En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
IN RE: QUERELLA ROBERTO CARDONA UBIÑAS 98TSPR114
Número del Caso: CP-96-12
Abogados Parte Querellante: LCDO. CARLOS LUGO FIOL PROCURADOR GENERAL
LCDA. IVONNE CASANOVA PELOSI PROCURADORA GENERAL AUXILIAR
Abogado Parte Querellada: LCDO. MANUEL BISMARCK TORRES NEGRON
Fecha: 7/29/1998
Materia: CONDUCTA PROFESIONAL
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
IN RE:
ROBERTO CARDONA UBIÑAS CP-96-12
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 29 de julio de 1998.
A principios de 1993, el Lcdo. Angel Roberto
Cardona Ubiñas, autorizado a ejercer la abogacía desde
enero de 1985, fue contratado por Héctor González Reyes
para que les representara a él y a su hija Ana González
en una querella, instada contra ellos por el arrendador
de éstos ante el tribunal municipal de San Sebastián,
por alegado mal uso de la propiedad arrendada. También
pactaron que Cardona representaría a los González en una
demanda contra el arrendador por incumplimiento de
contrato y daños y perjuicios. Para esta última gestión
se pactaron honorarios contingentes al resultado del
pleito.
El 3 de septiembre de 1993, se presentó la
demanda, y el 11 de octubre de 1994 se celebró una CP-96-12 3
vista en su fondo. Los abogados de las partes le informaron
al tribunal que había posibilidades de transigir el caso, por
lo cual solicitaron un término para someter una transacción
por escrito. El tribunal concedió diez días para que las
partes sometieran una estipulación escrita con todos los
hechos y el derecho aplicables, de modo que, una vez recibida
ésta, el caso se resolviera por el expediente. Las partes no
presentaron dicha estipulación. Además, surge del expediente
que el licenciado Cardona tampoco notificó a sus clientes
sobre la posibilidad de transacción.
El 1 de diciembre de 1994, el tribunal de instancia
erradamente dictó la siguiente sentencia, archivada el 6 de
diciembre: “Por haber llegado las partes a una transacción
extra-judicial, se tiene por desistido el caso con perjuicio.”
Dicha determinación no está sostenida por ningún escrito de
las partes que obre en los autos. El licenciado Cardona no
se expresó sobre la misma y tampoco le informó sobre ella al
demandante González.
En enero de 1995, Cardona se reunió con los González y
les habló de la alta probabilidad que tenían de prevalecer en
el caso; prepararon la estipulación requerida en octubre de
1994 por el tribunal y la presentaron el 22 de febrero de
1995. La misma sólo contiene la posición de la parte
demandante, con la firma del licenciado Cardona.
El 24 de abril de 1995, el foro de instancia emitió una
resolución, notificada en mayo1, en la cual concedió cinco
1 No es posible determinar la fecha exacta del volante de la notificación. CP-96-12 4
días a los abogados de las partes para informar si hubo
transacción extrajudicial. Cardona no compareció a cumplir la
orden.
El 23 de mayo de 1995, González se encontró con el
demandado en su caso, René Rivera Quiles. Este le informó que
su abogado le había dicho que ya el caso estaba “planchado”.
Preocupado, González fue al día siguiente al Triunal Superior,
a verificar el expediente de su caso. Fue entonces cuando se
enteró de la sentencia de diciembre de 1994 que daba el caso
por desistido. Inmediatamente, González presentó moción por
derecho propio para informar al tribunal que ni a él ni a su
hija se les había notificado sobre transacción alguna; que no
había habido reunión alguna para llegar a un arreglo; y que
desconocían de la sentencia referida. El 2 de junio de 1995,
el tribunal notificó Resolución en la cual enviaba copia de la
referida moción al licenciado Cardona y le ordenaba se
expresara sobre ella en diez días. Cardona no cumplió la
orden aludida ni informó a sus clientes sobre el estado del
caso.
González trató, infructuosamente, de comunicarse con
Cardona, en muchas ocasiones. Le envió mensaje con su esposa,
y una carta certificada con acuse de recibo, los cuales
Cardona no contestó. Posteriormente, González decidió
contratar a otro abogado, quien también llamó varias veces a
Cardona, pero tampoco obtuvo respuesta.
El 23 de junio de 1995, González compareció --por segunda
vez-- por derecho propio ante el tribunal, entre otras cosas,
para solicitar que se dictara sentencia a base de la prueba CP-96-12 5
contenida en el expediente. El tribunal emitió una
resolución, notificada el 11 de julio, en la cual señalaba
que, por haberse llegado a transacción, ya se había desistido
de la demanda. La resolución se le notificó también al
licenciado Cardona, quien no se expresó sobre la misma.
González contrató entonces a un tercer abogado, el Lcdo.
Samuel Padua Flores, quien le escribió al licenciado Cardona
para informarle que los González solicitaban que renunciara y
para pedirle el expediente del caso. Le envió también copia
de la moción en solicitud de asumir la representación legal de
los González, que presentó ante el tribunal el 12 de julio de
1995. Además, el licenciado Padua presentó moción para
informar que le había solicitado la entrega de expediente al
licenciado Cardona y moción de relevo de sentencia. En ésta
última explicaba que, a pesar de la sentencia dictada, no
había habido ninguna transacción y que la parte demandada no
había firmado la estipulación de hechos que se presentó el 22
de febrero de 1995. Solicitó se dejase sin efecto la
sentencia del 1 de diciembre de 1994, y se señalase vista
sobre el estado de los procedimientos.
El 1 de agosto de 1995, el tribunal emitió una resolución
mediante la cual dejó sin efecto la referida sentencia y
señaló juicio. El 8 de septiembre de 1995, el licenciado
Padua presentó moción en solicitud de orden, en la cual
solicitaba se ordenara a Cardona renunciar a la representación
de los González y entregarle de inmediato el expediente. El
tribunal, mediante resolución, ordenó al licenciado Cardona
expresarse sobre la moción dentro de diez días. Este no se CP-96-12 6
manifestó. El 25 de octubre de 1995, el licenciado Padua
presentó moción de desacato contra el licenciado Cardona, por
no haber recibido comunicación alguna de éste. El tribunal
ordenó se entregara el expediente el 27 de octubre; ese día se
recogió el mismo en la oficina de Cardona.
A la vista del 2 de noviembre de 1995 compareció, además
de las partes y sus abogados, el licenciado Cardona Ubiñas.
Entre los incidentes que se suscitaron en sala, Cardona Ubiñas
se expresó despectivamente contra González y le amenazó con
demandarle en daños y perjuicios. Fue entonces cuando el
tribunal le relevó de la representación legal del caso.
Paralelamente, el 17 de agosto de 1995, González presentó
queja ante nos contra el licenciado Cardona Ubiñas. Alegó
haber desconocido la posibilidad de una transacción en su
caso; que por su propia gestión supo de la sentencia que dio
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En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
IN RE: QUERELLA ROBERTO CARDONA UBIÑAS 98TSPR114
Número del Caso: CP-96-12
Abogados Parte Querellante: LCDO. CARLOS LUGO FIOL PROCURADOR GENERAL
LCDA. IVONNE CASANOVA PELOSI PROCURADORA GENERAL AUXILIAR
Abogado Parte Querellada: LCDO. MANUEL BISMARCK TORRES NEGRON
Fecha: 7/29/1998
Materia: CONDUCTA PROFESIONAL
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
IN RE:
ROBERTO CARDONA UBIÑAS CP-96-12
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 29 de julio de 1998.
A principios de 1993, el Lcdo. Angel Roberto
Cardona Ubiñas, autorizado a ejercer la abogacía desde
enero de 1985, fue contratado por Héctor González Reyes
para que les representara a él y a su hija Ana González
en una querella, instada contra ellos por el arrendador
de éstos ante el tribunal municipal de San Sebastián,
por alegado mal uso de la propiedad arrendada. También
pactaron que Cardona representaría a los González en una
demanda contra el arrendador por incumplimiento de
contrato y daños y perjuicios. Para esta última gestión
se pactaron honorarios contingentes al resultado del
pleito.
El 3 de septiembre de 1993, se presentó la
demanda, y el 11 de octubre de 1994 se celebró una CP-96-12 3
vista en su fondo. Los abogados de las partes le informaron
al tribunal que había posibilidades de transigir el caso, por
lo cual solicitaron un término para someter una transacción
por escrito. El tribunal concedió diez días para que las
partes sometieran una estipulación escrita con todos los
hechos y el derecho aplicables, de modo que, una vez recibida
ésta, el caso se resolviera por el expediente. Las partes no
presentaron dicha estipulación. Además, surge del expediente
que el licenciado Cardona tampoco notificó a sus clientes
sobre la posibilidad de transacción.
El 1 de diciembre de 1994, el tribunal de instancia
erradamente dictó la siguiente sentencia, archivada el 6 de
diciembre: “Por haber llegado las partes a una transacción
extra-judicial, se tiene por desistido el caso con perjuicio.”
Dicha determinación no está sostenida por ningún escrito de
las partes que obre en los autos. El licenciado Cardona no
se expresó sobre la misma y tampoco le informó sobre ella al
demandante González.
En enero de 1995, Cardona se reunió con los González y
les habló de la alta probabilidad que tenían de prevalecer en
el caso; prepararon la estipulación requerida en octubre de
1994 por el tribunal y la presentaron el 22 de febrero de
1995. La misma sólo contiene la posición de la parte
demandante, con la firma del licenciado Cardona.
El 24 de abril de 1995, el foro de instancia emitió una
resolución, notificada en mayo1, en la cual concedió cinco
1 No es posible determinar la fecha exacta del volante de la notificación. CP-96-12 4
días a los abogados de las partes para informar si hubo
transacción extrajudicial. Cardona no compareció a cumplir la
orden.
El 23 de mayo de 1995, González se encontró con el
demandado en su caso, René Rivera Quiles. Este le informó que
su abogado le había dicho que ya el caso estaba “planchado”.
Preocupado, González fue al día siguiente al Triunal Superior,
a verificar el expediente de su caso. Fue entonces cuando se
enteró de la sentencia de diciembre de 1994 que daba el caso
por desistido. Inmediatamente, González presentó moción por
derecho propio para informar al tribunal que ni a él ni a su
hija se les había notificado sobre transacción alguna; que no
había habido reunión alguna para llegar a un arreglo; y que
desconocían de la sentencia referida. El 2 de junio de 1995,
el tribunal notificó Resolución en la cual enviaba copia de la
referida moción al licenciado Cardona y le ordenaba se
expresara sobre ella en diez días. Cardona no cumplió la
orden aludida ni informó a sus clientes sobre el estado del
caso.
González trató, infructuosamente, de comunicarse con
Cardona, en muchas ocasiones. Le envió mensaje con su esposa,
y una carta certificada con acuse de recibo, los cuales
Cardona no contestó. Posteriormente, González decidió
contratar a otro abogado, quien también llamó varias veces a
Cardona, pero tampoco obtuvo respuesta.
El 23 de junio de 1995, González compareció --por segunda
vez-- por derecho propio ante el tribunal, entre otras cosas,
para solicitar que se dictara sentencia a base de la prueba CP-96-12 5
contenida en el expediente. El tribunal emitió una
resolución, notificada el 11 de julio, en la cual señalaba
que, por haberse llegado a transacción, ya se había desistido
de la demanda. La resolución se le notificó también al
licenciado Cardona, quien no se expresó sobre la misma.
González contrató entonces a un tercer abogado, el Lcdo.
Samuel Padua Flores, quien le escribió al licenciado Cardona
para informarle que los González solicitaban que renunciara y
para pedirle el expediente del caso. Le envió también copia
de la moción en solicitud de asumir la representación legal de
los González, que presentó ante el tribunal el 12 de julio de
1995. Además, el licenciado Padua presentó moción para
informar que le había solicitado la entrega de expediente al
licenciado Cardona y moción de relevo de sentencia. En ésta
última explicaba que, a pesar de la sentencia dictada, no
había habido ninguna transacción y que la parte demandada no
había firmado la estipulación de hechos que se presentó el 22
de febrero de 1995. Solicitó se dejase sin efecto la
sentencia del 1 de diciembre de 1994, y se señalase vista
sobre el estado de los procedimientos.
El 1 de agosto de 1995, el tribunal emitió una resolución
mediante la cual dejó sin efecto la referida sentencia y
señaló juicio. El 8 de septiembre de 1995, el licenciado
Padua presentó moción en solicitud de orden, en la cual
solicitaba se ordenara a Cardona renunciar a la representación
de los González y entregarle de inmediato el expediente. El
tribunal, mediante resolución, ordenó al licenciado Cardona
expresarse sobre la moción dentro de diez días. Este no se CP-96-12 6
manifestó. El 25 de octubre de 1995, el licenciado Padua
presentó moción de desacato contra el licenciado Cardona, por
no haber recibido comunicación alguna de éste. El tribunal
ordenó se entregara el expediente el 27 de octubre; ese día se
recogió el mismo en la oficina de Cardona.
A la vista del 2 de noviembre de 1995 compareció, además
de las partes y sus abogados, el licenciado Cardona Ubiñas.
Entre los incidentes que se suscitaron en sala, Cardona Ubiñas
se expresó despectivamente contra González y le amenazó con
demandarle en daños y perjuicios. Fue entonces cuando el
tribunal le relevó de la representación legal del caso.
Paralelamente, el 17 de agosto de 1995, González presentó
queja ante nos contra el licenciado Cardona Ubiñas. Alegó
haber desconocido la posibilidad de una transacción en su
caso; que por su propia gestión supo de la sentencia que dio
por desistida la demanda; que la estipulación de hechos se
preparó en enero de 1995 y se presentó al tribunal en febrero;
que el licenciado Cardona no contestó ninguno de los
requerimientos del tribunal para aclarar si hubo transacción;
que el demandado le informó que su abogado le dijo que el caso
estaba “planchado”; y que después del 26 de mayo de 1995 hizo
múltiples gestiones para reunirse con el licenciado Cardona,
por teléfono y carta, y el último no contestó ninguna.
Luego de varios trámites procesales, dirigimos la
querella a la Oficina del Procurador General. El 10 de
noviembre de 1995, dicha Oficina le escribió al licenciado
Cardona para solicitarle que, en el término de diez días,
sometiera la información necesaria para evaluar la queja en su CP-96-12 7
contra. Este no respondió a dicha carta, por lo cual el
Procurador tuvo que requerirle nuevamente. Después de la
investigación de rigor, dicha oficina presentó ante nos, el 20
de septiembre de 1996, un informe sobre la conducta del
querellado, en consecuencia del cual ordenamos al Procurador
General a presentar la querella correspondiente.
II
El 30 de octubre de 1996, el Procurador General presentó
ante nos querella contra el Lcdo. Ángel Roberto Cardona
Ubiñas. Le imputó los siguientes cargos:
CARGO I
El Lcdo. Cardona Ubiñas violó las disposiciones del Canon
18 de Ética Profesional el cual, entre otras cosas, obliga a
todo abogado a defender los intereses de su cliente
diligentemente[,] desplegando en cada caso su m[á]s profundo
saber y habilidad y actuando en aquella forma en que la
profesión jurídica en general estima adecuada y responsable.
CARGO II
El Lcdo. Roberto Cardona Ubiñas violó las disposiciones
del Canon 19 de Ética Profesional[,] el cual, entre otras
cosas, obliga a todo abogado a mantener a su cliente siempre
informado de todo asunto importante que surge en el desarrollo
del caso que le ha sido encomendado y a notificar a su cliente
de cualquier oferta de transacción hecha por la otra parte. CP-96-12 8
CARGO III
del Canon 20 de Ética Profesional el cual, entre otras cosas,
obliga a todo abogado, al ser efectiva su renuncia, el hace[r]
entrega inmediatamente a su cliente de todo documento
relacionado con su caso.
CARGO IV
del Criterio General que regula la relación abogado cliente[,]
requiriendo [sic] de todo abogado un trato profesional
caracterizado por la m[á]s devota lealtad y la m[á]s completa
honradez.
III
El 21 de febrero de 1997, mediante resolución al efecto,
nombramos Comisionado Especial para este caso al Lcdo. Flavio
E. Cumpiano Villamor. El informe de este Comisionado Especial
señala que el Procurador General, durante la vista del caso,
indicó que se debía desistir de la querella contra el
licenciado Cardona Ubiñas. Entre sus fundamentos, el
Procurador mencionó una indemnización de $15,000 que el
querellado entregó al querellante, a modo de indemnización por
los daños que hubiere podido sufrir. El Comisionado Especial
recomendó, pues, a este Tribunal, aceptar el desistimiento de
la querella, con el siguiente comentario particular:
“[...] no hubo conducta o actuación violentadora de los C[á]nones de Ética Profesional por el Lcdo. Cardona Ubiñas. Si acaso, pudo haber falta de CP-96-12 9
comunicación entre abogado y cliente. Ello, no obstante, en nada perjudicó al querellante pues la anómala situación surgida en su caso ante el Tribunal Superior y que le llevó a equivocadamente creer que el Lcdo. Cardona Ubiñas había llegado a un acuerdo a sus espaldas, fue eventualmente corregida, tuvo su día en corte y los daños a los que [é]l, también equivocadamente, entendió estaría expuesto, no se dieron”. (Énfasis añadido).
IV
De los hechos relatados, que surgen del propio informe
del Comisionado Especial y del expediente de autos, se
desprende claramente que el querellado en este caso no cumplió
adecuadamente con los deberes profesionales que se esperan de
un abogado en la representación de sus clientes. No actuó
diligentemente para atender el caso que tenía encomendado.
Además, no mantuvo informados a sus clientes sobre el
desarrollo del caso, como exige el Canon 19 de los de Ética
Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, el cual, en lo pertinente,
dispone:
El abogado debe mantener a su cliente siempre informado de todo asunto importante que surja en el desarrollo del caso que le ha sido encomendado. Siempre que la controversia sea susceptible de un arreglo o transacción razonable debe aconsejar al cliente el evitar o terminar el litigio, y es deber del abogado notificar a su cliente de cualquier oferta de transacción hecha por la otra parte.
Es menester recalcar que anteriormente hemos mencionado
una sentencia como asunto que debe informarse inmediatamente
al cliente. Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232 (1984).
El licenciado Cardona actuó en claro menosprecio de dicha
obligación. CP-96-12 10
Además de incumplir con su deber de informar, el
querellado tampoco cumplió a cabalidad con la diligencia
requerida por el Canon 18 en el trámite del asunto para el
cual le contrataron. El referido Canon establece, en lo
pertinente:
Es deber del abogado defender los intereses del cliente diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable.
Reiteradamente hemos afirmado que todo abogado tiene el
deber de aplicar en cada caso sus conocimientos, experiencias
y habilidad de manera adecuada, responsable, capaz y efectiva.
In re: Vélez Valentín, 124 D.P.R. 403 (1989). Un patrón de
indiferencia, desidia, despreocupación, inacción y
displicencia en el manejo de un caso constituye una violación
al Canon 18. In re: Arana Arana, 112 D.P.R. 838 (1982).
Consideramos que en esto último raya la conducta exhibida por
el querellado a lo largo del accidentado curso procesal del
caso de sus clientes, al no aclarar los errores y malos
entendidos que surgieron.
En vista, sin embargo, de que el querellado indemnizó al
querellante por los daños que aquél pudo haberle causado, lo
cual es un atenuante respecto a su conducta impropia; y en
vista, además, de que tanto el Procurador General como el
Comisionado Especial recomiendan el archivo de la querella,
resolvemos así hacerlo, no sin antes censurar al querellado
licenciado Angel Roberto Cardona Ubiñas por la pobre conducta
profesional desplegada, y apercibirle de que, en lo sucesivo, CP-96-12 11
deberá cumplir estrictamente con los deberes que exigen los
Cánones de Ética Profesional para con sus clientes. De volver
a incurrir en otra falta al deber profesional, no seremos tan
benévolos.
Se dictará la sentencia correspondiente. CP-96-12 12
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente, se censura al querellado, Lcdo. Angel Roberto Cardona Ubiñas, por la pobre conducta profesional desplegada, y le apercibimos de que, en lo sucesivo, deberá cumplir estrictamente con los deberes que exigen los Cánones de Ética Profesional para con sus clientes. De volver a incurrir en otra falta al deber profesional, no seremos tan benévolos.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. Los Jueces Asociados señores Negrón García y Hernández Denton no intervinieron. La Juez Asociada señora Naveira de Rodón está inhibida.
Isabel Llompart Zeno Secretaria del Tribunal Supremo