Beníquez Méndez Y Otros v. Vargas Seín Y Otros

2012 TSPR 2

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: January 4, 2012
• Docket: CC-2007-1131
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Samuel Beníquez Méndez; Antonia Beníquez Seguí Certiorari Recurridos 2012 TSPR 2 v. 184 DPR ____ Teófilo Vargas Seín, Ada E. Méndez Costas y Félix Beníquez Quiñones

Peticionarios

Número del Caso: CC-2007-1131

Fecha: 4 de enero de 2012

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan

Juez Ponente:

Hon. Migdalia Fraticelli Torres

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Ramón A. Buitrago Iglesias Lcdo. Harry Anduze Montaño Lcdo. José A. Morales Boscio Lcdo. Julio M. Marcano López

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Nicolás Nogueras Cartagena Lcda. Patricia Ramírez Gelpí

Materia: Nulidad de Procedimiento de Adopción, Fraude al Tribunal Vicio del Consentimiento, Declaración de Filiación

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Samuel Beníquez Méndez; Antonia Beníquez Seguí Recurridos

v. CC-2007-1131

Teófilo Vargas Seín, Ada E. Méndez Costas y Félix Beníquez Quiñones Peticionarios

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado Señor Rivera García.

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de enero de 2012.

El presente recurso de certiorari nos exige

resolver tres controversias de carácter medular.

En primer lugar, debemos determinar si una acción

de nulidad de adopción por supuestos vicios del

consentimiento de la madre biológica, por motivo

de haber prestado el mismo bajo coacción e

intimidación, puede instarse pasado el término de

caducidad de dos años que proveía el Art. 613E del

antiguo Código de Enjuiciamiento Civil, infra,

según tal disposición existía en nuestro

ordenamiento legal al momento de la adopción en

controversia. CC-2007-1131 2

En segundo plano, tenemos que considerar si es

permisible que se determine una filiación natural

posterior a la consumación de una filiación adoptiva, y si

ambas filiaciones están sujetas al principio de

incompatibilidad de filiaciones contradictorias. De

resolver que el referido principio no es de aplicación,

nos corresponde precisar cuáles son los efectos jurídicos

implicados por el reconocimiento posterior de la referida

filiación natural y su existencia concurrente con la

filiación adoptiva ya materializada.

En tercer lugar, examinaremos si la acción sobre

nulidad de procedimientos de adopción y declaración de

filiación presentada por los recurridos resulta

improcedente en derecho por virtud de la doctrina de la

cosa juzgada, o por razón de su derivada, la figura del

impedimento colateral por sentencia.

Teniendo presente las controversias legales que nos

atañen, pasemos a dilucidar los antecedentes fácticos

aplicables a su resolución.

I

El Sr. Samuel Beníquez Méndez (señor Beníquez Méndez)

nació el 28 de octubre de 1971.1 Al anotarse su nacimiento

en el Registro Demográfico, no se divulgó el nombre de su

padre biológico.2 No obstante, su certificado de

1 Petición de certiorari, Apéndice, pág. 108. 2 Íd. CC-2007-1131 3

nacimiento reseñaba que su madre biológica lo era la Sra.

Antonia Beníquez Seguí (señora Beníquez Seguí).3

Luego del nacimiento del señor Beníquez Méndez, el 5

de junio de 1972, el Sr. Félix Beníquez Quiñones (señor

Beníquez Quiñones) y la Sra. Ada E. Méndez Costas (señora

Méndez Costas) (colectivamente, “el matrimonio Beníquez

Méndez”) presentaron ante el otrora Tribunal Superior una

petición para su adopción.4 En su escrito, el matrimonio

adujo haber tenido bajo su custodia y cuidado al señor

Beníquez Méndez desde el día en que nació.5 Además,

indicaron ser los tíos de la madre del menor -la señora

Beníquez Seguí- y que ésta, junto a su hijo, habitaba con

ellos por no tener los recursos para su sostenimiento o el

de su prole.6

En apoyo a su solicitud, el matrimonio Beníquez

Méndez presentó una declaración jurada de la madre del

menor en la cual ésta expresaba su consentimiento a la

adopción.7 Luego de celebrar una vista el 2 de febrero de

1973,8 el 21 de febrero del mismo año el tribunal

sentenciador declaró Ha Lugar la referida petición.9

3 Íd. 4 Íd., págs. 113-114. 5 Íd., pág. 113. 6 Íd. 7 Íd., pág. 115. 8 Íd., págs. 109-112. 9 Petición de certiorari, Apéndice, págs. 199-200. Esta adopción se configuró al amparo de la Ley Núm. 86 de 15 de junio de 1953, derogada, 31 L.P.R.A. 531 et seq. CC-2007-1131 4

Casi treinta años después, el 13 de mayo de 2003, el

señor Beníquez Méndez y la señora Beníquez Seguí (los

recurridos) presentaron ante el Tribunal de Primera

Instancia una moción solicitando la nulidad de la

adopción.10 Esencialmente, argumentaron que la señora

Beníquez Seguí fue coaccionada e intimidada por el

matrimonio Beníquez Mendez para que prestara su

consentimiento a la adopción de su hijo.11 Como resultado,

alegaron que su consentimiento era uno viciado, el cual

maculaba de nulidad la resolución emitida el 21 de febrero

de 1973. Ello, pues, un consentimiento viciado priva al

Tribunal de jurisdicción, haciendo que la resolución

emitida fuese inexistente.12

Asimismo, los recurridos arguyeron que el señor

Beníquez Méndez fue criado por su madre desde la fecha de

su nacimiento y que, incluso, a sus seis años se mudó con

ésta a vivir en una residencia distinta a la de sus tíos.13

Más aún, añadieron que el matrimonio Beníquez Méndez sólo

procuraba la adopción del menor para lucrarse

económicamente de un hijo que supuestamente nunca

criaron.14

10 Íd., págs. 201-203. 11 Íd., págs. 201-202. No obstante, los recurridos no proveyeron fundamento alguno para sustentar sus alegaciones de coacción, intimidación y vicios en el consentimiento de la señora Beníquez Seguí. 12 Íd. 13 Petición de certiorari, Apéndice, pág. 202. 14 Íd., págs. 202-203. CC-2007-1131 5

Mediante una resolución no fundamentada, el 13 de

septiembre de 2003 el Tribunal de Primera Instancia

declaró No Ha Lugar la moción de los recurridos.15 Esta

decisión nunca fue apelada o revisada, adviniendo final y

firme.

Posteriormente, el 4 de noviembre de 2004, la señora

Beníquez Seguí y el señor Beníquez Méndez presentaron una

segunda reclamación sobre nulidad de procedimientos de

adopción y declaración de filiación.16 En ésta, los

recurridos alegaron que la señora Beníquez Seguí, cuando

aún se encontraba embarazada del señor Beníquez Méndez,

fue coaccionada, amenazada y sujeta a “presiones mentales,

morales, emocionales y religiosas” para que consintiese a

que sus tíos –el matrimonio Beníquez Méndez- adoptasen a

su hijo.17

Además, y distinto a lo alegado en su primer

petitorio, los recurridos arguyeron que el referido patrón

de coacción e intimidación se debió a que el Sr. Teófilo

Vargas Seín (señor Vargas Seín), líder espiritual de la

congregación religiosa Mita, era el padre biológico del

señor Beníquez Mendez,18 y que los tíos de la señora

Beníquez Seguí -junto a otras personas de la congregación-

orquestaron la adopción indicada con el fin de ocultar tal

15 Íd., pág. 218. Esta decisión fue notificada a las partes el 18 de septiembre de 2003. 16 Véase, Petición de certiorari, Apéndice, págs. 63-66. 17 Íd., págs. 64 y 65. 18 Íd., pág. 63. CC-2007-1131 6

realidad.19 Cónsono con lo anterior, solicitaron que se

decretase la nulidad de la adopción bajo examen y que se

ordenase al Registro Demográfico a inscribir al señor

Beníquez Méndez como hijo biológico de la señora Beníquez

Seguí y del señor Vargas Seín.20

Luego de varios trámites procesales, el 23 de

diciembre de 2005 el Tribunal de Primera Instancia emitió

su dictamen desestimando sumariamente los reclamos del

señor Beníquez Mendez y su madre biológica.21 El foro

primario razonó que las alegaciones y los fundamentos

esbozados por los recurridos en esta segunda demanda eran

idénticos a aquellos articulados en la primera solicitud

de nulidad de adopción, la cual fue declarada No Ha Lugar

el 13 de agosto de 2003.22

Consecuentemente, resolvió que esta primera sentencia

constituía cosa juzgada con relación a la causa de acción

levantada por segunda vez en contra del matrimonio

Beníquez Méndez.23 En cuanto a la nueva alegación de que

el señor Vargas Seín era el padre biológico del señor

Beníquez Méndez, el tribunal sentenciador concluyó que tal

argumento debió de haberse levantado oportunamente en la

primera demanda de nulidad de adopción. Debido a que los

19 Íd., pág. 64. 20 Íd., pág. 66. 21 Véase Petición de certiorari, Apéndice, págs. 45-61. Esta Sentencia fue notificada a las partes el 3 de enero de 2006. 22 Íd., pág. 49. 23 Íd., págs. 52-53, 54, 55. CC-2007-1131 7

recurridos no procedieron de esa manera, determinó que la

doctrina de impedimento colateral por sentencia

imposibilitaba considerar su causa de acción en contra del

señor Vargas Seín.24

Además, el foro primario resolvió que la impugnación

de adopción presentada por los recurridos era tardía, ya

que el término de caducidad provisto para ello en el

Código de Enjuiciamiento Civil había expirado.25 A su vez,

acogió la demanda de los peticionarios como una moción de

relevo de la resolución de adopción emitida el 21 de

febrero de 1973 y concluyó que la misma fue presentada

tardíamente, según el término de 6 meses provisto por la

otrora Regla 49.2 de Procedimiento Civil (32 L.P.R.A. Ap.

III). Finalmente, el tribunal le impuso a los recurridos

el pago de honorarios de abogado por temeridad.26

Inconformes con el dictamen del foro primario, el 2

de febrero de 2006 los recurridos acudieron en alzada al

Tribunal de Apelaciones. Contando con la oposición de los

peticionarios, el 6 de noviembre de 2007 el Tribunal de

Apelaciones dictó su sentencia revocando al Tribunal de

Primera Instancia y ordenando la continuación de los

procedimientos, por entender que no era de aplicación la

24 Íd., págs. 54-55. 25 Íd., págs. 55-56. 26 Íd., págs. 60-61. CC-2007-1131 8

doctrina de cosa juzgada y que la acción de nulidad de

adopción no había caducado.27

Oportunamente, el 6 de diciembre de 2007 los

peticionarios acudieron ante nos impugnando la decisión

del Tribunal a quo. En su recurso de certiorari le

imputan al foro apelativo intermedio haber cometido los

siguientes errores:

PRIMER ERROR

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al determinar que la causa de acción presentada por la parte recurrida no ha caducado.

SEGUNDO ERROR

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al determinar que la controversia presentada en la Demanda no es cosa juzgada y/o que no existe impedimento colateral.

TERCER ERROR

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al no determinar que transcurrió en exceso el término para interponer una moción de relevo de sentencia al amparo de la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil.28

Atendido el recurso de certiorari presentado por los

peticionarios, el 4 de abril de 2008 expedimos el auto

solicitado. Contando con la comparecencia de ambas

partes, procedemos a esbozar el marco jurídico aplicable a

las controversias inicialmente planteadas.

27 Petición de certiorari, Apéndice, págs. 1-25. 28 Petición de certiorari, pág. 8. CC-2007-1131 9

II

A. Las doctrinas de cosa juzgada e impedimento colateral

por sentencia.

1. Cosa juzgada.

En nuestra jurisdicción, la doctrina de cosa juzgada

encuentra su origen en el Art. 1204 de nuestro Código

Civil.29 En su parte pertinente, el citado estatuto

dispone lo siguiente:

Para que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron.30

Cuando un litigante articula exitosamente los

elementos necesarios para que la doctrina de cosa juzgada

sea de aplicación,

el efecto inexorable es que la sentencia decretada en un pleito anterior31 impide que en un pleito posterior se litiguen entre las mismas partes y sobre la misma causa de acción y cosas, las cuestiones ya litigadas y adjudicadas, y aquellas que pudieron haber sido litigadas y adjudicadas con propiedad en la acción previa.32

29 31 L.P.R.A. sec. 3343. 30 (Énfasis nuestro.) Íd. Véase, también, Parrilla v. Rodríguez, 163 D.P.R. 263, 267 (2004). 31 Según expusimos en Bolker v. Tribunal Superior y Sosa, Interventores, 82 D.P.R. 816, 824 (1961), “la sentencia que se invoque debe tener el carácter de firme, pues contra la presunción de cosa juzgada „sólo será eficaz la sentencia ganada en juicio de revisión‟, y el tribunal que la dictó debe haber actuado con jurisdicción”. 32 P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., 175 D.P.R. 139, 151 (2008), citando a, Méndez v. Fundación, 165 D.P.R. 253 (2005); Pagán Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 720, 732–733; Mercado Riera v. Mercado Riera, 100 D.P.R. 940, 950 (1972). CC-2007-1131 10

De tal manera, la doctrina bajo examen “persigue

poner fin a los litigios luego de haber sido adjudicados

de forma definitiva por los tribunales y, de este modo,

[garantiza] la certidumbre y seguridad de los derechos

declarados mediante una resolución judicial para evitar

gastos adicionales al Estado y a los litigantes”.33 Es así

que nuestro ordenamiento legal “protege el interés del

Estado en ponerle fin a los litigios y el de los

ciudadanos de no ser sometidos en múltiples ocasiones a

los rigores de un proceso judicial”.34

Como bien se desprende del articulado previamente

citado, la presunción de cosa juzgada sólo cobra efecto si

existe la más perfecta identidad de cosas, causas, las

personas de los litigantes y la calidad con que lo

fueron.35 A continuación analizamos sucintamente cada

elemento.

El requisito que requiere que exista una perfecta

identidad entre las cosas litigadas, exige

identificar cuál es „el bien jurídico cuya protección o concesión se solicita del juzgador‟. M. Serra Domínguez, Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, 2da ed., Ed. Edersa, 1991, T. XVI, Vol. 2, pág. 735. Dicho análisis requiere considerar no sólo la cosa sobre la cual se suscita la controversia, sino que debe evaluarse cuál es el planteamiento jurídico que se genera en torno a ella en el procedimiento en concreto. Íd., pág. 736. Lo esencial es, pues, determinar que ambos litigios 33 Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón et al., 133 D.P.R. 827, 833-834 (1993). 34 Méndez v. Fundación, supra, pág. 267. 35 Art. 1204 del Código Civil de Puerto Rico, supra. CC-2007-1131 11

se refieran a un mismo asunto. Rodríguez v. Colberg Comas, [131 D.P.R. 212, 220 (1992),] [c]itando a Q.M. Scaevola, Código Civil, Madrid, Ed. Reus, 1958, pág. 534.36

En cuanto a la necesidad de que exista identidad de

causas entre ambos pleitos, hemos dispuesto lo siguiente:

Recuérdese que causa „es el motivo de pedir‟. Scaevola, Código Civil, 2da ed., 1958, T. 20, pág. 535.... „[S]ignifica el fundamento capital, el origen de las acciones o excepciones planteadas y resueltas‟. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 5ta ed., 1950, T. 8, Vol. 2, págs. 237-238. Así, el Tribunal Supremo de España ha dictaminado que „la diversidad de acciones no impide la estimación de la cosa juzgada cuando la razón y causa de pedir es la misma en una y otra, y por tanto, no es el nombre ni la naturaleza, declarativa o constitutiva, la que pueda impedir identidad de la causa pretendida, sino que en este respecto la decisión es si los hechos y fundamentos de las peticiones son los mismos en lo que afecta a la cuestión planteada‟. (Sentencia de 19 de febrero de 1962, Manresa, op. cit.) Otro decreto establece que „la causa equivale a un fundamento o razón de pedir, siendo la acción mera modalidad procesal que es necesario ejercitar para que aquélla tenga efectividad en juicio; que si son idénticas las cosas y causas, no obsta a la eficacia de la cosa juzgada que a la acción se le dé distinto nombre, sin que desaparezca la identidad básica de la presunción porque en el segundo juicio se haga un pedimento distinto no decidido en el primero...‟. 36 Hernández Pérez v. Halvorsen, 176 D.P.R. 344, 354 (2009) (Opinión Concurrente de la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez). Véase, también, Lausell Marxuach v. Díaz de Yáñez, 103 D.P.R. 533 (1975); Mercado Riera v. Mercado Riera, supra(Sobre la identidad de cosas nos dice Scaevola que: „Puede tratarse de la absoluta identidad, en el sentido de que el segundo pleito se refiera a la finca u objeto mismo sobre que versó el primero, pero en general basta que se refiera al mismo asunto, aunque en el uno se abordase totalmente y sólo parcialmente en el otro, y aunque las cosas hayan sufrido disminución o alteración, desde el primero al segundo, que afecte su valor o alguna otra de sus condiciones‟... Manresa, por otro lado, señala que: „Cuando se reclaman derechos (verbigracia, usufructo, posesión, uso, etc.) puede una misma cosa ser objeto de diferentes litigios, salvo el caso de fundarse todos esos derechos en una misma causa ya resuelta, verbigracia, un mismo contrato declarado nulo.‟”. (Énfasis y citaciones omitidas.) CC-2007-1131 12

(Sentencia de 30 de octubre de 1965.) (Énfasis en el original.).37

Por último, referente a la exigencia de que exista

identidad de las personas de los litigantes y la calidad

con que lo fueron, basta decir que “las personas jurídicas

que son parte en ambos procedimientos, cumplidos los

requisitos de identidad entre las causas y las cosas,

resultarían directamente afectados por la [presunción] de

la cosa juzgada”.38

“Si concurren las identidades... requeridas por el

artículo 1204 del Código Civil, supra, no procede la

dilucidación en los méritos de la controversia que está

ante la consideración del foro judicial”.39 Sin embargo,

aún estando presente los componentes necesarios para que

la doctrina de cosa juzgada surta efecto, hemos sido

diáfanos en establecer que la referida figura legal “no es

absoluta y debe siempre considerarse conjuntamente con el

saludable principio de que debe dispensarse justicia en

cada caso”.40 Es por ello que hemos resuelto que debemos

abstenernos de aplicar la aludida doctrina “cuando al

hacerlo se derrotan o se ‘desvirtúan los fines de la

37 Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón et al., supra, pág. 835, citando a, A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 D.P.R. 753, 765 (1981). 38 Hernández Pérez v. Halvorsen, supra, pág. 356. 39 Íd., pág. 354. 40 Méndez v. Fundación, supra, pág. 268, citando a, Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 D.P.R. 743, 770 (2003); Pagán Hernández v. U.P.R., supra, pág. 737; Pérez v. Bauzá, 83 D.P.R. 220, 226 (1961). CC-2007-1131 13

justicia, produce resultados absurdos o cuando se plantean

consideraciones de interés público’”.41

A pesar de lo expresado, “„no se favorece el

reconocimiento y la aplicación liberal de excepciones a la

doctrina de cosa juzgada ante el riesgo de que se afecte

el carácter de finalidad de las controversias

adjudicadas...‟. De esta forma, evitamos se propicie la

„relitigación masiva de las controversias judiciales

resueltas‟”.42

2. Impedimento colateral por sentencia.

La figura jurídica del impedimento colateral por

sentencia constituye una modalidad de la doctrina de cosa

juzgada.43 Así, ésta persigue alcanzar los mismos

propósitos procurados por la doctrina de res judicata, a

saber: “proteger a los litigantes contra lo que representa

defenderse o probar sus reclamaciones en repetidas

ocasiones tratándose de la misma controversia, [y]

promover la economía judicial y administrativa al evitar

litigios innecesarios y decisiones incompatibles”.44

Ahora bien, la figura bajo examen “se distingue de la

cosa juzgada en que para aplicarla no es necesario que se

41 (Énfasis nuestro.) Méndez v. Fundación, supra, pág. 268, citando a, Meléndez v. García, 158 D.P.R. 77, 92 (2002); Pagán Hernández v. U.P.R., supra, pág. 736; P.R.T.C. v. Unión Indep. Emp. Telefónicos, 131 D.P.R. 171, 194 (1992); Feliciano Ruiz v. Alfonso Develop. Corp., 96 D.P.R. 108, 114 (1968); Millán v. Caribe Motors Corp., 83 D.P.R. 494, 509 (1961). 42 (Citaciones internas omitidas.) Méndez v. Fundación, supra, pág. 268. 43 Fatach v. Triple S, Inc., 147 D.P.R. 882, 889 (1999). 44 Méndez v. Fundación, supra, pág. 269. CC-2007-1131 14

dé el requisito de identidad de causas”.45 La misma

“„surte efectos cuando un hecho esencial para el

pronunciamiento de una sentencia se dilucida y se

determina mediante sentencia válida y final, [y] tal

determinación es concluyente en un segundo pleito entre

las mismas partes, aunque estén envueltas causas de acción

distintas‟”.46

Claro está, “la sentencia anterior es concluyente

solamente en cuanto a aquellas materias que de hecho se

suscitaron y verdaderamente o por necesidad se litigaron y

adjudicaron, pero no es concluyente en cuanto a aquellas

materias que pudieron ser pero que no fueron litigadas y

adjudicadas en la acción anterior”.47 Por tal motivo, “no

procede la interposición de la doctrina de impedimento

colateral por sentencia cuando la parte contra la cual se

interpone (1) no ha tenido la oportunidad de litigar

45 Javier A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, Colombia, Ed. Nomos, 2010, pág. 343. Véase, también, Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas, supra, pág. 221. 46 P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., supra, pág. 152. En Fatach v. Triple S, Inc., supra, págs. 889-890, reiteramos que la doctrina de impedimento colateral se manifiesta en dos modalidades, a saber: la ofensiva y la defensiva. “En su modalidad ofensiva, un demandante le impide al demandado litigar otra vez los asuntos que previamente litigó y perdió frente a otra parte. La modalidad defensiva surge cuando un demandado impide a un demandante que litigue otra vez asuntos que previamente litigó y perdió frente a otra parte. A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, supra, pág. 758. Ambas modalidades comparten el denominador común de que la parte afectada por la doctrina litigó y perdió el asunto en el pleito anterior”. Íd. 47 Millán v. Caribe Motors Corp., 83 D.P.R. 494, 506-507 (1961); Aponte v. Roman, 145 D.P.R. 477, 488-489 (1998). CC-2007-1131 15

previamente el asunto y (2) no ha resultado ser la parte

perdidosa en un litigio anterior”.48

Establecido lo anterior, urge examinar algunos

principios esenciales de la figura jurídica de la

filiación. Veamos.

B. La filiación.

1. Conceptos generales.

Como bien articulamos en Castro Torres v. Negrón

Soto, “[l]a filiación es el estado civil de la persona,

determinado por la situación que, dentro de una familia,

le asigna el haber sido engendrada en ella o el estar en

ella en virtud de la adopción o de otro hecho legalmente

suficiente al efecto”.49

De la transcrita definición se desprende que la

institución civil de la filiación se manifiesta a través

de dos realidades fundamentales: la biológica y la

jurídica.50 Como bien detallan Díez-Picazo y Gullón,

“[i]nicialmente, la filiación es un hecho biológico y

consiste en que una persona ha sido engendrada o procreada

por otra”.51 Posteriormente, nuestro ordenamiento jurídico

recoge este hecho biológico y lo regula mediante la

distribución de derechos y obligaciones entre los

48 P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., supra, pág. 153. 49 Castro Torres v. Negrón Soto, 159 D.P.R. 568, 579-580 (2003). 50 J. Castán Tobeñas, Derecho Civil Español, Común y Foral, Madrid, 10ma ed., Ed. Reus S.A., T. 5, Vol. II, 1995, págs. 15-17. Véase, también, Mayol v. Torres, 164 D.P.R. 517, 529 (2005). 51 (Énfasis nuestro.) L. Díez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, Madrid, 5ta ed., Ed. Tecnos, S.A., Vol. IV, 1989, pág. 247. CC-2007-1131 16

progenitores y los seres procreados por ellos.52

Concretamente, es esta regulación del hecho biológico la

que caracteriza a la filiación jurídica.

Pese a lo anterior, resulta imperativo tener presente

que en ocasiones la relación biológica de la filiación no

siempre coincide con la relación jurídica.53 Como bien

hemos recalcado en pronunciamientos anteriores, “[l]a

filiación no es... necesariamente una situación derivada

de un hecho biológico. De algún modo puede decirse que

una cosa es ser padre y otra cosa ser progenitor. ...

Padre y progenitor no son sinónimos. Padre contiene una

carga de sentido socio-cultural y jurídico de la que

carece el término progenitor”.54

52 Íd. Véase, también, Sánchez Encarnación v. Sánchez Brunet, 154 D.P.R. 645, 660 (2001). En Mayol v. Torres, supra, págs. 529-530, abundamos sobre la distinción entre la filiación biológica y la jurídica de la manera siguiente: Del hecho de que toda persona deba la existencia a su procreación o generación por un hombre y una mujer deriva su filiación (biológica) respecto de sus progenitores, y también su filiación jurídica, expresión para el Derecho, en línea de principio, de aquella relación biológica. De ese hecho jurídico de la filiación deriva luego la relación jurídica de filiación (de paternidad/maternidad, vista desde el lado de los progenitores), entendida como la existente entre generantes y generados, padres e hijos con el conjunto de derechos, deberes, funciones y, en general, relaciones, que los vincula en una de las más ricas y complejas instituciones jurídicas y humanas que el Derecho contempla. 53 J.L. Lacruz Berdejo y otros, Elementos de Derecho Civil: Familia, (J. Rams, ed.), 2da ed., Madrid, Ed. Dykinson, 2005, Vol. IV, pág. 307. Véase, también, Sánchez Encarnación v. Sánchez Brunet, supra, pág. 661. 54 Calo Morales v. Cartagena Calo, 129 D.P.R. 102, 112 (1991), citando a, L. Díez-Picazo y A. Gullón Ponce de León, Sistema de Derecho Civil, 3ra ed. rev., Madrid, Ed. Tecnos, 1983, T. IV, pág. 314. Véase, también, Sánchez Encarnación v. Sánchez Brunet, supra, pág. 661. CC-2007-1131 17

Más bien, hemos aseverado que la relación filiatoria

puede catalogarse como una relación fundamentalmente

jurídica “que requiere de una serie de criterios para

establecerse. De estos criterios, los biológicos son los

básicos, aunque éstos no siempre entran en acción”.55

Abundando en lo anterior, el distinguido profesor

Raúl Serrano Geyls comentó lo siguiente:

Por un lado, la relación jurídica de parentesco presupone la previa identificación de la relación biológica, pero a veces eso no es de fácil comprobación, ya sea porque no se conoce quién es la madre o el padre, o porque hay más de una persona a quien se le podría identificar como tal. En otras ocasiones, aunque se sepa quiénes son los padres, la ley puede no darle eficacia jurídica al hecho del parentesco biológico, y así niega los derechos y obligaciones que de ordinario emanarían del mismo.56

El referido desfase nace de la riqueza y complejidad

que entraña la filiación jurídica ante el mero dato

biológico,

en cuanto categoría jurídica y social que es y en la que se integran elementos afectivos, volitivos, sociales, formales, etc.; destacan en ella, además, unos roles importantes que la sociedad y el Derecho confieren a los protagonistas de dicha relación, donde lo funcional y el papel social tienen a veces mayor trascendencia que el elemento natural o biológico.57 55 Castro Torres v. Negrón Soto, supra, pág. 580. 56 R. Serrano Geyls, Derecho de Familia de Puerto Rico y Legislación Comparada, Ed. Universidad Interamericana de Puerto Rico, Vol. II, 2002, pág. 886. Claro está, a pesar de existir la posibilidad de que la filiación jurídica no sea un reflejo de la filiación biológica, es importante señalar que el Derecho puertorriqueño “se empeña en apoyar la paternidad jurídica en la biológica y hace los máximos esfuerzos porque ambos conceptos concuerden”. (Citaciones internas omitidas) Calo Morales v. Cartagena Calo, supra, pág. 111. 57 J.L. Lacruz Berdejo y otros, op. cit., pág. 307. CC-2007-1131 18

Apoyándonos en los principios generales hasta aquí

esbozados, pasemos a discutir las clases de filiación

existentes en nuestro ordenamiento legal y los mecanismos

jurídicos disponibles para su fijación.

2. Las clases de filiación y los medios para su

determinación.

i. La filiación natural.

Esencialmente, todo tipo de filiación puede tener

lugar (1) por la naturaleza o (2) por la adopción.58 La

primera modalidad, la natural, implica la existencia de un

vínculo biológico.59 Este modo de filiación se bifurca, a

su vez, en dos modalidades adicionales: (1) la matrimonial

y (2) la extramatrimonial.60

“La filiación matrimonial es, como su propio nombre

indica, aquélla surgida por la generación o concepción

dentro del matrimonio”.61 Esta vertiente nace de una

presunción controvertible, instaurada por el Art. 113 del

Código Civil de Puerto Rico,62 el cual dispone que “[s]e

58 R.E. Ortega-Vélez, La filiación: apuntes y jurisprudencia, San Juan, Ed. Scisco, 1997, pág. 1. Véanse, también: J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, T. IV, págs. 188-189. (Interpretando el Art. 108 del Código Civil español, según fue reformulado en el 1981); J. Castán Tobeñas, op. cit., pág. 20. 59 J.L. Lacruz Berdejo y otros, op. cit., pág. 312. Véanse, también: Sánchez Encarnación v. Sánchez Brunet, supra, pág. 662; Almodóvar v. Mendez Román, 125 D.P.R. 218, 235 (1990). 60 R.E. Ortega-Vélez, op. cit., pág. 1. Véanse, también: Castro Torres v. Negrón Soto, supra, pág. 583; Almodóvar v. Méndez Román, supra, pág. 235. 61 (Énfasis nuestro.) R.E. Ortega-Vélez, op. cit., pág. 17. Véase, también, Almodóvar v. Méndez Román, supra, pág. 235. 62 31 L.P.R.A. secs. 461. Véase, también, Almodóvar v. Méndez Román, supra, pág. 235. CC-2007-1131 19

presumen hijos del marido de la mujer casada los nacidos

durante el matrimonio y los nacidos antes de los

trescientos días siguientes a su disolución”.63

Lo anterior es cónsono con la norma civilista pater

vero is est quem nuptiae demostrant, la cual establece que

el padre de toda criatura lo es el hombre casado con la

madre del hijo o la hija nacida.64 El uso de esta

presunción en la determinación filial matrimonial

encuentra su razón de ser en la dificultad práctica de

determinar quién es el padre de un ser humano.65 Contrario

a la maternidad, la que siempre puede determinarse con tan

sólo probar que la mujer ha alumbrado y que el hijo o la

hija nacida procede de ese alumbramiento (mater semper

certa est), resulta imposible concretizar a modo cierto la

paternidad de una criatura (pater semper incertus).66

Ante esa incertidumbre, la presunción discutida

representa el medio más idóneo para concretizar

63 Íd. “Igualmente es legítimo el hijo nacido dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la celebración del matrimonio, si el marido no impugnare su legitimidad”. Art. 114 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 462. Por otro lado, para que opere la presunción establecida por el Art. 113 del Código Civil, supra, será necesaria la concurrencia de los siguientes elementos: que se acredite la maternidad; que exista un vínculo matrimonial entre la madre y el hombre a quien se le atribuye la paternidad, y que el nacimiento ocurra luego de celebrarse el matrimonio, pero antes de los trescientos días de éste haber sido disuelto. Véase, Castro Torres v. Negrón Soto, supra, pág. 610 (Opinión Disidente de la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón). 64 L. Díez-Picazo y A. Gullón, op. cit., pág. 254. Véanse, también: Calo Morales v. Cartagena Calo, supra, págs. 115-116; Almodóvar v. Mendez Román, supra, págs. 235-236. 65 Íd. Véanse, también: Calo Morales v. Cartagena Calo, supra, págs. 112-113; Ramos v. Marrero, 116 D.P.R. 357, 360 (1985). 66 Íd. CC-2007-1131 20

jurídicamente dicho aspecto. Sólo así nuestro

ordenamiento jurídico logra fomentar la defensa de la paz

familiar; reducir, en la medida de lo posible, el número

de eventuales litigios;67 y, desde el nacimiento, asignarle

padres ciertos a los hijos.68

Cuando no existe tal vínculo matrimonial, entonces

será procedente invocar las normas de la filiación

extramatrimonial. La referida modalidad no goza de la

presunción de paternidad instaurada por nuestro Código

Civil a favor de la filiación matrimonial.69 Más bien, su

determinación dependerá (1) del reconocimiento voluntario

efectuado por el padre biológico70 o (2) del decreto

judicial resultante de una acción de reconocimiento

forzoso instada por alguien legitimado para ello.71

Con relación al primero de estos medios, el

reconocimiento voluntario, basta decir que el mismo

“[c]onsiste de una admisión del hecho de la paternidad (o

67 Íd. 68 R. Serrano Geyls, op. cit., págs. 910-911. 69 Íd., pág. 963 (“el hijo de matrimonio nace con una presunción de filiación que le otorga la ley, que sólo pierde por las causas y mediante los procedimientos pertinentes, pero el hijo matrimonial nace sin esa presunción y tiene que buscar su filiación, si ese fuere su deseo, conforme a las pruebas y procedimientos establecidos por ley”.) Véase, también, Sánchez Encarnación v. Sánchez Brunet, supra, pág. 664. 70 Almodóvar v. Méndez Román, supra, págs. 236-237 y 248-249. 71 R.E. Ortega-Vélez, op. cit., pág. 37. Véase, también, R. Serrano Geyls, op. cit., pág. 963 (“La filiación extramatrimonial se establece por dos medios: el reconocimiento voluntario hecho por los padres o el reconocimiento forzoso o acción de filiación que, como su nombre indica, nace de una sentencia judicial que establece la filiación solicitada”.) Véanse, también: Castro Torres v. Negrón Soto, supra, pág. 584; Rivera Báez v. Jaume Andújar, 157 D.P.R. 562, 572 (2002). CC-2007-1131 21

maternidad) que hace el progenitor, la cual permite

establecer el estado civil del hijo”.72 Hemos indicado en

el pasado que “el reconocimiento es el medio más

importante para determinar la filiación matrimonial”,73 el

cual se caracteriza por ser un acto individual,

personalísimo, unilateral, formal, puro e irrevocable.74

Una vez efectuado el reconocimiento, “[q]ueda así

pues determinada la filiación por la afirmación del

progenitor mediante un acto jurídico, „cuyo contenido

implícito o explícito es la declaración de que ha existido

el hecho biológico de la procreación del que ha nacido el

hijo sobre el que recae el reconocimiento‟”.75

Relativo al segundo medio mencionado, el decreto

judicial de filiación, amerita indicar que éste “presupone

un reconocimiento forzoso mediante: primero, una

reclamación judicial de filiación; segundo, prueba del

hecho filiatorio; y, tercero, sentencia al respecto

declarando la filiación”.76

72 Íd., pág. 42. Según el Art. 113 del Código Civil, “[e]l reconocimiento voluntario crea una presunción de paternidad a favor del reconocedor”. 31 L.P.R.A. sec. 461. Para una discusión exhaustiva sobre el contenido y la naturaleza del reconocimiento voluntario, refiérase a Almodóvar v. Méndez Román, supra, págs. 238- 240. 73 Sánchez Encarnación v. Sánchez Brunet, supra, pág. 664. 74 Almodóvar v. Méndez Román, supra, págs. 237-238. 75 (Citaciones internas omitidas.) Sánchez Encarnación v. Sánchez Brunet, supra, pág. 664. 76 R.E. Ortega-Vélez, op. cit., pág. 44. Claro está, aunque hemos establecido que existen dos presunciones de paternidad –la que establece el Art. 113 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 461, que consiste en suponerlos hijos del marido, y la presunción derivada del reconocimiento que los supone hijos del reconocedor-, es CC-2007-1131 22

El decreto judicial de filiación puede instarse

mediante una acción civil ordinaria al amparo del Art. 125

del Código Civil de Puerto Rico.77 En lo pertinente, esta

acción de reconocimiento forzoso podrá ejercitarse durante

la vida del presunto padre, o un año después de su muerte,

salvo: (1) que el padre o la madre hubiesen fallecido

durante la menor edad del hijo, en cuyo caso se podría

deducir la acción antes de que transcurran los primeros

cuatro años de su mayor edad; y (2) que luego de la muerte

del padre o de la madre apareciere algún documento del que

antes no se hubiese tenido noticia, en el que reconozcan

expresamente al hijo, en cuyo caso deberá deducirse la

acción dentro de los seis meses siguientes al referido

imprescindible tener presente que ambas surten iguales efectos. Castro Torres v. Negrón Soto, supra, pág. 585. 77 Art. 125 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 504. En lo pertinente, el citado articulado dispone que “[e]l padre está obligado a reconocer al hijo natural: ... (4) [c]uando el hijo pueda presentar cualquier prueba auténtica de su paternidad”. Además, cuando la parte afectada resulta ser un menor de edad, el Art. 131 del Código Penal de Puerto Rico tipifica el delito del incumplimiento de la obligación alimentaria, el cual permite la resolución colateral de todo reclamo de paternidad. 33 L.P.R.A sec. 4759. Según dispusimos en Poll Sella v. Lugo, 107 D.P.R. 540, 546-547 (1978), interpretando el derogado Art. 158 del Código Penal de 1974, la disposición legal indicada goza de una naturaleza mixta –penal y civil- la cual requiere probar la paternidad del sujeto activo para fines de establecer uno de los elementos del delito. Dora Nevares Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico, San Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2008, págs. 173-177. Coetáneamente, dicha prueba sirve como una determinación de paternidad, equiparable con el resultado de una acción civil filiatoria, que permite la inscripción en el registro demográfico de que el menor es hijo del acusado. Por otro lado, la Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores, Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, provee en su Sec. V, Art. 11, un procedimiento administrativo expedito para la determinación de filiación con el propósito de establecer una pensión alimentaria, al igual que la posibilidad de un reconocimiento voluntario de filiación vía un certificado de paternidad. Véase, 8 L.P.R.A. sec. 510. Véase, también, Vincenti Damiani v. Saldaña Acha, 157 D.P.R. 37 (2002). CC-2007-1131 23

hallazgo.78 Como bien hemos expresado en numerables

ocasiones, es importante tener presente que los referidos

términos son de caducidad.79

Ahora bien, aunque nuestro ordenamiento legal regula

de modo distinto la determinación oficial de cada tipo de

filiación, al igual que las diferentes acciones de

reclamación e impugnación para cada una de ellas,80 es

imperativo resaltar que el que un hijo sea matrimonial o

extramatrimonial no implica un trato distinto con relación

a sus derechos y obligaciones en función de sus padres y

familia.81 Como bien indicamos en Almodóvar v. Méndez

Román, “nuestro ordenamiento [les] atribuye los mismos

derechos, facultades, obligaciones, deberes,

incompatibilidades y prohibiciones dentro de la

organización de la familia y la sociedad”.82 En fin, no

78 Art. 126 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 505. Véase, también, Calo Morales v. Cartagena Calo, supra, pág. 120. 79 R. Serrano Geyls, op. cit., pág. 1047. Véase, también, Calo Morales v. Cartagena Calo, supra, pág. 121. La caducidad es la decadencia de un derecho, o su pérdida, por no haber cumplido la formalidad o condición exigida por ley en un plazo determinado. Esta pérdida del Derecho se produce automáticamente por no ejercitarse en el transcurso de dicho plazo. Castro Torres v. Negrón Soto, supra, pág. 596, nota al calce Núm. 25. 80 Sánchez Encarnación v. Sánchez Brunet, supra, pág. 667 (“Ahora bien, aun cuando ante la ley los hijos tienen los mismos derechos, sin importar las circunstancias en las que se haya dado su nacimiento, es menester „distinguir‟ entre ellos, ello únicamente con el fin de precisar que la acción de impugnación de paternidad o filiación legítima es aquella mediante la cual se cuestiona la paternidad de los hijos matrimoniales. Por otra parte, no hay tal acción de impugnación de paternidad extramatrimonial, sino la acción, ya reiterada por este Foro, catalogada por nuestro ordenamiento como la de impugnación de reconocimiento”). 81 Almodóvar v. Méndez Román, 125 D.P.R. 218, 234-235 (1990). 82 Íd., pág. 234. Véase, también, Castro Torres v. Negrón Soto, supra, pág. 582. CC-2007-1131 24

importa la manera en que un individuo adquirió su estado o

condición de hijo, ya sea “desde el momento mismo del

nacimiento o desde el momento del reconocimiento[,] no hay

duda de que una vez adquirida tal condición se trata de

„un mismo y único grupo: hijos‟”.83

Habiendo examinado los aspectos medulares de la

filiación natural, corresponde dilucidar algunos conceptos

generales ligados a la figura de la filiación adoptiva.

ii. La filiación adoptiva: su fijación e impugnación.

La segunda vertiente de la institución de la

filiación, la adoptiva, se define como “un acto jurídico

solemne, el cual supone la ruptura total del vínculo

jurídico-familiar de una persona con su parentela

biológica y la consecuente filiación de ésta con aquel o

aquellos que han expresado la voluntad de que legalmente

sea su hijo”.84 Esta modalidad de la filiación prescinde

del fundamento biológico, permitiendo así que, por ficción

de ley, el acto jurídico sustituya el hecho natural,85 con

iguales deberes y obligaciones jurídicas y sociales que

aquellas existentes en la filiación natural.86 Claro está,

a pesar de la equiparación reseñada, la filiación adoptiva

continúa siendo, “en principio,... una creación del

83 Castro Torres v. Negrón Soto, supra, pág. 585. 84 López Rivera v. E.L.A., 165 D.P.R. 280, 299 (2005); Zapata Saavedra v. Zapata Martínez, 156 D.P.R. 278, 286 (2002). 85 J.L. Lacruz Berdejo y otros, op. cit., pág. 312. 86 López Rivera v. E.L.A., supra, pág. 299; Zapata Saavedra v. Zapata Martínez, supra, pág. 286. CC-2007-1131 25

Derecho [que imita] a la naturaleza y [suple] deficiencias

personales de ésta”.87

a. El procedimiento de adopción previo a la reforma

legislativa de 1995.

Al momento de la adopción del señor Beníquez Méndez,

los aspectos procesales y sustantivos de la institución de

la filiación adoptiva se regían por el Código de

Enjuiciamiento Civil (hoy Ley de Procedimientos Legales

Especiales), 32 L.P.R.A. sec. 2691 et seq., y el Código

Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 531 et seq.,

respectivamente. Ambos estatutos subsistían a la luz de

la reforma legislativa en materia de adopción que

instauraron las Leyes Núm. 85 y 86 de 15 de junio de 1953,

previo a la adopción de las Leyes Núm. 8 y 9 de 19 de

enero de 1995, y la Ley Núm. 186 de 18 de diciembre de

2009.

Los aspectos sustantivos que se debían cumplir para

obtener un decreto de adopción estaban regulados por los

Arts. 130 al 135 del Código Civil de Puerto Rico.88 Esos

artículos disponían sobre los requisitos del adoptante,

quiénes no podían ser adoptantes, quiénes no podían ser

adoptados, la adopción conjunta o individual en caso de

matrimonios, así como las personas llamadas a consentir a

87 J.L. Lacruz Berdejo y otros, op. cit., pág. 307. 88 31 L.P.R.A. secs. 531-536. Véanse, además: Martínez Soria v. Proc. Especial de Relaciones de la Familia, supra, pág. 920; Ex Parte Warren, 92 D.P.R. 299 (1965). CC-2007-1131 26

la adopción.89 Una vez superados esos requisitos de

carácter sustantivo, entonces la ley regulaba detallada y

específicamente el procedimiento para obtener la

autorización judicial para una adopción.90 En M.J.C.A.,

Menor v. J.L.E.M., Menor, señalamos que “[l]os requisitos

sustantivos para ser adoptante son jurisdiccionales. Su

incumplimiento priva de jurisdicción al tribunal”.91 Es

decir, si se incumplía con los requisitos sustantivos que

exigían los Arts. 130 al 135 del Código Civil, supra, no

se superaba el filtro para que el tribunal tuviera la

potestad de otorgar la autorización judicial a la

adopción.

Procesalmente, la filiación adoptiva se consumaba por

virtud de un decreto judicial originado por la

presentación de una solicitud jurada de adopción.92 La

referida solicitud debía contener todas las alegaciones

que sirviesen de base para la determinación de la

89 Amerita señalar que al momento de los hechos bajo examen, el Código Civil de Puerto Rico, en su Art. 135, proveía que toda adopción requería el consentimiento: del adoptado, si era mayor de edad; de los padres o tutores de un menor de edad o incapacitado; y del adoptado, si era mayor de 10 años de edad. 32 L.P.R.A. sec. 536 (derogado) (ed. 1967). Siendo éstas las personas afectadas por un decreto de adopción que no cuente con su consentimiento, o que el mismo esté viciado, resulta lógico concluir que éstos constituyen las personas legitimadas a instar la acción de impugnación de adopción antes discutida. 90 M.J.C.A., Menor v. J.L.E.M., Menor, supra, pág. 921. 91 Íd. (Énfasis en el original.) 92 Art. 612 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 2691 (derogado) (ed. 1968). En la actualidad, las partes interesadas en adoptar deberán presentar una petición de adopción la cual cumpla con los requisitos sustantivos esbozados en los Arts. 130 al 138 de nuestro Código Civil. 31 L.P.R.A. secs. 531-539. A su vez, será imprescindible que se cumpla con los elementos procesales esbozados en el Art. 143 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 535, y en las secciones CC-2007-1131 27

conveniencia de la adopción y debía ser notificada al

fiscal de distrito correspondiente.93

Posterior a la presentación de la referida solicitud,

y sólo en casos en que el adoptado fuese un menor de edad,

el tribunal venía obligado a ordenar a la entonces

dependencia de Bienestar Público a celebrar un estudio

social referente a la solicitud de adopción incoada, cuyo

contenido atendiera determinados factores dispuestos por

ley y recomendase o no la adopción solicitada.94 Una vez

la dependencia de Bienestar Público culminara el estudio

indicado, debía entregar al tribunal un escrito referente

al mismo.95 Recibido el informe, el otrora Tribunal

Superior celebraba vistas en cámara con la intervención

del fiscal, los adoptantes, los adoptados, los padres

biológicos –cuando su presencia era necesaria-, los

testigos y algún consejero o representante de la

dependencia del Bienestar Público.96

2699 a 2699t del Título 32 de las Leyes de Puerto Rico Anotadas, según fueron enmendadas por la Ley Núm. 186 de 18 de diciembre de 2009. 93 Art. 612 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 2691 (derogado) (ed. 1968). 94 Art. 613 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 2692 (derogado) (ed. 1968), según fue enmendado por la Ley Núm. 53 de 22 de mayo de 1968, Véase, 32 L.P.R.A. sec. 2692 (derogado) (ed. 1990). El referido articulado exigía que el estudio social incluyera, además de las circunstancias de la petición, el historial social de los solicitantes, del menor o incapacitado y de sus padres biológicos; los planes de los solicitantes para con el menor o incapacitado y cualesquiera otros hechos pertinentes a las relaciones entre el menor o incapacitado y los solicitantes y entre el menor o incapacitado y sus padres biológicos. Íd. 95 Íd. 96 Art. 613D del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 2696 (derogado) (ed. 1990). CC-2007-1131 28

Si el Tribunal autorizaba la adopción solicitada, el

secretario del Tribunal remitía una copia certificada de

la resolución dictada en el caso a la División del

Bienestar Público y a la División del Registro Demográfico

y Estadísticas Vitales del Departamento de Salud.97 Una

vez el decreto de adopción advenía final y firme,

“[cesaban] todos los derechos, deberes y obligaciones del

adoptado en su familia natural o biológica y los de ésta

con el adoptado”.98 Consecuentemente, el ordenamiento

legal consideraba al adoptado como hijo del adoptante, con

todas las derivaciones legales que tal aseveración

implicaba.99

b. La impugnación de un decreto de adopción.

Ahora bien, al momento de la adopción del señor

Beníquez Méndez, nuestro derecho de adopción proveía a una

parte legitimada para ello la posibilidad de incoar una

acción de nulidad en contra de un decreto de adopción.100

Así, el Art. 613E del Código de Enjuiciamiento Civil,

promulgado por la Ley de 1953, proveía lo siguiente:

“Transcurrido el periodo de dos (2) años desde la fecha de

la resolución del tribunal autorizando la adopción,

cualquier irregularidad en los procedimientos se

97 Art. 613C del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 2695 (derogado) (ed. 1990). 98 Art. 133 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 534 (derogado) (ed. 1967). 99 Ex parte J.A.A, 104 D.P.R. 551, 554 y 556; Art. 132 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 533 (derogado) (ed. 1967). 100 R. Serrano Geyls, op. cit., pág. 1187. CC-2007-1131 29

considerará subsanada y la validez de la adopción no podrá

ser atacada directa ni colateralmente en ningún

procedimiento”.101

Según interpretó el profesor Serrano Geyls, el citado

estatuto no representaba una acción de revocación de la

adopción.102 Más bien, éste disponía de una acción ambigua

de nulidad, la cual estaba limitada únicamente a aquellas

irregularidades en el procedimiento que fuesen constatadas

por los tribunales.103 Esta clarificación implicaba que los

adoptantes y adoptados no gozaban de la facultad de poder

dejar sin efecto, unilateral o bilateralmente, la adopción

consumada por haber experimentado un cambio de criterio

con referencia a su deseabilidad de haber consentido a la

adopción.104

En el 2000, en Martínez Soria v. Proc. Especial de

Relaciones de la Familia,105 este Tribunal se enfrentó por

primera vez a una de las controversias que hoy nos ocupan,

a saber: si era posible impugnar exitosamente un decreto

de adopción a pesar de haber transcurrido el periodo de

dos años que proveía la Ley de 1953 para la acción de

nulidad antes explicada.

101 Art. 613E del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 2697 (derogado) (ed. 1990). 102 R. Serrano Geyls, op. cit., pág. 1187. 103 Íd. 104 Íd. 105 151 D.P.R. 41 (2000) (Sentencia). CC-2007-1131 30

Aunque ninguna ponencia en este caso alcanzó los

votos necesarios para convertirse en opinión del Tribunal,

hemos analizado los fundamentos variados de la opinión

disidente así como las distintas opiniones concurrentes

que se emitieron con el propósito de lograr una

interpretación cónsona con la verdadera intención que tuvo

el legislador al incluir el Art. 613E en el Código de

Enjuiciamiento Civil en el año 1953.106

Los hechos particulares de aquel caso quedaban

configurados por una joven adoptada a sus diecisiete años

de edad por el esposo de su madre natural.107 Cuando

alcanzó la mayoría de edad –dos años y tres meses después

de decretarse su adopción- la joven impugnó su adopción

mediante una moción al efecto ante el Tribunal de Primera

Instancia.108 Como fundamento para su petición, alegó que

fue víctima de abuso sexual desde que tenía 13 años de

edad por parte de quien posteriormente se convirtió en su

padre adoptivo.109

En oposición a su petitorio, la Procuradora Especial

de Relaciones de Familia alegó que la impugnación del

decreto de adopción era improcedente por haber

106 En el referido caso los Jueces Asociados Señor Negrón García, Señor Fuster Berlingeri y la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón, suscribieron opiniones concurrentes separadas. Los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Hernández Denton concurrieron con el resultado y el Juez Asociado Señor Corrada Del Río disintió con una opinión escrita. 107 Íd., págs. 41-42. 108 Íd., pág. 42. 109 Íd. CC-2007-1131 31

transcurrido un periodo en exceso de los dos años

provistos por el derogado Art. 613E del Código de

Enjuiciamiento Civil para esa clase de acción.110 Luego de

varios trámites procesales, el Tribunal de Primera

Instancia concedió la solicitud de la peticionaria y dejó

sin efecto su decreto de adopción.111 Fundamentó su

decisión en que el término de caducidad de dos años que

estableció el Art. 613E del Código de Enjuiciamiento Civil

comenzaba a transcurrir a partir de la fecha en que un

menor adoptado advenía a la mayoría de edad.112

Inconforme con el dictamen del foro primario, la

Procuradora acudió en alzada ante el otrora Tribunal de

Circuito de Apelaciones reafirmando los argumentos que

esbozó originalmente ante el Tribunal de Primera

Instancia.113 El foro apelativo intermedio falló a su

favor.114 Una vez la controversia arribó ante esta Curia,

resolvimos vía Sentencia, y por distintos fundamentos, que

el Tribunal de Apelaciones erró y que procedía devolver el

caso al Tribunal de Primera Instancia para dilucidar en

una vista evidenciaria las alegaciones vertidas por la

joven que impugnaba su adopción.115

110 Íd., pág. 43. 111 Íd. 112 Martínez Soria v. Proc. Especial de Relaciones de la Familia, supra, pág. 44. 113 Íd. 114 Íd., págs. 44-45. 115 Íd., págs. 46-47. CC-2007-1131 32

La opinión concurrente de la entonces Jueza Asociada

señora Naveira de Rodón se concentró en realizar una

distinción entre los requisitos procesales y sustantivos

de la adopción para propósitos de analizar cuándo un

decreto de adopción es nulo o anulable. Amparándose en lo

expuesto en el caso M.J.C.A., Menor v. J.L.E.M., Menor,

supra, en el que señalamos que el incumplimiento con los

requisitos sustantivos de la adopción privaban de

jurisdicción al Tribunal, la Jueza asociada concluyó que

cuando la adopción se impugna por haberse dictado en

violación de los requisitos jurisdiccionales del

procedimiento de adopción, procede declarar la nulidad del

decreto de adopción, ya que éste se aprobó sin que el

Tribunal tuviera jurisdicción y representa un acto

jurídico inexistente.116 Debido a que la nulidad acarrea la

inexistencia del decreto de adopción, ésta “no se deja

llevar por término... de caducidad alguno puesto que falta

jurisdicción”.117

Además, la Jueza Asociada era del criterio que las

normas generales sobre la nulidad y anulabilidad de los

negocios jurídicos eran de aplicación al ámbito de la

adopción, teniendo presente “las debidas adaptaciones a la

especial naturaleza del acto de adopción”.118 La Jueza

entendía que el requisito sustantivo del consentimiento de

116 Íd., págs. 62 y 63. 117 Íd., pág. 63. 118 (Citaciones internas omitidas.) Íd., págs. 60-61. CC-2007-1131 33

las personas incluidas en el Art. 135 del Código Civil,

supra, estaba sujeto a la doctrina de los vicios del

consentimiento por motivo del error, el dolo, la

intimidación y la violencia.119 Por ello, cuando se pudiera

probar que en efecto hubo consentimiento a la adopción,

pero el mismo estuvo viciado, entonces el procedimiento de

adopción era anulable.120

El Juez Asociado señor Negrón García expuso, de

entrada, que los hijos adoptivos están protegidos por el

Art. II, Sec. 1, de la Constitución de Puerto Rico que

prohíbe el discrimen por nacimiento.121 El Juez Asociado

circunscribió la controversia del caso en “el derecho que

tiene todo hijo a esclarecer su origen, a saber, los

factores, las circunstancias y los motivos que dieron

lugar a su filiación”.122 Así, pues, utilizó ese fundamento

para sostener que “[n]uestra Constitución no permite

negarle a un hijo adoptivo el derecho que tiene un hijo

biológico de dilucidar ante un tribunal de justicia las

causas y el origen de su filiación”.123 Al equiparar la

filiación biológica y adoptiva, sostuvo que no podía

imponérsele a un hijo adoptado un término menor al que

119 Íd., págs. 60-61. 120 Íd., pág. 61. 121 Íd., pág. 47. 122 Íd. 123 Íd. CC-2007-1131 34

tiene un hijo biológico al amparo del Art. 126 del Código

Civil,124 para impugnar su presunción de filiación.125

Entendió que en el caso ante él, la señorita Martínez

Soria atacaba “precisamente el origen de su filiación por

adopción”.126 En otras palabras, “deseaba esclarecer la

situación que enmarcó su adopción y desenmascarar un

alegado procedimiento fraudulento”.127 El Juez Asociado

reconoció que la acción de la presunción de la paternidad

y el recurso ante sí eran distintos, pero se apoyaban en

un mismo fundamento: ennoblecer la verdad.128

En síntesis, concluyó que la acción de la señorita

Martínez Soria “se apuntala[ba] en una dirección distinta

a las incluidas en el aludido art. 613E del Código de

Enjuiciamiento Civil”.129 Esto pues, si se probaban las

alegaciones en torno a la agresión sexual por parte del

padre adoptante, entonces “su petición de adopción sólo

fue un subterfugio para continuar perpetuando un abuso que

en nada contribuiría al bienestar de la peticionaria”, por

lo que “su petición sería una perjura y fraudulenta, y

nula ab initio”.130 Finalmente, sugirió utilizar los

124 31 L.P.R.A. sec. 505 125 Martínez Soria v. Proc. Especial de Relaciones de la Familia, supra, pág. 48. 126 Íd., pág. 49. 127 Íd. 128 Íd. 129 Íd., pág. 51. 130 Íd., págs. 51-52. CC-2007-1131 35

remedios de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil131 para

dilucidar el posible fraude que se configuró en la

petición de adopción de la señorita Martínez Soria.132

Por su parte, el Juez Asociado señor Fuster

Berlingeri entendió que el Art. 613E de la Ley de

Procedimientos Legales Especiales, le permitía a la

señorita Martínez Soria presentar la acción de nulidad.

Tras realizar un recuento de los propósitos de la

adopción, razonó que “la institución de la adopción existe

para salvaguardar principalmente el interés del

adoptado”.133 (Énfasis en el original.) De ahí que no se

pueda utilizar la figura de la adopción para corromper y

deformar esa institución.134 Arguyó, además, que la

adopción se considera perpetua, pero que tal

irrevocabilidad “significa que la subsistencia del estado

civil creado por la adopción no puede quedar a merced de

un cambio de voluntad o resolución unilateral del

adoptante, y tampoco de una anuencia entre las partes”.135

Ahora bien, analizó que lo anterior no significaba que la

adopción tuviera “que subsistir ad perpetum”.136 Explicó

que desde los tiempos de las Siete Partidas del Rey Don

131 32 L.P.R.A. Ap. III. Se refería a las Reglas de Procedimiento Civil de 1979 que eran las vigentes en aquel entonces. 132 Íd., pág. 52. 133 Íd., pág. 68. 134 Íd., págs. 68-69. 135 Íd., pág. 69. 136 Íd. CC-2007-1131 36

Adolfo “El Sabio” “se reconoció que el vínculo entre

adoptado y adoptante era susceptible de

quebrantamiento”.137 Añadió que actualmente en España

existe también la acción de impugnación de la adopción.

Al mismo tiempo, enfatizó en que “nuestra ley sobre

adopción ha reconocido el carácter permanente y la

naturaleza invulnerable que debe permear la institución,

estableciéndose así un limitado término para el ejercicio

de la acción de impugnación” en el Art. 613E de la Ley de

Procedimientos Legales Especiales.138 Asimismo, planteó que

“[e]l establecimiento de este limitado período de dos (2)

años refleja el propósito legislativo de preservar la

seguridad jurídica y la estabilidad familiar, a los fines

de fijar permanentemente una relación inmutable revestida

de ciertas consecuencias jurídicas,… ,anulando, así la

posibilidad de que el nuevo estado civil del hijo adoptivo

quedara al libre arbitrio de los adoptantes, de él mismo,

e incluso de ambos”.139

De igual forma, el Juez Asociado Fuster Berlingeri

creía que el mencionado artículo 613E tenía una laguna

respecto “al sujeto que la impugna”.140 Basándose en el

derecho de otras jurisdicciones que admiten la

interrupción de los términos de caducidad en caso de

137 Íd. 138 Íd., pág. 70. 139 Íd., pág. 71. Véase, además Valladares De Sabater v. Rivera Lazú, 89 D.P.R. 254, 261-262 (1963). 140 Íd., pág. 72. CC-2007-1131 37

menores e incapacitados hasta que estos advengan a la

mayoría de edad, el Juez concluyó que “la certeza e

inmutabilidad del nuevo estado civil” debía “ceder ante el

apremiante interés del Estado de proteger el derecho de

los incapaces”.141 Por todo ello, afirmó que el término de

caducidad de dos años dispuesto en el Art. 613E debía

computarse desde el momento en que la hija adoptiva

adviniera a la mayoría de edad.142 Sin embargo, puntualizó

que “[l]a anulación de la adopción… sólo procedería en

casos de causas extremas como la de este caso, en los

cuales no hay posibilidad real alguna de vida familiar

entre el adoptante y la adoptada”.143

Por último, en su opinión disidente, el Juez Asociado

Señor Corrada del Río se apartó de la postura de los

Jueces concurrentes y concluyó:

El hecho de que el Art. 613E de la Ley de Procedimientos Legales Especiales, supra, establece el término de caducidad de dos (2) años para la impugnación de una adopción y que lo hace sin especial atención al sujeto que la impugna, significa que dicho término aplica erga omnes, sin que se reconozca por el Legislador excepción de clase alguna. No se trata de una laguna en el estatuto; se trata de un claro mandato estatutario a los efectos de que transcurridos dos (2) años de la adopción “[l]a validez de la adopción no podrá ser atacada directa ni colateralmente en ningún procedimiento”.144[Énfasis en el original.]

141 Íd., pág. 76; Serrano Geyls, op. cit., pág. 1192. 142 Íd., págs. 76-77. 143 Íd., pág. 77. 144 Íd., pág. 86. CC-2007-1131 38

Su postura se fundamentó principalmente en que

“[a]brir las adopciones a una multiplicidad de acciones de

impugnación, …, representa un grave riesgo a la certeza y

permanencia de las relaciones paterno-filiales…”.145

Además, entendió que al permitirle a un hijo adoptivo que

impugne su adopción por haber sido abusado sexualmente por

su padre o madre adoptante se estaría “creando una causa

de acción de impugnación a la paternidad adoptiva que una

hija biológica no tiene contra su padre bajo las mismas

circunstancias”.146

Finalmente, sostuvo que la hija adoptiva no quedaba

desprovista de remedio, pues tenía la potestad de

desheredar a su padre por haber atentado contra su pudor,

solicitar un cambio de nombre para no tener que utilizar

el apellido del padre adoptante, iniciar una acción penal

en su contra y, si es menor de edad, solicitar su

emancipación si tiene más de dieciocho (18) años o

reportarlo a las autoridades correspondientes.147

Consideramos que los hechos particulares que se

dieron en el caso Martínez Soria v. Proc. Especial de

Relaciones de la Familia, supra, llevaron a los Jueces a

buscar una excepción para casos tan delicados y funestos

como el que tuvieron ante su consideración. Pero no

podemos derrotar la intención del legislador por lo

145 Íd., págs. 86-87. 146 Íd., pág. 87. 147 Íd., págs. 92-93. CC-2007-1131 39

impresionante de unos hechos. Como señalamos en Rivera

Coll v. Tribunal Superior, “el principio de que los

estatutos sobre adopción deben ser interpretados

liberalmente, a favor del adoptado… no puede conducirnos

ni a violentar la intención legislativa, ni a consagrar

absurdos”.148 Recordemos que la Ley Núm. 85 de 15 de junio

de 1953 añadió el Art. 613E amparándose sustancialmente en

la Ley Uniforme de Adopción de 1953.149 Sabido es que

“[c]uando un estatuto es copiado o adoptado de una ley

extranjera o de otra jurisdicción, se presume que se

adopta con la interpretación que se le ha dado hasta ese

momento en la jurisdicción de donde procede”.150

Unos tratadistas en la materia han expuesto que aunque

el “Uniform Adoption Act” no fue apadrinado por muchos

estados, representa la corriente en el derecho de adopción

con relación a la anulación de las adopciones. La sección

original del “Uniform Adoption Law” de 1953 refleja el

intento de sus creadores de dar por terminados los

decretos de adopción en favor del desarrollo y la

148 103 D.P.R. 325, 331 (1975). 149 Ex parte Warren, supra, pág. 305, n. 7. Esa ley uniforme regulaba en su Sec. 17 las causas de anulación de la adopción. Específicamente, limitaba la anulación a los casos en los que el menor adoptado desarrollara, dentro de los dos años luego de la adopción, cualquier incapacidad o malignidad mental o física seria o permanente que fuera producto de una condición existente antes de la adopción y de la cual los padres adoptantes no tenían ningún conocimiento o notificación. Como vemos, la anulación de una adopción podía darse únicamente por razón de condiciones graves de salud del menor adoptado. Handbook of the National Conference of Commissioners on Uniform State Laws and Proceedings of the Annual Conference Meeting in its Sixty-Second Year, Boston, Massachusetts (Agosto 17-2,2 1953), págs. 221-222. CC-2007-1131 40

certidumbre del estatus familiar.151 Y aunque en Rivera

Coll v. Tribunal Superior, supra, señalamos que “[a]

partir del 15 de junio de 1953, con la aprobación de las

leyes Núm. 85 y Núm. 86 de ese año,..., tanto el

procedimiento para la adopción como la figura jurídica de

la adopción son el producto de nuestra autoctonía… [y por

tanto] recurrir a interpretaciones de estatutos foráneos,

por persuasivos que parezcan, resulta en futilidad”, lo

cierto es que la correcta solución de la controversia debe

“depender de nuestra propia interpretación de la intención

legislativa al aprobarse las citadas leyes”.152

Hemos realizado un análisis exhaustivo y detenido del

historial legislativo de la Ley Núm. 85 de 15 de junio de

1953, supra. Sin embargo, no encontramos discusión sobre

el Art. 613E, supra.

De un análisis del texto del Art. 613E observamos que

el legislador puertorriqueño, contrario a limitar las

causas de anulación, creó un estatuto no condicionado a

limitación alguna para impugnar la adopción antes de que

venciera el periodo de dos años desde que ésta fue

decretada. Después de esa fecha, entonces, “cualquier

irregularidad en los procedimientos se considerará

subsanada y la validez de la adopción no podrá ser

150 R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e Interpretación de las Leyes en Puerto Rico, San Juan, Publicaciones JTS, Inc., 2da. ed., 1987, pág. 451. 151 Anne Harlan Howard, Annulment of Adoption Decrees on Petition of Adoptive Parents, 22 J.Fam.L. 549 (1983-1984). 152 Rivera Coll v. Tribunal Superior, supra, pág. 327. CC-2007-1131 41

atacada”.153 En estos mismos términos se expresó el

reconocido profesor y tratadista puertorriqueño Efraín

González Tejera al expresar que “[e]l referido artículo

regula el problema relativo a la eficacia de la resolución

que dicte el Tribunal en casos de adopción, limitando el

plazo dentro del cual debe actuar el promovente que

interese se declare su nulidad”.154 Explicó el profesor que

[e]n primer lugar, [el art. 613E] lidia con causales de nulidad cuyo origen se encuentre en algún vicio del procedimiento. Culminar la adopción sin citar ni oír a los padres biológicos, o mediante citación por edictos cuando debió citarse personalmente al padre natural, no oír al adoptado menor de edad cuando debió oírsele, falta de estudio e informe del Departamento de Servicios Sociales (cuando se trata de la adopción de un menor o incapacitado), serían vicios del procedimiento para los cuales el citado artículo concede una acción, que debe ejercitarse dentro de los dos años de la adopción.155

Añade el profesor que a pesar de que el Art. 613E “no

utiliza un lenguaje claro… fija un periodo igual para

atacar la adopción cuando se trate de vicios del

consentimiento.”156 (Énfasis suplido.) Explicó que

“[n]uestro ordenamiento legal no hace referencia a la

revocación del consentimiento prestado para la futura

adopción”.157 Por ello, para él resulta de ayuda la teoría

153 Art. 613E, íd. 154 Efraín González Tejera, Bienestar del Menor: señalamientos en torno a la patria potestad, custodia y adopción, 54 Rev. Jur. U.P.R. 409, 490 (1985). 155 Íd. 156 Íd. 157 Íd., pág. 491. CC-2007-1131 42

general de las obligaciones, en cuanto a los vicios del

consentimiento, así como la legislación y expresiones

judiciales de otras jurisdicciones.158 A modo de ejemplo,

trajo los casos en los que los estatutos de algunos

estados condicionaban la anulación de la adopción a

defectos mentales del adoptado o a diferencias étnicas

suscitadas con posterioridad entre el adoptado y sus

padres adoptantes.159 Sin embargo, es la opinión del autor

que “toda paternidad tiene sus riesgos [;] no importan los

cambios que con el tiempo se produzcan en el adoptado, la

adopción debe ser irrevocable”.160

En síntesis, aunque sin duda el Art. 613E contaba con

múltiples deficiencias en su redacción, lo cierto es que

para propósitos de nuestra controversia, tenemos que

concluir que un cuestionamiento sobre la validez de una

adopción por vicios del consentimiento está

conceptualizado dentro del amplio lenguaje del Art. 613E

de la Ley de Procedimientos Legales Especiales.161

158 Íd. Hace referencia específicamente al Art. 1217 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3404, que dispone que será anulable el consentimiento prestado por error, violencia intimidación o dolo, y a la interpretación que se le ha dado a esta figura. 159 Íd. 160 Íd. En cuanto a quiénes tendrían capacidad para iniciar un procedimiento de nulidad de la adopción, el autor opina que “[t]al como está redactado el Artículo 613E, parece que corre contra todos cuantos puedan ejercer la acción, sean mayores o menores de edad, por tratarse de un plazo de caducidad”. Íd., págs. 492-493. 161 El derecho de adopción sufrió varias reformas posterior a la derogación de la referida disposición legal. Así, mediante la reforma ejercida a nuestro derecho de adopción por conducto de las leyes 8 y 9, supra, de 1995, la Asamblea Legislativa clarificó en parte algunas de las interrogantes dejadas sin contestar por la Ley de 1953, supra. Particularmente, la Ley Núm. 9, supra, precisó la naturaleza irrevocable de un decreto de adopción (32 L.P.R.A. sec. 2699p (ed. CC-2007-1131 43

Teniendo presente el marco legal relacionado a la

institución de la filiación natural y adoptiva, resta

examinar la interrelación de ambas figuras en una sola

causa de acción.

C. La relación entre la acción de impugnación de adopción

y la reclamación judicial de filiación.

Finalmente, debemos examinar cuáles son los efectos

de una causa de acción que solicita la determinación de

una filiación natural, posterior a la consumación y el

perfeccionamiento de una filiación adoptiva.

Específicamente, debemos preguntarnos si un hijo o una

hija puede solicitar que un tribunal concretice cuál es su

filiación natural, años después de haberse fijado su

filiación adoptiva. De contestar la interrogante

planteada en la afirmativa, procede entonces analizar

cuáles son los efectos jurídicos que la subsiguiente

determinación de una filiación natural conlleva en

relación con la filiación adoptiva existente. Veamos.

2004)) y concretizó las circunstancias ante las cuales procedía una acción de anulabilidad, estableciendo, a su vez, un término de caducidad de un año para la referida acción (32 L.P.R.A. sec. 2699r (derogado) (ed. 2004)). Concretamente, el legislador dispuso en el Art. 18 de la Ley Núm. 9, supra, que “[s]er[í]a anulable el decreto de adopción cuando no se [hubiese] notificado a las partes que ten[ían] derecho a notificación a tenor con lo [que disponía el Código de Enjuiciamiento Civil], o cuando [hubiesen] mediado vicios del consentimiento del padre o madre biológicos, o fraude al tribunal”. 32 L.P.R.A. sec. 2699q (derogado) (ed. 2004). Finalmente, en el año 2009, la Asamblea Legislativa incursionó en una nueva reformulación de nuestras normas de adopción. Así, mediante la Sec. 38 de la Ley Núm. 186 de 18 de diciembre de 2009, se enmendó el Art. 613O de la Ley Núm. 9, supra, reduciéndose el término de caducidad disponible para que una parte con legitimidad para ello inste una acción de anulabilidad de adopción. Específicamente, ahora “[l]a acción sobre anulabilidad de la adopción decretada tiene que ser instada dentro del término de caducidad de seis (6) meses a partir de la fecha en que el decreto de adopción advenga final y firme”, en lugar del año que antes proveía la Ley Núm. 9, supra. CC-2007-1131 44

En nuestro ordenamiento legal rige la norma de la

incompatibilidad de filiaciones contradictorias. Según la

indicada doctrina legal, resulta “imposible tener dos

filiaciones [naturales] o dos padres [o madres biológicos]

al mismo tiempo”.162 Como resultado, “no es posible

determinar una nueva filiación [natural] en tanto

exista... otra [filiación natural] contradictoria”.163

En vista de lo anterior, hasta que no se impugne

exitosamente la filiación natural contradictoria, no

procede el reconocimiento de la verdadera filiación.164

Ello, pues, “[q]uien alega la nueva filiación está

obligado a impugnar la filiación existente a través de una

acción de impugnación, o a ejercitar simultáneamente la de

reclamación e impugnación..., pues sólo cuando la

filiación oficial se destruye puede procederse a la

determinación de la nueva”.165

Sin embargo, este no es el caso cuando se

interrelaciona una filiación adoptiva con una filiación

natural. Como bien lo señala la autora española Estrella

Toral Lara,

El principio de incompatibilidad de filiaciones contradictorias no se aplica a la filiación adoptiva, porque ésta y la natural no son contradictorias. Que exista una filiación 162 Castro Torres v. Negrón Soto, supra, pág. 592. 163 E. Toral Lara, Novedades en materia de determinación y prueba de filiación, en Nuevos Conflictos del Derecho de Familia, Madrid, Ed. Wolter Kluwer España (ed. Eugenio Llamad Pombo), 2009, pág. 323. 164 Sánchez Encarnación v. Sanchez Brunet, supra, pág. 672. 165 E. Toral Lara, op. cit., pág. 323. CC-2007-1131 45

natural determinada no impide que posteriormente se determina una filiación adoptiva y viceversa, que exista una filiación adoptiva no impide la posterior determinación de la filiación natural del adoptado sin destruir la primera. La razón es obvia, la filiación adoptiva no tiene su fundamento en la relación biológica de generación, sino en el acto jurídico de la adopción, y no impide que exista una filiación natural previamente determinada. Además debe tenerse en cuenta que, como regla general, la adopción supone la ruptura de los vínculos con la familia anterior, de manera que nunca pueden resultar contradictorias.166

La reforma legislativa en materia de adopción,

decretada mediante el Art. 1 de la Ley Núm. 8 de 1995,

supra, introdujo en nuestro ordenamiento jurídico una

aceptación tácita del principio de la compatibilidad de la

filiación adoptiva y la natural. Así, el Art. 137 de

nuestro Código Civil provee que “[l]a determinación de

filiación del adoptado que ocurra en fecha posterior al

decreto de adopción, no afectará la adopción ya vigente,

ni al adoptado y su familia adoptante”.167

Los tratadistas españoles, interpretando el Art.

180.4 del Código Civil Español –equivalente a nuestro Art.

137- han afirmado que, aunque la adopción produce la

extinción de los vínculos jurídicos existentes entre el

adoptado y su familia biológica, “[e]sta ruptura, empero,

es compatible con la sucesiva determinabilidad de la

paternidad o maternidad biológica –antes desconocidos- del

adoptado; determinación que, sin embargo, no otorgará

166 Íd. 167 31 L.P.R.A. sec. 538 (2010). CC-2007-1131 46

vínculos jurídicos [con su familia de sangre]”168 ni

extinguirá la adopción previamente constituida.169 Aunque

la posterior determinación de la filiación natural sólo

persigue impedir que el adoptado contraiga matrimonio con

un pariente de su anterior familia biológica, la misma

estará justificada.170

En síntesis, la subsiguiente determinación de la

paternidad o maternidad biológica de un individuo no

altera el carácter irrevocable de la adopción. Aunque un

hijo, durante la vida de su presunto padre biológico, o un

año luego de su muerte, pueda instar una acción de

reconocimiento forzoso de filiación biológica en contra de

éste, el éxito que pueda devengar de tal encomienda

jurídica no eliminará los vínculos jurídicos que el

adoptado tiene con su nueva familia adoptiva, ni revivirá

los lazos que antes tenía con referencia a su familia de

sangre. Para todos los efectos prácticos, esa nueva

determinación de filiación biológica se limitará a exigir

la subsistencia de los vínculos jurídicos del adoptado con

su familia natural, a los únicos fines detallados en el

Art. 138 del Código Civil de Puerto Rico,171 a saber: el

impedimento matrimonial.

168 J.L. Lacruz Berdejo y otros, op. cit., pág. 393. Véanse, también, J. Castán Tobeñás, op. cit., pág. 440; L. Díez-Picazo y A. Gullón, op. cit., pág. 312. 169 Íd., pág. 394. 170 Íd., pág. 393. 171 El Art. 138 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 539, provee lo siguiente: CC-2007-1131 47

Habiendo considerado el marco jurídico aplicable a

las controversias inicialmente esbozadas, pasemos a su

disposición.

III

Como bien reiteramos en Rivera Pérez v. León, “en

materia de filiación el Derecho puertorriqueño ha ido

abriendo camino a través de la enmarañada jungla de

prejuicios, convencionalismos sociales y tecnicismos de

ley para hacer que brille la verdad y se reconozca a todos

los fines legales la relación biológica entre padres e

hijos”.172 Ante la inacción de la Asamblea Legislativa en

la materia legal señalada, y fundamentando nuestros

No obstante lo dispuesto en la sec. 538 de este título, los vínculos jurídicos del adoptado con su familia paterna o materna anterior subsistirán cuando el adoptado sea hijo del cónyuge del adoptante, aunque el padre o madre hubiere fallecido a la fecha de presentación de la petición de adopción, o cuando el adoptado proviene de una única filiación y es adoptado por persona de distinto sexo al del padre o madre que lo ha reconocido como su hijo.

La ruptura y extinción de los vínculos jurídicos con la familia anterior del adoptado, y el nacimiento de tales vínculos con la familia del adoptante, se entenderán sin perjuicio de la reglamentación sobre impedimentos y prohibiciones de ley para contraer matrimonio en Puerto Rico. Un adoptado no podrá contraer matrimonio con un pariente de su anterior familia, en los mismos casos en que no hubiere podido contraerlo de no haber ocurrido la adopción.

La responsabilidad penal del adoptado en los delitos contra la familia y el estado civil seguirá siendo la misma que dispone el ordenamiento jurídico vigente, en relación a su familia biológica anterior, tal y como si no se hubiere decretado la adopción, si se probare que el adoptado conocía de su vínculo familiar con la víctima del incesto.

El adoptado adquirirá los apellidos del adoptante o los cónyuges adoptantes, salvo que el tribunal, por causa justificada, determine otra cosa. 172 Rivera Pérez v. León, 138 D.P.R. 839, 849 (1995), citando a, Ramos v. Marrero, supra, pág. 358; Calo Morales v. Cartagena Calo, supra, pág. 119. CC-2007-1131 48

dictámenes jurisprudenciales sobre la premisa antes

citada, hemos sido consistentes en flexibilizar la

normativa puertorriqueña relativa al ámbito de la

filiación a la luz de los recientes adelantos científicos

y de las corrientes constitucionales modernas.173

Este proceder jurisprudencial ha encontrado su

justificación en la importancia trascendental que reviste

el estado filiatorio de un ser humano, de cuya certeza

emanan aspectos importantes de naturaleza moral,

patrimonial e, incluso, un interés público superior que

atañe también al Estado.174 “En definitiva, „la filiación

173 Rivera Pérez v. León, supra, pág. 849. En esa encomienda, hemos sido prontos en reconocer las alteraciones profundas que ha sufrido el Derecho de Filiación a nivel mundial, incluyendo “la gran apertura en orden al establecimiento de la filiación, sobre todo en vía judicial, y en cuanto a su impugnación, con su amplia admisibilidad y uso práctico de las pruebas biológicas”. (Énfasis suprimido). Mayol v. Torres, supra, pág. 534. Así, nuestro “pensamiento jurídico es cónsono con „el énfasis moderno en el descubrimiento de la verdad biológica‟”. (Citaciones internas omitidas.) Íd., pág. 535. 174 Castro Torres v. Negrón Soto, supra, págs. 581-582. En Mayol v. Torres, supra, págs. 530-531, fuimos extensos en identificar los efectos y las consecuencias jurídicas implicadas por una determinación de filiación. Allí expusimos lo siguiente: “En cuanto a los efectos de la determinación de filiación, siempre hemos destacado lo amplio y complejos que son los derechos y las obligaciones que ésta conlleva. Así, hemos expresado que „de la filiación dependen varios estados civiles, que como tales, concretan la capacidad e independencia de la persona‟. Almodóvar v. Méndez Román, 125 D.P.R. 218, 232 (1990). En ese caso explicamos que “... de ser hijo de tal o cual persona deriva que se tenga una u otra nacionalidad, o una u otra vecindad ... cualidades éstas que deciden el régimen de los demás estados de la persona, ya que la capacidad y las relaciones familiares se rige[n] por la ley personal ... aparte de la trascendencia que la determinación de la ley personal tiene en el régimen de otras materias (sucesiones, donaciones, obligaciones ...). De la filiación depende directamente además la determinación de las personas que están legitimadas para provocar un cambio de estado civil (emancipación, adopción), o para promover judicialmente el cambio (por incapacitación). La filiación determina, también, las personas a quienes se está sujeto durante la minoría de edad (o en situación de patria potestad prorrogada). Influye la filiación en el poder de la persona: por la filiación se conoce si una CC-2007-1131 49

es la nota de mayor jerarquía dentro del parentesco y

portadora de las más importantes consecuencias

jurídicas‟”.175 Teniendo presente el carácter

trascendental de la institución de la filiación –adoptiva

o natural-, consideremos cada uno de los errores imputados

al Tribunal de Apelaciones por parte de los peticionarios

a la luz de los párrafos que anteceden.

A. La causa de acción de los recurridos no está sujeta a

la doctrina de la cosa juzgada o del impedimento colateral

Los peticionarios en el caso de autos le imputan al

Tribunal de Apelaciones haber errado por no haber resuelto

que la segunda demanda de los peticionarios era cosa

persona tiene herederos forzosos, con la consiguiente trascendencia en relación con la potestad de donar ... o de disponer „mortis causa‟ ... o, en general, con la potestad de gestión del propio patrimonio (por la posible declaración de prodigalidad ...).” (Énfasis en el original.) Almodóvar v. Méndez Román, supra, pág. 233, citando a M. Peña Bernaldo De Quirós, De la Paternidad y Filiación, en M. Amorós Guardiola, Comentarios a las reformas del derecho de familia, Madrid, Ed. Tecnos, 1984, Vol. I, pág. 795. Queda claro que la filiación incide con mayor intensidad en el derecho de familia (en aquello relacionado con el estado civil, la persona, el derecho de alimentos, patria potestad, entre otros aspectos) y el derecho sucesorio. Sin embargo, no debemos soslayar las notables consecuencias vinculadas al derecho penal derivadas de la determinación de filiación. Entre otras, nuestro Código Penal dispone en su Art. ... [142(h) (33 L.P.R.A sec. 4770)], que ... [incurrirá en delito grave de segundo grado severo toda persona que lleve a cabo una penetración sexual, sea vaginal, anal, orogenital, digital o instrumental... con sus] ascendientes y descendientes, y colaterales por consanguinidad, [o con una víctima con quién tenga una relación de parentesco por motivo de una adopción].... La filiación no se limita, pues, a establecer vínculos tendentes a identificar relaciones entre componentes de la sociedad, sino que va dirigida a imponer derechos y obligaciones concretas de consecuencias permanentes. 175 (Citaciones internas omitidas.) Íd. CC-2007-1131 50

juzgada y/o estaba sujeta a la doctrina del impedimento

colateral por sentencia. No le asiste la razón.

Como bien expusimos anteriormente, la doctrina de

cosa juzgada surte efecto únicamente cuando entre el

primer caso resuelto por sentencia y el segundo caso en el

cual se invoca la doctrina bajo examen, existe la más

perfecta identidad entre las cosas, las causas, las

personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron.

Al analizar la segunda demanda de los recurridos,

ésta propulsa dos causas de acción fundamentales, a saber:

(1) una acción de nulidad del decreto de adopción de 1973

fundamentada en el supuesto vicio del consentimiento

prestado por la madre biológica del señor Beníquez Méndez;

y (2) una acción de reconocimiento forzoso de filiación

extramatrimonial instada por el señor Beníquez Méndez en

contra del señor Vargas Seín.

Cuando examinamos la primera causa de acción de los

recurridos, encontramos que entre ésta y la segunda

demanda presentada por el señor Beníquez Méndez y su madre

biológica, coincide la más perfecta identidad de las

causas, las personas de los litigantes y la calidad con

que lo fueron, referente al petitorio instado por los

recurridos solicitando la nulidad del decreto de adopción

de 1973. Concretamente, encontramos que: (1) el asunto

levantado en ambos litigios concierne la nulidad de un

decreto de adopción decretado hace 30 años –identidad de

cosas-; (2) el motivo o la razón de pedir que fundamenta CC-2007-1131 51

ambas peticiones lo es el alegado vicio en el

consentimiento prestado por la madre biológica del señor

Beníquez Méndez, por razón de haber sido supuestamente

sometida a un patrón de coacción e intimidación por sus

tíos -identidad de las causas-; y (3) los demandados y los

demandantes en ambas acciones lo son el matrimonio

Beníquez Mendez, y el señor Beníquez Méndez y su madre

biológica, respectivamente, cumpliéndose así la

concurrencia de la identidad de los litigantes y la

calidad en que lo fueron.

En virtud de lo anterior, y en circunstancias

normales, tal conclusión implicaría que la primera

sentencia decretada por el Tribunal de Primera Instancia

el 13 de septiembre de 2003 impediría que los recurridos

hubiesen podido presentar o litigar una segunda causa de

acción de nulidad del decreto de adopción por los mismos

fundamentos y contra las mismas partes que fueron

incluidas en la primera demanda, especialmente cuando los

recurridos no acudieron en alzada de la primera decisión

del foro primario. No obstante, aun cuando están

presentes todos los componentes necesarios para que la

doctrina de cosa juzgada surta efectos, desde hace medio

siglo este Tribunal adoptó la norma de no aplicar esa

figura a casos en los que se frustren los fines de la CC-2007-1131 52

justicia o cuando se plantean consideraciones de alto

interés público.176

Precisamente en Pérez v. Bauzá, supra, nos apartamos

de la “rigidez que impone la cosa juzgada” y tomamos en

consideración que la sentencia que se oponía como cosa

juzgada “no adjudicó los méritos de la causa de acción

ejercitada”, y que se consideró “una adjudicación final

únicamente por disposición estatutaria fundada en la

conveniencia pública de la finalidad de las

sentencias”.177 Además, se trataba “de una acción de

filiación revestida de interés público”.178 Recordemos que

en este caso la primera Resolución del Tribunal de Primera

Instancia de 13 de septiembre de 2003 declaró no ha lugar

la moción sin fundamento alguno. Por eso, este caso no es

cosa juzgada.

Además, la preocupación del Juez Presidente señor

Hernández Denton de que con este dictamen se “amenaza la

estabilidad de la filiación jurídica entre adoptados y

padres adoptivos” se disipa ante la existencia,

precisamente, del término de caducidad que la ley dispuso

para la impugnación de una adopción. En otras palabras,

quien desee impugnar la adopción tendrá el término de

caducidad que dispone la ley. Nada más. Así, pues, esta

conclusión “no le resta finalidad a los decretos de

176 Banco de la Vivienda de P.R. v. Carlo Ortíz, 130 D.P.R. 730, 739 (1992); Pérez v. Bauzá, supra, pág. 226. 177 Íd., págs. 226-227. 178 Íd. Véase, además, Mercado Riera v. Mercado Riera, supra, pág. 953. CC-2007-1131 53

adopción” ni atenta contra “la política pública a favor de

la estabilidad de las relaciones jurídicas mediante

decreto de adopción”. Dicho de otro modo, la excepción a

la doctrina de cosa juzgada que hoy reafirmamos en nada

trastoca ni lacera el término de caducidad que establece

el Art. 613E del Código de Enjuiciamiento Civil, supra.

Como bien indicamos al inicio de esta parte

dispositiva, la institución de la filiación, incluyendo su

vertiente adoptiva, constituye un interés superior que

incide trascendentalmente en la personalidad y dignidad

del ser humano y carga consigo importantísimas

consecuencias legales y morales. A su vez, nuestra

jurisprudencia ha reconocido que la filiación es un

interés público superior que atañe también al Estado. Por

tal motivo, y en aras de propiciar justicia en el caso

concreto ante nos, no aplicaremos la doctrina de la cosa

juzgada a la segunda demanda de impugnación de adopción

instada por los recurridos.

Referente a la segunda causa de acción del señor

Beníquez Méndez y su madre biológica, la acción de

reconocimiento forzoso levantada en contra del señor

Vargas Seín, el Tribunal de Primera Instancia determinó

que la misma estaba impedida por causa de la doctrina del

impedimento colateral por sentencia. El Tribunal de

Apelaciones revocó al foro primario. No incidió en error.

Según nuestra exposición del Derecho, la figura del

impedimento colateral por sentencia representa una CC-2007-1131 54

modalidad de la doctrina de la cosa juzgada, la cual se

distingue de ésta última en que para aplicarla no es

necesario que se dé el requisito de la identidad de causas

entre ambos litigios. Claro está, la misma no procede

cuando (1) la parte contra la cual se interpone no ha

tenido la oportunidad de litigar previamente el asunto –o

cuando pudiendo haber litigado el asunto en la primera

acción, el asunto no fue litigado o adjudicado en el

pleito anterior-, y (2) cuando ese litigante no ha

resultado ser la parte perdidosa en el pleito anterior.

En el caso de marras, la segunda demanda incluyó, por

primera vez, una reclamación de filiación extramatrimonial

presentada en contra del señor Vargas Seín, en la cual el

señor Beníquez Méndez argüía que aquél era su padre

biológico. Esta segunda causa de acción impide que exista

una identidad de causas entre ambos litigios y activa la

posibilidad de que aplique la doctrina del impedimento

colateral por sentencia. Sin embargo, no procede la

interposición de dicha figura ya que, aunque los

recurridos pudieron haber interpuesto el asunto en el

pleito anterior, el dictamen caído en la primera sentencia

del foro primario no adjudicó el asunto, y los litigantes,

en efecto, no litigaron la acción de reconocimiento de

filiación ni resultaron ser la parte perdidosa con

referencia a la misma. CC-2007-1131 55

Por tal motivo, resolvemos que en el caso de autos no

son de aplicación la doctrina de cosa juzgada ni su

modalidad, el impedimento colateral por sentencia.

B. La caducidad de la acción de nulidad de la adopción y

el vicio en el consentimiento de la madre biológica por

motivo de coacción o intimidación.

En el primer error que los peticionarios le imputan

al Tribunal de Apelaciones, éstos alegan que el foro

apelativo intermedio erró al determinar que la causa de

acción presentada por la parte recurrida no había

caducado. Le asiste la razón.

el derogado Art. 613E del antiguo Código de Enjuiciamiento

Civil, supra, proveía que, transcurrido un término de dos

años desde el decreto de adopción, cualquier irregularidad

en los procedimientos quedaba subsanada y la adopción no

podía ser atacada, directa o colateralmente, en ningún

procedimiento.

Consideramos, al igual que opina el profesor González

Tejera, que el lenguaje de ese estatuto, aunque no es

claro, fija un término igual para atacar la adopción por

vicios del consentimiento. Como expresáramos, el derogado

Art. 135 del Código Civil de Puerto Rico exigía, antes de

la reforma en materia de adopción de 1995, que los padres

de un menor de edad prestasen su consentimiento a la

adopción de su hijo o hija biológica. Si el hijo era de CC-2007-1131 56

filiación extramatrimonial, sólo el padre que lo había

reconocido era aquel llamado a proveer su consentimiento.

Por consiguiente, cuando el consentimiento del padre

o la madre biológica fue prestado, pero estuvo viciado por

el error, el dolo, la violencia, o la intimidación, la

acción de impugnación deberá ser instada dentro del

término de caducidad de dos años desde que se decretó la

En este caso, la madre del menor sí prestó su

consentimiento, aunque treinta años después alegue que

estuvo viciado. Cónsono con lo anterior, la madre gozaba

de un término de dos años de caducidad, desde que se

decretó la adopción el 21 de febrero de 1973 para impugnar

la adopción. Para los hechos de este caso, no nos

corresponde analizar si la norma que resolvimos en

Almodóvar v. Méndez Román,179 aplica también a los casos de

impugnación de las adopciones. Al examinar el expediente

encontramos que el señor Beníquez Mendez tenía seis años

de edad cuando su madre y él se mudaron de la casa de sus

tíos. Al tomar esa acción, la madre de Beníquez Méndez se

alejó del ambiente familiar y comunitario que viciaba su

consentimiento. Aún si aplicáramos la norma de ese caso,

ya han pasado más de treinta años desde el cese de esa

supuesta intimidación o violencia, por lo que a todas

179 125 D.P.R. 218, 261 (1990). En ese caso resolvimos que en casos de haber mediado intimidación o violencia, el plazo para iniciar una acción de impugnación de reconocimiento al amparo del Art. 117 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 465, comenzaría a transcurrir una vez cesaran esas circunstancias. Cabe señalar que el Art. 117 del Código Civil, supra, fue enmendado por la Ley Núm. 215-2009. CC-2007-1131 57

luces, la acción para invalidar la adopción ha caducado.

Por ese motivo procede su desestimación.

C. El señor Beníquez Méndez y su derecho a conocer su

filiación biológica paternal.

Finalmente, resta disponer si, a pesar de haberse

resuelto que la acción de impugnación de la adopción del

señor Beníquez Méndez había caducado, procede que el

Tribunal de Primera Instancia continúe con la acción de

reconocimiento forzoso de filiación presentada en contra

del señor Vargas Seín. Veamos.

Según expusimos en nuestro marco legal, la

institución de la filiación se desdobla en dos vertientes

fundamentales: la natural y la jurídica. En el caso de

autos, el recurrido conocía su filiación natural maternal

–la señora Beníquez Seguí- pero desconocía su filiación

natural paternal. Algunos años luego de su nacimiento, el

señor Beníquez Méndez fue adoptado por sus tíos segundos

maternos. Mediante la referida adopción, todos los

vínculos jurídicos existentes entre el recurrido y su

madre o padre biológico cesaron de existir, y para todos

los efectos legales, el señor Beníquez Méndez vino a ser

hijo de sus tíos maternos por virtud de la filiación

jurídica de la adopción.

Tres décadas después, el recurrido procura conocer a

su padre biológico mediante la presentación de una acción

de reconocimiento forzoso de filiación paterna

extramatrimonial. Debido a que el Art. 137 de nuestro CC-2007-1131 58

Código Civil dispone que la filiación natural subsiguiente

no es contradictoria a una filiación adoptiva

preexistente, no encontramos impedimento doctrinal alguno

que sirva de tropiezo para que el foro primario considere

adecuadamente la acción de determinación de filiación

extramatrimonial instada por el recurrido. Esa solicitud

fue instada oportunamente.

Siempre y cuando la acción haya sido presentada

durante la vida del presunto padre, o un año después de su

muerte –salvo ciertas excepciones antes discutidas- el

peticionario podrá presentar toda aquella prueba

pertinente que constate el hecho filiatorio alegado.

Claro está, de prosperar en su acción de reconocimiento

forzoso, la resolución emitida por el tribunal no

eliminará los vínculos jurídicos existentes entre sí y su

familia adoptiva y tampoco revivirá su relación jurídica

con su familia de sangre. Esta última relación sólo

subsistirá a los únicos fines de impedir que el recurrido

se case con algún pariente de su familia natural, según

prohibido por nuestro ordenamiento legal, o que incurra en

ciertos delitos que tipifican las relaciones consensuales

entre parientes de determinados grados de consanguinidad o

afinidad.

Atendido lo anterior, encontramos innecesario

expresarnos sobre el último error planteado por los

peticionarios, especialmente cuando concebimos que los

hechos alegados en la demanda de los recurridos no CC-2007-1131 59

configuran fraude al tribunal, el cual justifique un

término mayor al de seis meses provisto para la

presentación de una moción de relevo de sentencia.

IV

Por los fundamentos expuestos, confirmamos en parte

el dictamen del Tribunal de Apelaciones y devolvemos el

caso al Tribunal de Primera Instancia para que éste

continúe con los procedimientos relacionados a la acción

de reconocimiento forzoso instada por el señor Beníquez

Méndez en contra del señor Vargas Seín. No obstante,

desestimamos la acción de impugnación de adopción de los

recurridos por entender que ésta ha caducado.

Se dictará sentencia de conformidad.

Edgardo Rivera García Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Samuel Beníquez Méndez; Antonia Beníquez Seguí Certiorari Recurridos

CC-2007-1131 v.

Teófilo Vargas Seín; Ada E. Méndez Costas y Félix Beníquez Quiñones

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, confirmamos en parte el dictamen del Tribunal de Apelaciones y devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para que éste continúe con los procedimientos relacionados a la acción de reconocimiento forzoso instada por el señor Beníquez Méndez en contra del señor Vargas Seín.

No obstante, desestimamos la acción de impugnación de adopción de los recurridos por entender que ésta ha caducado.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente señor Hernández Denton disintió con una opinión escrita. La Jueza Asociada señora Fiol Matta está conforme con la determinación de que en el presente caso no debe aplicarse la doctrina de cosa juzgada ni su modalidad de impedimento colateral por sentencia y concurre con la decisión de devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúe el trámite de la acción de reconocimiento forzoso presentada en contra del señor Vargas Seín. No obstante, disiente de la conclusión de que la acción de impugnación de la CC-2007-1131 2

adopción caducó, puesto que es palpable la posibilidad de que el proceso de adopción hubiera sido simulado desde su inicio, por lo cual procede que el Tribunal de Primera Instancia reciba y aquilate prueba sobre la validez de dicho proceso. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez concurrió y disintió con una opinión escrita.

Larissa Ortiz Modestti Secretaria del Tribunal Supremo, Interina EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Samuel Beníquez Méndez; Antonia Beníquez Seguí

Recurridos

Teófilo Vargas Seín, Ada E. Méndez Costas y Félix Beníquez Quiñones

Opinión Disidente emitida por el Juez Presidente señor HERNÁNDEZ DENTON

San Juan, Puerto Rico, a 4 de enero de 2012.

Por entender que este caso debió ser desestimado, sin

más, por tratarse de cosa juzgada, disiento de la Opinión

emitida por una mayoría de este Tribunal. Con su decisión,

a pesar de establecer que la acción de anulabilidad de

adopción caducó y que por ello los lazos adoptivos no

pueden ser impugnados, este Foro devuelve el caso al

Tribunal de Primera Instancia para que se resuelva si el

adoptado es hijo del supuesto padre biológico. Ese

dictamen contradictorio y dilatador tiene el propósito de

que el adoptado evite incurrir en incesto o casarse con

sus parientes dentro de los grados de consanguineidad

prohibidos por nuestro ordenamiento. En nuestra opinión,

este proceder es especulativo y posiblemente CC-2007-1131 2

presenta una controversia no justiciable por tratarse de un

asunto que no está maduro.

I.

El Sr. Samuel Beníquez Méndez (adoptado) y su madre

biológica, la Sra. Antonia Beníquez Seguí (madre biológica),

acudieron al foro judicial para impugnar la adopción por

parte del matrimonio Beníquez Méndez (adoptantes). El

adoptado nació en 1971, y, al anotarse su nacimiento en el

Registro Demográfico, no se divulgó el nombre de su padre

biológico. Al año siguiente, el matrimonio Beníquez Méndez

peticionó su adopción. En su escrito ante el foro primario,

los adoptantes alegaron tener bajo su custodia al adoptado y

que eran los tíos de la madre biológica, quien vivía con

ellos por no tener recursos para su sustento. Esta última

consintió a la adopción, la cual se concedió en 1973.

Casi treinta (30) años después, en 2003, el adoptado y la

madre biológica presentaron ante el Tribunal de Primera

Instancia una petición de nulidad de la adopción.

Esencialmente, argumentaron que el consentimiento de la madre

biológica a la adopción estuvo viciado, pues esta fue

coaccionada e intimidada por los adoptantes. Por lo tanto,

alegaron que el tribunal nunca tuvo jurisdicción para

conceder la adopción. Asimismo, alegaron que el menor siempre

fue criado por su madre biológica y que ambos se mudaron de

la casa de los adoptantes cuando el adoptado tenía seis (6)

años. Mediante resolución no fundamentada, el foro primario

declaró no ha lugar la petición. Esa decisión nunca fue

apelada o revisada, por lo que advino final y firme. CC-2007-1131 3

Luego, en 2004, la madre biológica y el adoptado instaron

una segunda demanda sobre nulidad de adopción y declaración

de filiación. Esta vez, alegaron que la madre biológica fue

coaccionada, amenazada y sujeta a presiones morales,

emocionales y religiosas por parte de sus familiares y

compañeros feligreses para que consintiera a la adopción.

Esto, pues el alegado padre biológico del adoptado es el

señor Teófilo Vargas Seín T/C/C Aarón, líder espiritual de la

Congregación Mita. Por ello, solicitaron que se decretara la

nulidad de la adopción y que se ordenara al Registro

Demográfico inscribir al adoptado como hijo de sus padres

biológicos.

El foro primario desestimó sumariamente los reclamos, por

entender que el dictamen judicial que denegó la primera

demanda era cosa juzgada. En cuanto a la nueva alegación

sobre quién era el padre biológico, concluyó que aplicaba la

doctrina de impedimento colateral por sentencia. Inconformes,

los demandantes acudieron ante el Tribunal de Apelaciones, el

cual revocó al foro primario. El foro apelativo intermedio

concluyó que no aplicaba la doctrina de cosa juzgada al caso

de autos y que la acción de nulidad de adopción no había

caducado.

Insatisfechos, los adoptantes y el supuesto padre

biológico acuden ante nos. Plantean que la acción presentada

por los demandantes caducó, que la controversia presentada en

la demanda es cosa juzgada o existe impedimento colateral por

sentencia y que transcurrió en exceso el término para

interponer una moción de relevo de sentencia al amparo de la CC-2007-1131 4

Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R.49.2,

para levantar la desestimación dictada en el año 2003.

II.

La Opinión del Tribunal resuelve que la doctrina de cosa

juzgada no aplica a la acción para impugnar un procedimiento

de adopción. Esto, a pesar de que concluye que se cumplen

todos los requisitos para su aplicación en el caso de autos.

Para ello, señala que la institución de la filiación

constituye un interés público superior. Por entender que ese

dictamen amenaza la estabilidad de la filiación jurídica

entre adoptados y padres adoptivos, resolveríamos lo

contrario. Somos del criterio que el interés legislativo ha

sido claro al buscar la finalidad del proceso de adopción.

Concluir que no aplica la doctrina de cosa juzgada a

casos como el de autos permitiría a un adoptado impugnar su

adopción en repetidas ocasiones. Solo se le requeriría instar

dicha acción dentro del término de caducidad dispuesto para

ello, sin importar que exista un dictamen adverso que haya

advenido final y firme. Siendo así, ignorar la doctrina de

cosa juzgada en estos casos les resta finalidad a los

decretos de adopción y le brinda al adoptado más

oportunidades para atacar su adopción. Este proceder no es

cónsono con la política pública a favor de la estabilidad de

las relaciones jurídicas establecidas mediante decreto de

adopción. Incluso, tal y como menciona la Opinión del

Tribunal, es norma establecida que “los adoptantes y

adoptados no gozan de la facultad de poder dejar sin efecto,

unilateral o bilateralmente, la adopción consumada por haber CC-2007-1131 5

experimentado un cambio de criterio con referencia a su

deseabilidad de haber consentido a la adopción”. Opinión

mayoritaria citando a R. Serrano Geyls, Derecho de Familia de

Puerto Rico y Legislación Comparada, Ed. Universidad

Interamericana de Puerto Rico, Vol. II, 2002, pág. 1187.

Asimismo, la Opinión del Tribunal recalca la naturaleza

irrevocable de un decreto de adopción. Esta irrevocabilidad y

el interés legislativo de darle finalidad a los procesos de

adopción se refleja claramente en los términos de caducidad

dispuestos para instar la acción de anulabilidad de adopción.

Para el momento de la adopción en cuestión, el referido

término era de dos (2) años. Art. 613E del Código de

Enjuiciamiento Civil, supra. Posteriormente, la Ley Núm. 9 de

19 de enero de 1995, 32 L.P.R.A. ant. sec. 2699r (ed. 2004),

redujo dicho término a un (1) año. Finalmente, la Ley de

Reforma Integral de Procedimientos de Adopción de 2009 lo

redujo a seis (6) meses a partir de la fecha en que el

decreto de adopción advenga final y firme. 32 L.P.R.A. sec.

2699r. Esta reducción del término de caducidad disponible

para anular un decreto de adopción demuestra consistentemente

su naturaleza irrevocable y, por ende, su finalidad.

De otra parte, debe recalcarse que el legislador impuso

un término de caducidad y no uno de prescripción. La

caducidad conlleva la pérdida automática del derecho por no

ejercitarse en el transcurso de cierto plazo. Véase: Castro

Torres v. Negrón Soto, 159 D.P.R. 568, 596 (2003). Siendo

así, el legislador quiso para esta acción el término con

consecuencias concluyentes, con el ánimo de proteger la CC-2007-1131 6

estabilidad de la filiación jurídica adoptiva. De la misma

forma, limitó la acción para impugnar la filiación. Véanse:

Mayol v. Torres, 164 D.P.R. 517, 553 (2005); Castro Torres v.

Negrón, supra; Sánchez v. Sánchez, 154 D.P.R. 645, 669

(2001); Almodóvar v. Méndez, 125 D.P.R. 218, 260 (1990). Por

todo lo anterior, entendemos que ignorar la aplicación de la

doctrina de cosa juzgada en casos como el de autos menoscaba

la irrevocabilidad de la filiación jurídica que el

ordenamiento protege mediante la imposición de un breve

término de caducidad para su impugnación.

Por último, no estamos de acuerdo con devolver el caso al

foro primario para determinar la filiación biológica del

adoptado. En primer lugar, ordenar al supuesto padre

biológico que se someta involuntariamente a pruebas genéticas

para determinar si es el padre del adoptado constituye una

violación a su derecho constitucional a la intimidad. Véase:

Art. II Secs. 8 y 10 Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.

Anteriormente, hemos permitido la transgresión de este

derecho constitucional en circunstancias en las que el

solicitante tiene intereses pecuniarios que dependen de dicha

determinación, como lo serían la petición de alimentos o la

reclamación de derechos hereditarios. Véanse: Mayol v.

Torres, supra; Vicenti v. Saldaña, 157 D.P.R. 37 (2002).

Estas circunstancias no están presentes en el caso de autos,

por lo que no existe un interés apremiante de reconocer la

relación biológica entre padres e hijos. Mayol v. Torres,

supra. CC-2007-1131 7

En segundo lugar, las justificaciones en las que descansa

la Opinión mayoritaria para ordenar la determinación de

paternidad son prematuras y especulativas. El adoptado no ha

solicitado que se determine su filiación biológica para

evitar incurrir en alguna de las conductas prohibidas por el

Art. 138 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec.

539. Tampoco ha manifestado interés alguno en casarse con

alguna pariente del supuesto padre biológico. Mucho menos, ha

manifestado interés en relacionarse incestuosamente con un

pariente del supuesto padre biológico, según el Art. 138 del

Código Civil. Íd. Siendo así, la Opinión mayoritaria está

brindando un remedio que no se solicitó, para disponer de una

controversia que no se presentó ante nos y que, con toda

probabilidad, no estaría madura para atenderse.

Más aun, las fuentes que se utilizan para justificar este

remedio no tratan sobre una determinación de filiación

biológica luego de emitido un decreto de adopción. Véanse:

Mayol v. Torres, supra; Castro Torres v. Negrón Soto, 159

D.P.R. 568 (2003); Rivera Pérez v. León, 130 D.P.R. 839

(1995); Calo Morales v. Cartagena Calo, 129 D.P.R. 102

(1991); Almodóvar v. Méndez Román, 125 D.P.R. 218 (1990);

Ramos v. Marrero, 116 D.P.R. 357 (1985).

Contrario a su aseveración, en el más reciente

pronunciamiento del legislador sobre nuestro derecho de

adopción, la Ley de Reforma Integral de Procedimientos de

Adopción de 2009, supra, se declaró como política pública

“que el procedimiento de adopción sea […] confidencial, para CC-2007-1131 8

proteger el derecho constitucional a la intimidad de las

partes”. 32 L.P.R.A. sec. 2699.

Por lo tanto, nos parece errado ordenar unas pruebas

genéticas para lograr una determinación de filiación

biológica que no tendrá consecuencias patrimoniales para las

partes, debido a que ya existe un decreto de adopción que no

puede ser anulado. Ello amenaza la estabilidad de las

filiaciones jurídicas y establece un precedente en contra de

la confidencialidad de los procesos de adopción.

Federico Hernández Denton Juez Presidente EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Teófilo Vargas Seín, Ada E. Méndez Costas y Félix Beníquez Quiñones

Opinión Concurrente y Disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 4 de enero de 2012

Estoy de acuerdo con lo resuelto por una mayoría de

este Tribunal en cuanto a que en el caso de autos no son

aplicables la doctrina de cosa juzgada ni su modalidad, el

impedimento colateral por sentencia. Sin embargo, por

entender que la adopción pudo carecer de causa y por tanto

ser nula ab initio, disiento de la mayoría en cuanto a que

la causa de acción presentada por los recurridos ha

caducado. Es por ello que devolvería el caso al foro

primario para que celebrase una vista en los méritos sobre

la nulidad de la adopción. De igual manera, soy del criterio

que, de ser la adopción ante nuestra consideración una nula

por falta de causa, el adoptado estaría facultado para

perseguir su filiación biológica durante toda la vida de su

alegado padre natural, según dispuesto por el Código Civil.

31 L.P.R.A. sec. 505 (1993).

Samuel Beníquez (adoptado) nació el 28 de octubre de

1971. Su madre biológica, doña Antonia Beníquez (madre CC-2007-1131 2

biológica) lo inscribió en el Registro Demográfico como hijo

suyo y de padre de nombre desconocido. El 5 de junio de

1972 don Félix A. Beníquez Quiñones y doña Ada Méndez Costas

(adoptantes), tíos de la madre biológica, presentaron una

petición de adopción.

En la petición de adopción los adoptantes sostuvieron

que habían tenido bajo su custodia al adoptado y a la madre

biológica (recurridos) desde el día en que el menor nació y

que podían hacerse cargo de proveerle todo lo necesario para

su desarrollo físico y espiritual. Asimismo, mediante

declaración jurada, la madre biológica dijo que tanto ella

como el adoptado vivían al amparo de los adoptantes y que

para el bienestar, felicidad y seguridad del menor, deseaba

que éste estuviese vinculado permanentemente con aquéllos en

calidad de hijo. Además, durante la vista para conceder la

adopción, los adoptantes se comprometieron a hacer hijo suyo

al adoptado y tratarlo de igual manera que a sus hijos

biológicos. Así las cosas, el Tribunal concedió la adopción

el 27 de febrero de 1973 y ordenó inscribir en el Registro

Demográfico al adoptado como hijo de los adoptantes.

El 30 de abril de 2003, treinta años después de

decretada la adopción, la madre biológica y el adoptado

(recurridos) presentaron una “Solicitud de Nulidad de

Adopción” en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de

Caguas. En dicha solicitud adujeron que la madre biológica

fue intimidada y coaccionada para consentir la adopción con

lo cual su consentimiento, al momento del procedimiento,

estaba viciado haciendo nula la resolución de adopción. CC-2007-1131 3

Además, alegaron que, como cuestión de hecho, los adoptantes

nunca le profesaron cariño, cuidados, ni afecto al adoptado.

Tampoco cumplieron con su obligación de proveer alimentos,

cuidarlo, educarlo, ni lo tuvieron bajo su custodia.

Igualmente alegaron que ambos ocuparon un cuarto de servicio

en la casa de los adoptantes hasta que, en 1978, se mudaron

de la residencia de éstos. Sostuvieron, también, que los

adoptantes nunca reclamaron la custodia del adoptado ni

hicieron gestión alguna para mantenerlo en el hogar; tampoco

lo trataron como si fuera hijo biológico, cosa que se

obligaron a hacer en la vista de adopción.

La sala de Caguas del Tribunal de Primera Instancia

emitió una notificación con fecha 18 de septiembre de 2003,

donde certificó que se proveía no ha lugar a la solicitud de

nulidad de adopción. Dicha orden no contó con

determinaciones de hecho ni conclusiones de derecho por lo

cual no conocemos sus fundamentos. Los recurridos no

apelaron la orden del tribunal de instancia.

No obstante lo anterior, el 3 de noviembre de 2004 los

recurridos presentaron una demanda en la que solicitaron la

anulación de la adopción y declaración de filiación. En

esta ocasión, además de demandarse a los adoptantes, se

demandó por primera vez al señor Teófilo Vargas Seín,

también conocido como Aarón, alegándose que éste era el

padre biológico del adoptado. Luego de varios incidentes

procesales el tribunal de instancia desestimó la acción

presentada. Fundamentó su determinación en la orden emitida

por el tribunal el 18 de septiembre de 2003 en cuanto a la CC-2007-1131 4

solicitud de nulidad de adopción. Señaló que ésta advino

final y firme al no apelarse oportunamente, por lo cual el

tribunal carecía de jurisdicción.

Inconformes, los recurridos presentaron recurso de

apelación ante el Tribunal de Apelaciones. El tribunal a

quo revocó la sentencia apelada, sostuvo que no se le había

permitido al adoptado litigar la única causa de acción a la

que tenía derecho: perseguir una acción de filiación contra

quien, alegadamente, era su padre biológico. De esta manera,

devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia para que

continura con los procedimientos.

Insatisfechos, los adoptantes y Vargas Seín

(peticionarios) comparecen ante este Tribunal afirmando que,

entre otros señalamientos de error, erró el Tribunal de

Apelaciones al determinar que la causa de acción presentada

por el adoptado y su madre biológica no había caducado. No

les asiste la razón. Veamos.

A

La adopción es la figura legal mediante la cual se

busca instaurar entre dos personas una relación jurídica de

filiación; es decir, vínculos jurídicos similares a los

existentes entre una persona y sus descendientes biológicos.

Feliciano Suárez, Ex parte, 117 D.P.R. 402, 406-408 (1986).

De igual manera es “un acto jurídico solemne, el cual supone

la ruptura total del vínculo jurídico-familiar de una

persona con su parentela biológica y la consecuente

filiación de ésta con aquél o aquéllos que han expresado la CC-2007-1131 5

voluntad de que legalmente sea su hijo”. López Rivera v.

E.L.A., 165 D.P.R. 280 (2005), en la pág. 299. (Citas

omitidas). Reiteradamente hemos señalado que el propósito

primordial de esta institución es el bienestar del menor.

Id. en la pág. 300. (Citas omitidas).

En cuanto a la Ley 85 de 15 de junio de 1953, no

albergamos duda que, al igual que la normativa vigente sobre

adopción, buscaba proteger a la persona adoptada. Incluso,

se decidió en aquel entonces que un decreto de adopción

disolvería el vínculo jurídico con la familia biológica dado

que el mismo podría entorpecer la integración del adoptado

al nuevo seno familiar. Véase Historial Legislativo de la

Ley 85 de 15 de junio de 1953. Sobre esto hemos apuntalado

que la decisión de un tribunal sobre si se autoriza o no una

adopción descansa en la conveniencia y bienestar del niño.

Ex Parte J.A.A., 104 D.P.R. 551 (1976).

Cónsono con lo anterior, Eduardo Vázquez Bote señala

que:

[p]uede definirse la adopción como el negocio jurídico familiar por el cual se establece entre dos personas una relación perfecta de filiación legítima.

Son características de la institución, las siguientes: a) Es un acto de carácter irrevocable. Ciertamente, la nueva redacción del Código [C]ivil vigente, nada concreta al respecto; pero tal carácter deriva indudablemente por referirse al estado civil de las personas. b) Es un acto formalmente determinado, sujeto en su contenido a una tipificación legal rigurosa. c) Es un acto que opera como eficacia peculiar el acceso a la patria potestad, o de modificar completamente la antes existente, con efectos absolutos, al romperse el vínculo del adoptado con la familia anterior (art. 133 C.c.). CC-2007-1131 6

Eduardo Vázquez Bote, Derecho Privado Puertorriqueño,

Butterworth Legal Publishers, Butterworth de Puerto Rico,

San Juan 1ra ed., t. 11, 1993, en la pág. 343. Véanse

además, José Castán Tobeñas, Derecho Civil español, común y

foral, Reus, Madrid, 10ma ed., t. 5-II, 1995, en la pág.

361; Manuel Albadalejo, Curso de Derecho Civil, Librería

Bosch, Barcelona, 2da ed., vol. IV, 2002, pág. 255; Rosa

María Moreno Florez, Acto Constitutivo de la Adopción,

Editorial Colex, Madrid, 1985.

Es necesario indicar que son actos jurídicos “los actos

humanos voluntarios exteriores y que producen efectos

jurídicos”. Federico Puig Peña, Compendio de Derecho Civil

Español, Ediciones Pirámides S.A., Madrid 3ra ed. revisada y

puesta al día, t. I, 1976, en la pág. 455 (Citas omitidas).

Éstos están caracterizados por, en primer lugar, ser

voluntarios; segundo, la voluntad tiene que ser consciente y

exteriorizada; por último, deben tener efectos jurídicos.

Véase Id.

Ahora bien, el negocio jurídico recoge siempre un acto

jurídico. Es decir que el primero, además de ser un acto

humano voluntario y exterior que produce efectos jurídicos,

“los produce porque son queridos, ya que el agente tiende,

al realizarlo, precisamente a producirlos”. Manuel

Albaladejo, Derecho Civil, José María Bosch Editor S.A.,

Barcelona 11ma ed., 1991, en la pág. 148.

En este sentido, un acto jurídico se diferencia de un

negocio jurídico porque este último se caracteriza por ser

“[a]quel acto consistente o no en una declaración o acuerdo CC-2007-1131 7

de voluntades, con el que los particulares se proponen

conseguir un resultado que el derecho estima digno de sus

especial tutela, sea en [sic] base sólo a ese acto, sea

completado con otros hechos o actos”. Carmen Moreno-Luque

Casariego et als, Lecciones del Negocio Jurídico, Oviedo,

1987, en la pág. 22. Es importante establecer que el

negocio jurídico siempre reconoce un fin que el ordenamiento

entiende prudente proteger o tutelar por razones de política

jurídica.

Así, los negocios jurídicos están compuestos por

ciertos elementos sin los cuales el negocio no adviene a la

vida jurídica. Federico Puig Peña señala que existen

requisitos esenciales comunes a todos los negocios jurídicos

y otros específicos que deben darse según el tipo de negocio

que se efectúe. Elementos comunes esenciales a todos los

negocios son, nos dice, la declaración de voluntad y la

causa o condición objetiva. Igualmente hay determinados

elementos negativos que impiden el nacimiento jurídico del

mismo, a saber: no puede referirse a nada imposible; no

puede ser ilegal; tampoco puede atentar contra las buenas

costumbres o atacar la moralidad. Véase, Federico Puig

Peña, ante, en la pág. 497.

Los tratadistas difieren sobre si el negocio jurídico

se extiende al Derecho de Familia. Esta discusión está

fundamentada en que algunos comentaristas entienden que al

Estado intervenir en la regulación de las relaciones

familiares éstas pierden el elemento volitivo existente en

el Derecho Privado. Sin embargo otros, entre ellos Luis CC-2007-1131 8

Díez Picazo y Ponce de León, entienden que aún cuando el

Estado regula la institución familiar por entrañar ésta un

gran interés público, la voluntad de celebrar el negocio

coexiste con el interés estatal en la regulación del mismo.

Véase Luis Díez Picazo y Ponce de León, El Negocio Jurídico

del Derecho de Familia, Instituto Editorial Reus S.A.,

Madrid, 1962.

En nuestro ordenamiento no hay duda que la adopción es

un negocio jurídico. Sin embargo, el requisito de causa sólo

se exige expresamente en los contratos; como sabemos los

contratos exigen, como requisitos esenciales,

consentimiento, objeto y causa. 31 L.P.R.A. sec. 3391

(1990). Es por lo anterior que Eduardo Vázquez Bote señala

que la teoría de la causa queda limitada sólo a las

obligaciones contractuales. Eduardo Vázquez Bote, ante, en

la pág. 203. Sin embargo, conviene apuntalar lo que Díez

Picazo aclara que, el hecho de que el Código Civil español,

y en nuestro caso el puertorriqueño, no hable expresamente

de causa en los negocios jurídicos familiares no equivale a

decir que éste sea un negocio jurídico sin causa o que la

causa carezca de relevancia. Así sostiene que:

[c]ausa necesariamente han de tener todos los negocios jurídicos. Sin una razón que lo justifique, el negocio carece de sentido. La causa es la razón que dota de sentido al negocio. Es, objetivamente, la finalidad práctica que el ordenamiento jurídico tutela y, subjetivamente, la común intención de las partes de alcanzar finalidad. Desde este punto de vista el elemento causal existe en los negocios de Derecho de [F]amilia.

Luis Díez Picazo, ante, en la pág. 21. En este sentido, la

causa “es la función económico-social que el negocio lleva a CC-2007-1131 9

cabo. La actividad negocial, es decir, el negocio mismo, se

justifica porque sirve a una función como instrumento para

lograr un fin que la sociedad estima relevante, digno de

acometerse y de conseguirse”. Eduardo Vázquez Bote, ante, en

la pág. 185.

En el caso de la adopción, la causa del negocio es

“brindar una familia a quien ha sido abandonado por la

propia o carece de ella, y al mismo tiempo ofrecer la

posibilidad de que críen un hijo a aquellas personas que así

lo desean, concretando el propósito de actuar como padres o

madres”. Jorge O. Azpiri, Derecho de familia, Editorial

Hammurabi S.R.L., Buenos Aires, 2000, en la pág. 442-43. En

efecto, la actividad social valorada en el negocio jurídico

de la adopción es el ofrecimiento del calor de una familia a

aquél que no la posee. El Derecho protege y estatuye la

adopción dado su fin, toda vez que considera deseable y por

tanto susceptible de protección, que otro haga su hijo a

aquél a quien su familia biológica no quiere o que,

simplemente, carece de ésta. Así, hemos dicho anteriormente

que la misma tiene varios propósitos: “[e]n el aspecto

social, tiene el fin de brindarle a los niños sin padres la

oportunidad de criarse y educarse como es debido en el seno

de un hogar adecuado, mientras que a su vez facilita a

aquellas personas que loablemente han optado por acoger a

dichos niños como si fueran biológicamente suyos, para

atenderlos y brindarles el calor y la estabilidad de una

familia funcional. Ello, en atención a la problemática

social que aqueja a nuestra sociedad de niños abandonados o CC-2007-1131 10

maltratados dentro de un hogar en el cual se supone que

reciban amor, protección y cuidado”. Zapata et al. V. Zapata

et al., 156 D.P.R. 278 (2002), en las págs. 286-287. (Citas

omitidas).

Por el valor social que la institución de la adopción

tutela, es imprescindible auscultar si ésta ha tenido causa.

Esto, porque al ser un negocio jurídico familiar, “[s]i la

causa es ilícita, inexistente, inasequible, el negocio tiene

que resentirse en sus efectos, porque el Derecho hace

posible la eficacia jurídica en función de la causa”.

Vázquez Bote, ante, en la pág. 201. (Citas omitidas).

Ahora bien, lo anterior parece colisionar con el

carácter perpetuo e irrevocable de la adopción. Sin

embargo, tal como Puig Peña señala, ese carácter de

perpetuidad es

en el sentido de que no puede existir en su constitución ninguna interferencia restrictiva en cuanto al tiempo para hacer cesar ese estado. Pero de la existencia de esa especial condición jurídica no se infiere tampoco que necesariamente tenga que subsistir siempre la adopción, pues sobre ella deben también valer los principios que informan la cesación de los institutos jurídicos.

Federico Puig Peña, Compendio de Derecho Civil Español,

Ediciones Pirámides S.A., Madrid 3ra ed. revisada y puesta

al día, t. V, 1976, en la pág. 488. Sin embargo, la

irrevocabilidad de un decreto de adopción está dirigida a

que

el estado civil creado por la adopción no puede quedar pendiente a un cambio de voluntad o resolución unilateral del adoptante, de igual modo que no sería válida (no podría ser aprobada por el Juez) una condición resolutoria impuesta en el negocio jurídico de adopción, ni un plazo resolutorio. Tampoco cabría admitir la extinción CC-2007-1131 11

por mutuo disenso de las partes porque no puede quedar a su libre arbitrio la subsistencia de un estado civil.

José Puig Butrau, Fundamentos de Derecho Civil, Bosch,

Barcelona 2da ed., t. IV, 1985, en la pág. 239.

Indudablemente, el mandato de irrevocabilidad está dirigido

a proscribir el capricho y la arbitrariedad, no a mantener

vivo un negocio que nunca tuvo causa y por tanto no advino a

la vida jurídica.

Es importante señalar que, según señala Puig Butrau,

“la adopción podrá ser ineficaz en otros casos, como la

nulidad por defecto de capacidad, por falta de

consentimiento del adoptante y el adoptado mayor de catorce

años, por inexistencia o ilicitud de la causa, por no haber

recaído la aprobación judicial o por defecto de forma”. José

Puig Butrau, ante, en la pág. 239. (Énfasis nuestro). Es

lógico que sea de esta manera porque de lo contrario se

estaría manteniendo la validez de un negocio que, a todas

luces, adolece de nulidad radical o es nulo ab initio. En

una adopción sin causa el adoptado no ha recibido el calor

del hogar que lo hizo su hijo ni ha convivido con sus padres

en el seno de la familia. Tampoco se ha roto el vínculo

emocional con su familia biológica dado que es ésta quien, a

pesar del decreto de adopción, se mantiene a cargo del menor

ocupándose de los cuidados y atenciones que el mismo

requiere. En una adopción sin causa nunca se configura el

fin principal de la institución: ofrecer padres a aquellos

menores que, por múltiples circunstancias, carecen de ellos

procurando el mejor bienestar e interés del niño. CC-2007-1131 12

B

Un término es de caducidad cuando no admite

interrupción o suspensión. Por lo cual, “éste siempre

extingue el derecho a la causa de acción con el mero

transcurso del tiempo. Su propósito es fijar de antemano el

término dentro del cual podrá ejercitarse un derecho. Una

vez comienza a transcurrir un término de caducidad, no hay

forma de revivirlo en su totalidad. Zulma Muñoz Rodríguez v.

Ten General Contractors, 167 D.P.R. 297 (2006), en la pág.

302.

Al momento de que se decretara la adopción del adoptado

el Código de Enjuiciamiento Civil disponía un término de

caducidad de dos años para solicitar la anulación de la

misma. Luego de transcurrido ese término se entendía

subsanado cualquier defecto del cual pudiera adolecer el

procedimiento. Véase Art. 613E del Código de Enjuiciamiento

Civil, 32 L.P.R.A. sec. 2697(1990). No obstante, debe

decirse que dicho término sólo puede transcurrir contra

negocios jurídicos susceptibles de ser anulables, no contra

aquellos que adolezcan de defecto tal que impida su

advenimiento a la vida jurídica.

Así, un negocio jurídico es inexistente cuando “no

puede producir la plenitud de los efectos deseados por las

partes debido a la ausencia de un elemento constitutivo de

tal trascendencia que le impide venir a la vida con el

mínimo indispensable para gozar de capacidad vital”.

Federico Puig Peña, ante, t. 1, en la pág. 660. (Énfasis en

el original). Es por ello que “[e]l acto nulo no puede CC-2007-1131 13

producir, ni produce, los efectos pretendidos por las partes

y, por consiguiente, no engendra ni da lugar a relación

jurídica de ninguna clase (quod nullum est nullum producit

effectum). Id., en la pág. 664. (Énfasis en el original). En

este sentido, tampoco se puede oponer contra un negocio

jurídico nulo los términos de caducidad establecidos por el

ordenamiento para aquellos casos en que el mismo adolezca de

defectos. Lo anterior porque la nulidad provoca que “[l]a

situación jurídica [permanezca] como estaba antes del

negocio, y los interesados o cualquiera [puedan] seguir

comportándose, a tenor de ello, como si aquél no existiese”.

Manuel Albaladejo, Derecho Civil, Bosch S.A., Barcelona 11ma

ed., t. 1 v. 2do, 1991, en la pág. 461.

Como señaláramos anteriormente la adopción es un

negocio jurídico familiar. En tanto tal, los tratadistas

establecen deben concurrir dos elementos esenciales para que

éste advenga a la vida jurídica: una declaración de voluntad

y la causa que justifica el negocio. Un negocio que carezca

de alguno de estos elementos será nulo y por tanto no

producirá efectos jurídicos.

Igualmente, hemos visto que la causa de la adopción es

proveer una familia a aquel menor que carece de ésta siempre

procurando el mejor interés y bienestar de éste último. Por

ello, la normativa imperante al momento de decretarse la

adopción del adoptado requería que éste se tratase de manera

igual que un hijo biológico. En este sentido, debía

proveérsele todos los cuidados necesarios, profesársele CC-2007-1131 14

cariño y mantenérsele bajo la custodia de los adoptantes

siempre en búsqueda de su mejor interés y bienestar. De lo

contrario, el fin mismo de la adopción dejaría de ser el

mejor interés y bienestar del adoptado y pasaría a ser

meramente la otorgación de los apellidos del adoptante.

Además, indicamos que un término de caducidad sólo

puede ser opuesto a un negocio jurídico válido. Éste no

puede operar contra una negocio que nunca ha advenido la

vida jurídica, hacerlo de otra manera implicaría convalidar

un negocio que nunca existió y conferirle efectos jurídicos

a lo que nunca los tuvo.

En el caso ante nuestra consideración los recurridos

alegaron que los adoptantes jamás trataron como hijo al

adoptado. Este último testimonió que los adoptantes “nunca

cumplieron con sus obligaciones de proveer alimentos,

cuidado, educación, afecto y amor hacia mí [adoptado]”,

según se desprende de la declaración jurada que hiciere el

adoptado. Lo anterior en contravención a lo declarado por

los adoptantes en la vista de adopción donde se obligaron a

tratar al adoptado como hijo biológico y proporcionándole

todo lo necesario para su desarrollo físico y emocional.

Al mismo tiempo, los recurridos declararon que el

adoptado siempre estuvo a cargo de su madre biológica.

Además sostuvieron que luego de convivir un tiempo en un

cuarto de servicio en la casa de los adoptantes se mudaron

definitivamente de dicha residencia cuando el adoptado tenía

seis años de edad. Según alegan, los adoptantes nunca

reclamaron la custodia del adoptado. CC-2007-1131 15

Contrariamente, los peticionarios basan su petición de

certiorari en dos argumentos principales. Primero,

argumentan la caducidad de la acción de impugnación del

decreto de adopción y aducen que los recurridos dejaron

transcurrir el tiempo y que nada hicieron para instar la

acción dentro de los términos establecidos en ley. Por otro

lado, afirman que el Tribunal de Apelaciones debió aplicar

la doctrina de cosa juzgada o determinar que existía

impedimento colateral por sentencia al caso de marras.180

Subrayan, en lo que la Lógica consideraría un argumentum ad

terrorem, que la sentencia del tribunal intermedio atenta

contra la estabilidad de los decretos de adopción y que, de

confirmarla, estaríamos ante el fin de la institución.

Además, distinguen su situación de la que tuvimos ante

nuestra consideración en Martínez Soria v. Ex Parte

Procuradora Especial de Relaciones de Familia, 151 D.P.R. 41

(2000). Aducen que, a diferencia de Martínez Soria, donde

la adoptada esperó cinco meses y una semana luego de advenir

a la mayoridad para impugnar el decreto de adopción, en este

caso se pretende impugnar la adopción luego de transcurridos

doce años a partir de que el adoptado llegara a la mayoría

de edad. De igual manera, afirman que al haberse resuelto

180 Por estar de acuerdo con la discusión de la doctrina de cosa juzgada y de su variante, el impedimento colateral por sentencia, expuesta en la opinión mayoritaria, no abundaremos sobre la misma. Sin embargo, conviene resaltar lo que anteriormente hemos dicho: “[n]o se dará aplicación en forma inflexible a la defensa de cosa juzgada cuando al así hacerlo derrotaría los fines de la justicia, especialmente si hay envueltas consideraciones de orden público”. Pagán v. Hernández, 107 D.P.R. 720 (1978); Millán v. Caribe Motors Corp., 83 D.P.R. 494 (1961); Pérez v. Bauzá, 83 D.P.R. 220 (1961). CC-2007-1131 16

Martínez Soria, ante, por sentencia no vincula a este

Tribunal ni a ninguno de los foros inferiores.181

No obstante lo anterior, nada señalan para controvertir

lo alegado por los recurridos en cuanto a que los adoptantes

nunca trataron como hijo al adoptado. Tampoco desmintieron

que, como cuestión de hecho, el adoptado siempre convivió

con la madre biológica, haciéndose cargo esta última de

proveer el cuidado, sostén económico, moral y emocional del

adoptado.

Las alegaciones de ambas partes parecen indicar que, en

el caso que nos ocupa, nunca se configuró el negocio

jurídico de la adopción. Esto toda vez que la causa del

mismo aparenta no haber existido. Los recurridos arguyeron,

y los peticionarios nada dijeron para controvertirlo, que

los adoptantes no le brindaron al adoptado el calor de un

181 La Opinión Mayoritaria dedica varias páginas a discutir y reseñar la sentencia que emitiéramos en Martínez Soria v. Ex Parte Procuradora de Relaciones de Familia, ante. Como sabemos, las sentencias de este Tribunal no están revestidas de la autoridad del precedente, aunque pueden ayudarnos a ilustrar diferentes posturas sobre una controversia. Por entender que los hechos ante nuestra consideración son diferentes a los de la sentencia invocada, soy del criterio de que no son de aplicación al caso de autos los argumentos esbozados en las Opiniones que acompañaron la Sentencia en Martínez Soria. Allí se trataba de una joven que al advenir a la mayoridad solicitó se impugnara el decreto de adopción mediante el cual el esposo de su madre se había convertido en su padre adoptivo. La joven sostuvo que éste la había adoptado sólo para continuar el patrón de abuso sexual que venía perpetrando desde que ésta tenía trece años. A diferencia de la controversia que tenemos hoy ante esta Curia, la joven vivía con el adoptante y su madre biológica como familia, situación de la cual éste se aprovechó para llevar a cabo sus fechorías. En dicho caso resolvimos que, por las circunstancias particulares del caso, había incidido el Tribunal de Circuito de Apelaciones al desestimar la causa de acción de la joven resolviendo que ésta había caducado. Resolvimos por Sentencia toda vez que lo decidido tuvo distintos fundamentos. Véase Martínez Soria, ante. CC-2007-1131 17

hogar, tampoco lo acogieron como si fuera su hijo biológico,

siendo su madre biológica la única encargada de su cuidado y

manutención.

Más aún, nunca explicaron el porqué de la partida del

adoptado junto a su madre biológica de la residencia que

compartían con los adoptantes. Tampoco argumentaron haberlo

procurado o reclamado su custodia. No existe evidencia en

el expediente de que el adoptado haya convivido con los

adoptantes más allá de los seis años que compartió la

vivienda con éstos.

Los autos del caso dan la impresión de que el negocio

jurídico de la adopción careció de causa. De ser esto así,

la misma fue nula ab initio y por tanto nunca se configuró.

Si bien no podemos avalar que aquello que nunca existió

nazca por el mero transcurso del tiempo, cierto es también

que los méritos de este pleito no se dilucidaron en una

vista evidenciaria. Por lo cual, antes de oponérsele el

término de caducidad dispuesto en ley para la impugnación de

un decreto de adopción procede primero determinar si la

misma existió.

Es importante dejar claro que lo anterior no es una

licencia para atacar indiscriminadamente la validez de los

decretos de adopción. La adopción, cuando configurada, es un

acto de carácter irrevocable que no está a la merced del

arbitrio y del capricho de cualquiera de las partes. Es

norma reiterada que, en nuestro ordenamiento, un decreto de

adopción establece un vínculo jurídico entre el adoptado y

el adoptante que es de igual jerarquía al vínculo biológico CC-2007-1131 18

entre un padre y un hijo. De esta manera, el adoptado que

reniega de sus padres adoptivos o los padres adoptivos que

reniegan del adoptado tienen los mismos remedios disponibles

que un hijo o un padre biológico cuando alguno de éstos no

cumple con sus obligaciones o deberes.

Ahora bien, sí deben considerarse aquellos casos

excepcionales en que, como la situación que tenemos ante

nosotros, la adopción aparentemente careció de causa o

adoleció de otro defecto que haya provocado que ésta sea

nula ab initio. No hacerlo implicaría amparar un estado

civil que no tiene base fáctica que lo sustente. Es por esto

que entiendo necesario que se celebre una vista en los

méritos que arroje luz sobre si se configuró o no el

negocio jurídico de la adopción.

Por los fundamentos antes expuestos devolvería el caso

al tribunal de instancia para que celebrara una vista en los

méritos sobre la existencia de causa en la adopción del

señor Samuel Beníquez Méndez. Una vez celebrada, estará el

tribunal primario en posición de determinar si procede o no

oponérsele a este caso el término de caducidad de dos años

dispuesto por el derogado artículo 613E del Código de

Enjuiciamiento Civil a la adopción del recurrido. Estando en

entredicho la validez del negocio jurídico ante nuestra

consideración se hace innecesario en este momento

pronunciarnos sobre la procedencia de la acción de filiación

contra el alegado padre biológico. De decretarse nula la

adopción el adoptado tendría entonces la oportunidad de CC-2007-1131 19

llevar una acción de filiación durante toda la vida del

alegado padre biológico.

Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada