Estado Libre Asociado De Puerto Rico v. Benjamín Cole Vázquez; Comité Local Del Partido Popular Democrático, Y Otros

2005 TSPR 46

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: April 13, 2005
• Docket: CC-2000-0211
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Demandante-recurrido Certiorari

v. 2005 TSPR 46

Benjamín Cole Vázquez; Comité 163 DPR ____ Local del Partido Popular Democrático, y otros

Demandados-peticionarios

Número del Caso: CC-2000-211

Fecha: 13 de abril de 2005

Tribunal de Apelaciones:

Circuito Regional IV Aguadilla y Mayagüez

Juez Ponente: Hon. Roberto L. Córdova Arone

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Pedro E. Ortiz Álvarez Lcdo. Alberto J. Castro Laboy Lcdo. Arquelio Rivera Rodríguez

Oficina del Procurador General:

Lcda. Rosa N. Russe García Subprocuradora General

Materia: Cobro de Fondos Públicos

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Demandante-recurrido

v. CC-2000-211 CERTIORARI

Benjamín Cole Vázquez; Comité Local del Partido Popular Democrático, y otros

OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 13 de abril de 2005

Como resultado de una investigación

realizada por la Oficina del Contralor,1 el

Estado Libre Asociado de Puerto Rico radicó una

demanda en cobro de fondos públicos contra el

Comité Local Municipal del Partido Popular

Democrático en Mayagüez y contra el entonces

alcalde de dicho Municipio, Sr. Benjamín Cole

Vázquez, en su carácter personal y como

presidente de dicho Comité.2

1 Dicha investigación fue realizada durante el periodo de 12 de agosto de 1980 al 10 de febrero de 1986. Se rindió el Informe completo sobre la investigación el 11 de octubre de 1988, Informe de Intervención M-89-1. Apéndice, págs. 82-99. 2 Demanda original de 18 de marzo de 1991. CC-2000-211 2

Basándose en el informe del Contralor, el E.L.A. alegó

que el empleado municipal Miguel Galo Perocier estuvo

realizando labores como encargado del Comité Local

Municipal del P.P.D. en Mayagüez mientras cobraba sueldos

del referido Municipio como Auxiliar General de

Mantenimiento y Conservación de Edificios y como Pintor II.3

Asimismo, alegó que mientras el señor Galo Perocier estuvo

realizando labores en dicho comité político, recibió

sueldos, bonos y beneficios ordinarios --tales como

licencias de vacaciones y enfermedad-- sufragados todos con

fondos del Municipio. De este modo, el E.L.A. reclamó el

reembolso solidario al erario público de los fondos pagados

al empleado. Finalmente, solicitó del Tribunal de Primera

Instancia que declarara que las acciones de los demandados

constituyeron una práctica ilegal e indebida al utilizar

fondos públicos para propósitos privados, todo ello en

contravención a las disposiciones del Artículo VI, Sección

9, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico.

Como resultado de dicha reclamación, los demandados

presentaron demanda contra tercero en contra del Partido

Popular Democrático, a nivel central, (en adelante el

3 Específicamente se alegó que estuvo realizando dichas labores desde el mes de junio de 1980 a junio de 1986, incluso, sábados y domingos, de manera ininterrumpida. Véase, además: Informe de Intervención M-89-1 de 11 de octubre de 1988 sobre el Municipio de Mayagüez realizado por la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Apéndice, págs. 82-99. CC-2000-211 3

P.P.D.) imputándole toda responsabilidad derivada por los

actos alegados en la demanda original. Ello con el

propósito de que el P.P.D. respondiera directamente al

E.L.A. por cualquier reclamación que éste alegara y en su

día probara.

Específicamente, alegaron que no tenían personalidad

jurídica independiente de la del mencionado partido

político y que, por consiguiente, toda responsabilidad

ante los hechos alegados sería del partido o comité central

del P.P.D. Adujeron que las alegaciones imputadas por la

parte demandante, de probarse en su día, fueron

consecuencias previsibles de los actos autorizados por el

comité central del partido, ya que el comité municipal del

partido en Mayagüez existe por necesidad y para beneficio

de dicho comité central. Esta demanda fue desestimada

mediante sentencia parcial debido a que los terceros

demandantes nunca diligenciaron los respectivos

emplazamientos dentro del término reglamentario.4

Así las cosas, el 12 de agosto de 1994, el E.L.A.

radicó demanda enmendada para incluir al Partido Popular

Democrático como parte demandada. Luego de las

autorizaciones correspondientes de parte del tribunal, el

28 de diciembre de 1995, el E.L.A. radicó una segunda

demanda enmendada para desistir de la reclamación en contra

4 Sentencia Parcial, Tribunal de Primera Instancia, de fecha de 12 de noviembre de 1993, archivada en autos y notificada la misma el 17 de noviembre de 1993. Apéndice, pág. 193. CC-2000-211 4

del señor Cole Vázquez (Sucesión Cole Vázquez) en su

carácter personal.5 Se reprodujeron las alegaciones en su

contra, pero esta vez en su carácter oficial y se incluyó

como codemandado al Municipio de Mayagüez.

En esta última demanda se alegó, en síntesis, que al

señor Galo se le pagó con fondos municipales por una

jornada de trabajo rendida en labores propias del Comité

Municipal, todo ello por órdenes e instrucciones del

entonces alcalde, señor Cole Vázquez. Se planteó, además,

que dichas labores no se realizaron para beneficio del

Municipio, sino para beneficio del Alcalde, del comité

local y del P.P.D. a nivel central.

La parte demandante le imputó a estos últimos haberse

beneficiado de los actos culposos y/o negligentes del

Municipio, constituyendo tal acción un enriquecimiento

injusto de parte del mencionado partido político y en

perjuicio del E.L.A. De igual manera, le imputó al

Municipio haber actuado de manera ilegal y fraudulenta al

pagar salarios y beneficios a un empleado que no le rendía

labor alguna y, en la alternativa, le imputó haber actuado

negligentemente al no tomar las medidas correspondientes

para que este tipo de acción no se llevara a cabo. En

consecuencia, se alegó que tanto el P.P.D. como el

Municipio le eran solidariamente responsables al erario

5 El Sr. Cole Vázquez falleció el día 30 de enero de 1993, y en consecuencia se había realizado la debida sustitución de la parte demandada. CC-2000-211 5

público de la suma de cuarenta y cuatro mil doscientos

ochenta dólares ($44,280.00), cantidad monetaria

equivalente a los salarios pagados de manera ilegal al

señor Galo Perocier.

Luego de varios trámites procesales, el 30 de mayo de

1996, el Municipio presentó su contestación a la demanda y

levantó como defensas afirmativas que en la misma no se

aducían hechos constitutivos de una causa de acción en su

contra, que estaba prescrita y que no se benefició en forma

alguna de los hechos alegados en la demanda. Adujo que, en

todo caso, debería figurar como parte demandante y no como

parte demandada.

El P.P.D., por su parte, radicó su contestación el 26

de septiembre de 1996. En la misma negó toda

responsabilidad y levantó como defensas afirmativas, entre

otras, que la reclamación en su contra estaba prescrita,

que el partido, a nivel central, no tenía conocimiento de

los actos que se alegaban en la demanda, por lo que no pudo

haber consentido a que éstos se llevaran a cabo y que la

reclamación no justificaba la concesión de un remedio.

Para el momento en que el P.P.D. contestó la referida

demanda enmendada, el E.L.A. ya había radicado una primera

solicitud de sentencia sumaria.6 Acompañó a dicha moción el

Informe del Contralor de Puerto Rico; declaraciones juradas

del señor Galo Perocier; y cinco declaraciones juradas de CC-2000-211 6

empleados y ex empleados municipales.7 De este modo, el

E.L.A. solicitó del tribunal que dictara sentencia en

contra de los codemandados --P.P.D. y el Municipio-- por el

uso ilegal e indebido de fondos públicos y que ordenara la

inmediata restitución de dichos fondos al Estado.

En su solicitud el E.L.A. alegó que no existía

controversia de hechos en cuanto a la utilización de los

servicios de empleados y de fondos públicos en beneficio

y/o a favor del señor Cole Vázquez y del Partido Popular

Democrático sin autorización de ley para ello y en clara

contravención a la disposición constitucional que

reglamenta el uso estricto de los bienes y fondos públicos.

El Tribunal de Primera Instancia no se pronunció con

relación a la referida moción de sentencia sumaria.

El 19 de julio de 1996, el E.L.A. radicó una segunda

moción de sentencia sumaria. En la misma incluyó los

documentos presentados anteriormente y añadió una

declaración jurada del Director de la División de

Municipios de la Oficina del Contralor, copia de los

______________________ 6 Moción de Sentencia Sumaria de 27 de septiembre de 1995; presentada ante el tribunal de instancia el día 4 de octubre de 1995. 7 Declaraciones juradas prestadas por el Sr. Miguel Galo Perocier; su supervisor, Sr. René Ramos Muñoz; por el Ingeniero Auxiliar del Departamento de Obras Públicas del municipio, Sr. Héctor Rafael Bass Pineda; por el Director de Obras Públicas del municipio desde mayo de 1982 a septiembre de 1986, Sr. Bernabé Pérez Rodríguez; por la Oficinista, Sra. Norma Rodríguez; por la secretaria del Ing. Bass, Sra. Naida Rivera González; y por el Director en la Oficina del Contralor de Puerto Rico, Eduard Rivera Correa. Apéndice, págs. 115-144. CC-2000-211 7

cheques de pago de nómina y de las tarjetas de asistencia

ponchadas por el señor Galo Perocier, junto con varios

cheques endosados por éste.

El P.P.D. radicó escrito en oposición a dicha

sentencia sumaria el 16 de diciembre de ese mismo año. No

acompañó documento alguno con la misma. Sostuvo que la

evidencia documental presentada por el E.L.A. no sostenía

su solicitud de que se dictara sentencia sumariamente, ello

por razón de que las alegaciones de la parte demandante,

acerca del beneficio obtenido por el partido, carecían de

prueba que las fundamentara. Arguyó que tal hecho impedía

que se dispusiera del caso por la vía sumaria y que, en

consecuencia, dicha evidencia debía ser cuestionada y

dirimida en una vista en su fondo. Asimismo, reiteró la

alegación de que desconocía los hechos imputados y levantó,

nuevamente, la defensa sobre prescripción.

En cuanto a este último aspecto, el P.P.D. sostuvo que

la presente acción no versa sobre una reclamación por

enriquecimiento injusto, sino sobre actos u omisiones

culposos o negligentes al amparo del Artículo 1802 del

Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5141, cuyo

término de prescripción es de un (1) año, contado a partir

del momento en que la persona agraviada adquiere

conocimiento sobre los daños que le han sido causados. 31

L.P.R.A. sec. 5298. En consecuencia, alegó que como la

investigación realizada por la Oficina del Contralor había

culminado con la preparación de un informe --fechado de 11 CC-2000-211 8

de octubre de 1988-- para tal momento la parte demandante

sabía, o debió haber sabido, sobre los acontecimientos del

caso. De este modo, alegó que la demanda presentada en su

contra el 26 de diciembre de 1995,8 fue radicada fuera del

término prescriptivo de un (1) año.

El Tribunal de Primera Instancia acogió la solicitud

de sentencia sumaria del E.L.A. y procedió a dictar

sentencia en contra de los codemandados el 30 de junio de

1999, archivándose en autos copia de la misma el 31 de

agosto de ese mismo año. El referido foro determinó que la

documentación presentada por el E.L.A., en apoyo de su

solicitud de sentencia sumaria, era abrumadora y que

sostenía plenamente las alegaciones en cuanto a los

desembolsos realizados por el Municipio a favor del señor

Galo y las labores que éste realizó en el referido Comité

Municipal del P.P.D. Además, concluyó que durante el

periodo de tiempo transcurrido entre junio de 1980 a junio

de 1986, el Municipio de Mayagüez le pagó al señor Galo

Perocier la suma de $44,280.00 sin que dicho empleado

hubiese prestado labor, trabajo o servicio alguno para el

referido Municipio, ni en horas laborables ni fuera de

horas laborables; que, por el contrario, dicha persona

8 Entendemos pertinente señalar que dicha demanda enmendada para incluir al P.P.D. como demandado, fue radicada el 12 de agosto de 1994 y no el 26 de diciembre de 1995, como alega dicha parte. A los fines de su alegación sobre prescripción, el término de un (1) año para iniciar reclamaciones al amparo del Artículo 1802, ante, había transcurrido a fines de considerar tanto una como otra fecha para computar dicho término. CC-2000-211 9

realizó trabajo y funciones exclusivamente para el comité

local del partido, sin haber el Municipio, no obstante

sufragar dicha cantidad de dinero, recibido beneficio

alguno por ello.

El referido tribunal sostuvo que para la fecha en

cuestión el señor Cole fungía como presidente del Comité

Local del P.P.D. y que, conforme al Reglamento Oficial del

P.P.D., era función del Presidente establecer, operar y

hacer cumplir las funciones del comité local del P.P.D. en

el Municipio. Señaló que el P.P.D., como partido político

organizado en virtud de la Ley Electoral de Puerto Rico,

era el ente con capacidad jurídica para demandar y ser

demandado ya que los comités municipales y locales de un

partido político no tienen personalidad jurídica separada

del partido debidamente inscrito.9 Por último, sostuvo que

dichos comités existen por necesidad y para beneficio de

los partidos políticos, siendo así entidades subordinadas

al partido principal y representantes del mismo en el

municipio.

En consecuencia el foro de instancia concluyó que el

P.P.D. se había beneficiado de los actos del señor Cole

Vázquez, como presidente del comité municipal del P.P.D. en

Mayagüez, en contravención a la doctrina del

enriquecimiento injusto. De este modo, el referido foro

descartó la procedencia de toda causa de acción en daños y

perjuicios por actos y omisiones ilícitas y negligentes. CC-2000-211 10

Dispuso que la restitución que produce la acción por

enriquecimiento injusto, dirigida a restablecer el

equilibrio entre los dos patrimonios afectados mediante el

desplazamiento de una cantidad de dinero equivalente a la

suma por la cual una de las partes se enriqueció

injustamente, es una distinta a la indemnización que se

ordena en virtud de una acción en daños y perjuicios por

actos ilícitos.

Por otra parte, el foro de instancia señaló que el

término prescriptivo para la causa de acción en el caso de

autos, para reclamar el cobro de fondos públicos por razón

de pagos ilegales y fraudulentos, es de quince (15) años

por tratarse la misma de una reclamación análoga a la de

cobro de dinero, descartando así toda defensa relativa a la

prescripción de la acción.10

Finalmente, el foro primario le ordenó al Municipio

de Mayagüez y al P.P.D. pagar al E.L.A., de manera

solidaria, la suma de cuarenta y cuatro mil doscientos

ochenta dólares ($44,280.00), cantidad monetaria que

______________________ 9 16 L.P.R.A. sec. 3101 et seq. 10 Dispone el Artículo 1864 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5294, que las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción, prescriben a los quince años.

Este foro ha resuelto que “la acción estrictamente para recobrar fondos públicos obtenidos ilícitamente no surge bajo el Artículo 1802 del Código Civil, supra . . . Se trata más bien de una acción de naturaleza personal. . . como la que procede para vindicar un enriquecimiento sin causa.” E.L.A. v. Soto Santiago, 131 D.P.R. 304, 322 (1992). CC-2000-211 11

recibió como salario el señor Galo Perocier procedente de

fondos públicos municipales, más costas, gastos y

honorarios de abogado;11 impuso responsabilidad solidaria al

Municipio en conjunto con el P.P.D., al amparo de los

Artículos 201 y 216 del Código Penal de Puerto Rico, 33

L.P.R.A. secs. 4352, 4391, respectivamente.12

11 En cuanto al Municipio, el foro de instancia indicó que la demanda por negligencia al no tomar las medidas necesarias para evitar la presente situación estaba prescrita. En cuanto a la alegación de que el Municipio actuó de forma ilegal y fraudulenta al pagar salarios y otros beneficios a un empleado que no le rendía labor alguna, dicho foro resolvió que el señor Galo era empleado municipal, pero que por instrucciones del Alcalde prestaba servicios en el comité local del P.P.D., recibiendo salario pagado por el Municipio sin éste beneficiarse de manera alguna. No obstante, le impuso responsabilidad solidaria en conjunto con el P.P.D., al amparo de los Artículos 201 y 216 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. secs. 4352, 4391, respectivamente. Determinó que dicha acción no prescribía y que a esos delitos por pagos ilegales con fondos públicos le aplicaba la doctrina de enriquecimiento injusto. 12 El Artículo 201 del Código Penal de Puerto Rico, ante, sobre aprovechamiento por funcionario de trabajos o servicios públicos, dispone, en lo pertinente: Todo funcionario o empleado público que empleare en beneficio suyo o de un tercero trabajos o servicios pagados por el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, los municipios, ...será sancionado con Pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años... Énfasis nuestro.

Por otra parte, el Artículo 216, ante, sobre delitos contra fondos públicos, dispone, en lo pertinente:

Será sancionado con pena de reclusión ... todo funcionario, empleado público o toda persona encargada de recibir, guardar, traspasar, desembolsar o en cualquier forma afectar fondos públicos, que realizare cualesquiera siguientes actos:

(Continúa . . .) CC-2000-211 12

Inconforme con tales determinaciones, el Municipio de

Mayagüez acudió ante el entonces Tribunal de Circuito de

Apelaciones mediante recurso de apelación.13 Del mismo modo,

el P.P.D. recurrió ante el referido foro apelativo

intermedio en revisión de la sentencia sumaria dictada en

su contra por el foro de instancia. En síntesis, alegó que

no procedía dictar sentencia sumaria en el caso de autos

por existir cuestiones de credibilidad que sólo podían

dirimirse luego de celebrada una vista en su fondo y que no

procedía adjudicar responsabilidad solidaria en su contra

por actos imputables al presidente del comité municipal.

Asimismo, alegó que no procedía aplicar la doctrina del

enriquecimiento injusto al caso de autos, por razón de que

la causa de acción correspondiente era una en daños y

perjuicios al amparo del Artículo 1802 del Código Civil,

ante. Finalmente, adujo que por tratarse de una acción en

daños la misma estaba prescrita.

______________________ (a) Sin autoridad legal se los apropiare en todo o en parte, para beneficio particular o el de otra persona. Énfasis nuestro. . . .

13 En su escrito el Municipio le imputó al foro de instancia haber incidido al: ...interpretar que los Artículos 201 y 216 del Código Penal de Puerto Rico, le imponen responsabilidad a los Municipios y en este caso, al Municipio de Mayagüez; ...aplicar la doctrina del Enriquecimiento Injusto contra el Municipio de Mayagüez; ...resolver la Moción de Sentencia Sumaria en contra del Municipio de Mayagüez. CC-2000-211 13

Mediante sentencia de 18 de enero de 2000, el foro

apelativo intermedio revocó la imposición de

responsabilidad en contra del Municipio de Mayagüez. El

referido foro entendió que no procedía aplicar la doctrina

de enriquecimiento injusto contra dicha parte, ya que ésta

fue, precisamente, la que se empobreció como resultado de

las actuaciones del Alcalde y en ningún momento se

enriqueció de los pagos hechos a favor del señor Galo

Perocier. En cuanto a la aplicación de los Artículos 201 y

216 del Código Penal al caso de autos, el foro primario

determinó que éstos no proceden en contra de instituciones,

como lo son el Municipio o el Gobierno, sino contra

personas naturales y no jurídicas.

Por otra parte, el foro apelativo intermedio confirmó

la sentencia sumaria dictada por el tribunal de instancia

en cuanto a la imposición de responsabilidad en contra del

P.P.D. a nivel central. Al fundamentar su conclusión, y

refiriéndose específicamente a la procedencia de la

solicitud de sentencia sumaria, el referido foro señaló que

los documentos y declaraciones juradas presentadas por el

E.L.A. en apoyo de su solicitud respaldaban totalmente, y

establecían incontrovertiblemente, las alegaciones

contenidas en la demanda enmendada.14 En consecuencia,

14 Dicha aseveración la hizo como consecuencia de un examen que hiciera el foro apelativo intermedio de las declaraciones juradas prestadas por el Sr. Miguel Galo Perocier; su supervisor, Sr. René Ramos Muñoz; por el Ingeniero Auxiliar del Departamento de Obras Públicas del municipio, Sr. Héctor Rafael Bass Pineda; por el Director (Continúa . . .) CC-2000-211 14

sostuvo que no existía controversia de hecho alguna que

tuviera que dirimirse en una vista en su fondo y que, a la

luz de los documentos sometidos, sólo restaba aplicar el

derecho.

Citando la Ley Electoral de Puerto Rico, ante, el

referido tribunal concluyó que un partido político

organizado como el P.P.D. tiene capacidad para demandar y

ser demandado, contrario a los comités locales o

municipales, que no ostentan personalidad jurídica separada

e independiente del partido debidamente inscrito.15 De este

modo, confirmó la determinación del foro de instancia en

cuanto a que los comités municipales existen para el

beneficio del partido central y funcionan como subsidiarios

del mismo y que, en tal capacidad, el P.P.D. a nivel

central se había enriquecido de los servicios de una

______________________ de Obras Públicas del Municipio desde mayo de 1982 a septiembre de 1986, Sr. Bernabé Pérez Rodríguez; por la Oficinista, Sra. Norma Rodríguez; por la secretaria del Ing. Bass, Sra. Naida Rivera González; y por el Director en la Oficina del Contralor de Puerto Rico, Eduard Rivera Correa.

El foro apelativo sostuvo que dichas declaraciones nunca fueron refutadas por la apelante, P.P.D., y que las mismas establecían claramente la participación directa del alcalde de Mayagüez al permitirle al señor Galo Perocier, realizar labores a favor del comité local del P.P.D. a costa del Municipio.

Dispuso, además, que nunca antes el apelante, P.P.D., había planteado la alegada controversia relacionada a la credibilidad de las declaraciones del señor Galo Perocier, en su oposición a la solicitud de sentencia sumaria y que era ante dicho foro donde por primera vez lo levantaba como error. CC-2000-211 15

persona cuyo salario fue sufragado por el Municipio al cual

estaba adscrita como empleado.

Por otra parte, el foro apelativo intermedio señaló

que en ningún momento se negó el hecho de que el Municipio

se había hecho responsable por dichos pagos; que la prueba

presentada por el E.L.A. claramente demostró el periodo de

tiempo durante el cual el señor Galo prestó servicios al

comité, el lugar donde los prestaba, y quién le hacía los

pagos. De este modo, concluyó que el tribunal de instancia

aplicó correctamente la doctrina de enriquecimiento injusto

al caso de autos, pues el partido se había visto

beneficiado a través de su comité local. Finalmente,

determinó que, siendo aplicable al caso de autos el término

prescriptivo de quince (15) años, análogo a las acciones

personales en cobro de dinero que no tienen término

señalado en la ley, la demanda no estaba prescrita.

Inconforme, el P.P.D. acudió --vía certiorari-- ante

este Tribunal. Alega que procede revocar la sentencia

emitida por el referido foro apelativo, confirmatoria la

misma de la emitida por el foro de instancia, debido a que

dicho foro apelativo incidió al:

... confirmar que procedía dictar sentencia sumaria a favor de los demandantes, aun cuando existe una cuestión de credibilidad en las declaraciones juradas que sólo puede dirimirse luego de celebrado el juicio;

... confirmar la imposición de responsabilidad solidaria al PPD por los supuestos actos

______________________ 15 Véase: 16 L.P.R.A. secs. 1301 et. seq., P.S.P. v. E.L.A., 107 D.P.R. 590 (1978). CC-2000-211 16

imputables al presidente del comité municipal del partido;

... determinar que en el caso aplica la doctrina del enriquecimiento injusto;

... confirmar la sentencia en una causa de acción que estaba prescrita.

Mediante Resolución a esos efectos, el 14 de abril de

2000, denegamos dicha petición de certiorari. Inconforme

con tal determinación, el P.P.D. presentó oportuna moción

de reconsideración, la cual denegamos mediante Resolución

emitida el 19 de mayo de 2000. Así las cosas, el

peticionario radicó una segunda moción de reconsideración.

Examinada dicha moción, mediante Resolución de 9 de junio

de 2000, decidimos reconsiderar nuestra denegatoria

procediendo a expedir el recurso. Contando con la

comparecencia de ambas partes, y estando en condiciones de

resolver el recurso radicado, procedemos a así hacerlo.

I

En su primer señalamiento de error, el peticionario

alega que el tribunal apelativo intermedio incidió al

concluir que en el caso de autos procedía, conforme a

derecho, dictar sentencia sumaria. Veamos.

En reiteradas ocasiones hemos expresado que la

sentencia sumaria es un mecanismo procesal extraordinario y

discrecional que tiene como propósito facilitar la solución

justa y rápida de los litigios y casos civiles que no

presenten controversias genuinas de hechos materiales y CC-2000-211 17

que, por lo tanto, no ameritan la celebración de una vista

en su fondo. Management Administration Services, Corp. v.

E.L.A., res. el 29 de noviembre de 2000, 2000 T.S.P.R. 174;

Hernández Villanueva v. Hernández, res. el 27 de enero de

2000, 2000 T.S.P.R. 14. La utilización de dicho mecanismo

permite dictar sentencia sin la necesidad de celebrar una

vista evidenciaria, cuando de los documentos no

controvertidos que se acompañan en la solicitud de la

misma, y de la totalidad de la evidencia presentada en

autos, surge que no existe controversia sobre los hechos

materiales, por lo cual sólo resta y corresponde aplicar

el derecho. Partido Acción Civil v. Estado Libre Asociado

de Puerto Rico , res. el 25 de febrero de 2000, 2000

T.S.P.R. 29; Medina v. M,S, & D Química P.R. Inc., 135

D.P.R. 716 (1994).

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap.

III, R. 36, regula todo lo concerniente a dicho mecanismo

procesal. Específicamente, la Regla 36.3, ante, dispone que

se dictará sentencia sumaria “inmediatamente si las

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios

y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones

juradas, si las hubiere, demostraren que no hay

controversia real sustancial en cuanto a ningún hecho

material y que como cuestión de derecho debe dictarse

sentencia a favor de la parte promovente.” Management

Admnistration v. E.L.A., ante; Rivera v. Superior

Packaging, 132 D.P.R. 115 (1992). Sólo procederá dictar CC-2000-211 18

sentencia sumariamente cuando surja claramente que el

promovido por la moción no puede prevalecer bajo ningún

supuesto de hechos y cuando el tribunal cuenta con la

verdad de todos los hechos necesarios para resolver la

controversia. Management Administration Services, ante;

Rivera Rodríguez v. Dept. Hacienda, res. el 17 de

septiembre de 1999, 99 T.S.P.R. 139; Corp. Presiding Bishop

v. Purcell, 117 D.P.R. 714 (1986).

Por otro lado, no procede declarar con lugar una

moción solicitando que se dicte sentencia sumaria cuando

existe una disputa de hechos bona fide. Cuadrado Lugo v.

Santiago, 126 D.P.R. 272 (1990). Ésta sólo debe dictarse en

casos claros y cualquier duda sobre la existencia de una

controversia sobre los hechos materiales, debe resolverse

contra la parte que la solicita y a favor de la que se

opone a la concesión de la misma. Córdova Ramos v. Larín

Herrera, res. el 2 de junio de 2000, 2000 T.S.P.R. 79;

Audiovisual Lang. v. Sistema Est. Natal Hermanos, 144

D.P.R. 563 (1997).

Como regla general, la parte que solicita la sentencia

sumaria está en la obligación de demostrar, en primera

instancia, la inexistencia de una controversia real

sustancial en cuanto a todo hecho material que a la luz del

derecho sustantivo determinaría una sentencia a su favor

como cuestión de ley. Córdova Ramos v. Larín Herrera, ante.

De esa manera, el tribunal podrá considerar prueba que, de CC-2000-211 19

no ser adecuadamente refutada, permita que se disponga del

pleito a favor de alguna de las partes.

Si la parte opositora desea defenderse, tiene que

demostrar que existe controversia en cuanto a los hechos

presentados por la parte promovente. Ibíd. Para derrotar

una solicitud de sentencia sumaria la parte opositora debe

presentar, como regla general, contradeclaraciones juradas

y contradocumentos que pongan en controversia los hechos

presentados por el promovente. Rivera v. Superior, ante;

Córdova Ramos v. Larín Herrera, ante. Si se cruza de

brazos, corre el riesgo de que le dicten sentencia en su

contra sin juicio en su fondo. Cuadrado Lugo v. Santiago,

ante; Mercado Vega v. U.P.R., 128 D.P.R. 273 (1991). No

basta, pues, con presentar meras alegaciones para

controvertir los hechos materiales que la parte promovente

sostiene no están en controversia. Audiovisual Lang. v.

Est. Natal, ante.

Al considerar la moción de sentencia sumaria se

tendrán como ciertos los hechos no controvertidos que

consten en los documentos y las declaraciones juradas

presentadas por la parte promovente. Piñero González v.

A.A.A., res. el 23 de octubre de 1998, 98 T.S.P.R. 141.

Toda inferencia razonable que se realice a base de los

hechos y documentos presentados, en apoyo y en oposición a

la solicitud de que se dicte sentencia sumariamente, debe

tomarse desde el punto de vista más favorable al que se

opone a la misma. Management Admnistration Services, ante. CC-2000-211 20

Cuando, entonces, de los documentos no controvertidos que

se acompañan surge que no existe una legítima disputa de

hecho a ser dirimida, que sólo resta aplicar el derecho, y

que no se ponen en peligro los intereses de las partes, se

dictará sentencia sin necesidad de que se celebre una vista

en los méritos. Audiovisual Lang. v. Est. Natal, ante.

Así pues, tomando en consideración que la sentencia

sumaria es un remedio extraordinario y que su concesión

está a discreción del tribunal, “el sabio discernimiento es

el principio rector para su uso porque, mal utilizada,

puede prestarse para despojar a un litigante de ‘su día en

corte’, principio elemental del debido proceso de ley.”

Roig Com. Bank v. Rosario Cirino, 126 D.P.R. 613, 617

(1990); Córdova Ramos v. Larín Herrera, ante; Management

Administration Services, ante.

De manera que, al dictar sentencia sumariamente, el

tribunal: (a) examinará los documentos que acompañan la

moción solicitando la misma, los documentos incluidos con

la moción en oposición y aquellos que obren en el

expediente del tribunal; (b) determinará si el oponente

controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones de

la demanda que no han sido controvertidas o refutadas en

forma alguna por los documentos. Management Administration

Services, ante; PFZ Properties v. General Accident, 136

D.P.R. 881 (1994); Corp. Presiding Bishop, ante. CC-2000-211 21

II

Con estos principios en mente, analizamos si el foro

de instancia incidió al resolver que no existía

controversia real y sustancial alguna sobre los hechos

materiales del caso que impidiera dictar sentencia sumaria

a favor del demandante.

En la solicitud de sentencia sumaria presentada por el

E.L.A., se planteó que, de conformidad con el mandato

constitucional otorgado a la Oficina del Contralor de

Puerto Rico, dicha Oficina llevó a cabo una investigación

sobre el Municipio de Mayagüez;16 que según consta en el

documento, dicha investigación cubrió el periodo de tiempo

entre el 12 de agosto de 1981 al 10 de febrero de 1986,

culminando la misma en un escrito titulado Informe de

16 La Ley Núm. 17 de 8 de mayo de 1973, según enmendada por la Ley Núm. 51 de 7 de junio de 1977, le concede facultad a la Oficina del Contralor, adscrita al Departamento de Justicia, de instar acciones civiles ante los tribunales que surjan como resultado de intervenciones del Contralor en relación con los ingresos, cuentas, y desembolsos de los municipios. Las investigaciones del Contralor están revestidas del más alto interés público y van dirigidas a fomentar la más sana administración de los fondos públicos.

De acuerdo a la ley que crea la Oficina del Contralor, Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, dicha Oficina tiene la facultad de, a través sus auditores y empleados de intervenir, supervisar, y de ser necesario, por descubrirse irregularidades en lo relativo al uso de fondos públicos, referir al Secretario de Justicia para que se tomen las acciones legales pertinentes.

El Contralor fiscalizará todos los ingresos, cuentas y desembolsos del Estado, de sus agencias e instrumentalidades y de los municipios, para determinar si se han hecho de acuerdo a la ley. Artículo III, Sección 22 de la Constitución. CC-2000-211 22

Intervención M-89-1 de fecha de 11 de octubre de 1988; que

entre los hallazgos contenidos en dicho Informe se señala

que el empleado municipal Miguel Galo Parocier estuvo

desempeñándose como encargado de un comité político durante

las horas laborables comprendidas desde junio de 1980 a

junio de 1986 y que mientras esto sucedía dicho empleado

devengó salarios sufragados por el municipio de Mayagüez

como Auxiliar General de Mantenimiento y Conservación de

Edificios y como Pintor II.

Se acompañó a dicha solicitud de sentencia sumaria el

referido Informe conteniendo el aludido hallazgo, junto con

los siguientes documentos:

i) Declaración jurada tomada por el auditor, Sr. Eddie Cruz, al Sr. Miguel A. Galo los días 29 y 30 de septiembre de 1986, donde expresó haber trabajado para el municipio de Mayagüez como Pintor, Encargado del Comité Popular, y como Guardián; expresó haber realizado dichas labores desde el 1980 al 1986, durante todos los días, y señaló que los fondos para el pago de su sueldo provenían del Municipio;

ii) Declaración jurada prestada por el señor Galo Perocier ante la Fiscal Elvira Cora Ramsey, donde reiteró que había realizado labores en forma continua para el Comité Político del P.P.D. en Mayagüez durante horas laborables. Expresó, además, que las tarjetas de asistencia se las llenaban a mano en el Departamento de Obras Públicas municipal indicando que estaba realizando labores de pintor. Nuevamente especificó que recibía su sueldo como empleado de parte del Municipio;

iii) En esta última declaración se describieron ciento cincuenta y cinco (155) cheques hechos a favor y en beneficio del señor Galo y endosados por éste para cambio. Estos cheques fueron debidamente identificados por el señor Galo ante la fiscal Ramsey; CC-2000-211 23

iv) Declaración jurada prestada por el Ing. Héctor Rafael Bass Pineda, ayudante general del Departamento de Obras Públicas Municipal, ante la Fiscal Elvira Cora Ramsey, donde dicho empleado expresó que era de conocimiento general el hecho de que el señor Galo atendía el comité político del P.P.D. en horas laborables; declaró que durante ese tiempo, la asistencia del señor Galo se registraba mediante tarjetas de asistencia preparadas a mano por secretarias del referido Departamento de Obras Públicas;

v) Declaración jurada del Sr. Bernabé Pérez Rodríguez, quien se desempeñó como Director de Obras Públicas del Municipio desde mayo de 1982 hasta septiembre de 1985. Éste declaró que el señor Galo era uno de los obreros del Departamento y que estaba encargado de las facilidades del Comité Político del P.P.D. Expresó que lo observó allí personalmente durante horas laborables e identificó cincuenta (50) tarjetas de asistencia pertenecientes al señor Galo;

vi) Declaración jurada de la Sra. Norma Rodríguez Pérez, Oficinista Dactilógrafa II del Municipio. Declaró que conocía al señor Galo por razón de que éste trabajaba en Obras Municipales y que tenía conocimiento de que éste trabajó durante horas laborables en el referido comité;

vii) Declaración jurada prestada por la Sra. Naida Rivera González, Oficinista I del Municipio y secretaria del Ing. Héctor Bass. Ésta declaró tener conocimiento acerca de que el Sr. Galo se desempeñaba como pintor en el Municipio;

viii) Declaración jurada prestada por el Sr. Eduard Rivera Correa, Director de la División de Municipios en la Oficina de la Contralor de Puerto Rico. Declaró que como parte de las funciones conferidas a la Oficina del Contralor, se llevó a cabo una investigación sobre el Municipio de Mayagüez. Que de los hallazgos obtenidos en dicha investigación, surgió que el Sr. Galo aparecía como empleado del Departamento de Obras Públicas del Municipio, cuando en realidad se desempeñaba como encargado del aludido comité político, y que de conformidad con la labor de auditoría realizada se le pagó la suma de $44,280.00 en forma de salarios y aportaciones. CC-2000-211 24

A base de dicha documentación, la parte demandante

alegó que no existía controversia de hechos en cuanto a que

el señor Galo Perocier era un empleado del Municipio

cuando, en realidad, se dedicó a atender y trabajar en el

Comité Local del P.P.D. en Mayagüez; que a partir de junio

de 1980 a junio de 1986, el señor Galo Perocier recibió la

cantidad de $44,280.00, sufragada dicha cantidad con fondos

públicos provenientes del Municipio, sin haberse dicho

Municipio beneficiado por la labor del señor Galo; que el

P.P.D. se benefició de la labor del señor Galo al éste

estar encargado del referido comité y que, en su capacidad

de partido político organizado, a base a la Ley Electoral

de Puerto Rico, era responsable del uso ilegal de los

fondos públicos con los que se le pagó a Galo Perocier.

Por su parte, y como señaláramos anteriormente, el

P.P.D. no presentó declaración o documento alguno en su

escrito en oposición. En dicho escrito, el P.P.D. se limitó

a alegar que la evidencia documental presentada por el

E.L.A. no sostenía su solicitud de que se dictara sentencia

sumariamente, ello por razón de que las alegaciones de la

demandante acerca del beneficio obtenido por el partido

carecían de prueba que las fundamentara. Por otro lado,

alegó que desconocía los hechos imputados y que la causa de

acción en su contra estaba prescrita. Como argumento en

apoyo de la defensa de prescripción, sostuvo que la

presente acción no versa sobre una reclamación por

enriquecimiento injusto y sí sobre los actos u omisiones CC-2000-211 25

Código Civil, cuyo término de prescripción es de un (1) año

contado a partir del momento en que la persona agraviada

adquiere conocimiento sobre los daños que le han sido

causados; y que, en consecuencia, la acción se presentó

fuera del término dispuesto por ley.

Como expresáramos anteriormente, la Regla 36.5 de

Procedimiento Civil, ante, dispone que ante una solicitud

de sentencia sumaria la parte que se opone a la misma no

puede descansar exclusivamente en las aseveraciones o

negaciones contenidas en sus alegaciones, sino que vendrá

obligada a contestar en forma detallada y específica,

exponiendo los hechos pertinentes que demuestren que existe

una controversia real que deba dirimirse en un juicio. En

otras palabras, para derrotar una moción de sentencia

sumaria, no basta con presentar meras alegaciones. Córdova

Ramos v. Larín Herrera, ante; Audiovisual Lang. v. Sist.

Est. Natal, ante. En consecuencia, forzoso es concluir que,

en el presente caso, el P.P.D. no cumplió con su obligación

procesal de controvertir las aseveraciones, documentos,

hechos y declaraciones presentadas por el E.L.A. pues no

presentó documento alguno para refutar los hechos y

aseveraciones expuestos por el E.L.A. en su solicitud de

sentencia sumaria.

III

En segundo término, el peticionario alega que el

Tribunal de Apelaciones incidió al confirmar la imposición CC-2000-211 26

de responsabilidad solidaria al P.P.D, por actos imputables

al presidente del comité municipal del partido, ello debido

a que el P.P.D., a nivel central, alegadamente se había

enriquecido injustamente de los servicios realizados por el

señor Galo Perocier sin haber sufragado en cantidad alguna

el sueldo devengado por dicho empleado.

A

La doctrina de enriquecimiento injusto es casi tan

antigua como el derecho mismo. Es un corolario del concepto

de equidad, lo cual equivale a decir que es un corolario

del concepto de justicia. Silva v. Comisión Industrial, 91

D.P.R. 891 (1965). En tal sentido, es un principio general

del derecho fundado en la equidad que informa todo el

ordenamiento jurídico. Ortiz Andujar v. E.L.A., 122 D.P.R.

817 (1988). Al igual que otras acciones basadas en los

principios de equidad, la reclamación por enriquecimiento

injusto sólo procederá cuando no exista ley que provea para

otra causa de acción. Ibíd.17 “De enriquecimiento injusto se

habla propiamente cuando la ley no ha previsto una

situación en la que se produce un desplazamiento

17 Al confrontarse un tribunal a controversias para las que el legislador no ha previsto expresamente o provisto solución, es menester recurrir al mandato contenido en el Artículo 7 del Código Civil, que dispone, “cuando no haya ley aplicable al caso, el tribunal resolverá conforme a equidad, que quiere decir que se tendrá en cuenta la razón natural de acuerdo con los principios generales del derecho, y los usos y costumbres aceptados y establecidos.” Ortiz Andujar v. E.L.A., ante, a la pág. 822. CC-2000-211 27

patrimonial que no encuentra una explicación razonable en

el ordenamiento vigente.” Ibíd., a la pág. 822.18 En el caso

antes mencionado, resaltamos el hecho de que como todo

principio general, esta doctrina ha ido desarrollándose y

ganando concreción a través de la jurisprudencia, al punto

de que hoy en día nadie le niega su franco crecimiento.

Para que proceda la aplicación de dicha doctrina es

necesario que concurran ciertos requisitos básicos, a

saber: i) existencia de un enriquecimiento; ii) un

correlativo empobrecimiento; iii) una conexión entre dicho

empobrecimiento y enriquecimiento; iv) falta de una causa

que justifique el enriquecimiento; v) inexistencia de un

precepto legal que excluya la aplicación del

enriquecimiento sin causa. Ortiz Andujar, ante; Morales v.

Municipio de Toa Baja, 119 D.P.R. 682 (1987).

Aun cuando en nuestra jurisdicción esta doctrina no

está regulada por las disposiciones del Código Civil, la

encontramos subsumida en la figura de los cuasicontratos.

Ortiz Andujar, ante. Ciertamente, este Tribunal la ha

incorporado plenamente con todos sus perfiles y alcance.

Específicamente, en Plan de Bienestar Salud v. Alcalde

Cabo Rojo, 114 D.P.R. 697, 703 (1983), nos expresamos en

torno a los parámetros que deben ser evaluados siempre que

se presentan controversias en cuanto a la aplicación de

dicha doctrina. En dicho caso discutimos varios principios

18 Véase: J. Puig Brutau, Fundamentos del Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1983, T.II, Vol. 3, págs. 43-74. CC-2000-211 28

que rigen el enriquecimiento sin causa y enumeramos las

siguientes normas: i) la doctrina de enriquecimiento

injusto es aplicable, dentro de determinadas situaciones, a

los órganos administrativos; ii) la aplicación de la

doctrina dependerá de las circunstancias específicas de

cada caso ya que el Código Civil no agota las situaciones a

las que la doctrina se extiende; iii) la doctrina de

enriquecimiento injusto no es invocable cuando su efecto es

vulnerar un principio importante de orden público encarnado

en la Constitución o las leyes del País.

Más adelante, en Hatton v. Municipio de Ponce, 134

D.P.R. 1001, 1010 (1994), reiteramos esta norma y

expresamos, al definir el alcance de esta doctrina, que la

misma “no se aplicará cuando resulte contraria a una clara

política pública, plasmada en un estatuto o en la

Constitución.” En Municipio de Ponce v. Gobernador, 138

D.P.R. 431 (1995), recalcamos este aspecto de la doctrina y

dispusimos que al otorgar convenios que violenten de forma

abierta principios de sana administración pública plasmados

en nuestras leyes, no debe invocarse la doctrina del

enriquecimiento injusto, pues su efecto sería violentar

principios de suma importancia encarnados en la

Constitución y leyes del País.

B

Con dicho trasfondo doctrinario y jurisprudencial en

mente, examinamos la procedencia de la doctrina de

enriquecimiento injusto al caso de autos. CC-2000-211 29

En cuanto al primer requisito, el peticionario

cuestiona el hecho de que los dos foros apelados hayan

llegado a la conclusión de que el P.P.D. a nivel

central se haya enriquecido a través de los

servicios brindados por el señor Galo como encargado del

comité municipal. En apoyo de dicho argumento, alega

que el partido, a nivel central, no pudo haberse

enriquecido de actos sobre los cuales nunca tuvo

conocimiento ni mucho menos consintió.

A estos efectos, entendemos indispensable señalar que

“el enriquecimiento puede ocurrir en dos (2) modalidades

diferentes: el positivo o aumento en el patrimonio (lucrum

emergens), o el negativo o disminución del patrimonio

(damnum cessans). El negativo (damnun cessans) se apuntala

en la premisa de que un no gasto equivale a un ingreso. En

otras palabras, en la medida en que alguien sufre una

pérdida que ordinariamente debería padecer otro, el primero

le ahorra un gasto al segundo. Esta situación no tiene

cabida en un sistema donde impera lo justo y debe ser

remediada.” Ortiz Andujar, ante, págs. 826-27. Énfasis

suplido. El caso ante nos presenta claramente una situación

fáctica en la que se refleja la modalidad de

enriquecimiento injusto en su aspecto negativo.

No existe controversia en cuanto a que el señor Galo

era el encargado del comité municipal del P.P.D. en

Mayagüez y que su sueldo como tal fue sufragado por el

Municipio. Siendo así, es evidente que el Municipio pagó CC-2000-211 30

por el P.P.D. el gasto relativo a la remuneración del señor

Galo en concepto de sueldos, bonos, licencias por

vacaciones y por enfermedad. El Municipio se hizo cargo de

satisfacer todo tipo de beneficios a un empleado que

ejerció labores exclusivamente para dicha entidad u

organismo político.

No nos persuade el argumento del P.P.D. a los efectos

de que su organización no tenía conocimiento de que el

señor Galo laboraba en el comité municipal de Mayagüez,

pues probado el hecho de que el empleado rindió labores en

dicho lugar, y que su sueldo fue sufragado por el Municipio

de Mayagüez, es evidente que tal pago constituyó un

“ahorro” al partido. Ello es así, pues de otro modo, el

P.P.D. hubiera tenido que emplear a una persona a su

propio costo para que se encargara del comité.

Debemos tener presente que bajo nuestra Ley Electoral,

ante, un comité local o municipal de un partido político no

tiene personalidad jurídica separada de la del partido

debidamente inscrito. La cualidad de tener personalidad

jurídica independiente le pertenece a los partidos

políticos organizados bajo el mencionado estatuto, con

capacidad jurídica para demandar y ser demandados. P.S.P.

v. E.L.A., 107 D.P.R. 590 (1978). Los partidos políticos, a

su vez, son el elemento básico de toda democracia. P.P.D.

v. Gobernador, 139 D.P.R. 643 (1995). A través de nuestro

sistema electoral se contempla la existencia continua de

los partidos políticos y su participación en la discusión CC-2000-211 31

de los asuntos de interés público. Ibíd. Ello es compatible

con el papel que éstos desempeñan en nuestra sociedad, pues

se caracterizan por ser las vías mediante las cuales se

canalizan pacíficamente las distintas tendencias políticas

y económicas de la sociedad. Ibíd.; P.S.P. v. E.L.A., ante.

Como partidos políticos, realizan funciones cuasi-

gubernamentales, tales como formular programas de

administración y proponer candidatos a puestos políticos.

Ibíd.

Por otra parte, y en lo que respecta al segundo

requisito, es importante señalar que no hay la más mínima

duda --ni controversia-- en torno al hecho de que el

Municipio de Mayagüez sufragó todo tipo de remuneración

hecha a favor del señor Galo. En consecuencia sufrió una

disminución en sus arcas ascendente a cuarenta y cuatro mil

doscientos ochenta dólares ($44,280.00). Dicha cantidad de

dinero nunca estuvo en controversia. Esta fue la cantidad

de fondos públicos que la Oficina del Contralor de Puerto

Rico detalló en su Informe de Intervención como pagada por

el Municipio al señor Galo Perocier sin que éste hubiese

rendido labor alguna en su beneficio y sí a favor del

Comité Municipal del P.P.D.

En cuanto al tercer requisito que tiene que estar

presente para que proceda una debida aplicación de la

doctrina de enriquecimiento injusto --la correlación entre

el empobrecimiento de una parte y el enriquecimiento de la

otra-- debemos señalar que la relación entre CC-2000-211 32

empobrecimiento y enriquecimiento no exige que el efecto se

produzca como resultado de una prestación directa del

empobrecido al enriquecido. Citando al tratadista Puig

Brutau,19 en Ortiz Andujar, ante, a la pág. 828, señalamos

que lo determinante es la existencia de un vínculo de

conexión suficiente entre el patrimonio que ha sufrido la

pérdida y el que ha experimentado el beneficio. Ha de ser,

pues, una misma circunstancia la que haya generado por un

lado la pérdida y por otro la ganancia. No ha de entenderse

que se requiere que el desplazamiento producido se dé

directamente entre el perjudicado y el beneficiado, sino en

que un mismo hecho haya dado lugar a la pérdida y a la

ganancia. Ibíd.

El peticionario alega que en el presente caso no

procede la aplicación de la doctrina, pues el P.P.D. no se

benefició, como institución, de la labor del señor Galo en

el referido comité municipal; razón por la cual sostiene

que no existe una relación entre el empobrecimiento del

Municipio y el alegado enriquecimiento del partido. No le

asiste la razón.

Conforme al Reglamento Oficial del P.P.D., surge

claramente que entre las funciones propias de los comités

municipales están: (i) ser responsables de la dirección

política del Partido en el área de su jurisdicción; (ii)

representar al Partido en todos los eventos electorales,

19 Véase: J. Puig Brutau, Fundamentos del Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1983, T.II, Vol. 3, pág. 57. CC-2000-211 33

actividades y asuntos de campaña; (iii) mantener un local

apropiado para llevar a cabo sus funciones básicas; (iv)

mantener activo el plan de finanzas; (v) organizar la

movilización de sus partidarios a las diferentes

actividades y a los eventos electorales; (vi) organizar

actividades para promover los objetivos del Partido y (vii)

llevar su mensaje de forma efectiva, a través de un

programa de educación política, entre otras funciones.20

Debe señalarse, además, que conforme con el Artículo 22 del

antes mencionado Reglamento, cada comité municipal será el

organismo rector del partido en su demarcación.21

Las anteriores funciones reglamentarias de los comités

municipales del P.P.D. demuestran claramente que dichas

entidades están subordinadas al P.P.D., como organismo

central, y existen por necesidad del partido en el

municipio donde estén localizadas. En otras palabras, son

parte de una sola estructura del partido político, sea cual

sea, creados con el propósito y objetivo de promover su

ideal político.

Ciertamente, el P.P.D. no puede alegar ahora que no se

benefició de la labor efectuada por el señor Galo Perocier

como encargado del comité local municipal del partido en

Mayagüez, pues era el principal beneficiario, aunque de

manera indirecta, de todo lo que lograra llevar a cabo el

20 Véase: Artículo 25 del Reglamento Oficial del Partido Popular Democrático para la fecha de los hechos. CC-2000-211 34

comité municipal en cumplimiento de sus deberes y funciones

reglamentarias.

En cuanto al cuarto requerimiento, esto es, el de

falta de causa que justifique el enriquecimiento, tal como

señaláramos en Ortiz Andujar, ante, pág. 829, “este término

‘causa’ no tiene aquí la acepción que se le da en materia

contractual, sino que toma en el significado de acto

jurídico que justifica la adquisición de una valor.” Citas

omitidas. Así, “el enriquecimiento no debe derivar su

fuente de un acto jurídico que legitime su adquisición.”

Citas omitidas.

En el presente caso no existe razón o justificación

alguna que diera base a que el comité municipal utilizara

los servicios de un empleado municipal, ni mucho menos a

que el referido municipio costeara tales servicios.

Finalmente, y en cuanto al requisito de la

inexistencia de precepto legal que excluya la aplicación

del enriquecimiento sin causa, el peticionario alega que la

doctrina referente a los actos u omisiones ilícitas --la

cual tiene su base en las disposiciones del Artículo 1802

del Código Civil-- impide que se configure un

enriquecimiento injusto de parte del P.P.D. No puede el

peticionario entremezclar conceptos relativos a una acción

de enriquecimiento injusto con una de daños y perjuicios.

Ortiz Andujar, ante. “La acción de enriquecimiento injusto

______________________ 21 Véase: Artículo 22 del Reglamento Oficial del Partido Popular Democrático para la fecha de los hechos. CC-2000-211 35

es distinta a una de indemnización de daños y perjuicios

por actos ilícitos.” Ibíd, a la pág. 825.

En el antes citado caso señalamos, sobre la distinción

entre ambas acciones, que:

[L]a pretensión por daños se orienta siempre al agente provocador, y son indispensables los conceptos de culpa e imputabilidad para determinar el deber de indemnizar. La pretensión de enriquecimiento se encamina siempre contra el enriquecido sin causa, prescindiendo en absoluto de aquellas nociones de culpa e imputabilidad, y dejando en segundo término al agente provocador de la atribución patrimonial. La pretensión por daños necesita fijar la relación de causa a efecto entre el agente provocador y el daño. La pretensión por enriquecimiento fija dicha correlación entre el patrimonio del enriquecido y el del empobrecido. En la primera, la reparación se extiende al daño total, sin limitación de derecho, salvo algunas excepciones legales. En la segunda, la restitución tiene su objeto y su medida --salvo desviaciones concretas-- en la cuantía del enriquecimiento. El daño puede constituir, a la vez, damnum emergens (daño positivo) y lucrum cessans (lucro frustrado). El enriquecimiento puede producirse por un aumento del patrimonio (lucrum emergens) o por una no disminución del patrimonio (damnum cessans). La pretensión por daños nace siempre de un hecho ilícito. El daño se puede producir por acción o por omisión. El enriquecimiento --como es secundario el agente provocador--, sólo positivamente, por desplazamiento de valor de un patrimonio a otro”. Citas omitidas. Ibíd., págs. 825-26.

No cabe duda que el caso ante nos se presta para una

aplicación clara de la doctrina del enriquecimiento

injusto. No puede el peticionario alegar, con éxito, que

cualquier reclamación relacionada a los actos del

presidente del Comité Local debía haberse hecho al amparo

del Artículo 1802 del Código Civil. El enriquecimiento se

representó en la no disminución del patrimonio del P.P.D., CC-2000-211 36

al no tener que pagar sueldo alguno a un empleado que le

rendía servicios. “En la acción de indemnización de daños y

perjuicios por acto ilícito la indemnización se mide por el

daño experimentado por la víctima, independientemente de

que haya o no proporcionado beneficios al responsable,

mientras que la restitución que procede en caso de

enriquecimiento injusto no puede ser superior al aumento

patrimonial experimentado por la otra parte”. Ortiz

Andújar, ante, a la pág. 826. Cita omitida y énfasis

suplido. Es precisamente la cantidad de dinero equivalente

al sueldo devengado por el señor Galo Perocier, con la cual

el P.P.D. se enriqueció al no tener que desembolsarla. En

conclusión, en el presente caso se dan todos lo requisitos

para una debida aplicación de la doctrina de

enriquecimiento injusto.

IV

Como último señalamiento de error, atendemos

brevemente el argumento presentado por el peticionario en

torno a la alegada prescripción de la causa de acción que

dio lugar a la presente demanda y a la reclamación en cobro

de fondos públicos.

Aduce el P.P.D. que la presente acción no versa sobre

una reclamación por enriquecimiento injusto, sino sobre

actos u omisiones culposos o negligentes al amparo del

Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, ante, cuyo

término de prescripción es de un (1) año contado a partir CC-2000-211 37

conocimiento sobre los daños que le han sido causados.

Artículo 1868 del Código Civil de Puerto Rico, ante.

Alega, además, que como la investigación llevada a

cabo por la Oficina del Contralor culminó con la

preparación de un Informe,22 que para ese momento la parte

demandante sabía --o debió haber sabido-- sobre los

acontecimientos del caso y que, por lo tanto, la demanda

enmendada de 26 de diciembre de 1995, fue radicada fuera

del término prescriptivo de un (1) año.

Hemos resuelto que “la acción estrictamente para

recobrar fondos públicos obtenidos ilícitamente no surge

bajo el Artículo 1802 del Código Civil, supra ... Se trata

más bien de una acción de naturaleza personal ... como la

que procede para vindicar un enriquecimiento sin causa.”

E.L.A. v. Soto Santiago, 131 D.P.R. 304, 322 (1992).

Énfasis suplido. En dicho caso sostuvimos que en “ocasión

de considerar una acción instada por el Estado para

recobrar un alegado desembolso ilegal de fondos públicos

... resolvimos que para fines de prescripción la acción

aludida era una personal de cobro de dinero ... siendo una

acción personal sin término de prescripción ... debe

aplicarse el término prescriptivo de quince (15) años que

dispone el Art. 1864 del Código Civil, supra, para las

acciones personales que no tengan señalado término especial

de prescripción.” Ibíd., págs. 322-323; véase, además, CC-2000-211 38

E.L.A. v. Asoc. Empleados Obras Pub. Mun., 126 D.P.R. 320

(1990).

Habiendo concluido que la causa de acción en el

presente caso versa sobre una reclamación en cobro de

fondos públicos ilegalmente utilizados y que la misma fue

probada por la parte demandante, concluimos que el error

señalado no se cometió, pues la demanda no estaba prescrita

al momento de presentarse.

V

No podemos terminar sin hacer referencia a las

disposiciones del Artículo VI, Sección 9, de la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la

cual dispone:

Sólo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del Estado, y en todo caso por autoridad de ley.

En Marrero v. Mun. de Morovis, 115 D.P.R. 643, 645

(1984), resolvimos que no pueden utilizarse los fondos o

recursos públicos por determinado partido político para sus

fines particulares. Adoptando los fundamentos del Tribunal

de Primera Instancia, señalamos que, en la medida en que

los fondos públicos se utilicen para propaganda político-

partidista, se está afectando detrimentalmente el derecho

de los demás electores.

______________________ 22 Fechado el 11 de octubre de 1988. CC-2000-211 39

Sobre este mismo tema en P.P.D. v. Gobernador, ante, a

la pág. 688, expresamos que bajo la restricción

constitucional al uso de los fondos públicos, no se permite

el uso político-partidista de dichos fondos ni que de otro

modo un partido político o candidato obtenga una ventaja

económica a expensas del erario público. “La verdadera

esencia de un gobierno libre consiste en considerar los

puestos públicos como un fideicomiso, encomendado para el

bien del país y no para beneficio de determinado individuo

o partido.” Ibíd., a la pág. 690; Ex rel. Pérez v.

Manescau, 33 D.P.R. 739, 742 (1924).

En De Jesús v. Autoridad de Carreteras, res. el 30 de

abril de 1999, 99 T.S.P.R. 66, citando a A.E.E. v. P.N.P.,23

ante, señalamos que:

El concepto del ‘orden público’, como acopio y reflejo de los principios generales del Derecho, ciertamente recoge el alto valor jurídico que varios jueces de este Foro expresaron de manera esclarecida en Autoridad de Energía Eléctrica y otros v. P.N.P., 128 D.P.R. 294 (1991), (voto concurrente del Juez Asociado señor Negrón García al cual se unieron los Jueces Asociados señores Rebollo López y Andréu García), cuando determinamos que no podían usarse fondos públicos para pagar salarios de personas contratadas por agencias gubernamentales si tales personas no desempeñaron labor alguna para esas agencias:

[E]l desembolso indebido o ilegal de fondos públicos -en sus formas múltiples, a veces burdas y otras sofisticadas son actos incompatibles con el sistema de gobierno democrático consagrado en nuestra Constitución y apuntalado en el respeto a la dignidad

23 Véase: 128 D.P.R. 294, 299 (1991), Voto concurrente del Juez Asociado señor Negrón García al cual se unieron los Jueces Asociados señores Rebollo López y Andréu García. CC-2000-211 40

humana y los dineros del pueblo, como único soberano. No importa las modalidades que adopten, ni la jerarquía del funcionario envuelto, las mismas son intolerables. En última instancia, quien verdaderamente se perjudica, no sólo en lo económico sino en lo moral, es la ciudadanía en general ... Es pues, obligación de los tribunales reivindicar esos valores fundamentales.’ Énfasis suplido.

Hemos reiterado, además, que el manejo prudente de

fondos públicos está saturado de intereses de orden

público, sin que importe la cuantía involucrada. Merece

recordar que “es importante, lo sería, por pequeña que

fuera, cualquier suma, cuando se trata de los bienes, del

dinero de una comunidad municipal. Los intereses de esas

comunidades son los del pueblo, los de los contribuyentes;

y su empleo o inversión requieren un gran cuidado que se

traduce en las exigencias legales”. Énfasis suplido. Hatton

v. Municipio de Ponce, ante, pág. 1012; Vázquez v.

Municipio, 40 D.P.R. 509, 512 (1930). No hay duda, en

consecuencia, que el E.L.A. tenía plena capacidad para

radicar la demanda en el presente caso en reclamo o cobro

de los fondos públicos ilegalmente desembolsados por el

Municipio de Mayagüez.

No podemos validar la erogación de fondos públicos

para satisfacer el sueldo, bonos, licencias por vacaciones

y enfermedad a un empleado municipal cuando éste no realizó

labor alguna destinada a su empleo en el Municipio y sí en

beneficio privado de un comité político. Esto constituye

un claro ejemplo del uso indebido de fondos públicos que CC-2000-211 41

prohíbe nuestra Constitución. Como máximos intérpretes de

la misma, es nuestro deber y responsabilidad velar porque

dichos fondos respondan directamente a las necesidades de

la ciudadanía y no a los fines de un partido o candidato

político alguno. No se está promoviendo de esa manera

ninguna política pública plasmada en los estatutos ni en la

Constitución.

En esencia, nos vemos en la obligación de concluir que

la erogación de fondos públicos en el presente caso, para

satisfacer el sueldo, beneficios, etc., al empleado

municipal Galo Perocier se hizo en total contravención al

postulado constitucional que regula toda disposición de

fondos públicos para fines públicos y no privados. Demás

está decir que de dicha erogación de fondos públicos se

benefició el P.P.D., pues fue un gasto realizado por el

Municipio de Mayagüez que debió haber sido hecho por dicho

partido. Constituye una clara política pública, que debe

ser fomentada por todo funcionario del gobierno, tanto a

nivel estatal como municipal, la de promover y velar por la

más sana y recta administración de los fondos del pueblo.

Así pues, reiteramos la capacidad del Estado, a base

del resultado de investigaciones realizadas por la Oficina

del Contralor al amparo de su facultad constitucional, para

entablar demandas como la del caso de autos.24 Por

24 La Ley Núm. 17 de 8 de mayo de 1973, según enmendada por la Ley Núm. 51 de 7 de junio de 1977, le concede facultad a la Oficina del Contralor, adscrita al Departamento de Justicia, de instar acciones civiles ante (Continúa . . .) CC-2000-211 42

consiguiente, en cumplimiento de su obligación

constitucional de velar por la más sana y recta

administración de los fondos públicos, tanto estatales como

municipales, el E.L.A, al así actuar, está salvaguardando

los intereses de todos los ciudadanos de Puerto Rico, en

específico, los del Municipio de Mayagüez, en tanto en

cuanto, dichos fondos están destinados para beneficio

general de los mismos.

No obstante la capacidad reconocida al Estado de

reclamar fondos públicos estatales y municipales, debemos

recalcar que, aunque éste haya entablado la demanda en el

caso de autos, dichos fondos deben eventualmente revertir a

su fuente de origen, esto es, a las arcas del Municipio de

Mayagüez. Llegamos a tal conclusión por la sencilla razón

de que, ante el conflicto de intereses existente en el

presente caso, en donde el propio Alcalde actuó en contra

______________________ los tribunales que surjan como resultado de intervenciones del Contralor en relación con los ingresos, cuentas, y desembolsos de los municipios. Las investigaciones del Contralor están revestidas del más alto interés público y van dirigidas a fomentar la más sana administración de los fondos públicos.

De acuerdo a la ley que crea la Oficina del Contralor, Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, dicha oficina tiene la facultad de, a través sus auditores, empleados de intervenir, supervisar, y de ser necesario, por descubrirse irregularidades en lo relativo al uso de fondos públicos, referir al Secretario de Justicia para que se tomen las acciones legales pertinentes.

El Contralor fiscalizará todos los ingresos, cuentas y desembolsos del Estado, de sus agencias e instrumentalidades y de los municipios, para determinar si se han hecho de acuerdo a la ley. Artículo III, Sección 22 de la Constitución. CC-2000-211 43

de los intereses de los ciudadanos de su Municipio,

utilizando los referidos fondos para propósitos no

autorizados por ley, resultaba obvio que dicho funcionario

no iba a recurrir al foro judicial con el fin de

reclamarlos en representación del referido Municipio. Dicho

de otra manera, aun cuando el Municipio no haya recurrido a

los tribunales con el propósito de recobrar sus fondos,

esto debido a que fue precisamente el Alcalde quien

incurrió en los actos que dieron margen a la presente

situación, reiteramos que le correspondía al Estado velar

por los intereses que dicho funcionario no salvaguardó,

esto debido a la naturaleza pública de los fondos en

cuestión, el Municipio de Mayagüez tiene derecho a los

mismos.25

VI

En vista de que concluimos que el desembolso de fondos

públicos en el presente caso fue realizado en contravención

al Artículo VI, Sección 9 de nuestra Constitución,

confirmamos el dictamen del entonces Tribunal de Circuito

25 Resolver, de otra manera, implicaría que en todo caso en que un alcalde participe en un esquema indebido, en que ocurre una erogación ilegal de fondos públicos municipales, y éste se niega a instar la acción correspondiente, dichos fondos no podrían ser recobrados. Es por ello que el E.L.A., necesariamente, tiene capacidad (standing) para instar en el presente caso la acción de recobro de fondos públicos ilegalmente desembolsados, contra la parte que ilegalmente se benefició de dicho desembolso, en representación de los ciudadanos de dicha municipalidad; ello en cumplimiento del mandato constitucional contenido en la Sección 9 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. CC-2000-211 44

de Apelaciones, en cuanto el mismo adjudicó responsabilidad

contra el Partido Popular Democrático26 y le ordenó a dicho

partido político la debida restitución de los referidos

fondos al erario público. Ahora bien, tomando en

consideración que el Municipio de Mayagüez fue el organismo

afectado y empobrecido por la erogación ilegal de fondos,

entendemos procedente ordenar al Estado que, una vez reciba

dichos fondos, a través de su agente fiscal y financiero,

proceda a realizar la asignación de la partida

correspondiente a favor del Municipio, siendo ésta la

entidad con verdadero derecho a recibirlos.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ Juez Asociado

26 Con la confirmación de tal determinación de responsabilidad, no estamos, sin embargo, abriendo las puertas para que los partidos políticos, como organismos centrales, tengan que responder, como regla general, por todo acto fraudulento llevado a cabo por sus funcionarios. Es precisamente, a la luz de los hechos y circunstancias específicas de este caso, en que el P.P.D. se vio beneficiado y enriquecido por las actuaciones de un funcionario suyo, que ordenamos el reembolso de los fondos públicos utilizados en contravención al Artículo VI, Sección 9, de nuestra Constitución. CC-2000-211 45

Benjamín Cole Vázquez; Comité Local del Partido Popular Democrático, y otros

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integra de la presente, se dicta Sentencia condenando al Partido Popular Democrático a pagar la cantidad de $44,280.00 a la parte demandante. Se ordena al Estado que una vez reciba dichos fondos, a través de su agente fiscal y financiero, proceda a realizar la asignación de la referida cantidad a favor del Municipio de Mayaguez.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. Los Jueces Asociados señor Fuster Berlingeri y señor Rivera Pérez no intervinieron.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo