Vivoni Farage v. Ortiz Carro

2010 TSPR 206

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: September 28, 2010
• Docket: AC-2009-14
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Jorge Alfredo Vivoni Farage

Peticionario Certiorari

v. 2010 TSPR 206

María de Lourdes Ortiz Carro 179 DPR ____

Recurrido

Número del Caso: AC-2009-14

Fecha: 28 de septiembre de 2010

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan Panel III

Jueza Ponente: Hon. Nestor S. Aponte Hernández

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcda. Lizabel M. Negrón Vargas Lcdo. Víctor Maldonado Gómez

Abogada de la Parte Recurrida:

Lcda. Magda C. Morales Torres

Materia: Impugnación de Laudo

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Peticionario Apelación v.

María de Lourdes Ortiz Carro AC-2009-0014

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora Pabón Charneco

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de

2010.

En el día de hoy atendemos una controversia

relacionada con una de las partes más cruciales del

proceso arbitral: la ejecución del Laudo y su

relación con la gestión judicial. Nos corresponde

resolver si luego de un proceso de impugnación de

un Laudo que culminó en su confirmación, procede

concluir que la obligación contenida en cierta

disposición debió ser cumplida al vencer el término

de treinta (30) días contado desde la emisión del

Laudo como éste expresara, o, a contrario sensu,

desde finalizado el trámite judicial. AC-2009-0014 2

Concluimos que los derechos y obligaciones contenidos

en un Laudo que ha sido confirmado por los tribunales son

válidos y efectivos desde la fecha de su emisión. Esto es

de conformidad con el propósito del proceso de arbitraje y

la finalidad del Laudo. No obstante, ante los hechos

particulares de este caso, en que por los propios actos de

la parte a quien beneficiaba la disposición hubo

imposibilidad de cumplir con dicho plazo, no podemos

permitir que el incumplimiento del referido término le

aproveche.

I

Mediante Sentencia de 3 de junio de 1999 se disolvió

el matrimonio del Señor Jorge Alfredo Vivoni Farage, en

adelante, el peticionario, y la Señora María de Lourdes

Ortiz Carro, en adelante, la recurrida. En ésta se

incorporaron una serie de estipulaciones, entre las cuales

figuraba: someter a arbitraje los asuntos relacionados a la

partición y liquidación de la comunidad de bienes

gananciales habida entre ellos una vez decretado el

Divorcio por consentimiento mutuo.1

La controversia que llega ante nuestra consideración

es respecto a una de las propiedades a liquidar, el hogar

conyugal ubicado en la Urbanización La Península en Cidra,

1 Las partes estipularon que el Laudo sería final, firme e inapelable y no convinieron que fuera conforme a derecho. Posteriormente, modificaron el acuerdo inicial en varias ocasiones, para prorrogar la fecha de emisión del Laudo; para excluir ciertos bienes de la adjudicación, y para pactar que en caso de cualquier inconveniente o impasse en la implantación y/o ejecución de los acuerdos referentes al manejo, administración de bienes o impugnación del Laudo arbitral se pudiera recurrir al procedimiento ordinario dispuesto en la reglamentación pertinente. AC-2009-0014 3

en adelante, La Península. Esta propiedad inmueble estaba

inscrita a nombre de Steri-Tech, Inc., una corporación

autorizada y organizada para hacer negocios bajo las leyes

de Puerto Rico y cuyos únicos accionistas eran ambos ex

cónyuges.

Tras numerosos incidentes procesales, incluyendo la

denegación de la impugnación del Laudo Parcial2 y el Laudo

Final3 instada por la recurrida, el árbitro emitió el Laudo

Final Actualizado el 13 de marzo de 2001. Éste distribuyó

de forma definitiva los bienes muebles e inmuebles del

caudal comunal, incluyendo la corporación Steri-Tech, Inc.

y La Península. Con relación a la corporación, el Laudo

determinó que:

Las acciones corporativas de Steri-Tech, Inc. se le adjudican a VIVONI[…] Se le concede a VIVONI un plazo de treinta (30) días a partir del recibo de este laudo para pagarle a ORTÍZ la cantidad de $1,716,752 en pago del balance de su participación en la comunidad de bienes, la cual incluye su participación en dichas acciones. Apéndice de la petición de apelación, pág. 867.

Respecto a La Península, el Laudo determinó que:

2 Ambas partes solicitaron la emisión de un Laudo Parcial para distribuir los bienes lo antes posible ante la no disponibilidad de cierta información requerida por el Árbitro para emitir un Laudo Final y por la alegada situación económica precaria que atravesaba una de las partes. Éste fue emitido el 15 de mayo de 2000. Apéndice 11 de la petición de apelación, pág. 828. El 30 de mayo de 2000, la recurrida presentó una Solicitud de Revocación de Laudo Parcial. 3 El 31 de mayo de 2000, el Árbitro emitió el Laudo Final reservándose el cómputo final de ciertas partidas debido a no haber recibido información actualizada. El 28 de junio de 2000, la recurrida impugnó el Laudo Final. El Tribunal de Primera Instancia consideró procedente el que el árbitro completara su gestión en el término de cuarenta y cinco (45) días. AC-2009-0014 4

Debido a que uno de los bienes inmuebles adjudicados a ORTIZ (residencia en la Urb. La Península, Cidra, Puerto Rico) así como los bienes muebles que se encuentran en dicha propiedad pertenecen a la corporación Steri-Tech, Inc., VIVONI viene obligado a hacer las gestiones pertinentes, cumpliendo con todos los requisitos legales, para que dichas propiedades sean transferidas a ORTIZ libres de gravamen. Si por alguna razón, la que sea, el título de dichas propiedades no puede ser transferido a ORTIZ, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de este laudo, VIVONI vendrá obligado a pagar a ORTIZ en efectivo la cantidad correspondiente al valor asignado a dicha propiedad en esta partición, incluyendo el valor asignado a los bienes muebles que se encuentran en la propiedad.4

Debido a que el titular de dichas propiedades es la corporación Steri-Tech, Inc., la transferencia de dichas propiedades a ORTIZ podría tener un impacto contributivo. VIVONI asumirá cualquier responsabilidad o deuda contributiva que surja como consecuencia de la transferencia de la corporación a ORTIZ de las propiedades correspondientes ya que ORTIZ debe recibir las propiedades por el valor asignado a éstas en este laudo, libre de cargas ó [sic] gravámenes. Apéndice 11 de la petición de apelación, pág. 870.

Cabe señalar que el 6 de abril de 2001 el

peticionario, por conducto de su representante legal, le

solicitó a la recurrida que le informara cuándo podían

otorgar las escrituras correspondientes para traspasar los

bienes inmuebles que le fueron adjudicados.5

Por su parte, el 1 de mayo de 2001, la recurrida

peticionó al Tribunal de Primera Instancia la revocación

del Laudo Final Actualizado y que se negara poner en efecto

4 El valor total asignado por el laudo a La Península y los bienes muebles que ella contiene fue de $1,100,000. 5 Apéndice 7 de la petición de apelación, pág. 394. AC-2009-0014 5

el mismo. En esencia, arguyó que el Laudo no había resuelto

todas las controversias que fueron sometidas ante el

Árbitro, que éste faltó a su derecho al debido proceso de

ley al celebrar entrevistas ex parte con empleados de

Steri-Tech, Inc., y que actuó en exceso de la facultad

delegada en el pacto de sumisión y resolviendo en

manifiesta desatención al derecho. El foro primario

declaró no ha lugar dicha petición. Por otra parte, el

peticionario solicitó la corrección y modificación del

Laudo con respecto a las cantidades y cómputos de ciertas

partidas. A esta petición, el tribunal de instancia

dictaminó “[n]ada más que disponer”.

En desacuerdo con las decisiones del tribunal de

instancia, ambas partes acudieron al Tribunal de

Apelaciones. El 19 de septiembre de 2002, el foro apelativo

intermedio revocó las Resoluciones recurridas y concluyó

que procedía la revisión del Laudo. Como consecuencia,

devolvió el caso al foro primario para que determinara si

debía revocarse el Laudo por desviarse de lo pactado y por

violación al debido proceso de ley, así como, si hubo

errores de cómputo en las partidas cuestionadas. Además,

ordenó la designación de un Comisionado a los efectos de

actualizar las partidas que serían adjudicadas a cada parte

y que se tomaran las medidas cautelares necesarias para la

protección y administración efectiva de los bienes. AC-2009-0014 6

Así las cosas, el 6 de diciembre de 2005 el tribunal

de instancia emitió una Sentencia mediante la cual

desestimó la impugnación del Laudo Final Actualizado y

confirmó el mismo. No obstante, modificó y actualizó

varias partidas.

Según surge del expediente, el peticionario, por

conducto de su representante legal, se comunicó nuevamente

con la recurrida el 28 de diciembre de 2005. Le solicitó a

ésta coordinar el otorgamiento de las Escrituras

correspondientes.

Inconforme con la determinación del Tribunal de

Primera Instancia, la recurrida acudió nuevamente al

Tribunal de Apelaciones planteando la comisión de treinta y

dos (32) errores. El 28 de diciembre de 2006, el foro

apelativo concluyó que el Laudo Final Actualizado era

válido y había dispuesto de todas las controversias entre

las partes, por lo que el cuestionamiento del mismo no

afectaba su finalidad, sino su ejecutabilidad. También

modificó algunas partidas.6 De esta decisión, la recurrida

acudió ante nos. Mediante Resolución emitida el 20 de

abril de 2007 denegamos el auto de certiorari, así como dos

(2) reconsideraciones presentadas por ésta. El mandato fue

devuelto al Tribunal de Primera Instancia el 17 de julio de

2007.

6 La señora Ortíz Carro presentó una Moción de Reconsideración el 22 de enero de 2007. Esta fue denegada mediante Resolución de 9 de febrero de 2007. AC-2009-0014 7

El 28 de julio de 2007, el peticionario le cursó una

carta a la recurrida con el fin de hacer las transferencias

correspondientes sobre la titularidad de los bienes

inmuebles contenidos en el laudo. El 1 de agosto de 2007,

el peticionario compareció ante el foro primario y solicitó

la ejecución parcial del laudo en cuanto a los bienes

inmuebles. Posteriormente, se ordenó al peticionario

preparar un proyecto de orden de ejecución parcial.

El 4 de octubre de 2007 la recurrida solicitó ante el

tribunal de instancia la suma líquida de un millón cien mil

dólares ($1,100,000) correspondiente a la adjudicación de

La Península. También peticionó los intereses sobre esta

suma a razón de diez punto cincuenta por ciento (10.50%) -

interés legal prevaleciente a la fecha de haberse emitido

el Laudo el 13 de marzo de 2001. Indicó además “que aún

bajo el escenario de que el término de 30 días antes

aludido se compute desde que la Resolución dictada en este

caso por el Tribunal Supremo advino final y firme dicho

término transcurrió”.7

El 5 de octubre de 2007, notificado el 14 de noviembre

de 2007, el tribunal de instancia declaró Con Lugar la

solicitud del peticionario y emitió una Orden para la

7 Apéndice de la petición de apelación, pág. 718.

Surge del expediente que la recurrida también cursó comunicación vía fax al peticionario el día 10 de septiembre de 2007 expresándole que le correspondía satisfacer la suma de un millón cien mil dólares ($1,100,000) más los interés al interés legal prevaleciente a la fecha de emisión del Laudo en efectivo. AC-2009-0014 8

expedición de mandamientos mediante los cuales se

efectuarían las correspondientes Escrituras de

transferencias de todos los inmuebles entre las partes.

No obstante, el 13 de noviembre de 2007 la recurrida

presentó una segunda moción reiterando su solicitud del 4

de octubre de 2007. El foro primario le concedió la

oportunidad al peticionario de expresarse sobre las

mociones presentadas por ésta. Así las cosas, el 3 de

diciembre de 2007, la recurrida instó una tercera solicitud

de cumplimiento parcial del Laudo. Éstas fueron denegadas

por el tribunal de instancia el 10 de diciembre de 2007.

Finalmente, el 19 de diciembre de 2007 se expidió el

mandamiento correspondiente y el 4 febrero de 2008 se

otorgaron las Escrituras ordenadas.8 De esta Orden la

señora Ortiz recurrió al Tribunal de Apelaciones el 9 de

enero de 2008. Dicho recurso fue expedido el 4 de marzo de

2008, como consecuencia quedaron paralizados todos los

trámites ante el Tribunal de Primera Instancia.

El 26 de noviembre de 2008, el foro apelativo

intermedio revocó la determinación recurrida y declaró la

nulidad de los mandamientos expedidos y las Escrituras

otorgadas, por entender que como el término de treinta (30)

días dispuesto en el Laudo había vencido sin haberse

“iniciado gestión alguna para el traspaso”, lo que procedía

8 El 4 de febrero de 2008, mediante Escritura de Cesión, Steri-Tech, Inc., representada por el peticionario, cedió la titularidad de La Península a la recurrida, representada por el Alguacil del Tribunal. AC-2009-0014 9

era el pago en efectivo de la cantidad correspondiente al

valor asignado a la propiedad en controversia más los

intereses legales desde el 12 de abril de 2001 hasta que se

realizara el pago. Razonó que las mociones presentadas no

habían impugnado lo dispuesto en el Laudo con relación a La

Península. Concluyó que computar el término de treinta

(30) días desde el 17 de julio de 2007 equivaldría a

enmendar el Laudo, facultad de la que carece el foro de

instancia.9

Inconforme, el peticionario acude ante este Tribunal

mediante recurso de apelación y alega los siguientes

señalamientos de error:

Erró el Tribunal de Apelaciones al resolver que las disposiciones del laudo de arbitraje eran exigibles desde la fecha de su emisión a pesar de las múltiples impugnaciones que del mismo presentase la apelada, las cuales impidieron su ejecución.

El Honorable Tribunal de Apelaciones se encontraba impedido de dilucidar controversias ya resueltas por sentencias del propio foro apelativo intermedio que son finales, firmes e inapelables. Además, erró al anular ciertas ordenes [sic] del TPI de las cuales no se solicitó revisión a tiempo y/o mediante certiorari, sino en unas mociones de auxilio de jurisdicción que fueron denegadas de plano por el Tribunal de Apelaciones.10

Mediante Resolución emitida el 17 de julio de 2009

acogimos como certiorari la solicitud de apelación 9 El peticionario presentó Moción de Reconsideración el 22 de diciembre de 2008 a la que el Tribunal de Apelaciones denegó. 10 En vista de la conclusión a la que llegamos, asi como que del expediente surge que la petición de certiorari de la recurrida ante el Tribunal de Apelaciones fue hecha a tiempo, resulta innecesario discutir este señalamiento del peticionario. AC-2009-0014 10

presentada por el peticionario y concedimos a la recurrida

término para mostrar causa por la cual no debíamos expedir

el recurso.

En su escrito, el peticionario, por una parte, arguye

que el Laudo advino ejecutable al devolverse el mandato el

17 de junio de 2007; momento en que éste pudo acudir al

tribunal de instancia a solicitar su ejecución. Señala que

esto es consecuencia directa del derecho que les asiste a

las partes a impugnar un Laudo de Arbitraje o solicitar su

corrección. Previo a esa fecha, la impugnación tenía el

efecto de impedir la exigibilidad del cumplimiento

específico de las disposiciones del Laudo.

Asimismo, el peticionario plantea que, ante los hechos

del caso, es de aplicación la Doctrina de Actos Propios

puesto que ahora la recurrida intenta beneficiarse del

transcurso del tiempo causado por sus propios actos.

Por su parte, la recurrida aduce que el Laudo debía

ser cumplido desde su emisión, particularmente cuando los

asuntos de la propiedad nunca fueron cuestionados.11

Asimismo, indica que las Órdenes del Tribunal de Primera

Instancia alteran la norma de abstención judicial en

11 Descartamos realizar mayor análisis sobre el argumento de la recurrida sobre que los asuntos de la propiedad nunca fueron cuestionados. Surge del extenso expediente que en todo momento la recurrida cuestionó la validez del Laudo en su totalidad. Inclusive, en el trámite apelativo con relación a la impugnación del Laudo Final Actualizado argumentó que todavía existía entre las partes una comunidad de bienes que estaba pendiente de liquidación por habérsele despojado al árbitro de la encomienda de efectuar la partición y liquidación de la misma. AC-2009-0014 11

asuntos resueltos por un Laudo de Arbitraje. Al respecto

señala que “la norma existente es que los tribunales no

habrán de intervenir o alterar las decisiones del árbitro

para aplicar el derecho aplicable”.12

Señala, además, que Steri-Tech, Inc., y peticionario

han incumplido con el mantenimiento de La Península.

Asimismo, indica que estando presentado el recurso de

certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, el peticionario

otorgó las Escrituras ante el Alguacil.13

Examinados los argumentos de ambas partes, procedemos

a resolver.

II

Desde hace varias décadas muchas jurisdicciones han

adoptado métodos alternos de solución de disputas. Puerto

Rico se ha unido a esta tendencia y ha promovido el

desarrollo de mecanismos alternos informales para la

solución de conflictos,14 primero mediante programas de

12 Escrito en Oposición a que se Expida el Recurso de Certiorari, pág. 2. 13 Habiéndose otorgado las Escrituras el 4 de febrero de 2008 y expedido el recurso de certiorari por el Tribunal de Apelaciones el 4 de marzo de 2008, referimos a la Regla 35(A)(1) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones que dispone que:

La presentación de una solicitud de certiorari no suspenderá los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia, salvo orden en contrario expedida por iniciativa propia o a solicitud de parte por el Tribunal de Apelaciones. La expedición del auto de certiorari suspenderá los procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia, salvo que el Tribunal de Apelaciones disponga lo contrario. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B R.35. (Énfasis nuestro) 14 Exposición de Motivos, Ley Núm. 19 de 22 de septiembre de 1983, 1983 Leyes de Puerto Rico 422. AC-2009-0014 12

mediación y, posteriormente, a través del arbitraje y la

evaluación neutral.

Así las cosas, este Tribunal ha declarado que:

…es política pública de la Rama Judicial fomentar la utilización de mecanismos complementarios al sistema adjudicativo tradicional con el fin de impartir justicia en una forma más eficiente, rápida y económica. Regla 1.01 del Reglamento de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, 4 L.P.R.A. Ap. XXIX R.1(1.01).

Los métodos alternos mencionados han sido integrados a

diversidad de controversias presentadas ante los

tribunales, más allá de las tradicionales disputas

comerciales y de relaciones laborales. Entre ellos se

encuentran: cobro de dinero, pensiones alimentarias,

relaciones filiales, agresiones, disputas entre arrendador

y arrendatario, conflictos entre parejas, familiares y

vecinos, así como con relación a contratos de construcción,

de servicios o de ventas.15

Ahora bien, nos urge analizar un aspecto sumamente

importante que se suscita en el caso de autos y su largo

trámite arbitral y judicial: el uso del arbitraje para

efectuar la partición y liquidación de los bienes

conyugales con posterioridad al decreto de un Divorcio por

consentimiento mutuo. A pesar de que ambas partes no han

planteado este asunto, no podemos obviar que esta cuestión

15 Véase, Negociado de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, Datos agregados de los Centros de Mediación de Conflicto para el año fiscal 2005-2006. Disponible en http://www.ramajudicial.pr/NegMed/Centros_Mediacion/datos/CMC05-06.pdf. AC-2009-0014 13

está en extremo relacionada con la controversia que las

partes nos presentan. Es necesario que nos expresemos al

respecto. De lo contrario, el silencio de este Tribunal

podría entenderse como su aprobación tácita y alimentaría

tal proceder.

A

Nuestro ordenamiento jurídico favorece el uso de

métodos alternos de solución de conflictos y con mayor

particularidad el arbitraje. La Ley Núm. 376 de 8 de mayo

de 1951, conocida como Ley de Arbitraje de Puerto Rico, 32

L.P.R.A. sec. 3201, a través de un lenguaje más amplio y

flexible que su contraparte federal,16 permite el que dos

(2) o más partes convengan por escrito en someter a

arbitraje cualquier controversia que pudiera ser objeto de

una acción existente entre ellos a la fecha del convenio de

someter a arbitraje. 32 L.P.R.A. sec. 3201. Véase, D.M.

Helfeld, La Jurisprudencia Creadora: Factor Determinante en

el Desarrollo de Arbitraje en Puerto Rico, 70 Rev.Jur.

U.P.R. 1, 54-55 (2001).

Así las cosas, hemos examinado el uso de

estipulaciones mediante las que se conviene el arbitraje

para sacar del cauce judicial las disputas comerciales.

Febus y otros v. MARPE Const. Corp., 135 D.P.R. 206 (1994).

Al respecto hemos expresado que como norma general, la

16 Ley Púb. Núm. 282, de 30 de julio de 1947, según enmendada (61 Stat. 669), 9 U.S.C. sec. 1 et seq., conocida en inglés como Federal Arbitration Act. AC-2009-0014 14

jueza o juez aceptará las estipulaciones que las partes le

sometan para finalizar un pleito o un incidente dentro del

mismo. Rodríguez Rosado v. Zayas Martínez, 133 D.P.R. 406,

410 (1993). Esto, pues, las estipulaciones "persigue[n]

evitar dilaciones, inconvenientes y gastos y su uso debe

alentarse para lograr el propósito de hacer justicia rápida

y económica". Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171

D.P.R. 219, 238 (2007). Ante esto, no podemos ignorar que

tales propósitos son afines a los del arbitraje.

Sin embargo, los tribunales no están obligados a

aprobar las estipulaciones que se le sometan. Negrón Rivera

y Bonilla, Ex parte, 120 D.P.R. 61, 72 (1987). Véase

además, Rodríguez Rosado v. Zayas Martínez, supra. La

autonomía de la voluntad de los contratantes no es

irrestricta, pues “[l]os contratantes pueden establecer los

pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente,

siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni

al orden público”. Art. 1207 del Código Civil de Puerto

Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3372.

Al respecto, hemos sido particularmente cautelosos al

examinar las estipulaciones en los casos de familia e

insistentes en aquéllos relacionados con alimentos de

menores. Rodríguez Rosado v. Zayas Martínez, supra; Negrón

Rivera y Bonilla, Ex parte, supra. Asimismo, hoy

enfatizamos nuevamente la prudencia con la que los jueces y

juezas deben examinar las estipulaciones en casos de AC-2009-0014 15

familia y singularmente las estipulaciones de los cónyuges

en un Divorcio por consentimiento mutuo.

B

Por otro lado, en Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107

D.P.R. 250, 277 (1978), reconocimos la causal de divorcio

por consentimiento mutuo y destacamos que no se aceptaría

petición alguna bajo dicha causal sin que las partes

adjuntaran las estipulaciones sobre la división de bienes,

el sustento de las partes y otras consecuencias del

divorcio. Esto, en reconocimiento de la delicadeza de tales

asuntos y, más aún, para asegurarnos de que la petición de

divorcio no fuera producto de la irreflexión o de la

coacción y hasta tanto la Asamblea Legislativa no

prescribiera otras normas. Íd. Además, hemos señalado que:

…la imposición del requisito de estipular lo relativo a la división de bienes tiene el propósito de que una vez se haya decretado el divorcio las partes no tengan que enfrentarse de nuevo a dilucidar aspectos de la liquidación del régimen económico que puedan traer hostilidades y desavenencias entre ellos. Todos los componentes del proceso – jueces, abogados y peticionarios – deben cerciorarse de que antes de redactar las estipulaciones, han pasado por un proceso deliberativo que les haya permitido meditar sobre las consecuencias económicas que el divorcio tendrá para cada uno. A veces, la prisa por obtener el divorcio hace que se lleguen a acuerdos que las partes no pueden cumplir, recargando a los tribunales con incidentes relacionados con el incumplimiento de las estipulaciones. Igaravidez v. Ricci, 147 D.P.R. 1, 7 esc. 2 (1998)(Énfasis suplido).

En el presente caso hemos visto como se desvirtuó el

propósito de una de las normas establecidas en Figueroa AC-2009-0014 16

Ferrer v. E.L.A., supra, utilizando la estipulación para

dirigir el pleito a un procedimiento de arbitraje, y las

consecuencias que acarreó su mal uso. El tribunal de

instancia autorizó la disolución del vínculo matrimonial

del peticionario y la recurrida por la causal de

consentimiento mutuo.17 Asimismo, aprobó la estipulación

de que se tramitaran todos los asuntos relacionados con la

liquidación de la comunidad de bienes resultante mediante

un proceso de arbitraje. Once (11) años más tarde, las

partes continúan litigando sobre estos bienes. Todo el

proceso arbitral y judicial ha estado mediado por la falta

de consenso entre ambas partes con relación a la

liquidación de sus haberes.

Por todo lo antes expuesto - y ante el hecho de que el

uso del arbitraje en estos casos puede exacerbar otros

problemas al no existir parámetros claros para su empleo en

este tipo de relaciones - este Tribunal rechaza el uso de

las estipulaciones para someter a arbitraje la partición y

liquidación del caudal de la sociedad de bienes gananciales

luego de decretado el Divorcio por la causal de

consentimiento mutuo. De lo contrario se dejarían

inconclusos aspectos tan importantes y de suma delicadeza

que deben ser resueltos a la hora de disolver el vínculo

conyugal.

17 La acción de divorcio del caso de autos fue originalmente radicada bajo una causal culposa. Posteriormente, las partes convinieron en modificar la causal por la de consentimiento mutuo. AC-2009-0014 17

Señalamos que de forma alguna rechazamos los

beneficios que el arbitraje, en aspectos esenciales de un

divorcio o en otro tipo de disputas familiares, pueda

proporcionar.18 Aunque para algunos cónyuges el proceso

adversativo en los tribunales es la mejor opción para

llevar todos los asuntos relacionados con el divorcio, éste

puede no serlo para otros.19 No obstante, en Puerto Rico

18 Diversos autores reconocen los beneficios de los distintos métodos de resolución de conflictos en el ámbito familiar, particularmente el divorcio. Esto para atender asuntos tanto previo al divorcio como con posterioridad al mismo. Véanse, J.F. Kessler et al., Why Arbitrate Family Law Matters?, 14 J.Am. Acad. Matrimonial Law 333 (1997); T.E. Carbonneau, A Consideration of Alternatives to Divorce, 1986 U. Ill. L. Rev. 1119, 1156; R.R. Block, Divorce Arbitration: An Alternative to Mediation en Contemporary Matrimonial Law Issues: A Guide to Divorce Economics and Practice, Nueva York, Ed. Law and Business, Inc., 1985, págs. 784-794.

Asimismo, algunos autores han argumentado a favor del desarrollo de leyes especiales que regulen el arbitraje para disputas maritales y reconocen la dificultad de este tipo de arbitraje amparado en los estatutos generales de arbitraje. Véase, F.L. McGuane, Jr., Model Marital Arbitration Act: A Proposal, 14 J. Am. Acad. Matrimonial Law 393 (1997). Véase además, T.E. Carbonneau, supra, pág. 1127. (“[T]raditional techniques of arbitral adjudication would be of only limited utility in the divorce context.”). Ya en 1999 el estado de Carolina de Norte adoptó un estatuto de arbitraje diseñado para los casos de derecho de familia. Éste ha sufrido ciertas enmiendas. Otros estados como Colorado, Connecticut, Indiana, Michigan, New Hampshire y Nuevo México han provisto legislación al respecto. Empero, algunas jurisdicciones han permitido por vía jurisprudencial el arbitraje de ciertos asuntos de familia a la luz de sus estatutos generales de arbitraje, mientras otras jurisdicciones han suplementado los estatutos generales con reglas específicas para atender materias familiares. Véase, L.P. Burleson, Family Law Arbitration: Third Party Alternative Dispute Resolution, 30 Campbell L. Rev. 297, 297-98 (2008) (“Unfourtunately, due to the unique nature and needs of matrimonial cases, general commercial arbitration statutes are often deficient and provide insufficient authority to address all of the issues that we face in our matrimonial cases.”) Véase además, G.K. Walker, Family Law Arbitration: Legislation and Trends, 21 J. Am. Acad. Matrimonial law 521 (2008); G.K. Walker, Arbitrating Family Law Cases by Agreement, 18 J. Am. Acad. Matrimonial Law 429 (2003). 19 M.S. Herrman et al., Mediation and Arbitration Applied to Family Conflict Resolution: The Divorce Settlement, 34(1) The Arbitration Journal 17, 18, 21 (1979). (Expresa que “[t]he use of an adversarial model to reach a settlement usually increases trauma and escalates conflict.” No obstante, “[t]here are extreme cases, both positive and negative, where the techniques are not appropriate. Couples deciding on an equitable settlement prior to seeking legal assistance do not AC-2009-0014 18

no existen parámetros para lidiar con los efectos

económicos del divorcio mediante el arbitraje. La creación

de éstos no nos compete. Situación distinta sería el que

la Asamblea Legislativa autorice su uso y establezca

parámetros para estos casos.

Contrario a lo que sucede en las relaciones

comerciales y laborales, el proceso de divorcio y todo lo

que éste conlleva está cargado de las más íntimas

emociones, sentimientos y no necesariamente ambos cónyuges

están en igual posición económica y emocional, entre otros

aspectos.20 Esto nos dificulta equiparar el trámite

arbitral en un divorcio con el arbitraje comercial. 21

No obstante, debido al largo tiempo que lleva éste

caso litigándose sería en extremo perjudicial para las

partes involucradas, que descartemos el trámite arbitral y

judicial que se ha suscitado por los pasados once (11)

años. Después de todo, la sentencia que lo estableció ya es

final y firme. Sin embargo, advertimos que no se favorece

el uso desvirtuado del arbitraje en los divorcios y mucho

menos el que los tribunales autoricen este tipo de

require third-party intervention. The techniques would also not be appropriate if the level of conflict between the parties is too high to permit communication….”) 20 Sobre la posible desigualdad entre las partes véase, A.R. Imbrogno, Arbitration as an Alternative to Divorce Litigation: Redefining the Judicial Role, 31 Cap. U.L. Rev. 413, 427, 437 (2003)(“The problem is that to be effective, ADR demands that the participating parties be in a position of relatively equal power.”). 21 Véanse, M. Domke, Domke on Commercial Arbitration, 3ra. ed., Minnesota, Ed. West Thomson, 2009, Vol. I, pág. 41-1; T.E. Carbonneau, supra, 1154-55. AC-2009-0014 19

estipulaciones en casos de divorcio por consentimiento

mutuo. En esos casos, la estipulación debe contener lo

relativo a la división de bienes. Figueroa Ferrer v.

E.L.A., supra.

Así las cosas, hoy hacemos eco de nuestra expresión en

Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 D.P.R. 61 (1987),

optimistas de que esta vez nuestras palabras sí sean

atendidas:

Los hechos del caso ante nos son ilustrativos de los problemas que surgen en los casos de divorcio por la causal de consentimiento mutuo. Demuestran una vez más la urgente necesidad que existe de aprobar guías y reglamentación uniforme en esta crucial área del derecho de familia y de que haya una mayor, efectiva y adecuada intervención por parte de los tribunales y de los abogados de las partes en el proceso. Reflejan, además, la falta de asesoramiento responsable a las partes por sus abogados. Íd. pág. 66.

Dicho esto, procedemos a analizar la controversia

particular traída ante nuestra atención.

III

Se presentó ante nos una controversia respecto a la

ejecución de un Laudo cuya validez ha sido confirmada por

los tribunales de conformidad con la Ley Núm. 376, supra.

Señalamos que nuestro examen se limita a la ejecución del

Laudo respecto a la propiedad inmueble La Península.

En nuestro ordenamiento jurídico existe una política

pública vigorosa que favorece la sumisión de las partes a

los procedimientos de arbitraje a tenor con la doctrina de AC-2009-0014 20

la autonomía de los contratantes, en tanto y en cuanto haya

sido pactado y se limite a lo concertado. 32 L.P.R.A. sec.

3201; 31 L.P.R.A. sec. 3372. Véanse, Municipio de Mayagüez

v. Lebrón, 167 D.P.R. 713 (2006); Crufon Const. v. Aut.

Edif. Púbs., 156 D.P.R. 197 (2002).

Mediante este método alterno de solución de disputas,

las partes sustituyen a los tribunales por un árbitro que

determine todas las cuestiones de hecho y de derecho

habidas entre ellas. Autoridad sobre Hogares v. Tribl.

Superior, 82 D.P.R. 344 (1961); Junta Relaciones del

Trabajo v. N.Y.&P.R. S/S Co., 69 D.P.R. 782 (1949).

Finalizado el trámite ante el árbitro, las determinaciones

de éste contenidas en el laudo son, como norma general,

finales e inapelables, por lo que las cuestiones atendidas

en el Laudo no pueden litigarse ante los tribunales. J.R.T

v. Otis Elevator Co., 105 D.P.R. 195 (1976). Esta norma se

encuentra arraigada en el principio de auto restricción y

en la deferencia que los tribunales otorgamos a los

árbitros. Febus y otros v. MARPE Const. Corp., supra.

No obstante, nuestro ordenamiento reconoce unas

instancias en las que se autoriza la intervención judicial.

La revisión judicial se permite cuando las partes convienen

expresamente que la controversia sometida al árbitro sea

resuelta conforme a derecho. Íd., págs.. 216-17; U.C.P.R.

v. Triangle Engineering Corp., 136 D.P.R. 133, 142 (1994);

Rivera v. Samaritano & Co., Inc., 108 D.P.R. 604, 608 AC-2009-0014 21

(1979). Asimismo, la Ley Núm. 376, supra, otorga un

término de un (1) año para la confirmación del Laudo y un

periodo de tres (3) meses para solicitar la revocación,

modificación o corrección de un Laudo limitada a los

motivos expuestos en la ley y que han sido previamente

examinadas por este Foro. 32 L.P.R.A. secs. 3221 y 3224.

Véase además, Autoridad sobre Hogares v. Tribl. Superior,

supra.

Al concluir el trámite y expedirse una Orden

confirmando, modificando, corrigiendo o revocando el Laudo,

se dicta una sentencia de conformidad que “tendrá la misma

fuerza y vigor en todo respecto y estará sujeta a las

mismas disposiciones de ley que se refieran a sentencias en

una acción civil” y puede ser recurrida mediante el recurso

de certiorari. 32 L.P.R.A. secs. 3225, 3227, 3228.

En el caso de autos los tribunales intervinieron al

haberse presentado oportunamente peticiones para revocar el

Laudo, por una parte, y corregir el mismo, por otra. No

obstante, acude ante nos una de las partes para que

examinamos específicamente cuándo un Laudo - que determina

la realización de un negocio jurídico dentro de un periodo

de tiempo contado desde la emisión del Laudo - adviene

ejecutable y exigible. Por lo tanto, centramos nuestra

atención en la ejecución de un Laudo de Arbitraje. AC-2009-0014 22

En gran parte de los casos, los Laudos son ejecutados

voluntariamente por las partes. M. Domke, Domke on

Commercial Arbitration, 3ra. ed., Minnesota, Ed. West

Thomson, 2009, Vol. II, pág. 41-1; D.M. Helfeld, supra,

pág. 100 (2001). En tales circunstancias, aplica nuestra

expresión en conformidad con el Artículo 21 de la Ley Núm.

376, supra, de que “[n]o se precisa de la confirmación

judicial para la validez y efectividad de un laudo de otro

modo válido”. Autoridad sobre Hogares v. Tribl. Superior,

supra, pág. 361.

No obstante, existen situaciones en que las partes - o

alguna de éstas - difieren sobre la validez o corrección

del Laudo, se resisten a su cumplimiento o sencillamente

prefieren la confirmación de éste por los tribunales. En

tales situaciones, a falta de una ejecución voluntaria, la

parte que persigue su cumplimiento tiene la opción de

solicitar la confirmación del Laudo mediante un

procedimiento sumario y su posterior ejecución a través los

procedimientos establecidos para la ejecución de

sentencias. 32 L.P.R.A. secs. 3202, 3221, 3225, 3227.

Véanse además, M. Domke, supra, pag. 42-1; S.J. Ware,

Principles of Alternative Dispute Resolution, 2da. ed.,

Minnesota, Ed. West Thomson, 2001, págs. 22, 109-10.

Cabe apuntar que la confirmación del Laudo por una

sentencia no implica que éste haya carecido de validez y AC-2009-0014 23

efectividad hasta finalizado el trámite judicial. Negarlo

durante ese periodo derrotaría la finalidad y

obligatoriedad que distingue al Laudo Arbitral y protegería

el uso de prácticas dilatorias para no cumplir con el

Laudo.22 Por lo tanto, concluimos que los derechos y las

obligaciones de las partes fueron determinados en el Laudo

y no por la sentencia que lo confirma. Sin embargo, ante

la falta de ejecución voluntaria, el Laudo ciertamente no

podrá ser puesto en vigor sin otras medidas coercitivas,

pero por razones de equidad como discutiremos adelante,

esta falta de ejecución no puede beneficiar a quien en

principio se negara.

Por otra parte, la Asamblea Legislativa contempló la

situación en que una de las partes solicitara la

confirmación del Laudo mientras que la otra parte

peticionara oportunamente su revocación, modificación o

corrección conforme a la citada Ley Núm. 376. 32 L.P.R.A.

22 Previamente hemos adoptado el cumplimiento del Laudo desde su emisión en el arbitraje obrero-patronal. Esto a pesar del subsiguiente proceso judicial. Véase, Junta de Relaciones del Trabajo v. N.Y.&P.R. S/S. Co., 69 D.P.R. 814, 816 (1949) (“El laudo aquí envuelto no es nuestro. Fué [sic] dictado por el Comité, y se emitió el 21 de junio de 1948. Cuando se pone en vigor, se hace por tanto con efecto a la fecha en que se emitió. Resolver lo contrario permitiría a los patronos emplear las dilaciones de pleitos como un medio para posponer durante meses la fecha de efectividad de un laudo que válidamente ordena la reposición”.] Véase además, Marion Mfg. Co. v. Long, 588 F.2d 538 (6to Cir. 1978). Aunque no descartamos que un proceso de arbitraje puede conllevar de forma justificada un extenso trámite judicial posterior, no toleraremos el uso de prácticas dilatorias que afecten el propósito del arbitraje y que intenten relitigar las disputas en los tribunales. J.R.T. v. Otis Elevator Co., 105 D.P.R. 195 (1976); Autoridad sobre Hogares v. Tribl. Superior, 82 D.P.R. 344 (1961). Advertimos que el abuso de los procedimientos judiciales sin fundamentos para dilatar el proceso arbitral o la ejecución del laudo, podrían conllevar sanciones. AC-2009-0014 24

sec. 3224. Ante esta situación el estatuto claramente

expresa que el juez o la jueza podrá suspender los

procedimientos iniciados por la parte contraria para poner

en vigor el Laudo en lo que se atiende la solicitud de

revocación, modificación o corrección. Íd.

Indiscutiblemente, en ocasiones el tribunal preferirá

no ordenar la ejecución de un Laudo impugnado o del que se

solicita algún cambio hasta que emita sentencia respecto a

la moción para revocarlo, modificarlo o corregirlo. En

otras circunstancias, como cuando ciertas disposiciones del

Laudo no sean cuestionadas y sean separables de aquéllas

que sí lo fueran,23 puede que permita la continuación de

los procedimientos para ponerlo en vigor. Esto queda

dentro de la sana discreción del juzgador.

En el caso de autos, ninguna de las partes recurrió a

los tribunales buscando la confirmación y ejecución del

Laudo Final Actualizado tan pronto fue emitido. A contrario

sensu, la recurrida solicitó oportunamente su revocación

mientras que el peticionario argumentó su corrección. El

Laudo fue finalmente confirmado con ciertas correcciones y

actualizaciones que en nada afectaron las disposiciones

referentes a La Península. Por lo tanto, la disposición

que adjudicaba a la recurrida la propiedad - o la cantidad

equivalente a su valor - era válida y obligatoria desde la

emisión del Laudo.

23 J.R.T. v. Otis Elavator Co., supra, pág. 202 (1976). AC-2009-0014 25

Empero, los principios que rigen el arbitraje tampoco

son absolutos. Tiene mérito el argumento del peticionario

respecto a la aplicación de la Doctrina de Actos Propios a

la solicitud de la recurrida. Procedemos, entonces, al

análisis de la referida doctrina.

C

La prohibición de venire contra factum o de “ir contra

los propios actos” forma parte del Artículo 7 del Código

Civil, 32 L.P.R.A. sec. 7, y está cimentado en la necesidad

de proceder con buena fe en “el desenvolvimiento de las

relaciones jurídicas, el ejercicio de los derechos y el

cumplimiento de las obligaciones”. Int. General Electric v.

Concrete Builders., 104 D.P.R. 871, 876 esc. 4, 877 (1976).

Por ello hemos dispuesto que “[l]a conducta contradictoria

no tiene lugar en el campo del Derecho, y debe ser

impedida.” Íd, pág. 877.

Además, hemos adoptado tres (3) elementos

constitutivos para la aplicación de la Doctrina de Actos

Propios:24

(a) Una conducta determinada de un sujeto, (b) que haya engendrado una situación contraria a la realidad, esto es, aparente y, mediante tal apariencia, susceptible de influir en la conducta de los demás, y (c) que sea base de la confianza de otra parte que haya procedido de buena fe y que, por ello, haya obrado de una manera que le

24 Véase, J. Puig Brutau, Estudios de Derecho Comparado: la doctrina de los actos propios, Barcelona, Ed. Ariel, 1951, pág. 112. Véase además, L. Díez-Picazo, La doctrina de los Propios Actos: Un Estudio Crítico sobre la Jurisprudencial del Tribunal Supremo, Barcelona, Ed. Bosch, 1963. AC-2009-0014 26

causaría un perjuicio si su confianza quedara defraudada. Íd., pág. 878.

En el caso de autos, la recurrida en todo momento

rechazó el traspaso de la propiedad que ahora argumenta

nunca estuvo en disputa; le solicitó al tribunal que no

pusiera en efecto el Laudo; argumentó que la validez del

Laudo quedaba en suspenso y por lo tanto, el peticionario

no lo podía poner en ejecución.

Por otro lado, el peticionario le solicitó a la

recurrida mediante carta en diversas ocasiones que

suscribiera la Escritura de traspaso de La Península,

incluso previo a que la recurrida impugnara el Laudo Final

Actualizado. Además, el peticionario consignó algunas de

las sumas debidas. En su momento, también peticionó al foro

primario la ejecución del Laudo en cuanto a La Península.

Ante este cuadro fáctico, nos sorprende que ahora la

recurrida exija el cumplimiento del Laudo desde su emisión

puesto que el peticionario pudo solicitar previamente su

ejecución por medios coercitivos; que se entienda

transcurrido el periodo de treinta (30) días, y que se le

otorgara el pago de la suma líquida con intereses desde

hace más de nueve (9) años. Su pretensión busca claramente

el resultado opuesto al de sus declaraciones previas.

Concluimos que se dan a cabalidad los tres (3)

elementos de la Doctrina de Actos Propios en este caso: la

recurrida incurrió en una conducta previa y durante el AC-2009-0014 27

proceso judicial que influyó en los actos del peticionario

para transferir la propiedad. Exigirle al peticionario el

pago de la suma líquida y los intereses luego de nueve (9)

años de emitido el Laudo conllevaría un indudable perjuicio

para éste. Por lo tanto, rechazamos el petitorio de la

recurrida.

Por otro lado, la recurrida reclama que la propiedad

no recibió el mantenimiento necesario y requerido por la

corporación interventora.25 En principio, el Laudo le

25 Con relación a La Península, el Laudo especifica que:

[E]ra responsabilidad de ambos el contribuir los fondos requeridos para cubrir todos los pagos relacionados con los bienes inmuebles. Esto era así para todas las propiedades inmuebles pertenecientes a la comunidad de bienes, excepto por la residencia localizada en la Urb. La Península en Cidra (la cual pertenecía a la corporación Steri-Tech, Inc. y para la cual se acordó lo siguiente:

‘Sobre los gastos de mantenimiento del inmueble que comprenden fumigación, sistemas eléctricos, aires acondicionados, cisterna, planta eléctrica, el portón eléctrico; la interventora asumirá los mismos debiendo la peticionaria notificarle de la necesidad de ellos por escrito o por medio electrónico. Por otro lado, la interventora reparará los daños ocasionados por el Huracán Georges, excepto pintar la estructura’.

ORTIZ se rehusó a hacer aportación alguna por lo cual VIVONI utilizó [préstamos recibidos de Steri-Tech, Inc. y Retenciones a ORTIz del “rédito” a ser pagado a ésta] para efectuar algunos de los pagos.

Por otro lado, Steri-Tech, Inc. también incumplió con su obligación de proveerle el mantenimiento acordado a la propiedad en la Urb. La Península. De la evidencia desfilada surge que la mayoría de las propiedades por las cuales la comunidad de bienes se hizo responsable de mantener, no se le dio el mantenimiento adecuado. Igual suerte sufrió la propiedad a la cual Steri-Tech, Inc. se supone le diera mantenimiento.

Es la conclusión del Árbitro que todas las partes incumplieron con sus obligaciones al respecto por lo cual se ordena lo siguiente:

[…] AC-2009-0014 28

exigía a la recurrida que le informara a la compañía

interventora la necesidad del mantenimiento, pero en algún

momento, la recurrida y los menores cambiaron su residencia

y la propiedad quedó en posesión de Steri-Tech, Inc.

Puesto que solamente contamos con las alegaciones de

la recurrida al respecto, y muy a pesar de nuestro interés

en que esta controversia finalice cuanto antes, nos vemos

forzados a devolver los autos al Tribunal de Primera

Instancia para que determine si la compañía interventora

debe efectuar algún tipo de arreglo a la propiedad por no

brindar el mantenimiento requerido o compensar por la falta

del mismo hasta el momento del traspaso a la recurrida.

IV

Por lo antes expuesto, expedimos el auto solicitado, y

revocamos la Sentencia recurrida. Devolvemos los autos al

Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los

procedimientos conforme a lo aquí resuelto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Mildred G. Pabón Charneco Jueza Asociada

3- Steri-Tech, Inc., a su propio costo, deberá contratar el personal técnico requerido para efectuar las reparaciones requeridas en la residencia localizada en la Urb. La Península, dentro de los próximos 30 días.

4- Steri-Tech, Inc. deberá proveer el mantenimiento normal requerido en dicha propiedad hasta la ejecución del laudo. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 867. (Énfasis nuestro). EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2010.

Por lo antes expuesto, expedimos el auto solicitado, y revocamos la Sentencia recurrida. Devolvemos los autos al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos conforme a lo aquí resuelto.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente señor Hernández Denton concurre y hace constar la siguiente expresión:

El Juez Presidente señor Hernández Denton concurre con la Opinión del Tribunal. Aunque coincide con el resultado al que llega la mayoría, entiende que en estricta juridicidad, era innecesario pautar en este caso una norma relativa a la procedencia del arbitraje en los casos de divorcio por consentimiento mutuo. Dicha controversia no fue suscitada por las partes ni por los foros recurridos, por lo que ésta no fue discutida ni argumentada en ninguna etapa del procedimiento judicial. Por ende, lo expresado por el Tribunal sobre la AC-2009-0014 2

validez del mecanismo de arbitraje acordado por las partes para liquidar la sociedad legal de gananciales no pasa de ser un dictum.

La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez disiente y concurre con Opinión escrita a la que se le une la Jueza Asociada señora Fiol Matta.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Peticionario

v. AC-2009-14 María de Lourdes Ortiz Carro

Recurrida

Opinión disidente y concurrente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez a la que se le une la Jueza Asociada señora Fiol Matta

San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre 2010

Discrepo del curso de acción que hoy anuncia la

mayoría de este Tribunal. La opinión ante nuestra

consideración presenta una controversia planteada por las

partes y otra creada por el Tribunal. La primera,

requiere resolver a partir de qué momento un laudo de

arbitraje es ejecutable. La otra, la controversia de

génesis judicial, atiende el asunto de si está disponible

para el divorcio por consentimiento mutuo el mecanismo de

arbitraje para liquidar y adjudicar los haberes de la

sociedad legal de gananciales. Respecto esta última, el

Tribunal resuelve en un dictum, que ese mecanismo no está

disponible aunque, paradójicamente, lo valida AC-2009-14 2

en este caso. Estoy en desacuerdo con la postura adoptada

por la mayoría por considerar que nada en nuestro

ordenamiento manda tal resultado, y que se basa, entre

otras cosas, en una desafortunada lectura del alcance de

nuestro dictamen normativo en Figueroa Ferrer v. E.L.A.,

107 DPR 250 (1978). Pero, sobre todo, porque no sólo se

atiende una controversia ajena a lo planteado por las

partes sino que, al resolverla, se expone una visión

limitada del alcance de nuestra función judicial para

resolver controversias noveles de derecho.

Por otro lado, me preocupa la reticencia de una

mayoría de los miembros de este Tribunal a utilizar los

mecanismos alternativos de resolución de disputas en áreas

no tradicionales. V. gr., Pueblo en el interés del menor

A.V. L., res. 17 de febrero de 2010, 178 DPR ___, 2010 TSPR

20. Considero que esta actitud supone descartar lo que ha

sido un adelanto cualitativo en la forma y manera de

atender y resolver conflictos interpersonales. La postura

del Tribunal es contraria a las más modernas corrientes que

promulgan la búsqueda de soluciones consensuadas a los

conflictos como mecanismo para la buena y pacífica

convivencia de los ciudadanos.

Igualmente de preocupante es la tendencia mayoritaria

de “proteger” a los ciudadanos que tratan de buscar

soluciones a sus problemas vinculados a su intimidad

personal y familiar, imponiéndoles controles sobre dichas

manifestaciones de voluntad. Es decir, protegiendo al

ciudadano de sí mismo. Recordemos que en nuestro AC-2009-14 3

ordenamiento las relaciones de familia han sido analizadas

desde la perspectiva del derecho a la intimidad. Rexach

vs. Ramírez, 162 D.P.R. 130 (2004). Una de las dimensiones

del derecho a la intimidad, plataforma sobre la cual

descansa nuestro dictamen en Figueroa Ferrer, ante, y al

que acude la mayoría para validar su determinación, tiene

como finalidad precisamente reconocerle a los ciudadanos su

autonomía en la adopción de decisiones personales. Véase,

M. Galán Juárez, Intimidad nuevas dimensiones de un viejo

derecho, Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces,

2004, pág. 130. Ello implica, inevitablemente, el

reconocimiento de la libertad individual como vehículo para

la elección y el desarrollo del propio plan de vida, por lo

que la decisión de contraer matrimonio o de divorciarse

incardina en la dimensión de autonomía del derecho a la

intimidad. Es desde esta perspectiva que debe analizarse

la controversia de confección judicial y que la mayoría hoy

ignora.

Por el contrario, considero que los jueces debemos

respetar la capacidad de las personas para regir sus

destinos y los de sus familias por lo que no veo

impedimento alguno a que, en casos apropiados, las partes

puedan optar por liquidar sus bienes matrimoniales mediante

un ordenado proceso de arbitraje. Considero, que

“[a]postar por devolver el poder a las partes para que se

responsabilicen de sus problemas y tomen las decisiones con

las que tendrán que convivir durante años”, es apostar

porque los mecanismos no adversativos para solucionar AC-2009-14 4

disputas se tornen en una realidad cotidiana en la sociedad

procurando así que “el ciudadano sea más libre para elegir

el modo en que quiere que se haga JUSTICIA.” L. García

Villaluenga, Mediación en Conflictos Familiares, Una

construcción desde el Derecho de familia, Editorial Reus,

Madrid, 2006, pág. 509. (Énfasis en original.)

Respecto la única controversia planteada por las

partes, el razonamiento mayoritario nos parece confuso y

poco convincente. No obstante, estoy de acuerdo con el

resultado pero bajo otros fundamentos.

Pasemos a repasar someramente los hechos en este caso.

El Sr. Jorge Alfredo Vivoni Farage y la Sra. María de

Lourdes Ortiz Carro obtuvieron un divorcio por

consentimiento mutuo el 3 de junio de 1999. Como parte de

las estipulaciones contenidas en la petición, acordaron que

la división de la sociedad de gananciales se realizaría

mediante un procedimiento de arbitraje. Luego de varios

incidentes procesales, el 13 de marzo de 2001 se emitió un

Laudo Final Actualizado. En éste se liquidaron todos los

bienes gananciales, adjudicándosele a la Sra. Ortiz Carro

una propiedad inmueble en Cidra (La Península), cuyo

dominio tenía la corporación, Steri-Tech, Inc.

En cuanto a la adjudicación de La Península, el laudo

establecía que ésta debía ser entregada a la Sra. Ortiz

Carro libre de cargas y gravámenes “dentro de los treinta

(30) días siguientes a la fecha de este laudo”. De no

transferir la propiedad en el término establecido, el Sr. AC-2009-14 5

Vivoni estaría obligado a entregar la cantidad de

$1,100,000 equivalente al valor en efectivo del inmueble.

Así las cosas, el 6 de abril de 2001 el Sr. Vivoni le cursó

una carta a la Sra. Ortiz Carro para concertar una fecha

para realizar la transferencia del inmueble.

No obstante, la Sra. Ortiz Carro presentó una

solicitud de revocación del laudo ante el Tribunal de

Primera Instancia. El Sr. Vivoni solicitó entonces la

modificación de éste con respecto a ciertas partidas. El

tribunal de instancia declaró ambas peticiones no ha lugar.

Ambos recurrieron al Tribunal de Apelaciones. Éste revocó

las resoluciones del foro primario y ordenó que dicho

tribunal examinara las alegaciones de ambos peticionarios.

Luego de varios incidentes procesales, el 6 de diciembre de

2005 el Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia

en la cual desestimó la impugnación de la Sra. Ortiz Carro,

pero modificó varias partidas del Laudo Final Actualizado.

El 28 de diciembre de 2005, el Sr. Vivoni se comunicó

nuevamente con la Sra. Ortiz Carro para otorgar las

escrituras referentes a la transferencia de La Península.

Sin embargo, la Sra. Ortiz Carro, aún inconforme, acudió al

Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de la

sentencia emitida por el foro primario. El tribunal

apelativo confirmó el laudo, aunque modificó algunas

partidas. Este Tribunal denegó revisar la sentencia del

foro intermedio, y denegó igualmente las dos mociones de

reconsideración presentadas por la Sra. Ortiz Carro. El

mandato fue devuelto el 17 de julio de 2007. AC-2009-14 6

El 28 de julio de 2007, el Sr. Vivoni solicitó a la

Sra. Ortiz Carro reunirse para concretar la transferencia

de La Península. El 1 de agosto de 2007, éste acudió al

tribunal de instancia solicitando la ejecución parcial de

la sentencia. Paralelamente, el 4 de octubre de 2007, la

Sra. Ortiz Carro solicitó de ese tribunal la suma líquida

de $1,100,000 correspondiente a la adjudicación de La

Península, pues alegó que había pasado el término que

establecía el Laudo para la transferencia, aun si se

contaba desde la devolución del mandato al Tribunal de

Primera Instancia. Este último, declaró con lugar la

solicitud del Sr. Vivoni y emitió una Orden para la

transferencia de los inmuebles. La Sra. Ortiz Carro reiteró

su solicitud del 4 de octubre, pero el foro primario la

declaró no ha lugar el 10 de diciembre de 2007.

La Sra. Ortiz Carro acudió al tribunal intermedio,

alegando que había errado el tribunal de instancia al

ordenar la transferencia de la propiedad y no el pago en

efectivo, a pesar del lenguaje del laudo. Antes de que el

tribunal apelativo expidiera el certiorari, el Tribunal de

Primera Instancia emitió el mandamiento correspondiente

para la firma de las escrituras, y el 4 de febrero de 2008

se concretó la transferencia, compareciendo el Sr. Vivoni

en representación de Steri-Tech Inc. y el Alguacil del

Tribunal en representación de la Sra. Ortiz Carro.

Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones revocó la

sentencia del foro de instancia y declaró nulas las

escrituras otorgadas, pues entendió que no se cumplió con AC-2009-14 7

la entrega de la propiedad en el término de 30 días

establecido en el Laudo Final Actualizado de 13 de marzo de

2001.

Inconforme, el Sr. Vivoni acudió a esta Curia. El 17

de julio de 2009, emitimos una orden de mostrar causa en la

cual le ordenamos a la parte recurrida que se expresara

sobre por qué no se debía expedir el auto y revocar el

dictamen del foro apelativo intermedio. La parte recurrida

compareció y el Tribunal hoy resuelve conforme había

intimado.

Como indicamos al inicio, este Tribunal hoy resuelve

que por exigencia de Figueroa Ferrer v. E.L.A., ante, el

mecanismo de arbitraje no está disponible para liquidar y

adjudicar los bienes de la sociedad conyugal en ocasión de

un divorcio por consentimiento mutuo. El Tribunal indica

que en Figueroa Ferrer, “destacamos que no se aceptaría

divorcio. Esto en reconocimiento de la delicadeza de tales

prescribiera otras normas.”

Con ello de trasfondo, la mayoría razona que en este

caso “se desvirtuó el propósito de una de las normas

establecidas” en Figueroa Ferrer, “utilizando la AC-2009-14 8

estipulación para dirigir el pleito a un procedimiento de

arbitraje, y las consecuencias que acarreó su mal uso.”

Continúa señalando que:

“el proceso arbitral y judicial ha estado mediado por la falta de consenso entre ambas partes con relación a la liquidación de sus haberes. Por todo lo antes expuesto –y ante el hecho de que el uso del arbitraje en estos casos puede exacerbar otros problemas al no existir parámetros claros para su empleo en este tipo de relaciones- este Tribunal rechaza el uso de las estipulaciones para someter a arbitraje la partición y liquidación del caudal de la sociedad de bienes gananciales luego de decretado el [d]ivorcio por la causal de consentimiento mutuo. De lo contrario se dejarían inconclusos aspectos tan importantes y de suma delicadeza que deben ser resueltos a la hora de disolver el vínculo conyugal.” (Énfasis en original.)

En otras palabras, el Tribunal estima que la liquidación y

adjudicación de los haberes de una sociedad legal de

gananciales no puede postergarse para un momento posterior

al divorcio, sino más bien, que hay que liquidarla

coetáneamente con la acción de divorcio cuando se invoca la

causal de consentimiento mutuo. Indica además que “en

Puerto Rico no existen parámetros para lidiar con los

efectos económicos del divorcio mediante el arbitraje.

Situación distinta sería el que la Asamblea Legislativa

autorice su uso y establezca parámetros para estos casos.”

Recapitulando, a base del razonamiento anterior

podemos concluir que la mayoría considera que no es

aceptable el arbitraje bajo los siguientes fundamentos: 1.

Por exigencia de Figueroa Ferrer, ante. 2. Porque hubo en

este caso falta de consenso. 3. Porque no existen

parámetros claros para la utilización del arbitraje. 4. AC-2009-14 9

Porque el asunto de la liquidación de los haberes

conyugales es uno delicado que no puede posponerse para un

momento posterior al divorcio.

Descartado el arbitraje como mecanismo para liquidar

la sociedad legal de gananciales el Tribunal expresa lo

siguiente:

No obstante, debido al largo tiempo que lleva éste (sic) caso litigándose sería en extremo perjudicial para las partes involucradas, que descartemos el trámite arbitral y judicial que se ha suscitado por los pasados once (11) años. Después de todo, la sentencia que lo estableció ya es final y firme. Sin embargo, advertimos que no se favorece el uso desvirtuado del arbitraje en los divorcios y mucho menos el que los tribunales autoricen este tipo de estipulaciones en casos de divorcio por consentimiento mutuo. En esos casos, la estipulación debe contener lo relativo a la división de bienes. (Énfasis nuestro.)

Comencemos por el final. Si la sentencia que validó

el mecanismo de arbitraje para liquidar la sociedad legal

de gananciales en este caso es final y firme, como

claramente lo es y así lo concluye la mayoría, ¿por qué

este Tribunal está pasando juicio sobre ello y resolviendo

que ése no era el mecanismo idóneo y que será impermisible

su uso en casos futuros? Máxime, cuando la disponibilidad

del mecanismo de arbitraje para pautar la división de los

haberes del matrimonio no fue uno de los errores que se nos

planteara en el recurso instado. Estamos ante una

“controversia” de hechura judicial, para la cual este AC-2009-14 10

Tribunal no ha provisto para que las partes se expresen

previo a resolver.26

El dictamen de la mayoría nos plantea varias

interrogantes: ¿Qué ha de ocurrir con las personas que se

encuentren en este momento inmersas en un procedimiento de

arbitraje porque así lo pactaron en las estipulaciones de

divorcio sometidas y acogidas por el foro de instancia?

¿El divorcio decretado en estos casos es válido o es nulo?

¿Y si contrajeron nuevo matrimonio? Es alarmante que este

Tribunal se adentre a resolver un asunto de trascendental

importancia para el Derecho de familia y de severas

repercusiones para quienes se encuentran actualmente

involucrados en un proceso de divorcio, sin que el asunto

26 Es doctrina reiterada de práctica apelativa, que los tribunales no habrán de considerar asuntos que no fueron planteados en los foros inferiores. Así, hace casi ochenta años dijimos que “[n]o es necesario que resolvamos o discutamos ninguna cuestión que no haya sido específicamente planteada por señalamiento de error ni abiertamente presentada por la argumentación en ninguno de los alegatos.” Banco Territorial y Agrícola v. Vidal, 42 D.P.R. 869, 872 (1931). Véanse además, entre otros, Misión Industrial de Puerto Rico v. Junta de Planificación, 146 D.P.R. 64, 145 (1998); Trabal Morales v. Ruiz Rodríguez, 125 D.P.R. 340, 351 (1990); Murcelo v. H.I. Hettinger & Co., 92 D.P.R. 411, 426 (1965); Garaje Rubén, Inc. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 236, 242 (1973); Autoridad sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 D.P.R. 436, 439 (1950). Esta norma no obedece a una reverencia desmedida a los ritos procesales, sino más bien, a consideraciones de trato justo a las partes quienes no han tenido la oportunidad de presentar sus posiciones legales respecto a algún asunto. Hacer caso omiso de este principio milita en contra de la justiciabilidad del pleito, pues se prescinde de que los litigantes promuevan sus posturas vigorosamente ante el foro judicial. Véase, Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 427 (1994). Claro está, en situaciones extremas en las que aferrarse rígidamente a la norma ocasione a alguna de las partes un grave perjuicio, hay cabida para el ejercicio de la discreción y considerar un asunto no planteado. Ésta, claramente, no es la situación ante nuestra consideración. AC-2009-14 11

que resuelve hubiese sido argumentado por las partes y sin

haber ponderado los efectos de su dictamen, como es

evidente ha ocurrido en este caso.

Por otro lado, en la cita antes transcrita, el

tribunal indica que “no se favorece el uso desvirtuado del

arbitraje en los divorcios.” (Énfasis nuestro.) ¿Acaso

con esta expresión se está indicando que el arbitraje no

está disponible para liquidar una sociedad de gananciales,

independientemente de la causal para el divorcio? ¿O es

que la norma pautada sólo aplica para divorcios por la

causal de consentimiento mutuo? Interpreto la expresión

del Tribunal como que aplica a todo divorcio. Si ese fuera

el caso, ¿no habría que explicar por qué es necesario una

norma tan dilatada, cuando la razón para descartar este

mecanismo es lo resuelto en Figueroa Ferrer?

Regresemos entonces a evaluar los argumentos que

anteriormente habíamos reseñado como fundamento del

Tribunal para descartar el uso del arbitraje en el campo

del Derecho de familia, específicamente, en casos de

divorcio por consentimiento mutuo.

Como ya dijimos, el Tribunal considera que Figueroa

Ferrer, ante, impide que se utilice el proceso de arbitraje

para liquidar la sociedad legal de gananciales. No le

adscribo tal alcance a lo allí expresado. Lo que dice

Figueroa Ferrer, es que la petición de divorcio debe venir

acompañada de “las estipulaciones correspondientes sobre la

división de sus bienes.” Figueroa Ferrer, ante, pág. 277.

Pues bien, en estricto rigor, considero que eso fue lo que AC-2009-14 12

ocurrió aquí. Las partes en este caso reconocieron en la

estipulación suscrita la existencia de una comunidad de

bienes compuesta por los haberes adquiridos durante el

matrimonio e indicaron que esa comunidad se dividiría 50%

para cada cual. Anejaron a dicho documento una lista de

dichos bienes así como también de sus deudas. Las partes

estipularon que, de no dividir la comunidad de bienes que

expresamente habían reconocido en el convenio sometido al

foro de instancia, se someterían a un proceso vinculante de

arbitraje. Éstas establecieron detalladamente en el

documento sometido a la consideración del juez las

facultades del árbitro, cómo se seleccionaría y los

términos que éste tendría para resolver los asuntos traídos

a su atención. Además, dispusieron que el laudo sería

firme e inapelable así como también que sus honorarios

serían prorrateados entre las partes.

No hay duda que las partes estipularon --que no es

otra cosa de convenir, concertar o acordar, Diccionario de

la Lengua Española, Editorial Espasa Calpe, Madrid, 2001,

pág. 998-- cómo se dividirían los bienes del matrimonio.

Y utilizaron el mecanismo de un árbitro, cuyas facultades

enumeraron en el documento, para llevar a cabo la

adjudicación de tales bienes. Adviértase que en Figueroa

Ferrer, ante, no exigimos que las partes liquidaran y

adjudicaran los bienes de la sociedad antes de decretarse

el divorcio o en el acto del divorcio, sino más bien, que

estipularan sobre la división de sus bienes como requisito

para el divorcio. Consideramos que esta lectura de nuestro AC-2009-14 13

dictamen en Figueroa Ferrer, ante, es la que mejor se

ajusta a los fundamentos que esgrimimos para validar el

divorcio por consentimiento mutuo. Permite facilitar los

procesos de divorcio para que las parejas puedan poner fin

a la relación matrimonial que voluntariamente asumieron y

que por infinidad de razones no desean continuar.

Otro de los argumentos de la mayoría para rechazar el

uso del arbitraje como herramienta para la liquidar los

bienes habidos en el matrimonio es que ello dejaría

“inconcluso aspectos tan importantes y de suma delicadeza

conyugal.” Si ese fuera un argumento legítimo en derecho,

considero entonces que el Tribunal debe ordenar que ello

sea así en todo divorcio, independientemente de la causal.

Habría que preguntarse por qué en casos de divorcio por

otras causales como, por ejemplo, trato cruel, adulterio, o

por separación, no se exige la liquidación y adjudicación

de los bienes gananciales como requisito para decretar

disuelto el vínculo matrimonial. ¿O es que la división y

adjudicación de los bienes gananciales es un asunto

“importante y delicado” sólo cuando las partes invoquen la

causal de raigambre constitucional para el divorcio? ¿Por

qué? ¿Qué hace distinto el proceso de divorcio por

consentimiento mutuo que impone requisitos no exigibles en

divorcios bajo otras causales? Nos parece, que en

correcta metodología jurídica, este Tribunal viene obligado

a enfrentarse a estas interrogantes para validar su

conclusión. AC-2009-14 14

A mi juicio, el Tribunal incurre en un aparente

contrasentido al descartar el arbitraje para lidiar con los

efectos económicos del divorcio pero no así para atender

otros asuntos relacionados con el Derecho de familia. Me

explico. En la opinión el Tribunal expresa lo siguiente:

“Señalamos que de forma alguna rechazamos los beneficios

que el arbitraje, en aspectos esenciales de un divorcio o

en otro tipo de disputas familiares, pueda proporcionar.”

(Énfasis nuestro.) Con lo cual, el Tribunal parece avalar

la utilización del mecanismo de arbitraje para atender

algunos asuntos de Derecho de familia, pero sin explicarnos

cuáles o qué parámetros se deben utilizar para considerar

su utilización. ¿Se puede someter a arbitraje un conflicto

relacionado con la custodia de unos menores, o de la patria

potestad, o la relación materno o paterno filial, o incluso

el propio divorcio siempre y cuando no sea por

consentimiento mutuo? Estos asuntos, ¿son menos

“importantes y delicados” que la división de los haberes

acumulados durante el matrimonio que por eso se pueden

resolver en arbitraje? Habría quien pudiera pensar todo lo

contrario, que alguno de estos temas son aún más sensitivos

que adjudicar unos bienes pues involucran a menores “que

son más dignos de protección dada su edad y su falta de

capacidad para gobernarse por sí mismo.” E. Roca Trías,

Crisis Matrimonial y Arbitraje, Anuario Justicia

Alternativa, No. 6, 2005, 171, 177. Lo anterior, a mi

juicio, ejemplifica la inconsistencia interna que trasluce

la opinión avalada por la mayoría. Tal vez, ello es el AC-2009-14 15

resultado de lo que adelantamos, de que las partes no han

tenido una oportunidad de discutir y argumentar

vigorosamente esta “controversia” y plantearnos todas sus

posibles ramificaciones.

Antes bien, considero igualmente erróneo el

razonamiento de la mayoría de que no procede el mecanismo

alterno escogido por las partes porque “en Puerto Rico no

existen parámetros para lidiar con los efectos económicos

del divorcio mediante el arbitraje.” No tiene razón el

Tribunal. Primeramente, en este caso las partes

convinieron específicamente los términos del proceso de

arbitraje, nada quedó al azar o al arbitrio de una de las

partes. No se puede aseverar entonces que no existían

parámetros en este caso para atender la adjudicación de los

bienes gananciales mediante arbitraje.

El mecanismo que exige el Tribunal fue el acordado por

las partes en este caso. Por su importancia, citamos en su

totalidad las disposiciones relativas al proceso de

arbitraje incluidas en la estipulación suscrita por las

partes:

En los próximos diez (10) días contados a partir de que la Sentencia advenga final y firme los peticionarios escogerán por sorteo, de entre una terna de tres personas, un árbitro que atenderá todos los aspectos relativos a la liquidación y partición del caudal comunal.

A esos fines, el árbitro queda facultado para: 1. Recibir prueba testifical, documental y pericial de los peticionarios; 2. Hacer las determinaciones de hechos y conclusiones de derecho que estime apropiadas; 3. Resolver planteamientos de evidencia y similares; 4. Citar testigos a las vistas. El árbitro atenderá toda AC-2009-14 16

controversia relacionada a la partición y liquidación de la masa comunal.

El árbitro tendrá treinta días calendario para emitir su laudo a partir de que el caso quede sometido a su consideración, pero, nunca después del día 31 de diciembre de 1999.

El laudo que él emita será final, firme e inapelable para los peticionarios. Y sus honorarios serán prorrateados entre los peticionarios. Cada parte, además, pagará sus respectivos gastos legales.

Hasta tanto no se emita el laudo arbitral el que deberá rendirse para el día 31 de diciembre de 1999, la peticionaria co-administrará los bienes de la comunidad. Además, la peticionaria continuará recibiendo el rédito de $5,000.00 mensuales convenidos entre ellos. Dicho pago será efectuado en o antes de los días 15 de cada mes, y hasta las resultas del procedimiento de arbitraje o el día 31 de diciembre de 1999. Además, seguirá devengando los $2,500.00 por concepto de salario que percibe de la corporación. La interventora, Steri-Tech hará las retenciones mandatorias dispuestas por Ley.

Los peticionarios han convenido entre ellos que, de mediar caso fortuito o fuerza mayor que impida la emisión del laudo en o antes del día 31 de diciembre de 1999, el plazo se prorrogará por un término igual al que dure el mismo quedando prorrogados los acuerdos contenidos en esta petición por igual plazo. No hay duda de que las partes que hoy se encuentran

ante nosotros regularon adecuadamente el proceso de

arbitraje a que se sometieron e impusieron los

requerimientos básicos necesarios para que la herramienta

adoptada operara de forma eficaz. Tan es así, que ninguna

de ellas ha objetado el procedimiento de arbitraje y como

éste fue conducido por el árbitro. Ello, a mi juicio, es

indicativo de que independientemente de las posibles

objeciones a uno de los múltiples asuntos atendidos y

resueltos por el árbitro, ambas partes quedaron satisfechas AC-2009-14 17

con el mecanismo que adoptaron para liquidar los haberes de

la comunidad de bienes y cómo éste operó. No se puede

concluir entonces que en este caso no existían guías

adecuadas para conducir el procedimiento de arbitraje.

Considero superada así la objeción expresada por la mayoría

para negarle eficacia a este proceso no adversativo de

resolución de conflictos en el campo del Derecho de

familia. A mi juicio, nada impide, cara a la realidad que

hoy vivimos, que convalidemos el acuerdo autocompositivo de

las partes para procurar la liquidación de los haberes

acumulados durante la vigencia de su matrimonio.

De otra parte, la aseveración en torno a la falta de

parámetros parece no considerar la existencia del

Reglamento de métodos alternos para la solución de

conflictos, 4 L.P.R.A. Ap. XXIX, (el Reglamento) promulgado

por el Tribunal Supremo para, precisamente, regular las

herramientas alternativas como el arbitraje en los casos

civiles instados en los tribunales de nuestro país.

Considero que la mayoría debió explicar porque este

Reglamento es inadecuado para regentar los procesos de

arbitraje cuando se intenta adjudicar los haberes

matrimoniales una vez decretado el divorcio.

El Reglamento declara como política pública de la Rama

Judicial “fomentar la utilización de mecanismos

complementarios al sistema adjudicativo tradicional con el

fin de impartir justicia en una forma más eficiente, rápida

y económica.” 4 L.P.R.A. Ap. XXIX, R. 1.01. Entre los

mecanismos que se regulan en el Reglamento está el AC-2009-14 18

arbitraje, cuyo propósito se describe como la herramienta

que permite “proveer a las partes la oportunidad de

presentar su versión de los hechos, las teorías legales y

la evidencia dentro de un procedimiento adjudicativo más

rápido e informal que el judicial.” 4 L.P.R.A. Ap. XXIX,

R. 8.01(a). Dispone además, que las “partes tienen la

potestad de decidir si se someten o no a este proceso.”

Íbid. El Reglamento indica que se podrán someter a

arbitraje: “todas las acciones de naturaleza civil que no

estén excluidas por estas reglas.” (Énfasis nuestro.) 4

L.P.R.A. Ap. XXIX, R. 8.02. Ninguna de las exclusiones

contenidas en la Regla 8.03 menciona los asuntos

relacionados con la liquidación de una sociedad legal de

gananciales. Por lo que, en principio y sujeto a la

conformidad de las partes, el Reglamento permite el

arbitraje en casos de liquidación y adjudicación de bienes

gananciales.

Por otro lado, el Reglamento sí establece que el

tribunal tendrá “discreción para excluir cualquier caso que

no pertenezca a ninguna de las categorías” excluidas en las

reglas cuando, “a su juicio, la naturaleza del caso, la

complejidad de las controversias o cualesquiera otras

circunstancias lo hagan inapropiado para arbitraje.” 4

L.P.R.A. Ap. XXIX, R. 8.04(b). Por lo que aun cuando el

Reglamento no impide se someta a arbitraje la liquidación y

gananciales, la determinación final sobre ese proceder

dependerá de la ponderación que haga el juez de instancia AC-2009-14 19

sobre su conveniencia en un caso en particular. Debemos

suponer que cuando un juez concluye que un caso es idóneo

para referirlo a arbitraje, es porque ha sopesado todos los

factores que rodean la controversia y ha concluido que se

sirve mejor los intereses de las partes refiriendo el

asunto a un proceso de arbitraje para que sea allí donde

dirimen los conflictos familiares.

No es correcto entonces postular que nuestro

ordenamiento no provee mecanismos adecuados para regular

los procesos de arbitrajes en casos de liquidación de los

haberes gananciales. No obstante las disposiciones del

Reglamento, el Tribunal guarda silencio de porque lo allí

dispuesto no es adecuado o insuficiente para atender

asuntos de esta naturaleza.

Finalmente, la propia Ley de Arbitraje de Puerto Rico,

32 L.P.R.A. secs. 3201 et sec., puede utilizarse, tal y

como hace la mayoría en su dictamen, para regular un

proceso de arbitraje de liquidación de sociedad legal de

gananciales. No hay porque entonces denegar el alcance de

su aplicación al Derecho de familia. Véase, R. Serrano

Geyls, Derecho de Familia de Puerto Rico y Legislación

Comparada, Universidad Interamericana de Puerto Rico, San

Juan, vol I, 2002, págs.. 712-713.

Sostengo que en casos como el que tenemos ante nuestra

consideración, una vez el juez se confronta con una

petición de que la adjudicación de los haberes de la

sociedad legal de gananciales se refieran a arbitraje éste

debe, previo a prestarle su anuencia, ponderar los AC-2009-14 20

siguientes factores: primero, cerciorarse de que las partes

comprenden las consecuencias legales del divorcio; segundo,

que éstos entienden las implicaciones de someter al proceso

de arbitraje la liquidación de los haberes gananciales;

tercero, que ninguna de las partes actúa bajo coacción;

cuarto, que ambos poseen plena capacidad para actuar;

quinto, que el convenio no lacera los principios y valores

que animan el Derecho de familia o el llamado orden público

familiar; y sexto, que el acuerdo claramente provea para

que el laudo se emita conforme a Derecho y permita la

revisión judicial.

Debemos resaltar que aún cuando este tipo de convenio

constituye una manifestación de la tendencia moderna de

validar la autonomía personal en la regulación de los

asuntos íntimos personales y familiares, por lo que debemos

considerarlos de forma favorable, su contenido no queda a

la total merced de la autonomía negocial de las partes ya

que el tema sobre el cual versa se refiere a delicados

asuntos de familia. Es por ello que entiendo que el juez

debe evaluar con rigor y bajo los criterios previamente

señalados cualquier solicitud para remitir a arbitraje la

liquidación de los haberes del matrimonio en ocasión de un

divorcio. Véase, M. D. Díaz-Ambrona Bardaji, F. Hernández

Gil, Lecciones de Derecho de Familia, Editorial centro de

Estudios Ramón Areces, S.A., Madrid, 1999, pág. 219.

Hay que reconocer que en las situaciones derivadas del

divorcio entran en juego las cuestiones más íntimas de las

personas, las pasiones más enconadas y sensibles, junto a AC-2009-14 21

los intereses más dignos de protección jurídica, por lo que

éstas “son difíciles de armonizar y pocas resoluciones

judiciales pueden dictarse con aspiración a resolver

satisfactoriamente la situación de conflicto entre los

cónyuges.” Díaz-Ambrona Badalají, Hernández Gil, op. cit,,

pág. 218. Ello, sin embargo, no puede ser el fundamento

para rechazar y descartar de plano el proceso de arbitraje

como mecanismo alterno para transigir las consecuencias de

naturaleza puramente patrimonial que se derivan del

divorcio, sino tal vez, todo lo contrario. Es correcto que

no todo caso de liquidación de los haberes de la sociedad

es el idóneo para referir a un proceso de arbitraje. Es

por ello que el juez, previo a homologar una petición en

tal sentido, debe cerciore que el convenio no es

perjudicial para uno de los cónyuges utilizando los

parámetros antes mencionados. Pero de lo que se trata es

de dibujar con fino pincel las excepciones caso a caso, no

de pintar con brocha ancha para vedarlo de nuestro

ordenamiento. Y es que la utilización de métodos alternos

de resolución de disputa como el arbitraje, “permite

transformar los conflictos porque ayuda a enfrentar los

problemas de forma colaborativa e implica un cambio en la

aproximación: en lugar de buscar empeorar las alternativas

de la otra parte para una negociación distributiva, se

pueden aumentar las posibilidades de realizar ganancias

conjuntas que puedan ser compartidas.” García Villaluenga,

op. cit., pág. 149. A ello deberíamos aspirar. AC-2009-14 22

Para concluir y muy someramente, una vez el Tribunal

resuelve el asunto sobre el arbitraje pasa a atender lo

relativo a cuándo un laudo es ejecutable. La ponencia

indica que en la gran mayoría de los casos, los laudos

arbitrales son ejecutados voluntariamente por las partes,

pues como dice el artículo 21 de la Ley Núm. 376 de 1951,

la validez de un laudo que de otro modo fuere válido no

quedará afectada por el hecho de no presentarse una moción

alguna para su confirmación. No obstante, en aquellas

instancias en que las partes difieren sobre la validez o

corrección del laudo, la Ley 376 brinda vías para obligar a

su cumplimiento. Entre éstas, la Ley 376 permite entablar

-en cualquier fecha dentro del año siguiente al laudo- un

procedimiento sumario para la confirmación de éste ante el

tribunal de instancia, el cual deberá emitir una sentencia

confirmándolo, la cual es ejecutable de acuerdo a las

Reglas de Procedimiento Civil. Igualmente, aquel que no

esté de acuerdo con el laudo, puede –en un término de 3

meses desde que se le notifique el laudo- presentar una

moción para revocar, modificar o corregir un laudo.

Sin embargo, la propia Ley 376 indica que ante una

moción para revocar, modificar o corregir el laudo, el foro

primario podrá suspender los procedimientos que la parte

adversa a aquella que ha presentado la moción haya iniciado

para ejecutar el laudo. Véase, 32 L.P.R.A. sec. 3224.

Esto presupone que la parte adversa pudo comenzar el

procedimiento de ejecución del laudo, aun cuando no hayan AC-2009-14 23

transcurrido los términos para solicitar la revocación,

modificación o corrección de éste. Por lo tanto, la

opinión parece resolver que un laudo arbitral es ejecutable

desde su emisión, sin perjuicio de que presentada una

moción para solicitar su revocación, modificación o

corrección, el foro primario pueda suspender dichos

procedimientos.

En el caso de autos, la ponencia dice que ninguna de

las partes solicitó la confirmación y ejecución del laudo

tan pronto fue emitido. Su impugnación, en nada afectó las

disposiciones referentes a La Península. Por lo tanto, la

disposición que adjudicaba la propiedad a la Sra. Ortiz

Carro era ejecutable desde la emisión del laudo. Sin

embargo, aplicando la doctrina de actos propios, la opinión

concluye que --debido a que fue por las impugnaciones

presentadas por la Sra. Ortiz Carro que no se pudo ejecutar

el laudo en el tiempo establecido en éste- ésta no puede

beneficiarse de dicho incumplimiento. Por lo tanto, revoca

la sentencia del Tribunal de Apelaciones y devuelve al

Tribunal de Primera Instancia para que se determine si la

corporación Steri-Tech Inc. realizó unas reparaciones que

alegadamente debía hacer antes de transferir la propiedad.

En cuanto al resultado a que llega la mayoría de que

el laudo es ejecutable desde que se emite considero que

ello es cónsono con la finalidad que deben tener los laudos

y con las disposiciones estatutarias de la ley de

arbitraje, aunque en principio parecería ilógico permitir

la ejecución de un laudo, mientras todavía otra de las AC-2009-14 24

partes puede solicitar su corrección, modificación o

inclusive su revocación. No obstante, la explicación de lo

que ocurrió en este caso, y porqué debe aplicarse la

doctrina de actos propios no es convincente.27 Prefiero

pensar que, puesto que el Sr. Vivoni solicitó a la Sra.

Ortiz Carro el otorgamiento de las escrituras en abril de

2001, dentro de los 30 días originales, el hecho de que

ella no contestó ese requerimiento y solicitó en mayo de

2001 la impugnación del laudo, es causa suficiente para

invocar la doctrina de actos propios. Sin embargo, si el

Sr. Vivoni no hubiese hecho nada dentro de los primeros 30

días, poco importaba que la Sra. Ortiz Carro hubiese luego

impugnado el laudo, si ya se había incumplido la condición,

partiendo de lo resuelto, esto es, que el laudo es

ejecutable desde su emisión, por lo que los 30 días

contaban desde el 13 de marzo de 2001. En cuyo caso, no

tengo objeción a que el caso de devuelva al foro primario.

Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada

27 Causa consternación que, ausente una determinación expresa de que se ha incurrido en mala fe procesal, se pueda penalizar a quien utilice un mecanismo procesal que tiene disponible. Gutiérrez Vázquez v. Hernández Hernández, 2007 TSPT 174. Véase además, J. Picó I. Junoy, El Principio de la Buena Fe Procesal, J.M. Bosch Editor, Madrid, 2003.