In Re: Hon. Jaime J. Benero García
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Opinion
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2019 TSPR 82
Hon. Jaime J. Benero García 202 DPR ____
Número del Caso: AD-2016-0001
Fecha: 1ro de mayo de 2019
Abogado de la Parte Querellada:
Lcdo. Virgilio Mainardi Peralta Lcdo. José Ángel Rivera-Rodríguez Lcdo. Luis Manuel García Tous
Oficina de Administración de los Tribunales Oficina de Asuntos Legales
Lcda. Cristina Guerra Cáceres, Directora Lcda. Isabel Sánchez del Campo Lcda. Valerie Díaz Aponte Lcda. Rosa Cruz Niemiec
Comisión de Disciplina Judicial:
Hon. Aída N. Molinary de la Cruz, Presidenta Lcda. Evelyn Benvenutti Toro Lcda. Lourdes Velázquez Cajigas Dr. Juan Salgado Morales
Materia: Ética Judicial – Archivo de querella por no demostrarse mediante prueba clara, robusta y convincente que se cometieron los cargos imputados.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Conducta Profesional Hon. Jaime J. Benero García AD-2016-0001
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 1 de mayo de 2019.
Reafirmamos que no procede emplear los
mecanismos disciplinarios como sustitutos de los
procesos de revisión judicial de las determinaciones
judiciales de nuestros magistrados. Este es un
imperativo del concepto de independencia judicial,
que respeta la discreción de cada juez para decidir
los asuntos que tiene ante su consideración. Por
consiguiente, acogemos la recomendación de la
Comisión de Disciplina Judicial de archivar esta
Querella.
I.
A.
El 23 de febrero de 2016 la entonces Directora AD-2016-0001 2
Administrativa de los Tribunales, Hon. Isabel Llompart Zeno,
presentó un Informe de Investigación sobre la conducta del
Hon. Jaime J. Benero García, Juez Superior, producto de la
investigación realizada por la Oficina de Asuntos Legales
tras las quejas presentadas por la Sra. Nydia E. Rodríguez
Santiago, la Sra. Yomarie Muriel Rodríguez, el Sr. Carlos A.
Figueroa Serrano, la Sra. Leishla Cruz Rodríguez y el Sr.
José Rivera Cardona, así como un referido de la Comisión de
Evaluación Judicial. El Informe de Investigación fue
acompañado por los documentos que formaron parte de la
evidencia recopilada durante la investigación.
La entonces presidenta de la Comisión de Disciplina
Judicial, Hon. Aida N. Molinary de la Cruz, designó al Lcdo.
José Miranda De Hostos para que determinara si existía o no
causa probable para presentar querella contra el juez Benero
García. Luego de un análisis de los documentos y hechos
presentados en el Informe de Investigación, el licenciado
Miranda De Hostos rindió su Informe en el que determinó que
existía causa probable para iniciar un procedimiento
disciplinario contra el juez Benero García por la alegada
violación de los Cánones 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13 y 14 de
Ética Judicial, así como “por alegada inhabilidad o
incompetencia profesional manifiesta en el cumplimiento de
sus deberes judiciales”.
El 14 de marzo de 2016 la Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT) presentó la Querella contra el juez AD-2016-0001 3
Benero García. En ésta se imputaron los siguientes seis
cargos:
PRIMER CARGO
El juez Benero incurrió en conducta incompatible con los deberes de su cargo, al no actuar de modo sereno, prudente e imparcial en el ejercicio de sus funciones judiciales y al evidenciar impaciencia y severidad excesiva, así como un trato carente de respeto y cordialidad hacia varios(as) ciudadanos(as), funcionarios(as) y abogados(as) que acudieron a su Sala de asuntos de lo criminal y de Relaciones de Familia. Al actuar ensoberbecido de poder y, en ocasiones, a base de estereotipos y prejuicios personales sin ajustarse a la evidencia que tenía en su poder, el juez Benero demostró falta de temperamento judicial, lesionando la imagen de la judicatura y la confianza del pueblo en su sistema de justicia. Ello, en claro desapego a los Cánones 1, 5, 8, 9, 13 y 14 de Ética Judicial.
SEGUNDO CARGO
El juez Benero abusó intencionalmente de su discreción judicial al incurrir en un uso indiscriminado del mecanismo del desacato como sanción y al imponer órdenes de arresto y altas fianzas en situaciones que claramente no se justificaban o que no guardaban proporción a los hechos ocurridos, creando un ambiente de opresión, miedo e intimidación en su Sala. Al no resguardar su conducta dentro de la debida propiedad y circunspección, en claro menosprecio a los derechos fundamentales de los (las) ciudadanos(as) y a su dignidad como seres humanos, el juez Benero demostró abuso de poder y falta de sensibilidad en el manejo de los asuntos que tenía ante su consideración. De esta forma se condujo en abierta contravención a los Cánones 1, 3, 8, 13 y 14 de Ética Judicial.
TERCER CARGO
El juez Benero incumplió con sus deberes judiciales y le negó el debido proceso de ley a las partes, en el contexto de asuntos tan sensitivos como los de Relaciones de Familia, en los cuales celebró vistas judiciales y, en ocasiones, tomó determinaciones que afectaban los derechos de dichas partes, en ausencia de sus abogados. La referida actuación atentó contra la AD-2016-0001 4
dignidad y el respeto que merecen todos(as) los (las) ciudadanos(as) que acuden al Tribunal en busca de justicia, a la vez que demostró falta de conocimiento del Derecho, circunspección, prudencia y temperamento judicial, conducta reñida con los Cánones 3, 8, 9, 13 y 14 de Ética Judicial.
CUARTO CARGO
El juez Benero demostró ausencia de colaboración y cooperación en la relación profesional con sus compañeros(as) jueces y juezas. Específicamente evidenció que no tenía buena comunicación con su juez pareja en el Centro Judicial de Ponce y que solía retener a los abogados y testigos esperando por su turno en Sala, sin importarle el retraso en los procedimientos de las otras salas y el impacto que ello podría ocasionar para la sana administración de la justicia. Asi, el juez Benero vulneró la conducta que proscriben los Cánones 6 y 13 de Ética Judicial, en lo referente al trato de cordialidad y respeto que debe permear las relaciones de los jueces y las juezas entre sí y la de estos(as) con la del resto del personal que interviene en los procedimientos judiciales.
QUINTO CARGO
El juez Benero infringió las normas administrativas que le requieren cumplir con el horario de sesión del Tribunal, al extender continuamente las horas de almuerzo y de salida del personal que tenía a su cargo, de manera reiterada e injustificada. Lo anterior, a su vez, impactó la administración de las funciones de los alguaciles, toda vez que provocó una acumulación de horas extras de trabajo como parte de sus labores de seguridad. Al conducirse de ese modo, el juez Benero violó el Canon 4 de Ética Judicial que obliga a los jueces y las juezas a cumplir cuidadosa y diligentemente las obligaciones administrativas que les imponen las leyes, los reglamentos y las normas aplicables de la Rama Judicial, así como el Canon 13 que requiere un trato considerado hacia los(las) participantes del procedimiento judicial, incluyendo los(las) funcionarios(as) del tribunal. AD-2016-0001 5
SEXTO CARGO
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2019 TSPR 82
Hon. Jaime J. Benero García 202 DPR ____
Número del Caso: AD-2016-0001
Fecha: 1ro de mayo de 2019
Abogado de la Parte Querellada:
Lcdo. Virgilio Mainardi Peralta Lcdo. José Ángel Rivera-Rodríguez Lcdo. Luis Manuel García Tous
Oficina de Administración de los Tribunales Oficina de Asuntos Legales
Lcda. Cristina Guerra Cáceres, Directora Lcda. Isabel Sánchez del Campo Lcda. Valerie Díaz Aponte Lcda. Rosa Cruz Niemiec
Comisión de Disciplina Judicial:
Hon. Aída N. Molinary de la Cruz, Presidenta Lcda. Evelyn Benvenutti Toro Lcda. Lourdes Velázquez Cajigas Dr. Juan Salgado Morales
Materia: Ética Judicial – Archivo de querella por no demostrarse mediante prueba clara, robusta y convincente que se cometieron los cargos imputados.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Conducta Profesional Hon. Jaime J. Benero García AD-2016-0001
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 1 de mayo de 2019.
Reafirmamos que no procede emplear los
mecanismos disciplinarios como sustitutos de los
procesos de revisión judicial de las determinaciones
judiciales de nuestros magistrados. Este es un
imperativo del concepto de independencia judicial,
que respeta la discreción de cada juez para decidir
los asuntos que tiene ante su consideración. Por
consiguiente, acogemos la recomendación de la
Comisión de Disciplina Judicial de archivar esta
Querella.
I.
A.
El 23 de febrero de 2016 la entonces Directora AD-2016-0001 2
Administrativa de los Tribunales, Hon. Isabel Llompart Zeno,
presentó un Informe de Investigación sobre la conducta del
Hon. Jaime J. Benero García, Juez Superior, producto de la
investigación realizada por la Oficina de Asuntos Legales
tras las quejas presentadas por la Sra. Nydia E. Rodríguez
Santiago, la Sra. Yomarie Muriel Rodríguez, el Sr. Carlos A.
Figueroa Serrano, la Sra. Leishla Cruz Rodríguez y el Sr.
José Rivera Cardona, así como un referido de la Comisión de
Evaluación Judicial. El Informe de Investigación fue
acompañado por los documentos que formaron parte de la
evidencia recopilada durante la investigación.
La entonces presidenta de la Comisión de Disciplina
Judicial, Hon. Aida N. Molinary de la Cruz, designó al Lcdo.
José Miranda De Hostos para que determinara si existía o no
causa probable para presentar querella contra el juez Benero
García. Luego de un análisis de los documentos y hechos
presentados en el Informe de Investigación, el licenciado
Miranda De Hostos rindió su Informe en el que determinó que
existía causa probable para iniciar un procedimiento
disciplinario contra el juez Benero García por la alegada
violación de los Cánones 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13 y 14 de
Ética Judicial, así como “por alegada inhabilidad o
incompetencia profesional manifiesta en el cumplimiento de
sus deberes judiciales”.
El 14 de marzo de 2016 la Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT) presentó la Querella contra el juez AD-2016-0001 3
Benero García. En ésta se imputaron los siguientes seis
cargos:
PRIMER CARGO
El juez Benero incurrió en conducta incompatible con los deberes de su cargo, al no actuar de modo sereno, prudente e imparcial en el ejercicio de sus funciones judiciales y al evidenciar impaciencia y severidad excesiva, así como un trato carente de respeto y cordialidad hacia varios(as) ciudadanos(as), funcionarios(as) y abogados(as) que acudieron a su Sala de asuntos de lo criminal y de Relaciones de Familia. Al actuar ensoberbecido de poder y, en ocasiones, a base de estereotipos y prejuicios personales sin ajustarse a la evidencia que tenía en su poder, el juez Benero demostró falta de temperamento judicial, lesionando la imagen de la judicatura y la confianza del pueblo en su sistema de justicia. Ello, en claro desapego a los Cánones 1, 5, 8, 9, 13 y 14 de Ética Judicial.
SEGUNDO CARGO
El juez Benero abusó intencionalmente de su discreción judicial al incurrir en un uso indiscriminado del mecanismo del desacato como sanción y al imponer órdenes de arresto y altas fianzas en situaciones que claramente no se justificaban o que no guardaban proporción a los hechos ocurridos, creando un ambiente de opresión, miedo e intimidación en su Sala. Al no resguardar su conducta dentro de la debida propiedad y circunspección, en claro menosprecio a los derechos fundamentales de los (las) ciudadanos(as) y a su dignidad como seres humanos, el juez Benero demostró abuso de poder y falta de sensibilidad en el manejo de los asuntos que tenía ante su consideración. De esta forma se condujo en abierta contravención a los Cánones 1, 3, 8, 13 y 14 de Ética Judicial.
TERCER CARGO
El juez Benero incumplió con sus deberes judiciales y le negó el debido proceso de ley a las partes, en el contexto de asuntos tan sensitivos como los de Relaciones de Familia, en los cuales celebró vistas judiciales y, en ocasiones, tomó determinaciones que afectaban los derechos de dichas partes, en ausencia de sus abogados. La referida actuación atentó contra la AD-2016-0001 4
dignidad y el respeto que merecen todos(as) los (las) ciudadanos(as) que acuden al Tribunal en busca de justicia, a la vez que demostró falta de conocimiento del Derecho, circunspección, prudencia y temperamento judicial, conducta reñida con los Cánones 3, 8, 9, 13 y 14 de Ética Judicial.
CUARTO CARGO
El juez Benero demostró ausencia de colaboración y cooperación en la relación profesional con sus compañeros(as) jueces y juezas. Específicamente evidenció que no tenía buena comunicación con su juez pareja en el Centro Judicial de Ponce y que solía retener a los abogados y testigos esperando por su turno en Sala, sin importarle el retraso en los procedimientos de las otras salas y el impacto que ello podría ocasionar para la sana administración de la justicia. Asi, el juez Benero vulneró la conducta que proscriben los Cánones 6 y 13 de Ética Judicial, en lo referente al trato de cordialidad y respeto que debe permear las relaciones de los jueces y las juezas entre sí y la de estos(as) con la del resto del personal que interviene en los procedimientos judiciales.
QUINTO CARGO
El juez Benero infringió las normas administrativas que le requieren cumplir con el horario de sesión del Tribunal, al extender continuamente las horas de almuerzo y de salida del personal que tenía a su cargo, de manera reiterada e injustificada. Lo anterior, a su vez, impactó la administración de las funciones de los alguaciles, toda vez que provocó una acumulación de horas extras de trabajo como parte de sus labores de seguridad. Al conducirse de ese modo, el juez Benero violó el Canon 4 de Ética Judicial que obliga a los jueces y las juezas a cumplir cuidadosa y diligentemente las obligaciones administrativas que les imponen las leyes, los reglamentos y las normas aplicables de la Rama Judicial, así como el Canon 13 que requiere un trato considerado hacia los(las) participantes del procedimiento judicial, incluyendo los(las) funcionarios(as) del tribunal. AD-2016-0001 5
SEXTO CARGO
El juez Benero demostró un patrón de incompetencia manifiesta en sus funciones judiciales, ante la falta de temperamento judicial, impaciencia y severidad excesiva promovida contra varios(as) participantes del procedimiento judicial y funcionarios(as) de la Rama Judicial. Asimismo, dicho juez reflejó tener un pobre conocimiento del Derecho e insuficientes destrezas profesionales y capacidad de análisis para el ejercicio de su cargo. Su ausencia de vocación, aptitud e idoneidad para desempeñar la honrosa posición que ocupa, conllevó a que la Comisión de Evaluación le otorgara una evaluación de "no calificado" por sus ejecutorias. Ello, unido a que faltó a su deber de comportarse de acuerdo a los más altos estándares de respeto y civismo que se les requiere a los miembros de la Judicatura en el trato que despliegan hacia el público en general, evidencia que dicho juez infringió los Cánones 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13 y 14 de Ética Judicial y vulneró la confianza de la ciudadanía en su sistema de justicia.
El juez Benero García presentó su Contestación a
Querella el 20 de abril de 2016, en que negó todos los cargos
que fueron imputados y presentó varias defensas afirmativas.
Como parte del proceso de descubrimiento de prueba, la
representación legal del juez Benero García solicitó a la
OAT realizar entrevistas a funcionarios y empleados de la
Rama Judicial, identificados como posibles testigos, a los
fines de examinar el conocimiento personal de ellos en cuanto
a los hechos en los que se fundamentaba la Querella. Ante
tal solicitud, la OAT manifestó tener reparo a que la
representación legal del juez Benero García tuviese acceso
a entrevistar a dichos funcionarios. La OAT adujo que eso
era innecesario ya que las estipulaciones propuestas surgían
de documentos que obraban en los expedientes judiciales, AD-2016-0001 6
regrabaciones y de las declaraciones juradas que el juez
Benero García tenía en su poder. Además, la OAT argumentó
que el juez Benero García debía demostrar la necesidad y
pertinencia que sustentaba su solicitud de deponer a
empleados y funcionarios de la Rama Judicial, conforme con
lo dispuesto en la Regla 20 de Disciplina Judicial.
Finalmente, la Comisión autorizó a la representación legal
del juez Benero García a tomar la deposición, una sola vez,
de quince empleados y funcionarios de la Rama Judicial.
Inconforme con la determinación de la Comisión, la OAT
recurrió ante este Tribunal Supremo mediante certiorari
acompañado de una Moción en auxilio de jurisdicción, para
que se revisara la decisión de la Comisión de autorizar la
toma de deposiciones de los quince empleados y funcionarios.
La OAT alegó que el juez Benero García no satisfizo el
criterio de necesidad y pertinencia requerido por la Regla
20 de Disciplina Judicial. Mediante Resolución de 8 de
septiembre de 2016, declaramos no ha lugar ambas
solicitudes. Así las cosas, la representación legal del
juez Benero García tomó las deposiciones, según autorizadas.
Como consecuencia de una controversia surgida entre las
partes durante el descubrimiento de prueba, la OAT presentó
ante la consideración de la Comisión una Moción con relación
a descubrimiento de prueba y en solicitud de orden
protectora. En específico, la controversia surgió debido a
que el sexto cargo imputado al juez Benero García se
fundamentaba, en parte, en las calificaciones obtenidas en AD-2016-0001 7
dos evaluaciones realizadas por la Comisión de Evaluación
Judicial, y como parte del Apéndice del Informe de
Investigación se hicieron formar parte documentos
relacionados con estas evaluaciones. Por tal razón, la
representación legal del juez Benero García solicitó, como
parte del descubrimiento de prueba, evidencia adicional
relacionada con los procedimientos llevados a cabo ante la
Comisión de Evaluación Judicial. La OAT se opuso a ello por
considerarlo impertinente al proceso disciplinario y
constituir un intento de quebrantar la confidencialidad que
cobija los procesos de evaluación judicial. La OAT solicitó
que para salvaguardar la confidencialidad de la información,
se protegiera la parte del Apéndice del Informe de
Investigación que contenía la documentación confidencial
relacionada con los procesos llevados a cabo ante la Comisión
de Evaluación Judicial. Mediante resolución de 9 de enero de
2017, la Comisión declaró con lugar la solicitud de orden
protectora de aquellas páginas del Apéndice del Informe de
Investigación relacionadas con la Comisión de Evaluación
Judicial y se ordenó al Secretario del Tribunal que dichas
páginas fuesen selladas y reservadas como documentos
confidenciales no accesibles al público.
La vista en su fondo se celebró los días 1, 2, 3 y 6 de
febrero de 2017. Luego de los trámites de rigor y analizados
los testimonios de los testigos presentados por la OAT, los
testimonios estipulados de los testigos del juez Benero
García, así como también las grabaciones de las vistas y la AD-2016-0001 8
prueba documental, la Comisión emitió un Informe Final. En
este informe concluyó que la evidencia presentada por la OAT
no demostró mediante prueba clara, robusta y convincente que
el juez Benero García cometió los cargos imputados por
Ética Judicial.
Inconforme con la conclusión a la que arribó la Comisión
de Disciplina Judicial, la OAT presentó una Comparecencia en
torno a la recomendación emitida por la Comisión de
Disciplina Judicial, al amparo de la Regla 30(A) de las
Reglas de Disciplina Judicial. En ese escrito la OAT expresó
que, contrario a lo indicado por la Comisión de Disciplina
Judicial, existía prueba suficiente, robusta y convincente
de que el Juez Benero García quebrantó la ética judicial con
sus actuaciones. El Juez Benero García, por conducto de su
representación legal, replicó a lo expuesto por la OAT.
Veamos los hechos que dan margen a la querella que nos ocupa.
B.
El Hon. Jaime J. Benero García fue nombrado Juez
Superior el 1 de diciembre de 2009 y juramentó en la misma
fecha. Entre el 2 de diciembre de 2009 y el 20 de enero de
2010, el juez Benero García participó en el Programa de
Formación Inicial de la Judicatura para Jueces y Juezas de
nuevo nombramiento. Como parte de este programa se le
ofrecieron adiestramientos sobre los siguientes temas: el
temperamento judicial y el desacato (17 de diciembre de AD-2016-0001 9
2009), los Cánones de Ética Judicial (4 de enero de 2010) y
la fianza (7 de enero de 2010).
El juez Benero García ha participado de adiestramientos
auspiciados por la Academia Judicial Puertorriqueña sobre
distintos temas. Entre el 1 de abril de 2011 y el 4 de
octubre de 2013, el juez Benero García participó en cincuenta
y cinco adiestramientos ofrecidos por la Academia Judicial
sobre los siguientes temas: Las emociones y la memoria
emocional, 25 de marzo de 2011; Procedimiento de fijación de
fianza y revisión de fianza, 16 de septiembre de 2011; Taller
sobre Ley 177 de 1 de agosto de 2003, Ley para el bienestar
y protección integral de la niñez, 23 y 30 de septiembre y
7 de octubre de 2011; Ciclo de Derecho de Familia II: Manejo
de sala, 10 de febrero de 2012; Manejo del desacato, 9 de
marzo de 2012; Ciclo de Derecho de Familia IV, 1 de junio de
2012; Ley para la seguridad, bienestar y protección de
menores, 25 de enero de 2013; Currículo de Familia Parte VI:
Leyes 246-2011 y 186-2009, 15 de febrero de 2013; Ciclo sobre
el manejo de las salas penales-criminal grave II, 8 de marzo
de 2013; Ciclo sobre el manejo de las salas penales-criminal
grave III, 15 de marzo de 2013. Además, el juez Benero García
participó en el Programa Inicial para Jueces y Juezas de
Familia entre el 18 de abril y el 31 de mayo de 2013.
En sus inicios, el juez Benero García fue asignado a la
región judicial de Ponce, donde se desempeñó desde el 21 de
enero de 2010 en una sala de asuntos de lo criminal menos
graves, tránsito y vistas preliminares en alzada. A partir AD-2016-0001 10
del 18 de marzo de 2013, el juez Benero García fue asignado
a una sala de relaciones de familia en el Centro Judicial de
Carolina. Durante el periodo del 1 de mayo de 2015 hasta el
4 de octubre de 2016, el juez Benero García ejerció sus
funciones judiciales en la sala de Carolina en Río Grande.
Al presente, el juez Benero García está asignado a la región
judicial de Fajardo, sala de Río Grande.
C.
La Sra. Nydia E. Rodríguez Santiago tenía la custodia
de su hijo y era la parte demandada en el caso Arles Pages
Ramírez v. Nydia Rodríguez Santiago, FCU2011-0100, sobre
relaciones paterno filiales. Durante los años 2013-2014, la
señora Rodríguez Santiago compareció a varias vistas
celebradas ante el juez Benero García. Para la fecha en que
se celebró la vista que dio origen a la queja presentada por
la señora Rodríguez Santiago, esta era representada por el
Lcdo. Javier Pérez Rojas. La señora Rodríguez Santiago no
estaba satisfecha con las gestiones que realizaba el
licenciado Pérez Rojas como parte de su representación
porque no asistía a las vistas, además de que no preparaba
las mociones que ella le solicitaba para hacer constar
ciertas situaciones que alegó que ocurrían con el padre de
su hijo y así oponerse a que el padre se relacionara con el
niño.
Como parte de las incidencias del caso, la señora
Rodríguez Santiago interesaba solicitar que se revisara el
estudio social que se había preparado en el caso, porque AD-2016-0001 11
ella no estaba conforme con la recomendación de que se
ampliaran las relaciones paterno filiales. A su modo de ver
las cosas, el niño podría correr peligro. En febrero de 2012,
el juez Benero García acogió las recomendaciones del informe
social y estableció cómo debían llevarse a cabo las
relaciones paterno filiales entre el Sr. Arles Pages Ramírez
y su hijo. Además, ordenó a las partes comparecer a un
proceso psicoterapéutico. El 2 de agosto de 2012, la
representación legal del señor Pages Ramírez presentó una
Moción en solicitud de desacato, y adujo que en ocasiones no
podía llevarse a su hijo conforme lo establecido para las
relaciones paterno filiales. Nuevamente, el 22 de octubre de
2012 la parte demandante presentó una Moción informativa en
que alegó que no pudo ejercer su derecho de relaciones
paterno filiales porque supuestamente el niño se encontraba
enfermo. Luego, el 6 de diciembre de 2012, la representación
legal del señor Pages Ramírez presentó Moción urgente en
solicitud de remedios en la que alegó que la señora Rodríguez
Santiago incumplió con las órdenes del Tribunal en cuanto a
exponer su posición sobre mociones presentadas por la parte
demandante. Posteriormente, el 11 de junio de 2013 la parte
demandante presentó otro escrito titulado Moción informativa
y en solicitud urgente de remedios. En este escrito reclamó
lo mismo de los escritos anteriores. Incluso, durante el
proceso de epígrafe surgió que el señor Pages Ramírez llegó
a presentar una querella en la Policía porque la señora AD-2016-0001 12
Rodríguez Santiago no cumplía con las relaciones paterno
filiales.
Así las cosas, en una vista celebrada el 11 de julio de
2013, el representante legal de la señora Rodríguez Santiago
informó que solicitaría la actualización del informe social
para luego estructurar un plan de relaciones paterno
filiales. Este informe de la trabajadora social recomendaba
la ampliación de las relaciones paterno filiales. Ese día,
el juez Benero García determinó referir el caso a la Unidad
de Trabajo Social para que se actualizara el informe social
y, a su vez, se determinara cómo se llevarían a cabo las
relaciones filiales. Posteriormente, en una vista celebrada
el 27 de agosto de 2013, la señora Rodríguez Santiago fue
citada en corte abierta para la siguiente audiencia, a
celebrarse el 17 de octubre de 2013 a las 9:00 am. De su
testimonio ante la Comisión de Disciplina Judicial, la
señora Rodríguez Santiago declaró que era consciente que su
citación era específicamente para ese día y hora.
El 17 de octubre de 2013, cuando el caso fue llamado
para dar inicio a la vista, se le informó al juez Benero
García que el licenciado Pérez Rojas se había comunicado en
la mañana para notificar los motivos para su retraso en
llegar a sala y solicitar un turno posterior, el cual le fue
concedido. También el alguacil de sala, Sr. Jaime Rosario
Gutiérrez, hizo constar que la señora Rodríguez Santiago no
había comparecido ni se había comunicado durante la mañana
para excusarse. Ante tal situación, el caso fue dejado para AD-2016-0001 13
un turno posterior. Cuando el caso fue llamado
posteriormente, se le informó al juez Benero García que el
licenciado Pérez Rojas no había vuelto a comunicarse durante
el transcurso de la mañana, ni cercano al mediodía, para
informar si venía de camino o si continuaba retrasado y que
la señora Rodríguez Santiago tampoco se había comunicado.
Ese día no había casos señalados para la tarde. Surge de la
Minuta-Resolución que, ante esa incomparecencia, el juez
Benero García ordenó el arresto de la señora Rodríguez
Santiago por desacato criminal y le impuso una fianza de
diez mil dólares. Además, impuso al licenciado Pérez Rojas
una sanción de quinientos dólares por su incomparecencia.
También el juez Benero García determinó acoger, de forma
provisional, las recomendaciones del informe social que,
tras su actualización, nuevamente recomendaba ampliar las
relaciones paterno filiales.
En cuanto a lo ocurrido ese día, la señora Rodríguez
Santiago expresó que, aunque fue citada para las 9:00 am,
salió temprano a realizar unas diligencias. Con
posterioridad, recibió una llamada de su papá en la que le
informó que el licenciado Pérez Rojas llamó para indicarle
que debía presentarse al tribunal ya que él había notificado
que se encontraba en el hospital con su hijo, pero habría de
comparecer. Entonces, la señora Rodríguez Santiago se
dirigió al tribunal de Carolina y llegó a sala luego de las
11:00 am. Al llegar a la puerta de la sala se asomó, pero
no entró, ni tampoco habló con el alguacil. Allí observó que AD-2016-0001 14
se encontraban en sala el juez Benero García, el alguacil y
una señora. La señora Rodríguez Santiago decidió ir al
estacionamiento a buscar a su abogado para que entrara a
sala junto a ella. En el pasillo se encontró con el
licenciado Pérez Rojas y entraron juntos a la sala del juez
Benero García. Tan pronto entró a sala, el alguacil Rosario
Gutiérrez le informó que estaba bajo arresto por no haber
comparecido a la vista. En el momento en que se realizó el
arresto ya había concluido la sesión y el juez Benero García
no se encontraba en sala. El alguacil Rosario Gutiérrez
decidió realizar la detención de la señora Rodríguez
Santiago aún sin que se hubiera expedido por escrito la orden
de arresto en la cual se imponía la fianza. Esa orden
expedida por escrito era necesaria para dar paso a los
procesos de certificación de diligenciamiento, constancia de
advertencias por parte de un magistrado, aceptación de
consignación de fianza por parte de algún magistrado y orden
de excarcelación.
Según testificó la señora Rodríguez Santiago, al
momento de su arresto no se le ofreció información sobre su
fianza, ni se le entregó documento alguno. De la orden de
arresto emitida ese día por el juez Benero García, surge que
la fianza que se le impuso finalmente ascendió a quinientos
dólares sin derecho al diez por ciento (10%). Al momento de
su arresto, la señora Rodríguez Santiago tenía en su cartera
un dólar junto a otros objetos personales. AD-2016-0001 15
Previo al receso del almuerzo, la Sra. María Jiménez
Seda, secretaria jurídica del juez Benero García, redujo a
escrito la orden de arresto, la que fue firmada por este,
remitiéndose inmediatamente a la secretaría del tribunal
para el correspondiente proceso de sellos y expedición y su
posterior remisión a la Unidad de Citaciones y Arrestos del
tribunal. Finalmente, los familiares de la señora Rodríguez
Santiago hicieron las gestiones para prestar la fianza de
quinientos dólares. La señora Rodríguez Santiago permaneció
en la celda del tribunal hasta alrededor de las 5:00 pm.
La próxima vista en el caso se celebró el 27 de
diciembre de 2013. Para ese momento ya el juez Benero García
conocía de la queja presentada por la señora Rodríguez
Santiago en la OAT. Iniciada la sesión, el licenciado Pérez
Rojas ofreció excusas por su incomparecencia a la vista
anterior y explicó las razones por las que no había llegado
a tiempo ese día. El juez Benero García determinó dejar sin
efecto la sanción impuesta al licenciado Pérez Rojas y ordenó
el archivo del desacato criminal impuesto a la señora
Rodríguez Santiago. Ese mismo día, el licenciado Pérez Rojas
solicitó que se le relevara de la representación legal como
consecuencia de la queja presentada por su cliente contra el
juez Benero García. Asimismo, la señora Rodríguez Santiago
presentó por derecho propio una moción solicitando la
inhibición del juez Benero García. Luego de examinar una
copia de la moción, el juez Benero García relevó al
licenciado Pérez Rojas de la representación legal, concedió AD-2016-0001 16
un término de treinta días para anunciar nueva
representación legal y refirió la solicitud de inhibición al
Juez Administrador, entre otras cosas.
D.
Otra queja contra el juez Benero García fue presentada
por la Sra. Yomarie Muriel Rodríguez, quien era la parte
demandante en el caso Yomarie Muriel Rodríguez v. Jonathan
Olmo Soto, FAL-2012-0796. La Lcda. Lilliana Morell
Bergantiños representaba a la señora Muriel Rodríguez en
este caso.
Surge de la regrabación de la vista celebrada en ese
caso el 19 de junio de 2014, que en una audiencia anterior
se expidió una orden de mostrar causa contra la señora Muriel
Rodríguez, que se le encontró incursa en desacato y que la
orden de arresto quedó pendiente para ejecutarse ese día. En
ese momento, la señora Muriel Rodríguez adeudaba la cantidad
de $2,207.00 por concepto de pensión alimentaria. Iniciada
la vista, la licenciada Morell Bergantiños presentó un
certificado médico expedido el 3 de abril de 2014 por el Dr.
Juan C. Rivera, en que hacía constar que la señora Muriel
Rodríguez estaba bajo su cuidado médico prenatal, que tenía
un embarazo de alto riesgo y que estaba incapacitada de
trabajar desde el 18 de diciembre de 2013 hasta su fecha de
parto, el 2 de agosto de 2014. Enfatizó la licenciada Morell
Bergantiños que por tal razón su cliente no podía trabajar.
El juez Benero García preguntó a la licenciada Morell
Bergantiños si el médico se encontraba en sala y por qué esa AD-2016-0001 17
evidencia no se presentó durante la vista anterior. La
licenciada Morell Bergantiños le solicitó que determinara si
era necesario que el doctor compareciese y añadió que el
documento no se había presentado porque su cliente tuvo que
solicitarlo ya que no lo tenía disponible. La licenciada
Morell Bergantiños planteó al juez Benero García que
procedía tomar en consideración la certificación médica
porque traer al médico sería oneroso para su cliente. El
juez Benero García cuestionó a la licenciada Morell
Berngantiños por qué no le solicitó que ordenara al doctor
comparecer al tribunal y esta indicó que, de este considerar
que el certificado médico no podía admitirse en evidencia,
que ordenara al médico comparecer al tribunal antes de emitir
su determinación en cuanto a la orden de arresto contra su
cliente. Es preciso señalar que la presentación del
certificado médico se hizo con el propósito de lograr que la
señora Muriel Rodríguez fuese excusada de su obligación,
como madre no custodia, de aportar al sostenimiento de su
hijo.
La abogada de la parte demandada, el padre que tenía la
custodia del hijo, insistió en que la señora Muriel Rodríguez
debía cumplir con lo ordenado en la vista anterior, que era
pagar la cantidad de dos mil doscientos siete dólares. El
juez Benero García preguntó si la señora Muriel Rodríguez
había traído alguna cantidad de dinero para aportar al total
adeudado a lo que la licenciada Morell Bergantiños contestó
en la negativa. En ese momento, el juez Benero García declaró AD-2016-0001 18
la deuda líquida, vencida y exigible, y ordenó la ejecución
de la orden de arresto. Añadió que si la licenciada Morell
Bergantiños entendía que era necesario que el médico
compareciera, debió solicitarle al tribunal que fuese
citado, porque el certificado médico constituía prueba de
referencia. Asimismo, añadió que de haberlo solicitado él lo
habría ordenado y en esas circunstancias su cliente no
hubiese tenido que pagar por la comparecencia del médico.
Indicó el juez Benero García que la licenciada Morell
Bergantiños no le informó esa situación y que la señora
Muriel Rodríguez tampoco pagaba la pensión alimentaria de
forma consecuente.
Después de este intercambio, el juez Benero García hizo
referencia a unas alegadas situaciones que pasaban con la
señora Muriel Rodríguez y que eran de conocimiento de la
licenciada Morell Bergantiños. Las expresiones realizadas
por el juez Benero García eran producto del deterioro físico
y desnutrición de la señora Muriel Rodríguez que el Juez
observó. Añadió que la criatura iba a estar mejor protegida
en la Administración de Corrección que en la calle, por lo
que ordenaría que se realizara una evaluación física
completa por tener un embarazo de alto riesgo y se le
proveyeran todos los servicios de salud necesarios para
preservar la salud de la criatura y de la señora Muriel
Rodríguez. A estos fines emitiría una orden inmediata
dirigida a la Administración de Corrección, la cual iría
acompañada de la orden de arresto. AD-2016-0001 19
La licenciada Morell Bergantiños solicitó al Tribunal
que permitiera a la señora Muriel Rodríguez salir en libertad
mediante el pago del diez por ciento (10%) del total adeudado
para que los familiares pudieran hacer gestiones para
ayudarla. Por el contrario, la abogada del demandado
solicitó al tribunal que impusiese quinientos dólares, como
mínimo. Luego, el juez Benero García preguntó a la licenciada
Morell Bergantiños cómo estaba la situación de la adicción
de su cliente, a lo que ella contestó que bien, que a su
entender ella no tenía ese problema. Mientras en la
regrabación de la vista se escucha a la señora Muriel
Rodríguez sollozando y diciendo: “yo no sé de dónde sale
eso”. Nuevamente, el juez Benero García preguntó a la
licenciada Morell Bergantiños si la señora Muriel Rodríguez
tenía algún problema de adicción y ella contestó que desde
que la conocía y la trataba, no. Después, procedió el juez
Benero García a preguntar al demandado, quien le expresó que
no le constaba. Comoquiera, el juez Benero García indicó que
la Administración de Corrección la evaluara y se realizaran
todas las pruebas para proteger la seguridad de la criatura.
Entre las estipulaciones alcanzadas entre la OAT y la
representación legal del juez Benero García se hizo constar
que la secretaria de servicios a sala, señora Santiago Ortiz,
y el alguacil Rosario Gutierrez hubiesen testificado en
cuanto a la impresión que la apariencia física de la señora
Muriel Rodríguez generó en ellos durante el desarrollo del
proceso judicial. AD-2016-0001 20
Surge del expediente que el juez Benero García expresó
lo siguiente, en cuanto a que la señora Muriel Rodríguez
deambulaba:
Juez Benero García: ¿La vez pasada usted me había dicho que era deambulante, licenciada? ¿En algún momento? ¿No? ¿Dónde vive ella… dónde vive ella?
Lcda. Morell Bergantiños: No, no, no… Bueno la dirección exacta de ella no la sé, pero puedo preguntarle.
Juez Benero García: Vamos a preguntarle.
Lcda. Morell Bergantiños: Yomarie… ¿puedo preguntarle?
Juez Benero García: Seguro.
Lcda. Morell Bergantiños: Yomarie, dí alto tu dirección. La dirección tuya.
Sra. Muriel Rodríguez: Carretera 20, kilómetro 4.5 en Guaynabo.
Juez Benero García: ¿Con quién usted vive ahí dama?
Sra. Muriel Rodríguez: Sola.
Juez Benero García: ¿Y cómo paga esa casa?
Sra. Muriel Rodríguez: Sección 8.
Juez Benero García: Bien. Que se le hagan todas las pruebas, todas, todas las pruebas, para garantizar que el bebé este bien.
Informe de la Comisión de Disciplina Judicial, págs. 25- 26.
Finalmente, el juez Benero García determinó una fianza
de quinientos dólares para que la señora Muriel Rodríguez
pudiese salir en libertad.
En vistas anteriores celebradas en este caso entre
abril y agosto de 2013, el juez Benero García había
autorizado que se ampliaran las relaciones materno filiales, AD-2016-0001 21
tras acoger tanto los acuerdos de las partes como el informe
social. En ambas vistas, el juez Benero García también había
encontrado incursa en desacato a la señora Muriel Rodríguez
por incumplir con el pago de la pensión alimentaria. Durante
su testimonio ante la Comisión de Disciplina Judicial, la
señora Muriel Rodríguez expresó que el día de la vista ante
el juez Benero García se sentía agotada ya que se encontraba
en su séptimo mes de embarazo. Aclaró que no deambulaba e
informó la dirección de la casa donde residía.
E.
El Sr. Carlos A. Figueroa Serrano también presentó una
queja contra el juez Benero García. Esta tuvo su origen en
una orden de arresto expedida en su contra por incumplir con
los pagos de pensión alimentaria como parte del caso Ana I.
Cirilo Ramos v. Carlos A. Figueroa Serrano, FAL2010-0730.
Para aclarar lo ocurrido con el señor Figueroa Serrano es
menester realizar un relato del trasfondo fáctico de ese
caso.
La representación legal de la Sra. Ana I. Cirilo Ramos
presentó la reclamación de alimentos el 9 de agosto de 2010,
en beneficio de sus cuatro hijos menores. El señor Figueroa
Serrano se representaba a sí mismo en ese caso. En una vista
celebrada el 10 de septiembre de 2010 ante el Examinador de
Pensiones Alimentarias, y a la que el señor Figueroa Serrano
compareció por derecho propio, se recomendó fijar una
pensión provisional por la cantidad de $300.00 a ser pagada
a través de la Administración de Sustento de Menores (ASUME). AD-2016-0001 22
Además, se notificó a las partes que la vista para determinar
la pensión alimentaria regular se llevaría a cabo el 30 de
noviembre de 2010.
El día en que se celebró la vista sobre fijación de
pensión alimentaria, esta comenzó sin la presencia del señor
Figueroa Serrano. Allí la representación legal de la parte
demandante informó al Examinador de Pensiones Alimentarias
que el señor Figueroa Serrano no había contestado el
interrogatorio que se le había cursado. El Examinador de
Pensiones Alimentarias hizo constar en su Informe sobre
Pensión Alimentaria, que el señor Figueroa Serrano
compareció al tribunal más tarde de la hora señalada y alegó
que no había recibido el interrogatorio cursado por la parte
demandante, razón por la cual informó cuál era su dirección
postal. Por tal razón, se señaló nuevamente la vista de
alimentos para el 22 de febrero de 2011.
La vista para la fijación de pensión tuvo que ser
reseñalada, a solicitud del abogado de la parte demandante,
ya que el señor Figueroa Serrano no había contestado el
interrogatorio. Por su parte, el señor Figueroa Serrano
alegó que no lo había recibido e informó nuevamente su
dirección postal. Ante dicha situación, el Examinador de
Pensiones Alimentarias determinó que la vista de alimentos
se celebraría el 9 de junio de 2011. Durante esta vista, el
señor Figueroa Serrano tampoco solicitó crédito alguno por
el periodo, aunque luego alegó tener la custodia de sus
cuatro hijos. Posteriormente, la representación legal de la AD-2016-0001 23
señora Cirilo Ramos presentó el 30 de septiembre de 2013 una
Moción urgente solicitando se encuentre al demandado incurso
en desacato, en la que reclamó que existía una deuda por
concepto de pensión alimentaria.
El 13 de marzo de 2014 se celebró una vista de desacato
ante el juez Benero García, a la que el señor Figueroa
Serrano compareció por derecho propio. De la minuta surge
que el tribunal acreditó al balance adeudado, unos pagos
realizados por el señor Figueroa Serrano directamente a la
demandante, por lo que se redujo parte del total de la deuda.
Además, el señor Figueroa Serrano notificó que fue despedido
de su empleo por lo que el juez Benero determinó referir el
asunto a la Oficina de la Examinadora de Pensiones
Alimentarias para que se evaluara tanto la solicitud de
revisión, como la deuda y el retroactivo reclamado por la
señora Cirilo Ramos. Añadió el señor Figueroa Serrano que
había realizado pagos adicionales, pero no se le había
entregado recibo. En esta vista, el señor Figueroa Serrano
alegó, por vez primera, que tuvo la custodia de sus hijos
por un año y medio, a lo que el juez Benero García hizo
constar que no surgía del expediente que ello fuera
autorizado por el tribunal. Antes de esa fecha, el señor
Figueroa Serrano no demostró que hubiese realizado reclamo
para que se le reconociera algún periodo en que tuvo la
custodia de sus hijos ni que se le adjudicara un crédito por
ese concepto. Aclaró el abogado de la demandante que
anteriormente se había presentado un caso de custodia, que AD-2016-0001 24
se le concedió de forma provisional al señor Figueroa Serrano
ante unas alegaciones de maltrato, pero luego la custodia de
los menores le fue devuelta a la madre y el caso fue
archivado. Añadió que la demanda de alimentos que estaba
ante la consideración del juez Benero García se había
presentado en el año 2010, luego de haberle sido devuelta la
custodia a la madre. Finalmente, el juez Benero García
declaró la deuda por concepto de pensión alimentaria,
ascendente a $5,560.00 como líquida, vencida y exigible y
determinó que el señor Figueroa Serrano debía satisfacer la
cantidad de $2,279.90 para salir en libertad.
La vista sobre modificación de pensión alimentaria se
celebró el 29 de abril de 2014. En esa ocasión, la
Examinadora de Pensiones Alimentarias recomendó declarar no
ha lugar la solicitud de modificación de pensión. Durante
esta vista el señor Figueroa Serrano tampoco solicitó
crédito alguno por el periodo en que tuvo la custodia de sus
hijos. Posteriormente, el juez Benero García aceptó la
recomendación de la examinadora y declaró no ha lugar la
modificación de pensión.
En la vista de seguimiento celebrada el 11 de junio de
2014, a pesar de haber sido requerido por el juez Benero
García que compareciera con abogado, el señor Figueroa
Serrano volvió a representarse por derecho propio. Alegó que
no contaba con los recursos económicos para contratar
abogado, que había realizado gestiones para conseguir
asistencia legal, pero fueron denegadas y que prefería AD-2016-0001 25
utilizar ese dinero para pagar la pensión alimentaria. El
juez Benero García expresó que le había advertido que debía
comparecer acompañado de abogado y le cuestionó si él era
consciente de ello, a lo que el señor Figueroa Serrano
contestó en la afirmativa. El abogado de la parte demandante
informó al juez Benero García que, tras ser encontrado
incurso en desacato civil y ordenarse su arresto, el señor
Figueroa Serrano había pagado el balance adeudado. No
obstante, añadió que este había vuelto a incumplir con los
pagos subsiguientes. Además, solicitó que el caso fuese
referido para revisión por haber transcurrido más de tres
años desde que se estableció la pensión. Por su parte, el
señor Figueroa Serrano alegó que realizó pagos en efectivo
de los que no tenía recibos y que había abonado cierta
cantidad en la vista anterior. Informó que ese mismo día
había depositado una cantidad en la cuenta de banco de la
demandante, mostrando un recibo del banco.
A su vez, el señor Figueroa Serrano solicitó al juez
Benero García que tomara conocimiento del caso FCU2005-0162,
en el que alegaba que se dispuso que los menores estuvieran
bajo su custodia, y volvió a solicitar que se le acreditara
dicho periodo ya que la madre no realizó pago alguno de
pensión. Ante dicho planteamiento, el juez Benero García
ordenó que se localizara el expediente de ese caso. Recibidos
los expedientes, el juez Benero García decretó un receso y
solicitó al señor Figueroa Serrano que buscara los
documentos a los que hacía referencia. El señor Figueroa AD-2016-0001 26
Serrano expresó que, en ese momento, se sintió nervioso por
la forma en que se le llamó la atención. Por su parte, tanto
el alguacil Rosario Gutiérrez como la Sra. Jessmarie
Santiago Ortiz, secretaria de servicios a sala, indicaron
que en múltiples ocasiones el señor Figueroa Serrano intentó
interrumpir al juez Benero García y en otras en efecto lo
interrumpió, mientras el juez se dirigía a él o al abogado
de la parte contraria.
Al reiniciar la sesión se le preguntó al señor Figueroa
Serrano si había localizado los documentos, a lo que
respondió que no había tenido suficiente tiempo para buscar
porque se trataba de varios tomos. A juicio de la señora
Santiago Ortiz, secretaria de servicios a sala, el señor
Figueroa Serrano tuvo a su disposición tiempo suficiente
para revisar el expediente judicial del caso sobre
relaciones filiales que le fue provisto por instrucciones
del juez Benero García.
Durante la vista, a preguntas del juez Benero García,
la demandante informó que los menores sí estuvieron bajo la
custodia del señor Figueroa Serrano por un periodo de trece
meses. Tanto en esa vista como en la anterior, el juez Benero
García aclaró al señor Figueroa Serrano que si no presentaba
dicha evidencia no concedería el crédito solicitado. Declaró
el señor Figueroa Serrano que su planteamiento ante el juez
Benero García consistía en que, si se tomaba en consideración
que la señora Cirilo Ramos no había realizado pago alguno
por concepto de pensión alimentaria durante el tiempo que AD-2016-0001 27
tuvo la custodia de los menores y unos recibos de pagos
realizados que alegaba tener, tenía la pensión al día.
El juez Benero García hizo constar que el señor Figueroa
Serrano debía comparecer representado por abogado a la
próxima vista y que ese día se atendería la controversia en
cuanto a la deuda retroactiva reclamada por la señora Cirilo
Ramos. También determinó que, aun tomando en consideración
otra evidencia que había llevado el señor Figueroa Serrano,
existía una deuda de pensión alimentaria ascendente a
$3,369.90, la que fue declarada vencida, líquida y exigible.
Por tal razón, encontró al señor Figueroa Serrano incurso en
desacato civil y ordenó su arresto por incumplir con los
pagos de pensión. Inicialmente el juez dispuso que debía
pagar mil dólares para salir en libertad, sin embargo, en la
minuta de ese día se hizo constar que, en cámara, finalmente
determinó que sería $370.00.
Como consecuencia de estos incidentes en sala, el señor
Figueroa Serrano solicitó la inhibición del juez Benero
García. Mediante Resolución de 5 de septiembre de 2014, el
juez Benero García expuso los fundamentos para no inhibirse
del caso, y refirió el asunto ante la consideración del juez
administrador Pérez Ocasio. Finalmente, el juez
administrador Pérez Ocasio declaró no ha lugar dicha
solicitud mediante Resolución de 23 de septiembre de 2014,
en la que concluyó que las alegaciones del señor Figueroa
Serrano no eran suficientes para concluir que el juez Benero
García actuó de forma parcializada o lo haría en el futuro. AD-2016-0001 28
El señor Figueroa Serrano decidió presentar una queja
contra el juez Benero García. Consideró el señor Figueroa
Serrano que las dos ocasiones en las que se ordenó su
arresto, no se le permitió expresarse y presentar los
documentos que, a su juicio, demostraban que cumplía con los
pagos de pensión alimentaria. No obstante, el señor Figueroa
Serrano expresó que no había notificado al tribunal que tuvo
la custodia de sus hijos. Además, se le preguntó cuál era el
documento que buscaba en los expedientes que le fueron
traídos para su revisión, pero no supo contestar.
F.
La Sra. Leishla Cruz Rodríguez también presentó una
queja contra el juez Benero García, quien presidía el caso
de relaciones paterno filiales y alimentos en que ella era
la parte demandada. La hija de la señora Cruz Rodríguez,
producto de una relación con el Sr. Miguel Ramos, no fue
reconocida inicialmente a pesar de haberse realizado pruebas
de paternidad después de nacida la niña. El señor Ramos
residía en los Estados Unidos continentales y durante los
primeros cinco años de vida de la niña, solo la vio en dos
ocasiones y no mantenía contacto con ella.
No fue hasta varios años después que el señor Ramos
reconoció a la niña, tras iniciarse un proceso ante la ASUME
para establecer la pensión alimentaria. Para mayo de 2013,
el señor Ramos presentó ante el Tribunal de Primera Instancia
una petición de relaciones paterno filiales. Para ese
momento, ya la niña tenía cinco años y a la persona que AD-2016-0001 29
reconocía como su figura paterna era el compañero
sentimental de la señora Cruz Rodríguez. La señora Cruz
Rodríguez exteriorizó un grado de resentimiento por la falta
de interés inicial del señor Ramos en reconocer a la niña.
El señor Ramos solicitó al tribunal que se
estructuraran las relaciones paterno-filiales, tras intentar
infructuosamente establecer una relación con la niña. A esos
fines, el Tribunal de Primera Instancia ordenó que se
realizara un estudio social y fijó una vista para el 3 de
septiembre de 2013, a la que la señora Cruz Rodríguez no
compareció. Por ello, el tribunal emitió una orden de arresto
en su contra por desacato criminal e impuso una sanción de
quinientos dólares. Dicha orden de arresto fue dejada sin
efecto posteriormente y se señaló una vista para el 22 de
octubre de 2013. La señora Cruz Rodríguez tampoco contestó
la petición de relaciones paterno-filiales, por lo que se le
anotó la rebeldía.
El Tribunal de Primera Instancia ordenó que para el
periodo navideño de 2013, la niña viajara a relacionarse con
su padre. Sin embargo, debido al patrón de incumplimiento de
la señora Cruz Rodríguez con respecto al derecho del padre
de relacionarse con su hija, el tribunal dispuso que
correspondería a ella pagar los gastos de viaje. En dicha
ocasión, la señora Cruz Rodríguez no viajó al continente,
por lo que la niña no se relacionó con su papá.
El 11 de julio de 2014, la representación legal de la
señora Cruz Rodríguez presentó una petición de certiorari AD-2016-0001 30
junto a una Moción urgente en auxilio de jurisdicción, en
que solicitó la revocación de una resolución emitida el 19
de febrero de 2014 por el juez Benero García. En ella se
ordenaba que la niña viajara a Estados Unidos continentales
a relacionarse con su padre biológico, al cual la niña no
conocía como su padre. El Tribunal de Apelaciones, ante la
inminencia del viaje, determinó paralizar los efectos de la
orden, para examinar con detenimiento el caso, así como las
alegaciones de las partes y los informes sociales y
periciales que se habían presentado. Por tal razón, en esa
ocasión la niña no viajó a visitar a su padre.
Del relato realizado en la sentencia del Tribunal de
Apelaciones de 26 de agosto de 2014, surge que la trabajadora
social asignada tuvo que solicitar auxilio al Tribunal de
Primera Instancia para que se obligara a la señora Cruz
Rodríguez a comparecer a las citas, ya que no lo hacía.
Añadió el Tribunal de Apelaciones, que la señora Cruz
Rodríguez había alegado que no podía ausentarse de su trabajo
para realizar el viaje para acompañar a su hija, pero había
omitido informar que trabajaba para su propia madre, lo que
la colocaba en una posición de más flexibilidad ante la
solicitud de ausentarse de su trabajo. La señora Cruz
Rodríguez tampoco compareció al Taller de Madres y Padres
para Siempre, según ordenado por el Tribunal de Primera
Instancia, ni ofreció excusas. Añadió que en una vista
celebrada el 25 de junio de 2014, el juez Benero García
dispuso que la niña saldría sola con su padre a compartir AD-2016-0001 31
varias horas, so pena de desacato civil. Sin embargo, la
señora Cruz Rodríguez llevó tarde a la niña al lugar donde
se encontrarían y permaneció allí junto a ella, incumpliendo
de esta forma con lo ordenado por el Tribunal de Primera
Instancia e impidiendo que se llevaran a cabo las relaciones
paterno-filiales.
Conforme hizo constar en su sentencia el Tribunal de
Apelaciones, la señora Cruz Rodríguez alegaba ante el
Tribunal de Primera Instancia que era necesario que la niña
iniciara un proceso terapéutico antes de viajar, para que
pudiese entender que su padre era el señor Ramos en lugar de
su compañero sentimental. No obstante, para el Tribunal de
Apelaciones ese proceso era el que el Tribunal de Primera
Instancia había intentado establecer y ella lo
obstaculizaba. Reseñó el Tribunal de Apelaciones, como
preocupante, la indiferencia de la señora Cruz Rodríguez a
las órdenes del tribunal y a los compromisos contraídos tanto
con el tribunal como con la otra parte, amén de su desapego
a la narración de los hechos de forma clara y verdadera.
Tras examinar los autos del caso y los alegatos de las
partes, el Tribunal de Apelaciones concluyó que el juez
Benero García manejó el caso con prudencia y sabiduría y que
la señora Cruz Rodríguez, sin duda, obstaculizó que se
pudieran establecer las relaciones paterno-filiales, lo que
era inaceptable. Por esa razón confirmó la resolución
recurrida. AD-2016-0001 32
El 17 de octubre de 2014, se celebró una vista ante el
juez Benero García en que nuevamente ordenó que la niña
viajara a visitar a su papá y prohibió que la señora Cruz
Rodríguez acompañara a la menor. La señora Cruz Rodríguez se
oponía a que la niña viajara sola porque ella no mantenía
relación alguna con el señor Ramos. Alegaba, además, que la
recomendación de la sicóloga era que la niña no viajara sola,
pero a pesar de dicha recomendación la determinación del
juez Benero García fue que la niña viajara sola o con un
acompañante que no fuera la señora Cruz Rodríguez.
Días antes del viaje, y por encontrarse el juez Benero
García de vacaciones, se celebró una vista de emergencia el
21 de noviembre de 2014 ante la juez Arlene De la Matta,
tras presentarse una Moción en solicitud de orden
relacionada con el viaje de la niña en noviembre. En dicha
vista, la juez De la Matta enmendó la Orden emitida por el
juez Benero García y determinó que la niña no debía viajar
sola y, en caso de que la señora Cruz Rodríguez no pudiese
viajar, tenía que buscar un acompañante. También dispuso que
la niña se quedaría donde se quedara ella o su acompañante
y además apercibió a la señora Cruz Rodríguez a cumplir con
lo dispuesto. La señora Cruz Rodríguez viajó junto a la
niña. En el continente, la niña no llegó a relacionarse con
su papá por diferencias surgidas entre la señora Cruz
Rodríguez y el señor Ramos. Por esa razón, regresaron a
Puerto Rico sin que la niña pudiese reunirse con su papá, a
pesar de lo que el tribunal había ordenado. AD-2016-0001 33
El 11 de diciembre de 2014 la representación legal del
señor Ramos presentó una moción para que se encontrara
incursa en desacato a la señora Cruz Rodríguez. El señor
Ramos hizo un relato de los eventos suscitados durante el
viaje de la niña al continente. Para atender dicho incidente,
se celebró una vista el 19 de diciembre de 2014 que fue
presidida por el juez Benero García. Este acogió las
recomendaciones de la psicóloga y la trabajadora social que
evaluaron a la niña. En aquel entonces, la recomendación de
la psicóloga y la trabajadora social fue que la niña no debía
viajar fuera de Puerto Rico para ver a su padre biológico,
porque no estaba en un estado emocional estable. Por tal
razón, el tribunal determinó que la menor no viajaría por el
momento y ordenó que las relaciones paterno-filiales se
establecieran por la vía telefónica.
Posteriormente, se celebró una vista de seguimiento el
27 de febrero de 2015, en que el señor Ramos solicitó
nuevamente que la niña viajara a visitarlo, a lo que la
señora Cruz Rodríguez se opuso indicando que la niña no se
encontraba preparada emocionalmente. Además, se informó al
tribunal, entre otros asuntos, que las comunicaciones por la
vía telefónica entre el señor Ramos y la niña no se habían
logrado establecer. Entonces, determinó el juez Benero
García dejar sin efecto los acuerdos establecidos en la vista
anterior como consecuencia de que las partes no se lograban
poner de acuerdo y la niña continuaba sin entablar una AD-2016-0001 34
relación con su padre biológico y que la niña tampoco recibía
tratamiento psicológico.
El 12 de marzo de 2015 se celebró una vista ante el
juez Benero García a la que la señora Cruz Rodríguez
compareció sin su representación legal, la Lcda. Angely M.
Luna, quien no pudo asistir por problemas de salud. En la
vista estaban presentes la representación legal del señor
Ramos, la señora Cruz Rodríguez y la Sra. Carmen R. De Jesús,
trabajadora social del caso. Al inicio, el juez Benero García
expresó que la vista no sería de naturaleza argumentativa
sino informativa, porque no estaba presente la
representación legal de la señora Cruz Rodríguez. Como parte
de la vista, el juez Benero García discutió el caso con la
trabajadora social De Jesús, quien hizo constar que su
recomendación era que se iniciara un proceso terapéutico
para que la niña conociera al señor Ramos como figura
paterna, de forma gradual, ya que ella nunca se había
relacionado con él y a quien reconocía como su papá era al
compañero sentimental de su mamá. Luego de discutir el caso
con la trabajadora social De Jesús, el juez Benero García
emitió una resolución en corte abierta, en la que ordenó,
entre otras cosas, que la niña viajara a visitar a su papá
y que la señora Cruz Rodríguez no la acompañaría, sino que
debía conseguir un acompañante cuyos gastos serían
sufragados por ella. Advirtió a la señora Cruz Rodríguez
que, de interponerse y no cumplir con las relaciones-paterno
filiales, celebraría una vista para entregar la custodia de AD-2016-0001 35
la niña al señor Ramos, por ella obstruir las relaciones
paterno filiales. Según la señora Cruz Rodríguez, no era la
primera vez que el juez Benero García le hacía dicha
advertencia. Al momento en que el juez Benero García emitió
su dictamen, en el cual autorizó el viaje de la menor, se
encontraba en sala la trabajadora social De Jesús, quien no
hizo constar reparo con dicha determinación. Fue después de
esta vista que la representación legal de la señora Cruz
Rodríguez solicitó la inhibición del juez Benero García y
finalmente el caso fue referido a la atención de otro juez.
A raíz de las determinaciones del juez Benero García en
las vistas celebradas el 27 de febrero y 12 de marzo de 2015,
la representación legal de la señora Cruz Rodríguez presentó
una petición de certiorari y Moción en auxilio de
jurisdicción ante el Tribunal de Apelaciones. En estos
solicitaron la revisión de la orden y resolución en la que
dispuso que la niña viajaría a visitar al señor Ramos y en
la que se ordenó que la señora Cruz Rodríguez no viajaría
con ella, sino que tendría que enviar a una persona que la
acompañara y sufragar dichos gastos. Este recurso fue
presentado el mismo día en que la menor debía viajar para
visitar a su padre, por lo que el Tribunal de Apelaciones
paralizó los efectos de la determinación recurrida.
Finalmente, mediante sentencia de 27 de abril de 2015,
el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la orden
emitida por el juez Benero García y devolver el caso para
que se celebrara una vista en su fondo para asegurar que el AD-2016-0001 36
proceso que se llevara a cabo fuese justo y equitativo, toda
vez que la señora Cruz Rodríguez no estuvo acompañada por su
representación legal durante la vista. Aclaró, sin embargo,
que lo resuelto no prejuzgaba los méritos del caso, ni debía
interpretarse como un endoso a la conducta mostrada por la
señora Cruz Rodríguez a través del proceso. Según el Tribunal
de Apelaciones, la señora Cruz Rodríguez demostró
obstinación y resistencia a reconocer que el señor Ramos
tenía derechos como padre de la niña. El tribunal intermedio
dispuso que en dicha vista debían evaluarse mecanismos para
facilitar que se estableciera un plan de relaciones paterno
Durante su testimonio, la trabajadora social De Jesús
expresó que en más de una ocasión dialogó con el juez Benero
García fuera de sala sobre este caso y que durante tales
conversaciones este se mostraba amigable y accesible.
Además, señaló que este siempre mantiene la puerta abierta
para los trabajadores sociales.
G.
Mientras estuvo asignado a la región judicial de Ponce,
el juez Benero García presidió una sala de asuntos menos
graves, tránsito y vistas preliminares en alzada, a la que
a diario comparecían muchos testigos. Durante ese periodo,
la Hon. Nereida Cortés González fue la juez administradora
de la región judicial, y la Hon. Rosaline Santana Ríos era
la juez coordinadora de las salas municipales y de violencia
doméstica. Tanto la juez administradora Cortés González como AD-2016-0001 37
la juez Santana Ríos atendieron asuntos relacionados con la
sala del juez Benero García. En particular, trataron el tema
de la retención de abogados en sala y las órdenes de mostrar
causa y de arresto emitidas por el juez Benero García.
A juicio de la juez administradora Cortés González, el
juez Benero García tenía un estilo particular de atender su
sala, en el que su interés era acelerar los procedimientos
que se llevaban a cabo. Por ello acostumbraba retener a los
abogados en su sala hasta que los casos fuesen atendidos.
Ello requirió que la juez administradora Cortés González
tuviese que atender situaciones en las que otros jueces de
la región solicitaban su intervención para que el juez Benero
García les permitiera a los abogados salir para presentarse
a otras salas a atender asuntos pendientes. Esto se debía a
que, para evitar recibir órdenes de mostrar causa o
apercibimientos de desacato, los abogados acostumbraban
comparecer primero a la sala del juez Benero García y
permanecer allí hasta que el caso fuese atendido. Como juez
administradora, la Hon. Cortés González trataba de que
hubiese colaboración entre los compañeros jueces para que se
permitiese flexibilidad en el movimiento de los abogados
entre las salas, y estos pudiesen atender ciertos casos
prioritarios. Señaló la juez administradora Cortés Gonzalez
que en la región existían acuerdos, no escritos, para que se
les diera prioridad a los casos de confinados o aquellos
cuyo término de derecho a juicio rápido estuviese próximo a
vencer. En cuanto a ese aspecto, la juez administradora AD-2016-0001 38
Cortés González llamaba al juez Benero García a su sala y le
pedía que permitiera a los abogados salir de su sala un
momento para que a su vez las otras salas pudiesen atender
sus calendarios.
A la juez Santana Ríos, como juez coordinadora, también
llegaba a su atención cualquier incidente o preocupación que
surgiera en las salas municipales por parte de ciudadanos,
abogados o jueces. En ocasiones fue necesario que esta
interviniera en asuntos relacionados con la sala del juez
Benero García. La juez Santana Ríos manifestó no tener
ninguna queja en términos de la laboriosidad del juez Benero
García y añadió que era un juez muy trabajador y que
realizaba sus funciones diarias. A su entender, la sala
funcionaba ya que el trabajo se llevaba a cabo. No obstante,
expresó que recibía llamadas de abogados por lo estricto que
era el juez Benero García en sala. De igual forma, señaló
que recibió llamadas de otros jueces porque el juez Benero
García acostumbraba retener a los abogados en su sala. En
específico, indicó que el juez Toledo Reyna se comunicaba
con ella para informarle que su sala de vista preliminar se
afectaba por la retención de abogados en la sala del juez
Benero García. Sobre este asunto de la retención de abogados,
la juez Santana Ríos solo recordó recibir comunicación del
juez Jorge L. Toledo Reyna.
En una ocasión, el Lcdo. Carlos García Morales se
comunicó con la juez Santana Ríos para solicitar su
intervención porque tenía un conflicto con dos AD-2016-0001 39
señalamientos. Ese día, el licenciado García Morales tenía
una vista en sus méritos en la sala del juez Benero García
en el caso Pueblo v. Juan Retamar Hernández, J1CR201000103,
sobre exposiciones deshonestas; en ese caso el acusado no se
encontraba confinado. A su vez, el licenciado García Morales
tenía señalada una vista preliminar en un caso, designado de
oficio, en la sala del Hon. Toledo Reyna. Ese era un caso de
agresión grave ocurrido dentro de una institución carcelaria
en que estaban involucrados cinco imputados que se
encontraban confinados. Declaró el juez Toledo Reyna que
había sido difícil coordinar el señalamiento en este caso
porque los acusados no tenían representación legal por lo
que fue necesario designar abogados de oficio y otro a través
de la Sociedad para la Asistencia Legal. Además, para
celebrar la vista se realizaron arreglos para la seguridad
en el tribunal, porque los confinados venían de distintas
instituciones carcelarias.
Ante dicha situación, el licenciado García Morales
solicitó ayuda a la juez Santana Ríos para que le informara
la situación al juez Benero García. Esta comunicación por
parte del licenciado García Morales se dio cerca de la 1:00
pm, antes de que fueran a dar inicio ambas vistas, las que
estaban señaladas para las 2:00 pm. El licenciado García
Morales nunca se comunicó con el Sr. Abimael Chamorro
Chamorro, alguacil de sala del juez Benero García desde que
este fue asignado al tribunal de Ponce, para notificar o AD-2016-0001 40
excusar su incomparecencia a la vista de esa tarde, como
acostumbraban hacer todos los abogados.
Para atender esta situación, la juez Santana Ríos se
comunicó con el juez Benero García para que permitiera que
el licenciado García Morales atendiera primero la vista
preliminar en la sala del juez Toledo Reyna y, luego,
compareciera a la sala del juez Benero García. Expresó la
juez Santana Ríos que tomó en consideración que se trataba
de un caso que incluía cinco imputados que se encontraban
confinados, que había unos términos con los que había que
cumplir con más premura y, además, el asunto relacionado con
las gestiones realizadas para coordinar la seguridad en el
tribunal ante la comparecencia de dichos confinados. Por
tales razones, la juez Santana Ríos solicitó la cooperación
del juez Benero García, pero este se sostuvo en que atendería
su caso porque ya había tenido señalamientos anteriores.
Señaló la juez Santana Ríos que, a pesar de que le informó
sobre el conflicto de los señalamientos del licenciado
García Morales, era una cuestión discrecional del juez
Benero García determinar si concedía turno posterior o
recalendarizaba el caso y que en dicho aspecto ella no podía
intervenir. Su interés fue ver de qué forma se podía trabajar
la situación para que el licenciado García Morales pudiese
atender ambos casos.
Antes de dar inicio a la vista, y estando ya los
confinados y demás abogados en sala, el licenciado García
Morales le informó al juez Toledo Reyna que tenía otro caso AD-2016-0001 41
señalado para esa misma tarde en la sala del juez Benero
García. Inicialmente, el juez Toledo Reyna le solicitó a su
secretaria que se comunicara con la oficina del juez Benero
García, pero no se logró comunicación. Por tal razón, el
juez Toledo Reyna se comunicó con la jueza Santana Ríos para
que, como jueza coordinadora de asuntos de vista preliminar
y subadministradora, se comunicara con el juez Benero García
para determinar cómo se podía atender lo del señalamiento
del licenciado García Morales en aquella sala. Declaró el
juez Toledo Reyna que la juez Santana Ríos volvió a
comunicarse para informarle que había dialogado con el juez
Benero García y que podía continuar con la vista. Por
entender que el asunto había sido resuelto, el juez Toledo
Reyna regresó a sala y le informó al licenciado García
Morales que no había problema y que podían celebrar la vista.
La vista señalada en el caso Pueblo v. Retamar Hernández
era el único señalamiento que ocupaba el calendario de la
sala del juez Benero García esa tarde y se encontraba
presente la prueba de cargo, la perjudicada y el ministerio
fiscal había anunciado que estaba preparado. Mientras tanto,
el alguacil Chamorro Chamorro se comunicó con la sala del
juez Toledo Reyna y el alguacil de dicha sala le confirmó
que el licenciado García Morales se encontraba allí y que no
podía salir de sala, lo que se informó al juez Benero García.
Ante esta situación, este expidió una orden de mostrar causa
contra el licenciado García Morales y dispuso que se
diligenciara personalmente, encargando el diligenciamiento AD-2016-0001 42
al alguacil Chamorro Chamorro. Aunque en la orden de mostrar
causa no se dispuso expresamente que se diligenciara en la
sala del juez Toledo Reyna, el alguacil Chamorro Chamorro
tomó la determinación de hacerlo mientras el licenciado
García Morales se encontraba allí. Previo a diligenciar la
orden, el alguacil Chamorro Chamorro solicitó autorización
al alguacil de sala del juez Toledo Reyna, quien le solicitó
que esperara a que terminara el interrogatorio que en ese
momento se realizaba a un testigo.
Una vez finalizado el testimonio del testigo, el juez
Toledo Reyna decretó un receso para darle oportunidad a los
abogados de examinar una declaración jurada que había
entregado el Ministerio Público, pero se mantuvo en sala por
la presencia de los confinados. En ese momento, el alguacil
Chamorro Chamorro entró por la puerta interna de la sala del
juez Toledo Reyna, y se dirigió hacia el licenciado García
Morales para diligenciar la orden de mostrar causa en su
contra por no haber comparecido a la sala del juez Benero
García. El alguacil Chamorro Chamorro indicó que el juez
Benero García le había ordenado diligenciar esa orden de
mostrar causa por la cual no debía ser hallado incurso en
desacato por su incomparecencia a la vista, con una sanción
de $5,000. En ese momento, el licenciado García Morales se
puso nervioso ya que había solicitado que se le informara al
juez Benero García que se encontraba atendiendo esa vista,
lo que le provocó mucha tensión. Ante dicha situación, el
licenciado García Morales informó al juez Toledo Reyna lo AD-2016-0001 43
que sucedió y este indicó que iba a verificar qué había
ocurrido. El juez Toledo Reyna se comunicó con la juez
Santana Ríos para informar el incidente en sala y tras dicha
conversación, decidió continuar con la vista.
El licenciado García Morales expresó que, en ocasiones
anteriores, cuando algún señalamiento coincidía con otro en
la sala del juez Benero García, lo que hacía era reportarse
inicialmente en su sala para entonces ir a la otra sala,
donde le solicitaba al alguacil de dicha sala que se
comunicara con el alguacil Chamorro Chamorro para indicarle
que se encontraba allí. Esto lo hacía porque conocía que el
juez Benero García requería que los abogados estuviesen en
su sala. Luego, el licenciado García Morales se comunicó con
la jueza Santana Ríos para informarle que el juez Benero
García le impuso una orden de mostrar causa para no imponer
una sanción de cinco mil dólares por su incomparecencia.
Como parte de su testimonio, la jueza Santana Ríos reconoció
que la orden de mostrar causa es el mecanismo utilizado por
un juez para que un abogado explique las razones de su
incomparecencia a los fines de no imponer sanciones.
Surge de la minuta de la vista que el juez Benero García
dispuso que la orden de mostrar causa fuese notificada
personalmente al licenciado García Morales. No obstante, el
juez Benero García no ordenó específicamente que se
diligenciara inmediatamente en la sala del juez Toledo
Reyna, sino que fue el alguacil Chamorro Chamorro quien
decidió hacerlo así. Finalmente, la vista en sus méritos AD-2016-0001 44
tuvo que ser reseñalada ante la incomparecencia del
licenciado García Morales. Posteriormente se celebró la
vista en la que se atendió la orden de mostrar causa contra
el licenciado García Morales y allí este ofreció excusas al
tribunal y expresó las gestiones que había realizado para
que se le informara el conflicto por los señalamientos.
Entonces, el juez Benero García no impuso la sanción. Según
declaró el licenciado García Morales, el día de la vista
observó que el trato que el juez Benero García dio a la
perjudicada no fue distinto a como trató a otros testigos.
Como parte de su testimonio, el licenciado García Morales
indicó que litigó en varias ocasiones en la sala del juez
Benero García mientras estuvo asignado a la región judicial
de Ponce y describió cómo se atendían los asuntos en dicha
sala.
En cuanto a la retención de abogados en sala, también
declaró la Hon. Carmen Otero Ferreiras, juez coordinadora de
asuntos de lo penal, durante el periodo en que el juez Benero
García estuvo asignado a la región judicial de Ponce. Como
parte de sus responsabilidades como juez coordinadora, tenía
a su cargo supervisar el funcionamiento adecuado de los
trabajos, calendarización de vacaciones de los jueces,
aprobar asistencia y seminarios, entre otras cosas.
Durante ese periodo, el Hon. Mariano Daumont Crespo
también estuvo asignado a una sala de tránsito y menos grave,
y fue el juez pareja del juez Benero García. Los primeros
miércoles de cada mes se señalaban los casos de embriaguez AD-2016-0001 45
en las salas que ambos atendían, razón por la cual surgían
inconvenientes cuando los policías de la División de
Tránsito tenían casos señalados en ambas salas. Expresó el
juez Daumont Crespo que cuando esto ocurría, los policías,
en la mayoría de las ocasiones, optaban por comparecer
primero a la sala del juez Benero García. Por tal razón,
cuando el juez Daumont Crespo llamaba los casos para ser
atendidos, los agentes no estaban presentes y eso provocaba
que tuviese que dar turnos posteriores y esperar que los
casos de la sala del juez Benero García fuesen atendidos,
para entonces poder ver los casos una vez los policías se
presentaran en su sala.
A pesar de esta situación, el juez Daumont Crespo
declaró que ello no afectaba su calendario ya que solo tenía
que esperar a que el policía viniera a sala una vez se
atendiera su caso en la sala del juez Benero García. Añadió
que, en ocasiones, su alguacil se comunicaba con el alguacil
del juez Benero García para solicitar que si el policía no
estaba testificando viniera a su sala, y que estos llegaban
regularmente. Expresó el juez Daumont Crespo que no tenía
inconveniente en atender otros asuntos en sala en lo que los
policías se desocupaban. La información que recibía de las
secretarias y alguaciles era que el juez Benero García era
más estricto en cuanto a la comparecencia de los policías a
su sala.
Según la juez Otero Ferreiras, el juez Daumont Crespo
le llegó a expresar su preocupación de que el juez Benero AD-2016-0001 46
García retenía en su sala a los abogados o ciudadanos, lo
que provocaba que se retrasara el manejo de los asuntos de
su sala. No obstante, el juez Daumont Crespo le manifestaba
no tener problema alguno en esperar a que los abogados y
ciudadanos terminaran de atender sus asuntos en la sala del
juez Benero García, para que después pasaran a la suya. Según
la juez Otero Ferreiras, el juez Daumont Crespo era más
pasivo en la forma de atender los asuntos de su sala y, por
el contrario, el juez Benero García era más activo en la
forma de manejar su sala.
El Lcdo. Luis Muñiz Echevarría, abogado de la Sociedad
para la Asistencia Legal, postuló en numerosas ocasiones
ante el juez Benero García cuando estuvo asignado a la región
judicial de Ponce. Allí atendía generalmente casos de vista
preliminar en alzada. El licenciado Muñiz Echevarría
describió la forma en la que el juez Benero García atendía
los asuntos en sala, tales como la imposición de desacato
por incomparecencia de testigos o agentes del orden público,
o cuando ordenaba el arresto de víctimas de delito por no
comparecer a las vistas. El licenciado Muñiz Echevarría
indicó que el trato que brindaba el juez Benero García a los
agentes de la Policía era normal y cordial, pero en aquellas
ocasiones en que no comparecían a sala, su trato era severo
y no se tomaba en consideración las razones para la
incomparecencia. El licenciado Muñiz Echevarría declaró que
no se sentía cómodo cuando presenciaba estos incidentes. Sin
embargo, el testimonio estipulado del sargento Louis AD-2016-0001 47
Maurosa, agente de la Policía de Puerto Rico, fue que él
compareció ante el juez Benero García y este nunca lo
maltrató o abusó de su poder, que siempre fue muy respetuoso
en todas las ocasiones en que compareció a su sala y que no
recuerda haber recibido alguna queja por parte de agentes en
relación con el trato del juez Benero García.
Con posterioridad se llevó a cabo una reunión en la que
estuvieron presentes la juez administradora Cortés González,
la juez Santana Ríos y el juez Benero García, con el
propósito de dialogar sobre el tema de las órdenes de mostrar
causa, órdenes de arresto, así como el manejo de los asuntos
en sala para mejorar el movimiento de los casos. También se
habló sobre lo ocurrido con el licenciado García Morales.
Durante su testimonio, la juez administradora Cortés
González señaló que los incidentes relacionados con el juez
Benero García, en cuanto a las órdenes de mostrar causa,
órdenes de arresto y las fianzas que imponía, fueron traídos
a su atención también en reuniones interagenciales en las
que participaban la Policía y la Sociedad para la Asistencia
Legal.
Según la juez administradora Cortés González, tras la
reunión no hubo cambio en el juez Benero García ya que ese
era su estilo de manejar la sala. Expresó que, en ese
aspecto, ella no podía intervenir porque cada juez maneja
los asuntos en su sala de la forma en que entienda. En
aquello en que ella podía intervenir administrativamente
hacía el acercamiento directo con el juez Benero García. AD-2016-0001 48
Reconoció que los abogados se mantuvieron compareciendo
primero a la sala del juez Benero García, para así evitar
que se expidieran en su contra órdenes de mostrar causa u
órdenes de arresto, para entonces presentarse en las demás
salas. Por tal razón, cada vez que los otros jueces requerían
su intervención, la juez administradora Cortés González
llamaba al juez Benero García para pedirle que permitiera a
los abogados comparecer a las demás salas.
Por otra parte, el Lcdo. Ricardo Negrón Rodríguez
fungió como procurador asignado al tribunal de Ponce
mientras el juez Benero García estuvo allí. El testimonio
estipulado del procurador Negrón Rodríguez fue a los efectos
de que compareció con frecuencia a la sala del juez Benero
García y que este nunca lo maltrató o abusó de su poder.
Además, dijo que le consta la competencia profesional del
juez Benero García, así como su puntualidad. Añadió que
tampoco fue objeto de conducta alguna por parte del juez
Benero García que pudiera tener alguna trascendencia
antiética y que es su opinión que el juez trataba a todos
los abogados por igual.
El Lcdo. Rafael Sánchez Valentín, Director de Servicios
Legales de Ponce, compareció frecuentemente ante el juez
Benero García para atender asuntos de lo criminal de menores
y de relaciones de familia mientras estuvo asignado al
tribunal de Ponce. El testimonio estipulado del licenciado
Sánchez Valentín fue a los efectos de que como director de
la Oficina de Servicios Legales no recuerda haber recibido AD-2016-0001 49
queja alguna por parte de los abogados del programa en cuanto
al trato o competencia del juez Benero García. De igual forma
le consta la competencia profesional y puntualidad del juez
Benero García, que nunca fue objeto de conducta alguna de su
parte que pudiera tener alguna trascendencia antiética y
que, en su opinión, el juez trataba a todos los abogados por
igual.
Mientras el juez Benero García estuvo asignado a la
región judicial de Ponce, también ocurrió un incidente con
el Hon. José M. Ramírez Legrand. Un día, mientras este se
encontraba en sesión atendiendo su sala de vista preliminar,
observó al juez Benero García asomarse por la puerta de la
sala que daba al pasillo interior, lo que lo sorprendió ya
que desconocía las razones para ello. La actuación del juez
Benero García no fue del agrado del juez Ramírez Legrand
quien lo consideró como una intromisión indebida en los
procedimientos de su sala. Al concluir los procesos en sala,
el Juez Ramírez Legrand se comunicó por teléfono con el juez
Benero García para reclamarle por haber interrumpido los
procedimientos en su sala, por considerarlo una falta de
deferencia y respeto a un compañero juez. El juez Ramírez
Legrand le expresó que lo ideal en esas situaciones era que
se comunicara con el juez que tuviera al abogado en su sala
y no entrar de esa forma en la sala de otro juez. En ese
momento el juez Benero García no le dijo nada al juez Ramírez
Legrand. Posteriormente el juez Benero García fue donde la
juez administradora Cortés González para hablarle sobre AD-2016-0001 50
dicho incidente. A partir de ese día, el juez Ramírez Legrand
no volvió a tener más incidentes con el juez Benero García.
De otra parte, la Lcda. Magaly Galarza Cruz, quien se
desempeñó como juez superior en el tribunal de Ponce, fue
compañera de trabajo del juez Benero García mientras estuvo
asignado allí. El testimonio estipulado de la licenciada
Galarza Cruz fue a los efectos de que sus relaciones
profesionales con el juez Benero García fueron excelentes y
que nunca tuvo constancia de que el funcionamiento de la
sala de este afectara el funcionamiento del tribunal. De
igual forma, manifestó que el juez Benero García era
cooperador y muy profesional en el trato que le brindaba a
ella.
Como parte de sus funciones como secretaria de
servicios a sala en la región judicial de Ponce, la Sra.
Susana Rivera León asistía a la sala del juez Benero García
entre dos y tres veces en semana. Aquellos días en que había
muchos casos señalados, los horarios de sesión en la sala
del juez Benero García podían extenderse un poco más allá de
las 12:00 pm, pero ello sucedía de forma infrecuente. En
ocasiones, cuando llegaba la hora de recesar del medio día,
la señora Rivera León le pasaba un papel al juez para
avisarle y este recesaba.
Durante el periodo en que el juez Benero García
permaneció en Ponce, la Comisión de Evaluación Judicial
llevó a cabo una evaluación de este como consecuencia de una
solicitud de ascenso presentada. Por tal razón, el Sr. Freddy AD-2016-0001 51
Santiago Puig, quien se desempeña como investigador de la
Comisión de Evaluación Judicial, tuvo la encomienda de
realizar dicha investigación. Entre las funciones del señor
Santiago Puig se encuentran la de realizar entrevistas e
investigaciones sobre las ejecutorias del juez a ser
evaluado, mediante visitas al tribunal donde se encuentre
asignado. Antes de iniciar el proceso investigativo, el
señor Santiago Puig acostumbra visitar al juez a ser evaluado
para notificarle que se comenzará con la etapa de
investigación y ofrecerle información sobre cómo ello se
llevaría a cabo.
Como parte de su primera visita al juez Benero García
en Ponce, el señor Santiago Puig se presentó en su sala.
Declaró que, al entrar por la puerta de la sala del juez
Benero García, este con un tono de voz alto y fuerte, le
cuestionó quién era él. En ese momento el investigador
procedió a sentarse. Más adelante, el juez Benero García
explicó que estaban esperando a un policía que sería testigo
de un caso. Luego, durante un receso, el alguacil de sala le
dijo al investigador Santiago Puig que pasara a la oficina
del juez Benero García porque este lo iba a atender. El
investigador Santiago Puig le explicó que el motivo de su
visita era notificarle sobre el inicio de la investigación
como parte de su solicitud de ascenso.
Testificó el investigador Santiago Puig que se sintió
intimidado y le impresionó fuertemente el comportamiento del
juez Benero García hacia él en el momento en que entró a AD-2016-0001 52
sala, la que estaba llena al momento en que ocurrió el
incidente. Añadió que nunca había tenido una experiencia
similar en la que delante de otras personas se le tratara de
esa forma. Posteriormente, el señor Santiago Puig también
tuvo a su cargo otra investigación que fue parte de una
evaluación periódica del juez Benero García cuando este ya
se encontraba asignado a la región judicial de Carolina.
H.
Una vez trasladado a la región judicial de Carolina, el
juez Benero García fue asignado para presidir una sala de
relaciones de familia y menores que tenía bastante volumen
de casos señalados a diario. Durante gran parte del tiempo
que el juez Benero García estuvo allí asignado, el juez
administrador regional era el Hon. Alberto Pérez Ocasio y la
Hon. Delmarie Vega Lugo era la jueza coordinadora de
relaciones de familia. El alguacil asignado a su sala era el
Sr. Jaime Rosario Gutiérrez y las Sras. Jessmarie Santiago
Ortiz y Sara M. Figueroa Díaz se desempeñaron como
secretarias de servicios a sala.
La Lcda. Mayte Flores Morales ocupa el cargo de
Procuradora de Asuntos de Menores en la región judicial de
Carolina. Esta conoció al juez Benero García para el periodo
en que él se desempeñaba como Procurador de Asuntos de
Menores. Luego, ella tuvo la oportunidad de litigar en su
sala casos de menores, aunque no fue con frecuencia. La
Procuradora Flores Morales postulaba con más frecuencia en
la sala de la juez Delmarie Vega Lugo, quien presidía el AD-2016-0001 53
Tribunal de Menores en Carolina. Solo en aquellas ocasiones
en las que la juez Vega Lugo no estaba disponible por
encontrarse de vacaciones o cuando no podía atender su sala,
el juez Benero García la sustituía.
A la procuradora Flores Morales le llamaba la atención
que el juez Benero García, en ocasiones, utilizaba términos
propios de una sala de lo criminal de adultos, a pesar de
que lo que se atendían allí eran asuntos de menores, y él se
había desempeñado anteriormente como Procurador de Menores.
Por ejemplo, utilizaba la palabra “culpable” en lugar de
“incurso” o “sentencia” en vez de “medida dispositiva”. La
procuradora Flores Morales relató un incidente en que se
encontraba atendiendo una vista de causa en un caso de Ley
de Armas ante la Hon. Dinorah Suárez, quien atendía dicha
sala diariamente. El caso se transfirió para la tarde. La
procuradora Flores Morales, anticipando que podría llegar
tarde a la vista, se comunicó con la alguacil de sala para
solicitar que se le concediera turno posterior, el cual fue
concedido por la juez Suárez. La procuradora Flores Morales
llegó a la sala poco tiempo después de la hora señalada y se
encontró con que el juez Benero García estaba atendiendo la
sala de la juez Suárez. Al llegar, el juez Benero García le
cuestionó fuera de récord por haber llegado tarde y le
informó que se había comunicado con su supervisor para
preguntar por qué no había comparecido a la hora pautada. La
procuradora Flores Morales le explicó las razones por las
que había llegado tarde a la sala, ya que se encontraba AD-2016-0001 54
atendiendo otra vista, y así lo había informado a la alguacil
de sala y se le había concedido un turno posterior. El
abogado de defensa y los agentes de la Policía llegaron a la
sala después que la procuradora Flores Morales.
Iniciada la vista, el juez Benero García hizo constar
que la procuradora Flores Morales había llegado tarde a sala
y esta expresó para el registro las razones por las cuales
eso ocurrió. El abogado de defensa solicitó la suspensión de
la vista a lo que la procuradora Flores Morales se allanó
porque las partes estaban conversando para llegar a un
preacuerdo. No obstante, el juez Benero García no quería
suspender la vista e insistía que el caso se viese en sus
méritos. La procuradora Flores Morales intervino para que el
juez Benero García autorizara la suspensión de la vista. En
ese momento el juez Benero García cuestionó a la procuradora
Flores Morales si tenía autorización del Departamento de
Justicia para llegar a un preacuerdo en esa etapa de los
procedimientos, lo que a su entender era en contravención a
las órdenes administrativas. Luego de eso se decretó un
receso hasta que el juez Benero García regresó a sala y
finalmente se decretó la suspensión del caso. En cuanto a
este incidente, no se presentó prueba que justificara la
suspensión solicitada ya que expresar que existía la
posibilidad de un preacuerdo no es un fundamento que
necesariamente acarree una suspensión. La procuradora Flores
Morales se sintió incómoda cuando el juez Benero García le
cuestionó si su proceder era cónsono con las órdenes AD-2016-0001 55
administrativas del Departamento de Justicia, porque ella
las conocía y las cumplía. Por otra parte, indicó que ha
recibido un trato cordial y de respeto por parte del juez
Benero García.
Por su parte, el Lcdo. Carlos Alonso Sánchez, quien
también se desempeña como Procurador de Menores, postuló en
la sala del juez Benero García, aunque en pocas ocasiones.
Su experiencia en dicha sala, en general, fue descrita como
normal. Mencionó que en dos o tres ocasiones se sintió
incómodo en sala por situaciones que no fueron de su agrado.
Narró una ocasión en que mientras sustituía en sala a una
procuradora, el juez Benero García, desde el estrado, le
dijo que una moción de renuncia de jurisdicción no era de su
agrado, y le recomendó que se comunicara con la oficina de
San Juan para que solicitara las mociones que el juez Benero
García había presentado cuando ocupaba el cargo de
Procurador de Menores. Además, en otra ocasión, el juez
Benero García desde el estrado le cuestionó si el Lcdo.
Marcos Algarín, supervisor de los procuradores, tenía
conocimiento de los términos del preacuerdo al que se había
llegado. El procurador Alonso Sánchez aclaró al juez Benero
García que ese preacuerdo se encontraba entre los asuntos
que ellos podían atender.
El otro incidente narrado por el procurador Alonso
Sánchez se trataba de un caso en alzada asignado a la
procuradora Flores Morales, el cual fue señalado mientras
ella se encontraba de vacaciones. El procurador Alonso AD-2016-0001 56
Sánchez compareció a la sala del juez Benero García para
informarle al alguacil de sala que la procuradora Flores se
encontraba de vacaciones, pero que cualquiera de los otros
dos procuradores disponibles atendería el caso. El alguacil
le dijo que esperara, pero en el ínterin el procurador Alonso
Sánchez tuvo que irse porque fue mandado a buscar por otra
juez que se disponía a abrir sala. Mientras el procurador
Alonso Sánchez se encontraba litigando en esa sala, se asomó
por la puerta la procuradora Calero Font para informarle que
lo estaban llamando en la sala del juez Benero García. La
juez que atendía el caso no le permitió salir de sala ya que
había iniciado la vista, por lo que no saldría hasta que
culminara. Cuando salió de sala, la procuradora Calero Font
le informó que el juez Benero García expidió una orden de
mostrar causa y una orden de arresto si no comparecía.
Después de terminar el caso, el procurador Alonso Sánchez
fue a la sala del juez Benero García a explicar lo ocurrido,
pero ya este había recesado y el alguacil le indicó que
regresara en la tarde para que le informara al juez. En la
tarde, el procurador Alonso Sánchez compareció a la sala del
juez Benero García a ofrecerle explicaciones sobre lo
ocurrido. No obstante, el juez Benero García le dijo desde
el estrado que, si un procurador no comparecía a sus vistas
lo iba a mandar a buscar arrestado. A pesar de las
explicaciones ofrecidas, el juez Benero García no dejó sin
efecto la orden de mostrar causa esa tarde. En la próxima
vista en ese caso, por estar vigente todavía la orden de AD-2016-0001 57
mostrar causa, compareció a sala el procurador Alonso
Sánchez a ofrecer las mismas explicaciones y el juez Benero
García volvió a mencionarle que él era el director de la
oficina y que si no venía un procurador lo iba a mandar a
buscar arrestado. El procurador Alonso Sánchez nunca recibió
una notificación de que se haya dejado sin efecto la orden
de mostrar causa.
En cuanto a la pregunta sobre si su supervisor tenía
conocimiento del preacuerdo, el procurador Alonso Sánchez
expresó que no lo interpretó como una falta de respeto porque
conocía al juez Benero García desde hace varios años cuando
ambos fueron procuradores y consideró que eso era parte de
su personalidad. También manifestó que mientras se
desempeñó como procurador, el juez Benero García era
estudioso del derecho y defendía muy bien sus casos.
La Lcda. Maricarmen Calero Font, quien se desempeña
como Procuradora de Asuntos de Familia, estuvo asignada por
varios años a la región judicial de Carolina y comparecía
semanalmente a la sala del juez Benero García. Según las
directrices administrativas existentes en la región de
Carolina, a cada procurador se le asignaban unas salas fijas
dependiendo del día de la semana. Esta asignación de
procuradores se le notificaba a los jueces administradores
y demás jueces. En el caso de la procuradora Calero Font, le
correspondía asistir todos los martes a la sala del juez
Benero García para atender los casos de relaciones de familia
y menores. AD-2016-0001 58
La procuradora Calero Font testificó que a menudo el
juez Benero García la citaba para comparecer a su sala fuera
de los días que habían sido asignados, lo que ocasionaba
inconvenientes en la oficina de los procuradores. La
directriz existente en su oficina era que, si algún caso era
citado para un día que no era el asignado a dicha sala,
tenían que solicitar transferencia de vista por escrito.
Según explicó la procuradora Calero Font, los procuradores
no tenían discreción para decidir si comparecían o no a la
vista, sino que tenían que solicitar por escrito la
transferencia de vista una vez se recibía la notificación
del señalamiento. En algunas ocasiones, la procuradora
Calero Font informó a la Supervisora de los procuradores de
Carolina, Lcda. Ivette Nieves Cordero, que había recibido
citaciones del juez Benero García para comparecer a su sala
en días que no correspondían al asignado a dicha sala. La
supervisora de los procuradores le instruía entonces a
presentar la correspondiente moción sobre reseñalamiento,
pues ese era el trámite que resultaba procedente ya que esta
no interesaba hacer gestión alguna ante la juez
coordinadora. En relación con este incidente, no se presentó
prueba que permitiera establecer que fue el juez Benero
García quien señaló directamente el caso para el día en que
no estaría la procuradora o si fue un señalamiento
proveniente de la Secretaría.
En una ocasión hubo un caso de alimentos que fue
señalado para un miércoles, día en que la procuradora Calero AD-2016-0001 59
Font asistía a la sala de maltrato. Ese día, la procuradora
Calero Font estaba atendiendo los casos en la sala de
maltrato, los que usualmente eran alrededor de diecisiete.
Por esa razón, le resultaba difícil salir de dicha sala si
la mandaban a buscar para presentarse en otra. La Procuradora
Calero Font declaró que su clienta en el caso de alimentos
se comunicó con ella para informarle que su caso se había
atendido sin que la procuradora estuviera presente, a pesar
de que solicitó al tribunal que no se celebrara la vista sin
su presencia. Por esa razón, una vez la Procuradora Calero
Font culminó de atender los asuntos en la sala de maltrato,
preparó y presentó una moción para hacer constar que la vista
de alimentos se llevó a cabo sin su presencia, a pesar de
que su representada había solicitado estar acompañada por la
procuradora y que la cifra que se utilizó para determinar la
deuda estaba errónea.
La supervisora de los procuradores no recuerda haber
recibido notificación por parte de la procuradora Calero
Font de que el juez Benero García hubiera atendido alguna
vista sin la comparecencia de ella. Tampoco recuerda haber
recibido notificación por parte de procurador alguno, ni
tampoco de la juez coordinadora, con relación a que el
funcionamiento de la sala del juez Benero García afectara el
funcionamiento de otras salas. La Hon. Delmarie Vega Lugo,
juez coordinadora de Asuntos de Familia, no recuerda haber
recibido queja alguna por parte de la procuradora Calero
Font en torno a que recibiera señalamientos fuera del día AD-2016-0001 60
asignado o que el juez Benero García celebrara vistas en su
ausencia.
La Unidad de Trabajo Social de la región judicial de
Carolina es dirigida por la Sra. Norma Pérez Albandoz y allí
se atienden los casos referidos por los jueces de relaciones
de familia y menores, para la preparación de informes
sociales sobre custodia, patria potestad y relaciones
filiales, entre otros. Como parte de sus funciones como
supervisora, la señora Pérez Albandoz estableció procesos
internos para atender los referidos de los jueces. Explicó
que cuando recibía la orden de un juez en la Unidad de
Trabajo Social, se abría un expediente y se le asignaba
número y una trabajadora social. Luego de este trámite es
que se citaban las partes. El término para preparar y
presentar los informes es de sesenta días en casos de
custodia y de cuarenta y cinco días en los casos de patria
potestad y relaciones filiales. Según declaró la señora
Pérez Albandoz, esta entendía que para poder cumplir con
dichos términos era necesario, para agilizar el proceso,
asignar a la trabajadora social que lo tendría a su cargo.
Si la orden de un juez se atrasaba en llegar a la unidad, se
afectaba el proceso para la preparación del informe social.
A los fines de acelerar este proceso, la señora Pérez
Albandoz solicitaba a las oficinas de los jueces que la orden
fuese escrita el mismo día y se enviara con prontitud a su
oficina, y que se le prestara el expediente del caso para
sacarle copia y así poder asignarlo. De ese modo, el informe AD-2016-0001 61
podría presentarse dentro del término requerido. De lo
contrario, el expediente bajaba para la preparación de las
minutas por la secretaria de servicios a sala, lo que
retrasaba el recibo de la orden en la Unidad de Trabajo
Social. En aquellas ocasiones en las que el informe social
no podía presentarse a tiempo, la señora Pérez Albandoz tenía
que presentar una moción informando las razones por las
cuales este no se completó.
La señora Pérez Albandoz expresó que el juez Benero
García comenzó a establecer como práctica decirle a los
ciudadanos que debían comunicarse con la Unidad de Trabajo
Social para solicitar cita. Sin embargo, según declaró la
señora Pérez Albandoz, hasta que la orden del juez se
recibiera en la Unidad de Trabajo Social no se podía iniciar
el proceso y coordinar una cita. Esta situación comenzó a
presentarle inconvenientes en su oficina ya que comenzaron
a recibirse llamadas de ciudadanos, a los que era necesario
explicarles que aún no se les podía dar cita porque para
ello era necesario recibir la orden del juez y asignar una
trabajadora social.
También indicó la señora Pérez Albandoz que un día se
encontró con el juez Benero García en el ascensor del
tribunal de Carolina. Allí este le expresó que un abogado le
informó en sala que una secretaria de la unidad le indicó a
su cliente que no se le citaría de inmediato según ordenado.
En ese momento la señora Pérez Albandoz le expresó que esa
no era la instrucción que ella había impartido en la oficina AD-2016-0001 62
y, mientras caminaban por el pasillo, ella intentó
explicarle cuál era el proceso que se llevaba a cabo en su
oficina para cumplir con los términos para preparar los
informes sociales. Además, le expresó que prefería que una
vez se emitiera la orden se les notificara automáticamente
y se les prestara el expediente para sacarle copia y así
comenzar a preparar el informe social. La preocupación de la
señora Pérez Albandoz era que, de no realizarse todo de esa
forma, atrasaría el recibo de la orden y tendría que esperar
por el curso normal, el cual incluía que la orden pasara por
la Secretaría y se notificara. El juez Benero García le dijo
que no le interesaba conocer cómo se realizaba el trabajo de
su oficina, que eso lo trabajara ella. Ante tal reacción, la
señora Pérez Albandoz le manifestó que no se estaban
entendiendo y que se comunicaría con la juez coordinadora
para dialogar el asunto entre ellos para ver si se podía
llegar a un acuerdo para agilizar los procesos.
Aunque la señora Pérez Albandoz testificó ante la
Comisión de Disciplina Judicial sobre una alegada reacción
y expresiones del juez Benero García ocurridas en ese
momento, las partes estipularon el testimonio del alguacil
Rosario Gutiérrez que presenció este incidente y que es su
recuerdo que el juez Benero García no realizó expresiones
relacionadas a que en su sala judicial solamente mandaba él
y no la jueza coordinadora, el juez administrador ni la Jueza
Presidenta, así como que el juez Benero García no le levantó
la voz a la señora Pérez Albandoz. De igual forma, la Sra. AD-2016-0001 63
María Jiménez Seda, quien también presenció el incidente por
este haber culminado en la puerta de su oficina y cuyo
testimonio fue estipulado por las partes, declararía que es
su recuerdo que el juez no realizó las expresiones antes
mencionadas, así como que el juez Benero García no le levantó
la voz a la señora Pérez Albandoz. A pesar de que la señora
Pérez Albandoz testificó que en ese momento le expresó al
juez Benero García que dialogaría el asunto con la juez
coordinadora, las partes estipularon que el testimonio de la
juez Vega Lugo sería que no recuerda haber recibido queja de
parte de la señora Pérez Albandoz en cuanto a algún incidente
que hubiese tenido con este o en cuanto a que el
funcionamiento de su sala afectara los procesos internos de
la Unidad de Trabajo Social. Como parte de su testimonio, la
señora Pérez Albandoz reconoció que no existía memorando
alguno que instruyera a los jueces de Relaciones de Familia
y Menores a enviar las órdenes para la preparación de los
informes sociales a la Unidad de Trabajo Social antes que a
la Secretaría.
Por otra parte, la Lcda. María de L. Guzmán es abogada
de la práctica privada y, para el año 2013, compareció en
dos ocasiones ante el juez Benero García. Ella representaba
al Sr. Elvis Crespo Díaz, quien solicitaba se le relevara
del pago de pensión alimentaria porque su hijo había
alcanzado la mayoría de edad. La licenciada Guzmán describió
su experiencia en la sala del juez Benero García como la más AD-2016-0001 64
amarga que ha tenido como abogada, porque recibió de su
parte, y sin explicación alguna, un trato que ella consideró
atropellador. Era la primera vez que comparecía a dicha sala.
La primera vista ante el juez Benero García se celebró
en julio de 2013. Cuando la vista inició, el juez Benero
García le cuestionó dónde se encontraba su cliente. La
abogada explicó que su cliente se encontraba en la sala de
emergencias del hospital. Entonces, el juez Benero García le
indicó que iba a convertir la vista en una de orden de
mostrar causa por la que no debía encontrar a su cliente
incurso en desacato por su incomparecencia. La licenciada
Guzmán le expresó que el caso era de naturaleza civil y que
se encontraba lista para atender los asuntos preliminares de
la controversia. Dijo, además, que le solicitaría al
tribunal que el joven entregara documentos que acreditaran
la necesidad de continuar recibiendo pensión alimentaria.
Declaró la licenciada Guzmán que, ante su solicitud, el juez
Benero García indicó que no iba a hacer nada ese día si su
cliente no estaba presente. La licenciada Guzmán insistió
que podían adelantar los trámites si el joven entregaba la
información requerida para examinarla, pero el juez Benero
García, en lo que ella describió como un tono altanero,
expresó que era su cliente quien tenía que pedir el relevo
de pensión alimentaria y quien tenía el peso de la prueba.
Añadió el juez Benero García que su cliente tenía que
presentar evidencia de que se encontraba enfermo y que, si AD-2016-0001 65
tenía que citar al médico, así lo haría y que si no entregaba
esa información desestimaría la solicitud de relevo.
Tras este incidente, la licenciada Guzmán le dijo a su
cliente que solicitaría la inhibición del juez Benero García
si en la próxima vista volvía a tratarla de igual forma.
Cuando se celebró la próxima vista en agosto, el joven aún
no había entregado documento alguno que acreditara que debía
continuar recibiendo pensión alimentaria, a pesar de
habérselo requerido su abogada. En esa vista, la licenciada
Guzmán entregó copia del récord médico que evidenciaba que
su cliente había sido atendido en el hospital para la fecha
de la vista anterior. Después de examinarlo con
detenimiento, el juez Benero García se lo devolvió.
Como las partes no pudieron llegar a acuerdos, el juez
Benero García les informó que los referiría a mediación de
conflictos y la licenciada Guzmán le contestó que eso no
procedía. A renglón seguido, el juez Benero García le dijo
que no lo interrumpiera y que se anotara en el récord la
hora. La licenciada Guzmán le indicó que ella tenía que
expresarse porque tenía que defender a su cliente. El juez
Benero García solicitó que se anotara que era la segunda vez
que la licenciada Guzmán lo interrumpía. Añadió que mandaría
a las partes a llenar la Planilla de Información Personal y
Económica (PIPE), a lo que la licenciada Guzmán le expresó
que tampoco procedía. El juez Benero García manifestó que se
anotara que era la tercera vez que lo interrumpía. En esa
ocasión, la licenciada Guzmán le expresó al juez Benero AD-2016-0001 66
García que solicitaría su inhibición porque tenía prejuicio
en contra suya o de su cliente, que su trato era inusual y
no le permitía hacer su trabajo. Para el alguacil Rosario
Gutiérrez, quien presenció el incidente entre el juez Benero
García y la licenciada Guzmán, ella lo interrumpió en varias
ocasiones levantando su voz y el juez fue muy paciente y
respetuoso con ella.
Como consecuencia de esta situación, su cliente se puso
nervioso y le solicitó al juez Benero García que le
permitiera hablar con su hijo. A partir de ese momento, la
actitud del juez Benero García cambió y le permitió hablar
con su hijo. No obstante, le aclaró al señor Crespo que
cualquier acuerdo al que llegaran no lo podría aceptar porque
se había solicitado su inhibición, pero su cliente insistió
en que le permitieran dialogar con él y se les buscó un lugar
para hacerlo. Regresaron a sala y su cliente le informó que
habían llegado a un acuerdo. La licenciada Guzmán le dijo a
su cliente que, en atención a que habían llegado a un acuerdo
que permitiría dar finalidad a la controversia, ella
retiraría su solicitud de inhibición. Finalmente, el juez
Benero García aceptó el acuerdo y concluyó la vista. Al final
de la vista, padre e hijo terminaron unidos en un abrazo y
lágrimas. Para el alguacil Rosario Gutiérrez esta unión fue
promovida por el juez Benero García y no por la licenciada
Guzmán, quien insistía en sus planteamientos, por lo que el
propio cliente tuvo que pedir permiso al juez para dirigirse AD-2016-0001 67
al Tribunal y solicitar que se le permitiera reunirse con su
J.
Por otra parte, en cuanto a la prueba testifical a ser
presentada por la representación legal del juez Benero
García, se estipularon los testimonios de la Lcda. Sylvia
Juarbe Berríos, la Lcda. Maribel Rivera Monzón y el Lcdo.
Rubén Falú Allende. Cada uno de estos testigos ejerce la
práctica privada de la abogacía y comparecieron con
frecuencia ante el juez Benero García para atender asuntos
de lo criminal de menores y de relaciones de familia mientras
el juez Benero García estuvo en el tribunal de Carolina. Los
testimonios estipulados de cada uno de ellos fueron a los
efectos de que les consta la competencia profesional y
puntualidad del juez Benero García y que nunca los maltrató
o abusó de su poder en perjuicio de estos. Además, en ocasión
de los casos atendidos por el juez Benero García, le consta
a cada uno de los testigos el compromiso del magistrado hacia
las partes desventajadas y, en particular, su esfuerzo para
lograr el cumplimiento del pago de pensión alimentaria por
parte de alimentantes morosos. A su vez añadieron que nunca
observaron conducta alguna del juez Benero García que
pudiera tener alguna trascendencia antiética y era la
opinión de los testigos que el juez trataba a todos los
abogados por igual. AD-2016-0001 68
K.
También la Lcda. Grace Casanova Castro, abogada de la
práctica privada quien llegó a ocupar el cargo de Procuradora
de Asuntos de Familia, declaró sobre los incidentes
relacionados con un caso que tuvo asignado a la sala del
juez Benero García. Para octubre de 2012, la licenciada
Casanova Castro asumió la representación legal de la Sra.
Yolanda Rivera en un caso sobre privación de patria potestad
en que se solicitaba la privación de patria potestad del
padre de la menor por existir alegaciones de abuso sexual.
Al momento en que la licenciada Casanova Castro asumió la
representación de la señora Rivera, ya se habían realizado
evaluaciones por parte de peritos que habían validado las
alegaciones de abuso sexual por parte de la menor, por lo
que se comenzaron las gestiones para solicitar la privación
de patria potestad del padre.
La licenciada Casanova Castro indicó que como parte de
este caso se llegaron a celebrar múltiples vistas. En
particular, la licenciada Casanova Castro relató sobre su
experiencia en una vista en su fondo celebrada el 9 de enero
de 2014. Originalmente la vista fue señalada para las 9:00
am, sin embargo, cuando ya todos estaban en sala, se les
informó que el caso se atendería en la tarde. Para esa vista
se encontraban en sala ambas partes junto a sus
representantes legales, así como los peritos de cada parte.
Señaló la licenciada Casanova Castro que permanecieron en
sala esperando hasta que el caso fuese llamado para la AD-2016-0001 69
celebración de la vista en su fondo ya que había muchos casos
en calendario ese día. El juez Benero García pretendía
terminar de atender los asuntos de rápida disposición y dejar
la vista en su fondo para horas de la tarde.
El desfile de prueba en el caso dio inicio a la 1:30
pm. Iniciados los procedimientos, el juez Benero García
advirtió a las partes que el caso comenzaría y se terminaría
ese mismo día, por lo que continuarían hasta finalizar. Como
la vista se extendería hasta más de las 5:00 pm, el juez
Benero García impartió instrucciones a la Sra. María Jiménez
Seda para que informara al juez administrador Pérez Ocasio
que permanecerían en sala un poco después de las 5:00 pm,
para que le fuese notificado al supervisor de alguaciles. La
señora Jiménez Seda informó la situación al juez
administrador Pérez Ocasio mediante correo electrónico.
El primer receso se decretó entre las 6:00 a 8:00 pm,
a solicitud de las abogadas de ambas partes, para salir a
tomar alimentos. El receso concedido por el juez Benero
García fue de treinta (30) minutos. Alrededor de las 11:00
pm, el juez Benero García le preguntó a la licenciada
Casanova Castro si quería recesar, porque era la segunda vez
que ella salía de sala por razones de salud. En ese momento,
la licenciada Casanova Castro respondió en la negativa, toda
vez que de recesar en ese momento debían regresar en la
mañana para culminar con la presentación de la prueba y,
habiendo dos peritos en sala, consideraba irrazonable
recesar a esa hora para que tuviesen que regresar temprano AD-2016-0001 70
al día siguiente para finalizar. Por tal razón, la licenciada
Casanova Castro prefirió que se continuara con la vista
porque ya estaban bastante adelantados en el proceso y no
faltaba mucho más en el desfile de prueba.
Tras concluir el desfile de prueba, el juez Benero
García expresó, en corte abierta, que el abuso sexual del
padre contra su hija había ocurrido. Sin embargo, como el
juez Benero García no realizaba determinación alguna en
cuanto a la privación de patria potestad y el abuso sexual,
la licenciada Casanova Castro le preguntó específicamente
cuál era su determinación en cuanto a ello, y el juez Benero
García le expresó que no tenía duda de que el abuso sexual
había ocurrido pero que no privaría de patria potestad.
Manifestó el juez Benero García que la niña era muy pequeña
y se le hacía más daño privándola de la patria potestad que
buscando la reunificación con su padre. A su vez, el juez
Benero García ordenó a la parte contraria que presentara un
borrador de proyecto de sentencia con relación a la privación
de patria potestad. Finalmente, la vista concluyó a las 12:38
am del 10 de enero de 2014. La extensión de la vista, más
allá del horario regular de sesión, contó con la aprobación
del juez administrador Pérez Ocasio, conforme se desprende
de un correo electrónico de 9 de enero de 2014, y con la
anuencia de los funcionarios de sala.
Días después de celebrarse la vista, el juez Benero
García emitió una minuta-resolución, en la que validó el
abuso sexual del padre contra su hija. De ella surge que el AD-2016-0001 71
juez Benero García refirió el caso a la Unidad de Trabajo
Social para la preparación de un plan de servicio en el que
se le realizaran evaluaciones psiquiátricas y psicológicas
al padre, y se le notificara al tribunal si este se
encontraba apto para relacionarse con la menor. Además,
ordenó que la menor recibiera ayuda psicológica hasta que se
encontrara preparada para comenzar las relaciones paterno-
filiales, supervisadas por un profesional de la salud,
siempre y cuando fuesen para su beneficio. Añadió que, de
así recomendarlo el profesional de la salud, se ampliarían,
limitarían o eliminarían las relaciones paterno-filiales.
Posteriormente se celebraron alrededor de tres o cuatro
vistas adicionales. La licenciada Casanova Castro declaró
que la parte demandada no había cumplido con presentar las
mociones que el tribunal requirió, por lo que presentó varias
mociones para indicarle al tribunal que no tenía
jurisdicción para continuar prorrogando los términos a la
parte demandada, porque estos ya habían vencido. Sin
embargo, el juez Benero García continuó extendiéndolos sin
que la parte lo solicitara. Después de transcurridos ocho
meses y concederse varias prórrogas, la parte demandada
presentó el borrador de proyecto de sentencia.
Para septiembre de 2014, el juez Benero García emitió
una resolución en la que declaró no ha lugar la solicitud de
privación de patria potestad. Determinó que no hubo abuso
sexual, pero sí conducta inadecuada, por lo que no iba a
privar de patria potestad porque ello pudiese ocasionar más AD-2016-0001 72
daño a la niña que una integración familiar. El juez Benero
García entendió que la conducta exhibida no fue suficiente
como para privar al padre de la patria potestad en ese
momento. El juez Benero García refirió el caso a la Unidad
de Trabajo Social para que se coordinara un plan de servicios
y se le informara si el padre se encontraba apto para
relacionarse con la menor. Dispuso, además, que la menor
debía recibir ayuda hasta que estuviera preparada para
relacionarse con su papá, de forma supervisada, una vez el
psicólogo y el psiquiatra de la Unidad de Trabajo Social lo
recomendaran. El juez Benero García prohibió las relaciones
paterno-filiales hasta que los peritos del tribunal
recomendaran lo contrario y así el tribunal lo dispusiera.
La licenciada Casanova Castro recurrió ante el Tribunal
de Apelaciones para que se revisara la determinación del
juez Benero García y, además, por este haber concluido que
una de las razones por las que no privaría de la patria
potestad era que existían distintos grados de abuso, por lo
que era necesario evaluar el grado de abuso y examinar las
terapias que el padre pudiese recibir, para entonces decidir
si debía relacionarse o no con su hija.
El Tribunal de Apelaciones, en la sentencia emitida en
el caso, determinó revocar el dictamen del juez Benero
García. Resolvió que el juez se equivocó al disponer de la
controversia, al retractarse de su previa determinación
sobre validación de abuso sexual del padre en contra de su
hija. Para efectos del Tribunal de Apelaciones, resultaba AD-2016-0001 73
contradictorio encontrar al padre incurso en conducta
impropia mas no en abuso sexual. El Tribunal de Apelaciones
decretó la privación de patria potestad por haberse validado
el abuso sexual. Concluyó que al resolverse que el padre
incurrió en dicho patrón de conducta, solo procedía la
privación solicitada. Añadió que el estatuto esbozado no
concedía al tribunal discreción alguna al respecto, ni
tampoco condicionaba el pronunciamiento correspondiente a la
visión de “distintos grados en el abuso”. El Tribunal de
Apelaciones consideró errónea esa expresión porque carece de
fundamento legal y es incompatible con el interés de
protección de los menores, que permea en nuestro estado de
derecho.
II.
Al juez Benero García se le imputó violar los Cánones
1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13 y 14 de Ética Judicial, 4 L.P.R.A.
Ap. IV-B. Estos preceptos, a grandes rasgos, pautan las
obligaciones generales con las que deben cumplir los jueces
y establecen guías en cuanto al desempeño de la función
judicial y adjudicativa.
Como se sabe, nuestro ordenamiento jurídico requiere la
existencia de prueba clara, robusta y convincente de que
hubo violaciones éticas para imponer sanciones
disciplinarias. In re Candelaria Rosa, 197 DPR 445, 459
(2017); In re Quiñones Artau, 193 DPR 356, 386 (2015); In re
Muñoz, Morell, 182 DPR 738, 750 (2011). Ese estándar
probatorio “es más alto y sólido que el de preponderancia de AD-2016-0001 74
la prueba, pero menos exigente y riguroso que el de prueba
más allá de duda razonable”. In re Salas Arana, 188 DPR 339,
347 (2013). Hemos definido la prueba clara, robusta y
convincente como “aquella evidencia que produce en el
juzgador de hechos una convicción duradera de que las
contenciones fácticas son altamente probables”. In re
Martínez Almodóvar, 180 DPR 805, 820 (2011). Véase, además,
In re Candelaria Rosa, supra, pág. 459.
De igual forma, en múltiples ocasiones hemos
manifestado que es improcedente alterar las determinaciones
de hecho de la Comisión de Disciplina Judicial, excepto que
se demuestre parcialidad, prejuicio o error manifiesto. In
re Candelaria Rosa, supra, pág. 459; In re Hon. Maldonado
Torres, supra, pág. 869. Ello se debe a que la Comisión de
Disciplina Judicial ocupa el papel de juzgador de hecho y,
por lo tanto, está en mejor posición para aquilatar la prueba
testifical. In re Ortiz Brunet, 152 DPR 542, 548 (2000).
El comportamiento de los miembros de la judicatura es
uno de los pilares de nuestro sistema judicial. In re Cancio
González, 190 DPR 290 (2014). Esto se debe a que la confianza
que tiene la ciudadanía en la Judicatura se cimienta, en
gran medida, en el comportamiento que observan quienes la
componen. Los jueces son el reflejo de nuestro sistema
judicial y su conducta, al igual que sus expresiones, inciden
en la percepción que tiene la ciudadanía sobre los tribunales
en general. In re Acevedo Hernández, 194 DPR 344 (2015); In
re Santiago Concepción, 189 DPR 378 (2013). AD-2016-0001 75
Como parte de los deberes generales aplicables a los
miembros de la judicatura, el Canon 1 de Ética Judicial,
supra, dispone que estos respetarán y cumplirán la ley y
serán fieles al juramento de su cargo. Este precepto responde
al interés en reconocer que el deber judicial trasciende la función de administrar o interpretar la ley y se establece con el objetivo de transmitir claramente la idea de que los jueces no están por encima de la ley y son los primeros obligados a respetarla y cumplirla. I ́n re Candelaria Rosa, supra, pág. 465.
Por su parte, el Canon 3 de Ética Judicial, supra,
expresa que los deberes judiciales tienen prioridad sobre
cualquier otra actividad, razón por la cual los jueces no
abandonarán ni descuidarán las obligaciones de su cargo. Por
otro lado, conforme establece el Canon 4 de Ética Judicial,
supra, corresponde a los jueces cumplir diligentemente con
las obligaciones administrativas impuestas por las leyes o
reglamentos aplicables a la Rama Judicial, así como las
normas y órdenes administrativas aplicables que emita la
Oficina de Administración de los Tribunales. In re Mercado
Santaella, 197 DPR 1032, 1066 (2017); In re Pagani Padró,
181 DPR 517 (2011).
De igual forma, el Canon 5 de Ética Judicial, supra,
prohíbe que los jueces discriminen por motivo de raza, color,
nacimiento, origen, condición socioeconómica, ideas
políticas o religiosas, condición física o mental, edad,
género u orientación sexual. Los jueces tampoco pueden
permitir que las demás personas que comparezcan ante el
tribunal o el personal bajo su dirección incurran en esa AD-2016-0001 76
conducta discriminatoria. In re Robles Sanabria, 151 DPR 483
(2000).
Con el propósito de lograr una administración eficiente
de la función judicial, el Canon 6 de Ética Judicial, supra,
requiere que exista cooperación entre los compañeros jueces.
Por eso, dispone que la conducta entre magistrados debe
caracterizarse por el respeto mutuo, cordialidad y la
colaboración profesional, sin que importen las diferencias
en sus posiciones dentro del sistema judicial. In re Vicenty
Nazario II, 169 DPR 228 (2006). Este mismo precepto jurídico
indica que no harán críticas infundadas que tiendan a
menospreciar el prestigio de sus compañeros jueces.
Por otra parte, el Canon 8 de Ética Judicial, supra,
dispone que los jueces deben ser laboriosos, prudentes,
serenos e imparciales al llevar a cabo sus labores, y que
deben enmarcar sus funciones adjudicativas en el estudio del
Derecho y en la diligencia orientada a descubrir los hechos
esenciales de cada controversia. In re Pagani Padró, supra,
pág. 526. Este canon pretende evitar que los integrantes de
la Judicatura resuelvan controversias cegados por la
autoridad que les confiere la toga. In re Colón Colón, supra,
pág. 739. Véanse, además, In re Sierra Enríquez, supra, pág.
851; In re Cruz Aponte, 159 DPR 170, 180 (2003). Ello obedece
a que la imparcialidad en el desempeño de la función judicial
es inherente a la misión de impartir justicia. In re Grau
Acosta, 172 DPR 159, 171 (2007). AD-2016-0001 77
Ante la necesidad de que los jueces observen una
conducta imparcial, precisamos en Lind v. Cruz, 160 DPR 485,
491 (2003), citando a Pueblo v Maldonado Dipiní, 96 DPR 897,
910 (1969), que el prejuicio o parcialidad personal se
refiere a una actitud que tiene su origen fuera del plano
judicial, o sea, en el plano extrajudicial. Por tal razón,
para determinar si existe o no prejuicio personal por parte
del juez, es indispensable realizar un análisis de la
totalidad de las circunstancias a la luz de la prueba
presentada. Ruiz v Pepsico P.R., Inc., 148 DPR 586, 589
(1999).
Por otra parte, el Canon 9 regula la evaluación de la
prueba presentada como parte del proceso judicial, además de
los asuntos sometidos ante la consideración de un
magistrado. Este Canon resalta la obligación básica de
conceder el derecho a ser oído, conforme dispone la ley, a
toda persona que sea parte en un procedimiento. El Canon 9
de Ética Judicial, supra, establece, en parte, que:
Las juezas y los jueces concederán a toda persona que tenga interés en un procedimiento o la abogada o al abogado de dicha persona el derecho a ser oída conforme lo dispone la ley. En el cumplimiento de este deber, resolverán cada controversia fundamentándose en su propia evaluación de la prueba presentada.
Surge del Comentario al Canon 9, que el deber de
garantizar al ciudadano el derecho a ser oído se incluyó con
el fin de resaltar su importancia como parte del debido
proceso en el ámbito de la función adjudicativa. En cuanto
a este aspecto, hemos indicado que “la negativa del debido AD-2016-0001 78
proceso de ley es la falta de observar aquella imparcialidad
fundamental que es la esencia de todo concepto de justicia”.
In re Díaz García, 158 DPR 549, 559 (2003), citando a
Valentín v. Torres, 80 DPR 463, 482 (1958). Para concluir si
un error de hecho o de derecho constituyó una violación del
Canon 9, debe demostrarse que hubo un abuso intencional de
la discreción judicial o que su magnitud figuró conducta
impropia o favoritismo hacia alguna parte. In re Quiñones
Artau, supra, pág. 379; In re Díaz García, supra, págs. 558-
559.
Conforme establece el Canon 13 de Ética Judicial,
supra, toda persona que comparezca ante el tribunal debe
recibir un trato de respeto y consideración. Esta obligación
no se circunscribe únicamente a la figura del juez, sino que
también es su responsabilidad requerir igual trato por parte
de las demás personas presentes. Íd. Véanse, además, In re
Quiñones Artau, supra, pág. 381; In re Claverol Siaca, 175
DPR 177, 189 (2009).
Por su parte, el Canon 14 de Ética Judicial, supra,
establece cuál es la conducta que se espera de los jueces
durante el transcurso del proceso judicial. A esos fines,
dispone:
Canon 14. Conducta en los procedimientos judiciales
En el curso de los procedimientos judiciales, las juezas y los jueces mantendrán su conducta dentro de la debida propiedad y circunspección sin mostrar impaciencia o severidad excesivas. Tampoco harán comentarios ni gestos ajenos al proceso judicial, entendiéndose comprendidos dentro de esta prohibición, aquellos comentarios, AD-2016-0001 79
expresiones o gestos que envuelvan burla o mofa. No ridiculizarán de modo alguno a abogadas, abogados, partes, testigos, funcionarias o funcionarios del tribunal ni a otras personas que acudan ante el tribunal.
Las juezas y los jueces dirigirán los trabajos del tribunal con orden y decoro, y evitarán todo proceder que pueda afectar la dignidad y el respeto debido al tribunal. Intervendrán para impedir cualquier conducta impropia de las partes, las abogadas y los abogados o cualquier otra persona, y tomarán las acciones que procedan de acuerdo con la ley, los Cánones del Código de Ética Profesional y las mejores tradiciones del sistema judicial.
De acuerdo con el canon antes citado, los jueces tienen
el deber de conservar la dignidad de todo trámite judicial
y fomentar el respeto mutuo entre las partes. In re Quiñones
Artau, supra, pág. 381; In re Maldonado Torres, supra, pág.
865. Dicho de otra forma, todas las personas que forman parte
del proceso judicial tienen un deber de cortesía con los
demás participantes, ya sean jueces, testigos, abogados o
funcionarios del tribunal. In re Saavedra Serrano, 165 DPR
817 (2005). Sin embargo, hemos dejado claro que “respeto no
es adular ni rendir pleitesía sino reconocer la calidad
humana de las personas que componen nuestro sistema de
justicia para que impere entre ellos un trato digno, cordial
y a la altura de la función que realizan los tribunales”. In
re Candelaria Rosa, supra, pág. 462.
Hemos mencionado antes que “aunque la figura del juez
está revestida de autoridad, ésta no debe utilizarse
indebidamente dentro o fuera del tribunal. La referida
disposición va dirigida a evitar que un juez tome decisiones
ensoberbecido por el poder”. (Escolio omitido.) In re Cruz AD-2016-0001 80
Aponte, 159 DPR 170, 180 (2003). En los comentarios que
acompañan al Canon 14, supra, se indica que “[e]l juez o la
jueza deberá evitar, además, toda expresión suya que pueda
reflejar prejuicio de la naturaleza que sea o que pueda
arrojar dudas sobre su capacidad para actuar
imparcialmente”. Véase, además, R.J. Torres Torres, Cánones
de Ética Judicial de Puerto Rico, 9 Forum 7, 8 y 22 (1993).
Ahora bien, lo anteriormente dicho no implica que el
juez esté desprovisto de un remedio para vindicar la dignidad
del tribunal, ya que cuenta con el mecanismo del desacato
civil y criminal, además de otras medidas que establezca la
ley o sea avalada por el sistema judicial. In re Quiñones
Artau, supra, pág. 381. Como este caso se origina, en parte,
por la imposición de sanciones por desacato a varios
ciudadanos como consecuencia de incidentes surgidos durante
procesos judiciales que presidía el juez Benero García,
procederemos a examinar esa figura.
El desacato es un procedimiento sui generis que exige
la inmediata intervención del tribunal y cuyo objetivo es
vindicar su autoridad y dignidad. In re Velázquez Hernández,
162 DPR 316, 326 (2004); Pueblo v. Torres, 56 DPR 605, 623
(1939). Para la doctrina, cualquier acto o conducta que
tienda a impedir u obstruir la administración de la justicia
por un tribunal o que menoscabe su autoridad o dignidad
constituye desacato. Santos P. Amadeo, El poder de los
tribunales en Puerto Rico para castigar por desacato,
Madrid, Ed. Revista de Derecho Privado, 1961, pág. 5. AD-2016-0001 81
Por una parte, en el desacato civil se impone una
penalidad por un término indefinido, sujeta a que la persona
cumpla con una orden u obligación. In re Velázquez Hernández,
supra, pág. 327. La penalidad que se impone tiene el fin de
obligar a cumplir con una orden del tribunal. Íd. Por su
parte, el desacato es criminal si lo que el juez busca es
castigar a la persona o vindicar la autoridad del tribunal.
Srio. D.A.C.O. v. Comunidad San José, Inc., 130 DPR 782, 804
(1992). El desacato criminal puede castigarse de forma
sumaria cuando la conducta constitutiva de delito ocurre en
presencia de un juez, ya que el tribunal está constituido.
Regla 242 de las de Procedimiento Criminal. 34 LPRA Ap. II.
El desacato puede incurrirse de forma directa o
indirecta. Se comete directamente cuando la acción u omisión
ocurre en presencia del tribunal. Íd. Es indirecto cuando la
conducta que obstruye la debida administración de la
justicia se comete a distancia del tribunal y fuera de su
presencia inmediata. In re Cruz Aponte, 159 DPR 170, 182
(2003).
Consecuentemente hemos expresado que “los jueces deben
utilizar el desacato como última alternativa para vindicar
la autoridad del tribunal, debido a que el uso indiscriminado
de este instrumento equivaldría a una falta de temperamento
judicial”. Íd., pág. 181. El desacato no puede convertirse
en una herramienta de opresión que destruya el propio orden
e integridad del proceso que la ley quiso mantener. Pueblo
v. Susoni, 81 DPR 124 (1959). AD-2016-0001 82
Es preciso puntualizar que en In re Quiñones Artau,
supra, pág. 384, citando a In re Sierra Enríquez, 185 DPR
830, 849 (2012), indicamos que no se puede invocar la
jurisdicción disciplinaria para pasar juicio sobre un
dictamen judicial, en sustitución de los mecanismos de
revisión que el ordenamiento jurídico provee. Ello es
contrario a la Regla 3 de Disciplina Judicial, 4 LPRA Ap.
XV-B, que establece que no será investigada, como parte del
proceso disciplinario contra jueces, aquella queja que
pretenda intervenir impropiamente con determinaciones
judiciales, excepto en aquellos casos en los que la conducta
denote un posible factor exógeno indebido en la
determinación judicial. De ordinario, un error de hecho o de
derecho cometido por un juez en el desempeño de sus funciones
no es causa para disciplinarlo. In re Díaz García, supra,
pág. 557. Cuando se cometen esos errores, la parte
adversamente afectada tiene a su disposición el
procedimiento de revisión judicial que consagra nuestro
ordenamiento jurídico.
III.
Para adjudicar en este proceso disciplinario si las
actuaciones antes descritas del juez Benero García
constituyeron violaciones de los Cánones de Ética Judicial,
no podemos limitarnos a evaluar en el vacío la conducta
imputada por la OAT. Por el contrario, es necesario tomar en
consideración el historial procesal de cada uno de esos AD-2016-0001 83
casos, tal como lo hizo la Comisión de Disciplina Judicial.
Ese examen riguroso de los eventos ocurridos en esos casos,
unido a una revisión de sus expedientes correspondientes,
demuestran que procede acoger la recomendación de la
Comisión de Disciplina Judicial y desestimar la querella de
epígrafe, ya que no se demostró que el juez Benero García
abusara intencionalmente de su discreción judicial al
utilizar el mecanismo de desacato o que haya actuado con la
intención de favorecer impropiamente a una parte.
En cuanto al caso de la señora Rodríguez Santiago, el
juez Benero García impuso el desacato ante la
incomparecencia de ella a la vista, a pesar de que fue citada
en corte abierta en una vista anterior. También surge del
expediente que la señora Rodríguez Santiago no se comunicó
para notificar su retraso en llegar a la corte. Asimismo,
del historial del caso surgió que en ocasiones anteriores la
parte demandante había solicitado al tribunal que se
encontrara incursa en desacato a la señora Rodríguez
Santiago por obstruir las relaciones paterno filiales. Ella
se oponía a las relaciones, aunque los informes sociales las
recomendaban. Por último, es necesario mencionar que no se
puede imputar al juez Benero García el arresto de la señora
Rodríguez Santiago sin que se hubiese expedido por escrito
la orden de arresto. El alguacil Rosario Gutiérrez reveló en
su testimonio estipulado que fue decisión suya, y no del
juez Benero García, diligenciar la orden de arresto, aunque
no la tenía disponible en ese momento. AD-2016-0001 84
Por otra parte, en cuanto al desacato impuesto a la
señora Muriel Rodríguez, se desprende de la regrabación de
la vista celebrada ante el juez Benero García que su arresto
se debió a la deuda por pensión alimentaria que tenía al
momento. Desde la vista anterior se había ordenado a la
señora Muriel Rodríguez pagar el total adeudado por concepto
de pensión. Al no cumplir con la deuda, el juez Benero García
determinó declarar la deuda líquida, vencida y exigible, y
ordenó la ejecución de la orden de arresto. Adviértase que
el juez Benero García había encontrado incursa en desacato
a la señora Rodríguez en ocasiones previas por incumplir con
los pagos de pensión de alimentos. El reiterado
incumplimiento con las órdenes del tribunal fue la razón por
la que se ordenó el arresto de la señora Muriel Rodríguez y
se impuso una fianza de quinientos dólares. A pesar de lo
anterior, el juez Benero García mostró preocupación por el
estado de embarazo de la señora Muriel Rodríguez e impartió
instrucciones dirigidas al Departamento de Corrección para
que se le ofreciera toda la ayuda médica necesaria.
De igual manera, en el caso del señor Figueroa Serrano,
el arresto por desacato ordenado por el juez Benero García
se basó en que todavía existía un balance pendiente de pago
por concepto de pensión alimentaria, luego de tomar en
consideración unos pagos presuntamente realizados. Nótese
que con anterioridad, el juez Benero García había encontrado
incurso en desacato al señor Figueroa Serrano por no pagar
una pensión alimentaria. AD-2016-0001 85
Al estudiar el historial del caso del señor Figueroa
Serrano notamos que la reclamación de alimentos se presentó
en el 2010 pero no fue hasta una vista sobre desacato en
marzo de 2014, que este reclamó por vez primera tener un
crédito por un periodo en el que tuvo la custodia de sus
hijos. Como esa información no surgía del expediente del
caso, el juez Benero García le advirtió que mientras no
acreditara ese hecho no se consideraría crédito alguno. A
pesar de que se le requirió evidenciar que tuvo la custodia
de sus hijos, el señor Figueroa Serrano no cumplió. Entonces,
en la vista celebrada en junio de 2014, el señor Figueroa
Serrano volvió a esgrimir que tenía derecho a un crédito. Al
cuestionársele por la documentación que lo sustentaba, este
expresó que ello formaba parte del expediente de otro caso.
Ante ese escenario, el juez Benero García solicitó el
expediente a la Secretaría y le concedió la oportunidad al
señor Figueroa Serrano para que buscara los documentos;
después de todo, era él quien debía probar que era merecedor
del crédito. Al no encontrarse en el expediente la evidencia
requerida y existir una deuda pendiente a pesar de que se
acreditaron ciertos pagos realizados, el juez Benero García
encontró incurso en desacato al señor Figueroa Serrano por
el balance pendiente. En conclusión, el desacato impuesto se
fundamentó en el incumplimiento por parte del señor Figueroa
Serrano con su obligación de proveer alimentos a sus hijos.
Asimismo, debemos indicar que, según surge de los
testimonios estipulados del alguacil Rosario Gutiérrez y la AD-2016-0001 86
señora Santiago Ortiz, en ocasiones múltiples el señor
Figueroa Serrano intentó interrumpir al juez Benero García
mientras se dirigía a los presentes. Como parte de su
testimonio ante la Comisión de Disciplina Judicial, el señor
Figueroa Serrano reconoció que los documentos que
justificaban su alegado crédito no obraban en el expediente
del caso de alimentos porque nunca los presentó y que el
periodo en el que tuvo la custodia de sus hijos fue en 2009,
antes de que se presentara la demanda de alimentos en su
contra.
Al igual que la Comisión de Disciplina Judicial,
concluimos que no existe prueba clara, robusta y convincente
de que el juez Benero García abusó intencionalmente del
recurso de desacato en estos casos o que actuó para favorecer
impropiamente a una parte, en contravención de los Cánones
1, 3, 5, 8, 9, 13 y 14 de Ética Judicial, supra. In re
Candelaria Rosa, supra, pág. 462; In re Quiñones Artau,
supra, pág. 381; In re Santiago Concepción, supra, pág. 403.
Al contrario, surge del expediente que el juez Benero García
se encontraba ante personas que incumplieron órdenes
judiciales e hicieron caso omiso a su autoridad,
quebrantaron la obligación de pagar pensiones de alimentos
o dejaron de comparecer a las vistas señaladas. Ante ese
escenario, los jueces tienen discreción para la imposición
de un desacato, como ocurrió aquí. In re Velázquez Hernández,
supra, pág. 326; Pueblo v. Torres, supra, pág. 623. Fue
improcedente utilizar la vía disciplinaria en sustitución de AD-2016-0001 87
los mecanismos que nuestro ordenamiento jurídico provee para
revisar esas determinaciones judiciales. In re Quiñones
Artau, supra, pág. 384; In re Sierra Enríquez, supra, pág.
849.
Por su parte, en lo que respecta al caso de relaciones
paterno-filiales en que la señora Cruz Rodríguez era
demandada, surge del expediente que las determinaciones del
juez Benero García fueron revisadas por el Tribunal de
Apelaciones en dos ocasiones. En la primera, se confirmó la
resolución que ordenaba que la niña viajara al continente a
relacionarse con su padre biológico. En ese entonces, el
Tribunal de Apelaciones expresó que la señora Cruz Rodríguez
obstaculizó el establecimiento de las relaciones y detalló
varios incidentes en lo que se demostraba indiferencia ante
las órdenes del foro primario. Incluso, el Tribunal de
Apelaciones concluyó que el juez Benero García actuó con
sabiduría. Miguel Ramos v. Leishla Cruz Rodríguez, KLCE-
2014-00935, Sentencia de 26 de agosto de 2014, págs. 9-10.
Por el contrario, en la segunda revisión, el Tribunal
de Apelaciones revocó una orden dictada por el juez Benero
García en que se había autorizado el viaje de la menor a
visitar a su papá. En ese momento, el foro apelativo
intermedio devolvió el caso para que se celebrara una vista
en su fondo, ya que la señora Cruz Rodríguez no estuvo
acompañada de representación legal durante la primera vista.
Asimismo, el Tribunal de Apelaciones expresó que lo resuelto AD-2016-0001 88
no prejuzgaba los méritos del caso ni se interpretaba como
un endoso a la conducta de la señora Cruz Rodríguez, la que
caracterizó como obstinada y resistente a reconocer los
derechos del señor Ramos como padre de la menor. Miguel Ramos
v. Leishla Cruz Rodríguez, KLCE-2015-00409, Sentencia de 27
de abril de 2015, pág. 19.
Del trámite procesal del caso se desprende que la señora
Cruz Rodríguez exhibió un patrón de incumplimiento de las
órdenes judiciales, con la intención de imposibilitar que el
padre se relacionara con su hija. Incluso, no se lograron
establecer las relaciones paterno filiales por vía
telefónica, a pesar de lo que el juez Benero García ordenó.
Luego de dos años de esfuerzo por parte del tribunal, la
niña continuaba sin entablar una relación con su padre
biológico ante la resistencia contumaz que demostró la
señora Cruz Rodríguez.
Por otra parte, la decisión del juez Benero García de
no privar de la patria potestad en el caso en que participaba
la licenciada Casanova Castro, fue revisada por el Tribunal
de Apelaciones. Tras examinar el asunto, el foro apelativo
intermedio revocó la decisión. Concluyó que se cometió un
error al disponer de la controversia, ya que el juez Benero
García se retractó de su determinación previa durante la
vista en la que validó el abuso sexual. Asimismo, el Tribunal
de Apelaciones consideró que las expresiones relacionadas
con los distintos grados del abuso sufrido fueron erróneas.
Por esa razón, y después de validar que hubo un patrón de AD-2016-0001 89
abuso sexual, el foro apelativo decretó la privación de la
patria potestad porque el estatuto no concedía al tribunal
discreción para hacer otra cosa.
Como hemos expresado, un error de hecho o de derecho en
el desempeño de sus funciones no es fundamento adecuado para
iniciar una acción disciplinaria. In re Quiñones Artau,
supra, pág. 384; In re Sierra Enríquez, supra, pág. 849.
Ante estos errores de derecho la parte afectada tenía a su
disposición el mecanismo de revisión judicial, que utilizó
en este caso. El Tribunal de Apelaciones revocó la decisión
emitida por el juez Benero García por considerarla errónea.
Por tanto, aquí no existen circunstancias extremas que nos
lleven a concluir que el error del juez Benero García
constituyera una violación de los Cánones de Ética Judicial.
In re Candelaria Rosa, supra, pág. 462; In re Quiñones Artau,
Atendemos ahora el incumplimiento alegado del juez
Benero García con las normas administrativas sobre los
horarios de sesión del tribunal. La Regla 12(b) de
Administración del Tribunal de Primera Instancia, 4 LPRA Ap.
II-B, establece que las horas regulares de sesión serán de
9:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm, a menos que el
juez considere necesario extenderlas por necesidades del
servicio. Para ello se coordina con anticipación con el juez
administrador. Íd. Los testimonios de las secretarias de
servicios a sala, Sra. Rivera León y Sra. Figueroa Díaz, AD-2016-0001 90
establecieron que, en ocasiones, el juez Benero García podía
extenderse hasta después de la 12:00 pm. No obstante, la
señora Rivera León, quien laboró junto al juez Benero García
en la región judicial de Ponce, declaró que eso ocurría muy
poco. Asimismo, expresó que cuando llegaba la hora de recesar
ella le avisaba pasándole una nota y el juez recesaba. De
igual forma, la señora Figuera Díaz testificó que, en
ocasiones, el horario de la mañana podía extenderse debido
a la cantidad de casos en calendario. Por último, la
extensión en el horario de la vista en la que participó la
licenciada Casanova Castro fue notificada al juez
administrador Pérez Ocasio y contó con su anuencia.
De lo anterior se desprende que no se demostró que el
juez Benero García incurriera en un patrón de extender el
horario de sesión de su sala, sino que según surgió de los
testimonios de las secretarias de servicios a sala, ello
solo ocurrió en pocas ocasiones. Además, la propia Regla
12(b) permite que el horario de sesión sea extendido por
necesidades del servicio, y en el caso específico de la sala
del juez Benero García, cuando esto llegó a ocurrir, se debió
a la cantidad de casos en calendario. En su consecuencia, no
se probó el quinto cargo de la querella de autos que imputó
una transgresión del Canon 4 de Ética Judicial, supra, por
infringir las normas administrativas ni la violación del
Canon 13, supra, que obliga a tener un trato considerado
para con los participantes del procedimiento judicial. In re
Mercado Santaella, supra, pág. 1066; In re Pagani Padró, AD-2016-0001 91
supra; In re Quiñones Artau, supra, pág. 381; In re Claverol
Siaca, supra, pág. 189.
Otra conducta que se imputó al juez Benero García fue
el efecto que tenía en otras salas la forma en que este
manejaba los asuntos de su sala. En particular, se señaló la
forma en que requería la presencia de los abogados y testigos
en su sala hasta que los casos fuesen llamados. En
específico, la OAT imputó al juez Benero García no colaborar
con sus compañeros jueces al retener abogados y testigos en
su sala y retrasar de esa forma los procedimientos en otras,
sin tomar en consideración el impacto que ocasionaba para la
sana administración de la justicia. Como parte de su rol al
presidir sala, cada juez tiene discreción para establecer
ciertas medidas internas para el manejo de los asuntos en su
sala. No obstante, estas no deben afectar adversamente el
funcionamiento, en general, de otras salas del tribunal. Si
se afectan de forma significativa las labores de otras salas,
corresponde entonces a los jueces administradores, en
función del cargo que ejercen, tomar medidas administrativas
para coordinar en forma eficiente y efectiva los trabajos de
todas las salas sin que se causen mayores contratiempos en
el trámite de los casos. La Regla 7(c) de Administración del
Tribunal de Primera Instancia, 4 LPRA Ap. II-B, establece
que el juez administrador de la región judicial será
responsable de la supervisión y buen funcionamiento de dicha
región. A su vez, en el inciso 7(C)(1)(q) de esa regla se AD-2016-0001 92
dispone que entre las funciones delegadas al juez
administrador se encuentran asignar, distribuir y supervisar
la administración de los asuntos judiciales entre los jueces
de la región judicial y el calendario de trabajo diario, así
como adoptar las medidas administrativas internas que sean
necesarias para asegurar la eficiencia de los procesos
judiciales y agilizar el trámite de los casos. Íd. Estas
funciones exigen del juez administrador desplegar un
liderato que permita conciliar los intereses de los jueces
en atender sus calendarios de la manera más ágil posible.
Por ello, si la práctica del juez Benero García en alguna
forma afectaba el funcionamiento de otras salas del tribunal
de Ponce, recaía en la dirección administrativa de la región
judicial tomar medidas para lograr un balance entre los
requerimientos del juez Benero García y los de los demás
jueces. Sin embargo, en este caso fue escasa la intervención
de la juez administradora Cortés González y la juez
subadministradora Santana Ríos para intentar resolver la
situación, ya que asumieron la postura de que los asuntos
relacionados con el manejo de sala recaían dentro del ámbito
de la discreción judicial del juez Benero García y que en
ese aspecto no podían intervenir. Incluso, la juez
administradora Cortés González expresó que se trataba de un
estilo particular del juez Benero García de manejar su sala.
No surge de los autos que se hubiese emitido alguna medida
administrativa concreta para trabajar la situación, más allá
de las reuniones antes relatadas. AD-2016-0001 93
Cuando ocurren situaciones que afectan el
funcionamiento del tribunal, los jueces administradores
deben identificarlas y actuar con premura estableciendo
directrices claras dirigidas a resolverlas efectivamente. En
este caso tanto, la juez administradora Cortés González, la
jueza subadministradora Santana Ríos como la juez
coordinadora Otero Ferreiras debieron asumir una posición
más proactiva al momento de buscar posibles soluciones, si
los requerimientos dificultaban realmente el movimiento de
los casos en las demás salas del tribunal de Ponce. Las
medidas administrativas tomadas fueron escasas. En la medida
en que el trámite de los casos se viera afectado, debieron
auscultar otros mecanismos internos que se pudieran
implantar para asegurar que la atención del calendario de
las demás salas no se retrasara de forma significativa.
Dicho de otro modo, este asunto debió atenderse de forma
oportuna en el ámbito administrativo por los funcionarios
que tenían a su cargo la administración de la región
judicial, en particular, la juez administradora y la juez
subadministradora, de conformidad con las funciones que le
fueron delegadas. No tomar medidas adicionales amparándose
en que se trataba de un asunto de discreción judicial, sin
más, resultó insuficiente. Había que buscar los mecanismos
para armonizar la comparecencia de abogados y testigos a las
distintas salas del Tribunal de Ponce, sin causar más
dilaciones en la atención de los casos. AD-2016-0001 94
Se alegó el impacto negativo que tenía en la sala del
juez Daumont Crespo el que los abogados y testigos
comparecieran primero a la sala del juez Benero García. Sin
embargo, el juez Daumont Crespo testificó que su sala no se
afectaba. Expresó, además, que no tenía problema en conceder
un turno posterior y esperar que el abogado o testigo
acudiera a su sala cuando se terminara de atender su caso en
la sala del juez Benero García. El juez Daumont Crespo señaló
que, en esas ocasiones, el alguacil se comunicaba con la
sala del juez Benero García y solicitaba que, de ser posible,
se le permitiera al abogado o testigo comparecer a su sala
y con regularidad estos se presentaban. El otro incidente al
que se hizo referencia entre el juez Benero García y el juez
Ramírez Legrand, por el primero asomarse por la puerta de la
sala del segundo en búsqueda de un abogado, fue un incidente
desafortunado que no volvió a suceder.
Con relación al incidente narrado por la señora Pérez
Albandoz, es necesario contrastar sus declaraciones con los
testimonios estipulados de la juez Vega Lugo, el alguacil
Rosario Gutiérrez y la señora Jiménez Seda. La juez Vega
Lugo, juez coordinadora de las Salas de Relaciones de Familia
y Menores, no recuerda haber recibido queja de la señora
Pérez Albandoz sobre incidentes con el juez Benero García.
Además, los testimonios estipulados del alguacil Rosario
Gutiérrez y la señora Jiménez Seda, quienes presenciaron el
incidente en parte, fue que no recordaban que el juez Benero
García hubiese realizado las expresiones que indica la AD-2016-0001 95
señora Pérez Albandoz en cuanto a que en su sala solo mandaba
él y no la juez coordinadora, el juez administrador ni la
Jueza Presidenta; ni que el juez le haya levantado la voz a
la señora Pérez Albandoz. Nótese que la señora Pérez Albandoz
solicitaba la expedición de una orden del juez refiriendo el
expediente del caso a la Unidad de Trabajo Social, a pesar
de que el juez Benero García acostumbraba referir los
expedientes directamente a la Secretaría para el
encausamiento del caso.
Todas estas diferencias de manejo de sala o de los
expedientes judiciales debieron atenderse por la vía
administrativa, sin tener que llegar al ámbito
disciplinario. Recalcamos que no se presentó evidencia de
medidas concretas tomadas por parte de la administración
para atender por la vía administrativa estas diferencias. En
fin, no se probó el cuarto cargo de la querella que imputó
una transgresión de los Cánones 6 y 13 de Ética Judicial en
lo referente al trato cordial y respeto que debe permear
entre magistrados. In re Vicenty Nazario II, supra; In re
Quiñones Artau, supra, pág. 381; In re Claverol Siaca, supra,
pág. 189.
En cuanto al sexto cargo relacionado con los resultados
de las evaluaciones realizadas por la Comisión de Evaluación
Judicial, la OAT sometió el caso ante la consideración de la
Comisión de Disciplina Judicial sin presentar evidencia
documental alguna que lo sostuviera. Ante ello, la Comisión AD-2016-0001 96
expresó en su informe que “nada habremos de considerar en
cuanto a este asunto dado que la OAT no presentó evidencia
que sustentara dicho cargo”. Informe de la Comisión de
Disciplina Judicial, pág. 73. En un escrito presentado luego
de que el asunto estuviera sometido ante nuestra
consideración, la OAT expresó que no tenía que presentar
prueba durante las vistas ante la Comisión ya que el Juez
Benero García admitió la existencia, pero no el contenido,
de las evaluaciones de “no calificado” emitidas por la
Comisión de Evaluación Judicial bajo el esquema regulatorio
previo. Véase, Reglamento para la Evaluación de Jueces y
Juezas del Tribunal de Primera Instancia de 18 de marzo de
2015. Por su parte, la representación legal del juez Benero
García sostuvo que no podía encontrarse probado el sexto
cargo pues la OAT decidió no presentar en evidencia el
documento de la evaluación de la Comisión de Evaluación
Judicial. Coincidimos con esta aseveración. La postura de la
OAT equivale a conferir naturaleza de cosa juzgada a los
resultados de las evaluaciones judiciales, lo que supone
permitir la aplicación automática de sanciones éticas por lo
que determine la Comisión de Evaluación Judicial. Eso no es
posible. Sería una usurpación de la jurisdicción
disciplinaría que por disposición constitucional recae sobre
este Tribunal Supremo. Art. V, Sec. 11 de la Constitución de
Puerto Rico, LPRA Tomo I.
Bajo ningún concepto las evaluaciones negativas
emitidas por la Comisión de Evaluación Judicial constituyen AD-2016-0001 97
de por sí una falta ética. Precisamente por ello es que la
Regla 25 del vigente Reglamento para la Evaluación de Jueces
y Juezas del Tribunal de Primera Instancia, In re Reglamento
Evaluación Js. TPI, 199 DPR 904 (2018), establece que ante
una evaluación negativa podría proceder el inicio de un
procedimiento ético, con todas las garantías del debido
proceso de ley, que incluye el derecho a que los cargos sean
probados por prueba clara, robusta y convincente. In re
Candelaria Rosa, supra, pág. 459; In re Salas Arana, supra,
pág. 347. Es la OAT, como parte querellante, quien tiene la
carga probatoria en los procesos éticos contra jueces.
Con la radicación de la querella de epígrafe, la OAT
escogió hacer pública cierta información del contenido y
resultado del proceso de evaluación judicial. No obstante,
luego de que el juez Benero García solicitó descubrir prueba
sobre ese proceso, fue la propia OAT quien solicitó y obtuvo
una orden de protección que ordenó al Secretario de este
Tribunal que sellara y reservara el informe de la Comisión
de Evaluación Judicial como documento confidencial y no
accesible al público. Posteriormente a la emisión de esa
orden, la OAT no realizó trámite ulterior con ese informe,
ni fue presentado en evidencia durante el trámite
disciplinario. No puede pretender la OAT argumentar sobre el
contenido de un documento que no se presentó en el proceso
ético. Hace seis décadas dejamos claro que ningún “argumento
es lícito si hace referencia a prueba que no fue admitida
durante el juicio”. Pueblo v. Fournier, 80 DPR 390, 409 AD-2016-0001 98
(1958). Por tal razón, es correcta la determinación de la
Comisión de Disciplina Judicial que desestimó el sexto cargo
de la querella de epígrafe.
IV.
Luego de estudiar con rigor la prueba desfilada, las
posturas de ambas partes, escuchar las grabaciones de las
vistas judiciales en controversia y considerar la prueba
pertinente, es ineludible concluir que la evidencia
presentada por la OAT no demostró mediante prueba clara,
robusta y convincente que el juez Benero García cometió los
cargos imputados en violación de los Cánones 1, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 13 y 14 de Ética Judicial, supra. La evidencia
presentada no produjo en nosotros una convicción duradera de
que se violentaran los Cánones de Ética Judicial, según
requiere nuestro ordenamiento jurídico.
Aunque algunas de las actuaciones del juez Benero
García sean desagradables para algunos, o hayan causado
incomodidad en otros, eso no es de por sí una violación
ética. De hecho, muchos incidentes se pudieron evitar con
una supervisión administrativa más proactiva. Al igual que
la Comisión de Disciplina Judicial, ante la falta de prueba
clara, robusta y convincente, estamos imposibilitados de
concluir que hubo alguna infracción de los Cánones de Ética
Judicial que ameriten la imposición de una medida. Ante esta
realidad, procede el archivo de esta Querella.
Parafraseando lo que expresamos en Oficina de Ética
Gubernamental v. Rodríguez Martínez, 159 DPR 98, 130 (2003), AD-2016-0001 99
citando a Oficina de Ética Gubernamental v. Cordero
Santiago, 154 DPR 827, 856 (2001), aunque en los últimos
años hemos visto una cantidad considerable de casos éticos
contra jueces en funciones, no debemos permitir que en el
afán de buscar soluciones inmediatas, la OAT desvirtúe el
proceso ético judicial, convirtiéndolo en un instrumento
para cometer injusticias, dañar permanentemente la
reputación de funcionarios públicos que han servido con
dignidad, honradez y dedicación, y desalentar que las
personas más capacitadas escojan dedicarse a la noble labor
de impartir justicia. Véase, a manera de ejemplo, In re Hon.
Carballo Nogueras, 198 DPR 739 (2017).
Nuestros jueces tienen que contar con la garantía de
que pueden decidir lo que entiendan que procede en Derecho,
sin temor a que por ello se les someta a acciones
disciplinarias. Véase la Regla 3 de las Reglas de Disciplina
Judicial, 4 LPRA Ap. XV-B.
Se dictará Sentencia de conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Conducta Profesional Hon. Jaime J. Benero García AD-2016-0001
SENTENCIA
Por los fundamentos antes expuestos, en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de esta Sentencia, concluimos que la evidencia presentada por la OAT no demostró mediante prueba clara, robusta y convincente que el juez Benero García cometió los cargos imputados en violación de los Cánones 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13 y 14 de Ética Judicial, supra. Ante esta realidad, procede el archivo de esta Querella.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez, la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez y el Juez Asociado señor Colón Pérez disienten con Opiniones Escritas. El Juez Asociado señor Estrella Martínez disintió y hace constar la expresión particular siguiente:
Disiento del dictamen que hoy emite este Tribunal, debido a que el patrón de conducta exhibido por el Hon. Jaime J. Benero García (juez Benero García) en su rol como juez evidentemente es constitutivo de violaciones crasas a los Cánones de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B. Tal como reseña la extensa AD-2016-0001 2
Opinión Mayoritaria, el juez Benero García Humilló a una mujer embarazada mediante expresiones prejuiciadas y parcializadas debido al fundamento de que, según su percepción, aparentaba no tener hogar y ser usuaria de sustancias controladas.
Ello, a pesar de que la dama vertió para récord su dirección física y hasta la parte contraria acreditó que no le constaba que ésta fuera usuaria de sustancias controladas, lo cual tampoco daría autorización al Juez de brindarle el trato inhumano perpetuado en la grabación del procedimiento. Como cuestión de hecho, la querellante tuvo un parto prematuro a la semana siguiente de esa vista.
Asimismo, el juez Benero García utilizó la custodia de una menor como método de sanción y amenaza ante el incumplimiento de sus órdenes. Como agravante, intentó intimidar a un empleado de la Comisión de la Evaluación Judicial que acudió a su Sala para fines investigativos y legítimos.
Como puede apreciarse, el juez Benero García desplegó un repudiable patrón de comportamiento insensible, parcializado e irrespetuoso hacia los ciudadanos y ciudadanas que comparecían ante él. Un estudio minucioso de las cinco quejas presentadas y las grabaciones de los procedimientos ventilados ante el Juez revelan abrumadoramente mediante prueba clara, robusta y convincente que el juez Benero García abusó de su discreción judicial y demostró un pobre temperamento judicial. De esta forma, infringió su deber de ejercer sus labores con la prudencia, serenidad e imparcialidad que la envergadura de su puesto exige. Cánones 2, 8, 13 y 14 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B. Asimismo, incumplió con el llamado de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003 que requiere la prestación de “servicios de manera equitativa, sensible y con un enfoque humanista”. 4 LPRA sec. 24a. Desafortunadamente, sus comentarios “imprudentes y carentes de sensibilidad tuvieron el efecto inescapable de menguar la confianza de la ciudadanía en la Rama Judicial”. In re Hon. Colón Colón, 197 DPR 728, 745 (2017).
La severidad de la conducta ante nuestra consideración infringe los Cánones de Ética Judicial y lacera gravemente los pilares de respeto y confianza que exige la Rama Judicial. Ello, en claro detrimento de “la independencia judicial, la administración efectiva e imparcial AD-2016-0001 3
de la justicia y la confianza de la ciudadanía en un sistema de justicia”. In re Cancio González, 190 DPR 290, 297 (2014). Por tales motivos, opino que el comportamiento reprochable y antiético del juez Benero García amerita nuestra intervención disciplinaria y que procede ser sancionado severamente conforme a la Regla 29 de Disciplina Judicial, 4 LPRA Ap. XV-B.
José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Hon. Jaime J. Benero García AD-2016-01
La Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ emitió una Opinión disidente
Nuevamente, una Mayoría condona la conducta de un
Juez, a pesar de que esta contraviene los Cánones de
Ética Judicial. La Opinión Per Curiam, lejos de absolver
al Juez Jaime J. Benero García de violentar tajantemente
la ética judicial, lo incrimina sin remedio al
establecer un patrón de conducta que ratifica su falta
de temperamento judicial, serenidad y sensibilidad. Los
hechos descritos en la decisión mayoritaria debieron
ser suficientes para expresar nuestro rechazo más
enérgico a este tipo de conducta.
En síntesis, el Juez Benero García ordenó el
arresto de la Sra. Yomarie Muriel Rodríguez, quien se
encontraba en el séptimo mes de un embarazo de alto
riesgo, por no pagar una deuda por concepto de pensión AD-2016-01 2
alimentaria. Según la Opinión Per Curiam, tras ordenar el arresto
el Juez “mostró preocupación por el estado de embarazo de la
señora Muriel Rodríguez e impartió instrucciones dirigidas al
Departamento de Corrección para que se le ofreciera toda la ayuda
médica necesaria”. Opinión Per Curiam, pág. 84. Al parecer, para
una mayoría de los miembros de este Tribunal, es apropiado y
permisible que un juez catalogue a una persona que acude a su sala
como adicta y deambulante sin base alguna en el récord1 y descanse
en su apariencia física para llegar a esa conclusión. La Mayoría
valida que el juez desplegara una conducta humillante, prejuiciada
y discriminatoria disfrazada de una “preocupación”. Peor aún,
avala que se le dijera a esa persona que el bebé que llevaba en
su vientre estaría mejor protegido en la Administración de
Corrección que en la calle. Rechazo tal conclusión. Esta conducta
es patentemente insensible y ofensiva. Lo que es más, se distancia
del trato que espera la ciudadanía de sus jueces y, más aún, se
aparta de las cualidades y el comportamiento que esperamos y
exigimos de los miembros de nuestra judicatura.
En otra demostración de falta de temperamento judicial, el
Juez Benero García emitió una orden de arresto contra la Sra.
Nydia E. Rodríguez Santiago por no comparecer a una vista, a pesar
de que su abogado llamó telefónicamente al tribunal durante la
mañana para informar que su hijo estaba en el hospital, pero que
en cuanto alguien lo relevara comparecería al Tribunal. Una vez
ambos llegaron a la Sala, se arrestó a la señora Rodríguez Santiago
y se le tuvo toda la tarde encarcelada. Una Mayoría de este
Tribunal intenta justificar la conducta del Juez al indicar que
1 Destaco que la representante legal de la señora Muriel Rodríguez indicó que a su entender esta no tenía ese problema y la parte contraria en el pleito expresó que ello no le constaba. CC-2019-0067 6
la otra parte solicitó que a la señora Rodríguez Santiago se le
encontrara incursa en desacato por obstruir las relaciones paterno
filiales. ¿Acaso los jueces estamos para adoptar los ruegos de
una parte y conceder remedios sin calibrar y considerar las
consecuencias e implicaciones de estos? Por otra parte, la
determinación del juez que aquí se cuestiona no versa sobre una
controversia relacionada al tema central de las relaciones paterno
filiales y sus pormenores. El Juez Benero García ordenó el arresto
de la señora Rodríguez Santiago, específicamente, porque esta no
acudió a la vista ese día. Adoptó el curso de acción disponible
más drástico, como lo es encarcelar a una ciudadana durante varias
horas, a pesar de que el récord no reflejaba un historial de
incomparecencias.2
La Mayoría también articula como defensa para el Juez la
falta de notificación oportuna del retraso de la señora Rodríguez
Santiago al Tribunal. Ello es inexplicable, pues el abogado de la
señora Rodríguez Santiago, el Lcdo. Javier Pérez Rojas,
solicitó y se le concedió un turno posterior por una situación
personal.
La Opinión Per Curiam suma otra excusa para el comportamiento
del Juez Benero García. Sostiene que no se le podía imputar el
arresto, si este no había expedido la orden correspondiente. Los
hechos derrotan esta contención. El Juez Benero García, y nadie
más, emitió la orden de arresto. De hecho, previo al receso del
almuerzo, la orden de arresto: se había reducido a escrito; el
2 Este Tribunal ha expresado que “los jueces deben utilizar el desacato como última alternativa para vindicar la dignidad del tribunal, debido a que el uso indiscriminado de este instrumento equivaldría a una falta de temperamento judicial”. In re Sierra Enríquez, 185 DPR 830, 849 (2012). (continúa...) CC-2019-0067 7
Juez Benero García la había firmado; y el Juez Benero García la
había remitido a la secretaría del tribunal para el trámite
correspondiente.3
Otro incidente que demostró una falta de sensibilidad y
templanza ocurrió en una vista en un caso de relaciones paterno
filiales y alimentos. Según surge de la Opinión Per Curiam, la
Sra. Leishla Cruz Rodríguez compareció a la vista sin su
representación legal, quien no pudo asistir por problemas de
salud. Aunque el Juez Benero García indicó inicialmente que la
vista sería informativa, precisamente porque la señora Cruz
Rodríguez estaba desprovista de representación legal, emitió una
resolución mediante la cual ordenó que una menor implicada en el
caso realizara un viaje de visita a su padre sin la compañía de
la señora Cruz Rodríguez y dispuso que esta tendría que sufragar
los gastos de un acompañante. Además, amenazó a la señora Cruz
Rodríguez con celebrar una vista para entregar la custodia de la
niña al padre si no cumplía con la orden.
De la minuta de esa vista surge que al tomar la determinación
el Juez consideró factores ajenos al mejor bienestar del menor y,
en cambio, concibió el asunto como una oportunidad para sancionar
a la señora Cruz Rodríguez.4 Posteriormente, el Tribunal de
Apelaciones revocó esa determinación y devolvió el caso para que
se celebrara un proceso justo y equitativo. Expresó que, “aun
partiendo de que la peticionaria haya puesto obstáculos al
establecimiento de relaciones paterno filiales en este caso, no
3 Por ende, es inmaterial que el alguacil revelara que al momento de diligenciarla no la tenía, ya que, como se constató, el Juez Benero García efectivamente la firmó.
4 Exhibit 10 de la Oficina de Administración de los Tribunales. (continúa...) CC-2019-0067 8
podemos avalar que sea la menor quien pague el precio de las
actuaciones de su progenitor”.5 A esos efectos, expuso que “la
menor en la actualidad tiene 7 años de edad y ha vivido siempre
con la peticionaria, quien es su madre biológica. No está
familiarizada con el peticionario. Más aun, la niña a quien
reconocía como padre era a otra persona que ya no está presente
en el hogar. Todos estos son factores que deben ser abordados en
la determinación que se tome sobre relaciones paterno filiales”.6
Los incidentes que desgloso, los cuales surgen estrictamente
de documentos judiciales que obran en los expedientes del
tribunal, debieron ser suficientes para activar el Canon 3 de
Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B, C. 3, que exige “[e]l debido
desempeño de las funciones judiciales [lo cual] requiere que los
miembros de la judicatura sean competentes, sensibles, íntegros y
diligentes.[…] También deben desarrollar las cualidades
personales necesarias para el correcto desempeño de sus
obligaciones judiciales”. Comentarios del Canon 3 de Ética
Judicial, Íd.
A su vez, el Canon 8, 4 LPRA Ap. IV-B, C. 8, especifica que
los Jueces y Juezas deben ser laboriosos, prudentes, serenos e
imparciales en el desempeño de sus funciones adjudicativas. En
contraste con ese fin, la muestra que reseño marca que el camino
adjudicativo que ha recorrido el Juez Benero García se ha
caracterizado por desplegar una conducta impropia y distante del
temperamento exigido a todo juez y jueza. Ello se agrava, según
establece la Opinión Per Curiam, cuando varios de estos incidentes
ocurrieron mientras el Juez querellado atendía casos de relaciones
5 Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Miguel A. Ramos v. Leishla Cruz Rodríguez, KLCE201500409, pág. 18. 6 Íd., n. 12. CC-2019-0067 9
de familia. Los jueces y las juezas de las salas de familia se
enfrentan diariamente a controversias complicadas que se
caracterizan por la animosidad fuerte entre las partes. La carga
emocional que conllevan estos casos exige que los jueces y juezas
posean conocimiento especializado, pero a su vez, que desplieguen
un gran sentido de humanismo, paciencia y sensibilidad. Es decir,
Los asuntos que se atienden en nuestras salas de familia son, sin duda, particulares y, de ordinario, complicados. Sin embargo, las complicaciones a las que se enfrenta un juez de familia son, en un sentido, muy diferentes a las que se consideran en otras salas de justicia. Esto, porque distinto en gran manera a los asuntos que se atienden en otras ramas del Derecho, los casos de familia envuelven derechos que se enmarcan en profundas emociones y sentimientos, que requieren del juez de familia, además de un fino conocimiento del Derecho, una gran sensibilidad humana y empatía. Controversias que requieren del o la juez la capacidad de mantener en todo tiempo el control de su caso, pero salvaguardando, a su vez, los derechos de las partes que llegan a su sala buscando la mayoría de las veces, además de justicia, el desahogo de un torrente de emociones, muchas de ellas negativas. (…) Cuando, para completar el cuadro, en medio de ese barrunto de emociones y sentires yace el mejor bienestar de uno o más menores, se requiere, además, del juez de familia, temple y sabiduría para escuchar a todos los recursos a su disposición, y actuar de manera firme pero sosegada. Marchago Olivella v. Martínez Schmidt, 188 DPR 404, 414- 415 (2013)(Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo, a la cual se unieron la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y el Juez Asociado señor Rivera García)(énfasis suplido).
Situaciones como las que reseñamos configuran violaciones
patentes a la ética judicial, puesto que la razón de esta, es
precisamente garantizar a la ciudadanía que comparece a las salas
judiciales el respeto de sus derechos, de su dignidad, y la
atención debida de sus reclamos dentro de un marco de decoro y de
respeto.
Por otro lado, la Opinión Per Curiam provee varios ejemplos
de circunstancias en las que el Juez Benero García recurrió
excesivamente y de manera imprudente a la emisión de órdenes de CC-2019-0067 10
mostrar causa. En una ocasión, a pesar de conocer el conflicto de
señalamientos que tenía el Lcdo. Carlos García Morales y que este
no podía salir de la sala del Juez Toledo Reyna, el Juez Benero
García expidió una orden de mostrar causa contra el licenciado y
dispuso que se notificara personalmente. En consecuencia, la orden
se diligenció al licenciado mientras postulaba en otra sala.7
Algo similar ocurrió con el Procurador de Menores, Lcdo.
Carlos Alonso Sánchez, quien también tenía vistas simultáneas en
salas diferentes. Este acudió a la sala del Juez Benero García
para informarle al alguacil que la procuradora encargada de un
caso para el cual el Juez señaló vista ese día estaba de vacaciones
y que cualquiera de los otros dos procuradores atendería el
señalamiento. Mientras esperaba, se tuvo que excusar porque lo
procuraba otra juez y, mientras litigaba en esa sala, una
procuradora le informó que lo estaban llamando de la sala del Juez
Benero García. Sin embargo, no se le permitió salir debido a que
la vista había comenzado. Ante esta situación, el Juez Benero
García, emitió una orden de mostrar causa y ordenó su arresto,
sin considerar la razonabilidad de ese curso de acción en las
circunstancias implicadas.
De igual forma, la práctica del Juez Benero García de retener
a los abogados hasta que dispusiera de los casos que estos tuvieran
en su sala, independientemente del tiempo que ello tomara,
entorpecía los procedimientos que se tramitaban ante otros jueces.
Su comportamiento requirió la intervención de Jueces
Administradores y Coordinadores quienes sostuvieron reuniones con
7 En esta situación, el señalamiento en la sala del Juez Benero García era para una vista en sus méritos en un caso criminal. Asimismo, cabe destacar que antes de que comenzaran las vistas, el licenciado intentó remediar el conflicto entre ambos señalamientos. CC-2019-0067 11
el Juez para dialogar sobre este y otros asuntos relacionados. A
pesar de ello, este rehusó modificar su conducta, lo que sin duda
demostró su falta de colaboración y cooperación con sus compañeros
jueces y juezas en la administración de la justicia.
Cabe destacar que, la Opinión Per Curiam señala que muchos
de estos asuntos se debieron atender administrativamente. De
entrada, se debe señalar que, el hecho de que una situación se
pudo haber atendido de otra forma, no excusa las actuaciones del
juez ni lo exime de responsabilidad. Por el contrario, considerar
que los jueces podían intervenir administrativamente para atender
el comportamiento del Juez Benero García constituye, en efecto,
un reconocimiento de que había un mal manejo y una falla por parte
del querellado. Pero, además de ello, sorprende que se trate de
presentar el comportamiento del querellado como un aspecto de
índole exclusivamente administrativa cuando los hechos que se
reseñan en la Opinión Per Curiam claramente revelan que el
comportamiento del Juez Benero García ocurrió al atender
incidentes procesales ocurridos en su sala, cuyo control recae de
manera exclusiva sobre el juez que la preside. La determinación
de un juez de ordenar el arresto de un abogado que está atendiendo
asuntos ante otro juez o jueza, de amenazarlo si no está en su
sala a cierta hora, cual abusiva que sea, son determinaciones
emitidas en el contexto de controversias procesales
que, de ordinario, no se pueden dejar sin efecto
administrativamente. Más aún, la posibilidad de que un Juez
Administrador pueda o deba atender situaciones como las que
motivan la queja contra el Juez Benero García no borra los hechos
constitutivos de faltas al Código de Ética Judicial cuyo CC-2019-0067 12
procesamiento corresponde exclusivamente a la Comisión de
Disciplina Judicial y, en última instancia, a este Foro.
Como si esto fuera poco, la Comisión de Evaluación Judicial
le otorgó al Juez Benero García un “no calificado”, calificación
más baja que se le puede otorgar a un Juez, en no una, sino en
dos ocasiones, hecho que no está en controversia. Al valorar este
aspecto, la Opinión Per Curiam omite señalar que, por disposición
de ley, los documentos que forman parte del expediente de la
evaluación judicial son confidenciales. La OAT se vio en la
disyuntiva de escoger entre presentar prueba en relación al sexto
cargo, lo cual implicaba divulgar los testimonios que
funcionarios, compañeros jueces y abogados ofrecieron bajo el
manto de confidencialidad, o someter el cargo sin evidencia. Ante
el desarrollo procesal del trámite disciplinario, surge que la
OAT optó por no presentar la prueba, de manera que se salvaguardara
la garantía de confidencialidad de los procesos de evaluación,
sobre todo ante el hecho de que la calificación otorgada al Juez
Benero García no estaba en controversia.
Estas son solo una muestra de cómo las conductas que asumió
el Juez Benero García debieron activar,8 por ejemplo,
disposiciones tales como el Canon 13 que requiere que los jueces
y juezas traten “con consideración y respeto” a los abogados(as),
a testigos, jurados, funcionarias o funcionarios y a toda persona
que comparezca ante el tribunal. 4 LPRA Ap. IV-B, C. 13. En cuanto
a la conducta en los procedimientos judiciales, el Canon 14
dispone que “las juezas y los jueces mantendrán su conducta dentro
de la debida propiedad y circunspección sin mostrar impaciencia o
8 Destaco que algunos de esos incidentes que surgen de la Opinión Per Curiam contravienen otros Cánones de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B, que no se discuten en esta Opinión Disidente. CC-2019-0067 13
severidad excesivas”. 4 LPRA Ap. IV-B, C. 14. En esa medida, los
jueces deben promover la consideración y el respeto, así como
procurar un ambiente en el cual se preserve la dignidad del proceso
y de todo ser humano que comparece ante el tribunal. Al no hacerlo,
se hace caso omiso al llamado a los jueces y juezas a mantener el
temperamento judicial y a no actuar ensoberbecidos de poder. In
re Sierra Enríquez, 185 DPR 830, 859 (2012). Conviene mencionar
que “[l]a codificación de las normas éticas, que rigen la conducta
de un juez, es resultado consecuente con la aspiración de que los
juzgadores lleven una conducta ejemplar que esté a la altura de
la función que desempeñan”. In re González Acevedo, 165 DPR 81,
93 (2005).
Queda claro, pues, que el marco legal disponible regula por
demás las situaciones como las que reseña la Opinión Per Curiam,
las cuales denotan una falta de cooperación y colaboración
profesional que también contravienen al Canon 6 de Ética Judicial,
4 LPRA Ap. IV-B, C. 6.
En particular, dicho precepto ético dispone que “[l]as juezas
y los jueces cooperarán entre sí para lograr la más eficiente
administración de la justicia. Su conducta estará enmarcada en el
respeto mutuo, la cordialidad y la colaboración profesional […]”.
Canon 6 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B, C. 6.
En síntesis, los incidentes que se reseñan llevan a la
conclusión inevitable de que no se podía archivar la querella. En
cambio, en cumplimiento con nuestro deber de promover la confianza
en nuestro sistema de justicia, procedía imponer una sanción al
Juez Benero García. Su comportamiento reiterado, avalado por la CC-2019-0067 14
prueba, debió ser suficiente para justificar sancionarlo.9 Al
archivar la querella en contra del Juez Benero García, no estamos
a la altura de las expectativas de la ciudadanía que nos mira, y
también nos juzga. Hoy, al mantener las manos afuera de un asunto
que requería necesariamente nuestra intervención, le decimos que
un juez puede actuar de esta forma. Lo que es más, le decimos que
podrá servirse de este Tribunal para intentar justificar lo
injustificable. Como no creo que la conducta probada en este caso
sea aceptable en nuestra Rama Judicial, disiento.
Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez Jueza Presidenta
9 Cabe mencionar que la conducta del Juez Benero García en su sala llegó al extremo de intimidar a un investigador de la Comisión de Evaluación Judicial. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re Núm. AD-2016-0001
Hon. Jaime J. Benero García
Opinión disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 1 de mayo de 2019.
Resulta inquietante la proclividad de la mayoría de mirar
para un lado a la hora de sancionar a ciertos jueces. Véase In re
González Rodríguez, 2018 TSPR 165; In re Hon. Colón Colón, 197
DPR 728 (2017); In re Hon. Carballo Nogueras, 198 DPR 739 (2017).
En más de una ocasión, ante conducta claramente despreciable y
reprochable que deshonra la toga, la mayoría opta por la “sanción”
más indulgente y lenitiva.
En esta ocasión, luego de relatar en media resma de papel
innumerables actuaciones e incidentes del Juez Benero García que
reflejan, como poco, su hiriente falta de sensibilidad para con
los marginados, los pobres y las mujeres, la mayoría archiva la
Querella. Ya no tan solo es insensible el juez, sino esta Curia,
que parece tiene dos varas para medir la conducta de los jueces.
Los jueces, todos los jueces -incluyendo a quienes nos
sentamos en esta Curia- debemos recordar que nuestra
fortaleza reside en nuestra autoridad moral. “Cuando en una
profesión fallan los principios que deben inspirar la
actuación de sus miembros, o cuando determinados
profesionales no ajustan su conducta a tales cánones, sin
que por otra parte, les sea llamada la atención en debida AD-2016-0001 2
forma por los propios órganos rectores de la profesión a que
pertenecen, el desprestigio de la profesión comienza. Si de
la profesión judicial se trata, de tanta carga en su
proyección social y humana, ese camino de deterioro puede
hacer a la sociedad víctima de las más perjudiciales
-trágicas- consecuencias”. Francisco Soto Nieto, Compromiso
de Justicia, 1977, págs. 67-68.
Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Hon. Jaime J. Benero García AD-2016-1
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.
Cónsono con lo que ha sido nuestro proceder en este
tipo de caso, y estando ante un proceso disciplinario
en extremo similar al evaluado por este Tribunal en
In re: Colón Colón, 197 DPR 728 (2017), disentimos
del curso de acción seguido por una mayoría de este
Tribunal en la causa de epígrafe. Ello, por entender
que la conducta desplegada por el juez Jaime J. Benero
García en varios procesos judiciales que presidía en
una de nuestras salas de relaciones de familia --
constitutiva de grave violación a los Cánones 1, 3,
4, 5, 6, 8, 9, 13 y 14 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap.
IV-B -- ameritaba que se le impusiera a éste las más
severas de las sanciones disciplinarias, y no el
archivo de la querella instada en su contra.
En armonía con lo señalado por la Jueza Presidenta Oronoz
Rodríguez, la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez y el
Juez Asociado señor Estrella Martínez en sus expresiones AD-2016-0001 2
disidentes, consideramos que la conducta desplegada por el
juez Benero García -- la cual se recoge con particular
precisión en la Opinión Per Curiam que hoy emite este
Tribunal, y la que estuvo carente de sentido común, respeto,
tolerancia, compasión, tacto y paciencia hacia ciertos
ciudadanos y ciudadanas que tocaron las puertas de nuestras
salas de relaciones de familia en búsqueda de justicia --
es una muestra patente de su abstracción de la sociedad en
que vive, defecto que lo torna incapaz para ejercer sus
prerrogativas judiciales. Son conductas como las
anteriormente descritas las que, sin lugar a dudas, socavan
la fe y la confianza de la ciudadanía en la Rama Judicial y
en los jueces y las juezas que la componen.
Recordemos aquí, como bien lo sentenció el Hon. Luis
Rivera Román, en su escrito El temperamento y la función
judicial, Revista Ley y Foro, Colegio de Abogados de Puerto
Rico, Vol.1 (2009), que para promover en el ciudadano y la
ciudadana fe y confianza en los tribunales se requiere que
el juez o jueza, en el desempeño de su función judicial,
refleje, entre otras cosas, las siguientes características:
(1) capacidad para lidiar, calmada y cortésmente, con abogados y fiscales, jurados, testigos, partes y funcionarios del tribunal;
(2) mente abierta para escuchar y evaluar todos los puntos de vista sin llegar a conclusiones a destiempo;
(3) serenidad y habilidad para el dialogo, pues cuando se trata de la conducta humana la certeza no es absoluta;
(4) humildad para cambiar de postura o reconsiderar cuando sea necesario; AD-2016-0001 3
(5) circunspección para leer detenidamente las circunstancias de un caso y luego adjudicarlo;
(6) previsión, es decir, conciencia del efecto que su decisión tendrá sobre otras personas o casos;
(7) ecuanimidad pero firmeza;
(8) seguridad en sus determinaciones sin creer que se tiene el monopolio de la verdad;
(9) tolerancia ante la provocación.
Como ya mencionamos, esas muestras de verdadero
emperamento judicial no estuvieron, en reiteradas ocasiones,
en nada presente en la conducta desplegada por el juez objeto
del proceso disciplinario que nos ocupa. Por ello,
disentimos.
Ángel Colón Pérez Juez Asociado AD-2016-0001 4
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2019 TSPR 82, Counsel Stack Legal Research, https://law.counselstack.com/opinion/in-re-hon-jaime-j-benero-garcia-prsupreme-2019.