EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re 2012 TSPR 99
Hon. Gloria M. Sierra Enríquez 185 DPR ____
Número del Caso: AD-2011-2
Fecha: 12 de junio de 2012
Comisión de Disciplina Judicial
Abogado de la Parte Promovente:
Lcda. Marisela Vázquez Marrero Lcdo. Felix Fumero Pugliessi
Abogado de la Parte Querellada:
Lcdo. Juan R. Acevedo Lcdo. Efraín Ruiz
Materia: Acción Disciplinaria – Suspensión de empleo y sueldo por el término de un (1) mes, por violación a los Cánones 4, 8, 9 y 14 de Ética Judicial
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Hon. Gloria M. Sierra Enríquez AD-2011-2
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 12 de junio de 2012.
En esta ocasión, debemos evaluar la conducta de
una Jueza Superior que mostró impaciencia, falta de
temperamento y severidad excesiva contra un ciudadano
por este comparecer a un procedimiento criminal en su
contra sin representación legal. Por entender que su
proceder atenta contra la fibra misma de nuestro
sistema de justicia y quebranta la confianza que debe
promover el sistema en los jueces y juezas,
suspendemos a la Hon. Gloria M. Sierra Enríquez de
empleo y sueldo por un término de un mes.
I.
La Hon. Gloria M. Sierra Enríquez juramentó como
Jueza Superior el 23 de julio de 2004. En agosto de AD-2011-2 2
2008, pasó a ocupar una posición en el Tribunal de Manatí,
que incluye presidir la Sala donde se ventilan casos
criminales menos graves. Ese mismo año, presidió el caso
Pueblo v. Héctor L. Rivera Marín, Crim. Núm. 2008-583. El Sr.
Héctor L. Virella Marín fue acusado de cometer el delito
menos grave de Intrusión a la Tranquilidad Personal, según
codificado en el artículo 189 del Código Penal de Puerto
Rico, 33 L.P.R.A. sec. 4817.1
En la denuncia presentada en contra del señor Virella
Marín, se le imputó haber cometido conducta constitutiva del
referido delito cuando alegadamente profirió a la Agente
Esther Castillo Lozano lenguaje amenazante y abusivo mediante
una llamada telefónica. El 29 de septiembre de 2008, se
determinó causa probable contra el señor Virella Marín, quien
había laborado como policía por once años, hasta que un
accidente de tránsito motivó su retiro por incapacidad.
El 3 de noviembre de 2008, se celebró el primer
señalamiento del caso en la Sala Superior de Manatí. El señor
Virella Marín compareció por derecho propio. Por su parte, la
Fiscal Jennifer Cancio expresó que el Ministerio Público
estaba preparado y que toda la prueba de cargo estaba
presente.
1 “Toda persona que por medio del teléfono, o del correo electrónico, o por cualquier otro medio profiera o escriba a otra lenguaje amenazante, abusivo, obsceno o lascivo; o que con el propósito de molestar a cualquier persona efectúe repetidamente llamadas telefónicas u ocasione que el teléfono de otra persona dé timbre repetidamente, o toda persona que autorice con conocimiento que cualquier teléfono bajo su control sea utilizado para cualquier propósito prohibido en este artículo, incurrirá en delito menos grave”. AD-2011-2 3
Al inicio de la vista, la Jueza Sierra Enríquez inquirió
al señor Virella Marín sobre su representación legal. A
continuación, transcribimos el diálogo entre ambos:
HON. JUEZ: ¿Don Héctor Virella?
SR. VIRELLA MARÍN: Servidor. Vamos a solicitar del Honorable Tribunal que se cite oficialmente a un grupo de personas como testigos de reputación y mi señor hermano que no está presente…
HON. JUEZ: ¿Usted se está representando por…
SR. VIRELLA MARÍN: Derecho propio.
HON. JUEZ: …sí mismo. ¿Por derecho propio?
SR. VIRELLA MARÍN: En este momento, sí, su señoría.
HON. JUEZ: O sea, que está renunciando a abogado. ¿Y cómo usted va a contrainterrogar y a contrainterrogarse?
SR. VIRELLA MARÍN: ¿Discúlpeme?
HON. JUEZ: ¿Usted está renunciando también a su derecho a autoincriminación?
SR. VIRELLA MARÍN: En este momento no.
[…]
HON. JUEZ: Fiscal, ¿cómo podría este señor entonces representarse a sí mismo en un caso criminal… como este?
SR. VIRELLA MARÍN: Discúlpeme. Solicitamos del tribunal que se cite oficialmente a unos testigos de reputación…
HON. JUEZ: Pues, este tribunal (…) le va a ordenar oficialmente que contrate un abogado. Que yo no veo cómo usted se pueda representar a sí mismo en un caso criminal sin que se autoincrimine (…) ¿De qué usted vive, don Héctor?
SR. VIRELLA MARÍN: En estos momentos, estoy recibiendo una compensación militar
HON. JUEZ: Por lo tanto, tiene dinero para contratar un abogado.
SR. VIRELLA MARÍN: No suficiente, Su Señoría. AD-2011-2 4
HON. JUEZ: ¿No tiene? O sea, ¿usted se reitera en que no va a contratar abogado?
SR. VIRELLA MARÍN: Puedo hacer las gestiones para un abogado en una fecha… posterior.
HON. JUEZ: Pues yo le aconsejo que lo haga. Porque va a ser so pena de desacato, entonces sería otra… otra… otro posible delito en el cual usted estuviera implicado. Y entonces, su abogado que cite a los testigos que sean.
SR. VIRELLA MARÍN: Sí, su Señoría.
Luego, la Jueza Sierra Enríquez preguntó al señor Virella
Marín los nombres de los testigos que interesaba citar para
la vista en su fondo. Además, reseñaló la vista para el 26 de
enero de 2009, a las 9:00 a.m.
Así las cosas, el 26 de noviembre de 2008, el señor
Virella Marín presentó una moción por derecho propio, en la
que solicitó al tribunal que le asignara un abogado. Expresó
que su “situación económica en este momento no es favorable
para pagar un abogado de la práctica privada”. Asimismo,
detalló que acudió a la Oficina de Servicios Legales de
Manatí y Arecibo y a las oficinas de Pro Bono, Inc. para
recibir representación legal por su condición de indigente.
Adujo que su ingreso era de novecientos sesenta y dos dólares
($962.00) mensuales para cinco dependientes. Sin embargo,
alegó que ambas entidades le informaron que no podían
representarlo por ser acusado de un delito menos grave, a AD-2011-2 5
pesar de que carecía de recursos económicos suficientes para
contratar un abogado.2
La Jueza Sierra Enríquez denegó su petición el 9 de
diciembre de 2008. Sostuvo: “Aténgase a lo dispuesto en la
vista de 24 de noviembre de 2008. Debe comparecer con abogado
a la vista”. Inconforme, el 19 de diciembre de 2008, el señor
Virella Marín presentó una segunda moción por derecho propio,
en la que solicitó las razones por las cuales su solicitud de
asignación de un abogado no fue aprobada. Ante esto, el 29 de
diciembre de 2008, la Jueza Sierra Enríquez reiteró:
“Aténgase a la minuta del 3 de noviembre de 2008”.
De la queja presentada por el señor Virella Marín surge
que, en enero de 2009, este acudió a la Oficina del Programa
de Ayuda Legal del Municipio de Manatí. Allí, entregó los
documentos que le habían requerido y la Lcda. Yaítza
Maldonado Rivera le informó que, como no había podido
entrevistar a los testigos y el caso se vería ese mismo mes,
le solicitaría al Tribunal una fecha posterior para la vista.
Llegado el 26 de enero de 2009, se celebró la segunda
vista criminal contra el señor Virella Marín, según pautada.
Comparecieron el acusado, los testigos que solicitó citar, el
Fiscal Peter Cordero en representación del Ministerio
2 La Moción por Derecho Propio dice: “por este medio solicito de Tribunal de Manatí se me acine [sic.] un abogado para el día 22 enero 2009 a las 8:30 AM ya que mi situación económica en este momento no es favorable para pagar un abogado de la práctica privada. Se hicieron gestiones en la oficina Servicio [sic.] Legales de Manatí y Arecibo y Probono indicándome soy elegible para los servicio [sic.] de abogado pero la mensualida [sic.] que recibo $962.00 para 5 persona (sic) pero que no me podían reprecental [sic.] por ser un delito meno [sic.] grave.” AD-2011-2 6
Público, la supuesta perjudicada y un testigo de la fiscalía.
La Jueza Sierra Enríquez preguntó al acusado quién era su
abogado. Él respondió que lo representaba la licenciada
Maldonado Rivera. Acto seguido, la magistrada le preguntó
dónde estaba su abogada y el acusado explicó que ella le
había informado que solicitaría al Tribunal que citara el
caso para otro día, ya que tenía un caso importante en
Arecibo. Un abogado que estaba presente en la sala confirmó
que la licenciada Maldonado Rivera estaba en Arecibo y añadió
que él la sustituyó en la mañana. Sin embargo, expresó que la
licenciada Maldonado Rivera no le habló del señor Virella
Marín.
Así las cosas, la Jueza Sierra Enríquez concedió un turno
posterior, para que el señor Virella Marín se comunicara con
la licenciada Maldonado Rivera. Más tarde, esta última hizo
una comparecencia especial y expresó que
El caballero estuvo por nuestra oficina, nosotros lo orientamos. Como es parte (…) de los trámites que hacemos (…) en la División Legal del Municipio de Manatí. Se le advirtió que el caso nosotros no lo estábamos aceptando y que tomaríamos… nosotros teníamos otro asunto en la mañana de hoy y que en caso de que lo pudiéramos representar, debido a que teníamos otros 4 asuntos en Arecibo, le orien… le diríamos y le advertimos que también buscara representación porque ya usted le había dado otra oportunidad.
Luego, la Jueza Sierra Enríquez, sin proveerle al señor
Virella Marín una oportunidad de brindar su versión sobre el
asunto, concluyó:
HON. JUEZ: Este señor no solamente ha desacatado al tribunal, sino que ha mentido ante este tribunal en el día de hoy. Así que este tribunal le impone al señor un Desacato Sumario por haberle mentido a este Tribunal frente a todas estas personas que AD-2011-2 7
están aquí presentes y haber hecho a esta abogada venir de donde estaba atendiendo otros clientes. Se le impone una multa de $500.00 por este Desacato y se le impone otro Desacato por haber venido sin abogado. Son dos desacatos. Usted tenía que haber venido aquí con abogado, lo sabía, no sabemos si por eso fue que dijo que ésta era su abogada. Así que no solamente vino sin abogado, sino que le miente al tribunal diciendo que su abogada es la licenciada Maldonado, hecho que no es cierto. Así que se le va, tiene $1,000.00 por los dos Desacatos a ser cumplidos antes de las 3:00 de la tarde del día de hoy…
(…)
Toda la prueba y son agentes del orden público que repito, han estado todo el día ausente de sus funciones, y las acusaciones que hay en su contra es en cuanto a la Agte. Esther Castillo Lozano ¿no? Y usted citó a toda esta gente, que son agentes del orden público, ¿verdad? Los citó para que perdieran su día haciéndole creer al tribunal que usted tenía abogado, ¿qué usted va a hacer ahora? ¿qué usted va a hacer ahora?
Y para mí se me hace sumamente difícil pedirle a alguno de los abogados aquí presentes que lo representen a usted, porque yo no voy a poner ningún abogado en esa situación. Más cuando usted le ha mentido al propio Tribunal.
LICENCIADA MALDONADO: Señoría, pedimos permiso para retirarnos, por favor.
HON. JUEZ: Queda excusada, licenciada. Muchas gracias por su presencia aquí y el tribunal se va a reconsiderar en cuanto a uno de los desacatos que fue el de venir sin abogado. Tiene los $500.00 pesos, pero en cuanto al otro desacato, este Tribunal tiene la potestad de imponerle cárcel, y usted lo sabe. Y yo le voy a imponer 10 días, en cuanto a haberle mentido al tribunal. Yo no sé ni qué hacer, para citar este caso nuevamente. Cuatro agentes que han perdido el día entero. ¿Usted va a conseguir abogado, señor?
HON. JUEZ: Eso mismo me dijo la última vez, y quisiera que escucháramos la grabación. Sí su Señoría, así me dijo la última vez, que iba a conseguir abogado. Si no consigue abogado tiene AD-2011-2 8
otro desacato, que lo sepa, así que él se va ingresado en el día de hoy por 10 días y tiene $500.00 de multa por el otro desacato, y vamos a señalarle la vista con suficiente antelación para que contrate abogado.
Luego, mientras coordinaban el señalamiento para la
próxima vista, la Jueza Sierra Enríquez expresó que para esa
fecha “si viene sin abogado nuevamente desacata al tribunal y
se va 10 días de nuevo” encarcelado. Esa misma tarde, la
Jueza Sierra Enríquez emitió dos órdenes declarando culpable
al señor Virella Marín del delito de Desacato Criminal. En la
orden que condenó al acusado a cumplir diez días de cárcel,
la Jueza Sierra Enríquez se fundamentó en que “le mintió al
Tribunal al informar que su abogada era la Lcda. Yaítza
Maldonado, cuando no era cierto, según confirmó la abogada”.
De la segunda orden, se desprende que la Jueza Sierra
Enríquez le impuso al acusado, quien precisamente alegaba
indigencia, una pena de “$500 de multa… o un (1) día de
cárcel por cada $50 que deja de pagar”. Se fundamentó en que
“se presentó sin abogado, habiéndosele ordenado en varias
ocasiones”.
Concluida la vista, el señor Virella Marín fue ingresado
en la Institución Correccional Guerrero en Aguadilla. Estuvo
encarcelado durante diez días y fue puesto en libertad el 5
de febrero de 2009. También pagó la multa de quinientos
dólares ($500.00). Así, cumplió la condena impuesta en su
totalidad.
Cinco días después de recobrar su libertad, la
Administración del Seguro Social le envió una carta
informándole que le suspendería los beneficios de Seguro AD-2011-2 9
Social debido a que advino en conocimiento de que el señor
Virella Marín estaba “encarcelado por la sentencia de un
crimen”.
Posteriormente, se celebró la tercera vista contra el
señor Virella Marín, quien compareció representado por el
Lcdo. Paolo J. Pérez Román. Este último solicitó el traslado
del caso ante otro magistrado, pues entendía que se había
mancillado la credibilidad de su cliente por el incidente del
desacato. Así pues, la Jueza Sierra Enríquez ordenó el
traslado del caso y del expediente al Tribunal de Primera
Instancia, Sala de Ciales.
La cuarta vista para atender el caso se celebró el 1 de
abril de 2009 en la sala mencionada. Fue presidida por la
Hon. Eugenia M. Cruz Sánchez, Jueza Superior de la Región
Judicial de Arecibo, quien resolvió rápidamente el caso
cuando la agente Castillo Lozano aceptó las disculpas del
señor Virella Marín y le extendió la mano. Ello, previo a
iniciarse el desfile de prueba. De esta manera, la Jueza Cruz
Sánchez emitió una sentencia en la que ordenó el archivo y
sobreseimiento del caso, a petición del Ministerio Público,
en virtud de la Regla 247(A) de Procedimiento Criminal, 34
L.P.R.A. Ap. II.
Finalmente, el 4 de marzo de 2009, el señor Virella Marín
presentó una queja juramentada contra la Jueza Sierra
Enríquez, para reclamar las razones por las cuales no le
asignó un abogado de oficio, a pesar de sus solicitudes por
escrito, en violación de sus derechos civiles y
constitucionales. Además, solicitó una investigación, AD-2011-2 10
alegando que la Jueza Sierra Enríquez le violó su dignidad
como ser humano. Expresó que quería evitar que otro ciudadano
pase por la experiencia desagradable de que sus familiares e
hijos presencien cómo es llevado a la cárcel esposado de pies
y manos como un criminal.
Luego de la investigación correspondiente, la Oficina de
Administración de los Tribunales (OAT) sometió ante la
Comisión de Disciplina Judicial el Informe de Investigación,
con su Apéndice, para la determinación de existencia o
inexistencia de causa probable para continuar el
procedimiento disciplinario.
Oportunamente, el Comisionado Asociado, Lcdo. Ángel F.
Rossy, determinó causa probable para la presentación de una
querella, por violación a los Cánones 4, 8, 9 y 14 de Ética
Judicial. Así pues, el 2 de junio de 2011, la Comisión emitió
y notificó una Resolución mediante la cual instruyó a la OAT
a formular una Querella contra la Jueza Sierra Enríquez.
Consecuentemente, la OAT presentó la querella
correspondiente y formuló tres cargos contra la Jueza Sierra
Enríquez. En el primer cargo, se le imputó a la querellada
violar los Cánones 4 y 8 de Ética Judicial. Ello, por ignorar
el Reglamento para la Asignación de Abogados(as) de Oficio en
Procedimientos de Naturaleza Penal y desatender los reclamos
del acusado para que se le asignara representación legal de
oficio, toda vez que alegaba ser indigente. Asimismo, se le
imputa violar los derechos constitucionales del señor Virella
Marín, vulnerar el debido proceso de ley e infringir su deber AD-2011-2 11
ético de ser cuidadosa y rigurosa en el estudio y aplicación
del derecho.
En el segundo cargo, se le imputó a la Jueza Sierra
Enríquez violar los Cánones 8 y 9 de Ética Judicial, al no
brindarle al señor Virella Marín la oportunidad de rebatir la
declaración ambigua de la licenciada Maldonado Rivera de que
ella no era su abogada. La OAT encontró que, de las
expresiones de la abogada, surgían elementos que sugerían la
posibilidad de que ella pudo haberle creado expectativas al
señor Virella Marín de que lo representaría. Según la OAT, el
proceder de la querellada constituyó conducta impropia, en
perjuicio y total menoscabo de los derechos del quejoso.
En el tercer cargo, se le imputó a la querellada infringir
el Canon 14 de Ética Judicial, al abusar de su discreción y
aplicar severidad excesiva a los hechos de este caso, en
violación a los derechos fundamentales del señor Virella
Marín. La OAT encontró que, al imponer los dos desacatos al
acusado, la Jueza Sierra Enríquez fue parcial, mostró
impaciencia y severidad excesiva, y no mantuvo su conducta
dentro de la debida propiedad y circunspección.
Por su parte, la Jueza Sierra Enríquez presentó su
contestación a la querella. En esencia, negó los cargos que
se le imputan. En particular, invoca como defensa su buena
reputación entre quienes asisten a su sala. También, alega
que sus acciones constituyen, a lo sumo, un error de hechos o
derecho en el desempeño de sus funciones judiciales, lo cual
no constituye causa para disciplinarla. Asimismo, argumenta
que no estaba obligada a determinar la indigencia del señor AD-2011-2 12
Virella Marín y asignarle abogado de oficio. Incluso,
justifica que, para el momento de los hechos, no existía una
lista para la designación de abogado de oficio en delitos
menos graves para el Tribunal de Manatí. Además, alega que el
señor Virella Marín no invocó expresa e inequívocamente el
derecho a auto-representarse y que el querellante no era
indigente, a base de la totalidad de las circunstancias que
la querellada tuvo ante sí. Igualmente, aduce que la
imposición de una pena desproporcionada a los hechos
delictivos o reñidos por la Ley o la Constitución no
constituye necesariamente conducta antiética. También, señala
que se trata de un acto aislado que no refleja una conducta
intencional en abierto desafío al estado de derecho vigente.
Posteriormente, ambas partes presentaron un acuerdo de
estipulación de hechos y de documentos. En este, la Jueza
Sierra Enríquez aceptó que sus actuaciones ameritaban una
amonestación.
Después de recibir dicho acuerdo, la Comisión de
Disciplina Judicial celebró una vista evidenciaria, en la que
se admitió y marcó la evidencia documental estipulada. Por su
parte, la OAT se reafirmó en su posición de que la querellada
infringió los Cánones 4, 8, 9 y 14 de Ética Judicial, 4
L.P.R.A. Ap. IV-B. Sin embargo, la Jueza Sierra Enríquez
sostuvo que solamente violó el Canon 4 “a los efectos de que
no se interpretaron correctamente los reglamentos de la Rama
Judicial”. La Comisión aceptó resolver el caso por el
expediente pero se reservó el derecho a aceptar o no el
acuerdo sobre que la medida disciplinaria a imponerse fuera AD-2011-2 13
una amonestación. Además, concedió a las partes un término
para que presentaran por escrito su posición en cuanto a los
cánones infringidos.
Finalmente, la Comisión de Disciplina Judicial concluyó
que existe prueba clara, robusta y convincente de que la
Jueza Sierra Enríquez en efecto cometió todos los cargos
imputados, al violar los Cánones 4, 8, 9 y 14 de Ética
Judicial. Detalló que la Jueza Sierra Enríquez admitió haber
violado el Canon 4 de Ética Judicial por su incumplimiento
con el procedimiento reglamentario de asignación de abogados
de oficio. Además, sostuvo que la querellada violó el Canon 8
cuando disuadió al señor Virella Marín de ejercer su derecho
a comparecer por derecho propio, basándose en un
desconocimiento elemental del procedimiento criminal.
De la misma forma, luego de señalar que la querellada no
escuchó la posición del señor Virella Marín antes de
imponerle el desacato, la Comisión determinó que la
querellada violó el Canon 8 al no ejercer “la diligencia
orientada hacia el empeño de descubrir los hechos esenciales
de cada controversia” y que además violó el Canon 9 al no
conceder al querellante “la oportunidad de ser oído” y, por
ende, el derecho constitucional a un debido procedimiento de
ley.
Respecto a la imposición de ambos desacatos, la Comisión
concluyó que la Jueza Sierra Enríquez violó el Canon 14 al
utilizar una severidad excesiva y permitir que el reclamo del
querellante de su derecho constitucional y estatutario a un
abogado influyera negativamente en su determinación judicial. AD-2011-2 14
En cuanto a la sanción a imponerle a la querellada, la
Comisión señaló que las estipulaciones entre las partes no
obligan al tribunal. Por ello, sugirió que impongamos a la
Jueza Sierra Enríquez
una sanción más severa y contundente. La misma enviará un mensaje prístino e inequívoco de que es inaceptable, más que obviar la aplicación de un reglamento administrativo, violentar el debido proceso de ley de un ciudadano y condenarlo a la cárcel irreflexivamente. Entendemos que la violación del primer cargo por sí sola amerita una amonestación. No obstante, en este caso concluimos que existe prueba clara, robusta y convincente de que la querellada violó todos los cargos imputados. Por tanto, recomendamos que este Honorable Foro Judicial imponga a la Jueza Sierra una suspensión de empleo y sueldo por el término que consideren prudente. Informe de la Comisión, págs. 27-28. (Énfasis en el original).
Inconforme con dicha recomendación, la Jueza Sierra
Enríquez presentó ante nos un escrito titulado “Comparecencia
de la querellada Hon. Jueza Gloria M. Sierra Enríquez
solicitando revisión Informe Comisión Disciplina Judicial”,
en el que reafirmó las alegaciones que hizo en su
contestación a la querella.
Luego de evaluar detenidamente el Informe rendido por la
Comisión de Disciplina, escuchar el audio de las vistas
judiciales en controversia y de considerar la prueba
pertinente, las alegaciones de la Jueza Sierra Enríquez y el
derecho aplicable, estamos en posición de resolver.
II.
A. Debido proceso de ley y el derecho a asistencia de abogado
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
dispone que ninguna persona será privada de su libertad o AD-2011-2 15
propiedad sin debido proceso de ley. Art. II Sec. 7 Const.
E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. Asimismo, nuestra Constitución
garantiza a los acusados tener la asistencia de un abogado en
todos los procesos criminales. Art. II Sec. 11 Const. E.L.A.,
L.P.R.A., Tomo 1. La Enmienda Sexta de la Constitución de
Estados Unidos también garantiza lo anterior. Enmda. VI,
Const. E.E. U.U. L.P.R.A., Tomo 1.
Para cumplir este mandato constitucional, el 1 de
septiembre de 2008, entró en vigor el Reglamento para la
Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio en Procedimientos
de Naturaleza Penal. In re: Aprobación del nuevo Reglamento
para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio en
Procedimientos de Naturaleza Penal, 173 D.P.R. 653 (2008).
Este tiene como objetivo brindar representación legal a los
imputados indigentes que no puedan ser representados por la
Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) u otra entidad
análoga. Íd. La determinación inicial sobre la indigencia la
realizará la SAL o la entidad análoga. Íd. En aquellos casos
donde no se haya evaluado la capacidad económica de una
persona imputada de delito que alega indigencia, el tribunal
la referirá a la SAL o a la entidad análoga correspondiente.
Íd. De no ser posible lo anterior, el tribunal realizará la
determinación de indigencia a la luz de los criterios que
establezca el Director o Directora de la OAT. Íd.
Por otro lado, nuestro ordenamiento jurídico también
reconoce el derecho a renunciar a la asistencia de abogado y
comparecer por derecho propio ante un tribunal, mediante la
auto-representación. Pueblo v. Cruzado Laureano, 161 D.P.R. AD-2011-2 16
840, 844-847 (2004); Lizarribar v. Martínez Gelpí, 121 D.P.R.
770, 784 (1998). Véase, además: Faretta v. California, 422
U.S. 806, 818 (1975). Sin embargo, este derecho no es
absoluto. Pueblo v. Cruzado Laureano, supra, pág. 846;
Lizarribar v. Martínez Gelpí, supra, pág. 777. Para evaluar
si procede que una persona comparezca por derecho propio,
hemos establecido los siguientes criterios:
(a) la representación, como regla general, no puede ser híbrida, esto es, no debe estar representado por abogado y a la misma vez representarse por derecho propio; (b) la decisión tiene que haber sido tomada voluntariamente, de manera inteligente y con pleno conocimiento de causa; (c) tiene que hacerse mediante solicitud expresa (inequívoca) al tribunal; (d) debe ser formulada oportunamente, pues mientras más adelantado el proceso, mayor la discreción del juez para denegarla; (e) se tomará, además, en consideración la demora o interrupción de los procedimientos y su efecto sobre la adecuada administración de la justicia; (f) deberá atender asimismo el tribunal al factor de la calidad de la representación que la parte habrá de ser capaz de procurarse, así como la complejidad de la controversia a adjudicarse; (g) la parte o el acusado tendrá el deber de cumplir esencialmente con las reglas procesales y el derecho sustantivo aplicable, aunque no se requerirá un conocimiento técnico de los mismos; (h) no está obligado el magistrado a ilustrar a quien opte por tal derecho acerca de esas leyes o reglas; (i) el magistrado tampoco viene obligado a nombrarle abogados asesores durante el proceso; (j) el magistrado no tiene el deber de inquirir respecto a las razones por las cuales ha elegido la representación por derecho propio, aunque en los casos que estime conveniente podría así hacerlo, y (k) finalmente, el magistrado tampoco tiene la obligación de informar al acusado o a las partes de su derecho a la autorrepresentación. Pueblo v. Cruzado Laureano, supra, págs. 846-847; In re Scherrer Caillet-Bois, 162 D.P.R. 842 (2004).
B. El Desacato
El desacato es un procedimiento sui generis que exige la
inmediata intervención del tribunal. In re Cruz Aponte, 159 AD-2011-2 17
D.P.R. 170, 182 (2003); Pueblo v. Torres, 56 D.P.R. 605, 623
(1940). Existen dos tipos de desacato: el civil y el
criminal. Pueblo v. Vega, Jiménez, 121 D.P.R. 282, 290
(1988). El desacato civil tiene un propósito reparador:
inducir a alguien a cumplir con una obligación. Íd.,pág. 299,
citando a Shillitani v. United States, 384 U.S. 364 (1966).
Por otra parte, el desacato criminal tiene como objetivo
vindicar la autoridad del tribunal. Íd., citando a States v.
Mine Workers, 330 U.S. 258 (1947); In re Cruz Aponte, supra,
pág. 182. En particular, hemos expresado que la conducta
meritoria de la imposición de un desacato criminal es aquella
que interrumpa los procedimientos llevados a cabo en el foro
judicial y menoscabe el respeto debido al tribunal. Pueblo v.
Lamberty, 112 D.P.R. 79, 82 (1982); Dubón v. Casanova, 65
D.P.R. 835, 844-845 (1945). En el caso de desobedecer alguna
orden del Tribunal, será necesario que el Estado demuestre la
intención del acusado de desobedecer el mandamiento. Pueblo
v. Concepción Fonseca, 104 D.P.R. 357 (1973).
En lo pertinente al caso ante nos, la penalidad por un
desacato criminal podrá ser un término fijo de encarcelación
o una multa fija, independientemente del cumplimiento o
incumplimiento con la orden original. E.L.A. v. Asoc. de
Auditores, 147 D.P.R. 669, 685 (1999); Pérez v. Espinosa, 75
D.P.R. 777, 781 (1954).
El procedimiento a seguir para la imposición de este
desacato está decretado en la Regla 242 de Procedimiento
Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, la cual dispone lo siguiente: AD-2011-2 18
(a) Procedimiento sumario. El desacato criminal podrá castigarse en forma sumaria siempre que el juez certifique que vio u oyó la conducta constitutiva de desacato, y que se cometió en presencia del tribunal. La orden condenando por desacato expondrá los hechos y será firmada por el juez, dejándose constancia de ella en las minutas del tribunal.
(b) Procedimiento ordinario. Salvo lo provisto en el inciso (a) de esta regla, en todo caso de desacato criminal se le dará al acusado previo aviso la oportunidad de ser oído. El aviso expondrá el sitio, hora y fecha de la vista, concederá al acusado un tiempo razonable para preparar su defensa, hará saber al acusado que se le imputa un desacato criminal y expondrá los hechos esenciales constitutivos del mismo. El acusado tendrá derecho a su libertad provisional bajo fianza de acuerdo con las disposiciones de estas reglas. Si el desacato se fundara en actos o conducta irrespetuosa hacia un juez, éste no podrá conocer de la causa excepto con el consentimiento del acusado.
Por nuestra parte, hemos sostenido que “los jueces deben
utilizar el desacato como última alternativa para vindicar la
dignidad del tribunal, debido a que el uso indiscriminado de
este instrumento equivaldría a una falta de temperamento
judicial”. In re Cruz Aponte, supra, pág. 181. De hecho,
hemos sido categóricos al reiterar que el desacato no puede
convertirse en un instrumento de opresión que destruya el
propio orden e integridad del proceso que la ley quiso
mantener. Íd., pág. 185; Pueblo v. Susoni, 81 D.P.R. 124,
157-158 (1959).
En circunstancias extremas, la imposición de un desacato
podría considerarse como una violación al Código de Ética
Judicial que amerite la imposición de sanciones
disciplinarias. In re Díaz García, 158 D.P.R. 549, 559
(2003). Para que se justifique la destitución de un juez que AD-2011-2 19
incurre en este tipo de errores, tiene que demostrarse que el
error cometido constituyó un abuso intencional de la
discreción judicial o que su magnitud demuestra un
favoritismo o una conducta impropia hacia alguna parte. In re
Jackson Sanabria, 97 D.P.R. 1 (1969).
Debe quedar claro que no se puede invocar nuestra
jurisdicción disciplinaria para que pasemos juicio sobre un
dictamen judicial, en sustitución de los mecanismos de
revisión que nuestro ordenamiento jurídico provee. Por ello,
en respeto a la independencia de nuestros jueces y juezas
para decidir, enmendamos recientemente la Regla 3 de
Disciplina Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. XV-B, para consignar que
“no será investigada aquella queja o solicitud de separación
que… (b) pretenda intervenir impropiamente con
determinaciones judiciales…”. Véase In re Emda. R. 3
Disciplina Judicial, 182 D.P.R. 533, 537 (2011).
Ahora bien, la misma Regla 3 de Disciplina Judicial,
supra, señala que podemos disciplinar a un juez o una jueza
por “(a) violación a la ley, a los Cánones de Ética Judicial,
el Código de Ética Profesional, a las órdenes y normas
administrativas aplicables [y] por negligencia crasa,
inhabilidad o incompetencia profesional manifiesta en sus
deberes judiciales…”. Al respecto, hemos señalado que “las
motivaciones indebidas y antiéticas que causen la demora en
el trámite de uno o más casos…” puede dar lugar a sanciones
disciplinarias contra un juez o una jueza. In re Pagani
Padró, 181 D.P.R. 517, 530 (2011). También procede el
ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria si se AD-2011-2 20
demuestra “un patrón de incompetencia manifiesta del juez o
de la jueza en el desempeño de sus funciones judiciales”. Íd.
C. Cánones de Ética Judicial
Nuestra Constitución confiere autoridad a esta Alta Curia
para llevar a cabo los procedimientos disciplinarios
relacionados con los jueces y juezas del Tribunal de Primera
Instancia y el Tribunal de Apelaciones. Art. V Sec. 11 Const.
E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. A esos efectos, aprobamos los
Cánones de Ética Judicial. 4 L.P.R.A. Ap. IV-B. Estos imponen
a los jueces una serie de deberes, con el fin de promover la
confianza del Pueblo en nuestro sistema judicial y mantener
la fe de la ciudadanía en la justicia. In re: Pedro Claverol
Siaca, 175 D.P.R. 177, 188 (2009); In re González Acevedo,
165 D.P.R. 81, 91-93 (2005). A la Jueza Sierra Enríquez se le
imputa haber violado los Cánones 4, 8, 9 y 14 de Ética
Judicial. Veamos qué disponen.
El Canon 4 de Ética Judicial impone a los jueces y juezas
las siguientes obligaciones administrativas:
Las juezas y los jueces cumplirán cuidadosa y diligentemente las obligaciones administrativas que les imponen las leyes y los reglamentos aplicables a la Rama Judicial. También cumplirán diligentemente las normas y órdenes administrativas pertinentes de la Oficina de Administración de los Tribunales. 4 L.P.R.A. Ap. IV-B, C. 4.
Más adelante, el Canon 8 del mismo cuerpo legal atiende el
desempeño de los jueces y juezas en sus funciones
adjudicativas. En lo pertinente, establece lo siguiente:
Para el cabal desempeño de sus funciones, las juezas y los jueces serán laboriosos, prudentes, serenos e imparciales. Realizarán sus funciones judiciales de forma independiente, partiendo de una comprensión cuidadosa y consciente de la ley, libre AD-2011-2 21
de cualquier influencia ajena, de instigaciones, presiones, amenazas o interferencias, ya sean directas o indirectas, provenientes de cualquier fuente o por cualquier razón. Enmarcarán sus funciones adjudicativas en el estudio del Derecho y en la diligencia orientada hacia el empeño de descubrir los hechos esenciales de cada controversia. 4 L.P.R.A. Ap. IV-B, C. 8.
Al respecto, hemos expresado que esta norma disciplinaria
busca evitar que los jueces o las juezas tomen decisiones
“ensoberbecidos por el poder”. In re Cruz Aponte, supra.
Asimismo, como puede apreciarse, este Canon impone a los
magistrados y magistradas la obligación de mantenerse al día
en el estudio del derecho. También, este Canon les ordena que
sean diligentes en descubrir todos los hechos esenciales de
cada controversia.
Con relación a lo anterior, el Canon 9 de Ética Judicial
dictamina, en lo pertinente, que
Las juezas y los jueces concederán a toda persona que tenga interés en un procedimiento o la abogada o al abogado de dicha persona el derecho a ser oída conforme lo dispone la ley. En el cumplimiento de este deber, resolverán cada controversia fundamentándose en su propia evaluación de la prueba presentada. Los jueces y las juezas no permitirán que el reclamo por las partes de sus derechos constitucionales y estatutarios influya negativamente al hacer sus determinaciones judiciales. 4 L.P.R.A. Ap. IV-B, C. 9.
En los comentarios de esta norma ético-disciplinaria,
expresamos que el reconocimiento del derecho de la persona a
ser oída enfatiza la importancia de que los magistrados y
magistradas garanticen el debido proceso en el desempeño de
la función adjudicativa. Así pues, las juezas o los jueces
que penalizan a una parte por el hecho de que esté reclamando
aquello a lo que cree que legítimamente tiene derecho, actúan AD-2011-2 22
ilícitamente, proyectan falta de imparcialidad y podrían
estar incurriendo en conducta antiética. In re Díaz García,
158 D.P.R. 549, 557-558 (2003). Particularmente, para que un
error de hecho o de derecho configure una conducta antiética
violatoria de este Canon 9, se requiere probar que el error
cometido constituyó un abuso intencional de la discreción
judicial, o que fue de tal magnitud que reflejó conducta
impropia o favoritismo. Íd.
Por último, el Canon 14 de Ética Judicial, sobre conducta
en los procedimientos judiciales, establece:
En el curso de los procedimientos judiciales, las juezas y los jueces mantendrán su conducta dentro de la debida propiedad y circunspección sin mostrar impaciencia o severidad excesivas. Tampoco harán comentarios ni gestos ajenos al proceso judicial, entendiéndose comprendidos dentro de esta prohibición, aquellos comentarios, expresiones o gestos que envuelvan burla o mofa. No ridiculizarán de modo alguno a abogadas, abogados, partes, testigos, funcionarias o funcionarios del tribunal ni a otras personas que acudan ante el tribunal.
Las juezas y los jueces dirigirán los trabajos del tribunal con orden y decoro, y evitarán todo proceder que pueda afectar la dignidad y el respeto debido al tribunal. Intervendrán para impedir cualquier conducta impropia de las partes, las abogadas y los abogados o cualquier otra persona, y tomarán las acciones que procedan de acuerdo con la ley, los Cánones del Código de Ética Profesional y las mejores tradiciones del sistema judicial.
En cuanto al aspecto procesal de los procesos
disciplinarios, la Regla 14 de nuestro Reglamento, 2011
T.S.P.R. 174, 183 D.P.R. ___ (2011), provee para la
designación de un Comisionado Especial que celebre una vista
para recibir la prueba. Asimismo, la Regla 12 de Disciplina
Judicial dispone para la creación de una Comisión de
Disciplina Judicial para que auxilie al Tribunal en el AD-2011-2 23
ejercicio de su responsabilidad en asuntos de disciplina de
Jueces o Juezas. In re Aprobación Reglas, 164 D.P.R. 137, 147
(2005).
Reiteradamente, hemos sostenido que las determinaciones de
hecho que un Comisionado haga en un procedimiento
disciplinario merecen nuestra deferencia. In re Ruiz Rivera,
168 D.P.R. 246, 278 (2006); In re Saavedra Serrano, 165
D.P.R. 817, 829 (2005). Así pues, hemos expresado que este
Tribunal no alterará las determinaciones de hecho de la
Comisión, a no ser que medie pasión, prejuicio, parcialidad o
error manifiesto en su apreciación de la prueba. Íd. Por otra
parte, no estamos obligados a aceptar las recomendaciones del
Comisionado Especial sobre la querella disciplinaria. In re
Muñoz, Morell, 182 D.P.R. 738, 749-750 (2011); In re
Maldonado Torres, 152 D.P.R. 858, 869 (2000).
Cabe señalar además que, para imponer sanciones
disciplinarias, nuestro ordenamiento ético disciplinario
requiere que haya prueba clara, robusta y convincente de que
hubo violaciones éticas. In re Muñoz, Morell, supra; In re
Caratini Alvarado, 153 D.P.R. 575, 585 (2001).
III.
En el primer cargo, se le imputa a la Jueza Sierra
Enríquez disuadir al señor Virella Marín a auto-
representarse, y desatender los reclamos de este para que se
le asignara representación legal de oficio. Además, se le
imputa hacer total abstracción del Reglamento para la
Asignación de Abogados (as) de Oficio de Procedimientos de
Naturaleza Penal, lo que violó los derechos constitucionales AD-2011-2 24
del querellante y vulneró su debido proceso de ley. Asimismo,
se le imputa incumplir su deber ético de ser cuidadosa y
rigurosa en el estudio y aplicación del derecho. Por todo lo
anterior, la Comisión de Disciplina Judicial encontró que la
querellada infringió los Cánones 4 y 8 de Ética Judicial.
La Jueza Sierra Enríquez admitió haber violado el Canon 4
al incumplir con el procedimiento reglamentario de asignación
de abogados de oficio. Por consiguiente, no analizaremos su
cumplimiento con las disposiciones del Reglamento para la
Naturaleza Penal.
Por otro lado, la querellada no admitió haber violado el
Canon 8, que impone el deber de ser rigurosa en el estudio y
aplicación del derecho. De un análisis de los hechos de este
caso, se desprende que la Jueza Sierra Enríquez desconocía
aspectos elementales del procedimiento criminal. En la
primera vista en contra del señor Virella Marín, la
querellada le cuestionó si por el hecho de comparecer por
derecho propio estaba renunciando a abogado y al derecho
contra la auto-incriminación. Asimismo, le cuestionó al señor
Virella Marín cómo iba a contrainterrogar y a
contrainterrogarse. Incluso, la Jueza Sierra Enríquez le
preguntó a la Fiscal Cancio “¿cómo podría este señor entonces
representarse a sí mismo en un caso criminal… como este?”
Luego, se dirigió al señor Virella Marín y expresó: “no veo
cómo usted se pueda representar a sí mismo en un caso
criminal sin que se autoincrimine”. AD-2011-2 25
En el segundo cargo, se le imputa a la querellada
menoscabar los derechos del querellante al no darle la
oportunidad de explicar o rebatir lo expresado por la
licenciada Maldonado Rivera de que ella no era su abogada.
Por ello, se le imputa haber violado los Cánones 8 y 9 de
Ética Judicial. Estos exigen al juez o jueza que ejerza
“diligencia orientada hacia el empeño de descubrir los hechos
esenciales de cada controversia”, Canon 8, supra, y conceder
a toda persona “el derecho a ser oída”. Canon 9, supra.
De la transcripción de la segunda vista celebrada contra
el señor Virella Marín, surge que este sostuvo que la
licenciada Maldonado Rivera era su representante legal, que
ella no estaba presente, pero que ella le había informado que
solicitaría que se citara el caso para una fecha posterior.
Luego, la licenciada Maldonado Rivera hizo una comparecencia
especial ante el Tribunal en la que confirmó que el
querellante estuvo por su oficina y que lo orientó como parte
de los servicios brindados en la División Legal del Municipio
de Manatí. Acto seguido, dijo lo siguiente:
Se le advirtió que el caso nosotros no lo estábamos aceptando y que tomaríamos… nosotros teníamos otro asunto en la mañana de hoy y que en caso de que lo pudiéramos representar, debido a que teníamos otros 4 asuntos en Arecibo, le orien… le diríamos y le advertimos que también buscara representación porque ya usted le había dado otra oportunidad.
A pesar de la ambigüedad de las expresiones antes citadas,
la Jueza Sierra Enríquez procedió inmediatamente a concluir
que el señor Virella Marín había mentido. Así pues, le impuso AD-2011-2 26
pena por desacato, sin brindarle la oportunidad de expresar
su versión al respecto.
Tal y como lo concluyó la Comisión de Disciplina Judicial,
el expediente demuestra que pudo haber surgido un error en la
comunicación entre el señor Virella Marín y la licenciada
Maldonado Rivera que produjera una confusión de buena fe
sobre si esta última asumiría la representación legal del
entonces acusado o no. Así pues, ante los hechos de este
caso, la Jueza Sierra Enríquez debió brindarle al señor
Virella Marín la oportunidad de reaccionar a lo expresado por
la abogada, para entonces evaluar ambas posiciones y
adjudicar. En cambio, la querellada procedió a concluir que
el señor Virella Marín mentía y actuó airadamente, sin mayor
reflexión al respecto.
En el tercer cargo, se le imputa a la Jueza Sierra
Enríquez mostrar impaciencia y severidad excesiva contra el
querellante, en violación a los derechos fundamentales de
este. Ello, en contravención del Canon 14 de Ética Judicial.
Al examinar la transcripción de los procedimientos que
dieron origen a la querella ante nos, surge que la Jueza
Sierra Enríquez actuó de forma atropelladora contra el señor
Virella Marín. Desde el inicio de la primera vista celebrada
el 3 de noviembre de 2008, este se dirigió respetuosamente a
la Jueza Sierra Enríquez para solicitar la citación de varios
testigos. En cambio, la querellada lo interrumpió para
indagar sobre quién lo estaba representando. Al acusado
responder que comparecía por derecho propio, la magistrada le AD-2011-2 27
impidió auto-representarse, bajo la premisa errada de que no
podía hacerlo sin auto-incriminarse.
Luego, la Jueza Sierra Enríquez le preguntó al señor
Virella Marín de qué vivía, a lo que este respondió que
recibía una compensación militar. Con esta mínima
información, la jueza querellada concluyó inmediatamente que
el entonces acusado tenía dinero suficiente para contratar un
abogado. Ello, sin preguntar sobre la cantidad de la
compensación, ni la cantidad de dependientes que este
mantenía. Es decir, la Jueza Sierra Enríquez no indagó ni
llevó a cabo examen alguno sobre la alegación de indigencia
del querellante. Al enfrentarse a la inferencia equivocada de
la magistrada, el señor Virella Marín intentó aclarar que no
tenía dinero suficiente para contratar representación legal.
Sin embargo, la jueza querellada procedió a cambiarle la
premisa, indicando: “¿no tiene? O sea usted se reitera que no
va a contratar abogado”.
Ante estas insinuaciones de la jueza querellada sobre su
capacidad económica y la falta de representación legal, el
señor Virella Marín optó finalmente por expresar que
realizaría los trámites para conseguir un abogado. Además, la
Jueza Sierra Enríquez advirtió que tenía que cumplir con lo
anterior “so pena de desacato”.
Días después, el señor Virella Marín presentó una moción
por derecho propio solicitando al tribunal que le asignaran
un abogado ya que su situación económica no le permitía
contratar un abogado de la práctica privada. En esta, detalló
que había hecho gestiones para recibir representación legal AD-2011-2 28
por su condición de indigente pero estas habían sido
infructuosas. En específico, señaló que acudió a la Oficina
de Servicios Legales de Manatí y Arecibo y a las oficinas Pro
Bono. Incluso, detalló que recibía una mensualidad de $962.00
y que tenía cinco dependientes. Sin embargo, la jueza
querellada denegó de plano esta solicitud, sin realizar
evaluación alguna sobre la alegación de indigencia del señor
Virella Marín y sin atender su invocación del derecho
constitucional a que se le asignara un abogado.
Diez días después de esta denegatoria, el señor Virella
Marín presentó diligentemente una segunda moción por derecho
propio, en la cual solicitó las razones por las cuales no fue
aprobada su solicitud de asignación de un abogado. La Jueza
Sierra Enríquez denegó nuevamente su moción.
Como puede apreciarse, mediante estas dos mociones, el
señor Virella Marín puso en posición a la Jueza Sierra
Enríquez para realizar una determinación informada sobre si
este tenía capacidad económica para contratar representación
legal. Además, demostró las gestiones afirmativas que había
realizado para cumplir con el mandato de la jueza querellada.
Sin embargo, la magistrada ignoró las alegaciones de
indigencia del señor Virella Marín y su invocación del
derecho constitucional de que se le asignara un abogado.
Llegado el día de la segunda vista, el señor Virella Marín
alegó estar representado por la licenciada Maldonado Rivera.
Sin embargo, esta última negó ser su abogada mediante
explicaciones ambiguas. Ante esto, la Jueza Sierra Enríquez
no se preocupó por escuchar la versión del acusado sobre el AD-2011-2 29
asunto, a pesar de que lo que este había expresado sobre el
motivo de la ausencia de la licenciada Maldonado Rivera en la
mañana fue consistente con las explicaciones brindadas por el
abogado que la sustituyó y por ella. De esta manera, la
querellada adjudicó el asunto sin evaluar la posición de
ambas partes.
Peor aun, a pesar de que otros abogados estaban presentes
en la Sala por lo que pudieron haber sido asignados para
representar en ese momento al señor Virella Marín, la jueza
querellada se negó expresamente a hacerlo.
Luego de este proceder atropellador, la Jueza Sierra
Enríquez emitió una orden de desacato contra el señor Virella
Marín por este supuestamente haber mentido al tribunal.
Originalmente, la penalidad consistía en una multa económica.
Apenas unos minutos después, la querellada reconsideró motu
proprio su decisión y aumentó la pena condenando al señor
Virella Marín a diez días de cárcel. Además, le advirtió que
si no comparecía a la próxima vista representado por un
abogado, volvería a ordenar su encarcelamiento por otros diez
días.
Asimismo, la Jueza Sierra Enríquez emitió otra orden de
desacato sumario contra el querellante, por este haber
comparecido sin representación legal. Esto, a pesar de que el
señor Virella Marín había demostrado sus múltiples
diligencias para acatar la orden del Tribunal. La penalidad
consistió en una multa de quinientos dólares ($500.00) o un
día de cárcel por cada cincuenta dólares ($50.00) que dejara
de pagar. Ello pudo haber conllevado una condena de diez días AD-2011-2 30
adicionales en la cárcel. La jueza querellada impuso este
desacato sin asignarle algún abogado en sala para que
defendiera al señor Virella Marín en cuanto a esta decisión.
Respecto a su encarcelamiento, el señor Virella Marín
alegó en su queja juramentada que sintió temor por su
seguridad mientras estuvo preso, pues fue identificado como
ex miembro de la Policía por otros confinados. Además, la
condena que sufrió tuvo el efecto de que se suspendieran sus
beneficios de Seguro Social, como señalamos.
Indubitadamente, la totalidad de las circunstancias que
caracterizaron los procedimientos judiciales en contra del
señor Virella Marín demuestra que la Jueza Sierra Enríquez
violó el Canon 14 de Ética Judicial pues mostró impaciencia y
severidad excesiva. Consiguientemente, no mantuvo su conducta
dentro de la debida propiedad y circunspección. Con su
proceder, la querellada hizo caso omiso al llamado a los
jueces y juezas a mantener el temperamento judicial y a no
actuar ensoberbecidos del poder. In re Rodríguez Plaza, 182
D.P.R. 328, 346 (2011). Ciertamente, la conducta de la Jueza
Sierra Enríquez trascendió los límites de un mero error de
derecho revisable mediante un recurso apelativo.
Cabe destacar que, según surge de la transcripción de las
vistas, el señor Virella Marín siempre se condujo hacia el
tribunal con el mayor respeto. Nunca se expresó de forma
alterada o grosera.
Debemos enfatizar, además, que nuestra conclusión no se
basa únicamente en la imposición de ambos desacatos
criminales. De ninguna manera deben interpretarse nuestros AD-2011-2 31
pronunciamientos en menoscabo de la facultad que tienen los
jueces y juezas para vindicar la autoridad del Tribunal
mediante este mecanismo. Más bien, nuestra conclusión se
fundamenta en el proceder atropellado y la falta de
temperamento de la jueza querellada, evidenciados por la
totalidad de las circunstancias que caracterizaron el
procedimiento criminal en contra del señor Virella Marín
desde su inicio hasta el encarcelamiento de este último.
Aclarado lo anterior, estamos de acuerdo con la
determinación de la Comisión de Disciplina Judicial de que la
Jueza Sierra Enríquez violó los Cánones 4, 8, 9 y 14 de Ética
Judicial. Al examinar el expediente, no encontramos razón
alguna por la cual apartarnos de las determinaciones de hecho
y conclusiones de derecho de la Comisión. Aunque los hechos
de este caso constituyen un acto aislado dentro de la carrera
judicial de la Jueza Sierra Enríquez, coincidimos con la
Comisión en que “la falta cometida es de tal magnitud que
atenta contra la fibra misma de nuestro sistema de justicia y
quebranta la confianza que debe promover el sistema en la
imparcialidad de los magistrados”. Tal y como señala la
Comisión, la conducta de la querellada es injustificable, ya
que no fue un acto impulsivo en un momento de coraje. En
cambio, constituyó un patrón de violación crasa al debido
proceso del señor Virella Marín. La querellada pudo haber
corregido su error, pues celebró varias vistas y tuvo ante sí
dos mociones en las cuales pudo rectificar su proceder. Sin
embargo, no lo hizo. AD-2011-2 32
Más aún, las acciones de la Jueza Sierra Enríquez tomaron
lugar en un momento en que la Rama Judicial está tomando
medidas afirmativas para promover el acceso a la justicia,
facilitando la auto-representación en estos tipos de casos.
Véase Informe de la Rama Judicial de Puerto Rico 2007-2011,
pág. 25. Ello, debido a que un número creciente de personas
están tomando la decisión de acudir a los tribunales por
derecho propio, motivados por razones que varían desde la
falta de recursos económicos para contratar abogados hasta la
percepción de que la controversia puede resolverse con éxito
mediante la comparecencia por derecho propio. Íd.
IV.
Por todo lo anterior, es forzoso concluir que la Jueza
Sierra Enríquez violó los Cánones 4, 8, 9 y 14 de Ética
Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-B. Consiguientemente, suspendemos
a la Hon. Gloria M. Sierra Enríquez de empleo y sueldo por un
término de un mes.
Se dictará Sentencia de conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, se suspende a la Hon. Gloria M. Sierra Enríquez de empleo y sueldo por el término de un mes.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez y el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón no intervienen. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco no intervino.
Aida I. Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo