EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Dolores Colón
Demandantes-Recurridos Certiorari v. 2006 TSPR 16 Glamorous Nails & Boutique, Inc., Marta Larissa Alvarado 166 DPR ____ de Silverio, et. als.
Demandados-Recurrentes
Número del Caso: CC-2004-275
Fecha: 3 de febrero de 2006
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón
Juez Ponente: Hon. Nydia Cotto Vives
Abogado de la Parte Recurrente:
Lcdo. Ramón L. WalKer Merino
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Rafael Román Jiménez
Materia: Incumplimiento de Contrato
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Demandantes-Recurridos
v. CC-2004-275 CERTIORARI Glamorous Nails & Boutique, Inc., Marta Larissa Alvarado de Silverio, et. als.
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada SEÑORA FIOL MATTA
San Juan, Puerto Rico, a 3 de febrero de 2006.
La co-demandada recurrente, Marta Larissa Alvarado
de Silverio, nos solicita que revoquemos la sentencia del Tribunal de Apelaciones fechada 30 de enero de
2004, que confirmó al Tribunal de Primera Instancia, respecto a la existencia de daños bajo la doctrina
culpa in contrahendo. Examinado el expediente apelativo y el derecho aplicable y por las razones que habremos
de exponer, modificamos la sentencia recurrida y así modificada, se confirma.
I.
Los hechos medulares del presente recurso se
resumen a continuación. En el mes de enero de 2000, la
Sra. Marta Larissa Alvarado, Presidenta de CC-2004-275 2 1 Glamorous Nails & Boutique, Inc., se comunicó 2 telefónicamente con la Sra. Dolores Colón para informarle
que tenía planificado vender su negocio de arreglo de uñas
y le preguntó si le interesaba comprarlo. En esta misma
conversación telefónica la señora Alvarado le comunicó a
la señora Colón que el precio de compraventa era de
$350,000. La señora Colón manifestó interés en adquirir el
negocio y se comprometió a consultarlo con su esposo, el
Sr. Fidencio Aldamuy. Posteriormente, la señora Colón se
comunicó con la señora Alvarado para reiterarle su interés
en comprar el negocio y solicitó una reunión a los fines
de comenzar el proceso de negociación.
Así las cosas, en o alrededor del mes de marzo de
2000, la señora Alvarado nuevamente le ofreció a la señora
Colón venderle todos los activos de Glamorous Nails &
Boutique, Inc. por el precio de $350,000.00. Se reunieron
entonces para discutir la oferta. El Sr. Rafael Silverio,
esposo de la señora Alvarado participó en esa reunión.
Entre otras cosas, la señora Colón indagó sobre la
disposición de los esposos a financiar parte del precio de
compraventa.
Para el mes de febrero o marzo de 2000, la señora
Colón contrató a la Contadora Pública Autorizada
(“C.P.A.”) Carmen Román para que la orientara en cuanto a
la conveniencia de realizar el negocio y los planes para
materializar el mismo. La C.P.A. Román le indicó a la
1 Glamorous Nails & Boutique, Inc., es una corporación creada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en la cual se proveen servicios para el cuidado de uñas. 2 La señora Colón fue cliente de Glamorous Nails & Boutique, Inc. por espacio de 15 años y conocía a la Sra. Marta Larissa Alvarado desde entonces. CC-2004-275 3
señora Colón que para ello necesitaba cierta información,
a saber: el volumen de ventas del negocio, los seguros que
poseía y los gastos. La señora Colón solicitó la
información y la señora Alvarado le entregó el libro de
apuntes relacionados con las ventas diarias del negocio,
que incluía, además de las ventas diarias, el resumen
mensual y anual de esas ventas y el pago a las empleadas y
técnicas de Glamorous Nails & Boutique, Inc. La señora
Colón retuvo el libro por varios días antes de
devolvérselo a la persona encargada de entrar la
información en el libro, la Sra. Carmen Muñoz de 3 Alvarado. En el mes de marzo de 2000 se reunieron la señora
Colón, el señor Silverio, la señora Alvarado y la C.P.A.
Román. En esa reunión se discutió el precio de
compraventa, el número de empleados del negocio, el canon
de arrendamiento, el pietaje del negocio, el nombre del
agente de seguros y las razones para la venta.Después de
la reunión, la C.P.A. Román preparó unas proyecciones de
flujo de efectivo del negocio desde el 2001 al 2010 y un
“Schedule of operation & cash flow” desde el año 1996 al
1999. Estos documentos se prepararon a base de la
información contenida en el libro de ventas diarias del
negocio, así como información provista por la señora
Alvarado y la Sra. Carmen Muñoz de Alvarado.
La señora Colón llevó a cabo otras gestiones, entre
ellas las siguientes: solicitó información sobre el
financiamiento en Eurobank, pero no llenó la solicitud
3 La señora Muñoz de Alvarado es la madre de la Sra. Marta Larissa Alvarado y una de las accionistas de Glamorous Nails & Boutique, Inc. CC-2004-275 4
requerida; obtuvo información del “Small Business
Administration”; acudió al Sr. Rafael Rivera de la
compañía Consultech, para asesorarse sobre el
financiamiento de la transacción y contrató los servicios
del Lcdo. Rafael Román Jiménez a los fines de crear una 4 corporación. A finales del mes de mayo o principios del mes de
junio de 2000, la señora Colón se reunió con la señora
Alvarado. Esta fue la última reunión que se realizó
durante el proceso de negociación y sólo asistieron la
señora Colón y la señora Alvarado. En esta reunión, la
señora Colón le solicitó a la señora Alvarado más
información sobre el negocio, específicamente con relación
a las empleadas, el inventario y las deudas. También le
informó a la señora Alvarado que iba a solicitar un
préstamo a la “Small Business Administration”.5
Ahora bien, las partes no acordaron la forma de pago
del precio de compraventa ni se hizo pago alguno por ese
concepto. La señora Alvarado alega que por esa razón
entendió que el negocio no era seguro y una semana después
de la reunión, le comunicó a la señora Colón que se había
arrepentido de vender Glamorous Nails & Boutique, Inc.
Surge de la transcripción de la prueba que la señora
Alvarado reconoció que la señora Colón aceptó su oferta de
venta y que ella (la vendedora) le dijo “está bien, no hay
4 Los demandantes no presentaron evidencia, durante la vista en su fondo, de que se hubiera organizado una corporación para adquirir los activos de Glamorous Nails & Boutique, Inc. 5 Del expediente apelativo surge que los demandantes nunca sometieron los documentos a Eurobank ni a la “Small Business Administration” para solicitar el financiamiento para la compraventa. CC-2004-275 5
problema”, aunque dicha expresión en su fuero interno “no
significó nada para mi”. En su sentencia, el Tribunal de
Primera Instancia recoge este incidente en su
determinación de hechos núm. 26. Ante las recriminaciones
de la señora Colón sobre el tiempo y dinero que ella había
invertido durante las negociaciones, la señora Alvarado se
comprometió a reembolsarle los gastos y darle un año
gratis de servicio en Glamorous Nails & Boutique, Inc.
Así las cosas, la señora Colón le envió las facturas
de los gastos y la señora Alvarado, a través de su
abogado, se negó a reembolsarlos por encontrarlos 6 excesivos. El 24 de octubre de 2000, la señora Colón
instó demanda sobre incumplimiento de contrato y daños y
perjuicios contra Glamorous Nails & Boutique, Inc., Marta
Larissa Alvarado de Silverio, su esposo Rafael Silverio y
la sociedad de bienes gananciales compuesta por ambos y
Carmen Muñoz de Alvarado, su esposo Héctor M. Alvarado y
la sociedad legal de bienes gananciales compuesta por
ambos.
Durante la vista celebrada los días 27 y 28 de
septiembre de 2001, la señora Alvarado expresó, entre
otras cosas, que una de las razones para desistir de
vender su negocio fue que no tomó en serio las
negociaciones porque la señora Colón no había solicitado
el financiamiento a ninguna institución bancaria, a pesar
de que habían transcurrido de cinco a seis meses desde el
ofrecimiento de venta. Otra razón por la cual se había
6 En la factura aparecían las cantidades de $4,200.00 de honorarios a la C.P.A. Carmen Román, y $4,200.00 de honorarios al licenciado Román. CC-2004-275 6
arrepentido de vender era que se había enterado que la 7 transacción tendría un impacto contributivo sustancial. El 8 de octubre de 2001, el Tribunal de Primera
Instancia dictó sentencia resolviendo que no procedía
ordenar el cumplimiento específico del contrato ni la
imposición de daños porque realmente no hubo entre las
partes un acuerdo de voluntades que generara un contrato.
Entendió el foro de instancia que no existió una
declaración completa y clara del oferente. No obstante,
luego de citar la jurisprudencia normativa pertinente a la
doctrina de culpa in contrahendo, el tribunal razonó que
procedía imponerle responsabilidad a la co-demandada
Alvarado y la sociedad de bienes gananciales compuesta por
ella y el Sr. Rafael Silverio “por el rompimiento
negligente, injustificado y doloso de las negociaciones”.
En ese contexto, el foro de instancia ordenó a la co-
demandada Alvarado a pagar $8,400.00 por los gastos
incurridos por la señora Colón, y $10,000.00 por daños
emocionales, más las costas del litigio y honorarios de
abogado.
Inconforme con este dictamen, la señora Alvarado
recurrió al Tribunal de Apelaciones y el 30 de enero de
2004 ese foro confirmó la sentencia apelada. Aunque el
foro apelativo revocó algunas de las conclusiones de
derecho del foro de instancia, éstas no afectaron la
determinación de confirmar el dictamen apelado.8
7 Informó que la cantidad que hubiese tenido que pagar al Departamento de Hacienda por concepto de contribuciones resultaba onerosa, sin precisar la cantidad exacta. 8 El Tribunal de Apelaciones tuvo ante sí una transcripción de la vista en su fondo y una exposición narrativa del testimonio de la Sra. Marta Larissa CC-2004-275 7
Nuevamente inconforme con la sentencia emitida por el
foro apelativo, la señora Alvarado recurre ante este
Tribunal, vía recurso de certiorari presentado el 5 de
abril de 2004. Aduce que el foro apelativo erró al “avalar
la conclusión del Tribunal de Primera Instancia de que la
retirada de las negociaciones por razón del impacto
contributivo que la venta del negocio representaba
constituye [sic] culpa in contrahendo”, al aceptar la
determinación del foro de instancia de conceder daños
emocionales y al conceder la partida de gastos sin que
éstos se hubieran demostrado por prueba fehaciente.
Examinado el recurso, expedimos el auto. La señora Colón
no compareció, no obstante nuestra orden concediéndole
término para presentar alegato, por lo que dimos por
sometido el recurso, sin el beneficio de su comparecencia,
el 7 de febrero de 2005.
Está ante nuestra consideración, primeramente, si los
hechos probados constituyen base suficiente para aplicar
la doctrina de culpa in contrahendo. Si la respuesta es
afirmativa, debemos resolver si procede compensar los
daños alegados, en particular los que se refieren a
sufrimientos y angustias mentales. Examinado el expediente
apelativo y el derecho aplicable resolvemos.
II.
Es principio básico del derecho de obligaciones que
nadie está obligado a contratar. J. Puig Brutau,
Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1978,
T. II, Vol. I, pág. 226. Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, 113
Alvarado, ya que porciones de la grabación original se habían dañado. CC-2004-275 8
DPR 517 (1982), en la pág. 526. Esto “tiene como
consecuencia que las partes no se encuentren obligadas a
proseguir con las negociaciones hasta perfeccionar el
contrato, sino que están en libertad de contraer el
vínculo o retirarse, según convenga a sus mejores
intereses.” Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, supra, citando a Albaladejo, Derecho Civil, 2da ed., T.I, pág. 317.
No obstante, aun cuando no se hubiera perfeccionado
un contrato, nuestro ordenamiento reconoce que “[l]as
negociaciones preliminares generan una relación de
carácter social que impone a las partes el deber de
comportarse de acuerdo con la buena fe, que no impera
solamente en las relaciones jurídicas ya establecidas o
constituidas, sino también en las relaciones derivadas de un simple contrato social.” Prods. Tommy Muñiz v. COPAN,
supra, en las págs. 526 a 527 citando a Díez Picazo en Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Madrid, Ed. 9 Tecnos, 1979, Vol. I, en la pág. 191 (énfasis nuestro). En palabras de Puig Brutau, esta relación “impone
determinados deberes, en el sentido de estar las partes obligadas a comportarse con la buena fe necesaria y a
observar la lealtad exigida por las convicciones éticas imperantes.” J. Puig Brutau, supra, en la pág. 227. Se
9 La doctrina conoce esta etapa precontractual como la de los “tratos preliminares.” Manuel Albaladejo, Tratado de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, T. II, Vol. I, (1989) pág. 226, define éstos como sigue: “Hay tratos previos cuando a la emisión de la oferta precede un período de tanteos preliminares, en los que ambas partes o una de ellas (pues basta que la intervención de la otra se limite a apreciar lo que somete a su consideración aquélla) hacen cálculos y valoran posibilidades, para señalar los eventuales términos en los que cabría o convendría concluir el contrato; pero sin proponer en firme una a la otra su conclusión en tales o cuales condiciones definitivamente determinadas.” CC-2004-275 9
trata, como señala Moreno Quesada, citando al jurista 10 alemán Ihering, de un deber de diligencia que surge del
comienzo voluntario de “una actividad que le pone en
relación directa, con el círculo de intereses de otro”.
Moreno Quesada, supra, en la pág. 200. (Énfasis nuestro).
Esto sujeta a las reglas de la culpa al que pone fin a la
interacción de forma intempestiva.
En su tratado titulado “La Doctrina de los Actos
Propios”, Díez Picazo señala que:
La buena fe, en el sentido que aquí importa, es la lealtad en el tratar, el proceder honrado y leal. Supone el guardar la fidelidad a la palabra dada y no defraudar la confianza, ni abusar de ella; supone un conducirse como cabe esperar de cuantos, con pensamiento honrado, intervienen en el tráfico como contratantes. Lo que se aspira a conseguir, se ha dicho, es que el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones, se produzca conforme a una serie de principios que la conciencia jurídica considera necesarios, aunque no hayan sido formulados. Díez Picazo, La Doctrina de los Actos Propios, Barcelona, 1963, en la pág. 157. (Énfasis nuestro).
En Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, supra, resolvimos que
la responsabilidad que genera el incumplimiento con el deber de actuar de buena fe durante las negociaciones es
de naturaleza extracontractual. Se asienta esta responsabilidad en que la suspensión injustificada de las
negociaciones “constituye un quebrantamiento de la buena fe que... penetra todo nuestro ordenamiento positivo...
que le impone a las partes un deber de lealtad recíproca
10 Von Ihering, De la culpa in contrahendo, en Oeuvres choisies. II ed. Francesa, París, 1893, núm. 15, pág. 4. CC-2004-275 10 11 en las negociaciones”. Prods. Tommy Muñiz v. COPAN,
supra, en la pág. 528.
Hemos reconocido la culpa in contrahendo no sólo
cuando una de las partes que interviene en el proceso de
formación de un contrato actúa intencionalmente, mediando
dolo, fraude o abuso del derecho, sino también cuando obra
negligentemente, causando daño. Prods. Tommy Muñiz v.
COPAN, supra. Además, como señala Moreno Quesada, “la
actuación culposa o negligente que provoca la
responsabilidad, tanto puede ser positiva, consistir en
una actuación del sujeto, como tener un contenido
negativo, traducirse en una omisión.” Moreno Quesada,
supra, en la pág. 208, énfasis nuestro.12 El Código alemán,
que regula la culpa in contrahendo, define la negligencia
que da lugar a ésta como “la falta de diligencia exigible en el tráfico”. Clara I. Asúa González, La Culpa in 11 “Una razón elemental de equidad aconseja sean protegidas las actuaciones de buena fe frente a la conducta culpable que les produzca una consecuencia dañosa, y ello tanto si se ocasiona con motivo de la ejecución de relaciones previamente trabadas (culpa contractual), como si es en la preparación de las mismas (culpa in contrahendo)...”. Moreno Quesada, B., La Oferta de Contrato, Barcelona, Colección Nereo, 1963, pág. 200. Véase, Velilla v. Pueblo Supermarkets, 111 DPR 585 (1981), en la pág. 588: “El contenido de eticidad de cada acto deberá examinarse a la luz de sus circunstancias particulares, pero el comportamiento conforme a la buena fe es precepto general que abarca toda actividad jurídica”. Además, Catalytic Ind. Saint. Co. v. F.S.E., 121 DPR 98 (1988), en la pág. 113; Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 DPR 339 (1989), en la pág. 346. Entenza Escobar, La Responsabilidad Precontractual en Derecho Puertorriqueño, 7 Rev. Der. Puertorriqueño 105 (1963). 12 Evidentemente,“... el lógico deseo de mantener una esfera de libertad para que las partes negocien no puede llevar a decir que sólo en caso de dolo deberán responder por sus actos lesivos, sino que habrán de hacerlo siempre que hayan vulnerado lo que la buena fe imponía para el caso en concreto...”. Clara I. Asúa González, La Culpa in contrahendo (Tratamiento en el Derecho Alemán y presencia en otros ordenamientos), Universidad del País Vasco, (1989), en la pág. 287. CC-2004-275 11
contrahendo (Tratamiento en el Derecho Alemán y presencia
en otros ordenamientos), Universidad del País Vasco,
(1989), en la pág. 80. De acuerdo a esta definición, “la
presencia o ausencia de negligencia se constataría tomando
como referencia los conocimientos y las capacidades
típicas del ámbito social o profesional de que se trate”.
Ibid.
Hemos resuelto que para determinar si ha mediado
culpa en la terminación de unos tratos preliminares “es
preciso considerar las circunstancias del rompimiento,
específicamente: 1) el desarrollo de las negociaciones, 2)
cómo comenzaron, 3) el curso que siguieron, 4) la conducta
de las partes durante su transcurso, 5) la etapa en que se
produjo el rompimiento, y 6) las expectativas razonables
de las partes en la conclusión del contrato, así como
cualquier otra circunstancia pertinente conforme a los
hechos del caso sometidos a escrutinio judicial.” Prods.
Tommy Muñiz v. COPAN, supra, en la pág. 530; Torres v.
Gracia, 119 DPR 698, 705 (1987). Cabe señalar que estos
factores deben considerarse con una óptica restrictiva,
más bien que liberal. Torres v. Gracia, Id.
III.
Examinemos ahora el caso que nos ocupa. La señora
Alvarado aduce que se retiró de las negociaciones para la
venta de su negocio por una causa legítima y que por esa
razón no debe imponérsele el pago de los gastos incurridos
por los demandantes. Arguye, además, que siempre estuvo
disponible para reunirse con la señora Colón y ofrecerle
información sobre su negocio, que le proveyó un libro CC-2004-275 12
donde se llevaban las cuentas del negocio y que “no tomó
las negociaciones en serio” porque la señora Colón nunca
le había entregado cantidad alguna de dinero ni había
solicitado el financiamiento necesario para llevar a cabo
la compra. Su explicación no nos persuade, pues la prueba
confirma todo lo contrario, es decir, el avanzado estado
de la negociación entre las partes. Así, consta en autos
que hubo un acuerdo en cuanto al objeto (nombre, activos y
“goodwill” del negocio), al precio de $350,000 y a la
causa, es decir, a la transmisión de la titularidad sobre
el bien vendido. En este sentido, lo único que parece
haber faltado era el acuerdo sobre el plazo para pagar,
pues la compradora se obligó, inclusive y sin margen a
dudas, a entregar el dinero en su totalidad.
Fue la señora Alvarado quien inició las
negociaciones, ofreciendo el negocio en venta a la señora
Colón. Los tratos preliminares duraron de cinco a seis
meses, hasta que la señora Alvarado manifestó que había
desistido de la venta. Durante ese tiempo las partes
sostuvieron varias conversaciones y reuniones, con el
propósito de obtener la información necesaria para que se
pudiese materializar el acuerdo. La prueba documental y
testifical presentada por la señora Colón sostiene
cabalmente que ésta realizó distintas gestiones
relacionadas a la compraventa del negocio que eran
conocidas por la señora Alvarado y que significaban gastos
para la señora Colón.13 Cabe señalar que la expectativa de
la señora Colón nacía, en parte, de que la única persona
13 El foro de instancia tuvo la oportunidad de escuchar el testimonio, tanto de la señora Colón como el de la C.P.A. Carmen Román, con relación a las gestiones realizadas por éstas y estos testimonios le merecieron credibilidad. CC-2004-275 13
con quien la señora Alvarado estaba negociando la venta
del negocio era con ella.
Durante esos meses y mientras se llevaban a cabo esas
gestiones, la señora Alvarado no indagó sobre las posibles
consecuencias contributivas de la venta del negocio. El
foro apelativo entendió, correctamente, que el hecho de
que la señora Alvarado no consultara anticipadamente con
un profesional sobre las consecuencias contributivas de la
transacción denota negligencia de su parte en el proceso
de negociación. Después de todo, se trataba de un negocio
que, alegadamente, le dejaba grandes ganancias y cuyo
precio se estableció en $350,000.
La única mención en autos sobre el impacto
contributivo de la transacción como motivo para el retiro
de señora Alvarado de las negociaciones surge del
testimonio de la compradora, señora Colón, como algo que
la peticionaria le dijo de paso por teléfono cuando le
informó que retiraba la oferta de venta. Es de notar que
esta conversación concluyendo las negociaciones sucedió a
escasamente una semana de haberse reunido la vendedora con
la compradora y de ésta haber aceptado pagar el precio
requerido, en la forma requerida. Según determina el
Tribunal de Primera Instancia (determinación de hechos
núm. 34), la peticionaria “no expuso razón alguna para
negarse a vender”. Sencillamente, como no se había
concretado la fuente de financiamiento, entendió que “no
tenía compromiso y no tomó en serio las negociaciones.” La
propia vendedora afirma que cuando la compradora la volvió
a llamar, “yo le dije que no, no quería vender el
negocio”, sin más. (Véase pág. 196 de la transcripción).
Parece evidente que el Tribunal de Primera Instancia no CC-2004-275 14
dio crédito a la alegación de impacto contributivo como
justificación para el cese abrupto de las negociaciones.
Por el contrario, el Tribunal de Primera Instancia
eliminó toda alegada expresión sobre el asunto
contributivo de la exposición narrativa que la vendedora
se proponía someter ante el foro apelativo. En la
exposición propuesta, en la que hubo que “reconstruir”
parte del testimonio de la vendedora porque se habían
borrado algunas de las cintas del tribunal, la señora
Alvarado informaba que se había enterado del alegado
impacto contributivo durante un juego de baloncesto de su
hijo, al hablar con el papá de un amiguito de éste y
comentarle sobre el negocio. Esa “reconstrucción” el
Tribunal de Primera Instancia la eliminó de la exposición
narrativa en su totalidad y concluyó, que la vendedora no
expuso razón alguna para negarse a vender.
En sus escritos de apelación ante el Tribunal de
Apelaciones y de certiorari ante nosotros, la peticionaria
no cuestiona que el trámite de compraventa se encontraba
en un estado avanzado. Las reuniones entre las partes, y
la información y documentos que solicitó y se entregaron a
la compradora, incluyendo el libro en el que se llevaba
constancia de todo lo sucedido en el negocio. La
transcripción de la prueba confirma la complejidad de la
negociación, la extensa participación de la contable de la
compradora y el envolvimiento de las personas con poder
decisional, en particular, la Presidenta de la
corporación, la vendedora, señora Alvarado.
A tenor con lo anterior, concluimos que las
actuaciones negligentes de la señora Alvarado mantuvieron
las expectativas de la señora Colón de que el negocio se CC-2004-275 15
realizaría y provocaron que ésta incurriera en gastos para
su consecución. Coincidimos con los foros de instancia y
apelativo en que procede responsabilizar a la señora
Alvarado bajo la doctrina de culpa in contrahendo.
IV.
En su segundo señalamiento de error, la señora
Alvarado sostiene que el foro apelativo erró al “aceptar
la determinación del Tribunal de Primera Instancia de
conceder daños emocionales...”. Tiene razón.
Nuestro ordenamiento jurídico provee compensación
para dos tipos de daños: los pecuniarios o económicos y
los morales, que incluyen, a su vez, los sufrimientos y
las angustias mentales. Cintrón Adorno v. Gómez 147 DPR
576 (1999), en la pág. 587.14 La obligación de compensar el
daño moral puede surgir como resultado del incumplimiento
de un contrato o del incumplimiento del deber general de
diligencia dispuesto en el artículo 1802 del Código Civil,
31 LPRA § 5141. En el ámbito extracontractual, nuestra
jurisprudencia nunca ha distinguido entre daños físicos,
materiales o morales para efectos de compensación. García
14 Según explicamos en Cintrón Adorno v. Gómez, supra, en la pág. 589, citando a G. Ortiz Ricol,14 el daño moral es “...[p]or exclusión, el daño no patrimonial,... el daño que no recae directamente sobre el patrimonio de una persona o que cayendo sobre bienes objetivos, ocasione o no lesión material en los mismos, causa una perturbación anímica en su titular, cualquiera que sea el derecho que sobre ello se ostente.” (Énfasis nuestro). La finalidad que se persigue al concederle al lesionado una partida de daños emocionales es “indemnizar el dolor, los sufrimientos y las angustias mentales que padece una persona como consecuencia de un acto culposo o negligente.”Id., en la pág. 597. CC-2004-275 16 15 Pagán v. Shiley Caribbean, etc., 122 DPR 193 (1988). No
así en el campo contractual, en el que por muchos años nos
negamos a indemnizar los daños morales por incumplimiento
de contrato, hasta que en Camacho v. Iglesia Católica, 72
DPR 353 (1951),16 reconocimos que también debían ser
indemnizados éstos daños, siempre que fueran previsibles
al momento de constituirse la obligación.17
En Tommy Muñiz v. COPAN, supra, la opinión
mayoritaria no analiza cuáles daños son compensables como
resultado de la culpa in contrahendo, aunque los votos
particulares abordan el tema.18 En RBR Const., S.E. v.
15 Por el contrario, hemos definido “daño”, como “todo aquel menoscabo material o moral que sufre una persona, ya en sus bienes vitales naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio, cansado en contravención a una norma jurídica y por el cual ha de responder otra”. Cintrón Adorno v. Gómez, supra, en la pág. ____. 16 Véanse, contrario sensu, González Mena v. Dannermiller Coffee Co., 48 DPR 608 (1935); Díaz v. Cancel, 61 DPR 888 (1943); Díaz v. Palmer, 62 DPR 111 (1943). 17 Nuestro derecho de compensación del daño responde, como sabemos, al principio de previsibilidad. Así, hemos resuelto que “nadie viene obligado a responder de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que previstos fueran inevitables”. Salvá Matos v. A. Díaz Const. Corp., 95 DPR 902 (1968), en la pág. 906. El deber de previsión está atado, claro está, a la prudencia, pues excluye la obligación de prever “sucesos totalmente insólitos y extraordinarios”, aunque éstos sean previsibles en teoría. Jiménez v. Peregrina Espinet, 112 DPR 700 (1982), en la pág. 706. Los daños resarcibles por incumplimiento contractual también están sujetos al requisito de previsibilidad. Código Civil, artículo 1058, 31 LPRA 3022. En atención a esta norma, hemos admitido la compensación de aquellos daños morales que sean previsibles al momento de constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria de la falta de cumplimiento del contrato. Artículo 1060 del Código Civil, 31 LPRA § 3024; Soc. Gananciales v. Vélez & Asoc., 145 DPR 508 (1998), en la pág. 523; Camacho v. Iglesia Católica, supra, en la pág. 360. Véanse, Pereira v. I.B.E.C., 95 DPR 28 (1967); González v. Centex Const. Co., etc., 103 DPR 82 (1974), en la pág. 88; De Jesús v. Ponce Housing Corp., 104 DPR 885 (1976), en la pág. 889. 18 Así, la opinión disidente del Juez Asociado señor Díaz Cruz coincide con Díez Picazo y Gullón, Sistema de Derecho CC-2004-275 17
A.C., 149 DPR 836, 848 (1999), con relación a la
indemnización del licitador perdidoso en una subasta
ilegalmente anulada o adjudicada, expresamos que los daños
extracontractuales que podría recuperar el licitador, ya
fuera por culpa in contrahendo o por abuso de derecho, son
limitados e incluyen, “por ejemplo, los costos en los que
se incurrió en prepararse para la licitación
arbitrariamente anulada y otros gastos relacionados,
incluyendo los intereses desde que se incurre en éstos.”
No abundamos entonces, porque no era necesario, en las
fuentes doctrinales de esa limitación.
Explica Díez Picazo que “[l]a doctrina es pacífica en
el sentido de que el deber de resarcimiento por culpa in
contrahendo alcanza sólo al llamado ‘interés negativo’”.
Díez Picazo, supra, en la pág. 192. Coinciden los
tratadistas en que éste, a su vez, comprende “los gastos y
desembolsos llevados a cabo en vista de la ejecución del
contrato proyectado”. Ibid. Véase Castán Tobeñas, Derecho
Civil Español, Común y Foral, Madrid, Reus, S.A. 1967,
Civil, Vol. II 3ra ed. (1980), en que “hay que indemnizar a la parte que confiaba honestamente en la conclusión del acuerdo los gastos en que haya incurrido (pago de asesores, desplazamientos, interés del dinero conseguido para cumplir la prestación a la que le obligaría el contrato, etc.)”. Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, supra, en la pág. 537 (Énfasis nuestro). Distingue igualmente entre: “(1) responsabilidad limitada a gastos en caso de fundada expectativa de final formación del contrato; y (2) responsabilidad en daños y perjuicios de quien actúa de mala fe, porque de exigir igual responsabilidad en uno y otro caso se produciría un temor de riesgo en los contratantes que frenaría y hasta enervaría la deseable fluidez y libertad de acción en toda la etapa precontractual”. Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, supra, en la pág. 538. Por su parte, el Juez Asociado señor Dávila condiciona su voto de conformidad a que la culpa in contrahendo se limite al retiro propiamente abusivo de la negociación y a que se delimite su alcance a “los perjuicios englobados en el llamado interés negativo”. Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, supra, en la pág. 540 (Énfasis nuestro). CC-2004-275 18
Tomo 3, pág. 469 (Énfasis nuestro). Así mismo, Alonso
Pérez, citando a Faggella, explica que “quien, confiando
en la honorabilidad ajena, consintió en tratar, y en base
a tal confianza hizo gastos, elaboró proyectos, realizó
viajes, etc., ha sufrido una pérdida patrimonial que la
otra parte está obligado [sic] a reparar”. Mariano Alonso
Pérez, La responsabilidad Precontractual, 47 Rev. Crítica
de Derecho Inmobiliario 859 (julio-diciembre 1971), pág.
891. (Énfasis nuestro).
Más específicamente, Moreno Quesada distingue entre
los “gastos-espontáneos” —aquellos que una persona realiza
para atraer la atención de posibles contratantes, sin
depender ni descansar en representaciones o conducta de la
otra parte (ej. gastos en anuncios) —y los “gastos
provocados” —“aquellos cuya realización encuentran su
razón de ser en el consentimiento del contratante” (ej.
los necesarios para la preparación del proyecto de
contrato: viajes, planos, peritos, etc.). Estos últimos
serán resarcibles; los primeros no. Moreno Quesada, supra,
en las págs. 54-55.19
Ahora bien, resulta difícil justificar la limitación
impuesta por la doctrina a la responsabilidad por culpa in
contrahendo, si la concebimos estrictamente como una
modalidad de culpa extracontractual, sin considerar que,
19 Algunos estudiosos, entre estos Alonso Pérez, añaden las pérdidas ocasionadas “por desaprovechar ocasiones favorables de celebrar un contrato con otras personas.” Alonso Pérez, supra, en la pág. 905. Díez Picazo, supra, en la pág. 192, discrepa de esta interpretación de lo que la doctrina alemana denomina “daños a la confianza”. En esa misma corriente de pensamiento se encuentra Manuel Albaladejo, quien señala que la obtención del beneficio que hubiera producido el contrato no constituye, propiamente, perjuicio compensable. M. Albaladejo, Derecho Civil, 8va ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1989, T. II. Vol. I, pág. 402. CC-2004-275 19
como señala el Profesor Godreau Robles “el valor y el
interés que pretende protegerse es el de la lealtad”.
Michel Godreau Robles, Lealtad y Buena Fe Contratactual,
58 Rev. Jur. UPR 367, 394 (1989). (Énfasis en el
original). En efecto, no podemos obviar que, distinto a
otros supuestos de responsabilidad extracontractual, la
responsabilidad por culpa in contrahendo surge como
consecuencia de una relación social preexistente entre las
partes negociantes, quienes por razón de esa relación, que
anteriormente hemos llamado “de carácter social”, vienen
obligados a actuar de acuerdo a los postulados de la buena
fe.20 Tommy Muñiz v. COPAN, supra, en la pág. 526; Torres
v. Gracia, supra, en la pág. 703.
La dificultad que entraña ubicar la culpa in
contrahendo en una de la figuras jurídicas reconocidas por
nuestro ordenamiento civil no pasó desapercibida cuando
este Tribunal resolvió el caso medular de Prods. Tommy
Muñiz v. COPAN, supra. Consideramos entonces la
posibilidad de que se tratara de una responsabilidad sui
generis, antes de optar por ubicarla en el marco de la
responsabilidad extracontractual. Prods. Tommy Muñiz v.
COPAN, supra, en las págs. 525-529. Sin embargo, nuestra
decisión sobre la naturaleza jurídica de esta figura no
20 Según explica Puig Brutau: “Ha de tenerse en cuenta la diferencia entre daño contractual y extracontractual. En el primero hay una relación jurídica anterior al daño entre el sujeto que lo causa y el que lo sufre, y su objeto sólo se modifica al quedar sustituido el cumplimiento por el resarcimiento (id quod interest) respecto a la prestación que era objeto de la obligación. En el segundo hay incumplimiento de una obligación genérica, que pesa sobre una generalidad de personas, con el que se produce el daño extracontractual. La obligación propiamente específica sólo nace a consecuencia de la producción del daño”. José Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, T. II, Vol. III en la pág. 181 (1984). CC-2004-275 20
nos impidió reconocer que “la amplia gama de supuestos
sobre los cuales puede asentarse la responsabilidad
precontractual hace necesario que en el análisis del
problema se considere qué figura jurídica -culpa, dolo,
fraude, buena fe, abuso del derecho u otros principios
generales del derecho- responde más adecuadamente como
fundamento jurídico para la solución del caso”. Prods.
Tommy Muñiz v. COPAN, supra, en las págs. 529-530; Torres
v. Gracia, supra, en las págs. 704-705.21
No se trata, pues, de la obligación de diligencia
genérica y erga omnes impuesta por el artículo 1802 del
Código Civil. Es una obligación hacia una persona
determinada, que surge en aquel momento en el curso de las
negociaciones en el cual el ejercicio del derecho de una
parte a retirarse, corolario del principio de la autonomía
21 Los autores han reconocido las dificultades que plantea determinar la naturaleza jurídica de esta figura. Véase, por ejemplo, J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1978, T. II, Vol. I, pág. 228: “…[a]l tratar de señalar el fundamento legal de la responsabilidad han surgido dudas. Por un lado, el contrato no llegó a celebrarse y no puede tratarse, por consiguiente, de responsabilidad contractual; por otro lado, el apoyo exclusivo en el principio que impone la responsabilidad extracontractual... parece demasiado vago....” Más adelante explica que la responsabilidad por culpa in contrahendo no se basa “en la violación del deber genérico alterum non laedere, sino en el quebrantamiento de la lealtad y confianza que las partes se deben recíprocamente por el hecho de entrar en negociación.” Puig Brutau, supra, en la pág. 230. Véase también M.A. del Arco Torres y M. Pons González, Diccionario de Derecho Civil, Pamplona, Ed. Aranzadi, 1984, T.1, en la pág. 404, citado en Torres v. Gracia, supra, en la pág. 704, n. 2: “A nuestro entender —y según Adriano De Cupis (op. Cit., p. 168)— a quien sustancialmente seguimos en la exposición del presente epígrafe, se está en presencia de una relación obligacional (precedente a la que será establecida en el contrato) en cuanto [a]l vínculo jurídico referido liga a una parte y a otra por el hecho de haber principado los tratos. La iniciación de los tratos es el hecho del que se deriva la obligación de una parte para la otra, de tener un comportamiento concorde a la buena fe”. (Énfasis nuestro). CC-2004-275 21
de la voluntad, activa la protección de la confianza
depositada por la otra y resulta contrario al principio
inmanente de la buena fe.
La realidad es que al igual que otros supuestos de
responsabilidad que nacen por aplicación de los principios
derivados de la buena fe, la culpa in contrahendo carece
de regulación propia. Por eso, aunque la hemos ubicado,
por analogía, bajo la égida del artículo 1802 del Código
Civil, venimos obligados a continuar colmando, caso a
caso, los vacíos normativos subsistentes, en aquellos
aspectos que no son del todo compatibles con los elementos
típicos de la responsabilidad extracontractual.22 Para
ello, el artículo 7 de nuestro Código Civil, que nos
prohíbe rehusarnos a fallar “a pretexto de silencio,
obscuridad, o insuficiencia de la ley”, nos remite a la
equidad, como fuente para elaborar las normas necesarias.23
22 Surge una laguna cuando la ley no contiene una disposición necesaria o conveniente para la protección de los intereses de la comunidad o de sus miembros. Es en las “lagunas” donde se manifiesta la iniciativa de jueces y tribunales, que perfilan, moldean y adaptan la ley a nuevas situaciones. Felipe Clemente de Diego y Gutiérrez, De las Lagunas de la Ley, págs. 39-40, Madrid, 1945. 23 A partir del reconocimiento expreso de la función seminal de la equidad en nuestro sistema de derecho en Silva v. Comisión Industrial, 91 DPR 891 (1965), pasando luego por la afirmación del valor normativo del contenido ético del ordenamiento jurídico en Velilla v. Pueblo Supermarkets, Inc., supra, hemos reconocido fuentes de obligaciones extrañas a las categorías tradicionales concretamente establecidas en nuestro ordenamiento civil. Así, hemos admitido la fuerza generadora de obligaciones que tienen los actos propios y hemos reiterado la posibilidad vinculante de la declaración unilateral de voluntad,(Int. General Electric v. Concrete Builders, 104 DPR 871 (1976); Ramírez v. Gautier, 87 DPR 497 (1963)), del abuso del derecho, (Soriano Tavárez v. Rivera Anaya, 108 DPR 663 (1979)), del enriquecimiento injusto, (Silva v. Com. Ind., supra; Ortiz Andujar v. ELA, 122 DPR 817 (1988)) y, en lo que aquí nos concierne, de la ruptura culposa de los tratos contractuales preliminares. Todas éstas figuras han permitido al derecho moderno “contrarrestar los efectos formalistas del sistema CC-2004-275 22
Código Civil de Puerto Rico, artículo 7, 31 LPRA § 7. Olmo
v. Young Rubicam, 110 DPR 740 (1981); Asoc. de Condóminos
v. Los Frailes, 2001 TSPR 116 en la pág. 6. Véanse
Corraliza v. Bco. Des. Eco., res. 9 de enero de 2001, 2001
TSPR 2, 153 DPR ___ (2001); Ortiz Andújar v. ELA, 122 DPR
818 (1988). Flores v. Meyers Bros. of P.R., 101 DPR 689
(1973); Robles Ostolaza v. UPR, 96 DPR 583 (1968); Collazo
Cartagena v. Hernández Colón, 103 DPR 870 (1975). Véase
además, Asociación de Farmacias de la Comunidad v.
Departamento de Salud, res. el 23 de mayo de 2002, 156 DPR
___ (2002).
El alcance limitado que la doctrina reconoce a la
indemnización por culpa in contrahendo responde, a nuestro
entender, a dos fundamentos. El primero surge,
precisamente, de la indubitada genealogía de la figura de
la culpa in contrahendo como hija de la equidad, cuyo
propósito es sancionar el quebrantamiento de la confianza.
Por eso, según afirma Ghersi, no es necesario forzarla en
una categoría jurídica predeterminada: “En efecto, frente
al quebrantamiento de la buena fe se impone el deber de
reparar el daño causado por esa sola circunstancia, sin
que deba requerirse la presencia de otro factor de
atribución, ya que la sola violación del precepto
constituye fundamento suficiente para el nacimiento de la
obligación resarcitoria, sin perjuicio de que medien en el
caso otros factores subjetivos (dolo o culpa)”. Carlos
normativo legal, echando mano a los principios generales de la buena fe... intentando la realización del ideal de justicia...”. Carlos Alberto Ghersi, Teoría general de la reparación del daño, 2da ed., Buenos Aires, en la pág. 223. CC-2004-275 23
Alberto Ghersi, Teoría general de la reparación de daños,
2da. ed. Buenos Aires, en la pág. 234 (1999).
Como hija de la equidad, la doctrina de culpa in
contrahendo busca regresar a las partes a la situación en
la que se encontraban antes de comenzar los tratos
fallidos.24 Por eso, según señala Asúa González, la
indemnización del llamado interés negativo “pretende
reponer, en términos económicos, las cosas al estado en
que estarían si el perjudicado nunca hubiera oído hablar
del contrato o no hubiera confiado en su validez; por ello
se le denomina también interés de la confianza”. Asúa
González, supra, en las págs. 67-68, énfasis nuestro.
La indemnización por culpa in contrahendo es, pues,
reparativa, basada en el principio de que quien vulnera la confianza depositada por otro, debe devolver a esa persona
al estado en que estaría si no se hubiesen dado las circunstancias que dan lugar a la reparación. Asúa
González, supra, en la página 69. Se cuida mucho la doctrina de permitir que a través de la indemnización la
parte agraviada obtenga las ventajas económicas que hubiera representado llevar a feliz término el proceso de
negociación (interés positivo). En vez, el objetivo es “colocar al perjudicado como si no hubiese emprendido los 25 contactos negociales”. Id., en la página 288.
24 Por definición, la equidad busca la justicia del caso individual. Es el fiel de la balanza, la moderadora sin par de la ley. Véase, Aristóteles, Ética a Nicomaco, Libro 5, Cap. 10, citado en James B. White, The Legal Imagination, (1973) en la pág. 647. 25 En este sentido, la culpa in contrahendo guarda analogía, por su origen y finalidad, con otra figura nacida también de la equidad, la del enriquecimiento injusto. Ésta también procura deshacer una situación y restablecer un patrimonio al estado en que se encontraba antes de ser desplazado a otro sin causa, es decir, sin CC-2004-275 24
El segundo fundamento para limitar la indemnización
por culpa in contrahendo responde a la fuerte política
jurídica a favor del tráfico jurídico y la libertad de
contratación. Los tratadistas basan su conclusión sobre el
alcance limitado de la responsabilidad por culpa in
contrahendo en la necesidad de no coartar la libertad de
contratar que fundamenta nuestro derecho contractual. Ello
dirigido, claro está, a proteger la estabilidad que
requiere el desarrollo económico y el tráfico comercial. 26
Resulta igualmente necesario y tiene igual propósito
delimitar claramente los lindes entre la responsabilidad
que puede surgir de la ruptura de tratos preliminares y la
que corresponde a la oferta y su consideración. Todo ello
apunta a la necesidad de sujetar el alcance de la
responsabilidad por culpa in contrahendo a consideraciones
de política pública que no están presentes usualmente en
la determinación de responsabilidad extracontractual. Por
eso explicamos en Torres v. Gracia, supra, en la página
explicación válida en derecho. Para ello se vale del mecanismo de la al argumento analógico, Encarna Roca Trías, restitución. Ortiz Andujar v. ELA, supra. Véase, en cuanto en Albaladejo y Díaz Alabart, Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, T. I Vol. 1, en la pág. 598, Ed. Rev. Der. Priv., Madrid, 1992. La validez de la solución que propone el método analógico la brinda el convencimiento de que la semejanza entre los supuestos regulados por la norma existente y los supuestos que carecen de norma concreta justifica la aplicación a éstos de la regla dispuesta para los primeros. A ello se refiere el Código Civil español cuando requiere que entre uno y otros “se aprecie identidad de razón.” Código Civil, artículo 4, inciso 1, Editorial Tecnos S.A., Madrid, 1985. Encontramos “identidad de razón” entre los supuestos comprendidos en la acción por culpa in contrahendo y en la acción por enriquecimiento injusto, por la similitud del fundamento a la que responde la delimitación de responsabilidad en ambos casos. 26 Véase, por ej. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, T. II, Vol. I, Barcelona (1978), en la pág. 5: “El derecho de contratos ha representado tradicionalmente el área de más plena realización de la voluntad del individuo”. CC-2004-275 25
710, que la doctrina de culpa in contrahendo “de por sí
debe ser aplicada restrictivamente”.
A la luz de lo anterior, resolvemos que el deber de
indemnizar por el rompimiento culposo de los tratos
preliminares alcanza, de ordinario, tan solo al llamado
“interés negativo”, es decir, a la reparación de los
gastos sufridos y pérdidas patrimoniales derivadas del
proceder arbitrario de la parte que incurre en culpa.
V.
Arguye, por último, la señora Alvarado, que la señora
Colón no presentó prueba fehaciente de los gastos
alegadamente incurridos para la consecución del negocio,
por lo cual erró el foro apelativo al confirmar la partida
de $8,400.00 por ese concepto. Recordemos que en su
testimonio, la señora Alvarado reconoció que la señora
Colón había incurrido en ciertos gastos con el objetivo de
que se materializara el acuerdo y que se ofreció a
reembolsarle por dichos gastos. No obstante, al conocer la
cantidad que la señora Colón alegaba haber gastado la
encontró excesiva y se negó a pagarla.
La prueba documental y testifical recibida por el
foro de instancia en cuanto a los gastos incurridos por la
señora Colón le mereció a éste entera credibilidad. En
numerosas ocasiones hemos sostenido que un tribunal
revisor no debe sustituir su criterio por el del foro de
instancia, salvo cuando estén presentes “circunstancias
extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio,
parcialidad o error manifiesto.” Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203 (1994), en la pág. 208. CC-2004-275 26
Examinado en su totalidad los autos del caso, resolvemos
que el foro de instancia no actuó movido por pasión,
prejuicio, parcialidad o error manifiesto, por lo que no
intervendremos con su apreciación. De igual modo, no
intervendremos con la imposición que hizo el foro de
instancia sobre costas y honorarios de abogados concedidos
a favor de la demandante.
Por los fundamentos expresados, modificamos
parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal de
Apelaciones, a los efectos de eliminar la partida
concedida por daños emocionales y así modificada, se
confirma dicha sentencia.
Se dictará sentencia de conformidad.
Liana Fiol Matta Jueza Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
v. CERTIORARI Glamorous Nails & Boutique, CC-2004-275 Inc., Marta Larissa Alvarado de Silverio, et. als.
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente Sentencia, modificamos parcialmente la
sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones a
los fines de eliminar la partida concedida por daños
emocionales y así modificada, se confirma dicha
sentencia.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada
señora Rodríguez Rodríguez concurre con el resultado, sin opinión escrita. El Juez Asociado
señor Fuster Berlingeri disiente sin opinión escrita y el Juez Asociado señor Rivera Pérez no intervino.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo