EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Comisionado de Seguros de Puerto Rico Certiorari Peticionario 2014 TSPR 104 v. 191 DPR ____ Triple-S Salud, Inc.
Recurrida
Número del Caso: CC-2013-873
Fecha: 5 de septiembre de 2014
Tribunal de Apelaciones:
Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Román, la Juez Colom García y el Juez Vizcarrondo Irizarry
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Margarita Mercado Echegaray Procuradora General
Lcda. María Umpierre Pagán Procuradora General Auxiliar
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. César T. Alcover Lcda. Diana Pérez Seda
Materia: Sentencia con Opinión de Conformidad y Opinión
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Comisionado de Seguros de Puerto Rico
Peticionario
v. CC-2013-873
Triple-S Salud, Inc.
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 5 de septiembre de 2014.
Luego de analizar con detenimiento el expediente de este caso y los escritos de las partes, revocamos la determinación del Tribunal de Apelaciones y confirmamos la decisión administrativa. La multa de $10,000 que impuso la OCS a Triple-S está justificada por la evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo.
Lo acordó y ordena el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez Torres emitió una Opinión de Conformidad a la cual se unió el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón. El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió una Opinión Disidente a la cual se unieron la Jueza Asociada señora Pabón Charneco, el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo y el Juez Asociado señor Rivera García.
Aida I. Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES a la que se unió el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón.
El Tribunal de Apelaciones utilizó el principio
de proporcionalidad de la sanción como escrutinio de
revisión judicial en la decisión administrativa que
nos ocupa. Ese principio ha sido rechazado
consistentemente por este Tribunal. Véanse, Com.
Seg. P.R. v. Antilles Ins. Co., 145 DPR 226, 233-234
(1998), reafirmado en Comisionado de Seguros v.
PRIA, 168 DPR 659, 667-668 (2006). En esa
jurisprudencia reconocimos la discreción que tienen
las agencias administrativas al momento de
seleccionar las medidas que les ayuden a cumplir los
objetivos de las leyes cuya administración e
implantación se les ha delegado. A tenor con lo CC-2013-873 2
resuelto en esos casos, ausente un abuso de discreción,
procede revocar al Tribunal de Apelaciones y confirmar la
decisión administrativa. Por eso estoy conforme con la
Sentencia que hoy emite este Foro.
I
El 30 de junio de 2009, el Hospital del Maestro
presentó ante la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS)
una reclamación en contra de Triple-S por su
incumplimiento con el pago de un servicio de salud
(procedimiento 0272-19499), prestado el 17 de julio de
2008, a la paciente asegurada Yolanda Rodríguez Colón.
En esa solicitud, el Hospital del Maestro indicó que
la señora Rodríguez Colón recibió unos servicios en la
institución hospitalaria el 17 de julio de 2008, y que se
le facturó electrónicamente al plan en septiembre de 2008.
Señaló que el plan emitió un pago parcial el 26 de
septiembre de 2008, pero dejó al descubierto parte de la
cuenta. El 6 de octubre de 2008, se presentó nuevamente a
Triple-S la factura, pero no hubo contestación.
El 22 de octubre de 2009, la OCS notificó a Triple-S
de la solicitud de intervención y requirió que en el
término de quince días, le sometiera evidencia del pago
del procedimiento 272–19499, así como copia de la
contestación a la querella presentada por el Hospital del
Maestro. En esa carta, también se apercibió a Triple-S que
no contestar en el término indicado constituiría una
obstrucción al poder de investigación que tiene el
Comisionado de Seguros. CC-2013-873 3
El 27 de octubre de 2009, Triple-S presentó ante la
OCS una moción en la que solicitó el formulario de
solicitud de intervención y cualquier prueba documental
que obrara en el expediente. Así también, requirió que una
vez se proveyera lo solicitado, se concediera un nuevo
término para contestar la carta. El 2 de marzo de 2010,
tras haber transcurrido el término de quince días y sin
que la OCS le concediera un término adicional, Triple-S
solicitó el cierre y el archivo de la investigación, pues
no se le habían suministrado los documentos solicitados.
La OCS le notificó a Triple-S que no habían sometido la
información solicitada y le concedió hasta el 28 de junio
de 2010 para así hacerlo. El 30 de junio de 2010, Triple-
S presentó su contestación e indicó que ya había provisto
lo requerido el 2 de marzo de 2010.
Luego de realizar la investigación correspondiente,
la OCS emitió una orden en la cual imputó a Triple-S haber
incurrido en violaciones de los Arts. 2.130, 30.030 y
30.070 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA secs.
245, 3002 y 3006, así como de los Arts. 4, 8 y 11 de la
Regla Núm. 73 del Reglamento Núm. 6559, según enmendado,
conocido como Normas para regular el pago puntual de
reclamaciones a los proveedores de Salud y del Art. 6 de
la Regla I-A del Reglamento Núm. 5266 de 3 de julio de
1995, conocido como el Reglamento del Código de Seguros.
Las violaciones consistieron en que, alegadamente, Triple-
S: (1) no presentó evidencia del pago de la reclamación ni
de los intereses legales correspondientes, según fue CC-2013-873 4
requerida por la OCS en dos ocasiones; (2) no pagó el
servicio prestado por el Hospital con un costo de $348
(procedimiento 0272-19499), ni los intereses legales; y
(3) no contestó la querella que le presentó el Hospital
del Maestro en el término dispuesto para ello. En virtud
de lo anterior, la OCS impuso a Triple-S una multa
administrativa de $10,000 y le ordenó pagar el servicio no
pagado, junto con los intereses legales correspondientes.
Inconforme, Triple-S solicitó una vista
administrativa, la cual, luego de varios incidentes
procesales, se celebró. En esa vista, las partes
presentaron amplia prueba documental. También, la OCS
presentó el testimonio de la Sra. Inarvis Bonilla Vélez,
quien es Analista de Reclamaciones de la Unidad de Pago
Puntual de la OCS y Triple-S presentó el testimonio de la
Sra. Virginia Rivera Carrión, quien es la supervisora de
su Departamento de Relaciones Profesionales.
En virtud de esos hechos, la OCS confirmó la Orden
emitida junto con la multa administrativa impuesta de
$10,000. Triple-S presentó una reconsideración, que se
declaró no ha lugar.
En desacuerdo, Triple-S presentó un recurso de
revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones.
Sostuvo que la OCS erró al determinar que Triple-S no
objetó ni notificó como no procesable la reclamación del
procedimiento 0272-19499, pues del expediente surgía la
evidencia de esa notificación. Por último, argumentó que
la OCS violó su debido proceso de ley sustantivo, al CC-2013-873 5
imponerle una multa desproporcionada e irrazonable en
comparación con las faltas alegadas.
Posteriormente, la OCS presentó su oposición. Señaló
que de la prueba vertida en el juicio surgía claramente
que Triple-S no notificó al Hospital su objeción respecto
a la reclamación del procedimiento 0272-19499. Añadió que
la multa no era desproporcionada, pues a Triple-S no se le
sancionó por una sola falta, sino por múltiples
violaciones al Código de Seguros y a su Reglamento.
Luego de varios incidentes procesales, el Tribunal de
Apelaciones notificó una sentencia en la que confirmó la
resolución recurrida, inclusive la multa. Resolvió que
Triple-S había cometido las violaciones al Código de
Seguros y a su Reglamento, que le fueron imputadas por la
OCS. En consecuencia, determinó que la OCS estaba
facultada para imponer la multa de $10,000 y que dicha
imposición no fue ilegal, irrazonable o arbitraria.
El 21 de junio de 2013, Triple-S presentó una moción
de reconsideración. Arguyó que la multa era
desproporcionada e irrazonable, porque era 29 veces mayor
a la cuantía de la falta cometida. En su consecuencia,
solicitó que se modificara la sentencia y que se
atemperara la multa impuesta para que su cuantía guarde
proporción a las faltas incurridas por Triple-S.
El Tribunal de Apelaciones reconsideró y redujo la
multa de $10,000 a $1,000, para que reflejara “la
proporcionalidad equitativa” a la falta incurrida y se
evitara una “injusticia”. CC-2013-873 6
Inconforme, la OCS presentó una solicitud de
certiorari ante este Tribunal, en la que señaló que el
foro apelativo intermedio erró al sustituir el criterio de
la OCS por el suyo y reducir la multa administrativa
impuesta a Triple-S por varias infracciones al Código de
Seguros y su Reglamento. También expresó que el Tribunal
de Apelaciones incidió al no brindarle deferencia a la
determinación administrativa respecto a la multa impuesta,
haciendo completa abstracción de los precedentes
judiciales en torno al alcance de la revisión judicial de
las determinaciones administrativas mediante la cual se
imponen sanciones.
El 28 de febrero de 2014, emitimos una Resolución en
la que ordenamos a Triple-S mostrar causa por la cual no
se debía revocar el dictamen recurrido. Nuestra orden se
cumplió. Con el beneficio de la comparecencia de ambas
partes, resolvemos.
II
Nuestro derecho administrativo reconoce que los
dictámenes de los organismos administrativos merecen la
mayor deferencia judicial. OCS v. Universal, 187 DPR 164,
179 (2012); The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR
800, 821 (2012); Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181
DPR 969, 1002 (2011); Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 693
(2006). Esos procesos están cobijados por una presunción
de regularidad y corrección. Íd.; Henríquez v. Consejo de
Educación Superior, 120 DPR 194, 210 (1987). Por eso, la
revisión judicial se circunscribe a determinar si la CC-2013-873 7
actuación de la agencia es arbitraria, ilegal o
irrazonable. O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98, 119 (2003).
Las conclusiones de derecho serán revisables en todos
sus aspectos. Sec. 4.5 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto
de 1988, según enmendada, conocida como la Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 LPRA sec. 2175.
Ahora bien, los tribunales no deben descartar livianamente
las conclusiones de derecho hechas por las agencias
administrativas. Torres Santiago v. Depto. Justicia,
supra, págs. 1002-1003. Por el contrario, deben dar gran
peso y deferencia a las aplicaciones e interpretaciones
que hagan las agencias con respecto a las leyes y
reglamentos que administran. Asoc. Fcias. v. Caribe
Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010); Asoc. Vec.
H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 75 (2000).
La deferencia que se reconoce a las decisiones de las
agencias administrativas cederá cuando no se fundamente en
evidencia sustancial, cuando la agencia se equivoque en la
aplicación de una ley o cuando la actuación sea
arbitraria, irrazonable o ilegal. OCS v. Universal, supra,
pág. 179.
Este Tribunal en Com. Seg. P.R. v. Antilles Ins. Co.,
145 DPR 226, 233-234 (1998), rechazó expresamente adoptar
en nuestra jurisdicción el principio de proporcionalidad
como escrutinio en revisión judicial de las decisiones
administrativas. Véase, además, Comisionado de Seguros v.
PRIA, supra, págs. 667-668. Mencionamos en particular: CC-2013-873 8
Respecto a la revisión de la facultad de imponer sanciones, los tribunales también le han reconocido mucha discreción a las agencias administrativas en la selección de las medidas que le ayuden a cumplir los objetivos de las leyes cuya administración e implantación se les ha delegado, siempre que actúen dentro del marco de su conocimiento especializado y de la ley. En estos casos la revisión judicial no será para determinar si la sanción impuesta guarda proporción con la conducta por la cual se impone la sanción ni si la sanción es demasiado fuerte. Esta evaluación corresponde hacerla a la propia agencia, quien por su experiencia especializada es quien está en la mejor posición para conocer los efectos de una violación a los intereses protegidos y cuya agencia, al mismo tiempo, asegura cierto grado de uniformidad y coherencia en la imposición de sanciones. Kulkin v. Bergland, 626 F.2d 181 (1er Cir. 1980). En estos casos, la revisión judicial se limitará a evitar que las agencias actúen en forma ilegal, arbitraria, en exceso de lo permitido por ley o en ausencia de evidencia sustancial que justifique la medida impuesta, de modo que se evidencie una actuación caprichosa o en un abuso de discreción por parte de la agencia. Com. Seg. P.R. v. Antilles Ins. Co., supra, págs. 233-234. (Énfasis nuestro y nota al calce omitida). Véase, además, D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Colombia, Ed. Forum, 2013, pág. 98.
Lo que resolvimos en Com. Seg. P.R. v. Antilles Ins.
Co., supra, reafirmado en Comisionado de Seguros v. PRIA,
supra, no significa que estamos impedidos de intervenir
cuando una multa es irrazonable. Como menciona el Prof.
Demetrio Fernández en su tratado, op cit., pág. 109:
El criterio de la razonabilidad de la multa es fundamental para que en revisión se reconozca la validez de la acción tomada. Su imposición se examina en revisión como parte de la amplia discreción que los tribunales han destacado que los organismos administrativos gozan en la selección de las medidas para cumplir con el fin de la legislación. (Énfasis suplido.) CC-2013-873 9
En fin, hemos expresado de manera consecuente que los
tribunales no pueden descartar libremente las conclusiones
e interpretaciones de la agencia, sustituyendo el criterio
de esta por el propio. Torres Santiago v. Depto. Justicia,
supra, pág. 1003; Martínez v. Rosado, 165 DPR 582, 589
(2005); P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269, 282
(2000). “Aun en casos marginales o dudosos en que la
interpretación de la agencia no sea la única razonable, la
determinación de la agencia merece deferencia sustancial”.
Torres Santiago v. Depto. Justicia, supra, pág. 1003.
Véase, además, De Jesús v. Depto. Servicios Sociales, 123
DPR 407, 417-418 (1989).
III
El Tribunal de Apelaciones en su dictamen analizó de
novo la proporcionalidad entre la sanción administrativa
impuesta y la conducta sancionada. Esa actuación es
contraria a lo que resolvimos en Com. Seg. P.R. v.
Antilles Ins. Co., supra, reafirmado en Comisionado de
Seguros v. PRIA, supra. En esas decisiones expresamos
diáfanamente que la revisión judicial no es para
determinar si la sanción impuesta guarda proporción con la
conducta sancionada. También indicamos que los foros
administrativos merecen deferencia en la ejecución de las
leyes y reglamentos cuya administración e implantación se
les ha delegado. Precisamente, la decisión del Tribunal de
Apelaciones hizo caso omiso a la doctrina de la delegación
de poderes a los entes administrativos. Sánchez et al. v.
Depto. Vivienda et al., 184 DPR 95, 119-122 (2011). Como CC-2013-873 10
mencionamos en Luce & Co., v. Junta Salario Mínimo, 62 DPR
452, 464 (1943):
el mundo moderno se caracteriza por la gran complejidad en las relaciones sociales y económicas de las personas, conjuntamente con la progresiva supervisión gubernativa sobre la conducta individual, y ello implica que la legislatura está imposibilitada de anticipar legislativamente, en forma detallada, minuciosa o específica, la multiplicidad de situaciones que puedan surgir de esas relaciones complejas, siendo suficiente el que la ley en cuestión señale o establezca normas amplias y generales que sirvan de guía o dirección a entidades administrativas expertas, para que éstas, con su experiencia y conocimientos especiales, apliquen esas normas concretamente a los hechos que puedan surgir y ultimen los detalles que implementen la política general legislativa. (Énfasis nuestro.)
En este caso no puede haber duda de que es la OCS y
no la Rama Judicial quien tiene el peritaje para regular
la extensa y compleja reglamentación en el campo de
seguros. Así lo hemos reconocido por varias décadas.
Jiménez López et al. v. SIMED, supra; Comisionado de
Seguros v. PRIA, supra; Com. Seg. P.R. v. Antilles Ins.
Co., supra; Comisionado de Seguros v. Bradley, 98 DPR 21,
29 (1969); Comisionado de Seguros v. Anglo Porto Rican, 97
DPR 637 (1969); Maryland Cas’y Co. v. San Juan Rac’g
Assoc., Inc., 83 DPR 559, 563 (1961).
Hemos indicado que la industria de seguros “está
revestida de un gran interés público debido a su
importancia, complejidad y efecto en la economía y la
sociedad”. Jiménez López et al. v. SIMED, 180 DPR 1, 8
(2010). Véanse, además, S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED,
176 DPR 372 (2009); Echandi Otero v. Steward Title, 174 CC-2013-873 11
DPR 355 (2008); Com. Seg. P.R. v. Antilles Ins. Co.,
supra, pág. 446. Por ello, el negocio de seguros es
reglamentado extensamente por el Estado mediante la Ley
Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida
como el Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 101
et seq. En nuestro ordenamiento, la Asamblea Legislativa
le ha delegado a la OCS el poder de fiscalizar y
reglamentar la industria de seguros, además de velar por
el cumplimiento de las disposiciones del Código de Seguros
de Puerto Rico. Art. 2.030 del Código de Seguros, 26 LPRA
sec. 203. Véanse, además, Jiménez López et al. v. SIMED,
supra, pág. 8; R. Cruz, Derecho de Seguros, San Juan, Ed.
JTS, 1999, pág. 1.
Conforme con nuestra jurisprudencia, solo podemos
revocar la decisión de la OCS si hubo un error en la
aplicación de una ley o cuando la actuación sea arbitraria
o irrazonable. OCS v. Universal, supra, pág. 179. Aquí la
multa de $10,000 impuesta a Triple-S no se excedió de lo
permitido por ley. Véanse, Art. 2.130 del Código de
Seguros, 26 LPRA sec. 245, (“[t]oda persona que obstruya,
ayude o contribuya a la obstrucción, dilación o
entorpecimiento de la investigación podrá ser sancionada
con una multa administrativa no menor de quinientos
dólares ($500) ni mayor de diez mil dólares ($10,000)”);
Art. 2.250 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 257,
(“violaciones a las disposiciones de este Código... están
sujetas a una multa administrativa no menor de quinientos
dólares ($500) ni mayor de diez mil dólares ($10,000) por CC-2013-873 12
cada violación”). En este caso Triple-S no violó una, sino
varias disposiciones legales. Arts. 2.130, 30.030 y 30.070
del Código de Seguros, supra; Arts. 4, 8, y 11 de la Regla
Núm. 73, supra; y Art. 6 de la Regla I-A. supra. No se
puede concluir con rigor que la OCS erró al interpretar la
ley. La OCS tenía autoridad legal para imponer la multa de
$10,000. Lo que es más, OCS tenía autoridad para imponer
hasta una multa de $20,000 a Triple-S ya que la falta por
no pagar el procedimiento 0272-19499 es distinta e
independiente del incumplimiento con contestar la querella
administrativa en el término correspondiente.
Por lo tanto, resta dilucidar si la OCS actuó de
forma arbitraria o irrazonable al imponer la multa. Un
análisis acucioso del expediente revela que la actuación
de la OCS fue razonable a la luz de las circunstancias del
caso. Existe evidencia sustancial en el expediente que
establece que Triple-S: (1) no presentó evidencia del pago
de la reclamación ni de los intereses legales
correspondientes, según fue requerida por la OCS en dos
ocasiones; (2) no pagó el servicio prestado por el
Hospital con un costo de $348 (procedimiento 0272-19499),
ni los intereses legales; y (3) no contestó la querella
que le presentó el Hospital del Maestro en el término
dispuesto para ello. No se destruyó la presunción de
corrección que cobija a toda determinación administrativa.
Como menciona el profesor Fernández Quiñones, los
tribunales sí examinan la razonabilidad de la multa, “como
parte de la amplia discreción que los tribunales han CC-2013-873 13
destacado que los organismos administrativos gozan en la
selección de las medidas para cumplir con el fin de la
legislación”. D. Fernández Quiñones, op cit., pág. 109. Lo
que no examinan es su proporcionalidad. La multa de
$10,000 está más que justificada por el expediente
administrativo.
Adoptar el principio de proporcionalidad, según
enunciado en la sentencia del Tribunal de Apelaciones y en
la Opinión disidente del compañero Juez Asociado señor
Estrella Martínez, sería una carta blanca para que el
Poder Judicial se inmiscuya indebidamente en la política
pública que permea las decisiones de las agencias
administrativas. Este Tribunal ha repetido hasta el
cansancio que la política pública en esta jurisdicción la
establece la Asamblea Legislativa. A.A.R., Ex parte, 187
DPR 835 (2013); Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898,
923-924 (2012); Delgado, Ex parte, 165 DPR 170, 192-193
(2005). Mencionamos en Lozada Sánchez et al. v. JCA,
supra, págs. 925-926:
no intervendremos con las decisiones de las otras ramas de gobierno, a menos que la actuación de algunas de estas vaya en contra de la Constitución o alguna ley en específico. Adviértase, que a este Foro no le corresponde establecer la política pública que debe regir en las otras ramas de gobierno. El día que hagamos eso, quebrantaremos el principio de separación de poderes, firmemente arraigado en nuestro sistema de derecho. (Énfasis en el original.)
Imponer al Poder Judicial la obligación de examinar
de novo la proporcionalidad de una multa implica que de
hoy en adelante es lícito que los tribunales pasen juicio CC-2013-873 14
sobre la política pública que llevó a la agencia a imponer
la multa en cuestión.
Además de ser contrario a todos nuestros precedentes,
el principio de proporcionalidad es impráctico y este caso
lo demuestra. La OCS impuso una multa de $10,000, el
Tribunal de Apelaciones la redujo a $1,000 y la Opinión
disidente del compañero Juez Asociado señor Estrella
Martínez la reduciría a $5,000. ¿Por qué en este caso una
multa de $5,000 es más “proporcional” que los $10,000 que
impuso la OCS o los $1,000 que fijó el foro apelativo
intermedio? ¿Por qué en este caso una multa de $9,000 no
es más “proporcional” que una de $1,000? ¿Sería
“proporcional” una de $8,000? ¿Y una de $7,000? ¿Por qué
no $6,000? ¿Qué factores concretos tendrían que evaluar
los tribunales para examinar la “proporcionalidad”? Estas
preguntas se dejaron sin responder.
Lo adjudicación correcta de este caso requiere que
revoquemos al Tribunal de Apelaciones y confirmemos la
multa que OCS impuso por estar justificada por la
evidencia sustancial que obra en el expediente
IV
Por los fundamentos antes expuestos, estoy conforme
con la Sentencia de este Tribunal que emite un auto de
certiorari, revoca la determinación del Tribunal de
Apelaciones y confirma la decisión administrativa. La
multa de $10,000 que impuso la OCS a Triple-S está CC-2013-873 15
justificada por la evidencia sustancial que obra en el
expediente administrativo.
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
v. CC-2013-873 Certiorari
Opinión disidente emitida por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA MARTÍNEZ a la cual se unen la Jueza Asociada SEÑORA PABÓN CHARNECO y los Jueces Asociados SEÑORES KOLTHOFF CARABALLO Y RIVERA GARCÍA
San Juan, Puerto Rico, a 5 de septiembre de 2014.
Este Tribunal tuvo la ocasión para reconocer
que el principio de proporcionalidad es una
herramienta que contribuye a ejercer cabalmente
nuestra facultad revisora, en lo concerniente a
la imposición de multas o sanciones
administrativas. Empero, optó por descartar tal
curso de acción, a pesar de que es nuestro deber
evitar que las agencias administrativas abusen de
su discreción o incurran en un proceder
arbitrario y caprichoso en el referido ámbito.
Por estar convencido de que el principio de
proporcionalidad está estrechamente vinculado a
los diversos factores que los tribunales deben
considerar en su función de revisar las CC-2013-873 2
determinaciones administrativas, no me queda más que
disentir del dictamen que emite esta Curia.
A continuación, exponemos el escenario fáctico y
procesal que suscitó la controversia de epígrafe.
(Hospital) presentó ante la Oficina del Comisionado de
Seguros de Puerto Rico (OCS o peticionaria) una solicitud
de intervención en contra de Triple-S Salud (Triple-S o
recurrida). En específico, el Hospital reclamó el pago de
trescientos cuarenta y ocho dólares por unos servicios de
salud prestados a una paciente.
Realizada la correspondiente investigación, el 17 de
febrero de 2011, la OCS emitió una Orden imputándole a
Triple-S haber infringido varias disposiciones, a saber:
los Arts. 2.130(1),1 30.0302 y 30.0703 del Código de
Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA secs. 245(1), 3002 y
3006; los Arts. 4(B)4 y (C)(1),5 86 y 117 de la Regla Núm.
1 Establece la obligación que tiene toda persona que sea investigada de cooperar activamente con la pesquisa. Véase, 26 LPRA sec. 245(1). 2 Dispone que el asegurador está obligado a pagar la reclamación dentro del término de cincuenta días, a partir de la fecha en que la reciba. Véase, 26 LPRA sec. 3002. 3 En lo pertinente, establece que cualquier reclamación que no sea pagada dentro del término dispuesto devengará intereses. Véase, 26 LPRA sec. 3006. 4 En lo que atañe a la controversia de epígrafe, señala que el plazo de cincuenta días (o el acordado entre las partes) para pagar una reclamación empieza a transcurrir cuando ésta se reciba. Normas para regular el (continúa...) CC-2013-873 3
73 del Reglamento del Código de Seguros; y el Art. 68 de
la Regla I-A del mencionado Reglamento.
En lo pertinente, la OCS le atribuyó a Triple-S lo
siguiente: (1) no contestar en el término establecido la
querella incoada por el Hospital; (2) no pagar por el
servicio prestado por el Hospital que asciende a una suma
de trescientos cuarenta y ocho dólares; y (3) no
presentar evidencia del pago de la reclamación ni de los
intereses legales correspondientes. Como corolario de lo
anterior y bajo el fundamento de que Triple-S obstruyó la
investigación en cuestión, la OCS le impuso a la
recurrida una multa administrativa de diez mil dólares.
Asimismo, le ordenó pagar la cantidad que reclamaba el
pago puntual de reclamaciones a los proveedores de servicios de salud, Reglamento Núm. 6559 de 8 de enero de 2003. Este Reglamento fue enmendado por el Reglamento Núm. 8197 de 11 de mayo de 2012. 5 En síntesis, dispone que luego de recibir una reclamación, el asegurador deberá pagar la totalidad de ésta dentro del término dispuesto. Reglamento Núm. 6559, supra. 6 En lo pertinente, establece que el asegurador que no cumpla con el término para pagar vendrá obligado al pago de intereses. Reglamento Núm. 6559, supra. 7 En lo que concierne al presente caso, señala que todo asegurador deberá establecer un procedimiento para atender las querellas. Éstas deberán ser resueltas en un término no mayor de treinta días calendario. Reglamento Núm. 6559, supra. 8 Establece, en síntesis, que toda persona investigada deberá cooperar plenamente con la pesquisa que realice el Comisionado. Procedimientos de Investigación, Reglamento Núm. 5266 de 3 de julio de 1995. Este Reglamento fue enmendado por el Reglamento Núm. 8077 de 26 de septiembre de 2011. CC-2013-873 4
Hospital por los servicios prestados no pagados,
conjuntamente con los intereses legales correspondientes.
A raíz de ello, Triple-S solicitó una vista
administrativa ante la OCS. Ésta fue celebrada el 9 de
mayo de 2011. Luego de examinada la prueba y de los
trámites de rigor, el 15 de septiembre de 2011, el
Comisionado de Seguros (Comisionado) emitió una
Resolución mediante la cual confirmó la Orden dictada. En
lo pertinente, el Comisionado realizó determinaciones de
hechos entre las que se encuentran las siguientes: (1)
mediante la Carta PP-383 de 22 de octubre de 2009, la OCS
le requirió a Triple-S que en el término de quince días
sometiera evidencia del pago de la reclamación, en
conjunto con los intereses legales correspondientes y la
contestación a la querella radicada por el Hospital;9 (2)
Triple-S contestó el requerimiento, pero no sometió la
evidencia solicitada; (3) trascurrido el término de
quince días dispuesto y sin que la OCS concediera un
término adicional, el 2 de marzo de 2010, Triple-S
presentó su contestación solicitando el archivo y cierre
de la investigación; (4) mediante la Carta PP-814 de 18
de junio de 2010, la OCS le señaló a Triple-S que aún no
había sometido la información solicitada en la Carta PP-
383. Por tanto, le requirió cumplir cabalmente con lo
ordenado en la Carta PP-383, no más tarde del 28 de junio
9 También se le apercibió a Triple-S que no contestar en el término establecido, constituiría una obstrucción al poder de investigación que la ley le confiere al Comisionado de Seguros. CC-2013-873 5
de 2010;10 (5) el 30 de junio de 2010, posterior al
término concedido, Triple-S presentó su contestación a la
Carta PP-814; (6) a la fecha de la vista administrativa,
Triple-S tampoco había pagado la reclamación, ni los
intereses legales correspondientes. Oportunamente,
Triple-S presentó una solicitud de reconsideración, pero
fue declarada sin lugar por el foro administrativo.
En desacuerdo, Triple-S recurrió ante el Tribunal de
Apelaciones mediante recurso de revisión administrativa.
Luego de varios incidentes procesales, el 31 de mayo de
2013, el foro apelativo intermedio dictó Sentencia
mediante la cual confirmó la Resolución de la OCS en
todos sus extremos. Inconforme con el dictamen, Triple-S
presentó una moción de reconsideración. Mediante
Resolución emitida el 2 de julio de 2013, el Tribunal de
Apelaciones modificó el dictamen de la OCS a los fines de
reducir la multa impuesta a mil dólares. Ello, según
dictaminó el foro judicial, para que la referida multa
“refleje una proporcionalidad equitativa a la falta
incurrida y se evit[e] una injusticia”.11
Ante el proceder del foro apelativo, la OCS solicitó
reconsideración, pero fue declarada no ha lugar. Así las
cosas, la peticionaria acudió ante esta Curia mediante
10 Nuevamente, se le apercibió que no cumplir con el requerimiento dentro del término concedido, constituiría una obstrucción al poder de investigación del Comisionado de Seguros y un incumplimiento de una orden del mencionado funcionario. 11 Resolución del Tribunal de Apelaciones de 2 de julio de 2013, Apéndice, págs. 554-555. CC-2013-873 6
recurso de certiorari y señaló la comisión de los
siguientes errores:
Erró y abusó de su discreción el Tribunal de Apelaciones al sustituir el criterio de la OCS por el suyo propio y, consecuentemente, reducir la multa administrativa impu[es]ta a Triple-S Salud, Inc. por haber ésta cometido varias infracciones al Código de Seguros y su Reglamento, bajo el único fundamento de que “refleje una proporcionalidad equitativa a la falta incurrida y se evit[e] una injusticia”. Con dicha actuación, el foro recurrido privó al Comisionado de Seguros de su facultad de determinar la sanción adecuada para poner en vigor las disposiciones del complicado esquema regulador que establece el Código de Seguros.
Erró y abusó de su discreción el Tribunal de Apelaciones al no brindarle deferencia a la determinación administrativa respecto a la multa impuesta haciendo completa abstracción a los precedentes judiciales en torno al alcance de la revisión judicial de las determinaciones administrativas mediante la cual se imponen sanciones. Tal jurisprudencia sostiene firmemente que la revisión judicial de la facultad de las agencias para imponer sanciones “no será para determinar si la sanción impuesta guarda proporción con la conducta por la cual se impone la sanción ni si la misma es demasiado fuerte”, ya que tal evaluación le corresponde a la propia agencia que por su experiencia especializada es quien está en mejor posición para conceder los efectos de una violación a los intereses protegidos.
El 28 de febrero de 2014, emitimos una Resolución
mediante la cual le ordenamos a Triple-S mostrar causa
por la cual no debíamos revocar el dictamen recurrido.
Ambas partes comparecieron y, de nuestra parte, solo
resta exponer los fundamentos y el razonamiento que
sustenta este disenso.
II CC-2013-873 7
Como es sabido, en nuestro ordenamiento jurídico la
industria del negocio de seguros es un sector revestido
de profundas consideraciones de política pública. Por tal
motivo, el Estado tiene un interés legítimo en
reglamentarlo de manera rigurosa. Particularmente, el
Comisionado de Seguros es el funcionario llamado a
reglamentar y fiscalizar este sector. Por ello, se le han
conferido amplios poderes y facultades para velar por el
cumplimiento minucioso de las disposiciones del Código de
Seguros y su Reglamento.
En lo pertinente al asunto ante nuestra
consideración, el Código de Seguros le delega al
Comisionado la potestad para “llevar a cabo las
investigaciones y exámenes que considere necesarias para
asegurar el cumplimiento de las disposiciones del Código,
su [R]eglamento y las órdenes que ha emitido, y para
obtener toda la información útil a la administración de
éstas”.12 En el ejercicio de tal función, el Comisionado
tiene autoridad para utilizar aquellos mecanismos que
estime necesarios.
A su vez, este funcionario tiene el poder de
adjudicar controversias vinculadas a infracciones al
Código o a su Reglamento. En lo que atañe a la
controversia de autos, la Ley Para el Pago Puntual de
12 26 LPRA sec. 235(12). CC-2013-873 8
Reclamaciones a Proveedores de Servicios de Salud,13 le
delegó al Comisionado jurisdicción original para atender
y resolver las reclamaciones que surjan entre los
proveedores de servicios y las aseguradoras. En síntesis,
esta Ley creó el Capítulo 30 del Código de Seguros y
encarna la política pública del Estado con el propósito
de promulgar las normas necesarias para garantizar y
regular el pago de las reclamaciones de proveedores de
servicios de salud a las aseguradoras.
De igual forma, con el propósito de evitar
transgresiones al aludido Código o a su Reglamento, se le
ha concedido al Comisionado la autoridad para imponer
multas administrativas o sanciones.14 A esos efectos, el
Art. 2.130 del Código de Seguros dispone que “[t]oda
persona que obstruya, ayude o contribuya a la
obstrucción, dilación o entorpecimiento de la
investigación podrá ser sancionada con una multa no menor
de quinientos ($500) ni mayor de diez mil dólares
($10,000) […]”.15 Esto, ya que el Código expresamente
establece que toda persona que sea investigada debe
facilitar la pesquisa y hacer accesible al Comisionado
13 Ley Núm. 104 de 19 de julio de 2002, 26 LPRA sec. 3001 et seq. 14 Tales penalidades o sanciones pueden ser impuestas a iniciativa del Comisionado o después de presentada una querella por un proveedor participante. Véase, 26 LPRA secs. 235, 3007. 15 26 LPRA sec. 245. CC-2013-873 9
todos aquellos documentos que estén bajo su poder y sean
pertinentes a la materia investigada.16
A.
Es norma reiterada que las determinaciones de las
agencias administrativas gozan de una presunción de
corrección y regularidad. Por tanto, los foros judiciales
deben otorgarle deferencia a los dictámenes emitidos por
las agencias con respecto a las leyes y los reglamentos
que administran, y no descartar libremente sus
conclusiones e interpretaciones. Asoc. Fcias v. Caribe
Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010); JP, Plaza
Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 186 (2009);
Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 357 (2005). Ello,
pues, en nuestro ordenamiento rige la norma de la
deferencia a las decisiones administrativas. Como
sabemos, esta norma ha sido estatuida en la Ley de
Procedimiento Uniforme del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico17 (LPAU) y desarrollada mediante
pronunciamientos jurisprudenciales.
A tales efectos, la función determinante de la
revisión judicial es asegurar que las agencias
administrativas procedan acorde con el poder que se les
ha delegado y de manera compatible con la política
16 Íd. 17 Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2101 et seq. CC-2013-873 10
legislativa.18 Así, la revisión judicial de las
decisiones administrativas debe circunscribirse a
examinar si la actuación de la agencia fue arbitraria,
ilegal, o tan irrazonable que constituya un abuso de
discreción. Asoc. Fcias v. Caribe Specialty et al. II,
supra, pág. 941; Calderón Otero v. CFSE, 181 DPR 386, 396
(2011); JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra,
pág. 187.
Es doctrina firmemente establecida que la revisión
judicial de los dictámenes administrativos es
distinguible si se trata de determinaciones de hechos o
si se trata de conclusiones de derecho. De esta forma,
las determinaciones de hechos de las agencias serán
sostenidas si están fundamentadas en evidencia sustancial
que obra en el expediente de la agencia.19 Este tipo de
evidencia la hemos definido como aquella evidencia
“relevante que una mente razonable podría aceptar como
adecuada para sostener una conclusión”. Rebollo v. Yiyi
Motors, 161 DPR 69, 77 (2004); Misión Ind. PR v. J.P.,
146 DPR 64, 131 (1998). Además, la norma de prueba
sustancial se sostiene en la premisa de que son agencias
las que producen y determinan los hechos en los procesos
administrativos y no los foros judiciales.20
18 Véase, D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3ra ed., Bogotá, Ed. Forum, 2013. 19 3 LPRA sec. 2175. 20 Fernández Quiñones, op. cit., pág. 711. CC-2013-873 11
Por el contrario, las conclusiones de derecho pueden
ser revisadas en todos sus aspectos.21 Empero, los
tribunales no pueden descartar libremente, sin más, las
determinaciones e interpretaciones de las agencias
administrativas. En ese sentido, solo podrán sustituir el
criterio de la agencia cuando no puedan hallar un
fundamento racional que explique o justifique el dictamen
administrativo. Asoc. Fcias v. Caribe Specialty et al.
II, supra; JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo,
supra, pág. 187. De igual forma, hemos señalado que si en
la función revisora los tribunales determinan que el foro
administrativo quebrantó directamente garantías
constitucionales fundamentales o procedió de manera
arbitraria o caprichosa, de ordinario, los foros
judiciales pueden intervenir y sustituir el criterio de
la agencia por el suyo. Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v.
CES, 133 DPR 521, 533 (1993).
En fin, consecuentemente esta Curia ha expresado que
la revisión judicial de las decisiones de las agencias,
de ordinario, suele limitarse a examinar si: (1) el
remedio concedido por la agencia fue apropiado o
razonable; (2) las determinaciones de hecho realizadas
están sostenidas por evidencia sustancial que obra en el
expediente; y (3) las conclusiones de derecho fueron las
21 En aquellos casos en que se presenten controversias mixtas de hecho y de derecho, los foros judiciales deben examinar si el dictamen de la agencia constituye un ejercicio razonable y si es cónsono con el propósito legislativo. CC-2013-873 12
correctas. Asoc. Fcias v. Caribe Specialty et al. II,
supra, pág. 940.
B.
Dentro de las amplias facultades conferidas a las
agencias administrativas, se encuentra el poder para
imponer penalidades: multas y sanciones. Reiteradamente,
se ha validado la delegación de este poder a los foros
administrativos con el fin de poner en vigor las leyes y
reglamentos aplicables y lograr los objetivos de la
agencia. Conforme las disposiciones de la LPAU, “[t]oda
violación a las leyes que administran las agencias o a
los reglamentos emitidos al amparo de las mismas podrá
ser penalizada con multas administrativas que no
excederán de cinco mil dólares ($5,000) por cada
violación”.22 Adviértase que el referido esquema legal
establece que si la ley habilitadora permite la
imposición de una penalidad administrativa mayor a la
establecida, la agencia está facultada para imponer tal
penalidad.
En su función revisora, los tribunales le han
reconocido discreción a las agencias en cuanto a la
selección de las medidas que les auxilien en su función
de velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos
cuya administración e implantación se les ha delegado.
Por su experiencia especializada, el foro administrativo
es el que se encuentra en mejor posición de conocer las
22 3 LPRA sec. 2201. CC-2013-873 13
consecuencias de las infracciones a los intereses que
resguarda y, por ende, de determinar la penalidad para
sancionar tal violación. Ahora bien, esa discreción debe
reconocerse siempre que las agencias actúen dentro del
marco de su conocimiento especializado y de la ley. Com.
Seg. P.R. v. PRIA, 168 DPR 659, 667 (2006); Assoc. Ins.
Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 438
(1997).
Hemos sido diáfanos en señalar que el conocimiento
especializado o el manejo de cuestiones técnicas no
proveen una carta en blanco para que la agencia actúe
caprichosa, arbitraria o irrazonablemente. Así, los
tribunales deben brindar considerable deferencia siempre
que la penalidad administrativa esté fundamentada en
evidencia sustancial, no constituya una actuación ultra
vires y tenga una relación razonable con los actos que se
quieren prohibir. Comisionado v. Prime Life, 162 DPR 334,
341 (2004); OEG v. Román, 159 DPR 401, 417 (2003); Assoc.
Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., supra, pág. 439.
Asimismo, esa discreción de las agencias para imponer
determinadas penalidades debe sostenerse mientras no
procedan arbitraria o caprichosamente o abusen de la
discreción que se les ha conferido. Com. Seg. P.R. v.
PRIA, supra, pág. 668; Com. Seg. P.R. v. Antilles Ins.
Co., 145 DPR 226, 234 (1998). Es decir, si no existe
prueba en el expediente que justifique la imposición de
la sanción o, por el contrario, existe evidencia que
menoscabe el fundamento que sostiene la determinación de CC-2013-873 14
la agencia, los tribunales deben revisar la decisión
administrativa para impedir actuaciones caprichosas.
Ello, toda vez que los foros judiciales “tienen que
evitar que los administradores actúen ilegalmente o
cometan arbitrariedades al imponer sanciones”. Assoc.
Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., supra, pág. 440.
(Énfasis suplido).
C.
Como señalamos, es obligación de los foros
judiciales asegurar que la penalidad impuesta no
transgreda los límites de lo legal ni constituya un claro
abuso de discreción. Contrario a lo que razona una
Mayoría de este Tribunal, entendemos que para ejercer tan
trascendental función, los tribunales debemos tener
potestad para revisar si las penalidades administrativas
guardan justa correspondencia con la infracción por la
cual se impone la sanción.
Entonces, si bien sostenemos que la facultad
revisora de las determinaciones administrativas no es
ilimitada, entendemos que los tribunales no deben ver
circunscrita su autoridad de examinar si la penalidad
administrativa es equilibrada con la conducta que se
imputa. Por ello, a diferencia de lo que rechaza una
Mayoría de este Tribunal, consideramos que a los
tribunales nos compete evaluar la proporcionalidad entre
penalidad y falta, así como la determinación de si la
sanción es demasiado fuerte o excesiva en relación a la
conducta imputada. Ello, pues, soy del criterio de que CC-2013-873 15
una penalidad excesiva, demasiado fuerte o que no guarde
proporción con la actuación incurrida, puede acarrear
abuso de discreción o conllevar actuaciones caprichosas o
arbitrarias por parte del foro administrativo, siendo
todos éstos, factores a considerar cuando se revisan
judicialmente las determinaciones de las agencias.
De la misma forma, considero que el aspecto de la
proporcionalidad se remite al criterio de la
razonabilidad, por lo que está estrechamente atado a este
último. Sin duda, una multa desproporcionada quebranta
los límites de lo razonable. Tal como afirma el profesor
Fernández Quiñones, la razonabilidad de la multa es
fundamental para que en la revisión judicial se reconozca
la validez de la acción administrativa.23 Al reconocer
que la razonabilidad de la actuación de la agencia
constituye uno de los criterios a considerar cuando se
revisan sus determinaciones, la proporcionalidad también
debe ser parte de los aspectos a examinar en la revisión
judicial. En consecuencia, sostenemos que no es deber de
los tribunales brindarle una extrema deferencia, sin más,
a las agencias administrativas en cuanto al asunto de
proporcionalidad entre la penalidad impuesta y la
infracción incurrida. Este aspecto también está sujeto a
revisión.
23 Fernández Quiñones, op. cit., pág. 109. CC-2013-873 16
La Mayoría de este Tribunal pasa por alto que en
muchos ordenamientos jurídicos se reconoce que el examen
de la proporcionalidad debe jugar un rol trascendental en
la revisión judicial de las decisiones administrativas,
en cuanto a las penalidades se refiere. Dentro del ámbito
del Derecho Administrativo, este cardinal principio ha
sido definido como la observancia o inobservancia de la
debida adecuación entre la gravedad de la actuación y la
sanción aplicada.24 En virtud del mencionado principio,
se establece que todas las medidas que afectan los
derechos de los seres humanos deben ser proporcionales y
razonables;25 reflejando, así, el estrecho vínculo que
existe entre la proporcionalidad y la razonabilidad, tal
y como lo expusimos.
Por tanto, opino que nuestro ordenamiento también
debe ser receptivo a la aplicación del principio de
proporcionalidad en la esfera del Derecho Administrativo.
Su introducción a nuestro ordenamiento no descarta la
deferencia que los foros judiciales deben otorgarle a las
acciones administrativas. Más bien, constituye un valioso
instrumento de control al poder discrecional de la
agencia; una garantía jurídica frente al ejercicio de las
24 J. López González, El principio de proporcionalidad en el Derecho Administrativo. Disponible en: http://revistasonline.inap.es/index.php/CDP/article/downl oad/513/568. 25 J. Cianciardo, The Principle of Proportionality: the Challenges of Human Rights, 3 J. Civ. L. Stud. 177 (2010). CC-2013-873 17
facultades administrativas. Entendemos que este
principio, utilizado en la mayoría de las materias
jurídicas, se ha convertido en un recurso fundamental ya
que “se configura como un instrumento eficaz en el
control jurídico ... de las decisiones discrecionales”.26
Ante ello, consideramos que existen actuaciones
administrativas, en lo que concierne a la imposición de
penalidades, que deben quedar sometidas a la observancia
del principio de proporcionalidad. Esta observancia se
concreta con la exigencia de que este tipo de penalidad
sea adecuada, necesaria y, sobre todo, equilibrada. Con
ello, se reconoce la potestad de los tribunales para
examinar la necesaria correlación que debe existir entre
la infracción cometida y la sanción administrativa.
En contraposición a lo que la Mayoría de este
Tribunal descarta, sin más, la observancia del principio
de proporcionalidad propicia una revisión judicial
responsable que permite garantizar que en la imposición
de una penalidad administrativa hayan mediado los
criterios de razonabilidad, así como la ausencia de
actuaciones arbitrarias o caprichosas.
Como expusimos, revisar la proporción entre
penalidad e infracción contribuye, precisamente, a
efectuar de forma cabal nuestra función revisora de
determinar si una multa es irrazonable.
26 I. Perelló Doménech, El principio de proporcionalidad y la jurisprudencia constitucional, pág. 69. Disponible en: dialnet.unirioja.es descarga articulo 174691.pdf. CC-2013-873 18
V
En el caso de marras, no hay controversia con
respecto a si las infracciones imputadas a Triple-S se
cometieron. El Tribunal de Apelaciones confirmó el
dictamen de la OCS sobre este particular y ninguna de las
partes lo disputa ante este Tribunal.
Ahora bien, como expusimos, se cuestiona ante nos la
facultad del foro apelativo intermedio para reducir, en
un noventa por ciento, la multa administrativa impuesta.
Según alega la OCS, la determinación del foro judicial
tuvo el efecto de despojar al Comisionado de su facultad
de vigilar porque se cumpla con el alto interés público
que involucra la industria de seguros. A su vez, sostiene
que la actuación del mencionado foro privó a este
funcionario de su poder de determinar la sanción adecuada
cuando se quebrantan las disposiciones del Código de
Seguros y su Reglamento. Para la OCS, el dictamen del
foro apelativo fue escueto e incompleto, y contrario al
principio de amplia discreción otorgada a las agencias
para imponer penalidades.
Además, la OCS arguye que la actuación del Tribunal
de Apelaciones contraviene los pronunciamientos
jurisprudenciales de esta Curia con respecto a la
revisión judicial. Finalmente, en cuanto al asunto
medular de la reducción de la multa, la OCS sentenció
que: “para un regulado como Triple-S, la multa
administrativa de $1,000.00 no resulta un disuasivo
suficiente para evitar que incurra nuevamente en unas CC-2013-873 19
faltas, como las que aquí nos ocupan, las cuales se
consideran de gran seriedad para la OCS […]”.27
Por su parte, Triple-S señala que la OCS impuso la
multa de diez mil dólares sin llevar a cabo un análisis
de las razones que motivaron tal penalidad. Sostiene que
el foro administrativo omitió por completo todo análisis
particularizado sobre la conducta atribuida. Asimismo, la
recurrida aduce que medió ausencia de proporcionalidad,
pues la cuantía impuesta por la OCS no guarda relación
equitativa con la falta que se le imputó como
consecuencia de no pagar a tiempo una reclamación de
trecientos cuarenta y ocho dólares. Además, Triple-S
alega que la OCS incurrió en trato desigual y
discriminatorio al castigarla arbitrariamente, por ser
una aseguradora con alto volumen de negocios.
Conforme indicáramos, la OCS le impuso a Triple-S
una multa administrativa de diez mil dólares. Luego de
varios incidentes procesales, esa multa fue reducida a
mil dólares por el Tribunal de Apelaciones bajo el
argumento de que no existía una proporción adecuada entre
la penalidad y la falta incurrida. Distinto al dictamen
emitido por una Mayoría de este Tribunal, avalamos
cualitativa pero no cuantitativamente el curso de acción
del foro apelativo intermedio, pues entendemos que no
incidió al efectuar la reducción de la multa al amparo
del fundamento señalado. Nos explicamos.
27 Petición de certiorari, pág. 4. (Énfasis suplido). CC-2013-873 20
A tenor con la normativa expuesta, entendemos que el
foro apelativo intermedio, en el ejercicio de su función
revisora, actuó correctamente bajo las circunstancias de
este caso, al examinar si la penalidad aplicada era
equilibrada en relación con las infracciones incurridas
por Triple-S. De la Resolución recurrida podemos colegir
que el aludido foro analizó la multa administrativa
impuesta y a base de su proporción con las faltas
incurridas, concluyó que no era una actuación razonable
de la agencia. Nuestro examen nos lleva a sostener que el
proceder de la agencia ante los hechos particulares de
este caso, sin duda, excedió los límites de lo razonable
al aplicar una multa claramente desproporcionada en
relación con lo imputado. A todas luces, la actuación de
la agencia al escoger imponer una multa por la cantidad
descrita discurre en el terreno de lo caprichoso y lo
arbitrario. Esto, toda vez que del monto de alternativas
disponibles la agencia seleccionó la cantidad más
onerosa, sin esbozar alguna justificación razonable para
ello.
Ciertamente, una multa de diez mil dólares no guarda
un vínculo proporcional con lo imputado a Triple-S. Esto
es, una deuda de trescientos cuarenta y ocho dólares,
unido al incumplimiento reiterado de replicar una
reclamación dentro del término requerido, a no presentar
evidencia de pago y no acatar las órdenes emitidas por el
Comisionado, no alcanza una gravedad tal que deba
imponérsele a la recurrida el tope de la multa que provee CC-2013-873 21
el Código de Seguros. Las circunstancias particulares del
caso no justifican tal curso de acción. De hecho, las
mismas expresiones del Comisionado al aducir que una
multa de mil dólares no representaría un verdadero
disuasivo para Triple-S, nos llevan a concluir que la
multa impuesta por la agencia fue desproporcionada,
reflejando, como señalamos, una acción arbitraria,
caprichosa e irrazonable por parte del Comisionado. Esto,
indiscutiblemente, provoca que no confluyan las
condiciones para otorgar y sostener la deferencia.
Ante esa realidad, este Tribunal debió examinar y
sopesar la justa proporción que debe caracterizar el
vínculo entre falta y penalidad. Sin embargo, la Mayoría
optó por la deferencia desproporcional. No podemos
desviar la mirada y pasar por alto que en una multa
administrativa desproporcionada pueden resguardarse
acciones que no podemos tolerar.
Entonces, aunque sostenemos que el Tribunal de
Apelaciones tenía facultad para examinar el aspecto de la
proporción, a la luz de los fundamentos expuestos
modificaríamos su dictamen en el ámbito cuantitativo. Al
examinar detenidamente los documentos que obran en autos,
así como las disposiciones del Código de Seguros y su
Reglamento, encontramos que una penalidad de mil dólares
tampoco es cónsona con lo imputado a Triple-S. Llegamos a
esta determinación, pues de la evidencia que obra en el
expediente se desprende diáfanamente que la recurrida
infringió varias disposiciones del Código de Seguros y su CC-2013-873 22
Reglamento, y, además, incurrió en conducta temeraria al
incumplir con la exigencia de cooperar con la pesquisa
realizada por la OCS. En vista de que estas acciones
desafían abiertamente el gran interés público que rige la
compleja industria de seguros, no podemos avalar la
imposición de una multa de mil dólares. Esta cantidad
también resulta desproporcionada en comparación con las
acciones de Triple-S.
Bajo este escenario, modificaríamos a cinco mil
dólares la cuantía de la multa administrativa impuesta
como corolario de las faltas señaladas y probadas por el
Comisionado, así como de la conducta presentada por
Triple-S al incumplir reiteradamente con las órdenes de
este funcionario bajo el apercibimiento de las
consecuencias que ello acarreaba. Nuestro minucioso
análisis del expediente nos lleva a concluir que una
multa por esta suma es la penalidad más adecuada,
necesaria y equilibrada en relación al proceder de
Triple-S. Ello, para que prevalezca la política pública
legislada que vincula a la industria de seguros, para que
nuestra función revisora cumpla un propósito en la
búsqueda de solución a los problemas planteados y, más
aún, para evitar vindicar una acción arbitraria y
caprichosa que no estuvo enmarcada en la razonabilidad.
En fin, con los fundamentos expuestos en este
disenso no socavamos el rol fiscalizador del Comisionado
ni mucho menos su potestad para determinar razonable y
objetivamente las penalidades administrativas adecuadas. CC-2013-873 23
Tampoco cabe hablar de “análisis de novo” y de
interferencias con la política pública de las agencias en
el contexto de la revisión del aspecto de la
proporcionalidad, por lo que señalamientos sobre el
particular adolecen de méritos. Más bien, el examen de la
debida proporción entre la penalidad e infracciones
cometidas, para así cumplir con nuestro rol de evitar que
las agencias administrativas actúen arbitraria,
irrazonable o caprichosamente o abusen de su discreción,
exige un dictamen como el formulado en este disenso.
VI
Al amparo de los fundamentos que anteceden y ante la
opción de la Mayoría de ampararse en la deferencia
desproporcional, que limita irrazonablemente el acceso a
los tribunales para atender reclamos contra actuaciones
administrativas arbitrarias, caprichosas o irrazonables,
disiento.
Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado