EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Francisco Y. Díaz Rodríguez Certiorari Recurrido 2022 TSPR 12 v. 208 DPR ____ Glorivette García Neris
Peticionaria
Número del Caso: CC-2020-35
Fecha: 26 de enero de 2022
Tribunal de Apelaciones:
Panel VI
Abogado de la parte peticionaria:
Lcdo. Juan C. Martín Meléndez
Abogado de la parte recurrida:
Lcdo. Jesús Roberto Ramos-Puca
Materia: Derecho de Familia – Corrección de los foros inferiores al utilizar las Guías Mandatorias para Computar las Pensiones Alimentarias en Puerto Rico, para determinar la proporción en que debe dividirse y adjudicarse el producto de la venta del inmueble.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Francisco Y. Díaz Rodríguez
Recurrido CC-2020-0035 v.
Glorivette García Neris
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora Pabón Charneco.
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 2022.
Hoy nos enfrentamos a una disputa sobre la liquidación
del único bien de la comunidad postganancial formada por
las partes: la vivienda familiar. Aunque la división de los
demás bienes y deudas gananciales fue atendida mediante las
estipulaciones correspondientes en el procedimiento de
divorcio por consentimiento mutuo, los excónyuges pactaron
prolongar la indivisión de este inmueble para que la
excónyuge custodia y sus hijas continuaran residiendo en
ella hasta que las menores advinieran a la mayoridad.
En vista de que pesaba un gravamen hipotecario sobre
el inmueble, las partes estipularon que la totalidad de la
pensión alimentaria sería dirigida al pago de la hipoteca y
que el excónyuge no custodio haría el pago directamente a
la entidad bancaria. Por otro lado, la excónyuge custodia
costearía el resto de las necesidades de las menores. Años CC-2020-0035 2
más tarde, y llegado el momento de liquidar la comunidad,
las partes discrepan sobre su contribución directa o
indirecta a la propiedad. Por lo tanto, luego de examinar
la relación entre el derecho de alimentos, la comunidad
postganancial y las estipulaciones, por primera vez nos
expresamos sobre la corrección de los foros inferiores al
utilizar las Guías Mandatorias para Computar las Pensiones
Alimentarias en Puerto Rico, infra, para determinar la
proporción en que debe dividirse y adjudicarse el producto
de la venta del inmueble.
I
El Sr. Francisco Y. Díaz Rodríguez (recurrido) y la
Sra. Glorivette García Neris (peticionaria) adquirieron
durante su matrimonio varios bienes gananciales, entre
ellos, una vivienda familiar en el Municipio de Patillas.
Así las cosas, el 26 de junio de 2002 constituyeron una
hipoteca sobre la propiedad por $64,000.00 con un pago
mensual de $553.00.1 Meses más tarde, el matrimonio se
disolvió por la causal de consentimiento mutuo.
En la Sentencia de divorcio las partes incorporaron
una serie de estipulaciones con relación a la pensión
alimentaria a favor de sus dos hijas menores de edad, así
como sobre los bienes y las deudas gananciales. Cabe
señalar, que solo la vivienda quedó sin liquidar con un
balance del principal de $59,608.00.
1 El valor de tasación de la propiedad era de $64,000.00 al momento de constituir la hipoteca. Apéndice del Alegato del Recurrido, pág. 25. CC-2020-0035 3
Específicamente, las partes estipularon:
“PENSIÓN ALIMENTICIA
A. El padre alimentante proveerá una pensión alimentaria regular por la cantidad de $453.00 mensuales. La misma continuará siendo provista mediante el pago de la hipoteca de naturaleza ganancial y por la cantidad de $553.00 mensuales que grava la vivienda en que reside la parte alimentista y los menores.
BIENES GANANCIALES A. La esposa peticionaria se quedará viviendo en la Casa residencial, ubicada en… Patillas, Puerto Rico.
B. Al advenir a la mayoridad la menor de las hijas las partes venderán el inmueble y distribuirán la ganancia obtenida, si alguna entre sí, pudiendo entonces las partes reclamar lo que le corresponda, luego de descontadas las aportaciones a pensión alimenticia”.
No hay controversia que desde el 2003 la pensión
acordada y pagada por el recurrido fue de $453.00 mensuales
y que también aportó $100.00 mensuales adicionales para el
pago de la hipoteca para un total de $553.00. Por otro
lado, la peticionaria asumió el resto de las necesidades de
las menores desde esa fecha.
Posteriormente, el recurrido presentó una Demanda
para la división de bienes gananciales que fue declarada
Con Lugar. Años más tarde, el recurrido solicitó su
ejecución. Sin embargo, la ejecución de la Sentencia fue
paralizada por el tribunal tras reconocer el derecho a
hogar seguro sobre la vivienda en la que todavía residía
una hija menor de edad. En el interín, la deuda
hipotecaria se saldó el 1 de julio de 2016. CC-2020-0035 4
El 22 de febrero de 2019, el recurrido presentó una
Solicitud de autorización para ejecución de sentencia, pago
de renta a favor del demandante y orden para que se
consigne en el Tribunal. En esta informó que su hija advino
a la mayoría de edad y que había sido relevado del pago de
la pensión alimentaria a su favor. Por lo tanto, solicitó
que se le adjudicara su participación en el inmueble.
Durante el procedimiento de ejecución de Sentencia la
propiedad fue tasada por $70,000.00. El recurrido sostuvo
que “a la [peticionaria] le corresponde $26,750.00 y al
[recurrido] le corresponde la cantidad de $43,250.00.”2 En
esencia, solicitó que se descontara el exceso del pago a su
favor y se distribuyera el restante en partes iguales.
Indicó que ambas partes cumplieron con su obligación
alimentaria (el recurrido mediante el pago de la pensión
alimentaria y la peticionaria al asumir el resto de las
necesidades de las menores) por lo que no existía crédito
para ninguna de las partes con relación al pago hipotecario
de $453.00 mensuales.
Por otro lado, la peticionaria sostuvo que el
recurrido contaba con una participación total de $20,117.93
en el valor de la residencia. En esta suma incluyó
$16,200.00 por la aportación de $100.00 mensuales,
$2,196.00 del principal pagado durante la vigencia de la
sociedad legal de gananciales y $1,722.00 al aplicar una
2 Resolución de 2 de octubre de 2019, pág. 5. Por otro lado, el recurrido posteriormente sostuvo en su Alegato ante este Tribunal que “a la peticionaria le corresponden $24,941.03 y al recurrido le corresponde la cantidad de $45,058.96”. Alegato, pág. 18. CC-2020-0035 5
participación de 28.7% de incremento en valor de la
propiedad.3 Sostuvo que el pago hipotecario de $453.00
mensuales debía ser reconocido como uno realizado por la
peticionaria, pues el pago mensual del recurrido solo se
debía adjudicar a la pensión alimentaria. Añadió que como
persona custodia, y en su facultad de administradora,
escogió que la totalidad de la pensión fuera dirigida al
pago de la residencia.
Finalmente, el Tribunal de Primera Instancia le
adjudicó al recurrido una participación de $30,869.00 y a
la peticionaria de $39,131.00. Para este resultado
consideró el crédito de $100.00 mensuales para un total de
$16,200.00 reconocido por las partes a favor del recurrido.
En cuanto al pago restante de la hipoteca por la suma de
$453.00 dividió está cantidad entre los tres Ocupantes de
la vivienda utilizando el Art. 20(1)(d) de las Guías
Mandatorias para Computar las Pensiones Alimentarias en
Puerto Rico, Reglamento Núm. 8529 del 30 de octubre de
2014, según enmendado(Guías).4 De esta forma concluyó que
3 Ante el Tribunal de Primera Instancia la peticionaria específicamente indicó que: “[s]i computamos cual es el porciento que tendría el demandante en la residencia o sea $16,200.00 aportados más los $2,195.93 de equity es igual a $18,395.93 dividido entre $64,000.00 (costo original de la residencia). Sería un 28.7% que tiene el demandante en la residencia. Al aplicar dicho 28.7% por el incremento en valor según la tasación de $6,000.00 ($70,000.00 menos $64,000.00) $6,000.00 por 28.7% daría un resultado de $1,722.00. Por tanto si sumamos los $18,395.93 más los $1,722.00 de incremento en valor daría un total de $20,117.93 que realmente es lo que el demanda[nte] tendría en la residencia objeto de este pleito y es lo que estaríamos dispuestos a ofrecer”. Moción en Cumplimiento de Orden de 10 de julio de 2019, pág. 2. A nivel apelativo, la peticionaria modificó sus cómputos e indicó que el recurrido tenía derecho a una participación total de $14,037.00. 4 En lo pertinente, el Artículo 20(1)(d) de las Guías Mandatorias para
Computar las Pensiones Alimentarias en Puerto Rico, Reglamento Núm. 8529 de 30 de octubre de 2014, según enmendado (Guías), expresa que: CC-2020-0035 6
$151.00 mensuales (para un total de $24,462.00)
correspondían ser bonificados a la mensualidad que aportaba
la peticionaria en cuanto a sí misma, ya que la aportación
en cuanto a sus dos hijas correspondía a ambas partes.
Luego de los respectivos créditos, el tribunal dividió en
partes iguales los restantes $29,338.00, otorgándole a cada
uno una participación de $14,669.00.
Participación adjudicada a la peticionaria
Crédito reconocido por una tercera parte de la ocupación $24,462.00 de la vivienda conforme a las Guías 50% de las dos terceras partes de la ocupación de la vivienda $14,669.00 al utilizar las Guías Participación total adjudicada a la peticionaria $39,131.00
Participación adjudicada al recurrido
Crédito de $100.00 mensuales por 13.5 años. $16,200.00 ($100.00 x 12 x 13.5) 50% de las dos terceras partes de la ocupación de la vivienda $14,669.00 al utilizar las Guías Participación total adjudicada al recurrido $30,869.00
“Vivienda: Se toma en consideración la cantidad mensual que, en efecto, la persona custodia paga o tiene que pagar por concepto de renta o hipoteca de la vivienda en la cual residen los alimentistas, o cualquier cantidad que la persona custodia aporta o tiene que aportar por la vivienda en la que residen estos o estas. La cantidad mensual se divide por el número de personas que residen en la vivienda para obtener una cantidad per cápita que se multiplica por el número de alimentistas para los o las cuales se está computando la pensión alimentaria. El resultado es la cuantía por la cual la persona custodia y la no custodia deberán responder proporcionalmente. El concepto de vivienda incluye las cuotas de mantenimiento, pero, excluye los gastos relacionados con los servicios públicos o utilidades, el mantenimiento rutinario de la residencia para el uso y disfrute, mejoras, reparaciones, compra de mobiliario, derramas o cualquier otro gasto que no sea recurrente ni periódico”. CC-2020-0035 7
Inconforme, la peticionaria recurrió ante el Tribunal
de Apelaciones y señaló como error que la aplicación de las
Guías tuvo el efecto de otorgarle al recurrido una
participación indebida de $14,669.00. En vista de que el
Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto, la
peticionaria acudió ante nos y señaló que:
Erró el Honorable Tribunal al aplicar las Guías para Determinar las Pensiones en el proceso de liquidación de bienes gananciales, lo que resultó en un crédito para el alimentante contra las pensiones pagadas a sus niñas, las cuales fueron aplicadas al pago de la deuda hipotecaria ganancial, lo que constituye una exoneración parcial de la pensión fijada.
La peticionaria sostiene que el recurrido estipuló pagar el
importe de $453.00 por concepto de pensión alimentaria a
través del pago directo de la deuda hipotecaria, y que
además estipuló reclamar lo que le correspondía “luego de
descontadas las aportaciones a pensión alimentaria”. Por
lo tanto, indica que el crédito al que tiene derecho se
limita a los $100.00 aportados mensualmente, al equity y al
incremento de valor de la propiedad. A contrario sensu,
sostiene que conceder una participación sobre el pago de
$453.00 conllevaría la adjudicación de un crédito contra
las pensiones alimentarias pagadas a sus dos (2) hijas
menores y que eran para cubrir sus necesidades
indispensables. En vista de que al hacer el pago de la
pensión ese importe dejó de pertenecerle al alimentante,
indica que debe considerarse que la madre custodia aportó CC-2020-0035 8
$453.00 mensuales al pago hipotecario y no $151.00 como
determinó el foro primario al aplicar las Guías.
Por su parte, el recurrido sostuvo que a la
peticionaria tampoco se le puede adjudicar los $453.00 de
pensión como crédito a su favor en cuanto a la liquidación
del bien ganancial. Indicó que no se debe fijar la
proporción del pago de hipoteca en términos de la pensión
alimentaria, sino que para derribar la presunción de igual
participación en la comunidad de bienes, le corresponde a
la parte que reclama un crédito probarlo. Así, expresa que
la peticionaria “no probó crédito alguno a su favor y como
cuestión de realidad no pagó un centavo de la hipoteca”.5
Atendido el recurso, el 6 de marzo de 2020 expedimos
el auto solicitado. Contando con el beneficio de la
comparecencia de ambas partes, nos encontramos en posición
de resolver.
II
La sociedad legal de gananciales es el régimen
matrimonial que reconoce la titularidad conjunta y sin
especial atribución de cuotas de todos los bienes del
matrimonio, así como sobre las deudas y obligaciones que
fueron asumidas por cualquiera de los cónyuges durante el
mismo. 31 LPRA ant. secs. 3647 y 3661. Roselló Puig v.
Rodríguez Cruz, 183 DPR 81, 93 (2011). Sin embargo, la
disolución del matrimonio por divorcio conlleva la ruptura
completa del vínculo matrimonial y la separación de estos
5 Alegato, pág. 14. CC-2020-0035 9
bienes. 31 LPRA ant. sec. 381. Véase además, Cruz Roche v.
Colón y otros, 182 DPR 313, 322 (2011); Montalván v.
Rodríguez, 161 DPR 411 (2004). Es entonces que surge entre
los excónyuges una comunidad ordinaria compuesta por todos
los bienes que eran gananciales y en la que ambos
participan por partes iguales mediante cuotas
independientes, alienables y homogéneas.6 Betancourt
González v. Pastrana Santiago, 200 DPR 169 (2018); BL
Investment Inc. v. Registrador, 181 DPR 5, 15 (2011),
Montalvan v. Rodríguez, supra.
La comunidad de bienes postganancial está gobernada, a
falta de contrato o disposiciones especiales, por las
normas establecidas en los Arts. 326 al 340 del Código
Civil, 31 LPRA ant. secs. 1271-1285.7 Montalván v.
Rodríguez, supra, págs. 421-422; Metropolitan Marble Corp.
v. Pichardo, 145 DPR 607 (1998); Calvo Mangas v. Aragonés
Jiménez, 115 DPR 219 (1984). Esta comunidad existe
indefinidamente hasta que se liquide la cosa común a
solicitud de cualquiera de las partes. Sin embargo, cuando
no es liquidada simultáneamente en el divorcio, adviene un
periodo en que se mezclan y confunden provisionalmente los
bienes de los excónyuges, ya sea porque se producen frutos,
se saldan deudas, se obtienen ganancias o se sufren
6 Específicamente el Art. 1295 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA ant. sec. 3621, indicaba que los cónyuges “harán suyos por mitad, al disolverse el matrimonio, las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de los cónyuges durante el mismo matrimonio”. 7 El Código Civil de Puerto Rico de 2020 recoge la doctrina y la
jurisprudencia sobre la comunidad postganancial en los Arts. 537 al 554, así como las disposiciones relacionadas a la comunidad de bienes en los Arts. 835 et seq. CC-2020-0035 10
pérdidas y gastos. Montalván v. Rodríguez, supra. Así, la
presunta igualdad de cuotas está sujeta a ser rebatida por
prueba pertinente. Art. 327 del Código Civil, 31 LPRA ant.
sec. 1272. En estos casos, se debe “examinar si el aumento
o disminución del valor del patrimonio al momento de la
liquidación responde al mero pasar del tiempo o a la
gestión exclusiva de uno de los cónyuges, puesto que, de
rebatirse la presunción de equivalencia de cuotas, el
aumento en valor del bien o en la producción de frutos se
dividirá conforme al trabajo y gestión de cada excónyuge.
BL Investments Inc. v. Registrador, 181 DPR 5, 13 esc. 6
(2011); Betancourt González v. Pastrana Santiago, supra;
Montalván v. Rodríguez, supra, pág. 427.
Discutida la normativa aplicable a la comunidad
postganancial, examinemos el derecho de los menores a
recibir alimentos.
III
En nuestra jurisdicción, los menores tienen un derecho
fundamental a recibir alimentos que emana de la cláusula
constitucional del derecho a la vida consagrado en la Carta
de Derechos de la Constitución de Puerto Rico. De León
Ramos v. Navarro Acevedo, 195 DPR 157 (2016). Por ello,
estos casos están revestidos del más alto interés público,
siendo el interés principal el bienestar del menor.
Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, 187 DPR 550, 559
(2012), Toro Sotomayor v. Colón Cruz, 176 DPR 528 (2009);
Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 70 (2001). Figueroa CC-2020-0035 11
Robledo v. Rivera Rosa, 149 DPR 565 (1999). Así, el derecho
a alimentos incluye todo lo indispensable para el sustento
del menor, habitación, vestido, asistencia médica y
educación, según la posición social de la familia. Art.
142 del Código Civil, 31 LPRA ant. sec. 561.
La obligación de alimentar al menor es inherente a la
maternidad y la paternidad por lo que recae sobre los
obligados desde el momento en que la relación filial queda
establecida legalmente, independientemente de las fuentes
de las cuales emana la obligación de alimentar.8 31 LPRA
ant. sec. 601. Véase, Santiago, Maisonet v. Maisonet
Correa, supra, págs. 560-561. Esta obligación es personal
de cada uno de los excónyuges por lo que debe ser
satisfecha del propio peculio y de forma proporcional a sus
recursos y a la necesidad del menor una vez decretado el
divorcio. Pesquera Fuentes v. Colón Molina, 202 DPR 93, 108
(2019); Figueroa Robledo v. Rivera Rosa, supra. En cuanto a
la contribución proporcional entre los obligados, también
se considera la labor que la persona custodia realiza en el
hogar como parte del descargo de su propia obligación de
alimentar, inter alia, cuando administra la pensión que el
alimentante aporta. Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa,
supra, pág. 562; Mundo v. Cervoni, 115 DPR 422 (1984).
8 Véase, Arts. 143 y 153 del Código Civil, 31 LPRA ant. secs. 562(2) y 601; Art. 3 de la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, conocida como Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores, 8 LPRA sec. 502, et seq. Véase además, Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, 187 DPR 550, 560-561 (2012). CC-2020-0035 12
Sin embargo, en aras de lograr que los obligados
contribuyan a la manutención de los menores dependientes,
se aprobó la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según
enmendada, conocida como Ley Orgánica de la Administración
para el Sustento de Menores, 8 LPRA sec. 502 et seq. 9
También se adoptaron las Guías Mandatorias para Computar
las Pensiones Alimentarias en Puerto Rico, supra, para
fomentar la uniformidad del principio de proporcionalidad.
Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, supra, págs. 562-
563. Los mecanismos que esta normativa establece tienen una
naturaleza inherentemente forzosa, pues van dirigidos
principalmente a quienes no responden con sus obligaciones
alimentarias o para lograr adjudicar pensiones cuando
existe una disputa sobre la cantidad que los obligados
deben aportar. De León Ramos v. Navarro Acevedo, supra,
pág. 176.
Así, a través de un descubrimiento de prueba amplio y
compulsorio sobre la situación económica de las partes, las
Guías permiten establecer de manera uniforme y equitativa
la aportación monetaria de cada parte mediante criterios
numéricos y descriptivos que toman en consideración los
ingresos de los obligados y las necesidades de los menores.
De León Ramos v. Navarro Acevedo, supra, pág. 170,
Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, supra, pág. 564.
9 Para una exposición detallada del principio de proporcionalidad en las pensiones alimentarias y las Guías Mandatorias para Computar las Pensiones Alimentarias en Puerto Rico, Reglamento Núm. 8529 del 30 de octubre de 2014, según enmendado (Guías), véase, Pesquera Fuentes v. Colón Molina, 202 DPR 93, 108 (2019); De León Ramos v. Navarro Acevedo, 195 DPR 157 (2016), Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, supra, págs. 562-564. CC-2020-0035 13
Empero, hay casos particulares en los que hemos
reconocido la inaplicabilidad de las Guías para el cómputo
de las pensiones alimentarias. Específicamente, el
alimentante no tiene que descubrir prueba de su situación
económica cuando acepta su capacidad para pagar la
totalidad de la pensión alimentaria que supla las
necesidades del menor. Sin ese descubrimiento, las Guías
son innecesarias e inaplicables. Por lo tanto, en esos
casos solo resta determinar la suma justa y razonable a ser
impuesta como pensión. Por ello, la “pensión alimentaria se
fijará de acuerdo con los preceptos del Código Civil
contenidos en los Arts. 153, 146 y 142, supra, y tomando en
consideración la condición económica y el estilo de vida
del alimentante, en unión a las necesidades de los
alimentistas, incluyendo en estas el estilo de vida al cual
estaban acostumbrados”. Santiago, Maisonet v. Maisonet
Correa, supra, pág. 566, citando a Chévere Mouriño v. Levis
Goldstein, 152 DPR 492 (2000).
Hacemos hincapié en que aunque los derechos de la
patria potestad facultan a la persona custodia para
reclamar el pago de las pensiones a nombre de sus hijos, el
menor es el acreedor de la pensión alimentaria que
finalmente se otorgue o acuerde. Toro Sotomayor v. Colón
Cruz, supra; Figueroa Robledo v. Rivera Rosa, supra.
Aclarado lo anterior, examinemos los efectos de las
estipulaciones alcanzadas en los divorcios por
consentimiento mutuo tanto en las divisiones de bienes CC-2020-0035 14
gananciales como en la determinación de las pensiones
alimentarias.
IV
Los divorcios por la causal de consentimiento mutuo
deben tramitarse mediante una petición conjunta acompañada
por las estipulaciones correspondientes a la división de
los bienes, el sustento de las partes y otras consecuencias
del divorcio, tales como los alimentos de los hijos
menores. Igaravidez v. Ricci, 147 DPR 1 (1998); Negrón
Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 DPR 61, 72 (1987); Figueroa
Ferrer v. ELA, 107 DPR 250, 277 (1978). Así, la
estipulación finalmente suscrita por las partes y aceptada
por el tribunal constituye un contrato de transacción
judicial que los obliga, pues pone fin a una acción e
incorpora unos acuerdos al proceso judicial en curso.
Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 DPR 193, 204 (2006);
Igaravidez v. Ricci, supra, pág. 7; Magee v. Alberro, 126
DPR 228, 232 (1990); Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte,
supra, pág. 74. El propósito de estipular lo relativo a la
división de bienes es que “una vez decretado el divorcio,
las partes no tengan que enfrentarse de nuevo a dilucidar
aspectos de la liquidación del régimen económico que puedan
traer hostilidades y desavenencias entre” las partes.
Igaravidez v. Ricci, supra, pág. 7 esc. 2.
Como regla general, el Tribunal aceptará los convenios
y las estipulaciones a las que lleguen las partes para
finalizar el pleito y, el acuerdo tendrá el efecto de cosa CC-2020-0035 15
juzgada entre las partes. Igaravidez v. Ricci, supra; Magee
v. Alberro, supra. Sin embargo, “la autonomía de la
voluntad de los contratantes no es irrestricta, pues ‘[l]os
contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y
condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean
contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público’”
Vivoni Farage v. Ortiz Carro, 179 DPR 990, 1002 (2010),
citando el Art. 1207 del Código Civil de Puerto Rico, 31
LPRA ant. sec. 3372. En vista de ello, el tribunal no está
obligado a aprobar la estipulación que se le someta en un
divorcio por consentimiento mutuo, pues debe cerciorarse de
que no es producto de la irreflexión o de la coacción.
McConnell v. Palau, 161 DPR 734 (2004); Negrón Rivera y
Bonilla, Ex parte, supra, pág. 72; Figueroa Ferrer v. ELA,
supra, pág. 276.
Ya aceptado el acuerdo, el juzgador puede interpretar
su extensión y aplicación al pleito judicial. Rivera
Rodríguez v. Rivera Reyes, supra, pág. 205, Igaravidez v.
Rici, supra. Para ello, son de aplicación las reglas
generales sobre la interpretación de contratos, en lo que
no sean incompatibles con las normas que regulan los
contratos de transacción. Negrón Rivera y Bonilla, Ex
parte, supra, pág. 74. Así, el Art. 1233 del Código Civil,
31 LPRA ant. sec. 3471, establece que si los términos de un
contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de
los contratantes, se estará al sentido literal de sus
cláusulas. CC-2020-0035 16
Sin embargo, el examen de las estipulaciones por el
tribunal cobra mayor relevancia cuando se relaciona con la
pensión de un menor. En ese caso el Tribunal debe
asegurarse que el convenio no es dañino para el menor
porque satisface adecuadamente sus necesidades, así como
que el alimentante tiene medios económicos suficientes para
cumplir.10 Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, supra, pág.
76. Véase además, Guías para uniformar el procedimiento de
divorcio por consentimiento mutuo, Conferencia Judicial de
Puerto Rico, mayo 1988, pág. 32. Es más, a diferencia de
otras estipulaciones a las que lleguen las partes, los
acuerdos de alimentos no constituyen cosa juzgada y están
sujetos a revisión. Pesquera Fuentes v. Colón Molina,
supra; McConnell v. Palau, supra. Por ello, la pensión
alimentaria (acordada por las partes y aceptada por el
tribunal mediante estipulación) puede ser alterada cuando
existe un cambio sustancial en las circunstancias que
originaron el convenio. Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte,
supra.
V
Durante el procedimiento de divorcio las partes
liquidaron todos sus bienes con excepción de la vivienda
familiar. Esto, pues las partes acordaron permanecer en
comunidad con respecto al inmueble hasta que sus hijas
10El Tribunal de Primera Instancia cuenta con varias herramientas para cumplir con esta encomienda. Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, supra, págs. 76-77. CC-2020-0035 17
advinieran a la mayoría de edad. Asimismo, posteriormente
el foro de instancia reconoció el derecho a hogar seguro
sobre este.
La vivienda había sido hipotecada por la cantidad
$64,000.00 previo al divorcio. Sin embargo, al disolverse
el matrimonio quedaba pendiente un balance de $59,608.00
con un pago mensual de $553.00. Conforme a lo estipulado
por las partes, el pago de $453.00 por concepto de la
pensión alimentaria (correspondiente a la exclusiva
obligación del recurrido) se dirigiría al préstamo
hipotecario. Además, el recurrido proveería $100.00
adicionales para completar el mismo. Trece años y medio
después de decretado el divorcio, la propiedad fue saldada
y su valor conforme a una tasación reciente es de
$70,000.00. Por lo tanto, el inmueble tuvo un aumento de
valor de $6,000.00.
Llegado el momento de liquidar la comunidad, las
partes discrepan sobre su contribución en cuanto al importe
de $453.00 del pago mensual de la hipoteca. En particular,
la peticionaria sostiene que el foro primario incidió al
aplicar las Guías con el efecto de otorgarle al recurrido
un crédito de $14,669.00 contra las pensiones pagadas a sus
hijas menores y contrario a las estipulaciones de la
sentencia de divorcio. Por otro lado, el recurrido sostiene
que no solicita un crédito por pago en exceso a la pensión
alimentaria, sino que se aplique la presunción de igual
participación en la comunidad de bienes. Por consiguiente, CC-2020-0035 18
concluye que a la peticionaria le correspondería probar el
crédito que reclama.
No hay controversia entre las partes de que durante la
vigencia del matrimonio ambos participaron en igual
proporción sobre el bien y sus deudas. Por lo tanto, la
aportación al principal de la sociedad legal de gananciales
previo al divorcio corresponde a ambos comuneros en partes
iguales.11 Sin embargo, debemos examinar la contribución
de los comuneros tras el divorcio al balance pendiente de
$59,608.00 y su participación en el aumento de valor
conforme a los acuerdos logrados por motivo del divorcio.
Tal como expresáramos anteriormente, la comunidad
formada por las partes sobre el inmueble se rige en primer
lugar por el contrato o las disposiciones especiales
aplicables. A falta de estas, se gobierna por las normas
establecidas para la comunidad de bienes en el Código
Civil. Es decir, aunque las cuotas de la comunidad se
presumen equivalentes mientras no se pruebe lo contrario,
existe un acuerdo entre las partes sobre la liquidación de
todos los bienes gananciales, incluyendo el inmueble en
cuestión. Este acuerdo fue aprobado por un tribunal, y por
consiguiente, constituye cosa juzgada en cuanto a los
bienes. Es al acuerdo al que debemos acudir previo a las
11La propiedad estaba grabada por una hipoteca de $64,000.00 al que se le resta un balance pendiente de $59,608.00 a la fecha del divorcio, por lo que la sociedad legal de gananciales había aportado $4,391.87 al principal según la tabla de amortización examinada por el Tribunal de Primera Instancia. CC-2020-0035 19
disposiciones del Código Civil aplicables a la comunidad de
bienes.
El acuerdo atendió varios efectos del divorcio, pero
de particular importancia para el caso de autos son las
estipulaciones sobre la pensión alimentaria de las menores
y la vivienda familiar. En cuanto a la obligación
alimentaria, las partes estipularon que el recurrido estaba
obligado a pagar $453.00 en concepto de pensión alimentaria
de sus dos hijas. A pesar de que los acuerdos sobre
alimentos no constituyen cosa juzgada, del expediente no
surge ninguna modificación de esta cuantía durante los años
siguientes. Por otro lado, las partes reconocieron que la
madre cubrió el resto de los gastos de las menores mediante
una aportación económica no cuantificada y con su trabajo
al atender las necesidades de sus hijas en el hogar.
Tal como hemos expresado en múltiples ocasiones, el
derecho a alimentos corresponde al menor y lo hace acreedor
de aquellos alimentos que satisfagan lo indispensable para
su sustento según los medios y la posición social de los
obligados. Una vez decretado el divorcio, esta obligación
se materializa en una pensión alimentaria provista por la
persona no custodia y en la contribución económica,
personal y administrativa de la persona custodia. Aunque
nuestro ordenamiento jurídico aspira a que la distribución
de esta obligación entre ambos sea equitativa, no podemos
perder de vista que la imposición de la obligación de
proveer alimentos obedece a distintos factores. Así, la CC-2020-0035 20
contribución puede ser determinada por las partes, siempre
y cuando no afecte el derecho del menor, o mediante los
mecanismos que establece la ley.
En el caso de autos, no cabe duda de que los $453.00
que proveía el recurrido mediante la pensión alimentaria
pertenecían a sus hijas menores de edad y que contribuían
en cierta proporción a las distintas necesidades de estas.
Sin embargo, los tribunales no debemos confundir el
propósito de la pensión alimentaria ni a quien pertenece.
Tampoco debemos extrapolar que la contribución de los
obligados a cada necesidad de los menores es por la misma
cantidad de dinero, sino que es en proporción a sus medios.
El que el recurrido pagara la pensión alimentaria
directamente a la entidad bancaria, no cambia esta premisa.
Figueroa Robledo v. Rivera Rosa, supra, págs. 575-576.
Por otro lado, el acuerdo establecido en cuanto a los
bienes gananciales fue aceptado por el tribunal y tiene
efecto de cosa juzgada. En este las partes especificaron
que “al advenir a la mayoridad la menor de las hijas las
partes venderán el inmueble y distribuirán la ganancia
obtenida, si alguna entre sí, pudiendo entonces las partes
reclamar lo que le corresponda, luego de descontadas las
aportaciones a pensión alimenticia”. Por lo tanto, solo
resta interpretar su extensión y aplicación al caso de
autos.
Como hemos expresado, si los términos de un contrato
son claros y no dejan duda sobre la intención de los CC-2020-0035 21
contratantes, se estará al sentido literal de sus
cláusulas. Asimismo, la autonomía de la voluntad de los
contratantes está limitada por la ley, la moral y el orden
público. Por lo tanto, teniendo presente que la pensión
alimentaria pertenece exclusivamente a las menores,
concluimos que el texto del acuerdo es claro al requerir
descontar las aportaciones a la pensión alimentaria previo
a que el excónyuge reclame lo que le corresponde de la
ganancia obtenida. El acuerdo específicamente recogía una
pensión alimentaria de $453.00 a ser provista por el
recurrido. Por lo tanto, esta es la cantidad a ser
descontada. Así, el recurrido puede reclamar lo que le
corresponde tras descontar la suma provista como pensión
alimentaria.
Debemos entonces examinar los créditos que el
recurrido sí puede reclamar. En cuanto a esto, no hay
controversia de que las partes reconocieron un crédito de
$100.00 mensuales a favor del recurrido por los pagos
hipotecarios que realizaba conforme a la estipulación y que
contribuyeron tanto al pago del principal como a los
intereses. Por lo tanto, corresponde al recurrido la mitad
de lo aportado por la sociedad legal de gananciales al
principal del préstamo hipotecario antes del divorcio, lo
que su aportación de $100.00 mensuales contribuyó al
principal del préstamo hipotecario luego de decretado el
divorcio, así como, una participación proporcional en el
aumento de valor de $6,000.00. CC-2020-0035 22
Por otro lado, en cuanto a la peticionaria, el acuerdo
no recoge su aportación económica ni su labor en el hogar
en concepto de pensión alimentaria. Tampoco nada en el
expediente o el acuerdo indica la proporción en la que la
pensión alimentaria fue acordada entre las partes. Ante
esta situación, el acuerdo es claro al reconocer solamente
el descuento de las aportaciones a la pensión alimentaria
provista por el recurrido. Por lo tanto, no procede
utilizar métodos externos al acuerdo para descontar
aportaciones a la pensión alimentaria de la peticionaria ni
para “acreditarle aportaciones” a la hipoteca como parte de
una obligación alimentaria que no fue incorporada al
acuerdo y tampoco se deduce del mismo. Enfatizamos que las
Guías están diseñadas solamente para determinar la
obligación de los alimentantes para con los menores. Del
derecho expuesto únicamente podemos concluir que el acuerdo
no era perjudicial para las menores y que tampoco fue
producto de la irreflexión o de la coacción de alguna de
las partes. Por lo tanto, resulta irrazonable y contrario
a derecho la aplicación de las Guías para calcular un
crédito a favor de la peticionaria en cuanto al pago
hipotecario.
Sin embargo, conforme al acuerdo, la peticionaria
puede reclamar lo que le corresponde. En vista de que no
existe en el expediente información sobre gastos de
conservación, mantenimiento u otros posibles créditos que CC-2020-0035 23
ella pueda adicionalmente reclamar, su participación se
limita al exceso no correspondiente al recurrido.
VI
Por los fundamentos antes expresados, se revoca el
dictamen recurrido y se devuelve el caso al foro de
instancia para la continuación de los procedimientos
conforme lo aquí resuelto.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Mildred G. Pabón Charneco Jueza Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos antes expresados, se revoca el dictamen recurrido y se devuelve el caso al foro de instancia para la continuación de los procedimientos conforme lo aquí resuelto.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez, los Jueces Asociados señores Estrella Martínez y Colón Pérez concurren.
Javier O. Sepúlveda Rodríguez Secretario del Tribunal Supremo