Eileen Castro Torres v. Jose Antonio Negron Soto v. Francisco Rivera Avila; Procuradora Especial De Relaciones De Familia

2003 TSPR 90

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: May 23, 2003
• Docket: CC-2001-0983
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Eileen Castro Torres Demandante

v.

José Antonio Negrón Soto Certiorari Demandado 2003 TSPR 90 v. 159 DPR ____ Francisco Rivera Ávila Interventor-Recurrido

Procuradora Especial de Relaciones de Familia Peticionaria

Número del Caso: CC-2001-983

Fecha: 23 de mayo de 2003

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional II

Juez Ponente: Hon. Guillermo Arbona Lago

Oficina del Procurador General de Puerto Rico: Lcda. Lizette Mejías Avilés Procuradora General Auxiliar

Abogada de la Parte Demandada: Lcda. Irma M. Marchand

Abogado de la Parte Interventor-Recurrido: Lcdo. Ángel Antonio Colón

Materia: Alimentos

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Eileen Castro Torres Demandante vs. José Antonio Negrón Soto Demandado CC-2001-983 CERTIORARI vs. Francisco Rivera Ávila Interventor-Recurrido

OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 23 de mayo de 2003

El 26 de agosto de 1989 la Sra. Eileen Castro

Torres y el Sr. Francisco Rivera Ávila contrajeron

nupcias, conviviendo hasta finales de 1989, fecha en

que Rivera Ávila se trasladó a los Estados Unidos.

Inmediato a ello Castro Torres reinició una relación

sentimental previa con el Sr. José A. Negrón Soto y

el 15 de marzo de 1990, aún vigente su matrimonio

con Rivera Ávila, dio a luz un niño. El 20 de marzo

del mismo año, Negrón Soto inscribió al niño como

hijo suyo en el Registro Demográfico, con el nombre

de Julio Ángel Negrón Castro. Dos meses después del

nacimiento del menor el matrimonio entre Castro

Torres y Rivera Ávila quedó CC-2001-983 3

disuelto mediante sentencia de divorcio instada por Castro

Torres, dictada en rebeldía, y notificada a Rivera Ávila

vía emplazamiento por edictos.

Así las cosas, el 20 de julio de 1990, Castro Torres

radicó ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de

Bayamón, una demanda en reclamación de alimentos contra

Negrón Soto. En la misma alegó que éste había incumplido su

obligación de prestarle alimentos al menor Julio Ángel y

solicitó una pensión alimentaria de cuatrocientos dólares

($400.00) mensuales. El 28 de septiembre de 1990 Negrón

Soto contestó la demanda y, si bien aceptó que había

reconocido al niño, negó que estuviera incumpliendo su

obligación. Además, reconvino impugnando su anterior

reconocimiento respecto a la paternidad del menor Julio

Ángel. Alegó que no era el padre biológico del menor y que

el reconocimiento que había hecho era nulo porque a la

fecha del nacimiento del niño, Castro Torres estaba casada

con Rivera Ávila. Por tal razón sostuvo que, a tenor con la

ley, este último era el padre del niño. Iniciado el pleito,

el Tribunal de Instancia ordenó que las partes fueran

sometidas a pruebas de histocompatibilidad. El resultado de

las mismas excluyó a Negrón Soto como padre biológico del

menor.

No obstante lo anterior, el 11 de septiembre de 1992

el foro primario resolvió que no procedía la acción de

impugnación de reconocimiento ya que la misma había

caducado. Negrón Soto solicitó la revisión de tal CC-2001-983 4

resolución ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, el

cual denegó la expedición del auto. Posteriormente, Negrón

Soto acudió ante este Tribunal mediante petición de

certiorari la cual también fue declarada “No Ha Lugar”

mediante Resolución emitida el 27 de agosto de 1993. De

este modo, la resolución dictada por el Tribunal de

Instancia advino final y firme.

Así las cosas, el 25 de marzo de 1998, Castro Torres,

en representación de su hijo, solicitó un aumento en la

pensión alimentaria fijada con anterioridad a Negrón Soto.

El 22 de octubre de 1999 Rivera Ávila presentó una

solicitud de intervención en la anterior causa, alegando

que tenía interés en la misma por ser el padre biológico

del menor. Solicitó que se corrigiera el certificado de

nacimiento del menor sustituyendo el nombre del padre, que

allí aparece, por el suyo.1

1 Resulta pertinente señalar que en la referida moción solicitando intervención Rivera Ávila hizo constar, bajo juramento, que para los meses de marzo a julio de 1989 sostuvo relaciones sexuales con Castro Torres hasta que ésta quedó embarazada; razón por la cual decidieron contraer matrimonio. Manifiesta que, posteriormente, Castro Torres le expresó que el hijo que esperaba no era suyo y que era mejor que se fuera de la casa. A raíz de ese incidente decidió marcharse y el 19 de diciembre de 1989 partió a Nueva York indicándole a Castro Torres la dirección donde iba a vivir para que le comunicara cualquier situación relacionada al embarazo. Sostiene, además, que a mediados de 1990 y estando en Nueva York llamó por teléfono a la residencia de Castro Torres con el fin de conocer sobre su salud y el progreso del embarazo. Sin embargo, el padre de ésta, quien contestó la llamada, le expresó que no volviera a llamar a su hija. Rivera Ávila encomendó a su madre a que llamara a Castro Torres para conocer de su salud pero tampoco tuvo éxito. Finalmente, Rivera Ávila volvió a llamar a la demandante entre el 16 y el 20 de marzo para saber cómo había salido (Continúa . . .) CC-2001-983 5

Tras varios incidentes procesales, tanto la

Procuradora de la Familia como Castro Torres presentaron,

por separado, memorandos de derecho en oposición a la

intervención presentada por Rivera Ávila. En esencia, ambas

sostuvieron que éste carecía de legitimación activa para

instar una acción de impugnación de reconocimiento, y en la

alternativa, alegaron que tal acción había caducado. Por su

parte, tanto Rivera Ávila2 como Negrón Soto expresaron su

postura mediante respectivos memorandos de derecho.

_____________________ del embarazo. No obstante, la madre de ésta, quien contestó la llamada, le manifestó que su hija había abortado y que pronto le enviarían los papeles del divorcio. Adujo, además, que no fue sino hasta principios de junio de 1999--al coincidir con Negrón Soto en una actividad-- que advino en conocimiento del nacimiento del niño y que, el mismo, había sido reconocido por éste como hijo suyo. En dicho encuentro Negrón Soto le manifestó, además, que el hijo que tuvo Castro Torres no era suyo por haber sido excluido como padre del menor mediante una prueba de sangre. A raíz de los eventos reseñados en la referida moción el recurrido se sometió a la prueba de sangre de histocompatibilidad. El resultado concluyó que posee dos de los haplotipos necesarios para ser el padre biológico del menor, equivalente a una probabilidad de más de 95% de paternidad relativa. Fue entonces que decidió presentar la moción solicitando intervención en el referido pleito. 2 En el Memorando de Derecho presentado por Rivera Ávila éste alega que en virtud de lo establecido en el caso Ramos v. Marrero, 116 D.P.R. 357 (1985) tiene derecho a “probar su paternidad natural y biológica y ataca[r] la presunción de legitimidad del hijo por el reconocimiento voluntario del demandado.” Véase Petición de Certiorari, Apéndice XXXIV, Memorando de Derecho, a la pág. 226. Adujo, además, que su acción no había caducado ya que el término de seis (6) meses dispuesto en el Artículo 117 del Código Civil que comenzó a correr desde que tuvo conocimiento del nacimiento del menor (a principios de junio de 1999), no había trascurrido al momento en que radicó su moción solicitando intervención donde impugnó el reconocimiento hecho por Negrón Soto. CC-2001-983 6

Así las cosas, el 12 de julio de 2001, el foro de

instancia emitió una resolución donde declaró “No Ha Lugar”

la solicitud de intervención presentada por Rivera Ávila.

Al así resolver, sostuvo que la situación planteada por el

interventor no estaba tipificada por ningún artículo del

Código Civil. Dicho foro manifestó que la ley y la

intención legislativa era clara al delimitar las personas

que pueden instar una acción impugnando la legitimidad. En

virtud de ello determinó que Rivera Ávila no tenía

capacidad jurídica para impugnar la paternidad reconocida

por Negrón Soto respecto al menor y que, aun en el supuesto

de que aplicara el Artículo 117, la acción había caducado.

Inconforme con tal dictamen, el 15 de agosto de 2001

Rivera Ávila acudió --vía certiorari-- ante el Tribunal de

Circuito de Apelaciones. Mediante resolución emitida el 27

de septiembre de 2001, archivada en autos el 1 de octubre

de 2001, el foro apelativo intermedio le concedió a las

partes un término de veinte (20) días para mostrar causa

por la cual no se debía expedir el auto solicitado y

revocar el dictamen para reconocerle a Rivera Ávila

legitimación activa para presentar la acción de impugnación

de reconocimiento dentro del término hábil de 180 días.

En cumplimiento con la mencionada orden, el 18 de

octubre de 2001 la Procuradora presentó un “Escrito en

Cumplimiento de Orden” en el cual reconoció, que si bien el

interventor tenía legitimación activa para presentar una

acción de impugnación de reconocimiento, la misma había

caducado toda vez que el término aplicable de tres (3) CC-2001-983 7

meses, contados a partir de que el padre registral

reconoció al menor, ya había transcurrido. A su vez, el 19

de octubre de 2001, Castro Torres presentó su oposición a

la petición de certiorari. Por su parte, Negrón Soto

también radicó ante el foro apelativo un escrito en apoyo

de la contención del interventor. En la misma enfatizó que

no ha existido lazo afectivo alguno entre éste y el menor y

que impedir la causa de acción del interventor tiene el

efecto de privar al niño de la presencia física de un

padre, a la vez que se le oculta su verdadera filiación.

Así las cosas, mediante sentencia emitida el 25 de

octubre de 2001, el foro intermedio apelativo revocó la

resolución recurrida. Dictaminó que el interventor Rivera

tenía legitimación activa para presentar una impugnación de

reconocimiento. Ello en vista de que el presunto padre

biológico pertenece a uno de los grupos que nuestro

ordenamiento jurídico ha reconocido como poseedor de la

facultad para ejercitar dicha acción. Determinó, además,

que tal acción no había caducado a la fecha en que solicitó

su intervención. Al así resolver se apoyó en que el término

aplicable era el de seis (6) meses, contados a partir de

que el actor, que se encontraba fuera de Puerto Rico,

adviniera en conocimiento del nacimiento del menor y la

filiación contradictoria en el Registro Demográfico.

Insatisfecha con tal dictamen, Castro Torres solicitó

reconsideración de dicha sentencia, siendo la misma

declarada “No Ha Lugar”. CC-2001-983 8

Inconforme con la actuación del tribunal apelativo

intermedio, la peticionaria acudió oportunamente –-vía

certiorari-- ante este Tribunal. Alega que procede revocar

la sentencia emitida por el tribunal apelativo debido a que

dicho foro incidió al:

...determinar que no había caducado la causa de acción del interventor para impugnar el reconocimiento realizado por el padre registral, aun cuando ha [sic] transcurrido más de diez años desde la fecha de tal reconocimiento.

Expedimos el recurso. Contando con la comparecencia de

todas las partes, y estando en posición de resolver el

recurso radicado, procedemos a así hacerlo. Confirmamos.

Veamos por qué.

I

En esencia, la controversia que hoy nos ocupa consiste

en determinar si el interventor Rivera Ávila, ex–esposo de

la madre del menor y presunto padre biológico del mismo,

posee legitimación activa para impugnar el reconocimiento

voluntario efectuado en el Registro Demográfico por un

tercero. En caso de resolver que existe legitimación activa

para ejercitar dicha acción, nos corresponde determinar el

término aplicable para llevar a cabo la misma. Estas

interrogantes nos llevan a examinar varios aspectos

pertinentes al tema de la filiación.

A. Filiación

La filiación es el estado civil de la persona,

determinado por la situación que, dentro de una familia, le CC-2001-983 9

asigna el haber sido engendrada en ella o el estar en ella

en virtud de la adopción o de otro hecho legalmente

suficiente al efecto. M. Peña Bernaldo de Quirós, Derecho

de familia, Madrid, Sección de Publicaciones, Facultad de

Derecho, Universidad Complutense, 1989, págs. 402-03.

Consiste inicialmente en una realidad biológica que es

posteriormente recogida y regulada por el ordenamiento

jurídico el cual distribuye derechos y obligaciones entre

padres e hijos. L. Díez-Picazo y A. Gullón, Sistema de

derecho civil, 5ta. ed. rev., Madrid, Ed. Tecnos, 1989,

Vol. IV, pág. 247. La misma brinda seguridad y publicidad

al estado civil de la persona y caracteriza su capacidad de

obrar y el ámbito propio de su poder. E. Serna Meroño, La

reforma de la filiación, Madrid, Ed. Montecorvo, 1985, pág.

25.

La relación filiatoria se ha catalogado como una

fundamentalmente jurídica que para establecerla requiere de

una serie de criterios, de los cuales los básicos son los

biológicos aunque éstos no siempre entran en acción. L.

Díez-Picazo y A. Gullón, ante, a la pág. 249. Es por ello

que se ha reconocido a la filiación como una circunstancia

que no necesariamente se deriva de un hecho biológico.

Ibid. Cónsono con lo anterior, sostiene la Dra. Ruth

Ortega-Vélez que “puede darse una filiación biológica, pero

no jurídica en aquellos casos en que no conste o no

aparezca quiénes son los padres. Es decir, el vínculo

biológico no basta por sí mismo para hacer nacer el vínculo

jurídico. Puede darse, también, una filiación jurídica que CC-2001-983 10

no sea biológica, . . .” R. Ortega-Vélez, Compendio de

derecho de familia, Publicaciones JTS, 2000, T. I, Capítulo

VII, pág. 384. Si bien el vínculo biológico no es el único

factor al momento de determinar la filiación de una

persona, se advierte un nuevo giro en la doctrina legal

cuyo objetivo es tratar, en lo posible, de que la realidad

biológica coincida con la realidad jurídica.3 Esto es, que

las personas posean una filiación jurídica con aquellos que

biológicamente sean sus padres.

No cabe duda de que la determinación de la filiación

se caracteriza por lo oscuro de sus problemas y por ser de

suprema importancia ya que de ella dependen aspectos

esenciales que afectan al ser humano.4 Su trascendencia no

3 Véase J.L. Lacruz Berdejo y otros, Elementos de derecho civil: derecho de familia, 4ta. ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1997, T.4, pág. 424; J. Puig Brutau, Fundamentos de derecho civil, 2da. ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1985, T.4, pág. 191; A. Rodríguez Adrados, La filiación en Las reformas del código civil por leyes de 13 de mayo y 7 de julio de 1981,(Conferencia pronunciada ante el Instituto Nacional de Estudios Jurídicos), Madrid, 1983, pág. 121; J.L. Lacruz Berdejo y otros, El nuevo régimen de la familia, Madrid, Ed. Civitas, S.A., 1982, págs. 16-17. 4 En ese tenor se ha manifestado que: [D]e ser hijo de tal o cual persona deriva que se tenga una u otra nacionalidad, o una u otra vecindad...cualidades éstas que deciden el régimen de los demás estados de la persona, ya que la capacidad y las relaciones familiares se rige[n] por la ley personal,...aparte de la trascendencia que la determinación de la ley personal tiene en el régimen de otras materias (sucesiones, donaciones, obligaciones...). De la filiación depende directamente además la determinación de las personas que están legitimadas para provocar un cambio de estado civil (emancipación, adopción), o para promover judicialmente el cambio (por incapacitación). La filiación determina, también, las personas a quienes se está sujeto durante la minoría de edad (o en situación de patria potestad prorrogada). Influye la filiación en el poder de la (Continúa . . .) CC-2001-983 11

sólo se extiende al ámbito moral y patrimonial que afecta a

la persona y a su familia, sino que, además, entraña un

interés público y superior que interesa también al Estado.

J. Castán Tobeñas, Derecho civil español común y foral,

9na. ed. rev, Madrid, Ed. Reus S.A., 1985, T.5, Vol. II,

pág. 18. En definitiva, “la filiación es la nota de mayor

jerarquía dentro del parentesco y portadora de las más

importantes consecuencias jurídicas; . . .” R. Ortega-

Vélez, ante, a la pág. 388.

B. Filiación Matrimonial y Filiación No Matrimonial

Si bien las reformas en nuestro ordenamiento jurídico

han sido escasas en lo concerniente al derecho de

filiación, resulta notable el cambio efectuado por la Ley

Núm. 17 de 20 de agosto de 1952, 31 L.P.R.A. sec. 441.

Dicha pieza legislativa, cónsona con el mandato

constitucional que proclama la igualdad de todos ante la

ley y prohíbe el discrimen por razón de nacimiento, le

otorgó igualdad a todos los hijos.5 Por tanto, hoy día

resulta inadecuado perpetuar la manera discriminatoria y

peyorativa en la cual se solían denominar a los hijos,

_____________________ persona: por la filiación se conoce si una persona tiene herederos forzosos, con la consiguiente trascendencia en relación con la potestad de donar... o de disponer “mortis causa” ...o, en general, con la potestad de gestión del propio patrimonio (por la posible declaración de prodigalidad...). Almodóvar v. Méndez, 125 D.P.R. 218, 233 (1990); citando a M. Peña Bernaldo de Quirós, De la paternidad y filiación, en M. Amorós Guardiola, Comentarios a las reformas del derecho de familia, Madrid, Ed. Tecnos, 1984, Vol. I, pág. 795. 5 Véase, además Ocasio v. Díaz, 88 D.P.R. 676 (1963). CC-2001-983 12

clasificándolos como legítimos o ilegítimos de acuerdo a

las circunstancias de su nacimiento.6 Actualmente nos

referimos a los hijos como matrimoniales o no

matrimoniales, siendo trascendente dicha distinción,

únicamente, para determinar la filiación y no en cuanto a

los efectos. J. Castán Tobeñas, ante, a la pág. 90. Ello en

vista de que nuestro ordenamiento le atribuye, tanto a los

hijos matrimoniales como a los no matrimoniales iguales

derechos, facultades, obligaciones, deberes,

incompatibilidades y prohibiciones dentro de la

organización familiar y social. Almodóvar v. Méndez, 125

D.P.R. 218, 234 (1990).

Como bien afirman L. Díez-Picazo y A. Gullón: “[e]n un

sentido estricto, el hecho biológico de la generación sería

la fuente de la relación jurídica de filiación, en otras

palabras, es el que la determinaría.” Ibid. a la pág. 250.

Sin embargo, el Código Civil establece distintos criterios

respecto a la exigencia de demostrar el hecho biológico,

según la filiación sea matrimonial o no matrimonial, puesto

que en el primer caso se formulan una serie de presunciones

atribuyendo la paternidad del hijo al marido de la madre

cuando el nacimiento tiene lugar vigente el matrimonio,

cosa que no tiene cabida en la filiación no matrimonial. R.

Ruiz Serramalera, ante, a la pág. 202.

6 Igual cambio ocurrió en España--de donde proviene gran parte de nuestro derecho de familia--en virtud de la Ley de 13 de mayo de 1981 que reformó en gran medida el derecho de filiación de dicho país. Véase R. Ruiz Serramalera, Derecho civil: derecho de la persona, Madrid, 1985, págs. 199-200. CC-2001-983 13

En nuestro ordenamiento jurídico coexisten dos

situaciones que establecen la filiación de un hijo con su

padre. En primer lugar, la del hijo cobijado por una

presunción de legitimidad, por haber nacido éste vigente el

matrimonio de sus padres; y en segundo lugar, la del hijo

no matrimonial. Sánchez Encarnación v. Sánchez Brunet, res.

el 13 de julio de 2001, 2001 TSPR 107; Almodóvar v. Méndez,

ante, a la pág. 235.

En cuanto a la filiación matrimonial, en los Artículos

113 y 114 del Código Civil,7 se consignan dos presunciones:

(1) “Son hijos legítimos los nacidos después de los ciento

ochenta días siguientes a la celebración del matrimonio y

antes de los trescientos días siguientes a su disolución.”;

(2) “Igualmente es legítimo el hijo nacido dentro de los

ciento ochenta días siguientes a la celebración del

matrimonio, si el marido no impugnare su legitimidad.” La

filiación matrimonial comprende, además, a los hijos

nacidos antes del matrimonio de sus padres. Los Artículos

119 a 122 del Código Civil8 permiten que el subsiguiente

matrimonio de los progenitores convierta la filiación que

inicialmente fue extramatrimonial en una matrimonial para

todos los efectos y respecto a todas las personas.

En términos generales, la doctrina ha reconocido que

los presupuestos legales de la filiación matrimonial son:

(1) matrimonio de los padres; (2) concepción o nacimiento

7 31 L.P.R.A. secs. 461 y 462. 8 31 L.P.R.A. secs. 481 a 484. CC-2001-983 14

durante el matrimonio; (3) maternidad o filiación del hijo

respecto a la esposa; (4)identidad del hijo con el nacido

de la esposa, y (5) paternidad o filiación del hijo

respecto al marido. Calo Morales v. Cartagena Calo, 129

D.P.R. 102, 122 (1991).9 Estos presupuestos se comprueban

con la inscripción registral del nacimiento y del

matrimonio de los padres en el Registro Demográfico. Tal

inscripción constituye un título de legitimación del estado

civil de hijo matrimonial, sin perjuicio de que pueda ser

impugnado judicialmente. R. Ortega-Vélez, ante, a la pág.

391.

De otro lado, tenemos la filiación no matrimonial. A

diferencia de la anterior, este tipo de filiación,

“ni se concibe ni nace dentro de un matrimonio, no es

posible jugar con la presunción de paternidad, y por tanto

la misma sólo puede acreditarse voluntariamente, cuando él

o los padres reconocen al hijo, o, forzosamente, cuando se

impone coactivamente ese reconocimiento mediante el

ejercicio de la acción judicial correspondiente.” L.

Martínez-Calcerrada, El nuevo derecho de familia, 3ra. ed.,

Madrid, 1983, T.I, págs. 67-68. Es decir, se refiere al

hijo de mujer no casada que nace sin filiación respecto a

padre alguno debido a la inexistencia de una persona que

pueda ser señalada presuntivamente como padre por la ley.

9 Véase, además, J. Castán Tobeñas, ante, a la pág. 90; D. Espín Canovas, Manual de derecho de familia, Revista de derecho privado, Madrid, 1984, pág. 344; L. Lacruz Berdejo y otros, El nuevo régimen de la familia, ante, a la pág. 23. CC-2001-983 15

R. Ortega-Vélez, ante, a la pág. 405. Los nacidos bajo esas

circunstancias adquieren el estado o condición de hijo

cuando el padre en forma afirmativa lo reconoce como tal.

Ibid.

En esa medida, el reconocimiento voluntario constituye

el medio principal y más importante para la determinación

de la filiación no matrimonial. Sánchez Encarnación v.

Sánchez Brunet, ante. Véase, además, J. Puig Brutau, ante,

a la pág. 199. Dicho concepto ha sido definido como un acto

jurídico que consiste en la pura y simple afirmación de

paternidad o maternidad biológica. El que lo realiza se

declara padre o madre del hijo que se trate y le confiere a

éste un estado civil y un “status filii” que lo liga al

reconocedor. M. Albaladejo, Curso de derecho civil,

Barcelona, Ed. Bosch, 1982, T.IV, págs. 227.10 Este acto se

distingue, además, por ser voluntario, individual,

personalísimo e irrevocable sin perjuicio de que pueda ser

impugnado. R. Ortega-Vélez, ante, a la pág. 408; L. Díez-

Picazo y A. Gullón, ante, a la pág. 260.

Si bien existen dos maneras en que se adquiere el

estado o condición de hijo --desde el momento mismo del

nacimiento o desde el momento del reconocimiento-- no hay

duda de que una vez adquirida tal condición se trata de “un

mismo y único grupo: hijos.” Almodóvar v. Méndez, ante, a

la pág. 251. En el caso antes citado acogimos las

10 Véase, además, R. Ortega-Vélez, ante a la pág. 408; E. Serna Meroño, ante a la pág. 239; M. Albaladejo, El reconocimiento de filiación natural, Barcelona, Ed. Bosch, 1954, pág.53. CC-2001-983 16

expresiones emitidas por el Tribunal Supremo de España, en

su Sentencia de 25 de junio de 1909, pág. 498, a los

efectos de que “el reconocimiento que de su hijo hace un

padre natural produce análogos efectos a la presunción de

legitimidad de los hijos habidos de matrimonio legalmente

celebrado. . . .” En virtud de ello, queda claro que hemos

reconocido la existencia de dos presunciones de paternidad

con iguales efectos, la que establece el Artículo 113 del

Código Civil consistente en suponerlos hijos del marido y

la presunción derivada del reconocimiento que los supone

hijos del reconocedor. Ibid.11 De este modo, apoyamos la

tendencia de ir equiparando, cada vez más, estas dos formas

en que se adquiere el estado filiatorio y las acciones que

de ellas se derivan.12

C. Acciones Filiatorias

Actualmente nuestro ordenamiento jurídico contempla

tres tipos de acciones de filiación. Éstas son: (1)

acciones de reclamación, que buscan la afirmación de

determinada filiación; (2) acciones de impugnación, que

pretenden la negación de determinada filiación y (3)

acciones mixtas, que buscan la declaración de determinada

11 Véase, además, M. Albaladejo, El reconocimiento de filiación natural, ante a la pág. 43 donde este autor afirma que “del reconocimiento se deriva una presunción: la de la verdad de la filiación declarada, presunción que es, a su vez, fundamento de la validez del reconocimiento.” 12 En ese sentido se ha reconocido que existe “[u]na notable aproximación en el tratamiento legal de la filiación matrimonial y de la extramatrimonial...hasta el punto de que no pocos aspectos son regulados conjuntamente para una u otra...” J. Lacruz Berdejo y otros, El nuevo régimen de la familia, ante, a la pág. 17. CC-2001-983 17

filiación mientras que, al mismo tiempo, conllevan la

negación de otra contradictoria. Sánchez Encarnación v.

Sánchez Brunet, ante.13 Por motivo de la controversia que

hoy nos ocupa limitaremos nuestro enfoque a la segunda

categoría previamente mencionada.

Hemos reconocido la acción de impugnación de

paternidad o legitimidad. Ésta se refiere a la filiación

matrimonial, única filiación presumida y determinada por

los Artículos 113, 114 y 119 a 124 del Código Civil, ante.

Esa presunción de paternidad a favor del marido es

controvertible pudiendo presentarse evidencia para refutar

o rebatir el hecho presumido. Calo Morales v. Cartagena

Calo, ante, a la pág. 117. Precisamente, a través de esta

acción se intenta demostrar que no existe en realidad la

presunta paternidad del marido. J. Lacruz Berdejo y otros,

Elementos de derecho civil: derecho de familia, ante, a la

pág. 472. A esos fines la evidencia admisible no se limita

a la demostración de la imposibilidad física del marido

para tener acceso a su esposa en el periodo crucial,

conforme lo establecido en el Artículo 113 del Código

Civil, ante. Hemos abierto paso a cualquier otra prueba

idónea y concluyente sobre la imposibilidad de la

paternidad del marido como lo es la evidencia científica.

Rivera Pérez v. León Rallat, 138 D.P.R. 839 (1995); Moreno

13 Véase, además, M. Peña Bernaldo de Quirós, De la paternidad y filiación, en M. Amorós Guardiola, Comentarios a la reforma del derecho de familia, Madrid, Ed. Tecnos, 1984, Vol. I, pág. 946. CC-2001-983 18

Álamo v. Moreno Jiménez, 112 D.P.R. 376 (1982); Ortiz v.

Peña, 108 D.P.R. 458 (1979).

Con relación a las personas con capacidad para

impugnar la presunción de paternidad del marido resulta

pertinente lo preceptuado en el Artículo 116 del Código

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 481. El mismo establece que sólo el

marido y sus herederos legítimos poseen legitimación activa

para ejercitar dicha acción. Sin embargo, nuestra

jurisprudencia ha ido variando, y con el fin de que “brille

la verdad y se reconozca a todos los efectos legales la

relación biológica entre padres e hijos”,14 ha reconocido el

interés legítimo que ostentan otras personas para llevar a

cabo dicha acción. Como consecuencia, poseen legitimación

activa para ejercitarla, el marido y sus herederos en

circunstancias especiales; el hijo, como consecuencia

incidental a la búsqueda de su verdadera filiación; el

padre biológico; y la madre, en representación del hijo,

cuando éste sea menor de edad. Artículo 116 del Código

Civil, ante; Sánchez Encarnación v. Sánchez Brunet, ante;

Almodóvar v. Méndez, ante; Ramos v. Marrero, 116 D.P.R. 357

(1985); Robles López v. Guevárez Santos, 109 D.P.R. 563

(1980); Agosto v. Javierre, 77 D.P.R. 471 (1954). Claro

está, el fin de brindar estabilidad a las relaciones

familiares impide que le confiramos a cualquier persona

legitimación activa para ejercitar dicha acción. Por tal

14 Ramos v. Marrero, 116 D.P.R. 357, 358 (1985). CC-2001-983 19

razón, el grupo de personas capacitadas para llevarla a

cabo se circunscribe al antes mencionado.

Por otro lado, nuestro ordenamiento jurídico también

contempla la procedencia de una acción para impugnar el

reconocimiento. Como mencionamos anteriormente, el

reconocimiento voluntario tiene espacio cuando se trata de

un hijo no cobijado por la presunción de paternidad a favor

del marido de su madre, por haber nacido de mujer no

casada. En tales casos el reconocimiento voluntario es el

mecanismo por excelencia para determinar la filiación de

dicha criatura. Sánchez Encarnación v. Sánchez Brunet,

ante. Si bien el reconocimiento es un acto “irrevocable”,

nada impide que el mismo sea impugnado por las personas

facultadas para ello. E. Serna Meroño, ante, a la pág. 275-

76. La acción para impugnar el mismo tiene como objeto

dejar sin efecto una filiación extramatrimonial legalmente

establecida. J. Lacruz Berdejo y otros, Elementos de

derecho civil: derecho de familia, ante, a la pág. 512.

Históricamente la doctrina española ha distinguido

tres tipos de acciones tendentes a conseguir la ineficacia

del reconocimiento. M. Peña Bernaldo de Quirós, De la

paternidad y filiación, ante, a la pág. 936.15 Ello, en

virtud de que la validez de un reconocimiento depende de

que: (1) el reconocido sea hijo natural del reconocedor,

15 Véase M. Peña Bernaldo de Quirós, ante; M. Albaladejo, El reconocimiento de la filiación natural, ante, a la pág. 186-87; E. Serna Meroño, La reforma de la filiación, ante, a la pág. 276; D. Espín Canovas, El nuevo derecho de familia español, Madrid, Ed. Reus, S.A., 1982, pág. 71. CC-2001-983 20

(2) el reconocedor quiera recta y libremente declarar que

es su hijo natural y (3) el reconocedor lo declare

debidamente siguiendo los requisitos de forma establecidos

para ello. M. Albaladejo, El reconocimiento de la filiación

natural, ante, a la pág. 185.

La primera de estas acciones es la de nulidad absoluta

del reconocimiento. G.A. Bossert, Régimen legal de

filiación y patria potestad: Ley 23.264, 2da. ed., Buenos

Aires, Ed. Astrea, 1987, pág. 245; M. Albaladejo, El

reconocimiento de la filiación natural, ante; M. Peña

Bernaldo de Quirós, ante, a la pág. 936. Bajo ésta se

considera inexistente el acto del reconocimiento al faltar

algún requisito que impida la eficacia del acto jurídico.

Por ejemplo, será ineficaz el reconocimiento si está en

oposición con un título de legitimación anterior que

acredite una filiación contradictoria.16 M. Peña Bernaldo de

Quirós, ante; Bossert, ante, a la pág. 247.

Por otra parte, se encuentran las acciones de

impugnación por vicios en el reconocimiento. La misma se

refiere a reconocimientos que, en principio, son eficaces

y, a la vez, impugnables por adolecer de algún vicio o

defecto en la voluntad del reconocedor. M. Peña Bernaldo de

Quirós, ante, a la pág. 937, M. Albaladejo, Curso de

16 La ausencia de los siguientes requisitos también hacen ineficaz el reconocimiento: capacidad del autor del reconocimiento, personalidad del reconocido, voluntad del reconocedor y el consentimiento del reconocido o aprobación judicial, o el consentimiento del representante legal o de los descendientes del reconocido ya fallecido. M. Peña Bernaldo de Quirós, ante, a la pág. 936. CC-2001-983 21

derecho civil, ante, a la pág. 261; J. Castán Tobeñas,

ante, a la pág. 177. El que impugna bajo este fundamento

tiene que demostrar, a satisfacción del tribunal, que el

reconocimiento se llevó a cabo mediando error, violencia o

intimidación. Sánchez Encarnación v. Sánchez Brunet, ante;

Almodóvar v. Méndez, ante, a la pág. 243.17 Al ejercitar

esta clase de acción resulta irrelevante la cuestión de si

el reconocido es o no hijo del reconocedor. Esto es, no se

cuestiona la verdad de la filiación, ni se ataca el nexo

biológico, sino sólo la validez del reconocimiento como

título de determinación legal.18

La tercera acción --reconocida por la doctrina

española y la cual no ha sido adoptada en nuestro

ordenamiento jurídico-- consiste en la impugnación del

reconocimiento por no coincidir éste con la realidad. M.

Peña Bernaldo de Quirós, ante, a la pág. 937. En la misma

se ataca el contenido del reconocimiento, es decir, se

controvierte el aparente nexo biológico que existe entre el

reconocedor y el reconocido. Bossert, ante, a la pág. 245.

Con relación a este tipo de acción se ha manifestado que si

bien el reconocimiento es signo suficiente de la filiación

que proclama, “cuando en juicio de impugnación se le

17 Ya desde Alcaide v. Morales, 28 D.P.R. 278 (1920), habíamos aceptado en nuestro ordenamiento la existencia de una acción para impugnar el reconocimiento voluntario por vicios en el consentimiento. 18 Sánchez Encarnación v. Sánchez Brunet, ante; Almodóvar v. Méndez, ante, a la pág. 243; M. Peña Bernaldo de Quirós, ante, a la pág. 937, M. Albaladejo, Curso de derecho civil, ante, a la pág. 262. CC-2001-983 22

oponga,...que la verdad es otra, la verdad prevalecerá

frente al título.” M. Peña Bernaldo de Quirós, ante.19

La acción de impugnación de reconocimiento es una que

afecta el honor y la intimidad de las personas. Por tanto

no se trata de una acción pública y sólo puede ejercitarse

por aquellos que estén legalmente legitimados para ello. R.

Ortega-Vélez, ante, a la pág. 409. En ese sentido se

sostiene que pueden ejercitar dicha acción aquellos a

quienes la falsa filiación les perjudique.20 Artículo 126

del Código Civil,31 L.P.R.A. sec. 505; Sánchez Encarnación

v. Sánchez Brunet, ante; Almodóvar v. Méndez, ante, a la

pág. 264 n. 33; R. Ortega-Vélez, ante, a la pág. 409.

Tomando en cuenta lo anterior nuestro ordenamiento jurídico

le ha reconocido capacidad para ejercitar la acción de

impugnación de reconocimiento: al reconocedor; al propio

reconocido, de manera indirecta, en las circunstancias en

que reclama una filiación incompatible; y a los herederos,

conforme lo establecido en el Artículo 116 del Código Civil

sobre las personas que pueden impugnar la paternidad

legítima. Sánchez Encarnación v. Sánchez Brunet, ante;

Almodóvar v. Méndez, ante. Es preciso notar que en Sánchez

Encarnación v. Sánchez Brunet, ante, donde la acción

19 Sin embargo, Albaladejo sostiene que, luego de la reforma que sufrió el derecho filiatorio español en 1981, el único supuesto de impugnación de reconocimiento que quedó codificado en dicho país fue el que se funda en los vicios del consentimiento. M. Albaladejo, Curso de derecho civil, ante, a la pág. 262. 20 Dicho perjuicio puede ser tanto material como moral. C.E. Mascareñas, Familia, 1962, pág. 359. CC-2001-983 23

impugnando el reconocimiento fue instada por el hijo

reconocido, intimamos que el padre biológico era otra de

las personas que podía llevar a cabo la referida acción.

De lo anterior, se colige que el curso decisorio de

este Tribunal se ha inclinado a reconocerle legitimación

activa para instar la acción de impugnación de

reconocimiento a las mismas personas que poseen

legitimación activa para ejercitar la acción de impugnación

de paternidad legítima. Ello abona a la tendencia de

equiparar el tratamiento que el ordenamiento jurídico le

otorga a ambas acciones de impugnación.

II

En el presente caso es preciso determinar si Rivera

Ávila ostenta legitimación activa para impugnar el

reconocimiento efectuado por Negrón Soto. Resolvemos que,

en efecto, tiene capacidad para ello. Veamos.

En primer lugar, no existe controversia de hechos en

cuanto a que el menor Julio Ángel nació vigente el

matrimonio entre la demandante Castro Torres y el aquí

recurrido, Rivera Ávila. Ello en vista de que éstos

contrajeron nupcias el 26 de agosto de 1989, el niño nació

el 15 de marzo de 1990, y la sentencia de divorcio que

disolvió el matrimonio de éstos fue dictada en mayo de

1990. Por tal razón, tenemos que la criatura estaba

cobijada por la presunción establecida en el Artículo 113

del Código Civil que supone que son hijos del marido

aquellos nacidos luego de los ciento ochenta días de CC-2001-983 24

celebrado el matrimonio. No obstante lo anterior, dicha

presunción perdió todo efecto jurídico, o nunca adquirió

tal efectividad, en vista de que el menor no fue inscrito

como hijo de Rivera Ávila y Negrón Soto lo reconoció como

hijo suyo inscribiéndolo como tal en el Registro

Demográfico.

Además, por resolución de este Tribunal indirectamente

confirmamos los “lazos filiatorios” entre el menor y Negrón

Soto cuando denegamos la revisión a la sentencia emitida

por el tribunal intermedio apelativo en la que se dictaminó

que la acción de impugnación de reconocimiento instada por

Negrón Soto había caducado.21 Es imposible tener dos

filiaciones o dos padres al mismo tiempo,22 por tanto, al

reconocer la filiación entre Negrón Soto y el niño la

21 En la referida Resolución emitida el 27 de agosto de 1993 por una Sala Especial de este Tribunal integrada por los jueces: Negrón García, Hernández Denton y Alonso Alonso, señalamos, en lo pertinente, que:

la única filiación del menor con eficacia jurídica es la que surge del certificado de nacimiento. Al reconocerlo, el peticionario Negrón Soto derrotó la presunción de legitimidad o “condición o estado de hijo” que el menor tenía al momento del nacimiento. Una vez reconocido el niño en la inscripción de su nacimiento, su condición o estado de hijo cambió. . . . Por no tratarse de la condición de hijo adquirida por el nacimiento, no era necesario,...impugnar la “paternidad legítima reconocida”. Los efectos legales de ambos modos en que un niño adquiere su estado de hijo son los mismos, por ello el término para ejercitar la acción de impugnación de paternidad en ambos casos es el mismo. (Énfasis nuestro.) Véase, Petición de Certiorari, Apéndice XXXII, pág. 213. 22 J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y foral, ante, a la pág. 124. CC-2001-983 25

presunción de paternidad que pudo haber existido entre

Rivera Ávila y el menor perdió su efecto jurídico. Esto es,

el acto de reconocimiento por parte de Negrón Soto, la

consolidación de los lazos filiatorios entre ambos al

caducarle a éste la acción de impugnación y nuestra

resolución confirmando dicho lazo evidencian que la

presunción de paternidad a favor de Rivera Ávila perdió

toda vigencia jurídica.

Esta situación anómala nos aparta de la normativa que

rige la filiación matrimonial y nos sitúa en el escenario

de los hijos que no están cobijados por la presunción

matrimonial y adquieren su condición de hijos por el

reconocimiento voluntario. Esto es, nos ubica en el ámbito

de la filiación no matrimonial y de la norma establecida en

torno a la acción de impugnación de reconocimiento. Tenemos

pues que el padre jurídico o registral de Julio Ángel,

según surge del certificado de nacimiento de éste, es

Negrón Soto.

Ahora bien, es importante notar que la inscripción en

el Registro Demográfico de Puerto Rico no constituye, de

por sí, una declaración incontrovertible de un hecho

filiatorio. Véase: Vélez v. Franqui, 82 D.P.R. 762, 775

(1961). Por tanto, el certificado de nacimiento constituye

sólo evidencia prima facie para probar el estado civil de

una persona y su suficiencia se reconoce únicamente hasta

que se establezcan, por otra clase de prueba, los

verdaderos hechos filiatorios. Ibid. CC-2001-983 26

El reconocimiento hecho por Negrón Soto crea una

presunción que, como dijimos al exponer la norma, supone

que el menor es hijo suyo. No obstante, dicha presunción es

de carácter controvertible y puede ser atacada por varias

personas que nuestro ordenamiento ha establecido como

interesadas para ello. Según mencionamos previamente, no

toda persona está legitimada para ejercer dicha acción,

sino sólo aquellas a quienes el reconocimiento le cause

perjuicio, sea éste moral o económico. Entre estas personas

se encuentran el reconocedor, el propio hijo reconocido,

los herederos, y según intimamos en Sánchez Encarnación v.

Sánchez Brunet, ante, el alegado padre biológico. En fin, y

como expresáramos anteriormente, las mismas personas que

también pueden ejercer la acción de impugnación de

paternidad legítima. ¿Es Rivera Ávila parte de uno de los

grupos legitimados para ejercer la misma? ¿Resultó éste

perjudicado por el reconocimiento hecho por Negrón Soto?

Veamos.

Como señaláramos con anterioridad, en Ramos v.

Marrero, ante, establecimos que un padre biológico puede

impugnar la presunción de legitimidad que existe a favor

del marido de la madre. La similitud existente entre la

acción para impugnar la paternidad legítima y la de

impugnación de reconocimiento nos obliga a reconocerle

legitimación activa al alegado padre biológico que ataca la

presunción de paternidad que surge en virtud del

reconocimiento, tal y como se le ha reconocido capacidad al

padre biológico que ataca la presunción de paternidad a CC-2001-983 27

favor del marido. Hemos establecido que ambas presunciones

tienen la misma fuerza y efecto, por tanto, no vemos razón

para que el alegado padre biológico esté en mejor posición

cuando ataca la presunción de legitimidad que cuando trata

de cuestionar la presunción derivada del reconocimiento. A

tono con lo anterior, es pertinente señalar que desde

Ocasio v. Díaz, 88 D.P.R. 676 (1963) abrimos la puerta para

que el alegado padre biológico que no inscribió al hijo

como suyo pueda impugnar la inscripción hecha por otro. A

tales efectos señalamos:

“Como padre de ese hijo debería prevalecer el que de ellos primeramente lo inscribió como hijo suyo en el Registro Demográfico y asumió el cumplimiento de las serias y graves responsabilidades paternofiliales, con mejor razón en una época como la presente en que para el padre jurídico es simplemente un hijo y para el natural, también simplemente, es un hijo. Le tocaría al que no lo inscribió como hijo suyo, impugnar ante los tribunales la validez de la inscripción registral.” (Énfasis nuestro). Ibid. a la pág. 733 n. 10.

En el presente caso Rivera Ávila es, precisamente, ese

individuo que alega ser el padre biológico del niño e

intenta atacar la presunción de paternidad que surge del

reconocimiento voluntario hecho por Negrón en el Registro

Demográfico. Además, resulta esencial enfatizar que no se

trata de cualquier tercero no interesado en la condición

filiatoria de Julio Ángel. Como recordaremos, Rivera Ávila

era el marido de Castro Torres y vigente el matrimonio de

ambos fue que nació el niño. Si bien la presunción de

paternidad a su favor perdió su efecto jurídico, ese

tecnicismo no puede cegarnos ante la realidad de que siendo CC-2001-983 28

éste marido de la madre, al momento de nacer la criatura,

tiene amplias probabilidades de ser el padre biológico del

niño.23 Esto, definitivamente, lo ubica entre las personas

con interés legítimo para atacar el reconocimiento hecho

por Negrón Soto. No hay duda de que resultó perjudicado por

el reconocimiento voluntario hecho por este último. Más

aún, si tomamos en cuenta que Rivera Ávila, pudo haber sido

engañado al habérsele ocultado el nacimiento del niño y el

reconocimiento de éste como hijo de otro por un periodo de

casi diez años.

Todo lo anterior, unido al interés de que “el Derecho

puertorriqueño [vaya] abriendo camino a través de la

enmarañada jungla de prejuicios y convencionalismos

sociales y tecnicismos de ley para hacer que brille la

verdad y se reconozca a todos los fines legales la relación

biológica entre padres e hijos”,24 nos lleva a una sola

conclusión. Bajo las circunstancias del presente caso, y a

la luz de lo señalado en anteriores decisiones, reconocemos

que Rivera Ávila, como ex–esposo de la madre del menor y

alegado padre biológico del mismo, ostenta legitimación

23 Repetimos que, previo a solicitar intervención en el pleito para impugnar el reconocimiento del menor, Rivera Ávila se ocupó de someterse a las pruebas de histocompatibilidad para cerciorarse de que, en efecto, tenía una alta probabilidad de ser el padre biológico del menor. Ello lo aleja de lo que sería una solicitud o reclamación frívola o caprichosa. De hecho, los resultados revelaron que hay una probabilidad de que Rivera sea el padre del menor en más de un 95%. 24 Ramos v. Marrero, ante, a la pág. 358 (énfasis nuestro). CC-2001-983 29

activa para impugnar el reconocimiento voluntario efectuado

en el Registro Demográfico por Negrón Soto.

III

Una vez resuelto el problema referente a la

legitimación activa del interventor para impugnar el

reconocimiento del menor Julio Ángel procede determinar si

dicha acción caducó. La Procuradora, y aquí peticionaria,

arguye que el término aplicable a la acción de impugnación

de Rivera Ávila es de tres meses a partir de que se

inscribe el reconocimiento en el Registro Demográfico o

desde la fecha del documento público en que se lleva a cabo

el mismo. En virtud de ello sostiene que, si bien Rivera

Ávila tiene legitimación activa llevar a cabo la acción, la

misma caducó al haber transcurrido casi diez años entre el

reconocimiento del menor en el referido Registro (20 de

marzo de 1990) y la interposición de su solicitud de

intervención impugnando el reconocimiento del menor (22 de

octubre de 1999). Por otro lado, Rivera Ávila y Negrón Soto

sostienen, posición que avaló el tribunal intermedio

apelativo que el término aplicable es el de seis meses

contados a partir de que el actor, que se encuentra fuera

de Puerto Rico, se entera del nacimiento del menor y de la

filiación contradictoria del Registro Demográfico. En

virtud de ello afirman que, de comprobarse que Rivera Ávila

advino en conocimiento del nacimiento e inscripción del

menor a principios de junio de 1999, según alega en su CC-2001-983 30

moción, debe concluirse que su acción fue radicada en

tiempo.

Sabido es que tanto a las acciones de impugnación de

paternidad legítima como a las de impugnación de

reconocimiento le son aplicables términos de caducidad.25

Véase: Santiago v. Cruz Maldonado, 109 D.P.R. 143, 146

(1979); Almodóvar v. Méndez, ante a la pág. 260. Ello en

consideración de los efectos negativos a la estabilidad

familiar que conlleva el ejercicio de las mismas.

En cuanto a la acción para impugnar la legitimidad, el

Código Civil dispone que “deberá ejercitarse dentro de los

tres (3) meses siguientes a la inscripción del nacimiento

en el registro si el marido se hallare en Puerto Rico, y de

los seis (6) meses si estuviera fuera de Puerto Rico, a

contar desde que tuvo conocimiento del nacimiento.”

Artículo 117 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 465. Esto

es, los términos de caducidad corren a partir de: (1) la

inscripción de la filiación en el registro civil cuando el

marido se hallare en Puerto Rico o (2) desde que el marido

conoce del nacimiento cuando se encuentra fuera de Puerto

Rico.26 En el segundo caso se refiere al desconocimiento del

25 “La caducidad es la decadencia de un derecho, o su pérdida, por no haber cumplido la formalidad o condición exigida por ley en un plazo determinado. Esta pérdida del derecho se produce automáticamente por no ejercitarse en el transcurso de dicho plazo.” R. Ortega-Vélez, ante, a la pág. 393. 26 Cabe señalar que en varias ocasiones se ha intimado a la Legislatura para que derogue todas las disposiciones de nuestro Código Civil referentes a la filiación, entre ellas las que disponen los términos para ejercer las acciones de (Continúa . . .) CC-2001-983 31

hecho del nacimiento y no a la ignorancia o desconocimiento

por el padre legal de la realidad de su paternidad en

cuanto al hijo. Calo Morales v. Cartagena Calo, ante, a la

pág. 123.

Nuestra Asamblea Legislativa no ha establecido un

término para el ejercicio de la acción de impugnación de

reconocimiento. Ello a pesar de los múltiples llamados que,

a esos efectos, se le han hecho.27 Tal inacción nos ha

movido a suplir las lagunas existentes en nuestro

ordenamiento jurídico en torno a ese aspecto. Como

consecuencia, hemos establecido un mismo plazo para la _____________________ impugnación y así abrir paso a nuevos moldes jurídicos. Véase Informe sobre el Libro Primero del Código Civil de Puerto Rico, sometido al Consejo sobre la Reforma de la Justicia en Puerto Rico, San Juan, 1974, pág. 165 et. seq.; Propuestas de Enmiendas al Código Civil de Puerto Rico, preparado por el Comité de Derecho de Familia de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, 11 de octubre de 1989; Estudio Preparatorio presentado a la Comisión Conjunta Permanente para la Revisión y Reforma del Código Civil de Puerto Rico Artículos 24 a 251 y 126 a 1333 del Código Civil de Puerto Rico, 1999. En el Informe sobre el Libro Primero del Código Civil de Puerto Rico de 1974, ante, se recomendó extender el término para ejercer la acción de impugnación de paternidad legítima a seis (6) meses si el marido se halla en Puerto Rico y a un (1) año si está fuera, a partir, en ambos casos, desde que advenga en conocimiento del hecho objetivo del nacimiento. Ibid. a las págs. 207, 459-60. Por su parte en el informe de Propuestas de Enmiendas al Código Civil de Puerto Rico de 1989, ante, se propuso extender el término de dicha acción a un año a contar desde que se tuvo conocimiento del hecho de nacimiento, independientemente de que el marido se hallare en o fuera de Puerto Rico. Demás está decir que la Asamblea Legislativa no ha actuado sobre estas recomendaciones. 27 Véase Informe sobre el Libro Primero del Código Civil de Puerto Rico de 1974, ante, a las págs. 203-06; Propuestas de Enmiendas al Código Civil de Puerto Rico de 1989, ante; Estudio Preparatorio presentado a la Comisión Conjunta Permanente para la Revisión y Reforma del Código Civil de Puerto Rico de 1999, ante, a las págs. 282-84. CC-2001-983 32

radicación tanto de la acción de impugnación de

reconocimiento como para la de impugnación de legitimidad.

Almodóvar v. Méndez, ante. Esto, en respuesta a la

exigencia de igualdad que nuestra Constitución proclama y a

la similitud existente entre ambas acciones. Bajo ese tenor

hemos expresado que “sólo puede existir un único plazo de

caducidad para la presentación de una acción de la

‘condición de estado de hijo’, ya sea la que impugna el

reconocimiento o la que impugna la paternidad.” (Énfasis

nuestro.) R. Ortega-Vélez, ante, a la pág. 409; Ramos v.

Marrero, ante; Almodóvar v. Méndez, ante; Sánchez

Encarnación v. Sánchez Brunet, ante.

Específicamente se ha dispuesto que el término para

ejercer la acción impugnando el reconocimiento es de tres

(3) meses a partir de la fecha en que se inscribe dicho

reconocimiento en el Registro Demográfico o desde la fecha

del documento público correspondiente en que se lleva a

cabo el mismo. Almodóvar v. Méndez, ante, a la pág. 260. No

obstante lo anterior, nada expresamos en dicho caso

respecto a la situación particular del impugnante, que

ostentando legitimación activa para ejercitar la acción, se

encuentra fuera de Puerto Rico ignorando tanto el hecho del

nacimiento como del reconocimiento de la criatura.

Somos del criterio que para tales casos, como sucede

con el aquí recurrido, resultaría injusto e irrazonable

aplicarle automáticamente el término previamente mencionado

establecido en el caso de Almodóvar v. Méndez, ante. Menos

aún cuando las constancias del Registro Demográfico a CC-2001-983 33

diferencia, por ejemplo, de las constancias del Registro de

la Propiedad, no gozan del principio de publicidad que

permite imputarle a todo el mundo el conocimiento de lo que

en ellos consta.28 Además, sabido es que “no puede

ejercitarse una acción si de buena fe el titular desconoce

que tiene derecho a ejercitarla.” Martínez v. Bristol

Myers, Inc., 147 D.P.R. 383, 405 (1999). Para ello es

necesario que conozca todos los elementos necesarios para

llevarla a cabo como lo serían, en este caso, el hecho del

nacimiento y/o reconocimiento de la criatura.

Para los casos de impugnación de paternidad legítima

el Artículo 117 del Código Civil, ante, provee para esa

situación estableciendo un plazo de seis meses contados

desde que el marido tiene conocimiento del nacimiento del

menor.29 Si bien para las acciones de impugnación de

reconocimiento nada se ha provisto, sí se han hecho

propuestas y recomendaciones razonables en cuanto al

término que debe aplicar y el punto de partida para

computar el mismo. En el Informe sobre el Libro Primero del

Código Civil de Puerto Rico de 1974, ante, además de

28 “No existe...regla que establezca la presunción de conocimiento del contenido del Registro Civil. El hecho de ser público el Registro Civil no lleva consigo necesariamente el conocimiento de las inscripciones de nacimiento.” M. Peña Bernaldo de Quirós, ante, a la pág. 996. 29 Cabe destacar que en España, luego de la reforma de 1981 se dispuso en el Artículo 136 del Código Civil que la acción de impugnación de paternidad se podrá ejercer en el plazo de un año contado desde la inscripción de la filiación en el Registro Civil, pero dicho plazo no comienza a correr mientras se ignore el nacimiento de la criatura. M. Peña Bernaldo de Quirós, ante, a la pág. 996. CC-2001-983 34

recomendar los mismos términos de caducidad para la acción

de impugnación de paternidad y para la de impugnación de

reconocimiento, se propuso que la acción de impugnación de

reconocimiento se ejercitara “por aquellos a quienes

afecte, dentro de los términos señalados en el artículo 6,

computados a partir del momento que adviniesen conocedores

de tal reconocimiento.” 30 Ibid. a la pág. 203. Esto es, se

recomendó que la acción se ejercitase en el término de seis

meses, si el legitimado para impugnar se encuentra en

Puerto Rico y un año si se hallare fuera, en ambos casos,

contando a partir de que el que impugna advenga en

conocimiento del reconocimiento. En el Informe se

manifiesta que la razón para tomar ese punto de partida

para el cómputo de dicho plazo consiste en “que nuestro

Registro Demográfico no goza del principio de publicidad y,

por tanto, lo contenido en el mismo no es susceptible de

darse por conocido o publicado bajo la ficción del

conocimiento imputado.”31

Por otra parte, en el reciente Estudio Preparatorio

presentado a la Comisión Conjunta Permanente para la

Revisión y Reforma del Código Civil de Puerto Rico de 1999,

ante, también se enfatiza la inadecuacidad de los términos

30 El artículo 6 al que se hace referencia es el que dicho informe propuso para los casos de impugnación de paternidad que establece el término de seis meses para ejercitar dicha acción, de encontrarse el marido en Puerto Rico, y un año si se hallare fuera. Véase nota al calce 27. 31 Informe sobre el Libro Primero del Código Civil de Puerto Rico de 1974, ante, a la pág. 206. CC-2001-983 35

tan breves que actualmente existen para ejercitar las

acciones de impugnación.32 En virtud de ello propone que, a

las mismas, les sea aplicable el término de un año desde

que se tuvo conocimiento del nacimiento o se verifique el

hecho de la inscripción. Ibid. a la pág. 283. En tal

Estudio se explica que el anterior término y el punto de

partida para contar el mismo responde a la problemática

planteada por la Comisión Judicial Especial para Investigar

el Discrimen por Género en los Tribunales de Puerto Rico, a

los efectos de que, “si el momento en que comienza a

contarse el plazo de caducidad queda determinado por

condiciones o circunstancias tan objetivas como la mera

inscripción del nacimiento en el Registro Demográfico, su

computación no se ajustaría al principio general de que los

plazos comienzan a correr desde que el afectado pudo llevar

la acción o conoció los hechos que justificaban su causa de

acción.” Ibid. a la pág. 282 citando el Informe sobre

32 En dicho informe se critica la rigidez de los actuales plazos y condiciones establecidas en nuestro ordenamiento para instar estas acciones y se sostiene que, las mismas, pueden provocar una injusticia en casos en que el hombre tenga una razón de peso o extraordinaria que justifique la presentación tardía de una acción de impugnación. Se menciona que el interés del menor, como justificación para perpetuar dichos plazos, sirve de escudo para “el engaño, la infidelidad, la deshonestidad y la injusticia.” Estudio Preparatorio presentado a la Comisión Conjunta Permanente para la Revisión y Reforma del Código Civil de Puerto Rico de 1999, ante, a la pág. 282. Además de recomendar la extensión de dichos plazos, este informe, propone que se autorice la investigación de paternidad por métodos científicos con independencia de que haya transcurrido el plazo para las acciones de impugnación. Ibid. a la pág. 281. CC-2001-983 36

Discrimen por Razón de Género en los Tribunales de Puerto

Rico, Agosto 1995, a la pág. 203.

En vista de la razonabilidad de las propuestas

presentadas en los informes antes discutidos, y de lo ya

dispuesto por este Tribunal en cuanto a que debe existir un

único plazo para ejercitar ambos tipos de acciones de

impugnación, resolvemos hacer extensible a la acción de

impugnación de reconocimiento el término de seis (6) meses

dispuesto en el Artículo 117 del Código Civil, cuando el

legitimado para impugnar se hallare fuera de Puerto Rico.33

Ahora bien, ese término comenzará a correr a partir de que

la persona autorizada para instar la acción advenga en

conocimiento del reconocimiento o de la inscripción

contradictoria en el registro. No hay razón para otorgarle

al impugnante de la paternidad legítima que está fuera de

Puerto Rico un plazo más amplio para ejercitar la acción y

negárselo al legitimado para impugnar el reconocimiento que

se halle fuera de Puerto Rico ignorando el reconocimiento o

inscripción del menor como hijo de otro.

De este modo limitamos el término de tres meses

dispuesto en Almodóvar v. Méndez, ante, para ejercer la

acción de impugnación de reconocimiento a los casos en que

el actor se encuentre en Puerto Rico. Cuando éste se

33 Es de notar que si bien en Sánchez Encarnación v. Sánchez Brunet, ante, este Tribunal se expresó, brevemente, en torno a la posibilidad de que el término de tres y seis meses establecido en el Artículo 117 del Código Civil opere, también, para las acciones de impugnación de reconocimiento, esta es la primera vez que evaluamos tal asunto exhaustivamente. CC-2001-983 37

hallare fuera de Puerto Rico, aplicará el término de seis

meses para ejercitarla a partir de que haya conocido el

hecho del reconocimiento.34 Si bien la determinación de

estos plazos constituye una función que le corresponde a la

Legislatura, nos vemos obligados a suplir

jurisprudencialmente las lagunas existentes en esta materia

hasta que dicha rama gubernamental decida expresarse en

torno a la misma.

IV

En el presente caso, nos encontramos ante una acción

de impugnación de reconocimiento en la cual el actor

(Rivera Ávila) se encontraba fuera de Puerto Rico desde

antes del alumbramiento y al momento en que el menor fue

inscrito, como hijo de otro, en el Registro Demográfico.

Rivera Ávila alega que la madre de su ex-esposa le informó

que ésta había abortado. Sostiene, además, que no fue sino

hasta principios de junio de 1999 que advino en

conocimiento de que el niño, en efecto, había nacido y que

había sido inscrito en el Registro Demográfico como hijo de

Negrón Soto. A raíz de ello, y luego de someterse a unas

34 Nada de lo anterior altera lo dispuesto a los efectos de que los hijos, por no estar situados de forma similar a los padres en el ordenamiento jurídico, ostentan términos más amplios para ejercer las acciones de filiación. Calo Morales v. Cartagena Calo, ante. Tampoco se altera la norma que establece el plazo de tres meses para impugnar el reconocimiento desde que haya cesado el vicio en caso de haber mediado violencia o intimidación en el reconocimiento, y desde la fecha en que se hizo el reconocimiento, en caso de haber mediado error. Almodóvar v. Méndez, ante, a la pág. 261. CC-2001-983 38

pruebas que corroboraron la alta probabilidad de ser padre

de Julio Ángel, Rivera Ávila instó su solicitud de

intervención impugnando el reconocimiento hecho por Negrón

Soto.

Si aplicamos la norma previamente esbozada, y Rivera

Ávila llegase a demostrar que efectivamente se enteró del

reconocimiento del menor en junio de 1999, resultará

forzoso concluir que su acción impugnando dicho

reconocimiento, interpuesta en octubre de 1999, fue instada

en tiempo. Ello por no haber transcurrido el plazo de

caducidad de seis meses a partir de que advino en

contradictoria en el Registro Demográfico. De resultar

ciertas sus alegaciones, el término para interponer la

referida acción no vencía hasta diciembre de 1999.

V

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la

sentencia emitida por el Tribunal de Circuito de

Apelaciones. Devolvemos el caso al Tribunal de Primera

Instancia y ordenamos: a) la pronta celebración de una

vista evidenciaria para que dicho foro le ofrezca a Rivera

Ávila y a las demás partes la oportunidad de desfilar

prueba sobre sus alegaciones; b) la designación de un

Defensor Judicial35 que represente los intereses del menor

35 Ello en virtud de la norma establecida en Chabrán v. Méndez, 74 D.P.R. 768,786 (1953) confirmada posteriormente en los casos Agosto v. Javierre, ante, a la pág. 500; (Continúa . . .) CC-2001-983 39

en caso de entender procedente la acción de impugnación de

reconocimiento; y c) la postergación de la acción por

incumplimiento de la obligación alimentaria hasta que se

resuelva lo relativo a la filiación del menor Julio Ángel.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ Juez Asociado

_____________________ Robles López v. Guevárez Santos, ante, a las págs. 568-69; y Ramos v. Marrero, ante, a la pág. 372. CC-2001-983 40

Eileen Castro Torres Demandante vs. José Antonio Negrón Soto Demandado CC-2001-983 CERTIORARI vs. Francisco Rivera Ávila Interventor-Recurrido

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se dicta Sentencia confirmatoria la emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones.

Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia ordenándose: a) la pronta celebración de una vista evidenciaria para que dicho foro le ofrezca a Rivera Ávila y a las demás partes la oportunidad de desfilar prueba sobre sus alegaciones; b) la designación de un Defensor Judicial que represente los intereses del menor en caso de entender procedente la acción de impugnación de reconocimiento; y c) la postergación de la acción por incumplimiento de la obligación alimentaria hasta que se resuelva lo relativo a la filiación del menor.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Naveira de Rodón emitió Opinión disidente. El Juez Asociado señor Rivera Pérez disiente sin opinión escrita.

Patricia Otón Olivieri Secretaria del Tribunal Supremo CC-2001-983 41

Eileen Castro Torres

Demandante

José Antonio Negrón Soto CC-2001-983

Demandado

Francisco Rivera Ávila

Interventor-recurrido

Procuradora Especial de Relaciones de Familia

Peticionaria

Opinión disidente emitida por la Jueza Asociada señora NAVEIRA DE RODÓN

El recurso de epígrafe plantea el delicado asunto del

reconocimiento de un menor por un tercero cuando a dicho menor le

cobija la presunción de paternidad por estar su madre casada al

momento del nacimiento. Disentimos de la opinión mayoritaria por

entender que el Sr. José Antonio Negrón Soto no podía reconocer al

menor ya que éste legalmente era hijo del Sr. Francisco Rivera

Ávila.36

Antes de comenzar a exponer las razones para nuestro disenso,

haremos un recuento del trasfondo fáctico y procesal que dio lugar

al recurso ante nos.

36 Estamos conformes con el acápite I de la opinión mayoritaria. CC-2001-983 42

La Sra. Eileen Castro Torres y el Sr. Francisco Rivera Ávila

contrajeron matrimonio el 26 de agosto de 1989. Los señores

Castro-Rivera convivieron hasta finales de 1989, cuando el señor

Rivera Ávila se trasladó a los Estados Unidos. Al tiempo de su

traslado, éste conocía que su entonces esposa se encontraba

embarazada. Luego de que el señor Rivera Ávila se marchara del

país, la señora Castro Torres reinició una relación sentimental

con el Sr. José Antonio Negrón Soto.

El 15 de marzo de 1990, estando aún vigente su matrimonio con

el señor Rivera Ávila, la señora Castro Torres dio a un luz a un

niño que fue inscrito en el Registro Demográfico por el señor

Negrón Soto como hijo suyo y de la señora Castro Torres. El menor

fue inscrito con el nombre de Julio Ángel Negrón Castro.

Entretanto, el señor Rivera Ávila se encontraba en los Estados

Unidos e ignoraba el hecho del nacimiento del menor ya que en una

llamada telefónica que hizo a la residencia de su entonces esposa

le habían informado que ésta había abortado. Transcurridos dos

(2) meses luego del nacimiento del menor, el matrimonio Castro-

Rivera quedó disuelto mediante sentencia de divorcio dictada en

rebeldía el 18 de mayo de 1990 y notificada por edicto al señor

Rivera Ávila el 19 de junio del mismo año.

Así las cosas, el 20 de julio de 1990 la señora Castro Torres

presentó una demanda de alimentos contra el señor Negrón Soto

solicitando que se impusiera el pago de una pensión alimentaria

para el menor. El señor Negrón Soto reconvino impugnando el

reconocimiento. Adujo que el menor había nacido vigente el

matrimonio entre los señores Castro-Rivera y que, de acuerdo con CC-2001-983 43

la presunción de paternidad aplicable a los hijos habidos durante

el matrimonio, el menor era hijo del señor Rivera Ávila. El

Tribunal de Primera Instancia ordenó que el menor, su madre y el

señor Negrón Soto se sometieran a una prueba de

histocompatibilidad cuyo resultado excluyó al señor Negrón Soto

como padre biológico del menor.

El foro de instancia, mediante resolución de 11 de septiembre

de 1992, determinó que la causa de acción del señor Negrón Soto

para impugnar el reconocimiento del menor había caducado.

Inconforme con tal determinación, el señor Negrón Soto acudió ante

el Tribunal de Circuito de Apelaciones (en adelante Tribunal de

Circuito) mediante recurso de certiorari. Dicho foro denegó la

expedición del auto solicitado mediante resolución de 30 de mayo

de 1993. Posteriormente, el señor Negrón Soto acudió ante nos

solicitando la revisión del referido dictamen. Este Tribunal,

mediante resolución emitida el 27 de agosto de 1993, declaró no ha

lugar la petición de certiorari.

Luego de los mencionados trámites interlocutorios, la señora

Castro Torres solicitó ante el foro de instancia un aumento de la

pensión alimentaria. Pendiente dicha acción, el 19 de octubre de

1999, el señor Rivera Ávila radicó una moción de intervención en

la reclamación de alimentos.37 Adujo que tuvo conocimiento del

nacimiento y de la inscripción del menor, a principios de junio de

1999, al coincidir en una actividad con el señor Negrón Soto. En

la referida moción de intervención alegó ser el verdadero padre

del menor y solicitó que se ordenara la rectificación del

37 Previo a la radicación de dicha moción, el señor Rivera Ávila se sometió a una prueba de histocompatibilidad que arrojó una probabilidad de paternidad presunta de 95%. CC-2001-983 44

certificado de nacimiento de éste para que quedara inscrito como

hijo suyo.

La señora Castro Torres se opuso a la intervención aduciendo

que la causa de acción para que el señor Rivera Ávila pudiera

impugnar el reconocimiento llevado a cabo por el señor Negrón Soto

había caducado. La Procuradora Especial de Relaciones de Familia

(en adelante Procuradora) compareció oponiéndose a la moción de

intervención, alegando la caducidad de la causa de acción del

señor Rivera Ávila. El foro de instancia ordenó la paralización

de los procedimientos referentes a la reclamación de alimentos

hasta tanto se resolviera la moción de intervención.

Mediante resolución emitida el 12 de julio de 2001, el

tribunal de instancia determinó que el señor Rivera Ávila carecía

de legitimación activa para radicar la solicitud de intervención.

El foro sentenciador fundamentó su determinación en que ni el

Código Civil ni la jurisprudencia reconocen legitimación activa “a

un marido, o a un padre [para] reclamar paternidad a base de

atacar o impugnar una determinación previa de paternidad”.

Señaló, además, que en el supuesto de que el señor Rivera Ávila

tuviera legitimación activa para reclamar la paternidad del menor,

su acción había caducado. Denegada la intervención, continuaron

ante el tribunal de instancia los procedimientos contra el señor

Negrón Soto referentes a la reclamación de aumento de pensión

alimentaria.

Por su parte, el señor Rivera Ávila, inconforme con la

denegatoria de intervención, acudió al Tribunal de Circuito vía

certiorari. Alegó que tenía un interés genuino en reconocer al

menor, al ser su padre biológico, y que éste había nacido vigente

su matrimonio con la señora Castro Torres, por lo cual invocó la CC-2001-983 45

presunción de paternidad establecida en el Art. 113 del Código

Civil, 31 L.P.R.A. § 461. Adujo, además, que su causa de acción

no había caducado ya que el término de tres (3) meses para

impugnar la legitimidad de un hijo, o de seis (6) meses cuando el

padre está fuera de Puerto Rico, comenzó a decursar desde que

advino en conocimiento del reconocimiento voluntario llevado a

cabo por el tercero, es decir, por el señor Negrón Soto. Art. 117

del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 465. Finalmente, solicitó que el

foro apelativo intermedio ordenara la celebración de una vista

evidenciaria.

La señora Castro Torres se opuso a la expedición del auto

solicitado alegando que el reconocimiento voluntario del señor

Negrón Soto había derrotado la presunción de paternidad a favor

del señor Rivera Ávila y que, derrotada tal presunción, este

último carecía de legitimación activa para reclamar la paternidad

del menor. Por otro lado, el señor Negrón Soto aceptó la

paternidad presunta del señor Rivera Ávila por haber nacido el

menor vigente el matrimonio Castro-Rivera. Finalmente, la

Procuradora compareció en un Escrito en Cumplimiento de Orden

donde planteó que la causa de acción había caducado y que al señor

Rivera Ávila no le asistía la presunción de paternidad en virtud

del reconocimiento voluntario efectuado por el señor Negrón Soto.

El 25 de octubre de 2001 el Tribunal de Circuito emitió

sentencia donde revocó la resolución emitida por el foro de

instancia. Resolvió que el señor Rivera Ávila tenía legitimación

activa para impugnar el reconocimiento inscrito en el Registro

Demográfico por ser el presunto padre del menor. Además,

determinó que la acción no había caducado ya que los seis (6)

meses establecidos en el Art. 117, supra, comenzaron a decursar CC-2001-983 46

desde que la parte actora se enteró del nacimiento del menor y de

la filiación contradictoria que surgía del Registro Demográfico.

Inconforme con el referido dictamen, la Procuradora acudió

ante nos alegando que:

Erró el honorable Tribunal de Circuito de Apelaciones al determinar que no había caducado la causa de acción del interventor para impugnar el reconocimiento realizado por el padre registral, aun cuando ha transcurrido más de diez años desde la fecha de tal reconocimiento.

En síntesis, del anterior trasfondo fáctico y procesal surge

que tenemos ante nuestra consideración un recurso que requiere la

revisión de una determinación donde se permitió la intervención

del señor Rivera Ávila para reclamar la efectividad de la

presunción de paternidad que les asiste a los hijos habidos

durante el matrimonio, a tenor del Art. 113 del Código Civil,

supra. Dicha intervención fue solicitada en una reclamación de

alimentos y, de prosperar, tendrá como consecuencia inmediata la

impugnación del reconocimiento voluntario llevado a cabo por el

señor Negrón Soto y la imposición de una pensión alimentaria al

señor Rivera Ávila como padre del menor.38 Aclarado este extremo,

pasaremos a examinar las normas aplicables a la presente

controversia.

A. La filiación

38 El foro de instancia permitió la acumulación de una acción de filiación con una reclamación de alimentos. Tal acumulación puede llevarse a cabo, de acuerdo con la Regla 14.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, que permite que en una acción civil puedan acumularse todas las acciones que una parte tenga contra la parte adversa. En el caso de autos, podía acumularse la reclamación de alimentos con la acción para reclamar la efectividad de la presunción de paternidad a favor del señor Rivera Ávila en vista de que en caso de determinarse que éste es el padre del menor, le corresponderá pagar la pensión alimentaria solicitada. CC-2001-983 47

La filiación es un estado jurídico que pretende proyectar la

realidad biológica de la procreación y que a su vez genera

derechos y obligaciones entre los progenitores y los hijos. A

tales efectos el ordenamiento jurídico persigue que tanto la

paternidad biológica como la jurídica concuerden, tomando en

consideración que en algunas ocasiones el vínculo filiatorio no

surge necesariamente de un hecho biológico. Podría ocurrir que

existan padres jurídicos que no sean los progenitores de una

criatura. Calo Morales v. Cartagena Calo, 129 D.P.R. 102, 111-112

(1991).

Precisamente para que la verdad jurídica corresponda en lo

posible con la verdad biológica es que hemos abandonado los

prejuicios y convencionalismos al interpretar las disposiciones

legales que regulan la filiación, de manera que se proteja el

derecho de los padres biológicos a que se les reconozca su

condición de tales y el derecho de los hijos a ir en la búsqueda

de su verdadera filiación. Ramos v. Marrero, 116 D.P.R. 357, 372

(1985). La preeminencia de esta institución jurídica obedece a

sus efectos en los hijos respecto al derecho a llevar los

apellidos de los padres, a recibir alimentos y a los derechos

sucesorios. Art. 118 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 466.

La procreación es la fuente primaria para establecer el nexo

filial, sin embargo, como el hecho biológico en ocasiones es de

difícil constatación, el ordenamiento se ha encargado de

establecer los presupuestos fácticos que dan lugar a los efectos

jurídicos de la filiación. Luis Díez-Picazo y Antonio Gullón,

Sistema de Derecho civil, Vol IV, Tecnos, 7ma ed., 1997, pág. 252.

Así, actualmente se reconocen tres (3) clases de filiación: la CC-2001-983 48

matrimonial, la extramatrimonial y la adoptiva. Resultan

pertinentes a la controversia ante nos la filiación matrimonial y

la extramatrimonial.

En primer lugar, es menester indicar que independientemente

de la forma en que los hijos adquieran la filiación, ésta produce

idénticos efectos jurídicos en lo concerniente al estado de hijo.

En vista de lo anterior, resulta improcedente establecer

clasificaciones entre hijos legítimos o ilegítimos ya que una vez

se determina la filiación por cualquiera de los medios provistos

en la legislación, son irrelevantes las circunstancias del

nacimiento. Ocasio v. Díaz, 88 D.P.R. 676, 749-750 (1963).

Mediante el reconocimiento de iguales efectos jurídicos a las

distintas formas para determinar la filiación se salvaguarda el

principio de igualdad consagrado en la Carta de Derechos de la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Id. en las

págs. 747-748.

Aunque el estado de hijo tiene iguales efectos jurídicos, sí

existen distinciones respecto a la forma para adquirir tal

condición. Como bien señala el profesor Raúl Serrano Geyls, “[l]a

persona nacida del matrimonio de sus padres tiene establecido

presuntamente su estado de hijo sin necesidad de gestión alguna de

reconocimiento por sus padres”. Raúl Serrano Geyls, Derecho de

familia de Puerto Rico y legislación comparada, Vol. II, Univ.

Interamericana de Puerto Rico, 2002, pág. 310. (Énfasis suplido.)

La referida presunción surge por virtud del Art. 113 del Código

Civil, supra. Éste dispone:

Son hijos legítimos los nacidos después de los ciento ochenta días siguientes al de la celebración del matrimonio y antes de los trescientos días siguientes a su disolución. CC-2001-983 49

Contra esa legitimidad no se admitirá otra prueba que la imposibilidad física del marido para tener acceso con su mujer en los primeros ciento veinte días de los trescientos que hubiesen precedido al nacimiento del hijo.39

El Art. 113, supra, “a manera de investidura legal, crea el

estado de presunción filial”. Tosado v. Tenorio, 140 D.P.R. 859,

863 (1996); Moreno Álamo v. Moreno Jimenez, 112 D.P.R. 376, 379

(1982). Esta presunción se originó hace varios siglos cuando los

medios científicos disponibles dificultaban la determinación de la

paternidad. En Moreno Álamo v. Moreno Jimenez, supra, en la pág.

380, dijimos que entre los presupuestos en los que se fundamenta

la presunción de paternidad se encuentran la voluntad tácita del

marido de estimar suyos los hijos concebidos por su esposa; la

fidelidad de la mujer; y la normal cohabitación de los cónyuges.

Para que opere esta presunción será necesaria la concurrencia

de los siguientes elementos: que se acredite la maternidad; que

exista un vínculo matrimonial entre la madre y el hombre a quien

se le atribuye la paternidad; y que el nacimiento ocurra dentro de

los ciento ochenta (180) días siguientes a la celebración del

matrimonio y antes de los trescientos (300) días de éste haber

sido disuelto. Gustavo A. Bossert, Régimen legal de la filiación

y patria potestad: Ley 23.264, Editorial Astrea, 1987, págs. 39-

40. Al menos en términos jurídicos, el matrimonio confiere

certeza a la paternidad. Almodóvar v. Méndez Román, 125 D.P.R.

218, 236 (1990).

En el caso de autos, la señora Castro Torres contrajo

matrimonio con el señor Rivera Ávila el 26 de agosto de 1989 y la

39 Por otro lado, conforme el Art. 114 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 114, “[i]gualmente es legítimo el hijo nacido dentro de los ciento ochenta días siguientes a la celebración del matrimonio, si el marido no impugnare su legitimidad”. CC-2001-983 50

sentencia de divorcio fue emitida el 18 de mayo de 1990 y

notificada por edicto el 18 de junio de 1990. El menor Julio

Ángel Negrón Castro nació el 15 de marzo de 1990, es decir,

vigente el matrimonio Castro–Rivera. De lo anterior se colige

claramente que el menor está cobijado por la presunción de

paternidad establecida en el Art. 113 del Código Civil, supra. La

referida disposición inviste legalmente al menor con el estado de

hijo del señor Rivera Ávila. A la luz de lo anterior, el caso de

autos versa sobre la efectividad de la presunción de paternidad

cuando existe una filiación contradictoria como consecuencia del

reconocimiento llevado a cabo por un tercero.

Como previamente expusimos, la filiación también puede ser

extramatrimonial. Ésta es aplicable a los hijos que nacen sin

filiación presunta y puede obtenerse por dos (2) medios. El

primero es mediante el reconocimiento voluntario de los padres y

el segundo es mediante el reconocimiento forzoso, que surge como

consecuencia de una sentencia judicial emitida en una acción de

filiación. Serrano Geyls, supra, en la pág. 963. Dado que en el

caso de marras el menor fue reconocido por el señor Negrón Soto,

examinaremos las disposiciones pertinentes al reconocimiento

voluntario, que hemos señalado como el medio más importante para

establecer la filiación extramatrimonial. Sánchez Encarnación v.

Sánchez Brunet, res. el 13 de julio de 2001, 154 D.P.R. _____

(2001), 2001 T.S.P.R. 107, 2001 J.T.S. 112.

“El reconocimiento es un acto jurídico formal, personalísimo

y voluntario por el que una persona confiesa ser el padre de

otra.” Ignacio Sierra Gil de la Cuesta, Comentario del Código

Civil, Tomo 2, Editorial Bosch, 2000, pág. 282. Además de ser

personalísimo y voluntario, se caracteriza por ser un acto: puro, CC-2001-983 51

porque no está sujeto a término o condición; irrevocable; formal y

solemne, porque tiene que ser escrito, expreso y en acta de

nacimiento, testamento u otro documento público; y que tiene

carácter retroactivo en lo concerniente a sus efectos. Díez-

Picazo y Gullón, supra, en la pág. 262; Serrano Geyls, supra, en

las págs. 990-991. El efecto del reconocimiento es la

constitución del estado de hijo.

De por sí no es un acto reconocedor de derechos y obligaciones. Éstos no se conceden ni se imponen por la voluntad del padre, que sólo tiene el poder autónomo de dar vida a la declaración de paternidad. Es la ley la que lo considera como causa de determinados efectos jurídicos, atribuyendo a ese status las prerrogativas que define. Ocasio v. Díaz, supra, en la pág. 701.

De acuerdo con los hechos previamente reseñados, el señor

Negrón Soto acudió al Registro Demográfico el 20 de marzo de 1990

y presentó los documentos para que se inscribiera al menor Julio

Ángel Negrón Castro como hijo suyo. Tal reconocimiento fue

llevado a cabo por el señor Negrón Soto bajo la creencia de que el

menor era su hijo biológico, pues había sostenido una relación

sentimental con la madre de éste previo al divorcio de los señores

Castro-Rivera, luego de que el esposo de la señora Castro Torres

se trasladara a los Estados Unidos. En síntesis, mientras el

menor ostentaba legalmente el estado de hijo del señor Rivera

Ávila, en virtud de la presunción de paternidad por razón del

matrimonio, fue inscrito como hijo del señor Negrón Soto a través

de un reconocimiento voluntario. A continuación examinaremos el

procedimiento y los efectos de la inscripción de un reconocimiento

en el Registro Demográfico.

B. El Registro Demográfico y los efectos de la inscripción CC-2001-983 52

El Registro Demográfico es una institución que funge como

medio de constatación de los hechos relevantes que afectan a las

personas. Su finalidad es hacer constar “públicamente la versión

oficial sobre la existencia, estado civil y condición” de los

sujetos de derechos. Eduardo Vázquez Bote, Derecho privado

puertorriqueño, Tomo III, Equity Publishing Company, 1992, § 11.1,

pág. 400. La Ley del Registro Demográfico, Ley Núm. 24 de 22 de

abril de 1931, según enmendada, 24 L.P.R.A. §§ 1041 et seq.,

reglamenta las inscripciones de los nacimientos, defunciones y

matrimonios que tengan lugar en Puerto Rico.

De acuerdo con la recién citada disposición, el documento de

declaración de un nacimiento40 debe presentarse al Registro

Demográfico dentro de los diez (10) días de dicho nacimiento. 24

L.P.R.A. § 1131. Cuando el nacimiento ocurra en un hospital,

asilo, penitenciaría o cualquier otra institución, el

administrador de dicha institución está obligado a realizar la

declaración del nacimiento. Por otro lado, si el nacimiento

ocurre fuera de una institución, podrán hacer la declaración el

médico, el padre, madre o el pariente más cercano, siempre que sea

mayor de edad. 24 L.P.R.A. § 1132. Ni la legislación ni el

Reglamento del Registro Demográfico Núm. 0316 de 19 de septiembre

40 La declaración de un nacimiento se lleva a cabo en el Formulario RD-78 del Registro Demográfico. En primer lugar, la persona que atendió el parto debe indicar su nombre, dirección y debe firmar el documento. Posteriormente, el formulario se lleva al Registro donde un funcionario transcribe los datos provistos por el informante. Entre los datos requeridos se encuentran: los nombres y lugar de nacimiento de los padres; nombre del niño; la hora, lugar y fecha de nacimiento; fecha de registro; el nombre, dirección, firma y relación entre el informante y el niño que será inscrito. Cabe destacar que el informante es quien firma tal documento ya que el formulario no requiere la firma de los padres. CC-2001-983 53

de 1957 (en adelante Reglamento) prohíbe que un tercero lleve a

cabo la declaración de un nacimiento en el Registro Demográfico.

Para complementar las anteriores disposiciones, el Reglamento

dispone, en lo pertinente, que para llevar a cabo una inscripción:

(1) Los documentos en que consten los actos de emancipación, reconocimiento, legitimación, adopción y en general cualquier acto jurídico que afecte el estado civil o la condición social de la persona inscrita, serán entregados o remitidos por los interesados al Jefe del Negociado de Estadística Demográfica del Departamento de Salud de Puerto Rico, encargado del Registro General Demográfico de Puerto Rico, quien expedirá recibo de dicho documento o documentos a su presentación; y luego de estudiados convenientemente procederá a archivarlos definitivamente y a poner en ellos, así como en los certificados a que se refieran, las correspondientes notas de mutua referencia, instruyendo al registrador local correspondiente que haga idéntica anotación al margen del duplicado del certificado en cuestión que queda en su poder como récord local. Reglamento, supra, § 1071-4. (Énfasis suplido.)

De lo anterior surge que el procedimiento de inscripción en

el Registro Demográfico de Puerto Rico es uno sencillo, que no

exige calificación alguna de los funcionarios del Registro

Demográfico, sino que se lleva a cabo esencialmente con la entrega

de los documentos y datos pertinentes al acto cuya anotación se

pretende y que cualquier persona puede presentar al Registro

Demográfico los documentos antes mencionados, puesto que ni la Ley

ni su Reglamento prohíben que un tercero realice la gestión. Así,

los padres pueden delegar en algún amigo la presentación al

Registro Demográfico del Formulario RD-78 para que se proceda a la

inscripción del nacimiento de su hijo o hija. Por otro lado, de

un examen de las normas referentes al Registro Demográfico notamos

que no se requiere que sus funcionarios hagan una calificación en

términos jurídicos de los efectos que emanan de los documentos que

ante ellos se presentan. Éstos meramente deben cotejar los CC-2001-983 54

documentos para verificar si se han provisto todos los datos

necesarios para proceder a la inscripción solicitada. Además,

deben asegurarse que en el formulario se hagan constar datos,

tales como el lugar y la fecha del nacimiento, el sexo de la

criatura, los nombres y apellidos de los padres y su residencia.

Los funcionarios del Registro Demográfico son legos y sus

puestos no requieren de éstos requisitos de especialización. Ni

la Ley ni el Reglamento disponen para la calificación de los

documentos presentados para inscripción. Vázquez Bote, supra, en

la § 11.3, pág. 404. A tenor con lo anterior, este Foro ha

resuelto que “[l]as inscripciones del Registro Demográfico no

constituyen de por sí una declaración incontrovertible de un

hecho”. Meléndez Soberal v. García Marrero, res. el 12 de

septiembre de 2002, 158 D.P.R. _____ (2002), 2002 T.S.P.R. 119,

2002 J.T.S. 127; Tosado v. Tenorio, supra, en las págs. 865-866.

En Puerto Rico la inscripción en el Registro Demográfico

tiene el efecto de establecer prima facie la existencia o

inexistencia de un hecho que tiene repercusiones en el estado

civil de las personas. 24 L.P.R.A. § 1237. No obstante, la

inscripción de un hecho o la ausencia de tal inscripción no

determina su existencia. En Puerto Rico el Registro Demográfico

no es de carácter constitutivo de derechos, como lo es, por

ejemplo, el de España bajo ciertas circunstancias. Sobre el

particular, indica el profesor Díez-Picazo, refiriéndose a la

inscripción en el Registro Civil español:

Las inscripciones, como principio general, son declarativas respecto del estado civil. No hacen más que publicar o declarar su existencia o modificación, que se opera al margen del Registro. Cuando la inscripción es requisito necesario para la adquisición de ese estado civil, en supuestos excepcionales, posee carácter constitutivo. Así ocurre en el Código Civil CC-2001-983 55

con la adquisición de la nacionalidad española por opción, carta de naturaleza o residencia (art. 23 C.c.); la recuperación de esa misma nacionalidad (art. 26 C.c.); y las declaraciones sobre vecindad civil (arts. 14 y 15 C.c.). Son también constitutivas las autorizaciones de cambios de nombres o apellidos (art. 218 R.R.C.). Díez-Picazo y Gullón, supra, Vol. I, en la pág. 318.

De la cita anterior surgen las diferencias entre los asientos

que son inscribibles en el Registro Civil español y el Registro

Demográfico nuestro, razón por la cual en España algunas

inscripciones tienen carácter constitutivo por vía de excepción.

Sin embargo, de acuerdo con nuestra Ley del Registro Demográfico,

las inscripciones tienen un valor probatorio y sirven para un

propósito informativo.

En Derecho puertorriqueño, desde la aprobación de la Ley de Registro Demográfico vigente, parece ser mucho más aceptable la doctrina que no reconoce a las actas del Registro valor especial alguno. Es verdad que el art. 250 del Código Civil establece “que las actas del registro serán prueba del estado civil”; pero no es menos cierto que la vigencia de dicho precepto puede considerarse impedida de realizarse por virtud de la vigente Ley del Registro Demográfico. Consciente el legislador, al parecer, de las deficiencias instauradas por la Ley vigente, desconoce él mismo un serio valor al contenido de los asientos registrales, que sólo son prueba prima facie (art. 38, párrafo primero, de la Ley); razón por la cual la prueba que surja del contenido de los asientos registrales puede ser contradicha por otra prueba que llev[e] al ánimo del juzgador la convicción de que la circunstancia que se trata de acreditar es otra y no la que allí se consigna. Vázquez Bote, supra, en la § 11.6, pág. 411. (Énfasis en el original.)

Este Tribunal implícitamente ha negado el carácter

constitutivo de una inscripción en el Registro Demográfico. En

Meléndez Soberal v. García Marrero, supra, tuvimos que determinar

si el incumplimiento con el requisito de inscripción de un

certificado de matrimonio en el Registro Demográfico invalidaba la

unión celebrada entre los contrayentes. Allí resolvimos que el

hecho de que “no se cumpliera con el deber ministerial de llevar CC-2001-983 56

los documentos al Registro Demográfico para la inscripción de

dicho matrimonio, no t[uvo] el efecto de invalidar el matrimonio

que [había sido] previamente celebrado”. Señalamos, además, que

“[a]unque el certificado de matrimonio expedido por el Registro

Demográfico tiene un gran valor probatorio siendo prueba “prima

facie” de la existencia de un matrimonio, una certificación

negativa de casamiento expedida por el Registro Demográfico no

prueba, por sí sola, la inexistencia del mismo”. (Énfasis en el

original.) Del anterior curso decisorio surge que la inscripción

en el Registro Demográfico no es constitutiva de derechos, por

ende una persona puede ostentar determinado estado civil sin que

sea necesario que para que su existencia sea reconocida por el

Derecho, conste inscrita.

Con este marco doctrinal sobre las formas de adquirir el

vínculo filiatorio en nuestro ordenamiento y los efectos de la

inscripción en el Registro Demográfico, debemos resolver el efecto

que tiene el reconocimiento voluntario de un menor por un tercero

cuando dicho menor está cobijado por una presunción de paternidad

al nacer vigente un matrimonio.

C. Dicotomía entre el reconocimiento voluntario y la presunción de paternidad

Como previamente indicamos, la presunción de paternidad opera

como una investidura legal por razón del nacimiento vigente la

unión matrimonial. El ordenamiento jurídico presume entonces que

el hijo habido durante el matrimonio es hijo del esposo de la

madre. A contrario sensu, el reconocimiento voluntario no opera

automáticamente, sino que es necesario un acto afirmativo, por

escrito, expreso, mediante acta de nacimiento, testamento u otro CC-2001-983 57

documento público, de la persona que cree ser el padre biológico

del menor.

Ahora bien, puede ocurrir que el hijo de una mujer casada sea

reconocido por otro hombre, planteándose de esta forma un

conflicto entre la presunción de paternidad del marido y el

vínculo filial con el tercero que surge de la inscripción. Dentro

del amplio espectro de posibilidades, ello podría ocurrir, entre

otras circunstancias, por existir una relación adulterina entre la

madre y el tercero, por la inseminación artificial de la madre sin

el conocimiento de su marido o porque un tercero lleve a cabo una

inscripción errónea de mala fe.

Existen distintas vertientes doctrinales sobre este conflicto

para establecer la filiación del hijo. Mientras un sector aduce

que el Registro Demográfico tiene carácter constitutivo, otro

sector le adjudica un efecto declarativo. Los postulados

expuestos por cada sector se fundamentan en las disposiciones

legislativas que rigen en los distintos países. Examinemos las

distintas vertientes sobre este particular.

El profesor Sierra Gil de la Cuesta, al comentar sobre la

actuación de la Dirección General del Registro Civil y del

Notariado español, comenta que una vez acreditado el matrimonio de

la madre, entra en vigor la presunción de paternidad del marido

cuya eficacia se reconocerá mientras no se presente prueba en

contrario. “[L]a filiación matrimonial en las condiciones del

art. 116 del Código [Art. 113 del Código Civil de Puerto Rico] es

una consecuencia que se deriva automáticamente de la Ley, y que

debe inscribirse, mientras no quede acreditada otra filiación

contradictoria....” Sierra Gil de la Cuesta, supra, en la pág.

270. (Énfasis suplido.) CC-2001-983 58

Igual solución provee el profesor Bossert aplicando la

legislación de Argentina sobre esta materia. De acuerdo con el

distinguido jurista:

La atribución de la paternidad al marido de la madre, no depende de la voluntad de las partes; ocurre por imperio legal, cuando se ha establecido el vínculo de hijo con la mujer casada; no es un acto ni una consecuencia que pertenezca al poder dispositivo de los sujetos....

. . . .

[N]o obstante el reconocimiento hecho por un tercero, podrá el marido solicitar que se deje sin efecto la mención del padre que se atribuyó al inscripto en el acta de nacimiento, prevaliéndose simplemente en la presunción [de paternidad]. Bossert, supra, en las págs. 40-42. (Énfasis suplido.)

Según el citado tratadista, cuando confluyen la presunción de

paternidad y la inscripción de un reconocimiento voluntario, el

título de inscripción es un obstáculo formal que no altera el

vínculo legal establecido por la presunción.

Por otro lado, en Puerto Rico, el profesor Raúl Serrano Geyls

explica lo siguiente sobre este conflicto para determinar la

filiación de un menor:

En los casos de inscripción de los hijos matrimoniales pueden darse las siguientes alternativas: inscripción por ambos cónyuges; o sólo por la mujer casada en la que indica el nombre del marido; o por la mujer casada sin informar el nombre del marido; o por la madre que se hace pasar como mujer soltera y un tercero reconociente; o sólo por el tercero sin mencionar el nombre de la madre ni el del marido. Es obvio que las últimas cuatro alternativas constituyen un ataque a la presunción de la paternidad del marido pero no deberían aceptarse como prueba concluyente porque la presunción se origina en la ley. El estado civil de hijo de matrimonio depende del nacimiento dentro de los plazos establecidos por la ley y no de la inscripción registral.

Estimo que en P.R. el reconocimiento no debe aceptarse si el hijo tiene un estado civil determinado por la ley o la inscripción registral hasta que ese estado se impugne expresamente en los tribunales. Serrano Geyls, supra, en la pág. 922. (Énfasis suplido.) CC-2001-983 59

Otro sector de la doctrina aduce que aunque el menor nazca

vigente el vínculo matrimonial, si es reconocido por un tercero,

prevalece tal reconocimiento. A tales efectos, este sector niega

eficacia jurídica a la presunción de paternidad porque ésta queda

derrotada con el reconocimiento y la correspondiente inscripción.

A esta posición se adscribió la mayoría de este Tribunal al

resolver que en la presente controversia la presunción “perdió

todo efecto jurídico, o nunca adquirió tal efectividad, en vista

de que el menor no fue inscrito como hijo de Rivera Ávila y Negrón

Soto lo reconoció como hijo suyo inscribiéndolo como tal en el

Registro Demográfico. Ello es así debido a que la presunción de

paternidad no adquiere efectividad jurídica mientras no se

concrete en una inscripción registral”. (Énfasis en el original.)

Para sustentar su conclusión, la mayoría cita a los

tratadistas Carlos A.R. Lagomarcino y Marcelo U. Salerno,

Enciclopedia de Derecho de familia, Tomo II, Editorial

Universidad, 1992, pág. 367, donde éstos, al comentar la

legislación argentina, señalan que:

[H]ay que privilegiar la inscripción registral si la presunción de paternidad no ha sido trasladada a ese plano, cuando cualquier interesado podía haberlo hecho.

Al respecto, debe señalarse que nada impide que una mujer reconozca un hijo sin poner de manifiesto su estado civil y tampoco hay obstáculo en que un hombre reconozca como propio a un hijo que no tenga todavía paternidad acreditada en el Registro Civil.

Por lo tanto, para que la presunción de paternidad adquiera efectividad jurídica es necesario que se haya concretado en una inscripción registral.

En tanto ello no ocurra, carece de efectos frente a terceros.

Respalda esta postura el art. 263 del Cód. Civil, tanto en su redacción original, como en la que surge luego de la ley 2393 cuando dice que la filiación legítima se CC-2001-983 60

probará por la inscripción del nacimiento en el Registro Civil donde exista y, a falta de éste, por la inscripción en el registro parroquial y por la inscripción del matrimonio en el Registro Civil desde la vigencia de esta ley y en los parroquiales antes de ella.

De una lectura de la cita anterior puede notarse que no

existe en nuestro Derecho positivo disposición alguna semejante al

Art. 263 del Código Civil de la República Argentina, que

establezca que la presunción de paternidad se probará mediante la

inscripción en el Registro Demográfico. Por el contrario,

reiteradamente nuestra jurisprudencia ha reconocido que la

presunción de paternidad opera por virtud de ley y no hemos

requerido la inscripción para que ésta advenga eficaz. Sánchez

Encarnación v. Sánchez Brunet, supra; Calo Morales v. Cartagena

Calo, supra, en la pág. 117; Almodóvar v. Méndez Román, supra, en

la pág. 248; Ramos v. Marrero, 116 D.P.R. 357 (1985); Moreno Álamo

v. Moreno Jimenez, supra, en la pág. 379.

Conviene indicar, por otro lado, que aunque no encontramos en

nuestra jurisprudencia una situación de hechos similar a la

presente, sí nos hemos pronunciado anteriormente sobre la

posibilidad de que un hijo cubierto por la presunción de

paternidad sea reconocido por un tercero. En Ocasio v. Díaz,

supra, en la pág. 733, nota al calce 10, refiriéndonos a la

facultad de un padre biológico para reconocer a su hijo frente a

la presunción de paternidad establecida en el Art. 113 del Código

Civil, supra, señalamos a manera de dictum que “[c]omo padre de

ese hijo debería prevalecer el que de ellos primeramente lo

inscribió en el Registro Demográfico”. Sin embargo, esta solución

simplista de la carrera al Registro fue criticada en Ramos v. CC-2001-983 61

Marrero, supra, en la pág. 369, donde refiriéndonos al dictum de

Ocasio v. Díaz, supra, dijimos:

Algunas de las expresiones nuestras en ese dictum han sido criticadas desfavorablemente. Véanse: A. Calderón, La Filiación en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Ed. Col. Abogados, 1978, pág. 152 y ss.; y A. Blanco, Sobre Reforma del Código Civil, 43 Rev. Jur. U.P.R. 103, 127- 132 (1974). Consideran estos autores que la paternidad no puede depender en estos casos de quién inscriba primero. Calderón señala que la teoría descansa en la premisa de que si un hombre desea reconocer al hijo de una mujer casada, es porque indudablemente es su hijo biológico, y que ello no es necesariamente así. No obstante, ambos autores coinciden en que el procedimiento a seguir debe ser que el padre biológico impugne primero la presunción de paternidad que la ley le otorga al marido.

Cónsono con estos pronunciamientos, en la citada decisión

reconocimos legitimación activa a un alegado padre biológico para

impugnar la presunción de paternidad del marido. La prueba de

impugnación puede consistir de cualquier medio idóneo y

concluyente que demuestre la imposibilidad de la paternidad del

marido. Moreno Álamo v. Moreno Jimenez, supra, en la pág. 387.

Nuestras decisiones previas nos llevan a la conclusión de que

este Tribunal reiteradamente ha reconocido la presunción de

paternidad de los hijos que nacen de un vínculo matrimonial como

una que opera por virtud de la ley, independientemente de la

voluntad de los sujetos. Apliquemos las normas expuestas a los

hechos del presente recurso.

El menor Julio Angel Negrón Castro nació mientras su madre se

encontraba legalmente casada con el señor Rivera Ávila. Por

investidura legal, dicho menor es hijo del entonces esposo de su

madre, el señor Rivera Ávila. Es menester recordar que nuestra

jurisprudencia reiteradamente ha reconocido la eficacia automática CC-2001-983 62

de la presunción de paternidad. A tales efectos es que se ha

hecho necesario reconocerle legitimación a los padres biológicos y

a los hijos para buscar su verdadera filiación y, además, se les

ha reconocido a los padres legítimos la capacidad para impugnar la

presunción de paternidad.

No obstante ser el menor hijo del señor Rivera Ávila por

virtud de ley, fue reconocido voluntariamente por el señor Negrón

Soto, quien lo inscribió en el Registro Demográfico como su hijo.41

¿Prevalece dicho procedimiento de inscripción ante un estado

filiatorio que opera por mandato legal? Respondemos en la

negativa.

Como previamente expusimos, el Registro Demográfico en Puerto

Rico sirve a un propósito informativo y de constatación de algunos

actos que afectan el estado civil de las personas, tales como el

nacimiento, la muerte y el matrimonio. No se le reconoce al

Registro un efecto constitutivo en vista de que sus constancias no

necesariamente reflejan la realidad que debe ser protegida por el

Derecho.

Por otro lado, del procedimiento de inscripción establecido

en el Reglamento surge que se trata prácticamente de una mera

entrega por cualquier persona de documentos y datos a los

funcionarios del Registro Demográfico, luego de la cual no se

exige calificación. Reconocerle efecto constitutivo a la

inscripción de un nacimiento hecha por un tercero cuando el hijo

nace durante la vigencia de un matrimonio, como hizo la mayoría de

41 Resulta necesario indicar que los funcionarios del Registro Demográfico no deberían proceder a llevar a cabo una inscripción si de los documentos que ya constan en el Registro surge que la inscripción solicitada sería contradictoria a los datos previamente inscritos. CC-2001-983 63

este Tribunal, equivale a la incorporación de un mecanismo

administrativo ex parte para impugnar la paternidad, despojar a un

menor de su legitimidad e imputarle a la madre una relación

adulterina. No puede adjudicarse a un procedimiento tan sencillo

y desreglamentado, que es llevado a cabo por funcionarios a los

que no se les exige preparación especializada, tan importantes

consecuencias jurídicas. Adoptar esta posición tendría el efecto

de socavar la filiación presunta a la que por ley tienen derecho

los hijos habidos en el matrimonio.

Conviene recordar las palabras del Juez Asociado señor

Belaval en su opinión disidente de Ex parte Otero, 77 D.P.R. 754,

763 (1954), citada con aprobación en Vélez Román v. Rodríguez

Franqui, 82 D.P.R. 762, 774-776 (1961):

Desde el momento que el contenido del documento, sólo constituye evidencia prima facie del hecho del nacimiento y del estado civil del inscrito, es indudable que en virtud de la inscripción de un nacimiento no se declara ningún hecho filiatorio que sea irrevocable o valedero contra el interés público o contra el interés de terceras personas, y no tenemos por qué abrigar el temor que cualquiera inscripción, o cualquiera rectificación, corrección, adición o enmienda de una inscripción anterior en el Registro Demográfico, equivalga a una sentencia declaratoria de filiación.42

42 Si nos dejamos guiar por la norma acogida por la mayoría, ¿cómo procederemos cuando nos encontremos ante un reconocimiento hecho por un tercero, de mala fe, que alegue ser padre de un niño nacido de un matrimonio? ¿Reconoceremos el carácter constitutivo de tal inscripción? ¿Se convertiría la mujer casada automáticamente en adúltera a la luz del carácter constitutivo de la inscripción? Por otro lado, la solución a la que llega la mayoría no toma en consideración que cabe la posibilidad de que un tercero inscriba como suyo al hijo de un matrimonio. En tal caso, la pareja podría enterarse de que su hijo biológico está inscrito como hijo de un tercero años después cuando solicite una copia del certificado de nacimiento del hijo. ¿Reconoceremos efectos constitutivos a dicha inscripción? Las decisiones de esta Curia merecen un razonamiento más profundo. No podemos avalar que la filiación de un niño esté supeditada a la carrera contra el tiempo para llegar primero a inscribir el nacimiento en el Registro Demográfico. (Continúa . . .) CC-2001-983 64

En el presente recurso el menor debió haber sido inscrito con

el apellido de su presunto padre, el señor Rivera Ávila.43 A la

luz de lo anterior, estimamos que erró el Tribunal de Circuito al

determinar que el señor Rivera Ávila tenía legitimación activa

para impugnar el reconocimiento ya que lo procedente era que el

señor Rivera Ávila solicitara la rectificación del certificado de

nacimiento de su hijo.44 Ante estas circunstancias, no podía

aplicarse al señor Rivera Ávila el término de caducidad

establecido para instar una acción de impugnación de

reconocimiento, ya que para todos los efectos jurídicos el menor

siempre se ha presumido hijo suyo.

Ahora bien, el Art. 31 de la Ley del Registro Demográfico,

supra, 24 L.P.R.A. § 1231, dispone que no podrá hacerse

rectificación, adición o enmienda alguna que altere

sustancialmente un certificado ya registrado, salvo cuando exista

orden del tribunal al respecto. Para obtener dicha orden el _____________________ Más aún, la decisión emitida por la mayoría del Tribunal constituye la legitimación de un daño moral al afectarse la reputación de muchas mujeres, y el bienestar emocional de los esposos, hijos, hijas y familias con el reconocimiento de efectos constitutivos a la inscripción en el Registro Demográfico. Se pretende legitimar el daño que un tercero haga mediante la inscripción cuando por virtud de ley el hijo habido en el matrimonio goza de una filiación presunta. 43 Si al tiempo del nacimiento el señor Negrón Soto tenía la creencia de que el menor era su hijo biológico, debió instar una acción de impugnación de legitimidad dentro del término de caducidad de tres (3) meses luego de la inscripción del nacimiento, si se encontraba en Puerto Rico, o dentro de los seis (6) meses del nacimiento, si se hallaba fuera de Puerto Rico. Art. 117 Código Civil, supra. 44 Es menester recordar que aunque en nuestro ordenamiento el Derecho es rogado, ello no nos impide conceder el remedio procedente en la situación particular que se encuentre ante la consideración del foro judicial. Los tribunales siempre concederán lo que proceda en Derecho, que puede o no coincidir con lo que se solicita. CC-2001-983 65

interesado deberá presentar una solicitud ante el tribunal,

juramentada y acompañada de la prueba documental en la cual se

fundamenta la solicitud. Por su parte, el Reglamento, supra, §

1071-19, dispone que después de efectuada una inscripción, no

podrán hacerse cambios, borraduras o alteraciones sin el debido

proceso de ley. Lo anterior significa que deben incluirse en el

asunto todas las partes que podrían quedar afectadas con la

rectificación. Meléndez Soberal v. García Marrero, supra.

En virtud de lo antes expuesto, y a la luz de los hechos no

controvertidos a los efectos de que el menor nació el 15 de marzo

de 1990, vigente el matrimonio Castro-Rivera, que quedó disuelto

mediante sentencia de divorcio emitida el 18 de mayo de 1990, por

lo cual al momento del nacimiento automáticamente adquirió el

estado de hijo del señor Francisco Rivera Ávila como consecuencia

de la presunción de paternidad que opera por virtud de ley,

revocaríamos la decisión emitida por el Tribunal de Circuito y

ordenaríamos al Registro Demográfico que rectifique el certificado

de nacimiento del menor para que éste quede inscrito a nombre de

su presunto padre. Luego devolveríamos el caso al foro de

instancia para que continúe la acción de alimentos de conformidad

con lo aquí resuelto.

MIRIAM NAVEIRA DE RODÓN Jueza Asociada