El Pueblo De Puerto Rico v. Randiel Cordero Meléndez

2015 TSPR 123

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: September 15, 2015
• Docket: CC-2014-337
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido Certiorari

v. 2015 TSPR 123

Randiel Cordero Meléndez 193 DPR ____

Peticionario

Número del Caso: CC-2014-337

Fecha: 15 de septiembre de 2015

Abogada de la Parte Peticionaria:

Lcda. Marangely González Correa Sociedad para Asistencia Legal

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Tanaira Padilla Rodríguez Subprocuradora General

Lcda. Lisa M. Durán Ortiz Procuradora General Auxiliar

Materia: Sentencia con Opiniones de Conformidad y Opinión Disidente

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Recurrido

v. CC-2014-337 Certiorari

Randiel Cordero Meléndez

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 15 de septiembre de 2015.

Atendida la Petición de Certiorari, se expide el auto, se confirma la denegatoria de la Moción Solicitando Desestimación y se ordena que se enmiende el pliego acusatorio para que la cita de la disposición legal imputada sea el Art. 2 de la Ley Núm. 15-2011, 4 LPRA sec. 1632.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo Interina. El Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo emitió Opinión de Conformidad a la cual se unieron los Jueces Asociados señores Martínez Torres y Feliberti Cintrón.

El Juez Asociado señor Rivera García hace constar la siguiente expresión:

“Estoy conforme con el resultado expuesto en esta Sentencia en lo que respecta únicamente a la improcedencia de la desestimación de la acusación solicitada por el peticionario Sr. Randiel Cordero Meléndez.” CC-2014-337 2

La Jueza Asociada Oronoz Rodríguez emitió Opinión de Conformidad. El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió Opinión Disidente. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco no interviene.

María I. Colón Falcón Secretaria del Tribunal Supremo Interina EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo a la cual se unieron los Jueces Asociados señores Martínez Torres y Feliberti Cintrón

El caso de autos nos invitaba a que este

Tribunal precisara dos asuntos medulares.

Primeramente, aclarar nuestros pasados

pronunciamientos en Pueblo v. Hernández

Villanueva, 179 DPR 872 (2010), en cuanto al

principio de especialidad. En segundo lugar,

determinar la naturaleza y aplicación del Art. 2

de la Ley Núm. 15-2011, 4 LPRA sec. 1632.

I.

Los hechos del caso relevantes a la

controversia son los siguientes.

La noche del 24 de abril de 2013, personal

del Departamento de Corrección y Rehabilitación CC-2014-337 2

alegadamente le incautó un teléfono celular al Sr. Randiel

Cordero Meléndez (Peticionario o Cordero Meléndez) en las

inmediaciones de una institución penal sin que este

estuviera autorizado para poseerlo. Los oficiales

correccionales se percataron de un comportamiento que les

pareció sospechoso por parte del confinado Cordero

Meléndez, y al proceder a registrar su celda, descubrieron

una bolsa plástica en el área del sanitario con un

teléfono celular en su interior. Por lo anterior, el

Ministerio Público imputó al Peticionario haber infringido

el Art. 277 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5370.

El 13 de septiembre de 2013 se celebró la Vista

Preliminar, en la cual el Tribunal de Primera Instancia

determinó no causa probable para acusar por el delito

imputado. Inconforme con tal determinación, ese mismo día

el Ministerio Público solicitó la Vista Preliminar en

Alzada. Posteriormente, el 16 de septiembre de 2013 el

Estado presentó por escrito su solicitud formal de Vista

Preliminar en Alzada, y el foro de instancia procedió a

citarla para el 24 de septiembre de 2013.

En la celebración de la Vista Preliminar en Alzada,

el Ministerio Público sentó a testificar a varios de los

oficiales que estuvieron involucrados en la alegada

incautación del teléfono celular la noche del 24 de abril

de 2013. Estos en esencia testificaron sobre como

intervinieron con el acusado la noche del incidente y el

trámite administrativo de seguimiento que se realizó. En CC-2014-337 3

particular, el oficial investigador de querellas

administrativas explicó el proceso en el cual los

confinados son orientados a raíz de la Ley Núm. 15-2011,

“sobre que no pueden tener ningún tipo de celular dentro

de la institución”.1

Por su parte, la trabajadora social del Departamento

de Corrección y Rehabilitación testificó haber realizado

la entrevista de entrada al señor Cordero Meléndez en la

cual fue orientado específicamente sobre las

consecuencias de violar la prohibición sobre posesión de

teléfonos celulares según la Ley Núm. 15-2011, supra.2 El

certificado de orientación del acusado con fecha del

26 de noviembre de 2012, en el cual se evidenciaba que se

le instruyó sobre la Ley Núm. 15-2011, supra, fue

estipulado por la Defensa y el Ministerio Público como

evidencia durante la vista.3

Así las cosas, la Defensa alegó la violación al

principio de especialidad. Esto pues, el señor Cordero

Meléndez estaba siendo procesado por el Art. 277 del

Código Penal, supra, a pesar de la existencia de la Ley

Núm. 15-2011, ley especial que regula la conducta

imputada. En su oportunidad, el Ministerio Fiscal explicó

que no había presentado el caso bajo la ley especial pues

no contaba con evidencia que sustentara la capacidad del

artefacto de hacer comunicación.

1 Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 85. 2 Íd, pág. 86. 3 Íd, pág. 10. CC-2014-337 4

En la referida vista, el Tribunal de Primera

Instancia determinó causa por el delito imputado, el Art.

277 del Código Penal, supra. Por lo anterior, el 26 de

septiembre de 2013, se presentó una acusación contra el

Peticionario en la cual se imputó que:

[…] ilegal, voluntaria, maliciosa, criminalmente, siendo confinado de una institución penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tenía en su posesión equipo de telecomunicación no autorizado por el Departamento de Corrección, que permite el acceso a la red celular de telecomunicaciones, consistente en un teléfono celular color negro, de la compañía ATT, con chip y batería.4

Luego de las solicitudes del descubrimiento de

prueba, el 10 de octubre de 2013, la representación legal

del señor Cordero Meléndez presentó una Moción

Solicitando Desestimación (Enmendada) al amparo de la

Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II,

R.64(p).5 En la misma, alegó nuevamente que se había

incumplido con el principio de especialidad al acusar por

el delito general incluido en el Código Penal de 2012 y

no por la ley especial, Art. 2 de la Ley 15-2011, supra.

Además, expresó que el Ministerio Público estaba obligado

a acusar por la ley especial. No obstante, añadió que

tampoco procedía la misma pues había ausencia total de

prueba sobre los elementos esenciales del delito especial

aplicable a los hechos.

4 Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 11. 5 Previamente el 9 de octubre de 2013 se había presentado una primera Moción Solicitando Desestimación, la cual fue enmendada. CC-2014-337 5

El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista

para atender la Moción Solicitando Desestimación y

posteriormente la declaró no ha lugar. Inconforme, el

Peticionario acudió ante el Tribunal de Apelaciones y

solicitó la revocación de la determinación del foro de

instancia. Luego de evaluar el asunto, el tribunal

apelativo se negó a expedir el recurso, por entender que

era frívolo.

El 29 de abril de 2014, el Peticionario recurrió

ante esta Curia por medio de un recurso de Certiorari y

una Moción Solicitando Paralización de los Procedimientos

en Auxilio de Jurisdicción en los cuales solicitó la

revocación de los tribunales a quo. El 2 de mayo de 2014

emitimos una Resolución declarando Ha Lugar la moción en

auxilio de jurisdicción y concedimos 20 días a la parte

recurrida para que mostrara causa por la cual no debíamos

revocar al Tribunal de Apelaciones. El 27 de mayo de 2014

la parte recurrida presentó su posición, por lo que

procedemos a resolver con el beneficio de la misma.

II.

Concurso de disposiciones penales y el principio de especialidad

Recientemente, la Asamblea Legislativa, en su

ejercicio de promulgar y modificar nuestro estado de

derecho, aprobó la Ley Núm. 246-2014, mediante la cual se

enmienda sustancialmente nuestro Código Penal. El Art. 9

del Código Penal, 33 LPRA 5009, sobre el principio de CC-2014-337 6

especialidad se enmendó para que lea de la siguiente

manera:

Artículo 9.- Concurso de disposiciones penales. Cuando la misma materia se regula por diversas disposiciones penales: (a) La disposición especial prevalece sobre la general. (b) La disposición de mayor alcance de protección al bien jurídico absorberá la de menor amplitud, y se aplicará la primera. (c) La subsidiaria aplicará sólo en defecto de la principal, si se declara expresamente dicha subsidiaridad, o ésta se infiere.

Sin embargo, luego de la enmienda el artículo quedó

configurado como se encontraba antes de aprobado el

Código Penal del 2012. En lo pertinente a nuestra

controversia, el principio de especialidad quedó

inalterado, incluso luego de aprobado el Código Penal de

2012, por lo que no se ve afectada la interpretación que

le hemos dado en el pasado. Esto pues, la porción

relacionada dicta que, cuando la misma materia se regula

por diversas disposiciones penales, la disposición

especial prevalece sobre la general. En Pueblo v.

Hernández Villanueva, 179 DPR 872 (2010), este Tribunal

discutió a fondo el principio de especialidad. A pesar de

ello, algunas de las expresiones que hiciéramos en aquel

entonces se han prestado a confusión, por lo que resulta

conveniente que nos expresemos nuevamente en torno a la

figura y aclaremos el asunto. CC-2014-337 7

Como bien dijéramos, el principio de especialidad

establece que “cuando un mismo hecho se regula por

diversas disposiciones penales: (a) La disposición

especial prevalece sobre la general”.6 Este principio es

el encargado de determinar cuál es la disposición penal

que debe regir la situación cuando hay más de un precepto

penal de aplicación a una misma conducta delictiva.7 Para

que el principio de especialidad aplique es requerido que

concurran ante un mismo hecho varias disposiciones

penales que guardan una relación de género a especie.8 Por

nuestra parte, en Pueblo v. Hernández Villanueva, supra,

expresamos que el concurso de leyes ocurre “cuando a una

misma acción le son aplicables dos o más disposiciones

penales que se excluyen entre sí”.9

No obstante, es menester aclarar que cuando en

Pueblo v. Hernández Villanueva, supra, hicimos

referencia a que ambos estatutos deben ser mutuamente

excluyentes, -o que debe existir un conflicto entre

estos- no nos referíamos al contenido de los delitos en

sí, sino a que ambas disposiciones no pueden ser

aplicadas simultáneamente. Ambos delitos tienen que

6 Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 DPR 872, 891 (2010). 7 Ibíd., págs. 891-892. Véase además, L. Jiménez de Asúa, Tratado de Derecho Penal, 2da ed., Buenos Aires, Ed. Losada, 1958, T. II, pág. 540. 8 D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, 6ta ed. Rev., San Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc. 2010, pág. 128. 9 Pueblo v. Hernández Villanueva, supra, pág. 893, citando a su vez a A. Arroyo de las Heras, Manual de derecho penal: el delito, Pamplona, Ed. Aranzadi, 1985, pág. 812. CC-2014-337 8

regular la misma conducta. Es esencialmente esta la razón

para que resulten mutuamente excluyentes, ya que por

mandato constitucional no se puede castigar por ambas

disposiciones al mismo tiempo, pues ambas regulan la

misma conducta.10 Es decir, en el concurso aparente de

leyes, “el hecho está igualmente comprendido en varias

disposiciones legales, pero éstas, lejos de ser

susceptibles de aplicación conjunta, son incompatibles

entre sí”.11 (Énfasis en el original).

En este contexto, las expresiones de la Honorable

Jueza Asociada señora Rodríguez Rodríguez en su Opinión

Disidente en Pueblo v. Hernández Villanueva, supra, no

eran contradictorias a nuestras expresiones, toda vez que

establecían que “el llamado concurso aparente de leyes

supone un conflicto entre dos disposiciones que aparentan

ser igualmente aplicables a un mismo hecho precisamente

porque inicialmente ninguna excluye a la otra”.

10 Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., LPRA, Tomo 1; Blockburger v. United States, 284 U.S. 299 (1932). En cuanto al principio de especialidad, el mismo opera cuando “uno o varios hechos son incluibles en varios preceptos penales de los que solo uno puede aplicarse, puesto que su estimación conjunta supondría un bis in ídem [doble exposición]”. Santiago Mir Puig, Derecho Penal - Parte general, Barcelona, Ed. Reppertor, 2008, págs. 675-678. En lo pertinente, este Tribunal se expresó sobre este principio en el contexto del delito especial de desacato por perjurio y del delito de perjurio según tipificado en el Código Penal, véanse Pueblo v. Pérez Casillas, 177 DPR 380, 390 n.6 (1986); S.P. Amadeo, El poder de los tribunales en Puerto Rico para castigar por desacato, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1961, pág. 100, n. 15, discutiendo Pueblo v. Valcourt, 18 DPR 484 (1928).

11 Pueblo v. Hernández Villanueva, supra, pág. 893, citando a su vez a A. Arroyo de las Heras, Manual de derecho penal: el delito, Pamplona, Ed. Aranzadi, 1985, pág. 812. Véase además, Opinión Disidente de la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez en Pueblo v. Hernández Villanueva, supra, pág. 912. CC-2014-337 9

Ciertamente ninguna excluye a la otra por su contenido,

sino que no pueden ser aplicadas simultáneamente.

Por otra parte, hemos expresado que esta situación

representa un concurso aparente, porque el propio

ordenamiento jurídico ofrece los criterios para

determinar la aplicabilidad de una u otra disposición

penal en cada caso concreto. Para que este conflicto –el

tener que decidir qué delito es de aplicación- sea uno

real, el ordenamiento jurídico tendría que guardar

silencio en cuanto a cómo se resolvería, pero

afortunadamente no es así.12

Conforme lo anterior, el principio de especialidad

descarta la discreción del Estado, pues hace mandatoria

la aplicación del estatuto especial sobre el general. Es

decir, en realidad el Estado no se encuentra en posición

de tomar la decisión, sino que el propio ordenamiento

jurídico establece el curso de acción a seguir. En cuanto

a la determinación de la relación de especialidad, la

profesora Dora Nevares expresa lo siguiente,

La relación de especialidad puede darse de varias maneras. Primero, cuando se trata de una disposición especial y una disposición de carácter general dentro de la misma ley. El ejemplo de esta situación es el caso de los tipos simples y agravados de un delito. Si consideramos el tipo simple como la disposición de carácter general y el tipo agravado como la disposición de

12 Pueblo v. Hernández Villanueva, supra, pág. 892. Véase además, L. Jiménez de Asúa, La Ley y el Delito, 13ra ed., Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1984, págs. 141–142. CC-2014-337 10

carácter especial, encontramos que el primero está en una relación de género a especie con el segundo. El tipo agravado contiene todos los elementos de la disposición general, o sea del tipo simple, pero además incluye uno o más elementos que lo particularizaran. (…)

La relación de especialidad puede también darse al comparar una ley especial con una ley general como lo es el Código Penal, e.g., Pueblo v. Mena, 113 DPR 275 (1982) (Ley de Instituciones Hipotecarias y Código Penal), Pueblo v. Ramos Rivas, 171 DPR 826 (2007) (reincidencia bajo Ley de Sustancias Controladas y Código Penal); o entre dos leyes especiales, una de las cuales está en relación a la otra de especie a género. Pueblo v. López Pérez, 106 DPR 584 (1977) (Ley de Caza y Ley de Armas); Pueblo v. Hernández Villanueva, 2010 TSPR 203 (opiniones divididas; ver op. J. Rodríguez).13 (Énfasis nuestro).

Como podemos observar, la relación de especialidad

no se limita únicamente al supuesto en el cual se trate

de una disposición especial y una disposición de carácter

general dentro de la misma ley, sino que también aplica

al comparar una ley especial con una ley general como lo

es el Código Penal. Por otra parte, aclaramos que lo

importante es determinar si con la ley en cuestión, la

Asamblea Legislativa pretende dar un trato especial a la

conducta específicamente legislada, distinto al

tratamiento dado a la conducta general. En otras

palabras, una ley no se considera del tipo especial

frente al Código Penal meramente por haber sido aprobada

fuera del mismo.

13 D. Nevares–Muñiz, Código Penal de Puerto Rico Comentado, 2da ed., Instituto para el Desarrollo del Derecho, 2013, págs. 20-21. CC-2014-337 11

Para determinar la especialidad, hay que estudiar la

conducta prohibida y regulada por ambos estatutos. Para

ello, se debe ir primeramente a los elementos

constituidos de la conducta que ambos prohíben. Esto es,

un precepto es más especial que otro cuando requiere,

además de los presupuestos igualmente exigidos por este

segundo, algún otro presupuesto adicional. Un ejemplo

comúnmente utilizado es que si un precepto requiere los

presupuestos a + b y otro los presupuestos a + b + c, el

segundo es más especial que el primero.14 Por la

naturaleza de esta relación de especialidad, la misma

puede darse entre dos o más estatutos independientemente

de si ambos pertenecen al Código Penal, o no.

Sin embargo, limitar el principio de especialidad al

aspecto de los delitos menores incluidos en otros,

trastocaría el verdadero sentido del principio de

especialidad que es establecer cuál estatuto debe aplicar

ante la situación en la cual uno regula un conjunto de

conductas generales, mientras que el otro es uno diseñado

y aprobado especialmente para la situación imputada. Así,

existe la extraña posibilidad –como en el caso de autos-

en la cual, por designio legislativo, los elementos

requeridos para la comisión del delito aparentan ser

básicamente los mismos. En dicha situación, la relación

de especialidad ha de establecerse según las

14 S. Mir Puig, Derecho Penal: Parte General, 8va ed., Barcelona, Reppertor, S.L., 2008, pág. 654. CC-2014-337 12

características y el propósito de ambos estatutos. Como

veremos a continuación, la Asamblea Legislativa quiso

darle un trato especial a la conducta prohibida de poseer

un teléfono celular en una institución penal sin estar

autorizado, frente al delito general de poseer un objeto

prohibido que pudiera afectar el orden o la seguridad de

una institución penal sin estar autorizado.

III.

Aplicación del Art. 2 Ley Núm.15-2011, ante el texto del

Art. 277 del Código Penal de 2012, supra.

El Art. 277 del Código Penal lee como sigue:

Toda persona que introduzca, venda o ayude a vender, o tenga en su poder con intención de introducir o vender drogas narcóticas, estupefacientes o cualquier sustancia controlada o armas de cualquier clase, bebidas alcohólicas o embriagantes, explosivos, proyectiles, teléfonos celulares, u otros medios de comunicación portátil o cualquier otro objeto que pudiera afectar el orden o la seguridad de una institución penal o de cualquier establecimiento penal bajo el sistema correccional, dentro o fuera del mismo, a un confinado, a sabiendas de que es un confinado, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

Toda persona confinada en una institución penal o juvenil que, sin estar autorizado, posea teléfonos celulares u otros medios de comunicación portátil, o cualquier CC-2014-337 13

otro objeto que pudiera afectar el orden o la seguridad de una institución penal o de cualquier establecimiento penal bajo el sistema correccional, dentro o fuera del mismo, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. 33 LPRA sec. 5370 (2012). (Énfasis nuestro).

Como se puede observar, este estatuto prohíbe de

manera general la posesión e introducción de objetos que

pudieran afectar el orden o la seguridad de una

institución penal. Entre las conductas que prohíbe se

encuentra que una persona confinada en una institución

penal o juvenil posea, sin estar autorizado, un teléfono

celular. Según el propio estatuto, tal violación será

sancionada con pena de reclusión por un término fijo de

tres (3) años.

Por otra parte, al hacer el mismo análisis a la

disposición contenida en la ley especial, Art. 2 de la

Ley Núm. 15-2011, supra, descubrimos que este artículo

fue aprobado específicamente para penalizar el poseer

equipos de telecomunicación no autorizados en una

institución penal. Ello, provoca que cuando el equipo

incautado sea uno de telecomunicaciones, se activa el

principio de especialidad y obliga al Estado a aplicar

este estatuto y no así el general contenido en el Art.

277 del Código Penal, supra. Veamos.

El Art. 2 de la Ley Núm. 15-2011 dispone lo

siguiente: CC-2014-337 14

La posesión por una persona internada en una institución penal o juvenil, de equipos de telecomunicación no autorizados, incluyendo teléfonos celulares y cualquier tipo de equipo o aditamento que permita transmisión de señales radiales o acceso a la red celular de comunicaciones o a una conexión inalámbrica a Internet que no sea el acceso provisto por la institución, constituirá delito grave de cuarto grado, o la falta equivalente en el caso de un menor de edad. (…) (Énfasis nuestro).

De esta forma, igual que en el Art. 277 del Código

Penal, supra, el Art. 2 de la Ley Núm. 15-2011, supra,

prohíbe la posesión por una persona internada en una

institución penal o juvenil, de equipos de

telecomunicación no autorizados. Entre la especie de

equipos de telecomunicación no autorizados, el artículo a

modo de ejemplo especifica teléfonos celulares. Además de

los teléfonos celulares, el legislador quiso prohibir

cualquier artefacto que haga las mismas funciones que un

teléfono celular, por lo que se incluyó la frase,

“cualquier tipo de equipo o aditamento que permita

transmisión de señales radiales o acceso a la red celular

de comunicaciones o a una conexión inalámbrica a Internet

que no sea el acceso provisto por la institución”.

Es decir, si la persona se encontrara en posesión de

un artefacto -que no sea un teléfono celular- y se

pretende acusar bajo este estatuto, el Estado no solo

tendrá que probar la posesión del artefacto, sino también

la capacidad del mismo de ejercer las funciones típicas

del teléfono celular. Como sabemos, esta parte no es de CC-2014-337 15

aplicación al caso de autos, toda vez que el equipo

incautado al acusado fue un teléfono celular, que por

definición es un equipo de telecomunicación. Ello pues,

este fue expresamente prohibido en la porción explicativa

del estatuto, y enfatizado por el legislador con la frase

“incluyendo teléfonos celulares”.

Lo anterior cobra mayor sentido lógico cuando nos

percatamos que la ley especial en su parte introductoria,

establece que el propósito para su aprobación es

“establecer como política pública (…) facultar al

Departamento de Corrección y Rehabilitación y las

Administraciones adscritas al mismo a diseñar e implantar

estrategias para la detección, rastreo y desactivación de

equipos celulares o de telecomunicaciones no autorizados

dentro de sus instituciones”.15 Incluso, la Asamblea

Legislativa en su exposición de motivos explica que “debe

considerarse como delito o falta de por sí la posesión de

equipos de telecomunicación no autorizados en la

institución penal o juvenil, así como el acto de proveer

dichos equipos a la población”.16 (Énfasis suplido).

De igual forma, la Ley Núm. 15-2011, 4 LPRA sec.

1631 et seq., establece claramente entre sus propósitos

penalizar la posesión y el uso no autorizado de equipos

de telecomunicaciones, incluyendo el teléfono celular, en

15 Ley Núm. 15-2011, 4 LPRA sec. 1632. 16 Exposición de Motivos de la Ley Núm. 15-2011, supra. CC-2014-337 16

las instituciones penales y juveniles de Puerto Rico.

Así, distinto a la teoría del Peticionario, concebimos

que la frase referente a la capacidad de comunicación,

modifica únicamente los términos “equipo o aditamento” y

la misma es independiente al término “teléfono celular”.

Esto pues, entre ambos términos hay una conjunción

copulativa que sirve como división gramatical para

separar los mismos. El estatuto específicamente cita

“incluyendo teléfonos celulares y cualquier tipo de

equipo o aditamento que permita transmisión”. Por ello,

es que la frase que aduce a la capacidad de transmitir es

requerida únicamente a cualquier tipo de equipo o

aditamento, no así a teléfonos celulares. Nuevamente, un

teléfono celular es por definición un equipo de

telecomunicación.17

Entonces, resulta imperativo deducir que cuando el

legislador utilizó el término “equipo de

telecomunicaciones” se refería a equipos como lo son

teléfonos celulares. El legislador utilizó una frase

explicativa, a los efectos de señalar que no se limitara

únicamente a teléfonos celulares, sino además, a

cualquier otro equipo o aditamento que pudiera igualar

17 Conforme a la definición del Diccionario de la Real Academia Española, un equipo de telecomunicaciones es aquel perteneciente a un “sistema de comunicación telegráfica, telefónica o radiotelegráfica y demás análogos”. (http://lema.rae.es/drae/?val=telecomunicaci%C3%B3n (última visita, 14 de noviembre de 2014)).Por otra parte, dicho diccionario define telefónica como “[p]erteneciente o relativo al teléfono o a la telefonía”. (http://lema.rae.es/drae/?val=telef%C3%B3nica (última visita, 14 de noviembre de 2014).) CC-2014-337 17

las propiedades comunicativas de los teléfonos. Es decir,

de comunicaciones o a una conexión inalámbrica a

Internet”.18

A raíz de lo anterior, bajo la teoría del

Peticionario la posesión no autorizada de un teléfono

celular en una institución penal o juvenil no constituye

la conducta prohibida hasta tanto se compruebe la

capacidad del teléfono. Es decir, con tan solo extraer el

“Sim Card” de los teléfonos celulares, la persona

internada en una institución penal o juvenil no comete la

conducta prohibida, pues el teléfono celular no sería

capaz de acceder a la red de comunicaciones. Esta teoría

me parece errada y contraria a la intención legislativa.

Un examen más técnico sobre el lenguaje del Art. 2

de la Ley Núm. 15-2011, supra, ayuda a entender un poco

mejor la naturaleza del estatuto y complementar nuestra

interpretación. El texto expreso del artículo dicta lo

siguiente:

La posesión por una persona internada en una institución penal o juvenil, de equipos de telecomunicación no autorizados, incluyendo teléfonos celulares y cualquier tipo de equipo o aditamento que permita transmisión de señales radiales o acceso a la red celular de

18 Art. 2 de la Ley Núm. 15-2011, supra. CC-2014-337 18

comunicaciones o a una conexión inalámbrica a Internet que no sea el acceso provisto por la institución, constituirá delito grave de cuarto grado, o la falta equivalente en el caso de un menor de edad. […]

Al extraer la porción explicativa –parte subrayada-

el artículo leería como sigue,

La posesión por una persona internada en una institución penal o juvenil, de equipos de telecomunicación no autorizados, constituirá delito grave de cuarto grado, o la falta equivalente en el caso de un menor de edad. […]

Como podemos observar, la oración no pierde su

sentido lógico y esto se debe a que esta porción entre

comas (,) de la oración es utilizada a modo de ejemplo o

explicación de lo que constituye un “equipo de

telecomunicación”. Así pues, la expresión incluyendo

teléfonos celulares, es utilizada por el legislador a

modo de explicación. De lo contrario, la situación antes

señalada sobre el simple acto de extraer el “Sim Card” de

un teléfono celular, burlaría el sentido de este

estatuto, ya que al no tener capacidad de transmisión, la

posesión del teléfono celular no constituiría la conducta

prohibida. Esto a pesar de que la intención legislativa

pretendía penalizar la posesión de equipos de

telecomunicaciones. CC-2014-337 19

IV

En síntesis, en las circunstancias de este caso no

existe un conflicto real, pues el Ministerio Público no

tiene discreción alguna en cuanto a qué estatuto ha de

aplicar. Como mencionamos, una vez establecido que ambos

estatutos regulan la misma conducta, el principio de

especialidad obliga al Estado a aplicar la legislación

que atiende especialmente la situación. Es decir, en el

caso que nos ocupa, el Ministerio Público está obligado a

aplicar la disposición contenida en el Art. 2 de la Ley

Núm. 15-2011 y no el estatuto general del Código Penal.

Conforme toda la discusión vertida en esta Opinión,

es evidente que el texto expreso de la acusación cumple

cabalmente con el mandato constitucional de debido

proceso de ley, al notificar adecuadamente sobre la

conducta por la cual se le procesa al acusado. Así, el

peticionario fue debidamente notificado de la conducta

prohibida en el Art. 2 de la Ley Núm. 15-2011. Cabe

señalar que es precisamente bajo esta conducta que se le

halló causa en vista preliminar en alzada. Esto es, que

de forma

[…] ilegal, voluntaria, maliciosa, criminalmente, siendo confinado de una institución penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tenía en su posesión equipo de telecomunicación no autorizado por el Departamento de Corrección, que permite el acceso CC-2014-337 20

a la red celular de telecomunicaciones, consistente en un teléfono celular color negro, de la compañía ATT, con chip y batería.19

En ocasiones pasadas hemos determinado que lo

importante es que el contenido de la acusación establezca

todos los elementos de la conducta que se imputa,

independientemente que la calificación de la acusación no

se atempere a su contenido. En lo relativo, hemos

expresado específicamente que la calificación del delito

“hecha por el Fiscal no es definitiva, ya que son los

hechos alegados en la acusación, y no las etiquetas

formales, los que deben servir de base para la verdadera

identificación del delito imputado y de la disposición

estatutaria envuelta”.20 Así, en aquellos casos en los

cuales “existe un conflicto entre los hechos probados y

la calificación del delito que es en sí una conclusión y,

entre ambos, los hechos deben predominar”.21

Cónsono con lo anterior, la Regla 35(d) de

Procedimiento Criminal, establece que la acusación debe

contener “la cita de la ley, reglamento o disposición que

se alegue han sido infringidos, pero la omisión de tal

cita o una cita errónea se considerará como un defecto de

19 Véase, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 11. 20 Pueblo v. Bermúdez, 75 DPR 760, 763-764 (1954). Véase además, Pueblo v. Seda, 82 DPR 719,727 (1961); Pueblo v. Conroig, 60 DPR 168 (1942); Pueblo v. Canals, 48 DPR 794 (1935). 21 Pueblo v. Candelaria Couvertier, 100 DPR 159, 161 (1971). CC-2014-337 21

forma”.22 En lo pertinente, la Regla 36 de Procedimiento

Criminal instituye que “[u]na acusación o denuncia no

será insuficiente, ni podrán ser afectados el juicio, la

sentencia o cualquier otro procedimiento basados en dicha

acusación o denuncia, por causa de algún defecto,

imperfección u omisión de forma que no perjudicare los

derechos sustanciales del acusado”.23

Así, el texto de la acusación contra el señor

Cordero Meléndez por la cual se le encontró causa

probable en vista preliminar en alzada contenía todos y

cada uno de los elementos esenciales de la conducta

tipificada en el Art. 2 de la Ley 15-2011, supra. Por

ello, el curso de acción apropiado es considerar una

enmienda de forma según establecido en el inciso (A) de

la Regla 38 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R.

38(a), para que la calificación de la acusación vaya

acorde con el contenido de la misma. Esto es, que la

acusación sea calificada como una bajo el Art. 2 de la

Ley Núm. 15-2011, supra.

Erick V. Kolthoff Caraballo Juez Asociado

22 Regla 35(d) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R.35 (d). (Énfasis nuestro). 23 Regla 36 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 36. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Certiorari El Pueblo de Puerto Rico

v. CC-2014-337 Randiel Cordero Meléndez

Opinión de conformidad emitida por la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de septiembre de 2015.

Estoy conforme con la Sentencia que hoy

emite este Tribunal por entender que procede

acusar por el delito estatuido en el Art. 2 de

la Ley Núm. 15-2011 (Ley Núm. 15), infra. Sin

embargo, ante la situación excepcional que

presenta el caso de autos considero necesario

emitir ciertas expresiones con relación al

principio de especialidad según codificado en el

Art. 9 del Código Penal de 2012, infra, y el

principio de favorabilidad. Art. 4 del Código

Penal de 2012, infra. CC-2014-337 2

I

El 24 de abril de 2013, el Sr. Randiel Cordero

Meléndez se encontraba confinado en el Complejo

Correccional Las Cucharas en Ponce cuando alegadamente un

oficial de custodia encontró en su celda un teléfono

celular. Como consecuencia, se presentó una denuncia

contra el señor Cordero Meléndez por infringir el Art. 277

del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5370.24

Posteriormente, se halló causa para arresto y se fijó una

fianza de $25,000. Se celebró la vista preliminar y,

debido a que el Tribunal no encontró causa para acusar, el

Ministerio Público solicitó una vista preliminar en

alzada. En ésta, se trajo a colación que el Ministerio

Público presentó la denuncia por una infracción al Art.

277 del Código Penal, supra, y no por el Art. 2 de la Ley

Núm. 15, 4 LPRA sec. 1632,25 en supuesta violación al

24 Para efectos de esta Opinión de conformidad haré referencia al Art. 277 del Código Penal, Ley Núm. 146-2012, 33 LPRA sec. 5370, a pesar de que al momento de presentarse la denuncia la numeración del artículo era 275. Véase Ley Núm. 10-2013; Ley Núm. 124-2013. Dicho artículo dispone, en lo pertinente: Toda persona confinada en una institución penal o juvenil que, sin estar autorizado, posea teléfonos celulares u otros medios de comunicación portátil, o cualquier otro objeto que pudiera afectar el orden o la seguridad de una institución penal o de cualquier establecimiento penal bajo el sistema correccional, dentro o fuera del mismo, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. 25 En lo pertinente, el Art. 2 de la Ley Núm. 15-2011, 4 LPRA sec. 1632, dispone: Toda persona ingresada en una institución penal o juvenil de cualquier nivel de seguridad sólo podrá hacer uso de aquellos medios de comunicación que sean autorizados para su uso por la administración de la institución. La autoridad responsable de la reglamentación de la institución fijará condiciones básicas de accesibilidad, tiempo, lugar, cantidad y frecuencia de estas comunicaciones, que estarán sujetas a sufrir restricciones CC-2014-337 3

principio de especialidad. El Ministerio Público expresó

que, según su interpretación, el Art. 2 de la Ley Núm. 15,

supra, requiere como elemento del delito que se demuestre

que el celular estaba conectado a la red celular de

comunicaciones, mientras que para acusar por el Art. 277

del Código Penal, supra, basta con la mera posesión del

celular.26 Sustentado en lo anterior, el Ministerio Público

radicó la denuncia por el Art. 277 del Código Penal,

supra, ya que, según alegó, no tenía constancia de que el

celular estuviese conectado a la red el día de los hechos.

La representante legal del señor Cordero Meléndez indicó

que conforme al principio de especialidad, el Ministerio

Público no tenía discreción para acusar por la ley penal

general.27 Luego de la argumentación correspondiente, el

Tribunal de Primera Instancia determinó causa para acusar

y consecuentemente el señor Cordero Meléndez fue acusado

por infracción al Art. 277 del Código Penal, supra.28

__________________________________________________________ adicionales como parte de medidas disciplinarias o de seguridad. La posesión por una persona internada en una institución penal o juvenil, de equipos de telecomunicación no autorizados, incluyendo teléfonos celulares y cualquier tipo de equipo o aditamento que permita transmisión de señales radiales o acceso a la red celular de comunicaciones o a una conexión inalámbrica a Internet que no sea el acceso provisto por la institución, constituirá delito grave de cuarto grado, o la falta equivalente en el caso de un menor de edad. (....) 26 Apéndice, págs. 87-88. 27 Íd., págs. 88-89. 28 La acusación presentada describía el delito de la siguiente manera: El referido acusado, Randiel Cordero Meléndez, allá en o para el 24 de abril de 2013, y en Ponce, Puerto Rico, (…) ilegal, voluntaria, maliciosa, criminalmente, siendo confinado de una institución penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tenía en su posesión equipo de telecomunicación no autorizado por el Departamento de Corrección, que permite el acceso a la red celular de CC-2014-337 4

Subsiguientemente, el señor Cordero Meléndez presentó

una moción de desestimación al amparo de la Regla 64(p) de

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 64. Alegó que,

por virtud del principio de especialidad, el delito

aplicable era el Art. 2 de la Ley Núm. 15, supra, y no el

Art. 277 del Código Penal, supra. Además, argumentó que en

virtud de lo anterior procedía la desestimación porque

hubo una ausencia total de prueba sobre los elementos del

delito en la vista preliminar en alzada. El Ministerio

Público se allanó a la determinación del Tribunal.

El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar

la moción de desestimación presentada por el señor Cordero

Meléndez. Determinó que la acusación se realizó conforme a

derecho debido a que en la vista preliminar en alzada se

demostró que éste tenía un teléfono celular en su celda

sin autorización para poseerlo.

Insatisfecho, el señor Cordero Meléndez presentó un

recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones.

Argumentó que erró el foro inferior al determinar que le

aplicaba el Art. 277 del Código Penal, supra, y no el Art.

2 de la Ley Núm. 15, supra. El Tribunal de Apelaciones

denegó el auto de certiorari por entender que el recurso

instado por el señor Cordero Meléndez era frívolo. Razonó

que los delitos en controversia eran radicalmente

__________________________________________________________ comunicaciones, consistente en un teléfono celular color negro, de la compañía ATT, con chip y batería. Apéndice, pág. 11. CC-2014-337 5

distintos debido a que el delito imputado en el Código

Penal penalizaba la mera posesión del celular en la

institución correccional, mientras que el delito incluido

en la ley especial penalizaba el uso de celulares para

cometer fraudes u otros delitos desde la cárcel.

Inconforme, el señor Cordero Meléndez acudió ante

este Tribunal mediante una petición de Certiorari y una

Moción solicitando paralización de los procedimientos en

auxilio de jurisdicción. Alegó que el Tribunal de

Apelaciones erró al no expedir el recurso presentado,

confirmando así la determinación del Tribunal de Primera

Instancia de declarar no ha lugar la moción de

desestimación al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento

Criminal, supra. El 2 de mayo de 2014, emitimos una

Resolución paralizando los procedimientos y le concedimos

a la parte recurrida veinte días para que mostrara causa

por la cual no se debía revocar la Resolución dictada por

el foro apelativo intermedio.

El Ministerio Público compareció y argumentó que el

principio de especialidad no aplica porque las dos

disposiciones en controversia tipifican de manera idéntica

la conducta antijurídica que penalizan, por lo cual no hay

una relación de género a especie entre ambas.29 Señaló que

la frase “...que permita transmisión de señales radiales o

acceso a la red celular de comunicaciones o a una conexión

inalámbrica a Internet que no sea el acceso provisto por 29 Escrito en cumplimiento de orden, pág. 8. CC-2014-337 6

la institución...” incluida en el Art. 2 de la Ley Núm.

15, supra, no constituye un elemento adicional, sino que

es una proposición subordinada adjetiva especificativa que

busca describir lo que constituye un equipo o aditamento.30

Asimismo, indicó que al caso de autos le aplica el

principio de alternatividad por entender que las penas son

distintas y que procede aplicar el delito que conlleve la

pena más grave.31

En esencia, nos corresponde resolver si a la

situación ante nuestra consideración le aplica el

principio de especialidad y, como consecuencia, si procede

la desestimación de la acusación. Veamos.

II

A

En el ámbito penal ocurre un concurso aparente de

leyes si con relación a un hecho delictivo parecen

concurrir varias disposiciones penales, pero en realidad

sólo una ha sido infringida. L.E. Chiesa Aponte, Derecho

Penal Sustantivo, 2da ed., Estados Unidos, Publicaciones

JTS, 2013, pág. 81. Cuando se está ante este tipo de

concurso, nuestro ordenamiento provee ciertas normas de

interpretación para facilitar la resolución de los casos y

determinar cuál disposición va a prevalecer en su

30 Íd., pág. 9. 31 Íd., pág. 10. El Ministerio Público sostiene que el Art. 277 del Código Penal, supra, tiene una pena más grave. Al momento de la comisión del delito y del comienzo del procedimiento criminal, la pena de ambos delitos era una de reclusión por un término fijo de 3 años. Sin embargo, estando el caso ante nuestra consideración, entró en vigor la Ley Núm. 246-2014 (Ley Núm. 246) y modificó la pena correspondiente al Art. 2 de la Ley Núm. 15, supra. CC-2014-337 7

aplicación. L. E. Chiesa, Derecho Penal Sustantivo, 81

Rev. Jur. UPR 343, 352 (2012).

Una de estas normas es el principio de especialidad

codificado en el Art. 9 del Código Penal de Puerto Rico de

2012, 33 LPRA sec. 5009. Éste dispone que “[c]uando la

misma materia se regula por diversas disposiciones

penales: (a) la disposición especial prevalece sobre la

general”. Íd.32 Dicho principio aplica cuando ante un mismo

hecho concurren dos disposiciones que tienen entre ellas

una relación de género a especie.33 D. Nevares-Muñiz,

Derecho Penal Puertorriqueño, 7ma ed. rev., San Juan,

Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2015, pág.

130. Según el Prof. Luis E. Chiesa, “una ley es especial

solamente cuando es idéntica de todo punto a la ley

general, con la única diferencia de que en la ley especial

se añaden elementos adicionales que no están contemplados

en la ley general”. L. E. Chiesa, supra, pág. 353. Véanse,

además, Pueblo v. Calderón Álvarez, 140 DPR 627, 644

(1996); Pueblo v. López Pérez, 106 DPR 584, 586 (1977).

32 El Art. 9 del Código Penal, 33 LPRA sec. 5009, fue enmendado por la Ley Núm. 246 a los efectos de añadir expresamente dos principios que pueden ser de aplicación ante un concurso aparente de normas, los cuales son el principio de subsidiariedad y consunción. 33 En Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 DPR 872 (2010), este Tribunal resolvió que para que aplicara el principio de especialidad se tenía que estar ante dos o más disposiciones que regularan la misma materia y que fueran incompatibles de tal manera que se excluyeran entre sí. Íd., págs. 893-894. Contrario a lo que se resolvió, no es necesario que las disposiciones estén en conflicto y sean incompatibles para que apliquen las normas del principio de especialidad. “Para eso precisamente es que existe el concurso de leyes: para resolver casos en los que -a pesar de no haber un conflicto entre las disposiciones aparentemente aplicables- existen razones de peso para aplicar un precepto sobre otro”. L. E. Chiesa, supra, pág. 349. Por eso, considero que procede revocar dichos pronunciamientos. CC-2014-337 8

Asimismo, el tratadista Santiago Mir Puig explica que

“[u]n precepto es más especial que otro cuando requiere,

segundo, algún otro presupuesto adicional: si un precepto

requiere los presupuestos a + b y otro los presupuestos a

+ b + c, el segundo es más especial que el primero”. S.

Mir Puig, Derecho Penal: Parte General, 8va ed.,

Barcelona, Reppertor, S.L., 2008, pág. 654. En esencia,

“[t]odo aquel hecho que realiza el precepto especial

realiza necesariamente el tenor literal del general, pero

no todo hecho que infringe el precepto general realiza el

tenor literal del especial”. Íd. Véase Pueblo v. Ramos

Rivas, 171 DPR 826, 837 (2007).

Lo anterior puede ocurrir entre una ley especial y

una ley general, entre dos disposiciones de una misma ley

o entre dos leyes especiales. D. Nevares-Muñiz, Código

Penal de Puerto Rico, 3ra ed. rev., San Juan, Instituto

para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2015, pág. 20. Véase

Pueblo v. Ramos Rivas, supra, pág. 836; Pueblo v. López

Pérez, supra, pág. 586. A modo de ejemplo, el delito de

robo está en una relación de especialidad con el delito de

apropiación ilegal, ya que el primero requiere que se

realice una apropiación ilegal, pero le añade un elemento

adicional, que haya mediado fuerza o violencia. Chiesa

Aponte, Derecho Penal Sustantivo, op. cit., pág. 81. CC-2014-337 9

Al aplicarse el principio de especialidad para

resolver un concurso aparente, la disposición especial va

a prevalecer sobre la general, excepto que por legislación

se disponga lo contrario. Nevares-Muñiz, Derecho Penal

Puertorriqueño, op. cit., pág. 131. Se aplica la ley

especial porque se entiende que el propósito de

promulgarla es desplazar o excluir la general, ya que

“(...) quien realiza el tipo específico siempre consuma el

genérico, mientras que a la inversa no sucede lo

contrario”. Pueblo v. Ramos Rivas, supra, pág. 837. Cabe

mencionar que cuando se aplica una de las normas de

interpretación a un concurso de leyes, como lo es el

principio de especialidad, el juzgador carece de

discreción para elegir la disposición que desea utilizar,

sino que éste queda obligado a aplicar el precepto

indicado según la regla aplicable al concurso aparente en

controversia. L. E. Chiesa, supra, págs.350-352.

B

En 1974 se adoptó en nuestro Código Penal el principio

de favorabilidad, cuyo origen es puramente estatutario.

Pueblo v. González Ramos, 165 DPR 675, 684 (2005). Al

amparo de éste procede la aplicación retroactiva de una

ley penal cuando favorece a la persona imputada de delito.

Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 673 (2012).

Actualmente, el principio está codificado en el Art. 4 del CC-2014-337 10

Código Penal, 33 LPRA sec. 5004, el cual dispone, en lo

pertinente, que:

La ley penal aplicable es la vigente al momento de la comisión de los hechos. La ley penal tiene efecto retroactivo en lo que favorezca a la persona imputada de delito. En consecuencia, se aplican las siguientes normas: (a) Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito es distinta de la que exista al procesar al imputado o al imponerle la sentencia, se aplicará siempre la ley más benigna. (...) En estos casos los efectos de la nueva ley o de la decisión judicial operarán de pleno derecho.

Dicho principio tiene como propósito evitar la

aplicación arbitraria e irracional de la ley penal. Chiesa

Aponte, Derecho Penal Sustantivo, op. cit., pág. 59. Ello

porque “el principio republicano de gobierno exige la

racionalidad de la acción del estado y esta es afectada

cuando, por la mera circunstancia de que un individuo haya

cometido el mismo hecho con anterioridad a otro, se lo

[sic] trate más rigurosamente”. Chiesa Aponte, Derecho

Penal Sustantivo, op. cit., pág. 59, citando a E. R.

Zaffaroni, Derecho Penal, Parte General, 2da ed., Ediar,

2002, pág. 122.

En síntesis, el principio de favorabilidad incluido

en el Art. 4 del Código Penal de 2012, supra, “aplicará a

conducta delictiva realizada a partir del 1 de septiembre

de 2012 cuando se apruebe una ley que sea más favorable

que el Código Penal según vigente al momento de aprobación CC-2014-337 11

de la ley posterior con respecto a la situación de la

persona”. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, op.

cit., pág. 102. Claro está, siempre que la ley posterior

no tenga una cláusula de reserva que impida su aplicación

retroactiva. Íd. La ley favorable podrá surgir mientras se

está procesando al imputado, al momento de imponerle la

sentencia o durante el término que está cumpliendo la

misma. Art. 4 del Código Penal, supra. Asimismo, los

cambios que se aplicarán retroactivamente pueden ser en

cuanto a la tipificación del delito, sus atenuantes, las

causas de exclusión de responsabilidad, los requisitos de

prueba, así como disposiciones procesales. D. Nevares-

Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, op. cit., pág. 10.

Cabe mencionar que la Ley Núm. 246-2014, la cual

recientemente enmendó el Código Penal de 2012, 33 LPRA

sec. 5001 et seq., no contiene una cláusula de reserva que

prohíba su aplicación retroactiva. Nevares-Muñiz, Derecho

Penal Puertorriqueño, op. cit., pág. 102. Ello porque

mediante dicha ley la legislatura tuvo la intención de

“disponer penas rehabilitadoras en delitos menos graves y

en delitos graves de severidad intermedia; además de

disponer para el ejercicio de la discreción judicial

mediante criterios que orienten al ejercerla”. Íd.

C

Dado que lo que está ante nosotros es una moción de

desestimación al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento CC-2014-337 12

Criminal, supra, procede discutir brevemente las normas

aplicables. La Regla 64 de Procedimiento Criminal, supra,

establece los fundamentos que un acusado tiene a su

disposición para solicitar la desestimación de la denuncia

o acusación. E. L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal

de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Tercer Mundo

Editores, 1993, Vol. III, pág. 217. En lo pertinente al

caso ante nos, el inciso (p) de la Regla le permite al

acusado solicitar la desestimación porque no se determinó

causa probable conforme a derecho. Pueblo v. Negrón

Nazario, 191 DPR 720, 734-735 (2014); Pueblo v. Rivera

Vázquez, 177 DPR 868, 877-878 (2010). Si se trata de un

delito menos grave, se impugna la determinación de causa

probable para arresto mientras que, de tratarse de uno

grave, se impugna la determinación de causa probable para

acusar, ya sea en vista preliminar o vista preliminar en

alzada. Pueblo v. Jiménez Cruz, 145 DPR 803, 813-816

(1998).

Hemos reconocido que, al amparo de la Regla 64(p) de

Procedimiento Criminal, supra, el acusado puede impugnar

la determinación de causa por dos fundamentos: (1)

insuficiencia de la prueba, o (2) cuando se haya violado

algún derecho procesal que se tenía que garantizar en la

vista correspondiente. Pueblo v. Negrón Nazario, supra,

pág. 735; Pueblo v. Rivera Vázquez, supra, pág. 878. En

cuanto al fundamento relacionado a la prueba presentada, CC-2014-337 13

sólo procede la desestimación cuando se determina que hay

ausencia total de prueba, “ya sea porque no se presentó

alguna evidencia sobre un elemento del delito imputado o

porque no se presentó alguna evidencia sobre la conexión

del acusado con el delito”. Pueblo v. Negrón Nazario,

supra, pág. 736. (Énfasis suprimido).

Por otro lado, la Regla 66 de Procedimiento Criminal,

34 LPRA Ap. II, R.66, establece que el tribunal debe

denegar una moción de desestimación si ésta se basa en

defectos de la acusación, denuncia o pliego de

especificaciones que pueden subsanarse mediante enmienda.

Véase Pueblo v. Rivera Vázquez, supra, pág. 880. A su vez,

la Regla 67 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II,

R.67, dispone que la desestimación al amparo de la Regla

64 de Procedimiento Criminal, supra, no impide que se

comience un nuevo proceso penal, a menos que se trate de

un defecto insubsanable o de la desestimación de un delito

menos grave por no cumplir con los términos de juicio

rápido. Ambas reglas se refieren a defectos en el pliego

acusatorio o de particulares, los cuales pueden ser de

forma o sustanciales. Pueblo v. Rivera Vázquez, supra,

págs. 881-882.

El defecto de forma es uno subsanable que no afecta

los derechos sustanciales del acusado y no hace

insuficiente el pliego. 34 LPRA Ap. II, R. 36. Éste puede

enmendarse en cualquier momento y, de no enmendarse, el CC-2014-337 14

defecto queda subsanado al recaer el fallo o veredicto. 34

LPRA Ap. II, R. 38 (a). Un ejemplo de este tipo de defecto

es que se omita o se cite erróneamente en la acusación la

ley o disposición que alegadamente se infringió. 34 LPRA

Ap. II, R. 35(d). En cambio, el defecto sustancial es uno

que afecta algún derecho sustancial del acusado porque le

impide preparar adecuadamente su defensa o porque hace

insuficiente la acusación, denuncia o pliego. Chiesa

Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados

Unidos, op. cit., pág. 24. En ese caso, el tribunal podrá

permitir en cualquier momento antes de la convicción o

absolución del acusado las enmiendas necesarias. 34 LPRA

Ap. II, R. 38 (b). De enmendarse y tratarse de una

acusación, procede una nueva lectura de la misma. Íd. En

cambio, si se trata de una denuncia, el acusado tiene

derecho a que se celebre el juicio cinco días después de

la enmienda. Íd.

D

Por último, al examinar los delitos en controversia

surge que ambos penalizan la posesión no autorizada por

parte de un confinado de un teléfono celular, sin que uno

de los dos requiera algún elemento adicional. La frase

“posesión de equipos de telecomunicación no autorizados,

incluyendo teléfonos celulares y cualquier tipo de equipo

o aditamento que permita transmisión de señales radiales o

acceso a la red celular de comunicaciones o a una conexión CC-2014-337 15

inalámbrica a Internet”, incluida en el Art. 2 de la Ley

Núm. 15, supra, no implica que se tiene que demostrar que

el celular estaba conectado, sino que lo menciona como un

ejemplo de lo que constituye un equipo de telecomunicación

en sí.

A modo de ejemplo, en el Art. 1 de la Ley Núm. 15 se

expresa que “[e]n Puerto Rico ha proliferado la práctica

de introducir equipos personales de telecomunicaciones,

incluyendo teléfonos celulares, en las instituciones

penales y juveniles y se ha detectado su uso frecuente

para realizar o coordinar actividades ilícitas desde la

institución”.34 4 LPRA sec. 1631. El texto de la ley es

claro y demuestra lo inescapable: que el teléfono celular

es un equipo de telecomunicación y que, como tal, tiene la

capacidad de conectarse a la red celular de

comunicaciones. Por otro lado, en caso de que el confinado

tenga en su posesión otro equipo o aditamento, que no sea

un celular, se debe demostrar que dicho objeto tiene la

capacidad de permitir la transmisión de señales radiales o

inalámbrica a Internet para que se entienda cometido el

delito.35 Ello, porque la Ley Núm. 15 se aprobó por la

34 Véase, además, la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 15, 4 LPRA secs. 1631-1635, en la cual se indica que “[c]ualquier persona razonable debe concluir que el uso libre e irrestricto de medio de comunicación, incluyendo la telefonía celular, es uno de los privilegios de la libre comunidad que la persona que comete un delito o falta pierde como parte de la reclusión o institucionalización que se le impone por haber violentado el contrato social”. 35 Esa es la única lectura razonable y lógica del estatuto en cuestión. De otra manera, el confinado no comete el delito con sólo extraer del CC-2014-337 16

Asamblea Legislativa para penalizar a los confinados por

el uso irrestricto y sin autorización de los medios de

comunicación, los cuales se utilizan con gran frecuencia,

para cometer actividades ilícitas como fraude,

intimidación de testigos, hostigamiento a víctimas de

violencia doméstica, la planificación de asesinatos, entre

otras. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 15.

Expuesto el derecho aplicable, procederemos a

analizar la controversia ante nuestra consideración.

III

Luego de examinar con detenimiento los elementos de

ambos delitos –que como mencionamos son idénticos-

entiendo que el principio de especialidad no aplica en

este caso. Ello porque no hay una relación de género a

especie entre ambos delitos. En otras palabras, ninguno de

los dos contiene un elemento adicional que lo haga más

especial que el otro en su aplicación, aspecto requerido

para que aplique el principio de especialidad. L. E.

Chiesa, Derecho Penal Sustantivo, 81 Rev. Jur. U.P.R. 343,

353 (2012); S. Mir Puig, Derecho Penal: Parte General, 8va

ed., Barcelona, Reppertor, S.L., 2008, pág. 654; F. Muñoz

Conde & M. García Arán, Derecho Penal: Parte General, 7ma

ed. rev., Valencia, Tirant Lo Blanch, 2007, págs. 467-468.

Por tanto, a diferencia de lo expresado por el Juez

Asociado señor Kolthoff Caraballo en su Opinión de

__________________________________________________________ celular el “Sim Card”, a pesar de tener un equipo de telecomunicación no autorizado. CC-2014-337 17

conformidad,36 no procede recurrir al propósito y a las

características de ambos estatutos para establecer la

relación de especialidad, ya que, una vez se determina que

ninguno de los dos delitos conlleva un elemento adicional,

no hay una relación de género a especie entre ambos y no

aplica el principio.

Explicado esto último, sucede que al momento en que

ocurrieron los hechos tanto el Art. 277 del Código Penal,

supra, como el Art. 2 de la Ley Núm. 15, supra, tenían una

pena de reclusión por un término fijo de 3 años.37 Sin

embargo, estando el caso ante nuestra consideración, se

aprobó la Ley Núm. 246-2014 que enmendó el Art. 307 del

Código Penal, 33 LPRA sec. 5415, de tal forma que la pena

del delito incluido en el Art. 2 de la Ley Núm. 15, supra,

cambió de una pena de reclusión por un término fijo de 3

años a:

una pena de reclusión [sic] restricción terapéutica, restricción domiciliaria, servicios comunitarios, o combinación de estas penas, por un término fijo que no puede ser menor de seis (6) meses un (1) día ni mayor de tres (3) años, según la presencia de atenuantes o agravantes a la pena. En tal caso, la persona puede ser considerada para libertad bajo palabra por la 36 Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo, págs. 11-12. 37 El Art. 277 del Código Penal, supra, expresamente dispone que conlleva una pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. Por otro lado, el Art. 2 de la Ley Núm. 15, supra, dispone que constituirá delito grave de cuarto grado, lo cual al momento en que ocurrieron los hechos también conllevaba una pena de reclusión por un término fijo de 3 años al amparo del Art. 307 del Código Penal, 33 LPRA sec. 5415, por ser un delito grave tipificado en una ley penal especial bajo el sistema de clasificación de delitos del Código Penal de 2004, Ley Núm. 149-2004, y no tener pena estatuida. Así, al momento de los hechos los elementos del delito eran idénticos y las penas también. CC-2014-337 18

Junta de Libertad bajo Palabra al cumplir el cincuenta (50) por ciento del término de reclusión impuesto.

Es decir, a pesar de que al momento de la comisión de los

hechos tanto los elementos como la pena de ambos delitos

eran idénticos, mientras se procesaba al acusado uno de

esos delitos se enmendó y su pena ahora le es más

favorable. Al analizar la situación excepcional en la cual

nos encontramos, así como el principio de favorabilidad

según expuesto previamente, procede acusar por el delito

estatuido en el Art. 2 de la Ley Núm. 15, supra. Lo

anterior porque, a pesar de estar ante dos delitos que

penalizan exactamente la misma conducta, esa conducta se

desvaloró en una de las dos disposiciones. Ello

conllevaría que el señor Cordero Meléndez, por el mismo

acto, esté sujeto a la posible aplicación de dos penas

distintas –una más favorable que la otra- lo cual

dependerá del artículo por el cual el Ministerio Público

lo acuse. La situación anterior demuestra precisamente la

arbitrariedad e irrazonabilidad que se quiere evitar por

medio del principio de favorabilidad.

A pesar de que estamos aplicando el principio de

favorabilidad a una situación que no es típica, porque el

delito cuya pena fue enmendada favorablemente durante el

transcurso del procedimiento penal no fue el delito por el

cual se le acusó, considero que este es el curso correcto.

Según esbozamos, el principio de favorabilidad tiene como

fin evitar que a un individuo se le trate más CC-2014-337 19

rigurosamente que a otro por el mero hecho de que cometió

el mismo acto con anterioridad al otro individuo. Ello

sería contrario a la racionalidad que se espera en las

acciones del Estado. Sería igualmente arbitrario que un

error del legislador –de codificar la misma conducta en

dos estatutos distintos y luego enmendar uno de esos

estatutos para incluir una pena más favorable- tenga como

consecuencia que a dos individuos que incurran en la misma

conducta (en el caso de autos poseer, sin autorización, un

teléfono celular en una institución penal) se les castigue

con penas distintas, dependiendo del delito que le impute

el Ministerio Público. El derecho no puede prestarse para

resultados absurdos. En conclusión, y por lo anteriormente

expuesto, procede que se acuse al señor Cordero Meléndez

por el Art. 2 de la Ley Núm. 15, supra, en virtud de dicho

principio.

Con relación a la desestimación solicitada por el

señor Cordero Meléndez, y contrario a lo que éste señala,

no hay una ausencia total de la prueba, ya que, según lo

determinó el Tribunal de Primera Instancia, en la vista

preliminar en alzada se demostró que éste tenía un

teléfono celular en su celda sin autorización para

poseerlo, conducta que también penaliza el Art. 2 de la

Ley Núm. 15, supra.38 El curso correcto es enmendar la cita

38 Debido a que ambos delitos tienen los mismos elementos, al acusado se le notificó adecuadamente la conducta imputada. El hecho de que proceda modificar la acusación para que sea por el Art. 2 de la Ley CC-2014-337 20

de la disposición que alegadamente se infringió. 34 LPRA

Ap. II, R. 35(d). Por tanto, no erraron los tribunales

inferiores al proveer no ha lugar a la desestimación

solicitada.

En virtud de lo expuesto, estoy conforme con la

Sentencia que hoy emite este Tribunal por entender que

procede acusar por el Art. 2 de la Ley Núm. 15, supra, en

virtud del principio de favorabilidad.

Maite D. Oronoz Rodríguez Jueza Asociada

__________________________________________________________ Núm. 15, supra, y no por el Art. 277 del Código Penal, supra, en nada le afecta. Por el contrario, como ya hemos mencionado, le favorece. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Opinión disidente emitida por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA MARTÍNEZ

La controversia de epígrafe requería que este

Tribunal reconociera la naturaleza y adecuada

aplicación del principio de especialidad,

consagrado en nuestro ordenamiento penal.

Particularmente, teníamos ocasión para determinar

los efectos que su infracción acarrea.

Ante ello, una Mayoría de este Tribunal,

aferrándose a una interpretación incorrecta del

Art. 2 de la Ley Núm. 15-2011, se embarcó en una

aplicación errónea del principio de especialidad

que contrasta con la copiosa doctrina jurídica

sobre esta materia. Esa aplicación desatinada del

aludido principio conduce a una Mayoría de este CC-2014-337 2

Tribunal a concluir inexplicablemente que procede

enmendar el pliego para acusar por un delito por el cual

el Ministerio Público admitió que no tiene prueba.

Por entender que en el caso de autos correspondía

aplicar el mandato diáfano del principio de especialidad

y, por consiguiente, desestimar la acusación del

peticionario, no me queda más que disentir del curso de

acción seguido por una Mayoría de este Tribunal.

Trabada así la controversia, procedo a desglosar el

trasfondo fáctico y procesal que la suscitó.

Como consecuencia de unos alegados hechos acaecidos

el 24 de abril de 2013, contra el Sr. Randiel Cordero

Meléndez (señor Cordero Meléndez o peticionario) se

presentó una denuncia por violación al Art. 277 del

Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5370.39 En específico,

39 En lo pertinente, del Código Penal de 2012 se desprende que se comete una infracción al Art. 277 cuando:

[Una] persona confinada en una institución penal o juvenil que, sin estar autorizado, posea teléfonos celulares u otros medios de comunicación portátil, o cualquier otro objeto que pudiera afectar el orden o la seguridad de una institución penal o de cualquier establecimiento penal bajo el sistema correccional, dentro o fuera del mismo, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. 33 LPRA sec. 5370. (Énfasis suplido).

Adviértase que en virtud de la Ley Núm. 124-2013, este artículo fue reenumerado para constituir el Art. 275. No obstante, para propósitos de esta Opinión Disidente continuaré haciendo alusión al Art. 277. Además, debo señalar que si bien el Art. 277 fue CC-2014-337 3

surge de la denuncia que el Ministerio Público le

atribuyó al señor Cordero Meléndez la posesión de un

equipo de telecomunicación (celular con chip y batería)

no autorizado por el Departamento de Corrección y

Rehabilitación, que permite el acceso a la red celular de

comunicaciones. Véase Apéndice de la Petición de

certiorari, págs. 1-2.

Celebrado el procedimiento de vista preliminar, el

foro judicial determinó no causa por el delito imputado.

Inconforme, el Ministerio Público solicitó la celebración

de una vista preliminar en alzada. Durante ésta, tanto la

Sociedad para Asistencia Legal, representación legal del

peticionario, como el Ministerio Público se expresaron en

torno a la infracción del principio de especialidad. En

cuanto al particular, el Ministerio Público argumentó lo

[S]e preguntará el tribunal porque [sic] razón el Ministerio Público sabiendo que hay una ley especial e [sic] no ha radicado, verdad, y no radicó conforme al principio de especialidad por el Art. 2 de la Ley 15. Pues eso tiene una razón de ser honorable, la prueba desfilada en este caso y la postulada por el Ministerio Público es que no tenemos constancia, verdad, de que ese aditamento o artefacto, verdad, pueda hacer una transmisión de comunicación y que se [sic] estaba hábil para el día de los hechos. A pesar de que eh... verdad de las gestiones que se hicieron y de que en efecto, por lo menos prendía el celular no tenemos evidencia de que ese celular pueda ser capaz de transmitir un [sic] onda de comunicación que pueda utilizar precisamente para los fines de __________________________________________________________ enmendado por la Ley Núm. 246-2014, el párrafo del artículo al que aquí se hace referencia permaneció inalterado. CC-2014-337 4

comunicación. Véase Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 87. (Énfasis suplido).

Concluido el desfile de prueba, se encontró causa

para acusar por el Art. 277 de nuestro precepto penal

general. Así las cosas, el 26 de septiembre de 2013, se

presentó contra el señor Cordero Meléndez la siguiente

acusación:

[...] ilegal, voluntaria, maliciosa, criminalmente, siendo confinado de una institución penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tenía en su posesión equipo de telecomunicación no autorizado por el Departamento de Corrección, que permite el acceso a la red celular de comunicaciones, consistente en un teléfono celular color negro, de la compañía ATT, con chip y batería. Véase Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 11. (Énfasis suplido).

Luego de varios trámites procesales, el peticionario

presentó una Moción de Desestimación al amparo de la

Regla 64(p) de las Reglas de Procedimiento Criminal, 34

LPRA Ap. II, R. 64(p). En esencia, arguyó que el

Ministerio Público contravino el principio de

especialidad al presentar cargos por transgresión a una

ley general, en lugar de aplicar las disposiciones de la

ley especial provistas en el Art. 2 de la Ley Núm. 15-

2011 (Ley Núm. 15), 4 LPRA sec. 1632, que regulaban con

mayor especificidad la conducta atribuida.40 Asimismo,

40 El Art. 2 dispone, en lo pertinente, que:

La posesión por una persona internada en una institución penal o juvenil, de equipos de telecomunicación no autorizados, incluyendo teléfonos celulares y cualquier tipo de equipo o aditamento que permita transmisión de señales radiales o acceso a la red celular de comunicaciones o a una conexión inalámbrica a CC-2014-337 5

alegó que hubo ausencia total de prueba sobre los

elementos esenciales del delito bajo la ley especial

Para el señor Cordero Meléndez, el Ministerio

Público no puede pasar por alto el aludido principio

“simplemente porque sea más fácil probar los elementos

del delito contemplados en la ley general o por no contar

con prueba para probar los elementos del delito bajo la

ley especial”. Véase Apéndice de la Petición de

certiorari, pág. 22. En consecuencia, solicitó la

desestimación de la acusación. Por su parte, el

Ministerio Público se allanó a la determinación que en su

día hiciera el foro judicial con respecto a la solicitud

de desestimación presentada. Ello, toda vez que nunca

expresó su postura, a pesar de haber sido ordenado por el

tribunal.

El 26 de marzo de 2014, el Tribunal de Primera

Instancia emitió una Resolución mediante la cual declaró

no ha lugar la moción de desestimación instada por el

señor Cordero Meléndez. En síntesis, concluyó que el

peticionario no lo colocó en posición para determinar que

en la vista preliminar en alzada no desfiló prueba con

__________________________________________________________ Internet que no sea el acceso provisto por la institución, constituirá delito grave de cuarto grado, o la falta equivalente en el caso de un menor de edad. Esta infracción será tomada en consideración en la evaluación de elegibilidad para libertad bajo palabra, probatoria, programa de desvío o de trabajo, bonificación o cualquier otro beneficio al que la persona pudiera ser elegible. 4 LPRA sec. 1632. (Énfasis suplido). CC-2014-337 6

relación a los elementos del delito imputado. De igual

forma, el foro primario razonó que el juzgador que

presidió la mencionada vista en alzada estimó probada la

consumación de los elementos del delito proscrito en el

Art. 277 del Código Penal, por lo que su dictamen no

debía alterarse.

En desacuerdo, el señor Cordero Meléndez recurrió

ante el Tribunal de Apelaciones mediante petición de

certiorari y moción en auxilio de jurisdicción. El 16 de

abril de 2014, el foro apelativo intermedio emitió una

Resolución en la cual denegó la expedición del recurso y,

por consiguiente, declaró no ha lugar la moción de

paralización presentada. En un escueto dictamen,

determinó que el recurso instado era frívolo. A su vez,

razonó que “[e]l tipo de delito imputado al amparo del

Art. 277 del Código Penal, 33 L.P.R.A., sec. 5370 (la

mera posesión de un celular en una institución

correccional) es radicalmente distinto al de la Ley 15-

2011 (el uso de celulares para cometer fraudes u otros

delitos desde una institución correccional)”. Véase

Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 93.

Inconforme con tal determinación, el señor Cordero

Meléndez presentó ante este Tribunal un recurso de

certiorari, en conjunto con una moción en auxilio de

jurisdicción, y señaló la comisión del siguiente error:

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al denegar la expedición del recurso presentado, confirmando de esa forma la determinación del TPI, toda vez que en el caso ante su consideración procedía la CC-2014-337 7

desestimación de la acusación toda vez que era de aplicación el Art. 2 de la Ley 15 de 18 de febrero de 2011 y no el Art. 277 del Código Penal, violentado de esa forma, el principio de especialidad.

Esencialmente, el peticionario reproduce los

argumentos esgrimidos ante los foros recurridos con

relación a la alegada violación al principio de

especialidad. Por tanto, nos solicita que revoquemos la

determinación del Tribunal de Apelaciones y, a su vez,

ordenemos la desestimación de la acusación a base de la

aplicación del principio de especialidad.

En atención a lo anterior, el 2 de mayo de 2014,

emitimos una Resolución mediante la cual le concedimos 20

días a la parte recurrida para que mostrara causa por la

cual no debíamos revocar el dictamen del foro apelativo

intermedio. En su Escrito en Cumplimiento de Orden, el

Ministerio Público, representado por la Oficina del

Procurador General, alega que el caso ante nuestra

consideración no cumple con los requisitos que activan el

principio de especialidad. A esos efectos, arguye que

entre el Art. 277 del Código Penal y el Art. 2 de la Ley

Núm. 15 existe una duplicidad de disposiciones legales;

una idéntica tipificación de la conducta antijurídica, en

la que se está penalizando la misma conducta de posesión

de celulares o medios de comunicación por un confinado en

una institución penal, con los mismos elementos del tipo,

sin que una disposición sea más especial o exija más que

la otra. Para la Oficina del Procurador General, quien

transgrede el delito especial (Art. 2 de la Ley Núm. 15) CC-2014-337 8

también infringe el delito general (Art. 277 del Código

Penal) y a la inversa: quien quebranta el delito general,

también contraviene el delito especial.

De igual forma, la Oficina del Procurador General

expone que el principio de especialidad está fundado en

la premisa de que el delito especial tiene una pena mayor

que el delito general. Por tanto, aduce que en este caso

no cabe aplicar tal principio, ya que la pena por el

delito especial es más benigna que la pena para el delito

general. En vista de ello, la Oficina del Procurador

General argumenta que procede la acusación por el delito

general imputado, pues es el que establece la pena más

grave. Entiende que ello es cónsono con el principio de

alternatividad.

Cumplida nuestra orden y con el beneficio de la

comparecencia de las partes involucradas, procedo a

exponer el criterio que me lleva a disentir del dictamen

emitido por una Mayoría de este Tribunal.

Como es sabido, en nuestro ordenamiento jurídico

rige la norma de que si una misma materia está prevista

como delito tanto por una ley general como por una ley

especial, se aplicará la ley especial. Pueblo v.

Hernández Villanueva, 179 DPR 872, 891-892 (2010); Pueblo

v. Ramos Rivas, 171 DPR 826, 836-837 (2007); Pueblo v.

Pérez Casillas, 117 DPR 380, 398-399 (1986); Pueblo v.

Mena Peraza, 113 DPR 275, 280 (1982). Recientemente, el

legislador reafirmó esta normativa al enmendar mediante CC-2014-337 9

la Ley Núm. 246-2014 el Art. 9 del Código Penal de 2012,

33 LPRA sec. 5009, y dejar establecido que “[c]uando la

penales: la disposición especial prevalece sobre la

general”. Este mandato diáfano se enmarca dentro de lo

que se conoce como el principio de especialidad.

En virtud de tal principio, se pueden resolver los

conflictos del concurso de leyes, ya que constituye uno

de los criterios para solucionar la existencia del

concurso aparente entre varias leyes o disposiciones

legales.41 Pueblo v. Hernández Villanueva, supra, págs.

891-892 citando a L. Jiménez de Asúa, Tratado de Derecho

Penal, T. II, 2da ed., Buenos Aires, Ed. Losada, 1958,

pág. 540; E.L. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo,

81 Rev. Jur. UPR 343, 347 (2012). Conforme al referido

principio, ante la disyuntiva de aplicar una ley general

y una ley especial, que aluden a la misma temática, se

torna forzosa la aplicación de la última. Esto, a menos

que exista una determinación legislativa que establezca

lo contrario.

41 El concurso aparente de leyes surge cuando más de un precepto penal concurre en su aplicación a un hecho delictivo, lo cual da lugar a un conflicto en términos de cuál de las disposiciones penales habrá de aplicar. Se dice que es un conflicto aparente debido a que se resolverá aplicando reglas de interpretación que tomen en consideración la relación de jerarquía en que se encuentran las diversas normas que concurran. Esta clasificación de relaciones de jerarquía entre las normas se resume en: especialidad, consunción y subsidiariedad. D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal puertorriqueño: Parte general, 6ta ed., Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2010, págs. 127-128. CC-2014-337 10

En repetidas ocasiones este Tribunal ha sostenido

que el principio de especialidad es:

[E]n rigor, una regla de interpretación estatutaria que toma en cuenta la relación de jerarquía en que se hallan las distintas normas que concurren en su aplicación a un hecho delictivo. En estos casos se aplica la ley especial, según la máxima lex specilais derogat legi genereali, pues se parte del supuesto de que la finalidad de una regulación especial es excluir o desplazar la general. Y es que así tiene que ser, pues quien realiza el tipo específico siempre consuma el genérico, mientras que a la inversa no sucede lo contrario. Pueblo v. Hernández Villanueva, supra, pág. 892; Pueblo v. Ramos Rivas, supra, págs. 836-837. (Citas omitidas).

El reconocido tratadista Santiago Mir Puig señala

que de acuerdo al “principio de especialidad, existe

concurso de leyes cuando de los varios preceptos

aparentemente concurrentes uno de ellos contempla más

específicamente el hecho que los demás, y tal concurso de

leyes debe resolverse aplicando sólo la ley más especial

(lex specialis derogat legem generalem: la ley especial

deroga la general)”.42 S. Mir Puig, Derecho Penal: Parte

General, 8va ed., Barcelona, Ed. Reppertor, 2008, pág.

654. En cuanto al requisito de que uno de los preceptos

contemple el hecho de forma más específica que el otro,

Mir Puig explica que:

Un precepto es más especial que otro cuando requiere, además de los presupuestos igualmente exigidos por este segundo, algún otro presupuesto adicional: si un precepto requiere los presupuestos a + b y otro los

42 Tal y como reseñé, en nuestro ordenamiento jurídico ello es así ante el mandato expreso del legislador contenido en el Art. 9 de nuestro Código Penal, 33 LPRA sec. 5009. CC-2014-337 11

presupuestos a + b + c, el segundo es más especial que el primero. Todo aquel hecho que realiza el precepto especial realiza necesariamente el tenor literal del general, pero no todo hecho que infringe el precepto general realiza el tenor literal del especial. Íd. (Énfasis suplido).

En armonía con lo anterior, también es menester

destacar que el tratadista Jiménez de Asúa sostiene que:

[D]os leyes o dos disposiciones legales se hallan en relación de general y especial, cuando los requisitos del tipo general están todos contenidos en el especial, en el que figuran además otras condiciones calificativas a virtud de las cuales la ley especial tiene preferencia sobre la general en su aplicación. L. Jiménez de Asúa, Tratado de Derecho Penal, T. II, 2da ed., Buenos Aires, Ed. Losada, 1950, pág. 546. (Énfasis suplido).43

A.

Cabe señalar que el vínculo de especialidad puede

surgir de varias formas. Esto es, puede ocurrir entre una

disposición especial y una de carácter general dentro de

una misma ley. También, puede darse entre una ley

43 Los fundamentos discutidos en este acápite llevan a la inexorable conclusión de que, a diferencia de lo que se intima del dictamen emitido por una Mayoría de este Tribunal, para que sea de aplicación el principio de especialidad no es suficiente con meramente encontrar una disposición general y una especial. De la doctrina jurídica sobre el tema se desprende que tiene que haber algo más. Ante ello, es forzoso determinar que no es posible aludir al principio de especialidad cuando se trata de preceptos idénticos. Una cosa es que ambos delitos regulen la misma materia, tal como lo requiere el principio de especialidad, y otra es que los delitos sean idénticos. Conforme a los fundamentos expuestos, en este último supuesto existe, de entrada, un defecto de especialidad. Evidentemente, en el caso de autos existe una relación de especialidad entre los preceptos aplicables, pero, a diferencia de lo que dictamina una Mayoría de este Tribunal, no nos encontramos ante delitos idénticos. Como veremos, la ley especial contempla y describe más específicamente el hecho que la ley general. CC-2014-337 12

especial y una ley general, como lo es el Código Penal. A

su vez, esa relación de especialidad también puede

acontecer entre dos leyes especiales. D. Nevares-Muñiz,

Código Penal de Puerto Rico: Comentado por Dora Nevares-

Muñiz, Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc.,

2013, págs. 20-21.

De igual forma, debe aclararse que en virtud del

principio de especialidad prevalece la ley especial sobre

una materia jurídica que está regulada en términos

generales en otra ley, independientemente del orden

temporal en que éstas fueron aprobadas. E.L. Chiesa

Aponte & A. Febres Jorge, Procedimiento Criminal, 77 Rev.

Jur. UPR 657, 670 (2008). En cuanto a este asunto, y

luego de examinar la naturaleza del principio de

especialidad, en Pueblo v. López Pérez, 106 DPR 584, 586

(1977) citando a L. Jiménez de Asúa, Tratado de Derecho

Penal, T. II, 2da ed., Buenos Aires, Ed. Losada, 1950,

pág. 546, este Tribunal expresó que:

Las dos disposiciones pueden ser integrantes de la misma ley o de leyes distintas: pueden haber sido promulgadas al mismo tiempo o en época diversa, y en este último caso, puede ser posterior tanto la ley general como la especial. Pero es preciso que ambas estén vigentes contemporáneamente en el instante de su aplicación, porque, en el supuesto contrario, no sería un caso de concurso, sino que presentaría un problema en orden a la ley penal en el tiempo.

Por su parte, en Pueblo v. Pérez Casillas, supra,

págs. 398-399, este Tribunal se pronunció en torno al

modo de aplicación del principio de especialidad. A esos

efectos, se determinó que éste requiere que dos o más CC-2014-337 13

disposiciones penales regulen, en aparente conflicto, la

misma materia. En Pueblo v. Hernández Villanueva, supra,

pág. 894, este Tribunal reafirmó la mencionada normativa

al concluir que, como cuestión de umbral, para que pueda

aplicar el principio de especialidad es ineludible la

existencia de un conflicto que haga incompatible el uso

de dos o más disposiciones penales al mismo tiempo. En

ese sentido, este Tribunal expresó que es de aplicación

el principio de especialidad cuando el conflicto es el

resultado de un choque entre una ley o disposición

general y una ley o disposición especial. Íd.

Ahora bien, considero que el principio de

especialidad no torna en imperativo que las

disposiciones legales de que se trate sean incompatibles

o estén reñidas una con la otra. En cuanto a ello, el

profesor Chiesa Aponte expresa que no avala la idea de

que el principio de especialidad solo aplica cuando

existe un conflicto entre dos disposiciones. La razón de

ello es que el profesor entiende que “[e]n casos de

especialidad, la disposición especial prima sobre la

general, no porque hay un conflicto entre ambas

disposiciones, sino porque el precepto especial describe

de forma más completa el curso de acción antijurídico

llevado a cabo por el sujeto”. L.E. Chiesa Aponte,

Derecho Penal Sustantivo, 2da ed., Publicaciones JTS,

2013, pág. 90. (Énfasis suplido); E.L. Chiesa Aponte,

Derecho Penal Sustantivo, 81 Rev. Jur. UPR 343, 349

(2012). Esto significa que el principio puede emplearse CC-2014-337 14

aunque las disposiciones que aparentemente son de

aplicación no se encuentren en conflicto; ello, pues, la

incompatibilidad o el conflicto no resultan necesarios.

E.L. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, 81 Rev.

Jur. UPR 343, 347 (2012).

Ante esa realidad, opino que el mandato del Art. 9

es diáfano: ante una ley general y una especial que

regulan la misma materia, predomina la legislación

especial, independientemente de si las disposiciones

penales están reñidas entre sí. En consecuencia,

revocaría, en ese extremo, los pronunciamientos

jurisprudenciales con relación al particular emitidos en

Pueblo v. Hernández Villanueva, supra.

B.

Por otro lado, conviene puntualizar que una vez

hallada la especialidad, ésta se aplica terminantemente.

L. Jiménez de Asúa, Tratado de Derecho Penal, T. II, 2da

ed., Buenos Aires, Ed. Losada, 1950, pág. 547. Ello

significa que el principio de especialidad tiene efectos

en la naturaleza de la decisión del juez, ya que su fin

es obligarlo a aplicar una disposición en circunstancias

en las que no existiría tal obligación. Esto, pues, el

principio de especialidad convierte en imperativo un

curso de acción que, de ordinario, sería meramente

discrecional. E.L. Chiesa Aponte, Derecho Penal

Sustantivo, 81 Rev. Jur. UPR 343, 350 (2012). En vista

de ello, el juez ya no goza de una amplia discreción

para decidir cuál de los dos preceptos debe aplicar. CC-2014-337 15

L.E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, 2da ed.,

Publicaciones JTS, 2013, págs. 90-91; E.L. Chiesa

Aponte, Derecho Penal Sustantivo, 81 Rev. Jur. UPR 343,

350 (2012).

Del mismo modo, considero que el Ministerio Público

también debe venir llamado a cumplir con la orden

expresa plasmada en el Art. 9 de nuestro Código Penal.

Ciertamente, tal conclusión no despoja a la figura del

fiscal de su derecho a ejercer su discreción para acusar

o no, o de acudir en alzada. Más bien, permitiría que el

principio de especialidad no quede relegado a letra

muerta, ni sea una disposición penal cuyo carácter sea

meramente teórico.

En fin, sabido es que el principio de especialidad

constituye una norma para interpretar la intención

legislativa. Pueblo v. Ramos Rivas, supra, pág. 838;

Pueblo v. Pérez Casillas, supra, pág. 399. Empero, la

aplicación de este principio no es automática, pues

deben examinarse los elementos de cada disposición y la

manera en que éstos describen o tipifican más

adecuadamente la conducta punible.

En lo que atañe a la controversia ante nos, es

pertinente examinar el propósito y alcance de la Regla

64(p) de las de Procedimiento Criminal. Veamos.

Sabido es que toda determinación de causa probable

goza de una presunción de corrección. Sin embargo, es

norma reiterada que el remedio exclusivo que tiene el CC-2014-337 16

acusado ante una determinación de causa probable en la

vista preliminar, ya sea la inicial o en alzada, es la

desestimación al amparo de la Regla 64(p) de las de

Procedimiento Criminal. Pueblo v. Rivera Cuevas, 181 DPR

699, 707 (2011). En síntesis, este es el instrumento

adecuado para que el imputado de delito pueda cuestionar

el pliego acusatorio o cualquier cargo incluido en éste.

Como fundamento para la desestimación de una

denuncia o acusación criminal, o cualquier cargo incluido

en éstas, la Regla 64(p) dispone lo siguiente:

Que se ha presentado contra el acusado una acusación o denuncia, o algún cargo de las mismas, sin que se hubiere determinado causa probable por un magistrado u ordenado su detención para responder del delito, con arreglo a la ley y a derecho. 34 LPRA Ap. II, R. 64(p).

Conforme a la mencionada regla, se pueden invocar

dos fundamentos para la desestimación de la denuncia (en

casos de delito menos grave) o de la acusación (en casos

de delito grave), a saber: (1) que hubo ausencia total de

prueba en la determinación de causa probable para acusar;

o (2) que se violó alguno de los requisitos o derechos

procesales que se deben observar en la vista. Pueblo v.

Rivera Cuevas, supra, págs. 707-708; Pueblo v. Rivera

Vázquez, 177 DPR 868, 878 (2010); Pueblo v. Branch, 154

DPR 575, 584-585 (2001).

Este Tribunal ha expresado que si se invoca el

primer fundamento, el foro judicial debe examinar la

prueba desfilada en la vista preliminar, y determinar si

esa prueba establece la probabilidad de que esté presente CC-2014-337 17

cada uno de los elementos del delito y la conexión del

imputado con éste. Pueblo v. Rivera Cuevas, supra, pág.

708; Pueblo v. Rivera Vázquez, supra, 879. En estas

circunstancias, aunque la prueba pueda establecer la

comisión de otro delito, solo procede desestimar la

acusación cuando haya ausencia total de prueba sobre uno

o varios elementos del delito imputado, o sobre el

vínculo de la persona con éste. Pueblo v. Rivera Cuevas,

supra, pág. 708; Pueblo v. Rivera Vázquez, supra, pág.

879.

Por su parte, de invocarse el segundo fundamento, el

foro judicial tiene el deber de determinar si la vista

preliminar se realizó a tenor con lo establecido en la

citada Regla 23 de las de Procedimiento Criminal y si se

ofrecieron todas las garantías procesales

correspondientes. Pueblo v. Rivera Vázquez, supra, pág.

879. No tienen que considerarse los hechos del caso ni la

suficiencia de éstos para configurar el delito imputado.

Ambos fundamentos para la desestimación requieren

que se demuestre claramente el error que se imputa

porque, como expuse, toda determinación de causa probable

para acusar goza de una presunción de corrección.

Por tratarse de lo que concierne al caso de

epígrafe, resulta imperativo evaluar las disposiciones

pertinentes de la Ley Núm. 15-2011, 4 LPRA sec. 1631 et CC-2014-337 18

seq.44 En ese ejercicio, debemos considerar que nos

encontramos ante un estatuto de naturaleza penal, por lo

que es deseable que sea la propia Asamblea Legislativa la

que precise lo que constituye la conducta delictiva.

Pueblo v. Figueroa Pomales, 172 DPR 403, 416 (2007). Es

por ello que los tribunales, a fin de resolver las

controversias ante su consideración y adjudicar los

derechos de las partes, deben interpretar los estatutos

aplicables a la situación de hechos que tienen ante sí,

de forma tal que se cumpla con la intención legislativa.

Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 DPR 530, 537 (1999);

véase, además, R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra,

Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico,

2da ed. rev., Publicaciones JTS, 1987, Vol. 1, pág. 241.

Esto, toda vez que el legislador, en su función de

promulgar leyes,

[t]rata de corregir un mal, alterar una situación existente, completar una reglamentación vigente, fomentar algún bien específico o el bienestar general, reconocer o proteger un derecho, crear una política pública o formular un plan de gobierno. Íd., págs. 245-246.

En repetidas ocasiones hemos expresado que las leyes

hay que interpretarlas y aplicarlas en armonía con el

propósito social que las inspira, sin desvincularlas de

la realidad y del problema humano que persiguen resolver.

Pueblo v. Zayas Rodríguez, supra, pág. 537; Col. Ing.

44 Conocida como Ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares por confinados en instituciones penales o juveniles y el exterior. CC-2014-337 19

Agrim. PR v. AAA, 131 DPR 735, 756 (1992); Pueblo v.

Pizarro Solís, 129 DPR 911, 918 (1992). Asimismo, en el

quehacer de interpretar las leyes, debemos considerar la

realidad social de donde surgen y operan. Pueblo v.

Figueroa Pomales, supra, pág. 417; Pueblo v. Sierra

Rodríguez, 137 DPR 903 (1995); Pueblo v. Arandes de

Celis, 120 DPR 530 (1988); Pacheco v. Vargas, Alcaide,

120 DPR 404 (1988). A tales efectos, nuestra función se

limita a considerar el contexto de sus términos y la

interpretación de la intención legislativa. Pueblo v.

Figueroa Pomales, supra, pág. 419.

En fin, constituye un “principio cardinal de

hermenéutica que al lenguaje de una ley debe dársele la

interpretación que valida el propósito que tuvo el

legislador al aprobarla”. Pueblo v. Figueroa Pomales,

supra, pág. 418; Pacheco v. Vargas, Alcaide, supra, pág.

409. Es decir, la hermenéutica jurídica consiste en

auscultar, averiguar, precisar, determinar, cuál ha sido

la voluntad legislativa. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, 186

DPR 713, 736-737 (2012); IFCO Recycling v. Aut. Desp.

Sólidos, 184 DPR 712, 738 (2012); Pueblo v. Zayas

Rodríguez, supra, pág. 537; véase, además, Bernier y

Cuevas Segarra, op. cit., pág. 241. En ese sentido, este

Tribunal debe interpretar la ley en consideración de los

fines que persigue y la política pública que la inspira.

Es al amparo de estos principios doctrinales que

corresponde examinar la intención del legislador para CC-2014-337 20

determinar lo que constituye la conducta tipificada como

delito en el Art. 2 de la Ley Núm. 15. Para ello, se debe

auscultar, a la luz de su historial legislativo, cuál fue

el fin del legislador. Veamos.

Sabido es que en Puerto Rico ha proliferado la

práctica de introducir equipos de telecomunicación en las

instituciones penales y juveniles y se ha detectado su

uso frecuente para realizar o coordinar actividades

ilícitas desde la institución. 4 LPRA sec. 1631. Por esta

razón, se establece como política pública que es un

asunto de alto interés evitar las comunicaciones no

autorizadas entre las personas ingresadas en

instituciones penales o juveniles y el exterior, a los

fines de impedir la continuidad de la actividad

delictiva. (2011 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 1144).

También, se enmarca como política pública que el uso

irrestricto de sistemas de comunicaciones, incluyendo el

teléfono celular, es uno de los privilegios que pierde la

persona que ha incurrido en conducta delictiva. Íd.

A esos efectos, la Ley Núm. 15 tiene el objetivo

expreso de restringir el uso no autorizado de equipos de

telecomunicaciones para impedir la continuidad de la

actividad criminal dentro de las instituciones penales. 4

LPRA sec. 1631(d). Esta actividad delictiva se refiere a:

(1) fraudes vía telefónica; (2) intimidación de testigos;

(3) hostigamiento a víctimas de violencia doméstica; (4)

continuidad de la administración del “punto” de venta de

drogas; y (5) pautar y ordenar asesinatos, entre otras. CC-2014-337 21

Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 15-2011 (2011

(Parte 1) Leyes de Puerto Rico 1145). Para el legislador,

tal actividad crea un riesgo para la seguridad y el

bienestar público, interfiere con el mandato

constitucional de rehabilitación y constituye una manera

de burlar las reglas de disciplina y conducta de las

instituciones. Íd.; 4 LPRA sec. 1631(c).

De lo que antecede se desprenden varias

conclusiones. Se puede apreciar que era evidente la

preocupación del legislador por evitar el uso de todo

equipo que permita la transmisión de señales radiales o

acceso a la red celular de comunicaciones o a internet en

las instituciones penales. Para ello, se promovió una

vigorosa política pública en aras de impedir la

continuidad de la actividad criminal dentro de las

instituciones penales y hacia el exterior. Inclusive,

queda claro que para el legislador existe un interés

apremiante de que se legisle para controlar dicha

actividad, ya que el uso de sistemas de comunicación

amenaza la vida y el bienestar de los ciudadanos y, a su

vez, perjudica el proceso de rehabilitación de las

personas internas en la institución. Véase Exposición de

Motivos de la Ley Núm. 15-2011 (2011 (Parte 1) Leyes de

Puerto Rico 1147). En vista de ello, no podemos ignorar

lo dispuesto en la Ley Núm. 15 y en la intención

legislativa.

En armonía con lo anterior, el Art. 2 de la Ley Núm.

15 dispone, en lo relativo a la controversia ante nos, CC-2014-337 22

que la posesión por un confinado de equipos de

telecomunicación no autorizados, incluyendo teléfonos

celulares y cualquier aditamento que permita transmisión

de señales radiales o acceso a la red celular de

comunicaciones o a una conexión inalámbrica a internet

que no sea el acceso provisto por la institución,

constituirá delito grave de cuarto grado, o la falta

equivalente en el caso de un menor de edad. 4 LPRA sec.

1632. No cabe duda de que este delito busca resguardar la

referida intención legislativa y política pública

enmarcada en la Ley Núm. 15; esto es, restringir las

comunicaciones no autorizadas desde las instituciones

penales para evitar la continuidad de la actividad

criminal. Adviértase que el delito en cuestión prohíbe

expresamente los equipos de telecomunicación no

autorizados, “incluyendo teléfonos celulares y cualquier

tipo de equipo o aditamento que permita transmisión de

señales radiales o acceso a la red celular de

que no sea el acceso provisto por la institución”. 4 LPRA

sec. 1632. (Énfasis suplido).

Una simple lectura del artículo lleva a concluir que

el legislador tipificó como delito el uso de todo equipo

que transmita señales o tenga acceso a la red de

comunicaciones o a internet. En otras palabras, se

requiere que el equipo tenga la posibilidad de transmitir

señales o acceder a la red de comunicaciones o a

internet. Obviamente, el legislador reconoce que el CC-2014-337 23

equipo más común es el celular, por lo que lo incluye

expresamente a modo descriptivo. Nótese que la frase “que

permita transmisión de señales radiales o acceso a la red

celular de comunicaciones o a una conexión inalámbrica a

Internet que no sea el acceso provisto por la

institución”, es un elemento del delito que aplica a todo

equipo de telecomunicación, incluyendo, obviamente, al

teléfono celular. Es por ello que resulta obligatorio

determinar que para cometer este delito se requiere que

un confinado posea cualquier equipo de telecomunicación

que permita transmisión de señales radiales o acceso a la

red celular de comunicaciones o a una conexión

inalámbrica a internet. Indudablemente, esta

interpretación no se aparta de las normas de hermenéutica

que nos rigen como jueces, al mismo tiempo que se observa

la política pública de evitar las comunicaciones no

autorizadas proscritas por el legislador al aprobar la

Ley Núm. 15, pero sin ignorar los principios y garantías

de derecho penal que cobijan al acusado en este caso en

particular.

Por su parte, para asegurar que se utilicen

únicamente los sistemas telefónicos, de comunicaciones o

informáticos que provee la institución, la Ley Núm. 15

establece que a toda persona que ingrese a una

institución penal o juvenil “se le dará a su ingreso

previa notificación verbal y escrita de esta restricción,

incluyendo notificación de que está prohibida la posesión

y el uso de cualquier sistema de comunicación no CC-2014-337 24

autorizado por la Administración”. 4 LPRA sec. 1634(a).

(Énfasis suplido). A tono con ello, la Certificación de

Orientación sobre Ley Núm. 15 de 18 de febrero de 2011,

advierte que el confinado que sea sorprendido y se le

ocupe cualquier tipo de equipo, como teléfono celular o

aditamento que permita la transmisión de señales radiales

o acceso a la red celular de comunicaciones o a una

conexión inalámbrica de internet, que no sea el provisto

por la institución, incurrirá en la comisión de delito

grave de cuarto grado. Véase Petición de certiorari, pág.

10.

V

A la luz de la normativa planteada, procedo a

exponer mi parecer en torno a la controversia de

epígrafe.

Surge de los autos que al señor Cordero Meléndez se

le imputó poseer un equipo de telecomunicación no

autorizado (celular con chip y batería) que permite

acceso a la red celular de comunicaciones. En vista de

que se determinó causa para acusar por el Art. 277 del

Código Penal de 2012, el peticionario presentó una moción

de desestimación al amparo de la Regla 64(p). En

síntesis, alegó que se quebrantó el principio de

especialidad, toda vez que tanto en la denuncia como en

la acusación se incluyeron todos los elementos del delito

de una disposición penal que regulaba con mayor

especificidad la materia atribuida, pero se le imputó el

delito contenido en el precepto penal general. En otras CC-2014-337 25

palabras, para el señor Cordero Meléndez el Ministerio

Público contravino el principio de especialidad al

descartar imputarle la disposición penal especial

dispuesta en el Art. 2 de la Ley Núm. 15, la cual

regulaba más específicamente la conducta atribuida, y, en

cambio, acusarlo por la ley general. En consecuencia,

solicitó la desestimación de la acusación. Ante ello, los

foros recurridos denegaron la petición en cuestión.

Ponderados los documentos que obran en el

expediente, en conjunto con la doctrina jurídica

aplicable, considero que el planteamiento del señor

Cordero Meléndez tiene méritos. Las circunstancias del

presente caso no dejan duda de que se actuó en

contravención al principio de especialidad. Por ello,

sostengo que los foros recurridos incidieron en el curso

de acción seguido. Me explico.

A poco examinar lo expuesto, uno se percata de que

si bien ambas disposiciones legales aluden a la misma

materia, de su texto expreso surgen distinciones en

términos de especificidad. Evidentemente, no nos

encontramos ante delitos con elementos idénticos. El Art.

2 de la Ley Núm. 15 prohíbe la posesión y el uso de

equipos de telecomunicación no autorizados que permiten

la transmisión de señales radiales, acceso a la red de

comunicaciones o conexión a internet. Como vimos, la

parte expositiva de la ley disipa cualquier otra

interpretación al respecto. Ésta es clara al recalcar que

“[e]l uso de sistemas de comunicación desde las CC-2014-337 26

instituciones penales y civiles amenaza la vida y

bienestar del pueblo y perjudica el proceso de

rehabilitación que es mandato constitucional. Por tanto,

existe un interés público apremiante de que se legisle

para controlar dicha actividad”. Véase Exposición de

Puerto Rico 1147).

Ciertamente, el Art. 2 de la Ley Núm. 15 describe

con mayor detalle aquella conducta que también se

tipifica como delito en el Art. 277 del Código Penal. No

obstante, una lectura tanto de la denuncia como de la

acusación permite concluir, sin ambages, que el delito

imputado al señor Cordero Meléndez está descrito con

mayor especificidad en el Art. 2 de la Ley Núm. 15. Sin

duda, el imputarle al señor Cordero Meléndez la posesión

de un equipo de telecomunicación (celular con chip y

batería) que permite el acceso a la red celular de

comunicaciones, hace que el Art. 2 de la Ley Núm. 15

contemple ese elemento adicional que describe o tipifica

con mayor especificidad la conducta punible. Esto es, el

Art. 2 contiene esa condición calificativa en virtud de

la cual la ley especial prevalece sobre la general en su

aplicación.45 Ello, pues, el Art. 277 de nuestro precepto

penal general solo tipifica como delito la mera posesión

45 Valga puntualizar, además, que es por conducto expreso de la Ley Núm. 15 que el Departamento de Corrección y Rehabilitación viene obligado a notificar, a toda persona que ingrese a una institución, la prohibición de poseer y utilizar cualquier sistema de comunicación no autorizado por esta agencia. CC-2014-337 27

de teléfonos celulares u otros medios de comunicación

portátil.

Por tanto, no alcanza a persuadirme el argumento del

Estado de que entre la disposición general y la especial

existe una duplicidad de disposiciones legales o una

idéntica tipificación de la conducta antijurídica.

Tampoco tiene razón el Estado cuando argumenta que en

este caso no es de aplicación el principio de

especialidad, ya que la pena de la ley especial es más

benigna que aquella establecida en la ley general.46 Este

46 Con relación a este argumento, en el 2014 la Asamblea Legislativa de Puerto Rico promulgó la Ley Núm. 246-2014, con el propósito de enmendar el Código Penal hasta entonces vigente. En lo que aquí concierne, se modificó el texto del Art. 307 del Código Penal de 2012 para disponer que los delitos graves que se tipifican en leyes penales especiales como Delito grave de cuarto grado:

[C]onllevará[n] una pena de reclusión restricción terapéutica, restricción domiciliaria, servicios comunitarios, o combinación de estas penas, por un término fijo que no puede ser menor de seis (6) meses un (1) día ni mayor de tres (3) años, según la presencia de atenuantes o agravantes a la pena. En tal caso, la persona puede ser considerada para libertad bajo palabra por la Junta de Libertad bajo Palabra al cumplir el cincuenta (50) por ciento del término de reclusión impuesto. 33 LPRA sec. 5415.

Nótese que las recientes enmiendas tuvieron el efecto de modificar la pena impuesta para el Art. 2 de la Ley Núm. 15, así como sus condiciones colaterales. Por tanto, las enmiendas efectuadas llevan a la conclusión de que la pena estatuida en el Art. 2 puede resultar más benigna en comparación con la establecida para el Art. 277 del Código Penal. Esto, ya que a diferencia de la pena fija de reclusión de 3 años que apareja el Art. 277, se permite que aquel que infrinja el Art. 2 pueda cumplir la sentencia impuesta mediante pena de reclusión, CC-2014-337 28

planteamiento no encuentra sostén en la literatura

jurídica sobre el tema, ni en nuestros pronunciamientos

jurisprudenciales con relación al particular.47

Resalto que la Ley Núm. 15 no ha sido derogada por

el legislador y ésta contaba con total vigencia al

momento de los hechos imputados. Así las cosas, no es rol

de los foros judiciales derogar implícitamente un esquema

legal vigente que regula con suficiente especificidad la

conducta imputada al peticionario en aras de aplicar una

disposición general. Sin duda, los foros recurridos

incidieron al arrojar a las sombras el principio de

especialidad, pretendiendo derogarlo sin facultad para

ello. Por ello, no puedo avalar un curso de acción que, a

todas luces, reduciría a letra muerta el aludido

principio. Más aún, cuando sabemos que tanto los foros

judiciales como el Ministerio Público vienen llamados a

observar el mandato expreso enmarcado en este cardinal

principio de derecho.

Ahora bien, entiendo que lo anterior no dispone de

la totalidad de la controversia que nos ocupa. Esto es,

__________________________________________________________ restricción terapéutica, restricción domiciliaria, servicio comunitario o combinación de éstas. 47 El principio de alternatividad al cual alude la Oficina del Procurador General en su Escrito en Cumplimiento de Orden solo se aplicará en defecto de relación de especialidad, subsidiariedad o consunción. Ahora bien, la única posibilidad de que no sean aplicables los criterios anteriores es que por un defecto legislativo dos o más preceptos vengan a prever exactamente el mismo hecho. Véase S. Mir Puig, Derecho Penal: Parte General, 8va ed., Barcelona, Ed. Reppertor, 2008, págs. 657-658. CC-2014-337 29

resta por atender la solicitud de desestimación al

amparo de la Regla 64(p) de las de Procedimiento

Criminal, fundada en que se quebrantó el principio de

especialidad. Con relación a ello, opino que procede

aplicar la normativa jurídica vigente para disponer de

tal petición. En otras palabras, de estimar que hubo

ausencia total de prueba sobre uno o varios de los

elementos del delito aplicable o que se infringió alguno

de los requisitos o derechos procesales que se deben

observar, la acción penal debe desestimarse.

En el presente caso, el Ministerio Público admitió

en la vista en alzada que no presentó los cargos

conforme al principio de especialidad, pues no contaba

con prueba para imputar el delito especial. Así las

cosas, el foro primario encontró causa para acusar por

el precepto penal general. Ello, en violación al mandato

dispuesto en el Art. 9 del Código Penal. Considero que

la justificación de que es más fácil probar los

elementos del delito general con relación al delito

especial, no es fundamento válido para quebrantar el

principio de especialidad.

Ante el particular escenario de la controversia de

epígrafe, opino que procedía la desestimación de la

acusación contra el señor Cordero Meléndez. Recordemos

que el Ministerio Público admitió en vista preliminar en

alzada que no contaba con la prueba necesaria para

acusar al peticionario por el precepto penal especial

que describía o tipificaba más específicamente la CC-2014-337 30

conducta imputada. Conforme lo dispone la Regla 64(p) y

su jurisprudencia interpretativa, ello constituye

fundamento para la desestimación de la acusación debido

a la ausencia de prueba sobre uno o varios de los

elementos del delito aplicable.

VI

Al amparo de los fundamentos enunciados, disiento

del dictamen emitido por una Mayoría de este Tribunal. En

su lugar, revocaría la determinación del Tribunal de

Apelaciones y ordenaría la desestimación de la acusación

contra el señor Cordero Meléndez.

Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado