
inscripción del inmueble cuyo titular era la Sra. Caraballo
Pérez.3
El 21 de mayo, radicada (y presentada al Registro), la
demanda de ejecución de la primera hipoteca y emplazada su
dueña, Sra. Caraballo Pérez, ésta concedió autorización
exclusiva a Housing Real Estate4 para la venta de la
3 El Registrador no firmó la nota. Tuvo que ser firmada después por otro el 19 de agosto de 1988. 4 Firma de corretaje de bienes raíces, de la cual el Lcdo. Pizarro Colón –quien posee además licencia de corredor de bienes raíces-, era socio por igual, junto a su sobrino, el Sr. José Hiram Santiago Ortiz. Compartían oficina en la Calle Torres en Ponce, desde donde también operaba Housing Real Estate. En septiembre de 1986, inscrita en el Departamento de Estado el 27 de octubre, CP-96-9; CP-97-8 5
propiedad. Dicho acuerdo lo suscribió el Sr. José Hiram
Santiago Ortiz –sobrino y socio del Lcdo. Pizarro Colón en
el negocio de bienes raíces-, a nombre y como agente
autorizado de Housing Real Estate. Se anejó documento
consignando: “2da -hipoteca $19,000.00- la primera hipoteca
está atrasada y la segunda también - de la venta se pagará
– todo”. Acordaron además, que Housing Real Estate cobraría
un cinco por ciento (5%) de comisión del precio de venta
-$65,000.00-. Aunque no consta que el Lcdo. Pizarro Colón
participara o interviniera directamente en el acuerdo, sí
fue enterado del mismo. (Carta de 20 de abril de 1990,
dirigida por él, al Colegio de Abogados).
Así las cosas, la Sra. Gloria Álvarez Sanabria acudió
a Housing Real Estate interesada en comprar el bien. La
atendió el Sr. Santiago Ortiz, con quien negoció y visitó
el inmueble. Las veces que visitó la oficina de Housing
Real Estate, vio al Lcdo. Pizarro Colón ser consultado por
el Sr. Santiago Ortiz y otras personas de la empresa.
El 2 de julio, la Sra. Álvarez Sanabria –como
compradora-, otorgó contrato de compraventa con la
Sra. Caraballo Pérez –dueña y vendedora-, representada en
el acto de otorgamiento por el Sr. Santiago Ortiz. Se fijó
en $65,000.00 el precio de venta, $26,000.00 las deudas del
incorporaron a “Housing de Ponce y Caguas, Inc.”, que operaba coetánea y separadamente con “Housing Real Estate”. Entre sus objetivos y propósitos, según certificado de incorporación, “Housing de Ponce y Caguas, Inc.,” no se dedica al corretaje de bienes raíces, específicamente, al negocio de comprar y vender Bienes Raíces. CP-96-9; CP-97-8 6
inmueble (sin hacer referencia a al deuda de $19,340.00
garantizada por la segunda hipoteca y sobre la que recayó
sentencia) y $39,000.00 la cantidad a pagarse en efectivo.
La Sra. Álvarez Sanabria entregó $10,000.00 y pagaría los
otros $29,000.00 en treinta (30) días.5
El 12 de septiembre de 1987, la Sra. Álvarez Sanabria
y el Sr. Santiago Ortiz –en representación de Housing Real
Estate-, otorgaron documento suplementario, en el que
acusaron recibo de un cheque de ella por $20,000.00, como
adelanto de los $29,000.00 que le restaban pagar, haciendo
constar que el dinero saldaría una de las deudas
hipotecarias que gravaban el inmueble. No se mencionó la
sentencia de ejecución sobre la segunda hipoteca. Además,
Housing Real Estate se comprometió pagar las
mensualidades adeudadas -hasta el momento de firmarse la
escritura por la Sra. Caraballo Pérez-, al Home Federal
Savings –entonces Caguas Federal Savings Bank-, de los
$10,000.00 adelantados por la Sra. Álvarez Sanabria. No fue
hasta el 16 de noviembre de 1987 –dos (2) meses después de
la enmienda supletoria y luego de otorgada la Escritura de
Compraventa en que se asumió la segunda hipoteca-, que el
Sr. Santiago Ortiz entregó cheque certificado a favor de
Carmen Ramos y Héctor Cupril por $7,100.00 para satisfacer
la sentencia en ejecución de la segunda hipoteca.
5 Se hizo constar que la vendedora Sra. Caraballo Pérez, pagaría $4,301.23, cantidad adeudada en contribuciones sobre la propiedad. Acordaron que otorgaría pagaré por la cantidad adeudada, garantizado con propiedad que habría de adquirir. CP-96-9; CP-97-8 7
El 5 de noviembre de 1987, las Sras. Caraballo Pérez y
Álvarez Sanabria suscribieron escritura núm. 86 sobre
Compraventa y Subrogación, preparada y autorizada por el
Lcdo. Pizarro Colón. Se hizo constar, la existencia de la
primera hipoteca “reducida a $26,000.00” y de la segunda
por $19,340.00 e indicó que, la Sra. Álvarez Sanabria
retenía su monto para el pago de las mismas. Se afirmó que
la Sra. Álvarez Sanabria ya había pagado $39,000.00. El
Lcdo. Pizarro Colón no realizó estudio registral del
inmueble antes de otorgar la escritura por lo que
desconocía su estado en el Registro. Por ende, no informó a
la compradora Sra. Álvarez Sanabria que el 30 de septiembre
de 1987 –posterior a ella entregar a Housing Real Estate
$20,000.00 para saldar la segunda hipoteca-, se había
anotado sentencia ejecutando la hipoteca. Tampoco informó
la anotación preventiva de demanda en ejecución de la
primera hipoteca que se asumiría en la escritura de
Compraventa. Para esta fecha, ya el Tribunal Federal para
el Distrito de Puerto Rico, había dictado Sentencia el 21
de octubre de 1987.
El 12 de noviembre, días después de otorgada la
Escritura, la Sra. Álvarez Sanabria entregó cheque por
$896.34 a favor de Housing Real Estate para el pago de las
mensualidades de la primera hipoteca por los meses de
octubre y noviembre de 1987. Housing lo cambió. El 26 de
febrero de 1988, entregó otro cheque por $896.34, esta vez
a favor del Lcdo. Pizarro Colón, para pagar las CP-96-9; CP-97-8 8
mensualidades de la primera hipoteca correspondientes a los
meses de diciembre de 1987, y enero y febrero de 1988. El
Lcdo. Pizarro Colón lo endosó en blanco y luego lo endosó
el Sr. Santiago Ortiz, quien lo cobró el mismo día.
Housing Real Estate, el Sr. Santiago Ortiz, ni el Lcdo.
Pizarro Colón pagaron las mensualidades para cuyos pagos la
Sra. Álvarez Sanabria les entregó el dinero. Tampoco
pagaron las adeudadas sobre la primera hipoteca hasta el
5 de noviembre de 1987, tal y como se obligó Housing Real
Estate hacer en el anejo supletorio de 12 de septiembre de
1987. Ninguno informó a la Sra. Álvarez Sanabria sobre las
mensualidades impagadas. De hecho, al presentarse meses
después –15 de marzo de 1988-, la Escritura Núm. 86 de
Compraventa y Subrogación de Obligación al Registro para su
inscripción, ya se había celebrado segunda subasta y
adjudicado la buena pro en la ejecución del inmueble.
Posteriormente, a la Sra. Álvarez Sanabria –mientras
trabajaba en la casa para habilitarla-, fue notificada de
que había sido subastada y sería desalojada.
Inmediatamente, acudió donde el Lcdo. Pizarro Colón para
reclamarle. Sorprendido, el Lcdo. Pizarro Colón le informó
que le pagaría todos los gastos y desembolsos para que ella
no perdiera su inversión. Acordó darle garantía
hipotecaria. El 19 de marzo, “Housing de Ponce y Caguas,
Inc.”,6 representada por el Sr. Santiago Ortiz, mediante
6 Corporación que operaba coetánea y separadamente de la sociedad “Housing Real Estate”, que no se dedicaba al corretaje de bienes raíces. CP-96-9; CP-97-8 9
afidávit núm. 3558 autorizado por el Lcdo. Pizarro Colón,
otorgó pagaré por $39,000.00 a un seis por ciento (6%)
anual, vencedero a su presentación. Ese mismo día, otorgó
Escritura Núm. 13 de hipoteca en garantía del pagaré por
$39,000.00 sobre un inmueble de la Corporación Housing de
Ponce y Caguas, Inc., ante el Lcdo. Pizarro Colón. Es
decir, el garantizador era una tercera entidad y no,
Pizarro Colón. Dicha Escritura garantizando el pagaré, no
especificó el monto de la hipoteca primera y preferente que
afectaba el bien dado en garantía. Resultó, que el pagaré
en segundo rango no estaba garantizado, pues para su
ejecución había que pagar la primera hipoteca, cosa
imposible para la Sra. Álvarez Sanabria. Dicho pagaré
hipotecario y la Escritura que pretendía garantizarlo, no
fueron inscritos por no existir documentos corporativos
complementarios que acreditaran el negocio y las
facultades del otorgante –el Sr. Santiago Ortiz-, para
efectuarlo.
Así las cosas, el 25 de marzo de 1988, la Sra. Álvarez
Sanabria solicitó intervención en el caso seguido en el
Tribunal Federal para que se dejase sin efecto la ejecución
en pública subasta del inmueble que había comprado. La
Federal Home Loan Mortgage Corp. se opuso basado en la
existencia del “lis penden” desde el 26 de marzo de 1987 en
el Registro de la Propiedad, advirtiendo el litigio de
ejecución de la hipoteca. Además, señaló que no se había CP-96-9; CP-97-8 10
hecho pago alguno para satisfacer los atrasos de la
hipoteca que se ejecutaba. El 5 de mayo, el foro Federal
rechazó la intervención. El 12 de julio, previa orden del
mencionado Foro del 5 de mayo, la Sra. Álvarez Sanabria fue
desalojada del inmueble.
El 16 de agosto, la Sra. Álvarez Sanabria demandó al
Lcdo. Pizarro Colón, Santiago Ortiz h/n/c Housing Real
Estate y otros, en el Tribunal Superior de Ponce. Reclamó
devolución de las sumas entregádales y daños y perjuicios.
Mediante sentencias parcial y complementarias de 23 de
febrero7 y 6 de julio de 1989, respectivamente, el
Tribunal condenó al Lcdo. Pizarro Colón y al Sr. Santiago
Ortiz, pagar solidariamente a la Sra. Álvarez Sanabria
$64,867.19 por conceptos de las sumas entregádales,
desembolsos por reparaciones y alteraciones a la casa que
perdió y otros gastos relacionados. Además, $15,000.00 en
daños y perjuicios y $2,500.00 por honorarios de abogado.
El 20 de diciembre, a raíz de las gestiones realizadas
por la Sra. Álvarez Sanabria para asegurar y hacer efectiva
la Sentencia a su favor, el Lcdo. Pizarro Colón informó al
Tribunal Superior sobre su petición de quiebra y la Orden
de Paralización de los Procedimientos, emitida el 4 de
abril de 1989.
III
7 El 13 de abril de 1989, el Lcdo. Pizarro Colón y su esposa Margarita Rodríguez presentaron Petición de Quiebra bajo el Capítulo 13, ante la Corte de Quiebra de los Estados Unidos, Distrito de Puerto Rico. El 24 de agosto, CP-96-9; CP-97-8 11
Los Cánones 2 y 18 de Ética Profesional imponen a los
miembros de la profesión legal el deber de defender los
intereses de sus clientes diligentemente, desplegando su
máximo conocimiento en la forma generalmente aceptada por
los miembros de la clase togada, como adecuada y
responsable. In re: Mundo Rodríguez, res. en 10 de
septiembre de 1998, 98 TSPR 120; In re: Cardona Ubiñas,
res. en 29 de julio de 1998, 98 TSPR 114; In re: Osorio
Díaz, res en. 30 de junio de 1998, 98 TSPR 103; In re:
Vélez Valentín, 124 D.P.R. 403 (1989), In re: Arana Arana,
112 D.P.R. 838 (1982). Las difíciles y complejas gestiones
en su quehacer jurídico –incluyendo su dimensión notarial-,
tienen que enmarcarse dentro de los valores que se espera
caractericen esta profesión. In re: Filardi Guzmán, res. en
23 de enero de 1998, 98 TSPR 4; In re: Pereira Esteves,
res. en 30 de noviembre de 1998, 98 TSPR 160. Requiere
cuidado y ser ejercida con sumo esmero y celo profesional,
cumpliendo estrictamente con la Ley Notarial y los Cánones
de Ética Profesional. In re: Vera Vélez, res. en 5 de abril
de 1999, 99 TSPR 46; In re: Torres Olmeda, res. en 23 de
abril de 1998, 98 TSPR 48; In re: Rodríguez Mena, 126
D.P.R. 205 (1990); In re: Vergne Torres, 113 D.P.R. 777
(1995). Es deber del abogado, entre otros, desempeñarse con
la mayor y más excelsa competencia, responsabilidad e
integridad; defender los intereses del cliente
diligentemente y; mantener al cliente siempre informado de
se convirtió en petición bajo el Capítulo 17 del Código CP-96-9; CP-97-8 12
todo asunto importante en el caso que se le ha encomendado.
In re: Arroyo Rivera, res. en 19 de mayo de 1999, 99 TSPR
78; In re: Pereira Esteves, supra. In re: Mundo Rodríguez,
supra. La indiferencia, desidia, despreocupación, inacción
y displicencia en la tramitación de un caso, viola el Canon
18, In re: Arana Arana, supra, y produce la imposición de
sanciones disciplinarias, In re: Torres Olmeda, supra; In
re: Rivera Arvelo, 132 D.P.R. 840 (1993).
Intrínseco a estos deberes y buena observancia de las
responsabilidades atinentes a la profesión, el abogado
–también en su función notarial-, está obligado a realizar
“las averiguaciones mínimas que requieren las normas más
elementales de la profesión [y las leyes aplicables], y que
en aquellas ocasiones en que tenga dudas sobre lo expresado
por el otorgante, indague más allá de lo requerido
comúnmente. A esos efectos, “[...] el notario que autoriza
una escritura no puede ignorar el estado registral de la
propiedad sobre la cual las partes otorgan la escritura a
la fecha del otorgamiento”. In re: Vera Vélez, supra. Es
indeclinable su obligación de conocer el estado registral
de la propiedad en su función principal de custodio de la
fe pública, base esencial del sistema del notariado. Como
tal, tiene el deber ineludible “de ilustrar a los
otorgantes para lograr que éstos concurran al acto notarial
en un estado de conciencia informada. Es decir, tiene que
cerciorarse de hacerle a las partes todas aquellas
Federal de Quiebras. CP-96-9; CP-97-8 13
explicaciones, aclaraciones y advertencias necesarias para
lograr el consentimiento informado de los otorgantes”. In
re: Jiménez Brackel, res. en 11 de mayo de 1999, 99 TSPR
73. In re: Moreira Avillán, res. en 13 de noviembre de
1998, 98 TSPR 152. In re: Vargas Hernández, 135 D.P.R. 603
(1994); In re: López Maldonado, 130 D.P.R. 863 (1992); In
re: Ramos Meléndez, 120 D.P.R. 796 (1988); In re: Meléndez
Pérez, 104 D.P.R. 770 (1976); Goenaga v. O’Neill de Milán,
85 D.P.R. 170 (1962). Es incuestionable la importancia que
reviste investigar los antecedentes, cargas y gravámenes,
al hacerse o autorizarse una escritura, no sólo para
efectos civiles o registrales, sino también para efectos
notariales, “porque la determinación de las cargas es
necesaria para la posterior concreción en la parte
dispositiva de las responsabilidades que contrae cada parte
contratante”. Chévere v. Cátala, 115 D.P.R. 432, 443-444
(1984). Incurrir en esta falta, convierte al notario en
“coautor de un consentimiento enfermo e ineficaz en derecho
y habrá traicionado la fe de la que es principal
guardador”. In re: Meléndez Pérez, supra.
IV
El Lcdo. Pizarro Colón, preparó y autorizó Escritura
de Compraventa y Subrogación sin realizar el debido estudio
de título para conocer el estado registral del inmueble
objeto de la Escritura. Ello ocasionó, que la Sra. Álvarez
Sanabria adquiriera el bien desconociendo que contra ella
había anotación preventiva de demanda en ejecución de la CP-96-9; CP-97-8 14
primera hipoteca y que se había dictado y anotado sentencia
ejecutando la segunda hipoteca que gravaba el inmueble. En
efecto, cuando la Sra. Álvarez Sanabria solicitó
intervención en el pleito seguido en el Tribunal Federal
para el Distrito de Puerto Rico, buscando se dejase sin
efecto la ejecución en subasta pública del inmueble, el
foro federal rechazó su intervención al acoger el
planteamiento del demandante de que desde el 26 de marzo de
1987, existía en el Registro anotación preventiva de
demanda. No hay duda de que la falta de diligencia del
Lcdo. Pizarro Colón fue el factor determinante que propició
se perjudicara la causa de acción de su cliente –ante el
foro federal- y finalmente perdiera su inversión en el
bien. No honró la confianza depositada por su cliente, como
conocedor de los procesos legales. Manifestó claro
menosprecio a la suerte que correría el derecho de su
cliente e infringió los Cánones 2 y 18 de Ética
Profesional.
Además, se apartó del Canon 19, dispositivo de que
“[e]l abogado debe mantener a su cliente siempre informado
de todo asunto importante que surja en el desarrollo del
caso que le ha sido encomendado”. El Lcdo. Pizarro Colón
omitió informar a su cliente adecuadamente las incidencias
judiciales principales que afectaban el bien inmueble,
ocasionando que la Sra. Álvarez Sanabria consintiera el
negocio jurídico sin conocimiento de causa. A la postre, su
conducta provocó que la Sra. Álvarez Sanabria perdiera su CP-96-9; CP-97-8 15
inversión. In re: Madro Classen, res. en 7 de marzo de
1997, 142 D.P.R. ___.
V
Querella CP-97-88
“Housing Real Estate” también tenía oficinas en la
Urb. Boneville de Caguas y eran atendidas por el Sr.
Edwin Labrador. El 20 de agosto de 1986, antes de
incorporarse Housing de Ponce y Caguas, Inc., Housing Real
Estate y el Sr. Labrador, como agentes autorizados y
representando a la vendedora Wanda Cruz Alicea,
suscribieron Contrato de Compraventa mediante el cual
acordaron, vender al Sr. Rafael Bezares Álamo una casa sita
en el P-16 de la Urbanización Reparto Valencia de Juncos.
El precio convenido fue $45,700.00 con pronto de $7,000.00,
asumiendo primera hipoteca por $38,700.00.9
8 El 25 de agosto de 1998, el Colegio y el Lcdo. Pizarro Colón suscribieron “Estipulación de Hechos”, estableciendo, “que las gestiones para la venta concernida fueron realizadas por el Sr. Edwin Labrador en el área de Caguas, quien luego fue empleado y representante de la empresa corredora Housing de Ponce y Caguas, Inc.,...” El 2 de noviembre, luego de reexaminar y evaluar la prueba, el Colegio nos solicitó desistir de los cargos 1, 2 y 4, y se reiteró en el cargo 3. 9 La Escritura de Constitución de la Hipoteca Núm. 103 de 15 de diciembre de 1983, que gravaba la propiedad, contiene cláusula prohibiendo enajenar, vender o gravar la propiedad sin la previa autorización escrita del Secretario de la Vivienda. Aunque, el Comisionado Especial no tuvo acceso al Registro de la Propiedad para determinar si tal restricción al derecho de propiedad se desprendía del asiento de inscripción de la hipoteca, en certificación emitida por el Registrador de la Propiedad el 4 de diciembre de 1987, se hace referencia a cargos por su procedencia, a la hipoteca constituida por la Escritura Núm. 103 de 15 de diciembre de 1983, y a los términos económicos y de vencimiento de la misma. No obstante, la CP-96-9; CP-97-8 16
El 21 de octubre, se firmó en Philadelphia un
documento titulado “Poder Especial”, en el que la Sra.
Wanda Cruz Alicea instituyó a la Sra. Raquel Cruz Alicea
como su apoderada, con amplias facultades, para que en su
nombre y representación vendiera el inmueble P-16 de la
Urbanización Reparto Valenciano, cuya descripción registral
se incluyó. Al pie de la frase “y para que así conste”, y
de la indicación de la ciudad y fecha, aparece en letras
mayúsculas y a maquinilla el nombre de Wanda Cruz Alicea.
Sobre ello aparece a manuscrito y a manera de firma, el
nombre de Wanda Cruz Alicea. Debajo de la firma, y en el
formato de reconocimiento de firma que se utilizaba por los
notarios, se indicó lo siguiente:
“Sworn and suscribes (sic) before me by héctor (sic) Alfredo Figueroa Santiago of the personal circunstance (sic) above stated, personally Know (sic) me at 21st day of October 1986.”
Inmediatamente debajo de ese párrafo aparece la firma
de Pedro C. Rodríguez como “Notary Public”, cuya
“Commission” expiró el 5 de mayo de 1989. Se acompañó
certificación de William J. Devlin, “Deputy Prothonotary”
del “Court of Common Pleas of Philadelphia County”, a los
efectos de que Pedro C. Rodríguez era para entonces un
notario público autorizado en Pennsylvania.
Certificación Registral no hace referencia alguna a la prohibición de enajenación sin la previa autorización del Secretario de la Vivienda. CP-96-9; CP-97-8 17
El 11 de noviembre, se otorgó ante el Lcdo. Pizarro
Colón la Escritura Número 39, sobre Protocolización del
Poder Especial antes mencionado. Compareció, como única
parte, el Sr. Santiago Ortiz, socio del Lcdo. Pizarro Colón
en Housing Real Estate, entidad que servía de corredora en
la venta del inmueble para cuyo traspaso se pretendía
protocolizar el “Poder Especial” que la Sra. Wanda Cruz
Alicea supuestamente había conferido a la Sra. Raquel Cruz
Alicea. El Lcdo. Pizarro Colón unió el “Poder Especial” a
la escritura y, por ende, a su protocolo de instrumentos
públicos para 1986; la Escritura se inscribió el 26 de
noviembre.
Dos semanas después, el 25 de noviembre, el Lcdo.
Pizarro Colón autorizó la Escritura Núm. 41, sobre
Compraventa y Subrogación de Obligación, mediante la cual
el Sr. Bezares Alamo adquirió de la Sra. Wanda Cruz Alicea,
representada por su “apoderada” la Sra. Raquel Cruz Alicea,
el inmueble P-16 ubicado en el Reparto Valenciano de
Juncos. Pagó $7,000.00 de pronto y asumió la hipoteca,
reducida a $38,650.00. El Lcdo. Pizarro Colón no identificó
la escritura en que se protocolizó el poder, pero sí indicó
que el “apoderamiento se une junto a esta escritura”. Sin
embargo, no lo unió.10
10 Antes de otorgarse dicha Escritura de Compraventa, existían atrasos en las mensualidades de la hipoteca. En septiembre de 1986, el comprador Bezares Alamo, pagó $1,129.30 para poner al día la cuenta. Después de adquirir la propiedad, continuó pagando los plazos mensuales hasta julio de 1987. No pudo pagar los cuatro (4) plazos de agosto a noviembre de 1987. CP-96-9; CP-97-8 18
El 18 de noviembre de 1987, el Sr. Bezares Alamo
presentó petición de quiebra bajo el Capítulo 13 de la Ley
de Quiebras. En ese procedimiento no incluyó en el listado
de propiedades inmuebles la propiedad adquirida en el P-16
del Reparto Valenciano ni la deuda hipotecaria asumida.
Así las cosas, y debido a que no se pagaron las
mensualidades hipotecarias desde el primero de agosto de
1987, -ocho (8) meses después de haberse otorgado la
Escritura de Compraventa, el 25 de noviembre de 1986–, la
tenedora del pagaré, Caguas Central Savings, el 30 de
noviembre de 1987, un año después de la compraventa, instó
demanda de ejecución de hipoteca contra la titular
registral del inmueble, la Sra. Wanda Cruz Alicea. El Sr.
Bezares Alamo, aunque había radicado ya la petición de
quiebra, remitió giros bancarios a la acreedora hipotecaria
por el monto correspondiente a cada una de las
mensualidades adeudadas, el 9, el 15 y el 17 de diciembre
de 1997, dos el 27 de enero, dos el 4 de abril y uno el 9
de mayo de 1988. La acreedora hipotecaria no hizo efectivo
ni cobró esos giros porque ya se encontraba radicada la
demanda de ejecución; no cubrían la totalidad del balance
de la hipoteca; y porque no incluían la suma requerida
-$500.00-, para la reinstalación del préstamo y
desistimiento del caso, suma que el Sr. Bezares Alamo
rechazó pagar. La acreedora hipotecaria continuó con los
trámites del caso. El 7 de abril de 1988, el Tribunal
Superior, Sala de Caguas, dictó sentencia en el caso de CP-96-9; CP-97-8 19
ejecución de hipoteca. El 4 de octubre, se subastó la
propiedad y el 21, el Sr. Bezares Alamo –quien no era
parte del caso-, presentó solicitud de paralización de los
procedimientos acompañando el “Stay Order” de su petición
de quiebra de 18 de noviembre de 1987. Desde entonces,
comenzaron las gestiones del Sr. Bezares Alamo para
proteger la propiedad que había comprado.
Entre el 3 de agosto de 1988 y el 12 de enero de 1989,
el Sr. Bezares Alamo presentó al Registro de la Propiedad
para su inscripción la Escritura Núm. 41 de 25 de noviembre
de 1986 sobre Compraventa y Subrogación de Obligación.11 El
12 de enero de 1989, el Registrador por primera vez exigió
el documento complementario –el Poder-, para poder
inscribir a nombre del Sr. Bezares Alamo.
El 8 de mayo, el Sr. Bezares Alamo demandó en el
Tribunal Superior, Sala de Caguas, a Caguas Federal
Savings, la Sra. Wanda Cruz Alicea, Housing Real Estate
y al Sr. Labrador. Solicitó la nulidad de la venta del
11 Un certificado de Estudio de Título de 3 de agosto de 1988, enuncia como titular a la Sra. Wanda Cruz Alicea, igual hipoteca y un aviso de la demanda de ejecución de la hipoteca radicada por Caguas Central Savings. Al dorso de una copia certificada de la Escritura Núm. 41 sobre Compraventa y Subrogación de Obligación, ya presentada en la Sección Segunda del Registro de la Propiedad de Caguas, aparece una anotación, bajo la firma del Registrador, indicando que el 12 de enero de 1989, se había “Notificado hoy por los fundamentos incluidos en la notificación legajada bajo el número 513/221.” Aparece también otra anotación a los efectos que la escritura había sido “Retirada para ser corregida. Caguas a 23 de enero de 1989”. Otra Certificación Registral de 30 de diciembre de 1997, señaló que no existía asiento alguno en el Libro Diario de Operaciones que afectase a la finca, aún inscrita CP-96-9; CP-97-8 20
inmueble en pública subasta y se responsabilizara a Housing
Real Estate y al Sr. Labrador por omitir suplir el
documento de Poder necesario para inscribir el inmueble a
su nombre. Reclamó además, daños y perjuicios. No demandó
al Lcdo. Pizarro Colón ni a Housing de Ponce y Caguas, Inc.
El Lcdo. Pizarro Colón asumió la representación legal
de Housing Real Estate -de la cual era socio propietario-,
y del Sr. Labrador. En moción de 8 de diciembre, y ante la
alegación del Sr. Bezares Alamo de que el “Poder Especial”
era nulo e inexistente porque no daba autorización al
mandatario para vender la casa, el Lcdo. Pizarro Colón
adjuntó copia de dicho “Poder Especial” que, según él,
entregó al Sr. Bezares Alamo.
En 8 octubre de 1991 y ante las repetidas ausencias
del Lcdo. Pizarro Colón a vistas señaladas, el Tribunal
eliminó las alegaciones de Housing Real Estate y del Sr.
Labrador. Eventualmente, el 14 de junio de 1992, dictó
sentencia en la que concluyó, entre otras cosas,
negligencia de parte de Housing Real Estate y el Sr.
Labrador. Los condenó a pagar $46,870.00, más intereses
legales pre-sentencia y honorarios de abogado. El 18 de
diciembre, el Lcdo. Pizarro Colón presentó Moción
informativa y solicitud de paralización de procedimientos
indicando que él y su esposa, Margarita Rodríguez “d/b/a/
Housing Real Estate” habían presentado una petición de
quiebra el 3 abril de 1989, por lo que Housing Real Estate
a nombre de la Sra. Wanda Cruz Alicea, y gravada por la CP-96-9; CP-97-8 21
estaba acogida a los procedimientos de la ley de quiebra
federal.
El 13 de mayo de 1993, el Sr. Bezares Alamo presentó
queja contra el Lcdo. Pizarro Colón ante el Colegio de
Abogados. El 28 de junio, el Lcdo. Pizarro Colón contestó
la queja y acompañó copia de las escrituras otorgadas ante
él y del documento de “Poder Especial”. Se señaló una vista
ante la Comisión de Etica para el 9 de agosto de 1994. La
notificación de vista al Lcdo. Pizarro Colón, certificada
con acuse de recibo, fue devuelta al Colegio de Abogados el
1 de agosto, y remitida al día siguiente por correo
ordinario al mismo apartado. El Lcdo. Pizarro Colón no la
recibió, por lo que no compareció a la vista señalada.
VI
El cargo 1 imputó al Lcdo. Pizarro Colón no entregar
al Sr. Bezares Alamo –comprador-, la Escritura de
Protocolización de Poder, lo que le impidió inscribir su
título en el Registro, hecho que motivó se ejecutara la
hipoteca sobre el inmueble y el Sr. Bezares Alamo perdiera
su inversión. El Colegio expuso en su moción de
desistimiento, que la causa para la ejecución fue que no se
pagó las mensualidades debidas y no el hecho de que el
Lcdo. Pizarro Colón no entregara al Sr. Bezares Alamo, la
Escritura aludida.
Correcta o no la apreciación del Colegio, la prueba
demostró que la Escritura de Poder Especial de su faz tenía
hipoteca. CP-96-9; CP-97-8 22
el grave defecto de estar firmada por persona distinta a la
que el “Notary Public” certificó firmaba ante él. Es decir,
el “Notary Public”, Pedro C. Rodríguez certificó que el
“Poder Especial” lo juró y firmó ante él, Alfredo Figueroa
Santiago cuando en realidad la firma que aparece en el
documento es la de la Sra. Wanda Cruz Alicea. Aun cuando
este defecto anuló la Escritura y el Poder Especial que
pretendió conferir, el Lcdo. Pizarro Colón lo protocolizó
mediante Escritura Núm. 39 e inscribió el 26 de noviembre
de 1986, en abierta y clara violación a la Ley Notarial de
Puerto Rico y las normas éticas de la profesión. Peor aún,
autorizó Escritura Núm. 41 sobre Compraventa y Subrogación
de Obligación, en virtud del “Poder Especial” nulo,
mediante la cual el Sr. Bezares Alamo adquirió de la Sra.
Wanda Cruz Alicea –representada por la Sra. Raquel Cruz
Alicea-, el inmueble P-16 sito en Juncos. No identificó la
Escritura de Protocolización Núm. 39, ni adjuntó –luego de
indicarlo-, el Poder Especial a la Escritura Núm. 41. Por
sí solas, estas deficiencias anularon el negocio jurídico
llevado a cabo y por ende hubieran impedido la inscripción
del título.
Con su proceder transgredió la exigencia básica de que
todo abogado “debe a sus clientes un trato profesional
caracterizado por la mayor capacidad, la más directa
lealtad y la más completa honradez. Una vez más faltó a su
deber de defender los intereses de su cliente
diligentemente, desplegando su más profundo saber y CP-96-9; CP-97-8 23
habilidad y actuando en aquella forma que la profesión
jurídica en general estima adecuada y responsable. 4
L.P.R.A. Ap. IX c. 18. In re: Crubb Acosta, 119 D.P.R. 595
(1987); In re: Vera Vélez, supra; In re: Torres Olmeda,
supra; In re: Rodríguez Mena, supra; In re: Vergne Torres,
supra. El Lcdo. Pizarro Colón actuó con evidente
menosprecio de las consecuencias naturales que tenía el
hecho de autorizar una Escritura de Compraventa a través de
un “Poder Especial”, cuya nulidad conocía o debió conocer.
Aceptamos el desistimiento del cargo Núm. 2, que
imputó al Lcdo. Pizarro Colón no informar al Sr. Bezares
Alamo –comprador-, la existencia de una prohibición de
enajenar el bien inmueble objeto de la compraventa,
mientras estuviese vigente subsidio del Departamento de la
Vivienda bajo las disposiciones de la Ley Núm. 10 de 5 de
julio de 1973. La evidencia refleja, que la certificación
registral emitida el 4 de diciembre de 1987 por el
Registrador, no hace referencia alguna a restricción o
prohibición de enajenar, en virtud de tal programa de
subsidio.
Finalmente, el cargo Núm. 3 imputó al Lcdo. Pizarro
Colón conflicto de interés en dos circunstancias distintas.
Primero, al participar en un negocio de compraventa de
bienes, lucrándose del mismo –como socio de la firma de
bienes raíces que tramitó la venta-, y también autorizar la
Escritura de Compraventa que generó dicha gestión.
Segundo, al aceptar una representación legal cuando su CP-96-9; CP-97-8 24
juicio profesional estaba afectado por sus intereses
personales.
Respecto a la primera situación, es evidente el
conflicto de interés. En In re: Cancio Sifre, 106 D.P.R.
386 (1977), advertimos que la ausencia en los Cánones de
Etica Profesional de una definición específica no
invalidaba la norma de que un notario no debe autorizar
documento público en el que es parte una corporación
controlada por él económicamente, por ser una norma
inherente a la responsabilidad social y profesional de los
juristas y a la conducta moral que se espera de todo
miembro de la profesión legal.
El interés tutelado es la preservación de la figura
del notario “como funcionario imparcial, que recibe, expone
y legitima la voluntad de los que ante él comparecen sin
tomar bando, sin inclinarse a un lado u otro. Su
inteligencia y su lealtad están comprometidas con una
función ilustrativa que sirva y proteja a todas las partes
por igual”. In re: Cancio Sifre, supra, pág. 396.
En un intento por eximirse de la responsabilidad, el
Lcdo. Pizarro Colón estipuló con el Colegio que las
gestiones para la venta las realizó el Sr. Labrador. La
prueba refleja lo contrario. Las gestiones de la
compraventa fueron realizadas por el Sr. Labrador, empleado
y representante de la empresa corredora Housing Real
Estate, de la cual Pizarro Colón era socio por igual, y no
por Housing de Ponce y Caguas, Inc. Además, una de las CP-96-9; CP-97-8 25
partes demandadas en los casos originados por la
compraventa gestada por Housing Real Estate, lo fue Housing
Real Estate y no Housing de Ponce y Caguas, Inc. Se
desprende también que el Lcdo. Pizarro Colón fue quien
representó a Housing Real Estate, no a Housing de Ponce y
Caguas, Inc., en los referidos casos y fue quien informó al
Tribunal que Housing Real Estate estaba protegida por la
Ley de Quiebras. Informó que él hacía negocios como Housing
Real Estate.12
En cuanto a la segunda situación, el Canon 21
proscribe, en lo pertinente, que los abogados representen a
un cliente cuando su juicio profesional puede ser afectado
por intereses personales. In re: Toro Colberg, res. en 2 de
abril de 1996, 140 D.P.R. ___. De este modo, se busca
preservar una completa lealtad del abogado hacia su
cliente, libre de ataduras personales. In re: Palau
Bosch, res. en 30 de junio de 1999, 99 TSPR 132. El
Lcdo. Pizarro Colón, no sólo aceptó representar al Sr.
Labrador en el pleito incoado por el Sr. Bezares Alamo,
sino que asumió la representación de la codemandada Housing
Real Estates, de la cual era socio. La demanda imputaba
nulidad de la compraventa –autorizada por el Lcdo. Pizarro
Colón-, por haberse utilizado “Poder Especial” nulo,
-protocolizado por el Lcdo. Pizarro Colón-. No hay duda de
las ataduras que representaba tal representación, y de que
12 No aceptamos, por tanto, la estipulación a los efectos de que quien hizo el negocio fue Housing de Ponce y CP-96-9; CP-97-8 26
su juicio profesional se vería afectado por sus propios
intereses. La prohibición de que un abogado litigue un caso
sobre una escritura autorizada por él como notario, busca
evitar hasta la apariencia de conducta impropia de parte
del notario autorizante. Por ello, ningún abogado-notario
puede representar a una de las partes otorgantes en una
escritura autorizada por éste en un pleito posterior para
exigir las contraprestaciones a que se obligó la otra
parte. Urrutia de Basora, Curso de Derecho Notarial
Puertorriqueño, Tomo I, pág. 221. Más aún, cuando su
representación implica defender la validez del documento
que él autorizó, contra el interés de su cliente otorgante
y a favor de una compañía o sociedad de la cual, él es
socio por igual.
Concluimos, que el Lcdo. Pizarro Colón violó las
normas éticas antes expuestas, por lo que procede su
separación de la profesión legal y notarial por el término
de un (1) año.
Se dictará la correspondiente sentencia.
Caguas, Inc., por ser patentemente incompatible con la prueba. CP-96-9; CP-97-8 27
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente, se dicta Sentencia y se suspende al Lcdo. Manuel Pizarro Colón del ejercicio la profesión legal y notarial por el término de un (1) año, contados desde la notificación de la presente y hasta que otra cosa disponga este Tribunal.
El Tribunal le impone al Lcdo. Pizarro Colón el deber de notificar a todos sus clientes de su presente inhabilidad de seguir representándolos, les devuelva cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados, e informe oportunamente de su suspensión a los distintos foros judiciales y administrativos del país.
Se ordena a la Oficina del Alguacil que incaute su obra notarial, incluso sello notarial, para ser remitida, examinada y oportunamente objeto de un Informe por parte de la Oficina de Inspección de Notarías.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente señor Andréu García no interviene. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri no intervino.
Isabel Llompart Zeno CP-96-9; CP-97-8 28
Secretaria del Tribunal Supremo