EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Colegio Mayor de Tecnología Certiorari Peticionario 2016 TSPR 15 v. 194 DPR ____ Carlos J. Rodríguez Fernández
Recurrido
Número del Caso: CC-2014-189
Fecha: 29 de enero de 2016
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Guayama
Abogados de la parte Peticionaria:
Lcdo. Osvaldo González Avilés Lcda. Coral Muñoz Alonso
Abogado de la parte Recurrida:
Lcdo. Carlos Rodríguez Rivera
Materia: Daños y Perjuicios – Momento en que comienza a transcurrir el término prescriptivo de un (1) año para acción de daños y perjuicios por negligencia o mala práctica legal contra un abogado al amparo del Art. 1802 del Código Civil; teoría cognoscitiva del daño.
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Colegio Mayor de Tecnología
Peticionario CC-2014-189 Certiorari v.
Carlos J. Rodríguez Fernández
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo
San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 2016.
La controversia planteada ante nuestra
consideración nos permite determinar cuándo es que
comienza a transcurrir el término prescriptivo de
un año, conforme al Art. 1868 del Código Civil de
Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5298, para una acción de
daños y perjuicios por negligencia o mala práctica
legal en contra de un abogado al amparo del
Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141.
Concluimos que el término prescriptivo comienza a
transcurrir desde que el perjudicado adviene en
conocimiento de la decisión final y firme sobre el
litigio en el que se le imputa la negligencia al CC-2014-189 2
representante legal. Así pues, es en ese momento en el
que se tienen los elementos necesarios para ejercer la
acción judicial.
Examinemos, pues, los hechos relevantes a la
controversia planteada. Primero discutiremos lo
relacionado al caso que originó la demanda contra el
abogado y luego la reclamación instada en contra del
representante legal. Veamos.
I
A. La querella laboral
El 13 de marzo de 2009, la Sra. Cynthia González
De Jesús (señora González De Jesús) presentó ante el foro
de instancia una querella laboral por discrimen y despido
injustificado contra el Colegio Mayor de Tecnología
(Colegio Mayor), esto al amparo del procedimiento sumario
de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 (Ley 2).1 Para
ese pleito, el Colegio Mayor contrató al Lcdo. Carlos J.
Rodríguez Fernández (licenciado Rodríguez Fernández) como
su representante legal.
Luego de varias situaciones relacionadas con la
expedición y el diligenciamiento del emplazamiento, el
mismo fue diligenciado el 10 de septiembre de 2009.2
Así las cosas, el 20 de octubre de 2009, el Colegio
Mayor solicitó la desestimación de la querella laboral
1 32 LPRA secs. 3118-3132. 2 Véase Sentencia Enmendada, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 116. CC-2014-189 3
por falta de jurisdicción y el 26 de octubre de 2009
contestó dicha querella. No obstante, por tratarse de
una querella presentada en virtud del procedimiento
sumario dispuesto en la Ley 2, supra, el término para
contestar la misma era de 10 días y vencía el 21 de
septiembre de 2009.3
Como consecuencia de que el Colegio Mayor no
contestó la querella dentro del término establecido, la
señora González De Jesús solicitó la anotación de
rebeldía. Así, el tribunal de instancia anotó la
rebeldía al Colegio Mayor el 8 de octubre de 2009.4
Luego de la vista en rebeldía celebrada el 7 de
diciembre de 2009, el foro de instancia dictó una
Sentencia el 19 de febrero de 2010.5 Mediante dicha
determinación, el tribunal de instancia declaró “ha
lugar” la querella laboral y condenó al Colegio Mayor a
pagar a la señora González De Jesús la suma de $91,300
($73,040 más $18,260 por concepto de gastos y honorarios
de abogado). El 5 de marzo de 2010 se dictó una
Sentencia Enmendada, notificada el 15 de marzo de 2010.
Ante el fallo adverso, el licenciado Rodríguez
Fernández –en representación del Colegio Mayor- realizó
varios trámites para la revisión de la determinación.
3 Refiérase a la Sec. 3 de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 LPRA sec. 3120. 4 La notificación y el archivo en autos fue el 9 de octubre de 2009. 5 La notificación y el archivo en autos fue el 26 de febrero de 2010. CC-2014-189 4
De esa forma, recurrió ante el Tribunal de Apelaciones y
ante esta Curia, mas ambos foros denegamos su solicitud.
Finalmente, el 1 de abril de 2011 declaramos “no ha
lugar” a la moción de reconsideración presentada por el
Colegio Mayor.6 Así las cosas, el 3 de junio de 2011, el
licenciado Rodríguez Fernández notificó -mediante carta-
al Colegio Mayor que la decisión del foro de instancia
era final y firme, por lo que el pleito había culminado
y correspondía que se efectuara el pago de $91,300 a
favor de la señora González De Jesús.7
B. La demanda contra el abogado
Inconforme con la representación legal brindada por
el licenciado Rodríguez Fernández, el 21 de diciembre
de 2011 el Colegio Mayor presentó una demanda por daños
y perjuicios contra el mencionado abogado.8
En particular, el Colegio Mayor alegó que como
consecuencia de que el licenciado Rodríguez Fernández no
contestó la querella laboral dentro del término
dispuesto por ley, éste incurrió en negligencia en el
desempeño de sus deberes como abogado. Con ello,
6 La notificación y el archivo en autos fue el 6 de abril de 2011. 7 En lo pertinente, el licenciado Rodríguez Fernández expresó lo siguiente en dicha carta: “[p]or la presente se le informa que el caso Cynthia González De Jesús v. Colegio Mayor de Tecnología ha llegado a su fin. […] La sentencia dictada en el caso es final y firme y hay que satisfacerla a favor de la parte contraria. […] Por tanto, la cuantía antes mencionada es la que hay que satisfacer por motivo de la sentencia dictada a favor de la Sra. González. Hay [que] hacer un cheque por dicha cantidad para entregárselo a la Sra. González”. Véase Carta del Lcdo. Carlos J. Rodríguez Fernández al Presidente del Colegio Mayor de Tecnología, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 81. 8 Caso Civil Núm. GDP2011-0210. CC-2014-189 5
provocó que recayera una sentencia por $91,300 en contra
del Colegio Mayor, ante lo cual este último expresó que
“tuvo que pagar por una reclamación que no tenía
fundamento y la cual se había desestimado a nivel
administrativo”.9 Asimismo, el Colegio Mayor adujo que a
raíz del litigio y de la sentencia que recayó en su
contra, su reputación se afectó grandemente en su
carácter como patrono y como centro educativo.
Por todo lo cual, el Colegio Mayor solicitó al
tribunal de instancia que ordenara al licenciado
Rodríguez Fernández a pagar: (1) $91,300 que tuvo que
pagar a la querellante en la reclamación laboral;
(2) $53,700 como indemnización por los daños y
perjuicios sufridos al verse afectada la reputación del
centro educativo; (3) $5,000 por concepto de los
honorarios pagados al licenciado en la etapa apelativa
del caso; y (4) $7,500 en honorarios de abogado.10
Luego de varios trámites relacionados con el
emplazamiento, el licenciado Rodríguez Fernández
solicitó la desestimación de la demanda con perjuicio en
mayo de 2012. En síntesis, argumentó que la causa de
acción en su contra estaba prescrita debido a que el
Colegio Mayor fue notificado de la anotación de rebeldía
9 Demanda, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 25. 10 Vale mencionar que el Colegio Mayor de Tecnología (Colegio Mayor) solicitó $150,000 por la totalidad de su reclamación, pero el cálculo real totaliza $157,500. Véase Demanda, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 25-26. CC-2014-189 6
el 9 de octubre de 2009 y desde esa fecha conoció de la
alegada negligencia por omisión que le imputa al
licenciado. Añadió que a partir de esa fecha el Colegio
Mayor tenía un año para hacer su reclamación y no lo
hizo en ese término, sino que presentó su demanda el 21
de diciembre de 2011, esto es más de dos años después
del alegado hecho negligente. Así, el licenciado
Rodríguez Fernández pidió la desestimación de la demanda
y la imposición de $25,000 de honorarios de abogado por
temeridad más costas y gastos.
En junio de 2012, el Colegio Mayor se opuso a la
petición de desestimación y adujo que no fue hasta el
3 de junio de 2011 que el licenciado Rodríguez Fernández
le notificó mediante carta la determinación final de
esta Curia. Señaló que en esa fecha fue cuando conoció
del daño y desde ahí pudo ejercer su causa de acción,
por lo que su demanda presentada el 21 de diciembre de
2011 no estaba prescrita. Además, argumentó que
“[m]ientras el caso estuvo ventilándose en el Tribunal
de Apelaciones y en el Tribunal Supremo, todavía la
decisión del Tribunal de Primera Instancia podía ser
revocada, por lo que el Colegio [Mayor] aún tenía la
expectativa de no sufrir ningún daño”.11
El licenciado Rodríguez Fernández replicó a la
oposición y expuso, contrario a lo planteado en la
11 Oposición a desestimación, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 69. CC-2014-189 7
petición de desestimación, que el Colegio Mayor conoció
su daño desde el 19 de febrero de 2010 cuando el
tribunal de instancia dictó sentencia en su contra e
impuso el pago de $91,300 a favor de la señora González
De Jesús en el caso laboral. Por lo que, “el supuesto
acto negligente cometido por el abogado le era conocido,
así como las consecuencias que tuvo el supuesto acto
negligente, o sea, la pérdida económica”.12 Entonces,
según el licenciado Rodríguez Fernández, a partir del
19 de febrero de 2010 el Colegio Mayor tenía un año para
presentar la demanda y no lo hizo.
Así las cosas, el 4 de septiembre de 2013, el foro
de instancia dictó sentencia sumariamente y desestimó la
demanda conforme a la Regla 10.2 de Procedimiento Civil,
32 LPRA Ap. V. Concluyó que la reclamación presentada
por el Colegio Mayor contra el licenciado Rodríguez
Fernández había prescrito.13 Así, el tribunal de
instancia expresó que “no existe duda de que tomando la
fecha del 19 de febrero de 2010 como la fecha donde se
conjugan el conocimiento del alegado acto negligente con
el del daño, ya había transcurrido un (1) año y diez
(10) meses cuando se radica est[a] demanda sin que se
haya interrumpido la prescripción. Es decir, están
presentes todos los elementos de la causa de acción
12 Réplica a oposición a desestimación, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 84-85. 13 La notificación y el archivo en autos fue el 25 de septiembre de 2013. CC-2014-189 8
desde el 19 de febrero de 2010 sin que el demandante
actuara para evitar perder su derecho”.14 Añadió que fue
decisión exclusiva del Colegio Mayor el posponer ejercer
su causa de acción al decidir proceder con los trámites
apelativos contratando para esto al mismo abogado al que
podía demandar, mas no lo hizo.
Inconforme con la determinación del foro de
instancia, el Colegio Mayor presentó su recurso ante el
Tribunal de Apelaciones el 14 de octubre de 2013.
Mediante Sentencia dictada el 18 de diciembre de 2013,15
dicho foro concluyó que no procedía como cuestión de
derecho dictar sentencia sumaria, pues existía una
controversia real sustancial sobre un hecho material: la
fecha en que el Colegio Mayor advino en conocimiento del
daño.16 Ante esto, revocó y devolvió el caso al tribunal
de instancia para que determinara la fecha en que el
Colegio Mayor conoció o le fue notificada la Sentencia
Enmendada de 5 de marzo de 2010 y, en consecuencia,
pudiera determinar si procedía o no la defensa
afirmativa de prescripción.17
14 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 111. Según el foro de instancia, el alegado acto negligente fue el 9 de octubre de 2009 (cuando se notificó la anotación de rebeldía) y el Colegio Mayor conoció del daño el 19 de febrero de 2010 (cuando se dictó Sentencia y se impuso el pago total de $91,300). Íd.
15 La notificación y el archivo en autos fue el 23 de diciembre de 2013. 16 Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 175. 17 Íd. CC-2014-189 9
Oportunamente, el licenciado Rodríguez Fernández
solicitó reconsideración, y el Colegio Mayor se opuso y
solicitó que “no se reconsidere la Sentencia emitida…
respecto a la fecha en que se notificó la Sentencia
enmendada sino respecto al verdadero punto de partida
para computar el término prescriptivo para instar una
acción de daños y perjuicios”.18 Así, el 6 de febrero
de 2014, el Tribunal de Apelaciones declaró no ha lugar
la petición.19
Inconforme con la decisión, el Colegio Mayor
presentó su Petición de certiorari ante esta Curia el
13 de marzo de 2014 y nos señala lo siguiente:
Cometió error el Honorable Tribunal de Apelaciones al determinar que el punto de partida para determinar cuándo prescribe la acción de daños y perjuicios es la fecha en que se notificó la Sentencia Enmendada y no cuando el daño al Colegio fue uno real y palpable, requisitos indispensables para que se configure la acción.
Expedido el recurso, el Colegio Mayor presentó su
alegato el 17 de septiembre de 2014 y el licenciado
Rodríguez Fernández presentó el suyo el 6 de octubre de
ese mismo año. Con el beneficio de ambas comparecencias,
procedemos a resolver. Veamos, entonces, la normativa
aplicable a la controversia ante nuestra consideración.
18 Oposición a reconsideración, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 181. 19 La notificación y el archivo en autos fue el 12 de febrero de 2014. CC-2014-189 10
II
A. La prescripción extintiva
La prescripción extintiva es la figura jurídica que
tiene como norte fomentar la diligencia de un agraviado
al reclamar sus derechos y consiste en castigar al
reclamante por su “falta de ejercicio del derecho
subjetivo durante el período de tiempo prolongado por la
ley”.20 Es doctrina reiterada que “con la prescripción
extintiva lo que se busca es castigar la dejadez en el
ejercicio de los derechos, así como los litigios
difíciles de adjudicar por la antigüedad de las
reclamaciones, y así evitar que una de las partes quede
en estado de indefensión”.21
Sabido es que el término para reclamar las
obligaciones que nacen por daños causados como
consecuencia de un acto culposo o negligente está
regulado en el Código Civil de Puerto Rico. A esos
efectos, el Art. 1868 del Código Civil, 31 LPRA
sec. 5298, dispone que las obligaciones derivadas de la
culpa o negligencia prescriben por el transcurso de un
año desde que lo supo el agraviado. Asimismo, el
Art. 1869 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5299, establece
que cuando no haya disposición especial alguna que
20 . íez-Picazo, La prescripción extintiva en el Código Civil y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, 2ed., Pamplona, Ed. Aranzadi, 2007, pág. 127. 21 S.L.G. Serrano-Báez v. Foot Locker, 182 DPR 824, 831 (2011). Véanse, además: SLG García-Villega v. ELA et al., 190 DPR 799, 813 (2014); Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 321 (2004). CC-2014-189 11
regule el término prescriptivo para cualquier clase de
acción, entonces se comenzará a contar desde el día en
que pudieron ejercitarse. Como vemos, ambos artículos
reiteran lo que se conoce como la teoría cognoscitiva
del daño.
Sobre la teoría cognoscitiva del daño, hemos
discutido las tres etapas que existen en el proceso de
infligir un daño. Específicamente, expresamos que esas
tres etapas distinguibles son las siguientes:
La primera la constituye el acto u omisión culposa o negligente. La segunda surge cuando subsiguientemente se produce una consecuencia lesiva o daño que causa menoscabo -ya sea físico, moral, económico, entre otros- en la persona que la sufre. Esta segunda etapa se conoce como la vertiente material u objetiva del daño, debido a que éste existe en la realidad física, aunque el perjudicado no la conozca. La tercera surge con el conocimiento del perjudicado del menoscabo sufrido, debido a que éste se manifiesta en alguna forma que permite que sea reconocido. Esta última etapa se denomina como la vertiente cognoscitiva del daño, ya que gira en torno al conocimiento que tiene la víctima del daño sufrido.22
No obstante, reconocimos que si bien es cierto que
estas tres etapas pueden ocurrir simultáneamente,
también puede suceder que cada etapa se materialice en
momentos distintos, lo cual ocasiona que el término
prescriptivo no esté claramente definido en determinada
situación de hechos. Precisamente, en aquella ocasión
esta Curia expresó lo siguiente sobre ese particular:
[E]s necesario distinguir el momento cuando ocurra la consecuencia lesiva y el momento [en
22 Ojeda v. El Vocero de P.R., 137 DPR 315, 323 (1994). CC-2014-189 12
que] el perjudicado la reconozca, debido a que tal diferenciación conlleva efectos jurídicos de vital importancia, como lo es el momento cuando empieza a contar el plazo hábil durante el cual el perjudicado puede iniciar su causa de acción de daños y perjuicios.23
Para distinguir el momento en que ocurre la
consecuencia lesiva y cuándo el perjudicado la conoce,
veamos las diferencias correspondientes a cada momento
en un caso de una determinación judicial que resulta en
un alegado daño.
1. La consecuencia lesiva
Una de las tres etapas de infligir el daño se
determina cuando se manifiesta físicamente o existen
algunas consideraciones físicas que lleven al
perjudicado a reconocer el daño que le causa menoscabo.
Nos explica el profesor Herminio Brau del Toro que
el momento en que se tiene conocimiento de la
consecuencia lesiva es cuando el perjudicado ha podido
identificar esas manifestaciones físicas, a pesar de no
tener toda su magnitud y extensión.24 Sin embargo, en el
caso de una sentencia o una resolución, ese conocimiento
no surge hasta tanto se extingue el período determinado
para que se convierta en final y firme. No es hasta
tanto la determinación adviene final y firme que se
materializa su efecto, sin posibilidad alguna de
remedio. Mientras la determinación del tribunal de
23 Ojeda v. El Vocero de P.R., supra, pág. 324. 24 H.M. Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed. rev., San Juan, Pubs. JTS, 1986, Vol. I, págs. 439-440. CC-2014-189 13
instancia esté sujeta a revisión judicial, ésta puede
ser modificada o revocada, y se elimina su consecuencia,
quedando sin efecto algún daño alegado. Por otra parte,
si la alegada negligencia es subsanada o remediada por
el abogado, al final del pleito es que el cliente podrá
confirmar que su representante legal laboró para evitar
las consecuencias lesivas de su acto u omisión.
En ese sentido, hemos señalado que el término de
un año para ejercer la causa de acción por daños y
perjuicios comienza a “contarse a partir de la fecha en
que expiró el período en que hubiera podido apelarse”.25
En ese caso de Serrallés v. Saurí, 44 DPR 402, 405
(1933), este Foro resolvió que una acción por daños y
perjuicios no estaba prescrita debido a que fue
presentada dentro del año dispuesto por ley, contado
desde que la sentencia que generó una errónea expedición
de un auto de injunction advino final y firme.
Mientras, en Agosto v. Mun. de Río Grande, 143 DPR
174 (1997), tuvimos la oportunidad de analizar cuándo
comienza a decursar el término prescriptivo cuando se
desiste de una acción civil mediante una orden judicial
en virtud de la anterior R. 39.1(b) de Procedimiento
Civil, 32 LPRA Ap. III. Allí resolvimos que “[c]omo el
permiso judicial era compulsorio, es a partir de éste
que comenzó a contar el nuevo término prescriptivo,
25 Serrallés v. Saurí, 44 DPR 402, 405 (1933). CC-2014-189 14
porque fue con la orden judicial que se le puso punto
final al pleito en cuestión”.26 Esto es, cuando culmina
definitivamente la acción ejercitada es que se comienza
a contar el término prescriptivo. De esta forma,
podemos colegir que cuando culmina el pleito, con una
sentencia final y firme, es que queda consumado el daño,
al ser real y palpable el efecto de la determinación
dictada.
2. El conocimiento del daño
Como norma general, la fecha del archivo en autos
de la notificación de la sentencia se reconoce como el
momento en el que las partes advienen en conocimiento de
las determinaciones de un tribunal en el caso ante su
consideración. La Regla 46 de Procedimiento Civil,
32 LPRA Ap. V, dispone que “[l]a sentencia no surtirá
efecto hasta archivarse en autos copia de su
notificación a todas las partes y el término para apelar
empezará a transcurrir a partir de la fecha de dicho
archivo”. No obstante, las Reglas 52.2 y 68.3 de
Procedimiento Civil, supra, contemplan que cuando existe
diferencia entre la fecha del archivo en autos y la
fecha del depósito en el correo de la notificación, se
tomará la fecha del depósito en el correo como el punto
de partida para calcular cuándo es que comienza a correr
26 Agosto v. Mun. de Río Grande, 143 DPR 174, 181 (1997). CC-2014-189 15
el término correspondiente para exigir su derecho a
revisión.27
Según lo anterior, se puede establecer que como
regla general el momento en que se obtuvo el
conocimiento del dictamen judicial está definido por la
fecha del archivo en autos de copia de la notificación
o, en su defecto, por la fecha del matasellos del correo
de la notificación enviada. Esta conclusión es cónsona
con la teoría cognoscitiva del daño que explicamos
anteriormente, en la cual el perjudicado conoció del
menoscabo sufrido debido a que éste se manifestó
mediante la sentencia o la resolución notificada y esto
le permite reconocer que tiene el alegado daño.
Conforme a las dos etapas discutidas, la parte
perjudicada puede conocer del daño por la determinación
adversa o porque haya culminado el pleito, de forma tal
que adviene en conocimiento del daño propiamente con la
manifestación de una determinación ejecutable.
No obstante, por la naturaleza de la causa de acción que
atendemos -una reclamación por impericia profesional
contra un representante legal- hay que determinar la
fecha en la que en efecto tal determinación del tribunal
le fue comunicada al perjudicado. Esto pues, el
representante legal puede advenir en conocimiento del
dictamen adverso e informarlo en una fecha posterior a
su cliente en aras de acortar o, incluso, hacer
27 Véase Souffront v. AAA, 164 DPR 663, 671 (2005). CC-2014-189 16
inexistente el término para ejercer la acción judicial
en su contra. En dicho caso, el cliente es el
perjudicado y quien podría llevar la causa de acción
contra su representante legal, por lo cual la fecha
determinante es aquella en la cual el cliente adviene en
conocimiento de la determinación final y firme de su
pleito.
Claro está, el agraviado también tiene que conocer
quién le causó el daño y los elementos necesarios para
poder ejercitar su causa de acción.
B. La causa de acción en daños y perjuicios por impericia legal en contra del abogado
En el pasado esta Curia ha establecido los
elementos necesarios para que prospere una causa de
acción en contra del abogado. Éstos son que: (1) la
existencia de una relación de abogado-cliente genere un
deber; (2) el abogado, por acción u omisión, lo viole;
(3) esa violación sea la causa próxima del daño al
cliente; y (4) el cliente, como reclamante, sufra daño o
pérdida.28 Asimismo, establecimos que no es suficiente
con establecer los cuatro elementos mencionados, sino
que es imperativo demostrar que la causa de acción era
válida y ésta fue malograda por la actuación negligente
del abogado. Es decir, que el reclamante podía
28 Colón Prieto v. Géigel, 115 DPR 232, 239 (1984). CC-2014-189 17
prevalecer en su caso, pero no fue así debido a que el
abogado no trabajó adecuadamente el caso.29
El cliente perjudicado no tan solo tiene que saber
que tiene un daño, sino que tiene que conocer que
recibió ese daño por causa de su abogado. Ya fuera por
alguna comunicación con el abogado o que fuera
descubierto de forma independiente, el cliente tiene que
poder conocer que la causa próxima de su daño fue la
acción u omisión del abogado.
III
En el caso ante nuestra consideración, el Tribunal
de Apelaciones concluyó que el punto de partida para
determinar cuándo prescribe la acción por daños y
perjuicios es la fecha en que se notificó al Colegio
Mayor sobre la Sentencia Enmendada y fundamentó su
determinación en la teoría cognoscitiva del daño. Por
esa razón, determinó revocar la desestimación y devolver
el caso al foro de instancia para que se determine,
mediante prueba, la fecha exacta en que el Colegio Mayor
advino en conocimiento de la Sentencia Enmendada emitida
el 5 de marzo de 2010 y archivada en autos el 15 de
marzo de 2010. A la luz de la normativa discutida,
concluimos que esa determinación es errónea, por lo que
sí se cometió el único error señalado. Nos explicamos.
29 Colón Prieto v. Géigel, supra, pág. 242. CC-2014-189 18
En este caso, la parte peticionaria, el Colegio
Mayor, alegó que el término prescriptivo no comenzó a
transcurrir hasta finalizados los trámites apelativos
del caso. En específico, sostuvo que mediante la carta
cursada por el licenciado Rodríguez Fernández el 3 de
junio de 2011 fue que advino en conocimiento de que su
daño era real. Mientras, la parte recurrida, el
licenciado Rodríguez Fernández, sostuvo que el Colegio
Mayor conoció del alegado daño desde el momento en que
se anotó la rebeldía el 9 de octubre de 2009.
A pesar de poder constatar la fecha exacta en la
cual advino en conocimiento el Colegio Mayor sobre la
Sentencia Enmendada, quedan por resolver si existen los
elementos que permiten ejercer una causa de acción en
contra del abogado en un caso por impericia legal o mala
práctica legal. Veamos.
El pleito en el cual se le atribuye la alegada
negligencia al licenciado Rodríguez Fernández fue una
querella laboral en contra del Colegio Mayor al amparo
del procedimiento sumario dispuesto en la Ley 2, supra.
Una vez anotada la rebeldía por no contestar la demanda
dentro del término correspondiente, el tribunal de
instancia dictó la Sentencia Enmendada el 5 de marzo
de 2010, la cual fue notificada el 15 de marzo de 2010.
Este caso presenta la situación en la cual el
propio representante legal continuó con los trámites CC-2014-189 19
apelativos para la revisión de la Sentencia Enmendada.
Por lo tanto, a ese momento la referida Sentencia no era
una determinación final y firme. Además, nos resulta
forzoso concluir que en el Colegio Mayor existía la
expectativa de prevenir el resultado de ejecutar la
Sentencia que ordenaba el pago de $91,300.00. Tal
expectativa la fomentó el propio abogado, ello al
promover los trámites apelativos para revisar dicha
determinación. Esa expectativa albergaba la esperanza
de que no se produjera la consecuencia lesiva de la
anotación de rebeldía en el caso.
Si bien es cierto que el Colegio Mayor pudo haber
tenido conocimiento de la Sentencia Enmendada, el
abogado le orientó (o debió haberle orientado) en cuanto
a la posibilidad de apelar dicho dictamen y, en efecto,
cobró honorarios para continuar la representación legal
ante los foros apelativos. Al examinar los elementos
necesarios para ejercer la causa de acción, podemos
observar que independientemente de que el Colegio Mayor
obtuvo conocimiento de la Sentencia Enmendada, y que
fuera orientado y asesorado por su abogado para
continuar con los trámites apelativos, estaba impedido
de ejercer su acción judicial, pues no se había
concretado un daño real. Nos parece incompatible
pretender que un cliente demande a su abogado cuando
éste es el que le ha orientado sobre la posibilidad de
prevalecer mediante trámites apelativos para impedir el CC-2014-189 20
efecto de la determinación emitida por el tribunal de
instancia. Peor aún, resulta injusto que un cliente
base su confianza en la orientación ofrecida por su
representante legal y que éste, precisamente por la
confianza depositada en él, aconseje a su cliente a los
fines de dejarle desprovisto de un remedio por el daño
sufrido por su culpa o negligencia.
Los trámites apelativos en este caso tomaron desde
la presentación de la Petición de certiorari ante el
Tribunal de Apelaciones el 14 de mayo de 2010 hasta el
13 de abril de 2011 con el mandato de este Foro luego de
haber emitido una Resolución declarando “no ha lugar” al
recurso de certiorari presentado. Fue en ese momento
cuando se concretó el daño real sobre el cual el Colegio
Mayor no tenía conocimiento. Conforme a las alegaciones
de ambas partes, y según surge del expediente, la
notificación del licenciado Rodríguez Fernández al
Colegio Mayor sobre el fin del pleito fue mediante una
carta fechada de 3 de junio de 2011. Es decir, no fue
hasta pasados dos meses que el licenciado Rodríguez
Fernández le comunicó al Colegio Mayor de la Resolución
adversa a su cliente, mediante la cual este Tribunal
denegó la expedición del recurso el 1 de abril de 2011,
archivada en autos el 6 de abril de 2011.
En atención a ello, concluimos que el momento en
que el Colegio Mayor advino en conocimiento sobre el CC-2014-189 21
daño real alegadamente causado por la negligencia del
abogado fue el 3 de junio de 2011, momento en el cual el
al Colegio Mayor que el pleito había llegado a su fin.
Por lo tanto, el término prescriptivo de un año en esta
causa de acción por daños y perjuicios comenzó a
transcurrir desde el 3 de junio de 2011. La demanda fue
presentada ante el foro de instancia el 21 de diciembre
de 2011, por lo que resolvemos que la misma no está
prescrita.
Por todo lo anterior, concluimos que al amparo del
Art. 1868 del Código Civil, supra, el cliente tiene un
año para exigir la responsabilidad civil de su abogado
desde que adviene en conocimiento de la decisión final y
firme sobre el litigio en el que se le imputa la
negligencia a su representante legal; es en ese momento
en el que se tienen los elementos necesarios para
ejercer la acción judicial.
Además, por los hechos que se esbozan en esta
Opinión, referimos el asunto a la Oficina de la
Procuradora General para investigación e informe en el
término de 60 días (contado a partir de la notificación
de esta determinación) en relación con la posibilidad de
comenzar un proceso disciplinario contra el Lcdo. Carlos
J. Rodríguez Fernández. CC-2014-189 22
IV
Por las razones antes expresadas, revocamos la
determinación del Tribunal de Apelaciones y devolvemos
el caso al foro de instancia para la continuación de los
procedimientos conforme a lo aquí dispuesto.
Se dictará sentencia de conformidad.
Erick V. Kolthoff Caraballo Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede la cual se hace formar parte íntegra de la presente, revocamos la determinación del Tribunal de Apelaciones y devolvemos el caso al foro de instancia para la continuación de los procedimientos conforme a lo aquí dispuesto. Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada Oronoz Rodríguez concurre con el resultado sin opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo