EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2017 TSPR 56
Alexis I. Avilés Vega 197 DPR ____
Número del Caso: CP-2015-18
Fecha: 6 de abril de 2017
Abogado del Promovido: Por derecho Propio
Oficina de la Procuradora General
Lcda. Karla Z. Pacheco Álvarez Subprocuradora General
Lcda. Minnie H. Rodríguez López Procuradora General Auxiliar
Materia: Conducta Profesional – La suspensión de la notaría será efectiva una vez advenga final y firme la sentencia conforme la Regla 45 del Reglamento del Tribunal Supremo sobre reconsideración.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Alexis I. Avilés Vega CP-2015-0018 Conducta TS-8472 Profesional
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 6 de abril de 2017.
El Lcdo. Alexis I. Avilés Vega (licenciado
Avilés) fue admitido al ejercicio de la abogacía el
14 de enero de 1987 y a la práctica de la notaría el
13 de marzo de 1987. El 11 de octubre de 1996
emitimos Opinión Per Curiam suspendiéndolo del
ejercicio de la profesión por no actuar con
diligencia en la tramitación de un asunto que le
fuera encomendado, desobedecer varias órdenes del
tribunal de instancia sin presentar justificación
para ello y no mantener a su cliente informado de los
pormenores del caso, entre otras cosas. Véase In re
Avilés Vega, 141 DPR 627 (1996). Del mismo modo, el
27 de septiembre de 2004 nos vimos precisados a CP-2015-0018 2
suspenderlo por exhibir un patrón de incumplimiento con los
requerimientos del Colegio de Abogados de Puerto Rico y de
este Tribunal dentro de un procedimiento disciplinario
instado en su contra. Véase In re Avilés Vega, 163 DPR 92
(2004). Nuevamente nos vemos obligados a separar al
licenciado Avilés de la profesión legal por incurrir en
conducta contraria a los postulados que rigen la misma.
Veamos.
I
A. Hechos
El 29 de julio de 2010 la Sra. Monserrat N. Benet
Betancourt (señora Benet o querellante) contrató con el
licenciado Avilés para que fungiera como su representante
legal en una acción de daños y perjuicios.1 En específico,
la señora Benet interesaba demandar a un hogar de
envejecientes por una caída sufrida por su padre que, según
alegaciones de la querellante, provocó la muerte de su
progenitor.2 Según manifestaciones de la señora Benet, ésta
alertó al letrado que el término de prescripción estaba por
vencerse, por lo que insistió en que no esperara hasta el
último día para presentar la demanda. Así las cosas, el
3 de agosto de 2010 el licenciado Avilés presentó una
1 Según surge de la Queja Núm. AB-2011-242, la cual originó el procedimiento disciplinario de marras, el acuerdo de servicios profesionales fue verbal. 2 El Sr. Amadeo Benet de Miguel, padre de la Sra. Monserrat N. Benet Betancourt (señora Benet), falleció el 3 de agosto de 2009. CP-2015-0018 3
demanda ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala
Superior de San Juan.3
Luego de varios trámites procesales, que incluyeron la
presentación de la contestación a la demanda junto con una
solicitud de desestimación por prescripción de la causa de
acción, el 28 de septiembre de 2010 el foro primario citó a
las partes a la conferencia inicial a celebrarse el 15 de
noviembre de 2010.4 Llegado el día de la vista, el
licenciado Avilés no se presentó a sala ni excusó su
ausencia. Además, el Lcdo. Edgar A. Molina Jorge
(licenciado Molina), representante legal de la parte
demandada, manifestó que no se había preparado el informe
para el manejo del caso, ni se había iniciado el
descubrimiento de prueba. Por dicha razón, el foro
primario le ordenó al licenciado Avilés que expresara los
motivos para su incomparecencia, que cancelara el arancel
de suspensión de vista y le impuso una sanción de cien
dólares ($100.00) por no haber iniciado los trámites para
la conferencia inicial. El foro primario reseñaló la vista
para el 19 de enero de 2011.
El 17 de diciembre de 2010 la señora Benet presentó
una Moción Urgente para informarle al tribunal que
recientemente había recibido la Minuta del 15 de noviembre
de 2010 y que fue mediante la misma que advino en
3 La parte demandante estuvo compuesta por la señora Benet, por sí y en representación de sus hijos menores de edad.
4 Surge del expediente que la referida Orden se le notificó al Lcdo. Alexis I. Avilés Vega (licenciado Avilés) a la dirección que aparecía consignada en el Registro Único de Abogados y Abogadas para el momento de los hechos. A su vez, esa era la dirección que el licenciado Avilés incluyó en los documentos atinentes al caso. CP-2015-0018 4
conocimiento de que el licenciado Avilés no compareció a la
vista. Aprovechó la oportunidad para notificar que, a
pesar de los trámites realizados, no lograba comunicación
con el letrado y que éste no contestaba sus mensajes. Por
último, solicitó que se le concediera un tiempo razonable
para localizar al licenciado Avilés o contratar un nuevo
representante legal.
El 20 de diciembre de 2010, el Tribunal de Primera
Instancia emitió Sentencia Parcial desestimando, por
prescripción, la acción con relación a los daños y
perjuicios sufridos por la señora Benet y la acción
heredada por las angustias mentales de su padre. No
obstante, mantuvo la causa de acción en cuanto a los hijos
menores de edad de la señora Benet. Ese mismo día, dicho
foro dictó una Orden concediéndole al licenciado Avilés un
término de cinco (5) días para pagar la sanción impuesta el
mes anterior y cancelar el sello de suspensión de vista, so
pena de ordenar el cierre sin perjuicio de la demanda en
cuanto a los menores.5
Inconforme con esta determinación, el 11 de enero
de 2011 el licenciado Avilés presentó una Moción
Solicitando Reconsideración a Sentencia Parcial. Mediante
la misma, solicitó que se dejara sin efecto la Sentencia,
pues, según alegó, al momento de presentar la demanda la
acción no había prescrito. El 13 de enero de 2011 el
tribunal denegó dicha solicitud.
5 El 22 de diciembre de 2016 se notificó la Orden tanto al licenciado Avilés, como a la señora Benet. CP-2015-0018 5
Así las cosas, y según se había pautado previamente,
el 19 de enero de 2011 se llamó el caso en corte abierta
para la celebración de la vista inicial. No obstante, el
licenciado Avilés indicó que no había preparado el informe
para el manejo del caso, por lo que la vista tuvo que ser
reseñalada para el 11 de febrero de 2011.
El 9 de febrero de 2016 el licenciado Molina sometió
una Moción Solicitando Desestimación Sumaria con Perjuicio.
En la misma expresó que a pesar de que el Tribunal de
Primera Instancia había señalado tres (3) fechas distintas
para que se llevara a cabo la conferencia preliminar entre
abogados, el licenciado Avilés nunca se comunicó para
calendarizar y celebrar dicha reunión. En torno a la causa
de acción de los menores, que era la única vigente, expuso
que desde la presentación de la demanda no hubo ningún tipo
de actividad procesal, por lo que solicitó la desestimación
sin perjuicio conforme a la Regla 39.2(b) de las Reglas de
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V (2010).6 El tribunal
declaró No Ha Lugar dicha petición.
La vista de conferencia inicial señalada para el 11 de
febrero de 2011 tampoco se pudo realizar porque el
licenciado Avilés no compareció a la misma, ni excusó su
ausencia. El licenciado Molina manifestó, además, que
todavía no se había preparado el informe para el manejo del
caso. En consecuencia, el tribunal le ordenó al licenciado
Avilés que expresara, en el término de diez (10) días, las
6 Sobre el particular expuso que, luego de la presentación de la demanda, el licenciado Avilés no compareció en relación con la causa de acción de los menores. CP-2015-0018 6
razones para su incomparecencia y que presentara el arancel
de suspensión de vista. Además, le ordenó a ambos abogados
presentar el informe so pena de sanciones. Programó la
vista de conferencia inicial para el 28 de abril de 2011.
Llegado el día de la vista, el licenciado Avilés no se
presentó a la misma. El licenciado Molina se expresó sobre
las ausencias del licenciado Avilés a las vistas y sobre la
inactividad en el caso.7 Tras considerar las repetidas
incomparecencias y el incumplimiento con varias órdenes
emitidas por el tribunal, se le impuso al licenciado Avilés
una sanción de doscientos cincuenta dólares ($250.00), se
le ordenó cancelar los aranceles de suspensión de la vista
corriente y de la anterior y que mostrara causa por sus
ausencias a las mismas. Además, se le apercibió al
letrado, y a su cliente, que el incumplimiento con lo
ordenado conllevaría una vista con la Procuradora de
Familia para decretar el cierre sin perjuicio de la
reclamación de los menores.8 Por último, se transfirió la
vista para el 13 de junio de 2011.
El 1 de junio de 2011 el licenciado Molina sometió una
Moción Solicitando Señalamiento de Vista para Desestimación
según la Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil. En la misma
expuso que el licenciado Avilés no había acatado las
órdenes emitidas por el tribunal el 11 de febrero y el
7 El 27 de abril de 2016, un (1) día antes de la vista, el Lcdo. Edgar A. Molina Jorge (licenciado Molina) presentó una Moción Informativa en la que expresó, entre otras cosas, que el licenciado Avilés no había cumplido con su obligación de coordinar las reuniones entre abogados y no había realizado gestión alguna para iniciar el descubrimiento de prueba. 8 En la vista, el licenciado Molina reiteró la solicitud de desestimación por inactividad, pero el tribunal declaró la misma No Ha Lugar. CP-2015-0018 7
28 de abril de 2011, a pesar de los apercibimientos de que
su incumplimiento podría conllevar la celebración de una
vista con la Procuradora de Familia para ordenar el cierre
sin perjuicio de la causa de acción de los menores. Alegó
que el licenciado Avilés exhibió un comportamiento
temerario y descuidado y una total falta de interés al
desobedecer reiteradamente las órdenes del tribunal.
Solicitó, por lo tanto, que señalara con urgencia una vista
al amparo de la Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil,
supra, o que convirtiera la conferencia inicial
calendarizada para el 13 de junio de 2011 en una vista a
dichos efectos. Ante cualquiera de esos escenarios,
sugirió que se citara a la Procuradora de Menores para que
esbozara su recomendación en cuanto al cierre del caso.
El licenciado Avilés no asistió a la vista pautada
para el 13 de junio de 2011, ni se excusó con el tribunal.
Ante el pedido del licenciado Molina de que dispusiera de
la moción de desestimación, el tribunal realizó un recuento
procesal del caso y señaló otra vista, para el 1 de julio
de 2011, previo a ordenar el cierre sin perjuicio de la
reclamación de los menores.
Antes de la vista de 1 de julio de 2011, el licenciado
Avilés envió una Moción Informativa y Solicitando Prórroga
al correo electrónico del Juez a cargo del caso.9 En la
9 Esta moción se presentó formalmente en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 1 de julio de 2011 a la 1:43 p.m. No obstante, la vista de ese día estaba señalada para las 9:00 a.m. Seis (6) días después, el tribunal emitió una Orden requiriéndole al licenciado Avilés cancelar los sellos de suspensión de vista y que expresara las razones para su incomparecencia. CP-2015-0018 8
misma solicitó que pospusiera la vista por el término de
sesenta (60) días.
Celebrada la vista el 1 de julio de 2011, según
programada, compareció a la misma la señora Benet, mas no
así el licenciado Avilés. La señora Benet expresó que
desconocía las razones para las incomparecencias del
licenciado Avilés, por lo que solicitó término para
gestionar la renuncia de su abogado y contratar nueva
representación legal. El tribunal le concedió hasta el
5 de agosto de 2011 para tramitar estas diligencias y le
apercibió que, de incumplir, se exponía a que se ordenara
el cierre del caso.
En consecuencia, la señora Benet compareció a la vista
del 5 de agosto acompañada del Lcdo. Evaldo C. Nilo Nylund
(licenciado Nilo). La querellante manifestó que todas las
gestiones realizadas para localizar al licenciado Avilés
resultaron infructuosas, por lo que solicitó que se le
permitiera al licenciado Nilo asumir su representación
legal en el caso. Ese mismo día, presentó una Moción por
Derecho Propio en la que solicitó el relevo de
representación legal del licenciado Avilés. Fundamentó su
pedido en el hecho de que el licenciado Avilés: (1) no
compareció a casi ninguna vista;10 (2) no mantuvo una
comunicación efectiva con ella; (3) nunca respondió sus
10 Según surge del expediente, de seis (6) señalamientos para celebrar la Conferencia Inicial, el licenciado Avilés sólo compareció a la vista del 19 de enero de 2011 y la misma tuvo que ser reseñalada porque no había preparado el informe para el manejo del caso. CP-2015-0018 9
mensajes; (4) no mostró interés en el caso, y (5) no fue
diligente en su gestión profesional.11
B. Trámite Disciplinario
En desaprobación al comportamiento exhibido por el
licenciado Avilés en la tramitación del pleito de daños, el
1 de agosto de 2011 la señora Benet presentó la Queja Núm.
AB-2011-242, que inició el procedimiento disciplinario ante
nuestra consideración. En la misma alegó que, por la
tardanza del licenciado Avilés en presentar la demanda,
perdió su causa de acción y la que heredó de su padre.
Añadió que el letrado no la mantuvo al tanto de los
incidentes en el caso y que fue imposible comunicarse con
éste. Por último, hizo alusión a las incomparecencias del
letrado a las vistas y a los incumplimientos con las
órdenes del tribunal.
De acuerdo con el procedimiento establecido en nuestro
Reglamento,12 el 29 de agosto de 2011 la Secretaría de este
Tribunal le envió una carta al licenciado Avilés
notificándole sobre la Queja presentada en su contra y
otorgándole diez (10) días para reaccionar a la misma.13
Transcurridos aproximadamente nueve (9) meses sin recibir
contestación del licenciado Avilés, el 4 de junio de 2012
se le envió una segunda comunicación concediéndole diez
11 Mediante Orden dictada el 10 de agosto de 2011, el foro primario declaró Ha Lugar la solicitud de relevo de representación legal presentada por la señora Benet. 12 4 LPRA Ap. XXI-B, R. 14 (Supl. 2016). 13 La carta fue enviada por correo certificado con acuse de recibo. En el expediente personal del togado consta que fue recibida el 2 de septiembre de 2011. CP-2015-0018 10
(10) días adicionales para que se expresara.14 A pesar de
haber recibido ambas notificaciones, el licenciado Avilés
no respondió. Es por ello que, el 5 de noviembre de 2012,
emitimos una Resolución proveyéndole un término final e
improrrogable de diez (10) días para que contestara la
Queja. Se le apercibió que su incumplimiento con la
Resolución podría conllevar sanciones disciplinarias,
incluyendo la suspensión del ejercicio de la profesión
legal.15
El 20 de noviembre de 2012 el licenciado Avilés
presentó la Contestación a Queja. En la misma alegó, en
síntesis, que el trámite procesal del caso se afectó por
situaciones ajenas a su voluntad y porque la señora Benet
anunció que prescindiría de sus servicios.16 Adujo, además,
que la demanda se presentó a tiempo.
Contando con la posición de ambas partes, el 5 de
diciembre de 2012 se remitió el asunto a la Oficina de la
Procuradora General para la correspondiente investigación e
informe. Finalmente, el 21 de mayo de 2014, la Procuradora
General nos presentó el mismo. Expuso que, por la conducta
desplegada en la tramitación del pleito de daños, el
licenciado Avilés incurrió en varias violaciones al Código
de Ética Profesional, infra, a saber: Canon 9 (incumplir
14 Esta misiva también fue enviada por correo certificado con acuse de recibo y fue recibida el 7 de junio de 2012. 15 La Resolución se notificó personalmente el 9 de noviembre de 2012. 16 El licenciado Avilés se refería a la Moción Urgente presentada por la señora Benet el 17 de diciembre de 2010 en la que ésta le solicitó al foro primario que le concediera un tiempo razonable para localizar al licenciado Avilés, ya que había perdido comunicación con el letrado, o para contratar nueva representación legal. CP-2015-0018 11
con las órdenes del tribunal); Canon 12 (causar demoras
injustificadas en el trámite del caso); Canon 18 (no
defender adecuada y diligentemente los intereses de su
cliente); Canon 19 (no mantener una comunicación adecuada
con su cliente y no mantener a éste debidamente informado
de la situación del asunto encomendado y los aspectos
esenciales del mismo); Canon 20 (no solicitar al tribunal
que lo releve de la representación legal de su cliente
mediante escrito a esos fines), y Canon 38 (no exaltó el
honor y la dignidad de la profesión incurriendo con ello en
conducta impropia o apariencia de la misma).
El 27 de mayo de 2014 se le concedió al licenciado
Avilés un término de veinte (20) días para expresar su
posición en torno al Informe de la Procuradora. Pasado más
de un año sin que el licenciado Avilés compareciera, el
19 de junio de 2015 le ordenamos a la Procuradora General
que presentara la correspondiente Querella. Mediante la
misma, la Procuradora General formuló ocho (8) cargos en
contra del letrado por incurrir en conducta constitutiva de
violación a los Cánones 9 y 12 del Código de Ética
Profesional, infra, tanto dentro del presente proceso
disciplinario, así como en el caso civil de daños y
perjuicios. Presentó cargos, además, por: incumplir con su
deber de diligencia y competencia en la tramitación del
caso (Canon 18); no mantener una comunicación efectiva y
adecuada con su cliente (Canon 19); dejar de comparecer a
los señalamientos sin solicitar la renuncia de
representación legal (Canon 20), y exhibir una conducta CP-2015-0018 12
contraria a los parámetros contenidos en el Canon 38 del
mismo cuerpo normativo.
Al licenciado Avilés se le notificó la Querella
personalmente el 6 de octubre de 2015 y se le concedió un
término de quince (15) días para reaccionar a la misma.
Luego de otorgársele un término adicional,17 sin recibir
contestación alguna de su parte, el 27 de enero de 2016
nombramos al Hon. Wilfredo Alicea López como Comisionado
Especial.
Aproximadamente un mes más tarde, el licenciado Avilés
sometió una moción aceptando responsabilidad y allanándose
a la Querella. Arguyó que, al momento de la tramitación
del caso civil, se encontraba inmerso en una serie de
problemas personales que afectaron su desempeño óptimo en
dicho procedimiento. Además de aceptar su responsabilidad
por haberse distanciado de los Cánones de Ética
Profesional, infra, y allanarse a los cargos contenidos en
la Querella, mostró arrepentimiento y propósito de
enmienda.18
17 El 21 de octubre de 2015 el licenciado Avilés solicitó un término adicional para contestar la Querella. Mediante Resolución emitida el 30 de octubre de 2015, le concedimos treinta (30) días adicionales y le apercibimos que su incumplimiento conllevaría la continuación de los procedimientos disciplinarios sin su comparecencia. 18 El licenciado Avilés enfatizó que su conducta no fue intencional, ni con el ánimo de faltarle el respeto a su cliente, a la Procuradora General, ni a los tribunales. En cuanto a la sanción a imponérsele, solicitó que se tomaran en cuenta los siguientes atenuantes: (1) su aceptación de responsabilidad y allanamiento a la Querella; (2) que las situaciones que afectaron su desempeño habían sido superadas; (3) que aprendió que los problemas personales no deben afectar su ejecutoria en los asuntos que le han sido encomendados; (4) que, de surgir algún evento que pudiese afectar su gestión profesional, deberá informarlo a su cliente y solicitar el relevo de la representación legal; (5) que es padre de tres (3) estudiantes universitarios que aún dependen de él, y (6) que su único sustento lo obtiene a través del ejercicio de la profesión legal. CP-2015-0018 13
Finalmente, el 17 de mayo de 2016 el Comisionado
Especial nos presentó su Informe recomendando la imposición
de una fuerte sanción con los apercibimientos de rigor.
Para ello, procedemos a analizar las normas aplicables.
II
Al prestar juramento para ejercer la profesión, los
abogados se comprometen a desempeñar con lealtad los
deberes y responsabilidades que le impone la ley y el
Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX (2012 y Supl.
2016). En específico, los cánones de ética son las normas
mínimas de conducta de los letrados frente a sus clientes,
la sociedad, los compañeros de profesión y ante las
instituciones de justicia. In re Vilches López, 2016 TSPR
208, 196 DPR ____ (2016); In re Villalba Ojeda, 193 DPR 966
(2015).
En particular, el Canon 9 del Código de Ética
Profesional, 4 LPRA Ap. IX (2012), prescribe que la
conducta de los abogados ante los tribunales debe
caracterizarse por ser, ante todo, respetuosa. Ello
comprende que éstos deben cumplir pronta y diligentemente
las órdenes emitidas por los tribunales, más aún cuando las
mismas se originan dentro de un procedimiento
disciplinario. In re Montalvo Delgado, 2016 TSPR 223, 196
DPR ____ (2016); In re Prado Galarza, 2016 TSPR 156, 195
DPR ____ (2016). Desatender los requerimientos de un
tribunal quebranta los postulados consagrados en dicho
canon, de tal manera, que puede conllevar sanciones
disciplinarias severas, como la suspensión del ejercicio de CP-2015-0018 14
la profesión. In re Abadía Muñoz et al., 2017 TSPR 1, 197
DPR ___ (2017); In re Montalvo Delgado, supra; In re Torres
Román, 2016 TSPR 154, 195 DPR ___ (2016). Lo anterior,
pues se considera que la indiferencia hacia los
pronunciamientos de un foro constituye un desafío a su
autoridad y, en casos de procesos disciplinarios, a nuestro
poder inherente de regular el ejercicio de la profesión.
In re D’Alzina Nin, 2016 TSPR 157, 195 DPR ___ (2016).
Por su parte, el Canon 12 del mismo cuerpo normativo,
4 LPRA Ap. IX (2012), señala como deber de todo abogado
“hacia el tribunal, sus compañeros, las partes y testigos
el ser puntual en su asistencia y conciso y exacto en el
trámite y presentación de las causas. Ello implica el
desplegar todas las diligencias necesarias para asegurar
que no se causen indebidas dilaciones en su tramitación y
solución”. (Énfasis nuestro).
Esta exigencia, que presupone un trámite responsable,
puntual y diligente del pleito, se extiende a todas las
etapas de un litigio. In re Montalvo Delgado, supra; In re
Vilches López, supra. De este modo, hemos reconocido que
conductas tales como “la incomparecencia injustificada a
las vistas señaladas por el tribunal, así como las
actuaciones y omisiones que pongan en riesgo la causa de
acción de los clientes, son infracciones patentes a este
canon”. In re Montalvo Delgado, supra; In re Nazario Díaz,
2016 TSPR 111, 195 DPR ___ (2016). Además, hemos reiterado
que la continua desobediencia a las providencias judiciales
infringe, de igual forma, los preceptos contenidos en dicha CP-2015-0018 15
disposición disciplinaria. In re Nazario Díaz, supra.
Véase, también In re Villalba Ojeda, supra, pág. 974, en
donde indicamos que el Canon 12 “comprende el deber de
cumplir rigurosamente con las órdenes judiciales”.
De otro lado, el Canon 18 del Código de Ética
Profesional, 4 LPRA Ap. IX (2012), dispone, en su parte
pertinente:
Será impropio de un abogado asumir una representación profesional cuando está consciente de que no puede rendir una labor idónea competente y que no puede prepararse adecuadamente sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia.
Es deber del abogado defender los intereses de su cliente diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable.
Conforme a la normativa antes esbozada, cuando un
abogado asume la representación de un cliente, se obliga a
defender los intereses de éste de una forma capaz y
diligente. In re Prado Galarza, supra; In re Nazario Díaz,
supra. Por lo tanto, en su quehacer profesional no puede
haber espacio para la indiferencia y la dejadez. In re
Nazario Díaz, supra. Ello implica que debe realizar todo
cuanto se le ha encomendado adecuada, responsable, efectiva
y oportunamente, sin dilaciones que puedan afectar la
tramitación o la rápida solución de la controversia. In re
Miranda Daleccio, 193 DPR 753 (2015); Pueblo v. Quiles
Negrón et al., 193 DPR 609 (2015); In re Pietri Torres, 191
DPR 482 (2014). Lo contrario, es decir, “[l]a inacción, la CP-2015-0018 16
imprudencia, el desinterés y la desidia en la tramitación
de los asuntos que le han sido confiados, constituyen una
patente infracción al Canon 18.” In re Roldán González,
2016 TSPR 81, 195 DPR ___ (2016). Véase, además, In re
Miranda Daleccio, supra.
Reiteradamente hemos afirmado que un abogado es
negligente en su gestión profesional cuando: abandona o
desatiende el caso; no comparece a los señalamientos
realizados por el foro judicial; permite que expire el
término prescriptivo de una acción, o incurre en una
actuación negligente que pueda resultar o, en efecto,
resulte en la desestimación o archivo del caso, entre otras
cosas. In re Roldán González, supra; In re Miranda
Daleccio, supra; In re Rivera Nazario, 193 DPR 573 (2015).
En cuanto a la información que se le debe suplir al
cliente, el Canon 19 del Código de Ética Profesional, 4
LPRA Ap. IX (2012), dispone que los abogados deben mantener
a sus clientes al tanto de todo asunto importante que surja
durante el desarrollo de su caso. Dicha comunicación
efectiva, considerada componente esencial de la relación
profesional, propiciará que el cliente tenga suficiente
información para tomar decisiones, durante el transcurso
del litigio, respecto a los asuntos legales que le ha
confiado a su abogado. In re Roldán González, supra.
Véase, además, In re Rosario Vázquez, 2017 TSPR 7, 197 DPR
___ (2017), donde afirmamos, que “los casos pertenecen a
los clientes y éstos tienen derecho a mantenerse informados CP-2015-0018 17
de todos los asuntos y las gestiones importantes que se
susciten en la tramitación de [los mismos]”.
Un abogado actúa contrario a los postulados del Canon
19, supra, cuando: se torna inaccesible; no atiende los
reclamos de información de un cliente; no le anuncia de
algún resultado adverso dentro de la gestión encomendada, o
no lo mantiene al tanto de la situación procesal del caso.
In re Rodríguez López, 2016 TSPR 177, 196 DPR ___ (2016);
In re Roldán González, supra. Dichas conductas, además de
constituir infracciones patentes a dicho precepto ético,
entorpecen el proceso de impartir justicia. In re
Maldonado Torres, 2016 TSPR 229, 196 DPR ____ (2016); In re
Nazario Díaz, supra.
En cuanto a la obligación impuesta por el Canon 20 del
Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX (2012), cuando
un abogado comparece al tribunal en representación de un
cliente, no puede abandonar su encomienda profesional sin
antes haber obtenido permiso del tribunal. Hasta entonces,
el togado conserva la obligación de llevar a cabo su
gestión de forma diligente y competente, acorde a las
exigencias del Código de Ética Profesional. In re Vilches
López, supra; In re Polanco Ortiz, 2016 TSPR 173, 196 DPR
___ (2016).
Por último, el Canon 38 del Código de Ética
profesional, 4 LPRA Ap. IX (2012), instituye el deber de
todo abogado de exaltar el honor y la dignidad de su
profesión y de evitar hasta la apariencia de conducta
profesional impropia. Ello implica que todo letrado debe CP-2015-0018 18
desempeñarse en forma escrupulosa y guiado por un alto
sentido de responsabilidad, teniendo siempre presente la
función social que ejerce y la institución que representa.
In re Fingerhut Mandry, 2016 TSPR 193, 196 DPR ___ (2016).
III
Estudiado el marco legal pertinente, entendemos que el
licenciado Avilés infringió los Cánones de Ética
Profesional que se detallan en la Querella, así como en el
Informe del Comisionado Especial. Veamos.
En primer lugar, el licenciado Avilés se ausentó sin
justificación alguna a la mayoría de las vistas señaladas
en el Caso Núm. E DP2010-0278 que se ventilaba ante el
Tribunal de Primera Instancia y no excusó su ausencia a las
mismas. Ello conllevó la imposición de múltiples sanciones
económicas por parte del Juez que presidió los
procedimientos. Además, desatendió las órdenes emitidas
por dicho foro, aun cuando se le advirtió que su
incumplimiento podría conllevar el cierre del caso. Sin
lugar a dudas, y según se desprende de los autos originales
del foro primario, el proceder del licenciado Avilés causó
demoras injustificadas en el trámite del asunto
encomendado.
De otra parte, el letrado no contestó pronta y
diligentemente los requerimientos dentro del proceso
disciplinario ante nos. En primer lugar, desatendió dos
(2) comunicaciones de nuestra Secretaría para que
presentara su contestación a la Queja. No fue sino hasta
que emitimos una Resolución concediéndole un término final CP-2015-0018 19
e improrrogable que sometió su respuesta. Además, nunca
reaccionó al Informe preparado por la Procuradora General,
por lo que nos vimos precisados a ordenar la presentación
de la correspondiente Querella sin el beneficio de su
comparecencia. Con posterioridad, a pesar de que se le
concedió suficiente tiempo para contestar la Querella, y
contó con el beneficio de una prórroga, el letrado tampoco
respondió.
Con el comportamiento pormenorizado en los párrafos
que anteceden, el licenciado Avilés demostró una conducta
contraria a los Cánones 9 y 12 de Ética Profesional, supra,
tanto en las gestiones iniciadas ante el Tribunal de
Primera Instancia, así como en el procedimiento
disciplinario incoado ante este Foro.
Por otro lado, al estudiar el tracto procesal del caso
Núm. E DP2010-0278, surgen varias instancias que evidencian
la falta de diligencia y competencia del licenciado Avilés
al atender el asunto encomendado. En primer lugar, la
causa de acción de la señora Benet, así como la heredada de
su padre, fueron desestimadas por prescripción, a solicitud
de la parte demandada, sin contar con oposición alguna del
licenciado Avilés. Luego de dicha desestimación, el
letrado no hizo gestión alguna para promover la causa de
acción de los menores. En específico, el licenciado Avilés
no coordinó, ni estuvo accesible para acordar una fecha con
el fin de que se celebrara la conferencia entre abogados y
se preparara el informe para el manejo del caso, según
requerido por el Juez a cargo de los procedimientos. Con CP-2015-0018 20
excepción de una moción presentada el 1 de julio de 2011,19
del expediente no surge que el licenciado haya realizado
diligencia alguna para adelantar el caso. De hecho, nunca
se opuso a varias mociones presentadas por el licenciado
Molina para que se desestimara el pleito en su totalidad.
Al así proceder, demostró un comportamiento contrario al
Canon 18, supra.
El licenciado Avilés infringió, también, el Canon 19,
supra, al no mantener una comunicación efectiva con su
cliente. En específico, el 17 de diciembre de 2010 la
señora Benet presentó una Moción Urgente en la que expresó
que advino en conocimiento de la ausencia del licenciado
Avilés al primer señalamiento de vista, por medio de la
Minuta notificada por el foro primario. Informó, además,
que a pesar de las gestiones realizadas, no lograba
establecer comunicación con el letrado. Del mismo modo, el
5 de agosto de 2011 la señora Benet solicitó que se le
relevara de la representación legal del letrado
fundamentado en que “no se comunica para nada, he ido a la
oficina y le he dejado dicho que me llame y no lo hace,
entendiendo que no le interesa mi caso […]”.
Por otro lado, el licenciado Avilés se desligó por
completo del asunto que se le había encargado y se ausentó
a los señalamientos de vista, sin haber solicitado que se
le relevara de la representación legal. Sobre el
19 Como mencionamos anteriormente, la moción se presentó en el Tribunal de Primera Instancia el 1 de julio de 2011 a la 1:43 p.m. con el propósito de solicitar la posposición de una vista que estaba señalada para ese mismo día a las 9:00 a.m. CP-2015-0018 21
particular, es menester mencionar que no es excusa lo
expresado por el licenciado Avilés en su contestación a la
Queja a los efectos de que, en diciembre de 2010, la señora
Benet le solicitó tiempo al foro primario para localizarlo
o para conseguir una nueva representación legal. Ello, por
sí sólo no le relevaba de la responsabilidad asumida. Si
el letrado entendía que con dicho proceder la señora Benet
le estaba requiriendo su renuncia, tenía que solicitarle al
tribunal que lo relevara de sus funciones y esperar la
correspondiente orden. Al no hacerlo, se apartó del Canon
20 de Ética Profesional, supra.
Por último, como bien expresó la Procuradora General
en la Querella, la desatención a las órdenes emitidas por
el foro primario, las reiteradas ausencias a las vistas, el
no haber mostrado un desempeño eficiente y diligente en
protección de los intereses de su cliente y el no atender
los requerimientos de este Foro, evidencian una conducta
contraria a los postulados del Canon 38. Ello pues, al
incurrir en las mismas, falló en su deber de exaltar el
honor y la dignidad de la profesión.
De conformidad con lo anterior, sólo nos resta
determinar la sanción disciplinaria a imponerle al
licenciado Avilés por el comportamiento exhibido. Al fijar
la misma, procede que consideremos los siguientes factores:
(1) la reputación del abogado en la comunidad; (2) su
historial disciplinario; (3) si la conducta es una aislada;
(4) si medió ánimo de lucro; (5) si presentó una defensa
frívola de su conducta; (6) si ocasionó perjuicio a alguna CP-2015-0018 22
parte; (7) si resarció al cliente; (8) si demostró
aceptación o arrepentimiento sincero por la conducta que le
fuera imputada y, (9) otros atenuantes o agravantes que
surjan de los hechos. In re Roldán González, supra; In re
Miranda Daleccio, supra; In re Planas Merced, 180 DPR 179
(2010).
Como mencionamos al comienzo de la presente Opinión,
ésta es la tercera ocasión en que el licenciado Avilés se
encuentra inmerso en un proceso disciplinario.
Reiteradamente ha demostrado un deficiente desempeño
profesional, al no desplegar la debida diligencia y
competencia ante las encomiendas de un cliente.
Igualmente, ha desobedecido las órdenes y requerimientos
de foros judiciales, sin presentar justificación para ello,
y ha fallado en mantener una comunicación efectiva con sus
clientes. Además, su comportamiento dentro del presente
proceso disciplinario dista mucho de lo que se espera de un
togado.
Por otro lado, aunque el togado aceptó su
responsabilidad y se allanó a los cargos contenidos en la
Querella, al determinar su sanción pesa en nuestro ánimo
que ha reincidido en su comportamiento antiético. Ello, a
pesar de haber sido suspendido de la profesión legal en dos
ocasiones anteriores, la última por un término indefinido.
IV
Analizado el derecho aplicable, así como las
infracciones éticas incurridas por el Lcdo. Alexis I.
Avilés Vega, decretamos su suspensión inmediata e CP-2015-0018 23
indefinida del ejercicio de la abogacía. Le ordenamos
notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para
continuar representándolos y devolverles tanto los
expedientes de los casos pendientes como los honorarios
recibidos por trabajos no rendidos, e informar
inmediatamente de su suspensión a los distintos foros
judiciales y administrativos en los que tenga algún asunto
pendiente. Además, deberá acreditar y certificar ante este
Tribunal el cumplimiento con lo anterior, dentro del
término de treinta (30) días, a partir de la notificación
de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.
De otra parte, se le ordena al Alguacil de este Foro
incautar inmediatamente la obra y el sello notarial del
señor Avilés Vega y entregarlos al Director de la Oficina
de Inspección de Notarías para el correspondiente examen e
informe. Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam
y Sentencia al señor Avilés Vega a través de la Oficina del
Alguacil de este Tribunal.
Se dictará Sentencia de conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Alexis I. Avilés Vega CP-2015-0018 Conducta Profesional
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico a 6 de abril de 2017.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente Sentencia, decretamos la suspensión inmediata e indefinida del Lcdo. Alexis I. Avilés Vega del ejercicio de la abogacía.
El señor Avilés Vega deberá notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar representándolos y devolverles tanto los expedientes de los casos pendientes como los honorarios recibidos por trabajos no rendidos, e informar inmediatamente de su suspensión a los distintos foros judiciales y administrativos en los que tenga algún asunto pendiente. Asimismo, deberá acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, dentro del término de treinta (30) días, contado a partir de la notificación de la Opinión Per Curiam que antecede y de esta Sentencia.
Se le ordena al Alguacil de este Foro incautar inmediatamente la obra y el sello notarial del señor Avilés Vega y entregarlos al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para el correspondiente examen e informe. CP-2015-0018 2
Notifíquese personalmente la Opinión Per Curiam que antecede y esta Sentencia al señor Avilés Vega a través de la Oficina del Alguacil de este Tribunal.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo.
Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo