EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Diana Colón Gorbea
Recurrida Certiorari v. 2019 TSPR 112 Yesenia Sánchez Hernández y Otros 202 DPR ____ Peticionarios
Número del Caso: CC-2017-879
Fecha: 13 de junio de 2019
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón - Carolina
Abogado de la parte peticionaria:
Lcdo. Manuel Colón Lebrón
Materia: Sentencia con Voto Particular Disidente.
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Recurrida
v. CC-2017-0879 Certiorari
Yesenia Sánchez Hernández y Otros
Peticionarios
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico a 13 de junio de 2019.
Nos corresponde determinar si el Tribunal de
Apelaciones erró al resolver que la causa de acción
en daños y perjuicios en contra de cierto contador
público autorizado, que dio lugar al presente
litigio, surgió como resultado del incumplimiento de
una relación contractual, -- y no como resultado de
una obligación extracontractual --, al que le
aplicaba el término prescriptivo de quince (15) años
contemplado en el Art. 1864 del Código Civil de
Puerto Rico, infra.
Examinada la normativa aplicable, adelantamos
que el foro apelativo intermedio erró en su
apreciación, pues las acciones en daños y perjuicios CC-2017-0879 2
por impericia profesional, como las contempladas en el caso de
marras, son de naturaleza extracontractual y tienen un término
prescriptivo de un (1) año, conforme a los dispuesto en el
Art. 1868 de nuestro Código Civil, infra. En consecuencia, --
y como correctamente lo sentenció el Tribunal de Primera
Instancia -- procedía la desestimación de la demanda instada
en contra del mencionado contador público autorizado. Veamos.
I.
Allá para el 3 de junio de 2015, la doctora Diana Colón
Gorbea (en adelante, “doctora Colón Gorbea”) presentó una
demanda de cobro de dinero, incumplimiento de contrato y daños
y perjuicios en contra de la señora Yesenia Sánchez Hernández
(quien trabajó como empleada de ésta realizando servicios de
facturación), su esposo y la Sociedad Legal de Gananciales
compuesta por ambos. En la misma, alegó que la señora Sánchez
Hernández incumplió con su obligación de reembolsarle la suma
de $17,756.77, conforme a lo pactado por ambas el 4 de junio
de 2014, ello como consecuencia de que esta última -- en el
ejercicio de sus labores administrativas -- utilizó dinero de
su despacho médico para fines personales.
Posteriormente, el 8 de marzo de 2016, la doctora Colón
Gorbea enmendó la demanda para incluir como codemandado al
señor Carlos Dávila Silva, su esposa y la Sociedad Legal de
Gananciales compuesta por ellos (en adelante, “el señor Dávila CC-2017-0879 3
Silva”).1 En esencia, la doctora Colón Gorbea alegó que,
mientras el señor Dávila Silva prestaba servicios como
contador público autorizado a su oficina médica, fue
negligente al no ejercer el cuidado requerido, según el
estándar y el Código de Ética de la profesión, y al no aplicar
las reglas de contabilidad requeridas por el Instituto
Americano de Contadores Públicos Autorizados (AICPA, por sus
siglas en inglés). Ello, pues debió darse cuenta del proceso
de dilapidación que llevó a cabo la señora Sánchez Hernández,
desde abril de 2013 hasta mayo de 2014.
Enterado de ello, el 12 de octubre de 2016 el señor Dávila
Silva presentó una Moción de desestimación de demanda
enmendada, en la que solicitó que se desestimara la demanda
instada en su contra por la doctora Colón Gorbea, toda vez
que dicha causa de acción estaba prescrita. En dicho escrito,
éste alegó que le informó a la doctora Colón Gorbea del
referido descuadre en mayo de 2014, fecha en que comenzó a
transcurrir el término de un (1) año que ésta tenía para
reclamar daños y perjuicios por la alegada impericia
profesional; por lo que al traérsele al pleito el 8 de marzo
de 2016 tal actuación fue realizada fuera del término
prescriptivo que se tenía para ello.
A la referida moción de desestimación, la doctora Colón
Gorbea se opuso. En síntesis, ésta adujo que la demanda no
1 La doctora Colón Gorbea también añadió como codemandados a la señora Christie Rodríguez Cruz, al señor Andrés Sierra Pagán, su esposa y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ellos. CC-2017-0879 4
estaba prescrita porque su reclamación en daños y perjuicios
surgía como consecuencia del incumplimiento del contrato de
servicios profesionales que el señor Dávila Silva había
suscrito con ésta, por lo que su causa de acción estaba sujeta
a un término prescriptivo de quince (15) años.
Evaluados los argumentos de ambas partes, el 28 de marzo
de 2017 el Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución
en la que desestimó la demanda instada en contra del señor
Dávila Silva. Ello, tras razonar que la obligación objeto de
la reclamación en el presente litigio es una de naturaleza
extracontractual, por lo que el término prescriptivo para
hacer valer la misma era de un (1) año. Así pues, el tribunal
concluyó que, al advenir en conocimiento del daño en mayo de
2014, la doctora Colón Gorbea debió reclamar judicial o
extrajudicialmente en o antes de mayo de 2015 y no lo hizo,
por lo que al instar la acción contra el señor Dávila Silva
el 8 de marzo de 2016 -- dos (2) años después de haber conocido
del alegado daño -- la misma estaba prescrita.
Inconforme con dicha determinación, y bajo fundamentos
similares a los presentados en su réplica a la moción de
desestimación ante el foro primario, el 8 de mayo de 2017 la
doctora Colón Gorbea presentó un recurso de apelación ante el
Tribunal de Apelaciones. Oportunamente, el señor Dávila Silva
presentó su alegato de oposición a la referida apelación.
Examinados los planteamientos de ambas partes, el foro
apelativo intermedio dictó una Sentencia en la cual revocó el CC-2017-0879 5
dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia. El
Tribunal de Apelaciones entendió que, a pesar de que la acción
en cuestión es una reclamación por impericia profesional, no
había impedimento alguno para tratar la misma como una de
incumplimiento contractual. Consecuentemente, resolvió que la
acción presentada por la doctora Colón Gorbea en contra del
señor Dávila Silva tenía un término prescriptivo de quince
(15) años, por lo que la acción fue instada oportunamente.
Insatisfecho con dicho proceder, y bajo los mismos
fundamentos presentados ante el foro primario y el foro
apelativo intermedio, el señor Dávila Silva presentó un
recurso de certiorari ante nos.2
Trabada así la controversia, y con el beneficio de la
comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.
2 El señor Dávila Colón, en su recurso de certiorari, señala también como error que el recurso de apelación instado por la doctora Colón Gorbea en el Tribunal de Apelaciones fue presentado fuera del término de treinta (30) días correspondiente, y, en consecuencia, el foro apelativo intermedio carecía de jurisdicción para atender el recurso. Ello, pues, a su entender la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 28 de marzo de 2017 fue notificada el 5 de abril de 2017, por lo que la doctora Colón Gorbea tenía hasta el 5 de mayo de 2017 para presentar el recurso, no obstante, ésta presentó el mismo el 8 de mayo de 2017. No le asiste la razón.
Conforme a lo dispuesto por la Regla 52.2 de Procedimiento Civil, los términos para presentar los recursos de certiorari o apelación comenzarán a transcurrir desde la fecha de archivo en autos de copia de la notificación o desde la fecha de depósito en el correo, cuando esta última sea distinta a la primera. En diversas ocasiones hemos reiterado que, la fecha de depósito en el correo corresponde a la fecha del matasellos del correo federal. Véase, Suoffront v. A.A.A., 164 DPR 663 (2005); Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1 (2000); Ramos v. Condominio Diplomat, 117 DPR 641 (1986).
Del expediente ante nuestra consideración se desprende que, la Sentencia cuya revisión se solicita fue depositado en el correo federal el 6 de abril de 2017. Apéndice de Certiorari, pág. 91. Siendo el 6 de abril de 2017 la fecha del depósito en el correo, la doctora Colón Gorbea tenía hasta el lunes, 8 de mayo de 2017, para presentar el recurso en cuestión. Así lo hizo, por lo que el mismo fue presentado en tiempo. CC-2017-0879 6
II.
Como es sabido, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32
LPRA Ap. V, R. 10.2, permite a una parte que es demandada,
mediante la presentación de una moción debidamente fundamentada
a esos fines, solicitar la desestimación de la demanda instada
en su contra. En particular, la referida regla establece que
la parte demandada podrá solicitar la desestimación de la
demanda en su contra por alguno de los siguientes fundamentos:
(1) Falta de jurisdicción sobre la materia.
(2) Falta de jurisdicción sobre la persona.
(3) Insuficiencia del emplazamiento.
(4) Insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento.
(5) Dejar de exponer una reclamación que justifique
la concesión de un remedio.
(6) Dejar de acumular una parte indispensable.
(Énfasis suplido). Íd.
Al respecto, este Tribunal ha expresado que, al resolverse
una moción de desestimación por el fundamento de que la demanda
deja de exponer una reclamación que justifique la concesión de
un remedio, “el tribunal tomará como ciertos todos los hechos
bien alegados en la demanda y que hayan sido aseverados de
manera clara y concluyente, y que de su faz no den margen a
dudas”. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409,
428 (2008); Colón v. Lotería, 167 DPR 625 (2006); Sánchez v.
Aut. de los Puertos, 153 DPR 559 (2001); Pressure Vessels P.R.
v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497 (1994). Además, hemos señalado CC-2017-0879 7
que “tales alegaciones hay que interpretarlas conjuntamente,
liberalmente y de la forma más favorable posible para la parte
demandante”. López García v. López García, 2018 TSPR 57, 200
DPR ___ (2018); Consejo de Titulares v. Gómez Estremera, 184
DPR 407 (2012); Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp.,
supra.
Es decir, la demanda no deberá desestimarse a menos que se
demuestre que el demandante no tiene derecho a remedio alguno,
bajo cualesquiera hechos que pueda probar. López García v.
López García, supra; Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp,
supra; Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, 98 DPR 305 (1970).
III.
Establecido lo anterior, es menester señalar que la
prescripción extintiva es una de las formas de extinción de
un derecho por la inercia de una parte en ejercer el mismo
dentro del término prescrito por ley. Fraguada Bonilla v.
Hospital del Auxilio Mutuo, 186 DPR 365 (2012); S.L.G.
Serrano-Báez v. Foot Locker, 182 DPR 824, 831 (2011); Meléndez
Guzmán v. Berríos López, 172 DPR 1010, 1017 (2008). El
objetivo que se persigue con esta forma de extinción de los
derechos es impedir la incertidumbre de las relaciones
jurídicas y sancionar la inacción del ejercicio de los
derechos. Orraca López v. ELA, 192 DPR 31, 49 (2014); COSSEC
v. González López, 179 DPR 793 (2010); Santos de García v.
Banco Popular, supra, pág. 767. El requisito fundamental para CC-2017-0879 8
que la prescripción tenga efecto, es el transcurso del término
provisto por la ley. Art. 1861, Código Civil de Puerto Rico,
31 LPRA sec. 5291.
Conforme a lo anterior, y en lo pertinente a la
controversia que nos ocupa, el Art. 1868 del Código Civil, 31
LPRA sec. 5298, dispone que las acciones de daños y perjuicios
por culpa o negligencia a las que se refiere el Art. 1802, 31
LPRA sec. 5141, tienen un término de prescripción de un (1)
año.3 Col. Mayor Tecn. v. Rodríguez Fernández, 194 DPR 635,
644 (2016); Toro Rivera v. ELA, 194 DPR 393, 415 (2015);
Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra. El punto de
partida del término de prescripción de una acción de daños y
perjuicios es la fecha en que el agraviado conoció el daño,
quién fue el autor del mismo, y los elementos necesarios para
poder ejercitar su causa de acción. Rivera Ruiz v. Mun. de
Ponce, 196 DPR 410, 416 (2016); Toro Rivera v. ELA, supra,
págs. 415-416; Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra,
pág. 374. Esta doctrina se conoce en nuestro ordenamiento
jurídico como la teoría cognoscitiva del daño. COSSEC et al.
v. González López et al., supra, pág. 80; García Pérez v.
Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138, 148 (2008); Vera v. Dr. Bravo,
161 DPR 308, 321-331 (2004).
3 El Art. 1802 del Código Civil, supra, establece: “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. La imprudencia concurrente del perjudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de la indemnización”. CC-2017-0879 9
De otra parte, y ya en lo relacionado a las obligaciones
contraídas mediante la existencia de un contrato previo, el
Art. 1054 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3018,
dispone que “[q]uedan sujetos a la indemnización de los daños
y perjuicios causados, los que en el cumplimiento de sus
obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y
los que de cualquier modo contravinieren al tenor de
aquéllas”. Véanse, Maderas Tratadas v. Sun Alliance, 185 DPR
880 (2012); Muñiz-Olivari v. Steifel Labs., 174 DPR 813
(2008); Santiago Nieves v. A.C.A.A., 119 DPR 711 (1987). El
Art. 1864 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5294,
dispone que las acciones personales que no tengan un término
señalado de prescripción -- como lo son las contempladas en
el Art. 1054 del Código Civil, supra -- prescribirán en un
término de quince (15) años.
A.
Dicho ello, es importante pormenorizar aquí que existen
contextos en que se da la concurrencia de acciones, es decir,
que una misma conducta puede dar origen a los dos (2) tipos
de causa de acción: una fundada en el concepto de negligencia
y la otra basada en una obligación contraída mediante un
contrato previo. Véase, Maderas Tratadas v. Sun Alliance, 185
DPR 880 (2012); Martínez Marrero v. González Droz, 180 DPR
579 (2011); Ramos Lozada v. Orientalist Rattan Furnt. Inc.,
130 DPR 712 (1992). Para que opere la concurrencia de acciones
deberán darse los siguientes requisitos: (1) que el hecho CC-2017-0879 10
causante del daño sea al mismo tiempo incumplimiento de una
obligación contractual y violación al deber general de no
causar daño a otro, entiéndase, violación de un deber con
abstracción de la obligación contractual que se daría aunque
ésta no hubiere existido; (2) el perjudicado ha de ser la
misma persona, el acreedor contractual; y (3) la doble
infracción fue cometida por una misma persona, el deudor
contractual. Maderas Tratadas v. Sun Alliance, supra, pág.
910; Ramos Lozada v. Orientalist Rattan Furnt. Inc., supra,
pág. 725; Márquez v. Torres Campos, 111 DPR 854 (1982). En
estos casos, no procedería la indemnización por ambos tipos
de acción, pues ello supone la duplicación de los remedios.
Maderas Tratadas v. Sun Alliance, supra, pág. 911. Véase,
además, Ramos Lozada v. Orientalist Rattan Furnt. Inc., supra;
Márquez v. Torres Campos, supra. Así pues, el reclamante
deberá decidir cuál de las dos causas de acción ejercerá.
Maderas Tratadas v. Sun Alliance, supra, pág. 911; Martínez
Marrero v. González Droz, supra, pág. 592, Ramos Lozada v.
Orientalist Rattan Furnt. Inc., supra, pág. 725.
Ahora bien, independientemente de la existencia de un
contrato entre las partes, conviene recordar aquí que, por
décadas, este Tribunal ha resuelto que las acciones en daños
y perjuicios por impericia profesional, -- como la que nos
ocupa -- son de naturaleza extracontractual, Martínez Marrero
v. González Droz, supra, pág. 592; Ortega et al. v. Pou et
al., 135 DPR 711 (1994); Ramos Lozada v. Orientalist Rattan CC-2017-0879 11
Furnt. Inc., supra, pág. 725, esc. 10, a las que les aplica
el término prescriptivo de un (1) año dispuesto en el Art.
1868 del Código Civil, supra. Recordemos que las acciones por
impericia profesional son aquellas que nacen cuando una
persona desempeña su oficio, profesión u ocupación sin la
debida prudencia o diligencia, o sin poseer la habilidad
requerida. Pueblo v. Ruiz Ramos, 125 DPR 365, 386 (1990).
Véase, además, Rodríguez Ruiz v. Hosp. San Jorge, 169 DPR 850
(2007); Col. Mayor Tecn. v. Rodríguez Fernández, supra.
B.
Por último, y por considerarlo en extremo pertinente para
la correcta disposición de la controversia que nos ocupa,
precisa señalar que, en lo referente a la prescripción en las
acciones de daños y perjuicios, y conforme a la doctrina de
solidaridad impropia u obligación in solidum, el perjudicado
y reclamante de daños -- en el contexto de varios cocausantes
del daño -- debe interrumpir el término prescriptivo respecto
a cada presunto cocausante del daño. Véase, Maldonado Rivera
v. Suárez, 195 DPR 182 (2016); Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux.
Mutuo, supra. Ello incluye a los terceros demandados.
Maldonado Rivera v. Suárez, supra.
Así pues, toda persona que desee ejercer una acción de
daños como consecuencia de un acto culposo o negligente contra
varios cocausantes deberá hacer la correspondiente
reclamación contra cada uno de éstos dentro del término de un
(1) año desde que el reclamante conoció o debió conocer del CC-2017-0879 12
daño, o de lo contrario se corre el riesgo de que su causa de
acción contra éstos o éstas prescriba. Tal es el caso de
autos.
Es, pues, a la luz de la normativa antes expuesta que
procedemos a disponer de las controversias ante nuestra
consideración.
IV.
Como señalamos anteriormente, y en lo que respecta al
presente caso, en su demanda enmendada, la doctora Colón
Gorbea reclama contra el señor Dávila Silva los daños sufridos
a causa de la negligencia de éste, al no ejercer el cuidado
requerido, según el estándar y el Código de Ética de los
contadores públicos autorizados. Ello, por éste no darse
cuenta a tiempo de la dilapidación realizada por la
codemandada, la señora Sánchez Hernández. Asimismo, la doctora
Colón Gorbea aduce que el señor Dávila Silva fue negligente
al no aplicar las reglas de contabilidad requeridas por el
AICPA.
Como se puede apreciar, lo reclamado por la doctora Colón
Gorbea es, a todas luces, una reclamación por impericia
profesional por parte de su contador público autorizado, el
señor Dávila Silva. Para ejercer tal reclamación contra el
señor Dávila Silva, el término con que contaba la doctora
Colón Gorbea era el de un (1) año dispuesto en el Art. 1802 CC-2017-0879 13
de nuestro Código Civil, supra. Lo anterior, desde que advino
en conocimiento de la referida dilapidación.
Según se desprende del expediente bajo estudio, la doctora
Colón Gorbea advino en conocimiento de la dilapidación
alegadamente incurrida por la codemandada, la señora Sánchez
Hernández, en mayo de 2014. A más de un año después, en marzo
de 2016, la doctora Colón Gorbea enmendó la demanda para
incluir al señor Dávila Silva como codemandado, sin antes
haber interrumpido oportunamente el término que tenía para
ello, mediante alguno de los métodos mencionados
anteriormente. No habiendo la doctora Colón Gorbea
interrumpido oportunamente el término prescriptivo de un (1)
año que tenía para demandar al señor Dávila Silva procedía -
- como correctamente lo decidió el foro primario -- la
desestimación de la demanda instada contra éste. Se cometió,
pues, el error señalado.
V.
Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la
Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y se
desestima la reclamación por impericia profesional instada
por la doctora Colón Gorbea en contra de su contador público
autorizado, el señor Dávila Silva.
Regístrese y notifíquese.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió CC-2017-0879 14
un Voto Particular Disidente. Los Jueces Asociados señores
Rivera García y Estrella Martínez disienten sin opinión
escrita. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco no intervino.
José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió un Voto Particular Disidente
En San Juan, Puerto Rico, a 13 de junio de 2019.
Por entender que no procede la desestimación de la demanda en
esta etapa de los procedimientos, disiento del proceder mayoritario.
Un análisis de las alegaciones de la demanda, conforme al estándar
aplicable a una moción de desestimación presentada al amparo de la
Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, infra, impide concluir con
certeza que la parte demandante no tiene derecho a remedio alguno.
Veamos.
I
En el caso de referencia, la Dra. Diana Colón Gorbea (doctora
Colón Gorbea) contrató al CPA Carlos Dávila Silva (CPA Dávila Silva)
para realizar la contabilidad y preparar las planillas contributivas
de la operación CC-2017-0879 16
de su oficina médica. Tras advenir en conocimiento de que la
codemandada Yesenia Sánchez Hernández dilapidó fondos de su
oficina, la doctora Colón Gorbea entabló una demanda contra esta
y sus dos contables. Respecto al CPA Dávila Silva, alegó que
este: (1) no ejerció el cuidado requerido, según exige el código
de ética de los contables; (2) debió darse cuenta del proceso de
dilapidación; (3) mantuvo silencio y nunca cuestionó las
irregularidades que ocurrían en la oficina; (4) informó un año
más tarde que la planilla del 2013 no cuadraba; (5) no advirtió
a la demandante para que esta pudiera tomar acciones preventivas
y/o correctivas respecto a la codemandada Sánchez Hernández; (6)
no realizó operaciones de contabilidad de forma integral y
oportuna para advertir las deficiencias en la facturación; (7)
no aplicó las reglas de la contabilidad que exige la American
Institute of Certified Public Accountants (AICPA); (8) no entregó
los documentos de trabajo de estados bancarios y documentación
que se le dieron para la preparación de las planillas; y (9) no
estableció controles contables para identificar que la
codemandada Cristie Rodríguez Cruz no estaba realizando la
facturación y que la codemandada Sánchez Hernández se estaba
apropiando del dinero.4
Tras una solicitud al amparo de la Regla 10.2 (5) de
Procedimiento Civil, infra, el Tribunal de Primera Instancia
desestimó la demanda contra el CPA Dávila Silva. El foro primario
razonó que estaba prescrita por tratarse de una reclamación de
daños y perjuicios por impericia profesional. El Tribunal de
Apelaciones revocó al foro recurrido por entender que, aunque
4 Demanda, Apéndice, págs. 42-43. CC-2017-0879 17
habían alegaciones de índole extracontractual, otras “evaluadas
de la manera más favorable a la parte demandante, arrojan dudas
sobre la naturaleza de la alegada omisión…”.5 Así, indicó que
“no se puede precisar si las omisiones imputadas surgieron a
raíz de la inobservancia de los deberes que la práctica de la
contabilidad le impone al apelado o si, por el contrario, se
trató de obligaciones expresa y específicamente convenidas entre
las partes”.6 Distinto a lo que se esboza en la Sentencia que
suscribe una Mayoría, el Tribunal de Apelaciones no trató una
acción de impericia profesional como una de incumplimiento
contractual sujeta al término prescriptivo de quince (15) años.
En cambio, y acertadamente, el foro apelativo intermedio razonó
que, al analizar las alegaciones de la demanda de la forma más
favorable, puede haber alegaciones estrictamente contractuales,
además de aquellas sobre el incumplimiento de los deberes éticos
y profesionales del CPA Dávila Silva. Por los fundamentos que se
exponen a continuación, procedía confirmar el dictamen del foro
apelativo intermedio.
II
La Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,
R. 10.2, permite presentar una moción de desestimación cuando la
demanda deja de exponer una reclamación que justifique la
concesión de un remedio. Es norma reiterada que, ante esta
solicitud, “el tribunal tomará como ciertos todos los hechos
bien alegados en la demanda y que hayan sido aseverados de manera
clara y concluyente, y que de su faz no den margen a dudas”.
Autoridad de Tierras v. Moreno, 174 DPR 409, 428 (2008).
5 Sentencia del Tribunal de Apelaciones, pág. 15 6 Íd. CC-2017-0879 18
Igualmente, se exige que se interpreten las alegaciones de la
demanda “liberalmente y de la manera más favorable al
demandante”. Íd., págs. 428-429. Esta interpretación requiere,
a su vez, “conceder el beneficio [al demandante] de cuanta
inferencia sea posible hacer de los hechos bien alegados en la
demanda”. Montañez v. Hosp. Metropolitano, 157 DPR 96, 105
(2002). Hemos enfatizado que el ejercicio de interpretación debe
ser “lo más liberalmente posible a favor de la parte demandante”.
Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 505
(1994). Así, la causa de acción solo se podrá desestimar si “se
desprende con toda certeza que el demandante no tiene derecho a
remedio alguno bajo cualquier estado de hechos que puedan ser
probados en apoyo de su reclamación”. Íd. (énfasis suplido).
De otra parte, en nuestro ordenamiento solo se exige
exponer en la demanda: (1) una relación sucinta y sencilla de
los hechos demostrativos de que el peticionario tiene derecho a
un remedio y (2) la solicitud del remedio. Regla 6.1 de
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 6.1. Acorde con lo
anterior, un demandante no está obligado a anejar documentos a
la demanda.
III
Ciertamente, algunas de las alegaciones de la demanda son
de índole extracontractual y, por tanto, están prescritas.7 Ahora
bien, al evaluar otras alegaciones de la forma más favorable a
la demandante y permitir aquellas inferencias que surjan de los
hechos bien alegados, surge que en la Demanda también puede haber
7 En estas se hacía referencia a deberes éticos y exigencias profesionales de los contadores públicos autorizados. CC-2017-0879 19
reclamaciones contractuales sujetas al término de quince años.8
Destacamos las siguientes:
24. Los codemandados CPA Dávila y CPA Sierra, fueron negligentes al no entregar los documentos de trabajo de estados bancarios y documentación que le fuera entregada para la preparación de las planillas contributivas del año 2013-2014, respectivamente.
26. Los codemandados CPA Dávila y CPA Sierra, fueron negligentes al no establecer mediante controles contables que pudieran identificar que la codemandada Rodríguez Cruz no estaba realizando la facturación y que se pudiera determinar efectivamente que la codemandada Sánchez Hernández se estaba apropiando de dinero.
Ante las alegaciones expuestas, correspondía devolver el
caso al foro primario para que evaluara si las partes pactaron
obligaciones adicionales a los deberes que tiene todo contador
público autorizado. Por ejemplo, pudieron haber acordado
términos específicos o aspectos particulares sobre cuál era el
deber del CPA Dávila Silva, si alguno, de notificar a la
demandante si se percataba de irregularidades en las planillas,
facturas, cuentas, etc. También pudieron haber pactado asuntos
específicos respecto a los “controles contables” que se debían
establecer para identificar y/o prevenir irregularidades. Por
tanto, en ausencia del contrato y en desconocimiento de cuáles
son los deberes y las reglas de contabilidad según el Código de
Conducta Profesional de la American Institute of Certified Public
8 Cabe recordar que una parte contratante puede ser responsable, tanto de daños extracontractuales, como de daños contractuales. Estos últimos prescriben a los quince (15) años. El Artículo 1054 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3018, dispone que: Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados, los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas. CC-2017-0879 20
Accountants (AICPA), ni el foro primario ni este Tribunal podían
concluir con certeza que la demandante no tiene derecho a ningún
remedio frente al CPA Dávila Silva.
En vista de lo anterior confirmaría la determinación del
Tribunal de Apelaciones, ya que no procede la desestimación en
esta etapa de los procedimientos.
Por todo lo anterior, disiento.
Maite D. Oronoz Rodríguez Jueza Presidenta