EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: 2008 TSPR 186 José R. Ríos Ríos 175 DPR ____
Número del Caso: CP-2006-7
Fecha: 20 de noviembre de 2008
Abogado de la Parte Querellada:
Lcda. Minnie H. Rodríguez López Procuradora General Auxiliar
Lcdo. Rafael Román Jímenez
Materia: Conducta Profesional (La suspensión del abogado advino final y firme el 10 de diciembre de 2008)
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
José R. Ríos Ríos CP-2006-7
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 20 de noviembre de 2008.
El licenciado José R. Ríos Ríos, en adelante,
el querellado, fue admitido a la práctica de la
abogacía por el Tribunal Supremo de Puerto Rico el
3 de enero de 1990 y al ejercicio del notariado el
4 de septiembre de 1990. El 4 de junio de 2004 los
esposos Samuel E. Monge Pastor y Celia M. López
González presentaron una queja juramentada,
aduciendo que el licenciado Ríos Ríos los
representó en un caso de daños y perjuicios y no
incluyó como demandantes a la esposa del señor
Monge y a la sociedad de bienes gananciales
compuesta por ambos, lo que permitió que CP-2006-7 3
prescribiera cualquier acción que tuvieran éstas a su favor1.
Adujeron, también, que el querellado no los mantuvo
informados de los incidentes del caso y lo transigió sin su
autorización y conocimiento. Además, que obtuvo y retuvo un
cheque por la suma de $18,000.00 emitido por American
Internacional Insurance Co., aseguradora de Las Piedras
Construction el 23 de diciembre de 2002 y lo depositó en una
cuenta del Banco Popular de Puerto Rico el 30 de diciembre de
2002. Expusieron que le requirieron al querellado que les
entregara su expediente y éste no lo hizo, sino que dispuso
del mismo sin haberles consultado ni informado.
Posteriormente, los quejosos presentaron una demanda
civil por impericia profesional contra el querellado, la cual
fue transigida. El 10 de febrero de 2005, el señor Monge
Pastor informó al Procurador General, en una carta dirigida a
la Secretaria de este Tribunal, que no deseaba continuar con
su queja por haber llegado a un acuerdo con el licenciado
Ríos Ríos. No obstante, el Procurador General continuó su
investigación, pues, según hemos resuelto, una transacción de
esta índole no requiere que se archive la queja.2 El 3 de
febrero de 2006, ordenamos al Procurador General que
presentara querella sobre conducta profesional contra el
1 Civil Núm. DDP-1999-0109, Samuel E. Monge Pastor v. Las Piedras Construction. 2 El hecho que el abogado haya indemnizado a su cliente, no exime a éste del trámite disciplinario por infracción al Código de Ética. In re: Padilla Pérez, ante, pág. 777; In re: Acosta Grubb, 119 D.P.R. 595, 604 (1987). CP-2006-7 4
licenciado Ríos Ríos. En la querella presentada el 31 de
marzo de 2006, el Procurador le imputó al Lcdo. Ríos Ríos
haber violado los Cánones 18, 19, 20, 23 y 35, de Ética
Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, Cs. 18, 19, 20, 23 y 35. El
querellado contestó la querella y el 13 de febrero de 2007,
designamos a la Lcda. Crisanta González Seda como Comisionada
Especial para recibir la prueba y rendir un informe con
determinaciones de hechos y las recomendaciones que estimara
pertinentes. Luego de varios trámites procesales, se celebró
la vista adjudicativa el 28 de agosto de 2007. Ese día
compareció el querellado, personalmente y representado por el
Lcdo. Rafael Román Pérez. La Oficina del Procurador General
estuvo representada por la Procuradora General Auxiliar,
Lcda. Minnie H. Rodríguez.
II
El Procurador General alega, primeramente, que el Lcdo.
José R. Ríos Ríos violó el Canon 18 de los de Ética
Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 18, pues no ejerció el
cuidado y diligencia necesarios en la gestión encomendada al
no incluir entre los demandantes a la esposa del señor Monge
y a la sociedad de gananciales compuesta por ellos. El
licenciado Ríos Ríos, según alegado, no consultó a su cliente
ni obtuvo su aprobación respecto a esta decisión que resultó
en que se perdiera cualquier acción que hubieran tenido estas
partes.
Al negar este cargo, el querellado alegó que a quien los
querellantes contrataron inicialmente para que los CP-2006-7 5
representara en el caso civil que da lugar a la presente
queja fue al Lcdo. José A. Mojica Mojica, quien a su vez
subcontrató al querellado. Adujo que preparó la demanda con
los datos suplidos por el licenciado Mojica Mojica y que no
se le informó que el señor Monge Pastor estuviera legalmente
casado con la señora López González, o que ésta, la sociedad
legal de gananciales o los hijos del querellante, hubieran
sufrido daños. Sólo recibió información de los daños físicos
sufridos por el señor Monge Pastor. Por eso, incluyó como
demandante al señor Monge Pastor y no a su esposa ni a la
sociedad de gananciales. El querellado expuso, además, que el
señor Monge Pastor tenía pleno conocimiento del contenido y
las alegaciones de la demanda. Indica que ejerció el cuidado
y diligencia necesarios para cumplir con la gestión
encomendada, ya que logró una transacción favorable para su
representado, por dieciocho mil dólares ($18,000.00), los que
compensaban los daños realmente sufridos por el señor Monge
Pastor.
En segundo lugar, el Procurador General expone que el
Lcdo. José R. Ríos Ríos incumplió el deber de mantener
informado a su cliente de todo aspecto importante del caso,
como requiere el Canon 19 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A.
Ap. IX, al no incluir como demandantes a la Sra. Celia M.
López González y la sociedad legal de gananciales compuesta
por ésta y su esposo, al no mantenerlos informados del
trámite del caso, transigir el caso sin el consentimiento de CP-2006-7 6
sus clientes y al obtener el pago acordado en dicha
transacción sin informárselo.
Por su parte, el querellado alegó que el querellante se
mantenía informado sobre el curso del caso por medio del
licenciado Mojica Mojica y que, además, participó en la
revisión del texto de la demanda, la contestación a
interrogatorios, la comparecencia a deposiciones y en la
discusión de la oferta de transacción. De igual manera, el
querellado afirma que obtuvo el consentimiento del señor
Monge Pastor para transigir su reclamación por la cantidad
indicada y que prueba de ello es que éste aceptó y cambió el
cheque por la cantidad de $12,000.00, que era lo que le
correspondía luego de restar los honorarios de abogado.
El Procurador General también alega que el licenciado
Ríos Ríos no fue sincero ni honrado con sus clientes, en
violación al Canon 35 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap.
IX. El querellado niega esto y afirma, según explicamos, que
el querellante conocía sobre las negociaciones con la parte
demandada, que concluyeron con la oferta de $18,000.00, la
cual fue notificada y aceptada por el señor Monge Pastor.
También se le imputa al licenciado Ríos Ríos una
violación al Canon 20 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap.
IX, por no haber entregado el expediente del caso a sus
clientes una vez éstos se lo requirieron. Aduce el Procurador
General que el licenciado Ríos Ríos dispuso de dicho
expediente sin el conocimiento, consentimiento y aprobación
de sus clientes. CP-2006-7 7
Respecto a esto, el querellado alegó que informó a su
cliente que podía recoger su expediente y éste no lo hizo.
Señala que es costumbre de su oficina que si el cliente no
recoge su expediente se dispone del mismo una vez se terminan
los procedimientos judiciales y se paga la compensación que
corresponde al cliente. Cuando el señor Monge finalmente
solicitó el expediente no fue posible entregárselo porque
aparentemente se había extraviado durante la mudanza de
oficina del querellado.
El quinto cargo de la Querella presentada por el
Procurador General sostiene que el Lcdo. José R. Ríos Ríos
violó el Canon 23 de Ética Profesional al recibir y retener
indebidamente el cheque por $18,000.00, producto de la
transacción habida en el caso DDP-1999-0109.
Por su parte, el querellado alega que no recibió ni
retuvo indebidamente el cheque producto de la transacción.
Señala que el uso y costumbre en su oficina es depositar en
la cuenta de ésta los cheques que son producto de las
transacciones, con el consentimiento de los clientes, para
luego entregarle a éstos el dinero que les corresponde. En
este caso, alega que no se hizo el pago al señor Monge Pastor
con la premura acostumbrada por un error de buena fe
provocado por una condición personal y familiar del
querellado, relacionada con la salud de la madre de los hijos
menores del querellado. Por motivo de esta situación el
licenciado Ríos Ríos tuvo que recibir tratamiento
psicológico. CP-2006-7 8
III
Surge del Informe de la Comisionada Especial que el
Procurador General no presentó testigos, sino que solicitó,
sin objeción del querellado, que se marcaran como exhibits
los expedientes de la queja, AB-2004-196, del caso civil Núm.
DDP-1999-0109, Samuel E. Monge Pastor v. Las Piedras
Construction, Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de
Bayamón, de la demanda civil por impericia profesional
presentada contra el querellado en el Tribunal de Primera
Instancia, Sala Superior de San Juan, Caso Núm. KPD-2004-0452
y de la carta, suscrita por los querellantes el 10 de febrero
de 2005, mediante la cual retiran la querella como condición
del acuerdo transaccional que concluyó la demanda sobre
impericia profesional.
El querellado, por su parte, sometió, sin reparo de la
Procuradora General Auxiliar, una declaración jurada de la
sicóloga, Dra. Ada Rosabal. Presentó, además, el testimonio
del Lcdo. José A. Mojica Mojica. Éste se reiteró en su
declaración jurada de 18 de julio de 2007 y fue
contrainterrogado por la Procuradora General Auxiliar.
Una vez sometido el caso, el querellado presentó una
Moción de desestimación, en la que adujo que la querella
presentada por el Procurador General se fundamentó en la
declaración jurada de los quejosos, señor Monge Pastor y
señora López González y que al no presentar el testimonio de
éstos en la vista adjudicativa y someterse el caso por el
expediente se violó su derecho a contrainterrogarlos y por CP-2006-7 9
tanto, su derecho al debido proceso de ley. Adujo además, que
al admitir la declaración jurada en evidencia se violó la
Regla 14(J) del Reglamento del Tribunal Supremo, que dispone
que “la parte querellada tendrá derecho a confrontar los(as)
testigos en su contra durante la vista…”. También alegó que
al presentarse para probar la veracidad de su contenido, la
declaración jurada era prueba de referencia que no podía
admitirse a menos que el Procurador General demostrase que
los testigos no estaban disponibles, lo cual no hizo.
Denegamos la solicitud de desestimación el 25 de enero de
2008.
El 10 de marzo de 2008 la Comisionada rindió su informe,
exponiendo los hechos que encontró probados. Concluyó la
Comisionada que el querellante contrató al Lcdo. José A.
Mojica Mojica para que le tramitara un caso relacionado con
un accidente de automóvil en el que se vio envuelto y que el
licenciado Mojica refirió el asunto al licenciado Ríos Ríos.
Éste, a su vez, presentó una demanda en reclamación de daños
a nombre del querellante.3 El estado civil del querellante se
identifica en la demanda como soltero. Además, se identifica
al querellante como el dueño del automóvil envuelto en el
accidente, que se alegó fue pérdida total y que en la
querella se alega que era propiedad de la sociedad de
gananciales.
3 Caso civil Núm. DDP-1999-0109, Samuel E. Monge Pastor v. Las Piedras Construction, Autoridad de Carreteras de Puerto Rico y la compañía aseguradora, que resultó ser la CP-2006-7 10
Según determinó la Comisionada Especial, ni el
licenciado Mojica, ni el querellado redujeron a escrito su
contrato de representación legal con el querellante. Tampoco
pusieron por escrito los datos que recogiera el licenciado
Mojica en la entrevista inicial que hiciera al querellante.
El licenciado Mojica testificó que no recuerda si se le
preguntó al querellante si era soltero o casado, pero sí que
éste acostumbraba visitar su oficina a vender artículos de
computadoras y realizar trabajos en las computadoras y nunca
le habló de su esposa o de daños que ésta hubiera sufrido.
Nunca la vio, ni habló con ella y su impresión era que el
querellado era soltero.
El licenciado Ríos Ríos no entrevistó al querellante
antes de redactar la demanda, sino que lo hizo con la
información provista por el licenciado Mojica Mojica. Sin
embargo, el licenciado Mojica no aparece como representante
legal en la demanda, ni en ningún otro documento del caso. El
querellado firmó la demanda como representante legal del
querellante.
La Comisionada concluyó que el querellante visitaba la
oficina del licenciado Mojica alrededor de dos veces al mes y
hablaba del caso, pero no era una conversación de abogado y
cliente. El licenciado Mojica obtuvo conocimiento del trámite
del caso a través del querellante, no a través del
querellado. En esas conversaciones, el querellante le habló
Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico, en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. CP-2006-7 11
al licenciado Mojica de una oferta de transacción y el
abogado le explicó las razones por las cuales debía aceptar
los $18,000.00 que le ofrecían. Luego de la conversación
sobre la oferta de transacción, el querellante no regresó a
la oficina del licenciado Mojica.
Según el Informe de la Comisionada Especial, el
expediente del caso civil Núm. DDP-1999-0109, supra, revela
que el querellado lo litigó de manera diligente, vigorosa y
continua desde que presentó la demanda, el 9 de febrero de
1999. Ambas partes llevaron a cabo un descubrimiento de
prueba completo, incluyendo interrogatorios y deposiciones.
El querellante contestó uno de los interrogatorios y también
se le tomó deposición. El 18 de diciembre de 2002, la parte
demandante en el caso civil, representada por el querellado,
presentó una Moción de desistimiento en la que informó al
Tribunal de Primera Instancia que las partes habían
concretado un acuerdo transaccional. A esa fecha, se había
señalado el juicio y se habían expedido citaciones para
testigos de la parte demandante, solicitadas por su
representante, el abogado querellado.
No hay en el expediente escrito alguno sobre acuerdo
transaccional u otro documento firmado por el querellante
aceptando la oferta de transacción. Como resultado de la
transacción, el licenciado Ríos Ríos recibió el cheque número
174064, de American Internacional Insurance Co. of P.R.,
fechado el 23 de diciembre de 2002. Este fue girado a nombre
suyo y del señor Monge. El cheque fue endosado con el nombre CP-2006-7 12
del señor Monge y la firma del licenciado Ríos Ríos y
depositado en una cuenta de éste, el 30 de diciembre de 2002.
No se notificó de ello al querellante, señor Monge. La firma
del señor Monge que aparece en el cheque no coincide con su
firma en otros documentos.
El 28 de marzo de 2003, casi tres meses después que se
entregara el cheque al querellado, el querellante recibió un
pago de $12,000.00. La diferencia de $6,000.00 correspondía
al pago de honorarios al querellado.
Durante todo este trámite, el querellante nunca
cuestionó el hecho de que no se hubiera incluido a su esposa
y a la sociedad de gananciales como partes demandantes en el
pleito, ni proveyó evidencia de daños sufridos por éstas.
Según determinó la Comisionada, el único daño atribuible a la
sociedad de gananciales en el accidente es la pérdida del
vehículo de motor y esto se reclamó en la demanda, aunque a
nombre del querellante y no de la sociedad de gananciales.
Una vez terminó el procedimiento judicial y se pagó la
compensación al querellante, el querellado dispuso del
expediente del caso, sin autorización del cliente.
El 26 de marzo de 2004, el querellante y su esposa, la
Sra. Celia M. López González, también querellante en este
caso, demandaron al querellado reclamando daños y perjuicios
por impericia profesional.4 El 17 de febrero de 2005, se
suscribió un acuerdo privado y confidencial entre los
Caso Núm. KPD-2004-0452, Samuel E. Monge Pastor v. José A. 4
Ríos Ríos, Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. CP-2006-7 13
querellantes y el querellado para dar fin a la demanda, según
el cual el querellado pagaría $5,000.00 a los querellantes,
sin aceptar responsabilidad por lo alegado en la demanda y
éstos lo relevarían de cualquier responsabilidad como
consecuencia de los hechos que dieron lugar a la demanda.
Según el acuerdo, se pagarían $2,500.00 una vez los
querellantes presentaran ante el Tribunal Supremo de Puerto
Rico y en la Oficina del Procurador General, una carta en la
que expresamente manifestaran su deseo de retirar la queja en
este caso. El segundo pago de $2,500.00 se haría dentro de
los 30 días siguientes a la firma del acuerdo por los
querellantes. La carta se presentó el 18 de febrero de 2005 y
el 22 de febrero de 2005, los querellantes desistieron con
perjuicio de su demanda. El 4 de marzo de 2005, el Tribunal
de Primera Instancia ordenó el archivo y sobreseimiento de la
demanda, con perjuicio.
Por último, la Comisionada Especial determinó que el
querellado se afectó emocionalmente ante la situación de sus
hijos, debido a la muerte de la madre de éstos. Señala que el
impacto de la muerte de la madre de los hijos del licenciado
Ríos Ríos pudo ocasionar que éste descuidara los asuntos de
su oficina.
IV
En numerosas ocasiones, hemos expresado que el objetivo
de los Cánones de Ética Profesional es propiciar que los
abogados se desempeñen, profesional y personalmente, de
acuerdo con los más altos principios de conducta decorosa, CP-2006-7 14
para beneficio de la profesión, de la ciudadanía, y de las
instituciones de justicia del país. In re: Pujol Thompson,
2007 T.S.P.R. 129. Es en este contexto que debemos evaluar
la conducta del querellado y los hechos antes reseñados.
Al querellado se le imputa haber violado el Canon 18 de
Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, que impone al abogado
el deber de defender los derechos de su cliente
diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo
saber y habilidad y actuando en aquella forma que la
profesión jurídica en general estima adecuada y responsable.
In re: Laureano Molina, 161 DPR 58 (2004); In Re: Colón
Ortiz, 2007 TSPR 156. Viola este canon quien no emplee la
mayor capacidad, lealtad, responsabilidad, efectividad y la
más completa honradez de la defensa de los intereses de su
cliente. In re: Meléndez La Fontaine, 2006 TSPR 22; In re:
Alonso Santiago, 2005 TSPR 137.
La desidia, desinterés, inacción y displicencia como
patrón de conducta en la representación del cliente violentan
las disposiciones de este canon. In re: Vilches López, 2007
TSPR 84; In re: Padilla Pérez, 135 D.P.R. 770, 776 (1994).
Entre las acciones de un abogado o una abogada que infringen
este canon están aquéllas actuaciones negligentes que puedan
conllevar o, en efecto conlleven, la desestimación o archivo
de un caso, In re: Colón Morera, 2007 TSPR 157;
El Canon 19 de Ética Profesional, supra, requiere que el
abogado mantenga a su cliente siempre informado de todo
asunto y toda gestión importante que surja en el desarrollo CP-2006-7 15
del caso que le ha sido encomendado que no esté dentro del
ámbito de discreción de la representación legal e incluye
cumplir con las instrucciones de los representados. In re:
Acosta Grubb, 119 D.P.R. 595, 603 (1987). Sobre las
transacciones de los casos, dispone que siempre que la
controversia sea susceptible de un arreglo o transacción
razonable, el abogado debe aconsejar al cliente que evite o
termine el litigio. Es deber del abogado notificar a su
cliente de cualquier oferta de transacción hecha por la otra
parte. Canon 19 de Ética Profesional, supra. Este deber de
los abogados se configura como una obligación ética
independiente. Véase, In re: Hernández Pérez, 2006 TSPR 174.
Sobre dicho canon hemos expresado que “[e]l deber de
informar al cliente es un elemento imprescindible de la
relación fiduciaria del abogado y el cliente”. In re: Alonso
Santiago, supra. In re: García Muñoz, 2007 TSPR 90. Por
consiguiente, cuando un abogado mantiene a su cliente ajeno a
las incidencias de su caso, ello constituye una violación, no
sólo al Canon 19, sino al proceso de impartir justicia en
general. In re: Laborde Freyre, 149 D.P.R. 59 (2003).
Se viola el Canon 19 cuando no se atienden los reclamos
de información del cliente, no se le informa sobre los
asuntos importantes que surjan del caso, así como del
resultado adverso de la gestión encargada, no se mantiene al
cliente al tanto del estado o la situación procesal del caso,
o simplemente se niega al cliente información del caso.
Véase, In re: Acevedo Álvarez, 143 D.P.R. 293, 298 (1995); In CP-2006-7 16
re: Rosario, 116 D.P.R. 462, 467 (1985); In re: Acosta
Grubb, ante, pag. 603. Según reiteramos en In re: Ayala
Torres, 150 D.P.R. 288 (2000), uno de los asuntos importantes
a los que se refiere el Canon 19 comprende la notificación al
cliente de que se dictó sentencia. Esta notificación ha de
ser inmediata, en tiempo para que el cliente tome la decisión
que éste interese sobre los procedimientos disponibles para
revisar la misma. Colón Prieto v. Geigel, 115 D.P.R. 232, 241
(1984).
El Canon 20 de Ética Profesional, supra, establece el
procedimiento que deben seguir los abogados al renunciar a la
representación legal de un cliente. En lo pertinente, este
canon requiere que al ser efectiva tal renuncia, el abogado
debe entregar el expediente y todo documento relacionado con
el caso a su cliente, además de reembolsarle inmediatamente
cualquier cantidad que éste le haya pagado por adelantado en
honorarios por servicios que no se han prestado.
Hemos interpretado este canon en el sentido de que no
debe haber dilación alguna en la entrega del expediente una
vez el abogado concluye las gestiones para las cuales fue
contratado, o cuando el cliente solicita dicha entrega. In
re: Franco Rivera, 2006 TSPR 170. De igual forma, la
devolución del expediente no puede estar sujeta a ninguna
condición, pues el abogado no tiene derecho de retención
sobre los documentos y papeles del cliente, ni tiene un
gravamen sobre el producto de una sentencia o dictamen CP-2006-7 17
judicial. In re: Irirzarry, González, 151 D.P.R. 916, 922
(2002). In re: Santos Rivera, 2008 TSPR 12;
El Canon 23 de Ética Profesional, supra, en lo
pertinente al presente asunto, dispone que por razón de la
naturaleza fiduciaria de las relaciones entre abogado y
cliente éstas deben estar fundadas en la honradez absoluta.
En particular, el abogado debe dar pronta cuenta del dinero y
otros bienes del cliente que vengan a su posesión y no debe
mezclarlos con sus propios bienes, ni permitir que ello
suceda.
En torno a esta obligación hemos recalcado que “los
abogados deben velar porque la relación abogado-cliente sea
transparente”. In re: Alvarez Aponte, 158 D.P.R. 140, 146
(2002); In re: Rivera Irizarry, 155 D.P.R. 687, 693 (2001).
La naturaleza fiduciaria de esta relación exige confianza y
absoluta honradez entre el abogado y el cliente,
especialmente en los asuntos de carácter económico. Por
consiguiente, el abogado debe rendir cuentas de cualquier
dinero o bien de un cliente que esté en su posesión, porque
“[l]a retención de cualquier cantidad de dinero perteneciente
a sus clientes, trastoca e infringe los postulados del Canon
23 de Ética Profesional, ante, y demuestra un menosprecio
hacia sus deberes como abogado”. In re: Rivera Irizarry,
supra, pág. 698-964. (Cita omitida.)
La mera retención por un abogado de fondos
pertenecientes a un cliente justifica una sanción,
independientemente de que el abogado los hubiera devuelto y CP-2006-7 18
de que los hubiera retenido sin intención de apropiárselos.
In re: Rivera Irizarry, supra, pág. 693-694. En efecto, “la
dilación en la devolución de los fondos es causa suficiente
para tomar medidas disciplinarias contra el abogado”. Id. In
re: Feliciano Rodríguez, 150 D.P.R. 859, 864 (2000).
El Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra,
establece, en lo pertinente, que la conducta de cualquier
miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con
sus representados y en las relaciones con sus compañeros debe
ser sincera y honrada. Este precepto le impone a todo abogado
la obligación de regirse por unas normas mínimas de conducta,
indispensables para promover el honor y la dignidad de la
profesión. In re: López de Victoria, 163 D.P.R. 1, 8 (2004);
In re: Montañez Miranda, 157 D.P.R. 275, 281 (2002). De
conformidad con tales postulados éticos, se ha señalado que
el abogado no puede proveer al tribunal información falsa o
que no se ajuste a la verdad, ni puede tampoco ocultarle
información verdadera que deba ser revelada. In re: Filardi
Guzmán, 144 D.P.R. 710, 717-718 (1998). Evidentemente,
ante una imputación de violación al Canon 35 no es defensa el
que no se haya obrado de mala fe o deliberadamente, ni con la
intención de engañar o defraudar. Tampoco importa que no se
haya causado daño a un tercero. In re: Astacio Caraballo, 149
D.P.R. 790, 799 (2000).
Las alegaciones presentadas por el Procurador General en
este caso están fundamentadas, en gran medida, en la
declaración jurada de los esposos Monge Pastor y López CP-2006-7 19
González requerida al presentarse una queja ante este
Tribunal y forma parte de los autos del caso. Sin embargo,
los quejosos no testificaron durante la vista. Por esa razón,
debemos determinar si el Procurador cumplió con el grado de
prueba requerida para demostrar la violación a los cánones de
ética profesional.
En In re Caratini, 153 D.P.R. 575, 685 (2001),
resolvimos que el criterio a utilizarse por este Tribunal
en casos disciplinarios es el de prueba clara, robusta y
convincente. Véase además: In re Irizarri Reyes, 2008 TSPR
45; In re Mulero Fernández, 2008 TSPR 111. Tal
determinación se basa en que los casos disciplinarios
contra los miembros de este foro inciden sobre el derecho
de los abogados a ganarse su sustento, que es
indudablemente un derecho fundamental. Amy Angulo v.
Administración, 116 D.P.R. 414, 421 (1985). Para dichos
casos, es decir, para la negación de un derecho
fundamental, el debido proceso de ley exige que el valor y
suficiencia de la prueba sea medido con un criterio más
riguroso que el de la preponderancia de la prueba,
utilizado en procedimientos civiles comunes, sin que le
sea aplicable el criterio de “prueba más allá de duda
razonable”, utilizado en el campo criminal. P.P.D. v.
Admor. Gen. De Elecciones, 111 D.P.R. 199, 223 (1981). In
re Caratini, supra.
Por otro lado, el debido proceso de ley en su
vertiente procesal le impone al Estado la obligación de CP-2006-7 20
garantizar que la interferencia con el interés propietario
o libertario del individuo se haga mediante un
procedimiento justo y equitativo que respete la dignidad
de los individuos. Art. II de la Constitución del
E.L.A., L.P.R.A., Tomo I; Rivera Rodríguez & Co. v.
Stowell Taylor, 133 D.P.R. 871, 887-888 (1993). Los
abogados tienen un interés propietario en el ejercicio de
la profesión, por lo cual son acreedores de las garantías
de un debido proceso de ley en aquellos procedimientos
disciplinarios en que esté en juego su licencia. In re
Deynes Soto, 2005 TSPR 40; In re Caratini, supra. Véase
además: In re Ruffalo, 390 US 544, 550 (1968). Las
exigencias mínimas del debido proceso de ley
constitucional incluyen el ser notificado adecuadamente de
los cargos en su contra, la oportunidad de ser oído, el
derecho a contrainterrogar y el derecho a examinar la
prueba documental y material presentada por la otra parte.
Salvá Santiago v. Torres Padró, 2007 TSPR 101; Rivera
Rodríguez & Co. v. Stowell Taylor, supra.
Acorde a lo anterior, la Regla 14 del Reglamento del
Tribunal Supremo en su inciso (j) establece el derecho de
la parte querellada en un procedimiento disciplinario a
confrontar y contrainterrogar a los testigos en su contra.
4 L.P.R.A. Ap. XXI-A. Sobre la importancia del derecho a
contrainterrogar, el tratadista Wigmore asevera que “it is
beyond any doubt the greatest legal engine ever invented CP-2006-7 21
for the discovering of truth.” Wigmore, Evidence §1367,
pág. 29 (3d ed. 1949).
Cabe recordar, además, que la Regla 60 de Evidencia
excluye, como norma general, la prueba de referencia, esto
es, las declaraciones que se hacen fuera de la vista o
juicio en el que se ofrecen para probar que tal
declaración es verdadera. 32 L.P.R.A. Ap. IV. El profesor
Chiesa explica que la prueba de referencia se excluye por
su falta de confiabilidad y por su dudoso valor
probatorio, basado, precisamente, en la falta de
confrontación entre el declarante y la parte contra la que
se ofrece la evidencia. E.L. Chiesa, Tratado de derecho
probatorio, Santo Domingo, Editora Corripio, 1998, Tomo
II, pág. 616, 631. La confrontación es necesaria para
disipar la ambigüedad de la declaración, la sinceridad, la
percepción y la memoria del declarante. Id. Véase además:
Pueblo v. García, 113 D.P.R. 843, 853 (1983).
Por último, cuando el quejoso retira la queja, entra
en efecto la norma reiterada que los procedimientos
disciplinarios ante este Tribunal son independientes de
las acciones legales, civiles o criminales, que se deriven
de la misma relación de hechos. In re Deynes Soto, 164
D.P.R. 327 (2005); In re Laborde Freyre, 149 D.P.R. 59, 63
(1999). Por lo tanto, no limita nuestra jurisdicción el
hecho de que el abogado y el cliente transijan sus
diferencias mediante un acuerdo en el cual el segundo se CP-2006-7 22
compromete a no presentar cargos éticos ante los foros
pertinentes. In re Pagán Ayala, 117 DPR 180, 187 (1986).
Sin embargo, también hemos resuelto que el Canon 26
no prohíbe que un abogado informe y acepte ante su cliente
su responsabilidad por errores y omisiones atribuibles a
su persona. Id. pág. 186-87. Tampoco le impide indemnizar
al perjudicado, ya sea extrajudicialmente o mediante un
contrato de transacción judicial. Lo que tal principio
ético está dirigido a evitar es que el abogado limite, se
exonere o evada, contractualmente o de otro modo, su
responsabilidad profesional. En otras palabras, en ninguna
forma el abogado puede establecer como condición para
transigir con su cliente la acción civil en daños por mala
práctica profesional, que no se presente querella por
violación ética en su contra.
Por otro lado, una vez satisfecho el perjuicio
privado de la persona afectada, en ausencia de un interés
público mayor, de ordinario el asunto no debe trascender.
In re Pagán Ayala, supra, pág. 187. La admisión de
responsabilidad civil y resarcimiento por el abogado a su
cliente, constituirá un atenuante, o podrá ser
determinante para su archivo, si es que finalmente se
insta querella. Id.
A la luz de los hechos probados y de los preceptos
legales y normas jurídicas aplicables, la Comisionada
Especial concluyó que el licenciado Ríos Ríos incurrió en CP-2006-7 23
violaciones a los cánones 19, 20, 23 y 35 de Ética
Profesional, supra. Sin embargo, determinó que la evidencia
no sostiene la imputación de violación al Canon 18 de Ética
Profesional, supra. Resolvemos que son correctas ambas
conclusiones.
En lo que respecta al canon 18, el Procurador General
alega que el licenciado Ríos Ríos no ejerció el cuidado y
diligencia necesarios en la gestión encomendada al dejar
fuera de la demanda incoada a la esposa del señor Monge y la
sociedad de gananciales compuesta por ambos, decisión que,
según espone, no fue consultada ni aprobada por sus clientes
y que resultó en que se perdiera cualquier acción que
hubieran tenido estas partes. Sin embargo, los hechos
probados demuestran que esta alegación no se sostiene.
Los esposos Monge López no declararon en la vista y no
estuvieron disponibles para ser contrainterrogados. Según
expusimos antes, esto es un derecho garantizado por nuestro
reglamento y por el debido proceso de ley. El licenciado
Mojica, quien sí declaró personalmente y fue
contrainterrogado, sostuvo en sus declaraciones que recibió
la versión del querellante sobre el accidente y éste nunca le
mencionó que su esposa o algún otro familiar hubiera recibido
algún daño como consecuencia de tales hechos. El señor Monge
nunca mencionó tener esposa en las conversaciones con el
licenciado Mojica. Éste no recordó si el querellante le dijo
que era casado o soltero, pero su impresión era que era
soltero. El licenciado Mojica refirió el caso al licenciado CP-2006-7 24
Ríos Ríos quien presentó la demanda el 9 de febrero de 1999,
apenas un mes y medio después del accidente.
Sin duda, fue un serio error del licenciado Ríos Ríos el
no entrevistar a quien se convirtió en su cliente antes de
radicar la demanda y depender exclusivamente de los datos
provistos por el licenciado Mojica. Sin embargo, un examen
del escrito de demanda revela que éste es adecuado, contiene
alegaciones e información suficiente para el inicio del
pleito y para sostener tales alegaciones. El expediente del
caso relacionado con el accidente del señor Monge, también
revela que el licenciado Ríos Ríos litigó de manera adecuada,
vigorosa, en defensa de los intereses de su cliente, el
querellante, y que demostró diligencia durante el
procedimiento, conocimiento de las controversias, capacidad y
efectividad.
Por otra parte, concurrimos con la Comisionada Especial
en que la contestación del pliego de interrogatorio que la
parte codemandada sometió al demandante sin duda requirió que
el señor Monge discutiera las contestaciones con su abogado y
luego juramentara las contestaciones. Por eso no es creíble
que el señor Monge no supiera que la demanda se redactó
solamente a su nombre, al menos para el mes de junio cuando
el licenciado Ríos Ríos solicitó que se señalara una
conferencia sobre el estado de los procedimientos e informó
que se había contestado el interrogatorio. A esa fecha
faltaban casi seis meses para que prescribiera la acción de CP-2006-7 25
daños, si alguna, que pudieran tener su esposa y la sociedad
de gananciales.
Por todo lo anterior resolvemos que el licenciado Ríos
Ríos no violó el canon 18, como se le imputa.
Coincidimos con la Comisionada Especial en que el
verdadero problema ético que revelan los hechos que fueron
probados radica en que el licenciado Ríos Ríos no informó a
su cliente sobre el evento más importante del caso que le fue
encomendado, la terminación del pleito por transacción y la
sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia
desestimando la demanda con perjuicio. Además, no le informó
inmediatamente que había recibido una cantidad de dinero que
pertenecía al cliente.
No tenemos duda que el señor Monge conocía que había una
oferta de transacción y la cantidad que le estaban
ofreciendo, conforme surge del testimonio del licenciado
Mojica y podemos inferir razonablemente que obtuvo dicha
información del licenciado Ríos Ríos. Sin embargo, si bien no
consideramos las aseveraciones del señor Monge en su
declaración jurada a efectos de que no aprobó la transacción
ni supo de la terminación del juicio, la realidad es tampoco
hay en el expediente prueba alguna que demuestre o de la que
podamos inferir que el señor Monge finalmente aceptó dicha
transacción, según fue informado al Tribunal de Primera
Instancia para justificar el desistimiento voluntario, con
perjuicio, de la demanda. CP-2006-7 26
El licenciado Ríos Ríos alega en su contestación que le
informó a su cliente que se dictó una sentencia poniendo fin
al pleito y que había recibido un cheque por $18,000.00, como
pago del acuerdo transaccional. No presentó prueba alguna a
esos efectos. Los hechos probados sostienen, por el
contrario, que al licenciado Ríos Ríos se le entregó el
cheque y éste lo aceptó como pago final y lo depositó en una
cuenta bancaria de la oficina, sin informárselo al cliente.
Además, el cheque fue endosado, con el nombre del señor
Monge, sin su autorización. Estas actuaciones del licenciado
Ríos Ríos violan el Canon 19 de Ética Profesional, supra,
según adujo el Procurador General.
La prueba establece que el licenciado Ríos Ríos no dio
pronta cuenta o entregó a su cliente la parte que le
correspondía del dinero que la compañía aseguradora pagó como
resultado del acuerdo transaccional que puso fin al pleito.
Por el contrario, no es hasta tres meses después que se
recibió el cheque, que el licenciado Ríos Ríos le entrega al
querellante la parte que le correspondía. La explicación o
justificación que ofrece el licenciado Ríos Ríos, en el
sentido de que el uso y costumbre de su oficina era depositar
los cheques de las transacciones en una cuenta de la oficina
para luego entregar el dinero a los clientes, no puede
excusar esta violación ética. Ningún abogado puede establecer
procedimientos en su oficina que sean en contrarios a sus
obligaciones éticas. Por ello, tal explicación no excusa la
violación al Canon 23, que, en lo concerniente al manejo de CP-2006-7 27
los bienes de los clientes, prohíbe la retención y
disposición inapropiada de cualquier suma de dinero que
pertenezca a éstos. En este caso, el abogado pospuso el acto
de entrega de dinero su cliente, dinero que era el producto
de la transacción del caso. Tal hecho nunca estuvo en
controversia, porque el propio licenciado Ríos Ríos lo
aceptó. Es por ello, que entendemos que el licenciado Ríos
Ríos incurrió en la conducta que se le imputa de violar el
Canon 23, supra.
Respecto a la violación al Canon 20, supra, se alega que
el licenciado Ríos Ríos dispuso del expediente del caso, sin
autorización del cliente. La evidencia recibida así lo
establece. A la solicitud de la entrega del expediente por su
cliente, el licenciado Ríos Ríos no respondió de forma
alguna. Tampoco cumplió con dicha entrega, a pesar de la
orden a esos efectos dictada por el Tribunal de Primera
Instancia en el caso civil Núm. KDP-2004-0452, Samuel E.
Monge Pastor y otros v. José R. Ríos y otros, el 8 de
septiembre de 2004. El 18 de noviembre de 2004, el abogado
que representaba al señor Monge Pastor y a su esposa en ese
caso solicitó que se impusieran sanciones al licenciado Ríos
Ríos por no haber entregado el expediente. Éste entonces,
presentó varias excusas, en una moción presentada el 13 de
diciembre de 2004. Expuso que entendía que había entregado el
expediente anteriormente, que luego se percató de que no lo
tenía, pues es su costumbre disponer de los expedientes una
vez se terminan los procedimientos judiciales y se paga la CP-2006-7 28
compensación correspondiente al cliente y que no podía
entregar lo que no tenía.
Por las razones que hemos expresado, ningún abogado
puede establecer procedimientos en su oficina que violen las
disposiciones de los cánones de ética profesional. La
realidad es que el expediente nunca fue entregado y las
excusas ofrecidas por el licenciado Ríos Ríos no son
satisfactorias, por lo que resolvemos que violó el Canon 20
de Ética Profesional, supra.
La prueba recibida, como ya hemos explicado, establece
que el licenciado Ríos Ríos recibió un cheque en pago de la
transacción del caso en el que representaba al señor Monge y
que dicho cheque se expidió a nombre de éste y del licenciado
Ríos Ríos, quien endosó o permitió que otra persona lo
hiciera, escribiendo el nombre del señor Monge, sin estar
autorizado para ello. También establece que el licenciado
Ríos Ríos no informó al cliente que había recibido dicho
cheque y lo había depositado en una cuenta de la oficina y,
por último, que dispuso del expediente del caso sin
informarlo al señor Monge, ofreciendo explicaciones que
denotan un manejo inapropiado y descuidado de dicho
expediente. Tales actuaciones reflejan y constituyen una
falta de sinceridad y honradez con su representado. Se
apartan del deber que tenemos los abogados y las abogadas de
exaltar el honor y la dignidad de la profesión. Por ello,
resolvemos que la prueba estableció que el licenciado Ríos CP-2006-7 29
Ríos violó del canon 35, conforme imputado por el Procurador
General.
VI
Hemos señalado que cuando se demuestre que un abogado o
abogada ha incurrido en conducta reñida con los postulados
éticos de la profesión legal, determinaremos la sanción
disciplinaria adecuada tomando en cuenta los siguientes
factores: (1) la buena reputación del abogado en la
comunidad; (ii) el historial previo de éste; (iii) si ésta
constituye su primera falta y si ninguna parte ha resultado
perjudicada; (iv) la aceptación de la falta y su sincero
arrepentimiento; (v) si se trata de una conducta aislada;
(vi) el ánimo de lucro que medió en su actuación; (vii)
resarcimiento al cliente; y (viii) cualesquiera otras
consideraciones, ya bien atenuantes o agravantes, que sean
pertinentes a tenor con los hechos. Véase, In re: Quiñones
Ayala, res. 30 de junio de 2005, 164 D.P.R.___, 2005 TSPR 99;
In re: Montalvo Guzmán, res. 20 de mayo de 2005, 164 D.P.R.
806, 2005 TSPR 82; In re: Padilla Rodríguez, 145 D.P.R. 536
(1998).
Acorde a lo anterior, tomamos en consideración que los
querellantes se dieron por satisfechos con el resultado de la
demanda que radicaron contra el licenciado Ríos Ríos y la
indemnización que éste les pagó. Así lo expresaron en una
carta, a la que hicimos referencia en este escrito y con
posterioridad a dicha carta, no comparecieron a este
procedimiento. También consideramos que el licenciado Ríos CP-2006-7 30
Ríos presentó la declaración jurada de la Dra. Ada Rosabal
Silva, Psicóloga Clínica, quien le brindó tratamiento para
depresión en fechas no especificadas, pero quien señala que
el impacto de la muerte de la madre de los hijos del
licenciado Ríos Ríos, en o para el año 2002, pudo ocasionar
que éste descuidara los asuntos de su oficina.
Por otra parte, debemos considerar que el licenciado
Ríos Ríos no aceptó responsabilidad por los hechos alegados
en la demanda que luego transó con los querellantes y que
puso como condición al pago de lo acordado el que se
desistiera de la queja, contrario a lo que establecimos como
valor ético en In re: Pagán, supra. Es preciso señalar,
además, que hay pendientes ante este Tribunal dos querellas
adicionales presentadas por el Procurador General contra el
licenciado Ríos Ríos.
Considerado todo lo anterior, ordenamos la suspensión
del Lcdo. José R. Ríos Ríos de la práctica de la profesión
por el término de nueve meses.
Se dictará sentencia de conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente Sentencia, se ordena la suspensión del Lcdo. José R. Ríos Ríos del ejercicio de la abogacía por el término de nueve meses.
Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo Interina. El Juez Presidente señor Hernández Denton disiente de la sanción disciplinaria impuesta por entender que, a tenor de lo resuelto en In re Fernández Paoli, 141 DPR 10 (1996) e In re García Muñoz, res. 3 abril de 2007, 2007 TSPR 90, procede suspender indefinidamente de la profesión al licenciado Ríos Ríos.
Dimarie Alicea Lozada Secretaria del Tribunal Supremo Interina