EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Peticionarios Certiorari
v. 2018 TSPR 17
Unión Independiente Auténtica de 199 ____ Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Recurrida
Número del Caso: CC-2016-797
Fecha: 6 de febrero de 2018
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan
Abogada parte peticionaria:
Lcda. Aslín M. Cabán Mendoza
Abogado parte recurrida:
Lcdo. Arturo Ríos Escribano
Materia: Derecho Apelativo - Jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para atender una orden interlocutoria emitida por la Junta de Relaciones del Trabajo.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionaria
v. Núm. CC-2016-0797
Unión Independiente Auténtica de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez
En San Juan, Puerto Rico, a 6 de febrero de 2018.
En esta ocasión nos corresponde resolver si el
Tribunal de Apelaciones tiene jurisdicción para
atender una orden interlocutoria emitida por la
Junta de Relaciones del Trabajo.
I
El 15 de julio de 2015, el entonces Gobernador
Interino, Dr. David E. Bernier Rivera, emitió la
Orden Ejecutiva (OE-2015-023) para la implementación
de las recomendaciones esbozadas por el grupo
interagencial de reorganización y eficiencia
gubernamental, designado en abril de 2015. Mediante
ésta, entre otras cosas, se creó un esquema uniforme
de regionalización de las oficinas de las agencias
que ofreciesen servicios directos a la ciudadanía CC-2016-0797 2
uniformar sus regiones de servicio, conforme a los
parámetros dispuestos en la referida Orden.
El 29 de octubre de 2015, el Director de Recursos
Humanos y Relaciones Laborales de la Autoridad de Acueductos
y Alcantarillados (AAA), Sr. Alberto Feliciano Nieves, le
envió una comunicación al Sr. Pedro Irene Maymí, Presidente
de la Unión Independiente Auténtica de Empleados de la AAA
(UIA). En ésta, el señor Feliciano Nieves informó que la AAA
estaba desarrollando un proyecto para maximizar los recursos
de la agencia, el cual supondría una reconfiguración del
quehacer típico de las oficinas comerciales y sus empleados.
El día siguiente, 30 de octubre de 2015, la AAA envió
unas comunicaciones a ciertos empleados que laboraban en
diversas Oficinas de Servicios al Cliente de la agencia.
Mediante las misivas, se les informó a estos empleados que,
a partir del 12 de enero de 2016, las instalaciones en que
se desempeñaban serían consolidadas con otras y sus puestos
serían ‘reubicados’.
En respuesta, el 4 de noviembre de 2015, el señor Irene
Maymí dirigió una comunicación al señor Feliciano Nieves en
la que indicó que no se le había notificado oficialmente a
la UIA la restructuración que se estaba llevando a cabo. Por
tanto, objetó las ‘reubicaciones’ de empleados y solicitó
que el asunto se sometiera al proceso de arbitraje dispuesto
en el Artículo XXIV (4) (B) del Convenio Colectivo suscrito CC-2016-0797 3
por las partes.1 Asimismo, solicitó que se mantuviesen en
suspenso las ‘reubicaciones’ hasta tanto se culminara el
proceso de arbitraje.
El 17 de noviembre de 2015, la UIA presentó una
Solicitud para designación o selección de árbitro (querella)
ante el Negociado de Conciliación y Arbitraje del
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico.
En síntesis, adujo que la AAA violó el Convenio Colectivo
“al querer trasladar a los querellantes de forma injusta,
1 El Artículo XXIV (4) (B) del Convenio Colectivo dispone que:
Cuando en interés del servicio la Autoridad necesite trasladar con carácter permanente a un empleado de una municipalidad a otra, notificará el traslado al empleado con copia a la Unión y el empleado y la Unión tendrán siete (7) días laborables a partir de la fecha de la notificación para solicitar la reconsideración del traslado. Transcurrido dicho término sin que ni el empleado ni la Unión hayan hecho uso del derecho de reconsideración, el traslado será efectivo a la fecha que se le hubiere indicado por escrito al empleado. Si la Unión y/o el empleado no estuviera de acuerdo con la decisión de la Autoridad, podrán someter el caso según el procedimiento de arbitraje dentro de los siete (7) días después de tener conocimiento de la decisión de la Autoridad. Dicho traslado quedará en suspenso hasta que se emita una decisión final. Véase Apéndice XXII, en la pág. 157.
Señalamos, además, que el 13 de septiembre de 2014, la AAA y la UIA suscribieron la Estipulación de la Ley Núm. 66. Mediante este acuerdo, ambas partes enmendaron el convenio colectivo, en lo concerniente, para disponer un procedimiento de arbitraje acelerado. El inciso (h) de la sección de Acuerdos no económicos contenida en la Estipulación dispone que “[s]e acuerda establecer un procedimiento de [sic] a través del proceso de arbitraje para atender en un término no mayor de diez días los reclamos relacionados a traslados, cambios de horario y/o cambios de deberes”. Apéndice XXIII, en la pág. 165. CC-2016-0797 4
arbitraria, caprichosa e improcedente, sin brindarle las
garantías más elementales del debido proceso de convenio
colectivo”. Apéndice VII, en la pág. 73. El 24 de noviembre
de 2015, el árbitro designado, Sr. Jorge L. Torres Plaza,
emitió una citación a vista señalada para el 3 de diciembre
de 2015.
En el ínterin, el 30 de noviembre de 2015, la UIA
presentó ante la Junta de Relaciones del Trabajo un cargo en
contra de la AAA. Mediante éste, que fue enmendado el 7 de
diciembre de 2015, la UIA planteó que las ‘reubicaciones’ no
estaban contempladas en el Convenio Colectivo y tampoco
habían sido negociadas con la UIA. Apéndice X, en la pág.
83. Asimismo, arguyó que las ‘reubicaciones’ alteraron los
capítulos de la unión, así interviniendo en la
administración y funcionamiento de ésta. Por tanto,
razonaron que la AAA actuó en contravención al Convenio
Colectivo e incurrió en prácticas ilícitas del trabajo,
conforme lo dispuesto en el Artículo 8 (1) (a) (b) (c) y (f)
de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, Ley Núm.
130 de 8 de mayo de 1945. 29 LPRA secs. 69 (1) (a) (b) (c)
y (f).
Posteriormente, el 3 de diciembre de 2015, ambas partes
comparecieron a la vista señalada en el Negociado de
Conciliación y Arbitraje. Ahora bien, durante los
procedimientos la UIA solicitó el archivo y cierre con
perjuicio de la querella presentada. La AAA se allanó a esta
solicitud. Consecuentemente, el 4 de diciembre de 2015, el CC-2016-0797 5
árbitro emitió una Resolución mediante la cual declaró ha
lugar la referida petición. Así las cosas, continuaron los
procedimientos ante la Junta de Relaciones del Trabajo.
El 23 de diciembre de 2015, la UIA presentó ante la
Junta una Urgente solicitud de intervención y auxilio de
jurisdicción. Mediante ésta, solicitó que se paralizaran los
traslados de los empleados y el cierre de las instalaciones
que serían consolidadas, hasta tanto se culminara el proceso
adjudicativo. Asimismo, señaló que -pendiente el trámite- la
AAA informó a ciertos empleados que serían ‘reubicados’ y
que éstos podrían apelar la determinación ante la Oficina de
Apelaciones de la AAA; ello contrario al proceso de arbitraje
aplicable que se estipuló en el Artículo XXIV (4) (b) del
Convenio Colectivo.2
Oportunamente, el 7 de enero de 2015, la AAA presentó
su posición respecto a la controversia. En lo que nos
concierne, planteó que la Junta no tenía jurisdicción para
disponer del cargo presentado por la UIA. Razonó que,
conforme al Artículo IX (A) del Convenio Colectivo, ambas
partes tenía que agotar los remedios administrativos antes
de acudir a la Junta.3 Así, en consideración a que la UIA
2 El 14 de enero de 2016, la AAA presentó una Moción Informativa mediante la cual informó que notificó nuevamente -el 13 de enero de 2016- las referidas comunicaciones, eliminando la referencia a la posibilidad de apelar la determinación ante la Oficina de Apelaciones de la AAA. En vez, la AAA hizo constar que la UIA presentó una querella ante el Negociado de Conciliación y Arbitraje y que ésta fue “desestimada con perjuicio” mediante la Resolución del 4 de diciembre de 2015. Véase Apéndice XXI, en las págs. 143-151. 3 En la Sección (A) (1) del Artículo IX (A) del Convenio
colectivo dispone que una querella “significa toda CC-2016-0797 6
presentó una querella ante el Negociado de Conciliación y
Arbitraje, y ya que decidió desistir con perjuicio de la
misma, correspondía el cierre y archivo del referido cargo.
El 8 de enero de 2016, la Junta emitió una Resolución.
En lo pertinente, ordenó la paralización de cualquier
trámite de personal hasta que se esclareciera cuál era el
foro convenido a utilizarse para dirimir la controversia y
determinó que se continuaría el trámite de investigación
correspondiente. Inconforme, el 12 de enero de 2016, la AAA
presentó una moción de reconsideración en la que reiteró sus
argumentos respecto a la falta de jurisdicción de la Junta
para disponer del cargo y que la controversia sobre la
‘reubicación’ del personal fue debidamente adjudicada por el
Negociado de Conciliación y Arbitraje, por lo que constituía
cosa juzgada. Asimismo, reiteró que las ‘reubicaciones’ eran
una prerrogativa gerencial realizada en cumplimiento con la
Orden Ejecutiva (OE-2015-023) y reconocida por el Convenio
Colectivo. Por último, resaltó que la orden de paralización
era un “ejercicio de futilidad”, puesto que ya se habían
cerrado las instalaciones en las que trabajaban los
empleados querellantes.
controversia o disputa entre la Unión y la AAA, en torno a reclamaciones de los trabajadores cubiertos por este convenio, que surjan en la administración, interpretación o aplicación del mismo”. Apéndice XXV, en la pág. 187. Asimismo, establece que éstas serán presentadas y resueltas a tenor con el procedimiento administrativo ahí dispuesto. Cabe señalar que, el inciso (C) de este Artículo establece que la AAA o la UIA “podrán solicitar la intervención de un árbitro del Negociado de Conciliación y Arbitraje para resolver la querella”. Id. en la pág. 189. CC-2016-0797 7
El 29 de enero de 2016, mediante Resolución, la Junta
denegó la moción de reconsideración presentada por la AAA.
En lo pertinente, entendió que poseía jurisdicción para
atender el cargo y consideró que, en la etapa en que se
encontraban los procedimientos, la desestimación sería
prematura. Es por ello que refirió el expediente a la
División Legal del Departamento del Trabajo para que, en un
término de quince (15) días, acudiera al Tribunal de Primera
Instancia con tal de hacer cumplir la Resolución emitida por
la Junta el 8 de enero de 2016.
Consecuentemente, el 17 de febrero de 2016, la AAA
acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de
revisión judicial en el que reiteró los planteamientos
esgrimidos sobre la falta de jurisdicción de la Junta para
atender la controversia. El 6 de junio de 2016, el foro
apelativo intermedio notificó una Resolución mediante la
cual desestimó el recurso presentado. Éste concluyó que la
Resolución recurrida era de carácter interlocutoria, por lo
que no podían examinar la controversia.
Para así concluir, el foro apelativo intermedio razonó
que la orden de paralización de los trámites de personal
decretada por la Junta, el 8 de enero de 2016, era “un
mecanismo procesal provisional que no adjudica derecho
alguno y, más bien, es una medida previa a la adjudicación
de éstos. Más aún, si todavía no existe un foro que pueda
entender y resolver las controversias entre las partes, ¿Qué
es lo que este tribunal debe revisar?” Apéndice I, en las CC-2016-0797 8
págs. 14-15. Añadió que los derechos de las partes
continuaban en incertidumbre, por lo que se tenía que agotar
el trámite administrativo. Señaló, además, que la Resolución
del árbitro sólo incluía un resumen del tracto procesal del
caso, por lo que estaba desprovista de determinaciones de
hechos y conclusiones de derecho según lo requiere la Ley de
procedimiento administrativo uniforme. Por último, planteó
que, culminado el proceso, las partes adversamente afectadas
podrán recurrir en alzada a presentar aquellos
planteamientos que estimen pertinentes.
Inconforme, la AAA presentó una moción de
reconsideración el 21 de junio de 2016. No obstante, el
Tribunal de Apelaciones la denegó mediante una Resolución
notificada el 15 de julio de 2016. Así, pues, la AAA presentó
un recurso de certiorari ante este Tribunal. En éste, sólo
planteó un señalamiento de error, a saber:
Erró el Tribunal de Apelaciones al desestimar el Recurso de “Revisión de decisión administrativa” presentado por la Autoridad y concluir que no posee jurisdicción para atender una controversia de falta de jurisdicción de la Junta de Relaciones del Trabajo.
Tras ciertos trámites procesales, el 16 de diciembre de
2016, emitimos una Resolución mediante la cual expedimos el
auto solicitado. Concedido un término a las partes para que
se expresaran en torno a la controversia, éstos
comparecieron oportunamente mediante alegatos. Con el
beneficio de estas comparecencias, procedemos a resolver. CC-2016-0797 9
II
A
La Asamblea Legislativa dispuso en la Ley de Relaciones
del Trabajo (Ley Núm. 130) que la negociación colectiva
constituiría un elemento esencial para salvaguardar la paz
industrial, garantizar salarios adecuados y promover
condiciones seguras para los trabajadores puertorriqueños.
Para alcanzar estas metas, se dispuso en el Artículo 4 que
a éstos se les garantizará el derecho a “organizarse entre
sí; a constituir, afiliarse o ayudar a organizaciones
obreras; negociar colectivamente a través de representantes
por ellos seleccionados; y dedicarse a actividades
concertadas con el propósito de negociar colectivamente u
otro fin de ayuda o protección mutua”. 29 LPRA sec. 65.
Cabe destacar que, en reconocimiento de la importancia
de la política pública, derechos y principios consagrados en
la Ley Núm. 130, la Convención Constituyente decidió
conferirle carácter constitucional al derecho a mejorar las
condiciones de empleo mediante la negociación colectiva.
Véase C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299, 315-318 (2011); U.P.R.
v. Asoc. Pur. Profs. Universitarios, 136 DPR 335, 362 (1994).
Así, aunque en ocasiones aparenta ignorarse, la Sección 17
de la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre
Asociado establece que:
Los trabajadores de empresas, negocios y patronos privados y de agencias o instrumentalidades del gobierno que funcionen como empresas o negocios privados tendrán el derecho a organizarse y a negociar colectivamente con sus patronos por mediación CC-2016-0797 10
de representantes de su propia selección para promover su bienestar. Const. P.R. Art. II, Sec. 17.
Idealmente, el proceso de negociación colectiva resulta
en la confluencia de voluntades de las uniones, los empleados
individuales y los patronos. Véase Paul Weiler, Striking New
Balance: Freedom of Contract and the Prospects for Union
representation, 98 HARV. L. REV. 351 (1984). Así, en
ocasiones, se logra elaborar un convenio colectivo que
constituye un “acuerdo por escrito efectuado entre una
organización obrera y un patrono, en el cual se especifican
los términos y condiciones de empleo para los trabajadores
cubiertos por el contrato, el estatus de la organización
obrera y el procedimiento para resolver disputas que se
susciten durante la vigencia del mismo”. Cardona Caraballo
v. A.C.T., 2016 TSPR 242, en la pág. 4, 196 DPR ___ (2016).
Sin duda, según hemos reconocido, “[l]a otorgación y firma
de un convenio colectivo representa el triunfo del poder de
la negociación sobre la fuerza, de la cordura y la razón
sobre la temeridad y la violencia, y de la necesidad que
todos tenemos de vivir en armonía los unos con los otros”.
U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., 116 DPR 348, 352
(1985). Véase, además, Hietel v. P.R.T.C., 182 DPR 451, 457
(2011).
En consideración a lo anterior, los convenios
colectivos no deben ser catalogados como meros contratos que
consagran derechos individuales, “sino que se deben
considerar instrumentos que crean relaciones e intereses a CC-2016-0797 11
la luz de la política pública laboral estatal”. C.O.P.R.,
181 DPR en la pág. 320. En fin, éstos se encuentran
revestidos de alto interés público e, incluso, promueven la
política laboral del Gobierno. Véase J.R.T. v. Junta Adm.
Muelles, 122 DPR en la pág. 330; P.R. Telephone v. Junta
Relaciones Trabajo, 86 DPR 382 (1962).
B
Cónsono con los principios de política pública antes
esbozados, hemos reconocido que en nuestra jurisdicción se
favorece la utilización del arbitraje para resolver disputas
de carácter obrero-patronal. Véase C.F.S.E. v. Unión de
Médicos, 170 DPR 443, 449 (2009); U.G.T. v. Corp. Difusión
Pub., 168 DPR 674, 682 (2006). Ello, pues el arbitraje
constituye un trámite rápido, cómodo, menos costoso y
técnico para resolver controversias. Véase Pagán Rodríguez
v. Hosp. Dr. Pila, 114 DPR 224, 231 (1983). Así, este proceso
resulta en el método idóneo para resolver aquellas disputas
que surgen de la aplicación e interpretación de los convenios
colectivos y, por consiguiente, es un vehículo adecuado para
promulgar la paz industrial. Véase Martínez Rodríguez v.
A.E.E., 133 DPR 986, 995 (1993); F.S.E. v. J.R.T., 111 DPR
505, 516 (1981); Pérez v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 87
DPR 118, 127 (1963).
Es importante puntualizar que “un acuerdo en un
convenio colectivo para utilizar el arbitraje como mecanismo
de ajuste de controversias crea un foro sustituto a los
tribunales de justicia”. Condado Plaza v. Asoc. Emp. Casinos CC-2016-0797 12
P.R., 149 DPR 347, 352 (1999); Hietel v. P.R.T.C., 182 DPR
451, 456 (2011). De esta forma, los laudos de arbitraje
“ocupa[n] una posición muy similar a la de una sentencia o
decreto judicial”. Ríos v. Puerto Rico Cement Corp., 66 DPR
470, 477 (1946). Ciertamente, la interpretación de los
laudos producto de este proceso merecerán gran deferencia.
Véase Aut. Puertos v. H.E.O., 186 DPR 417, 424 (2012); Depto.
Educ. v. Díaz Maldonado, 183 DPR 315, 325 (2011).
C
De otra parte, se debe tener presente que al igual que
los contratos ordinarios, las disposiciones sobre la
interpretación contractual contenidas en el Código civil de
Puerto Rico aplican a los convenios colectivos. Véase
Hietel, 182 DPR en la pág. 458; C.F.S.E. v. Unión de Médicos,
170 DPR en la pág. 450. Sin duda, estos acuerdos constituyen
la ley entre las partes suscribientes; siempre que no
contravengan las leyes, la moral y el orden público. Véase
Vélez v. Serv. Legales de P.R., Inc., 144 DPR 673, 682
(1998); J.R.T. v. Junta Adm. Muelles, 122 DPR en la pág.
333. De esta forma se “fomenta un mayor sentido de
responsabilidad en las partes contratantes, lo que a su vez
propicia la paz industrial”. Pérez v. Autoridad, 87 DPR en
la pág. 124.
Por ende, tanto el patrono como la unión y los empleados
individuales están obligados a cumplir rigurosamente con lo
que ahí estipularon. Véase Cardona Caraballo, 2016 TSPR en CC-2016-0797 13
la pág. 4; Hermandad Unión de Empleados v. F.S.E., 112 DPR
51, 53 (1982).
Sin duda, el arbitraje es un asunto inherentemente
contractual, por lo que los principios de interpretación
antes esbozados aplican en aquellas instancias en las que en
un convenio colectivo se dispone como método alterno de
solución de disputas. A esos efectos, hemos reconocido que
“cuando ambas partes, al firmar el convenio colectivo, se
comprometen a someter al procedimiento de arbitraje
cualquier queja y agravio que surja entre ellas, tal cláusula
las obliga por igual”. C.O.P.R v. S.P.U., 181 DPR en la pág.
321; Pérez v. Autoridad, 87 DPR en la pág. 124; Rivera Adorno
v. Autoridad de Tierras, 83 DPR 258 (1961). Ello, pues, “ni
el patrono ni los obreros pueden pretender beneficiarse de
ciertas cláusulas del convenio colectivo y rechazar otras.
El convenio es un contrato y vincula a ambas partes por
igual”. San Juan Mercantile Corp. v. J.R.T., 104 DPR 86, 89
(1975).
III
Por otro lado, mediante la Ley Núm. 130 se creó la Junta
de Relaciones del Trabajo. Este organismo, cuasi-judicial,
tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de los
propósitos consagrados en la Ley y de evitar que cualquier
persona incurra en prácticas ilícitas del trabajo. Véase
U.T.I.E.R. v. J.R.T., 99 DPR 512, 525 (1970).4
4 En general, la Ley Núm. 130 persigue: CC-2016-0797 14
Según lo dispuesto en la Ley Núm. 130, la Junta de
Relaciones del Trabajo tiene la facultad exclusiva para
prevenir y remediar las prácticas ilícitas del trabajo.
Véase 29 LPRA sec. 68 (a); Puerto Rico Telephone Co. v. Unión
Independiente de Empleados Telefónicos, 131 DPR 171, 188
(1992). Ello, “como medio efectivo para promover la política
pública en el campo de las relaciones obrero-patronales, que
se manifiesta predominantemente en el deseo de mantener la
paz industrial asegurando así el libre curso de la producción
y el comercio”. J.R.T. v. A.M.A., 91 DPR 500, 512-513
(1964).5
Con relación a lo anterior, es importante recordar que
la jurisdicción es el poder o autoridad que ostenta un
tribunal u organismo administrativo para considerar las
controversias presentadas ante su consideración. Véase
Peerless Oil v. Hermanos Pérez, 186 DPR 239, 249
desarrollar la producción del país hasta el máximo; distribuir esa producción tan equitativamente cuando sea posible; desarrollar la práctica de la negociación colectiva obrero- patronal; lograr la paz industrial, salarios adecuados y la producción ininterrumpida de artículos y servicios; la fijación de los términos y condiciones de empleo a través de la negociación colectiva; eliminar en lo posible las disputas obreras fomentando la negociación colectiva y estableciendo un tribunal adecuado (la Junta de Relaciones del Trabajo) que implemente esta política pública; se declara que los convenios colectivos están revestidos de interés público. U.T.I.E.R. v. J.R.T., 99 DPR 512, 525 (1970).
5 Véase, por ejemplo, Plan de Salud U.I.A. v. A.A.A., 169 DPR 603, 609 (2006) (Sentencia) (El legislador estimó que sólo un organismo especializado y diseñado exclusivamente para ese propósito, como es la Junta, podría dar plena eficacia a los derechos de organización y negociación colectiva). CC-2016-0797 15
(2012); S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675,
682 (2011); Asoc. Punta Las Marías v. A.R.P.E., 170 DPR 253,
263 esc. 3 (2007). A esos efectos, “[l]os organismos
administrativos, así como los foros judiciales, no tienen
discreción para asumir jurisdicción donde no la hay”.
D.A.C.O. v. A.F.S.C.M.E., 185 DPR 1, 12 (2012); A.S.G. v.
Mun. San Juan, 168 DPR 337, 343 (2006); Roberts v. U.S.O.
Council of P.R., 145 DPR 58 (1998).
Por lo tanto, estas entidades sólo “pueden ejercer los
poderes que su ley habilitadora expresamente les ha otorgado
y aquellos que sean indispensables para llevar a cabo su
encomienda primordial”. D.A.C.O., 185 DPR en la pág. 12.
Claro está, de la agencia actuar al margen de sus facultades,
“aquella actuación administrativa que no obedezca el poder
que se le confirió mediante legislación, debe ser catalogada
como ultra vires”. D.A.C.O., 185 DPR en la pág. 13; Caribe
Comms., Inc. v. P.R.T.C., 157 DPR 203 (2002).
Por último, en lo pertinente, el Artículo 8 de la Ley
Núm. 130 establece cuáles son aquellas prácticas laborales
que serán consideradas ilícitas. Particularmente, el inciso
(1) (f) dispone que incurrirá en una práctica ilícita un
patrono, actuando individualmente o concertadamente con
otros, que “[v]iole los términos de un convenio colectivo,
incluyendo un acuerdo en el que se comprometa a aceptar un
laudo de arbitraje, esté o no dicho acuerdo incluido en los
términos de un convenio colectivo”. 29 LPRA sec. 69 (1) (f).
Véase, además, J.R.T. v. A.M.A., 91 DPR 500, 511 (1964). CC-2016-0797 16
Según comentamos, la Junta de Relaciones del Trabajo
tiene -por virtud de ley- la jurisdicción exclusiva para
atender lo relativo a las prácticas ilícitas del trabajo. A
su vez, la Ley Núm. 130 permite que las partes pacten en un
convenio colectivo los procesos que estimen pertinentes para
la disposición de quejas y agravios. Mediante éstos, las
partes podrían optar por resolver controversias que estarían
bajo la jurisdicción exclusiva de la Junta. Esta situación,
ciertamente, aparenta albergar una patente contradicción.
Ahora bien, al matizar los principios aplicables a este
contexto particular, podemos esclarecer esta compleja
dinámica.
En primer lugar, es imprescindible destacar que el
Artículo 7 (a) de la Ley Núm. 103 dispone que la jurisdicción
de la Junta de Relaciones del Trabajo no se afectará por
algún otro medio de ajuste o prevención.6 Por lo tanto, queda
6En particular, este artículo dispone que “[l]a Junta tendrá facultad, según se dispone en la sec. 70 de este título, para evitar que cualquier persona se dedique a cualesquiera de las prácticas ilícitas de trabajo que se enumeran en la sec. 69 de este título. Esta facultad será exclusiva y no la afectará ningún otro medio de ajuste o prevención”. 29 LPRA sec. 68 (a).
Por otro lado, señalamos que la Sección 10 (a) del National Labor Relations Act (NLRA) -respecto al National Labor Relations Board (NLRB)- dispone, en lo pertinente, esencialmente lo mismo. En particular, ésta establece que:
The Board is empowered, as hereinafter provided, to prevent any person from engaging in any unfair labor practice (listed in section 8 [section 158 of this title]) affecting CC-2016-0797 17
de manifiesto que la propia Ley establece -sin ambages- que
la Junta retiene su jurisdicción exclusiva para atender
situaciones de prácticas ilícitas del trabajo,
independientemente de que exista un proceso para la
disposición de quejas y agravios pactado en un convenio
colectivo. Destacamos, además, que la Junta ha aplicado este
razonamiento de la misma forma. Véase, por ejemplo,
Autoridad Metropolitana de Autobuses -y- Mark Concepción
Jiménez, Dec. Sec. Trabajo Núm. 2003-1362 del 18 de julio de
2003.7
Ahora bien, ello no supone que los procesos pactados
por las partes pierdan su validez o efectividad. A esos
efectos, impera un delicado balance de intereses entre los
propósitos tras el andamiaje administrativo creado en virtud
de la Ley Núm. 130 y aquellas consideraciones de la política
pública a favor de la negociación colectiva y los procesos
commerce. This power shall not be affected by any other means of adjustment or prevention that has been or may be established by agreement, law, or otherwise [. . .] 29 USC sec. 160 (a) (énfasis suplido). 7 En ocasiones anteriores hemos expresado que “podemos recurrir a las disposiciones de dicha ley [NLRA], a las decisiones de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo y a la jurisprudencia federal interpretativa de dichas disposiciones como fuente persuasiva en la interpretación de nuestra ley”. Puerto Rico Telephone Co., 131 DPR en la nota 7. Consideramos que no existe razón alguna para no aplicar el mismo razonamiento con relación a las determinaciones emitidas por la Junta de Relaciones del Trabajo. Ello, pues, hemos reconocido conferirle gran deferencia a las determinaciones de la Junta ya que es el “organismo al cual nuestro ordenamiento ha encomendado la implantación de la política pública enmarcada por la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico”. Martínez Rodríguez v. A.E.E., 133 DPR en la pág. 996. CC-2016-0797 18
de arbitraje. Como resultado, la Junta de Relaciones del
Trabajo -sin renunciar a su jurisdicción- ha optado por
conferir cierta deferencia a los procesos pactados por las
partes y las determinaciones que resulten de éstos. Esta
deferencia se manifiesta de distintas formas dependiendo de
la etapa en que se encuentren los procedimientos, a saber:
en la etapa pre-arbitraje o post-arbitraje.
A esos efectos, en la etapa pre-arbitraje, la
deferencia que confiere la Junta de Relaciones del Trabajo
se concreta mediante la doctrina de agotamiento de remedios
contractuales. En esencia, esta doctrina establece que
“antes de llevar un cargo ante la Junta, las partes deben
agotar los remedios dispuestos en el Convenio Colectivo para
resolver la controversia en cuestión. De lo contrario la
Junta rehusará asumir jurisdicción, a menos que el
agotamiento resulte ser un gesto fútil y vacío, irreal o
imposible, o que la Unión falte a su deber de una justa
representación”. Martínez Rodríguez v. A.E.E., 133 DPR 986,
994 (1993) (énfasis suplido); véase Puerto Rico Telephone
Co., 131 DPR en la pág. 195; Vega Colón v. Corp. Azucarera
de P.R., 123 D.P.R. 859, 863 (1989); Hermandad Unión de
Empleados v. F.S.E., 112 DPR en la pág. 55; J.R.T. v.
A.C.A.A., 107 DPR 84, 90 (1978).8 Reiteramos, la aplicación
de esta doctrina no implica que la Junta renuncia a su
8 Cabe destacar que, en la jurisdicción federal, existe una doctrina análoga respecto a los procesos ante el NLRB. Véase William J. Isaacson, William C. Zifchak, Agency Deferral to Private Arbitration of Employment Disputes, 73 Colum. L. Rev. 1383 (1973). CC-2016-0797 19
jurisdicción exclusiva. Tal controversia ha sido examinada
por la propia Junta y ha reiterado este razonamiento. Véase,
por ejemplo, Puerto Rico Telephone Company -y- Juan A. Albino
Serrano, Dec. Sec. Trabajo Núm. 2006-1408 del 3 de abril de
2006; Unión de Tronquistas, Local 901 -e- Internacional
Hotel Corp., Dec. Sec. Trabajo Núm. 1962-263 del 16 de marzo
de 1962; Puerto Rico Stampling Co., Inc. -y- Unión de
Trabajadores de la Industrias de la Estufa, Dec. Sec. Trabajo
Núm. 1960-219 del 16 de mayo de 1960, en las págs. 1077-
1078.9
En la etapa post-arbitraje, la situación es un tanto
similar. Ello, pues, independientemente de que exista una
determinación que haya dispuesto de una controversia sobre
una práctica ilícita del trabajo, la Junta de Relaciones del
Trabajo no pierde jurisdicción para atender el asunto. Tan
reciente como en el año 2015, la Junta atendió esta
interrogante y resolvió de conformidad con lo aquí
dispuesto. Véase, por ejemplo, Autoridad de Puertos -y- Juan
I. Lacén Cirino, Dec. Sec. Trabajo Núm. 2015-1472 del 24 de
marzo de 2015, en las págs. 18-19; A.A.A. -y- Hermandad
Independiente de Empleados Profesionales de la A.A.A., Dec.
Sec. Trabajo Núm. 2005-1399 del 24 de junio de 2005. Por
otro lado, puntualizamos que a igual conclusión ha llegado
9 La Corte Suprema de Estados Unidos, interpretando el NLRA, ha dispuesto lo mismo. Véase N.L.R.B. v. Plasterers' Local Union No. 79, Operative Plasterers' & Cement Masons' Int'l Ass'n, AFL-CIO, 404 U.S. 116, 136 (1971); N.L.R.B. v. Strong, 393 US 357, 360 (1969); N.L.R.B. v. ACME Industrial Co., 385 US 432, 437 (1967). CC-2016-0797 20
el National Labor Relations Board (NLRB) en la jurisdicción
federal. Véase Spielberg Mfg. Co., 112 NLRB No. 1080, 1090
(1955) (“It is quite clear that as a matter of law the Board
is not bound by the arbitration award and the implied
agreement of the discriminatees to comply therewith.”).
Véase, además, Jonathan Reiner, Preserving Workers’
Statutory Rights: An Analysis of the NLRB General Counsel’s
Proposed Post-Arbitration Deferral Policy, 28 ABA J. L. & EMP.
L. 145, 146 (2012). Por consiguiente, en esta etapa la Junta
tiene la facultad de determinar qué deferencia, si alguna,
le confiere a ese dictamen.10
10Nos parece adecuado reseñar que el NLRB, con tal de crear un balance entre la importancia de la negociación colectiva y de evitar las prácticas ilícitas del trabajo, resolvió en el año 1955 Spielberg Mfg. Co., supra, caso en el que se adoptó por primera vez un estándar de deferencia a las determinaciones de un proceso para la disposición de quejas y agravios contenido en un convenio colectivo. No obstante, esta doctrina fue alterada posteriormente por varios dictámenes incluyendo, principalmente, Olin Corp., 268 NLRB 573 (1984). Ahora bien, el estándar establecido por estos casos fue criticado fuertemente y para el año 2011 el Principal Asesor Legal del NLRB presentó una propuesta para adoptar un nuevo estándar de deferencia a seguir. Eventualmente, en Babcok & Wilcox Construction Co., la NLRB acogió el estándar propuesto. Véase Michael Lotito, Missy Parry, Meredith McDonald, Recent Developments in Employment Law and Litigation, 52 Tort Trial & Ins. Prac. L.J. 341, 363 (2017).
Por último destacamos, a manera de ejemplo, que el estándar de deferencia adoptado en Babcok & Wilson requiere que el NLRB sopese los siguientes factores: (1) el proceso de arbitraje sea regular, justo y las partes hayan accedido al mismo; (2) la parte que solicita la deferencia al dictamen tiene que probar que el árbitro estaba explícitamente autorizado a decidir la controversia de práctica ilícita; (3) el árbitro tuvo ante sí y consideró la controversia estatutaria o no pudo así hacerlo por razones atribuibles a la parte que se opone a que se le conceda deferencia a la determinación, y (4) la determinación está en razonable CC-2016-0797 21
Por otro lado, en este caso, es en extremo relevante
repasar la doctrina de agotamiento de remedios
administrativos. Esta modalidad de la doctrina requiere que
aquella parte que desee obtener un remedio en una agencia,
utilice todas las vías administrativas disponibles antes de
recurrir ante el foro revisor o judicial. Véase S.L.G. Flores
Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843 (2008); Guzmán y otros v.
E.L.A., 156 DPR 693 (2002). Por lo tanto, “[e]l propósito de
la doctrina es determinar la etapa en la cual el litigante
puede recurrir a los tribunales, evitando así una
intervención judicial innecesaria y a destiempo que
interfiera con el cauce y desenlace normal del proceso
administrativo”. Procuradora Paciente v. M.C.S., 163 DPR 21,
35 (2004). Ahora bien, previo a aplicar esta doctrina, es
necesario precisar si la determinación a ser revisada es -
en efecto- revisable.
En términos generales, el Artículo 4.006 de la Ley de
la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de
2003, Ley Núm. 22 de agosto de 2003, según enmendada, dispone
que el Tribunal de Apelaciones tiene competencia para
revisar, mediante un recurso de revisión judicial, “las
decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos o
agencias administrativas”. 4 LPRA sec. 24u. Por otro lado,
cónsono con este principio, en A.R.P.E. v. Coordinadora, 165
concordancia con el NLRA. Véase Babcok & Wilcox Construction Co., Inc., 361 NLRB No. 132 (2014). CC-2016-0797 22
DPR 850, 867 (2005), y luego en Depto. Educ. v. Sindicato
Puertorriqueño, 168 DPR 527, 543 (2006), este Tribunal
dispuso que la Ley Núm. 130 limita la revisión judicial de
las decisiones que emite la Junta de Relaciones del Trabajo
a decisiones finales sobre prácticas ilícitas del trabajo.
Nótese, además, que la Ley de la judicatura dispone que
el procedimiento de revisión judicial se llevará a cabo
conforme a las disposiciones de la Ley de procedimiento
administrativo uniforme, Ley Núm. 12 de agosto de 1988, según
enmendada (LPAU). Esta última, establece que el proceso de
revisión judicial es aplicable a “aquellas órdenes,
resoluciones y providencias adjudicativas finales dictadas
por agencias o funcionarios administrativos que serán
revisadas por el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de
revisión”. 3 LPRA sec. 2171. En consideración a lo anterior,
hemos colegido que los dos (2) requisitos a cumplirse para
que el Tribunal de Apelaciones pueda atender un recurso de
revisión judicial son que: “(i) la parte adversamente
afectada por la orden o resolución haya agotado los remedios
provistos por la agencia y (ii) que la orden o resolución
sea final, y no interlocutoria”. A.R.P.E. v. Coordinadora,
165 DPR 850, 867 (2005).
Aunque la LPAU no provee una definición puntual para lo
que constituye ‘orden, resolución o providencias
adjudicativas finales’ -contrario a lo que ocurre con otros
términos-, sí se provee una descripción de lo que debe CC-2016-0797 23
contener este tipo de dictamen.11 A saber, incluir y exponer
de forma separada “determinaciones de hecho si éstas no se
han renunciado, conclusiones de derecho, que fundamentan la
adjudicación, la disponibilidad del recurso de
reconsideración o revisión según sea el caso. La orden o
resolución deberá ser firmada por el jefe de la agencia o
por cualquier otro funcionario autorizado por ley”. 3 LPRA
sec. 2164. Asimismo, se dispone que se tiene que advertir
sobre el derecho a solicitar la reconsideración -y el término
para así hacerlo- ante la agencia o para instar el recurso
de revisión judicial correspondiente, así como las partes a
ser notificadas del recurso de revisión. Id. Por último,
cabe destacar que este Tribunal ha particularizado que el
dictamen final es aquel “que pone fin a todas las
controversias dilucidadas ante la agencia y cuyo efecto es
sustancial sobre las partes”. A.R.P.E. v. Coordinadora, 165
DPR en la pág. 867.
Ahora bien, este Tribunal reconoció que la doctrina de
agotamiento de remedios administrativos no es de aplicación
inflexible, por lo que tiene excepciones. Véase, por
11 Conforme a la LPAU una orden o resolución “[s]ignifica cualquier decisión o acción agencial de aplicación particular que adjudique derechos u obligaciones de una (1) o más personas específicas, o que imponga penalidades o sanciones administrativas excluyendo órdenes ejecutivas emitidas por el Gobernador”. 3 LPRA sec. 2102 (f). Por otro lado, una orden o resolución parcial “[s]ignifica la acción agencial que adjudique un procedimiento adjudicativo que disponga de algún asunto meramente procesal”. 3 LPRA 2102 (g). Finalmente, una orden interlocutoria “[s]ignifica aquella acción de la agencia en un procedimiento adjudicativo que disponga de algún asunto meramente procesal”. 3 LPRA sec. 2102 (h). CC-2016-0797 24
ejemplo, Viuda De Iturregui v. E.L.A., 99 DPR 448 (1970).
Incluso, la propia LPAU contiene en la Sección 4.3 una
disposición a esos efectos; ésta reza como sigue:
El tribunal podrá relevar a un peticionario de tener que agotar alguno o todos los remedios administrativos provistos en el caso de que dicho remedio sea inadecuado, o cuando el requerir su agotamiento resultare en un daño irreparable al promovente y en el balance de intereses no se justifica agotar dichos remedios, o cuando se alegue la violación sustancial de derechos constitucionales, o cuando sea inútil agotar los remedios administrativos por la dilación excesiva en los procedimientos, o cuando sea un caso claro de falta de jurisdicción de la agencia, o cuando sea un asunto estrictamente de derecho y es innecesaria la pericia administrativa. 3 LPRA sec. 2173.
No obstante, en consideración a las alegaciones
realizadas en este caso, nos corresponde enfocarnos en sólo
una (1) de las circunstancias excepcionales; a saber, si es
posible revisar una orden interlocutoria en instancias donde
un foro administrativo la emitió sin jurisdicción.
En J. Exam. Tec. Med. v. Elías, et al., determinamos
que no era necesario que una parte agotara el trámite
administrativo “cuando la agencia claramente no tiene
jurisdicción y la posposición conlleva un daño irreparable
al afectado”. J. Exam. Tec. Med. v. Elías, et al., 144 DPR
483, 491 (1997). Ello, pues, según comentamos anteriormente,
la actuación de una agencia que no tiene jurisdicción es
ultra vires.12
12La aplicación de esta excepción fue igualmente reconocida en el contexto de un litigio presentado al amparo de la Ley sumaria de reclamaciones laborales, Ley Núm. 2 de 17 de CC-2016-0797 25
Así pues, de nuestra determinación quedó de manifiesto
que para que se active la excepción tiene que surgir
“claramente que la agencia no tiene jurisdicción”. Id. Ello
fue reiterado posteriormente en Procuradora Paciente, 163
DPR en la pág. 21. Asimismo, en Comisionado Seguros v.
Universal, 167 DPR 21 (2006), donde aprovechamos la
oportunidad para puntualizar que “[s]ólo en aquellos casos
en los que la agencia administrativa carece realmente de
jurisdicción, el proceso administrativo se convierte en
final por no quedar asuntos o controversias pendientes de
dilucidar por la agencia; sólo entonces sería revisable por
el Tribunal de Apelaciones”. Comisionado Seguros v.
Universal, 167 DPR 21, 31 (2006).
IV
Desde el mes de octubre de 2015 la AAA efectuó una
‘reubicación’ de varios empleados que se desempeñaban en
diferentes centros de servicio al cliente de la agencia.
Luego de que la UIA objetara las ‘reubicaciones’ ante la
AAA, sin que ésta última dejara sin efecto las mismas, el 17
de noviembre de 2015 solicitó al Negociado de Conciliación
y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
la designación de un árbitro. Mediante esta solicitud, la
UIA planteó que la AAA realizó los traslados
arbitrariamente, en contravención al Convenio Colectivo.
octubre de 1961. Véase Dávila Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483 (1999). CC-2016-0797 26
Tras la designación de un árbitro, se calendarizó una vista
para el 3 de diciembre de 2015.
Ahora bien, el 30 de noviembre de 2015, la UIA presentó
un cargo ante la Junta de Relaciones del Trabajo. En ésta
planteó que la AAA realizó ‘reubicaciones’ no contempladas
en el Convenio Colectivo y que tampoco fueron negociadas con
la UIA. Además, razonó que estas ‘reubicaciones’ eran una
práctica ilícita del trabajo, pues constituían una
intervención en la composición y, por ende, la
administración de la unión.
Posteriormente, el 3 de diciembre de 2015 -durante la
vista de arbitraje-, la UIA solicitó el archivo y cierre con
perjuicio de la controversia. Tal petición fue aceptada por
la AAA y acogida por el árbitro designado. A esos efectos,
el 4 de diciembre de 2015, el árbitro emitió una Resolución
en la que se ordenó el cierre y archivo con perjuicio del
caso. Tras la continuación de los procedimientos ante la
Junta, la AAA planteó que la Junta no tenía jurisdicción
para disponer del cargo, pues la controversia se había
llevado ante el proceso de arbitraje, conforme lo dispone el
convenio colectivo, y se había archivado con perjuicio. No
obstante, la Junta, mediante una orden, entre otras cosas,
resolvió que tenía jurisdicción para atender el cargo
presentado por la Unión.
Consideramos que el punto medular de la controversia
entre las partes es si las ‘reubicaciones’ se hicieron en
contravención al Convenio Colectivo. Según discutimos, la CC-2016-0797 27
Ley Núm. 130 dispone que constituirá una práctica ilícita
del trabajo la violación de los términos de un convenio
colectivo. 29 LPRA sec. 69 (1) (f). Por lo tanto, al margen
de los demás planteamientos que realizó la UIA ante la Junta
de Relaciones del Trabajo, la esencia de esta controversia
es si se efectuó una práctica ilícita del trabajo, asunto
que está bajo la jurisdicción exclusiva de la Junta.
Ahora bien, conforme al Derecho aplicable, a pesar de
que la Junta ostenta la jurisdicción exclusiva para atender
la controversia en cuestión, las disposiciones de la propia
Ley Núm. 130 y las consideraciones de política pública sobre
la negociación colectiva y el arbitraje permiten que las
partes la resuelvan mediante aquellos procesos pactados en
un convenio colectivo. A esos efectos, en este caso, el
Convenio Colectivo establece ciertos mecanismos generales
para resolver las reclamaciones de los empleados
relacionadas con “la administración, interpretación o
aplicación del [Convenio]” y los procesos particulares para
atender reclamaciones sobre los ‘traslados’. Véase Apéndice
XXV, en la pág. 187; Apéndice XXII, en la pág. 157.
Según comentamos, en aquellos casos donde un convenio
colectivo disponga cómo atender y resolver los problemas de
las partes, éstas tienen que adherirse al mismo.13 Recuérdese
13 Cabe destacar que ambas partes hicieron referencias a distintos procesos de arbitraje conforme a las disposiciones del Convenio Colectivo. A saber, la UIA solicitó el arbitraje conforme al Artículo XXIV del Convenio Colectivo pues planteó que el movimiento de empleados constituyó un ‘traslado’ según lo dispuesto en ese artículo. Por otro lado, la AAA hizo referencia en su argumentación a la Sección IX CC-2016-0797 28
que “[u]na cláusula de arbitraje en un convenio no tendría
sentido si su implantación dependiera de la voluntariedad de
cada parte para presentar su caso, pues la parte que no desea
un cambio en las relaciones podría anular el arbitraje
sencillamente rehusando a comparecer a la vista”. J.R.T. v.
Hato Rey Psychiatric. Hosp., 119 DPR 62, 70 (1987).
Ciertamente, la UIA y la AAA actuaron de conformidad con los
principios antes esbozados al activar los procesos pactados
en el Convenio Colectivo para disponer de la controversia.
Además, la AAA arguyó que -en virtud de la doctrina de
cosa juzgada- la Junta carecía de jurisdicción para atender
el cargo presentado por la UIA, pues en la Resolución emitida
por el árbitro se cerró y archivó la querella con perjuicio.
Sobre este particular, recuérdese que la doctrina de
cosa juzgada implica que “la sentencia emitida en un pleito
anterior impide que se litiguen posteriormente, entre las
mismas partes y sobre las mismas causas de acción y cosas,
las controversias ya litigadas y adjudicadas, y aquellas que
se pudieron haber litigado”. Mun. De San Juan v. Bosque Real
S.E., 158 DPR 743, 769 (2003). A pesar de que la mencionada
doctrina es de aplicación al ámbito del Derecho
administrativo, ésta no procede de forma automática o
(A) que dispone el proceso general para atender y resolver querellas, el cual en su Inciso (C) permite a cualquiera de las partes la solicitud de intervención del Negociado de Conciliación y Arbitraje. Véase Apéndice XXV, en la pág. 189. No obstante, independientemente de la disposición utilizada para activar el proceso de arbitraje, una vez comenzado éste, tenía que seguirse. CC-2016-0797 29
absoluta. Véase Mun. de San Juan v. Bosque Real S.E., 158
DPR en la pág. 770.
Incluso, corresponde su rechazo cuando salvaguarde el
resultado más justo y conveniente, acorde al interés
público. Véase Rodríguez Oyola v. Machado Díaz, 136 DPR 250,
254 (1994).
No obstante, y más importante aún, el Artículo 7 (a) de
la Ley Núm. 130 establece que la Junta no pierde su
jurisdicción exclusiva para disponer de asuntos referentes
a prácticas ilícitas del trabajo, independientemente de que
existan otros procedimientos en los que se puedan atender
las controversias planteadas ante esta entidad. Por lo
tanto, la referida doctrina es inaplicable al presente caso
toda vez que la reclamación presentada ante el árbitro se
fundamentó en una disposición del convenio colectivo
mientras que la acción instada ante la Junta fue al amparo
de una presunta violación a la Ley Núm. 130. Proceder en
contrario implicaría afectar la jurisdicción exclusiva que
la Asamblea Legislativa le confirió a la Junta y, así,
atentar contra los principios que orientan el deber de esta
entidad para prevenir las prácticas ilícitas del trabajo en
nuestro País.
Conforme a lo anterior, concluimos que la Junta de
Relaciones del Trabajo tenía jurisdicción para atender la
controversia planteada por la UIA. Ello, independientemente
del resultado del proceso de arbitraje que las partes
cursaron. Ahora bien, ya que los procesos ante la Junta se CC-2016-0797 30
encuentran en la etapa post-arbitraje, le compete a esta
entidad, al igual que el NLRB, establecer aquellos
estándares de deferencia –si alguno- que estime pertinentes
con relación a la determinación del árbitro.
Al así concluir, procede determinar que el Tribunal de
Apelaciones obró correctamente al desestimar el recurso de
revisión judicial presentado por la AAA. Esto, pues, no
aplica la excepción a la doctrina de agotamiento de remedios
administrativos conforme a lo resuelto en J. Exam. Tec. Med.
v. Elías, et al.; Procuradora Paciente v. M.C.S.;
Comisionado Seguros v. Universal, ya que la Junta de
Relaciones del Trabajo actuó con jurisdicción, y emitió una
orden interlocutoria en propiedad. El error señalado no fue
cometido.
Por último, aprovechamos para señalar que, en su
Resolución, el foro apelativo intermedio no realizó un
análisis de la jurisdicción de la Junta de Relaciones del
Trabajo. Alertamos que, al plantearse la referida excepción
a la doctrina de agotamiento de remedios administrativos, es
preciso que el foro revisor analice la jurisdicción del foro
administrativo para así poder disponer correctamente del
planteamiento. En futuras ocasiones, el Tribunal de
Apelaciones deberá así hacerlo.
Por todo lo anterior, confirmamos la Resolución emitida
por el Tribunal de Apelaciones y devolvemos el caso a la
Junta de Relaciones del Trabajo para la continuación de los
procedimientos. CC-2016-0797 31
Se dictará sentencia de conformidad.
Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Unión Independiente Auténtica de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de esta Sentencia, confirmamos la Resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones y devolvemos el caso a la Junta de Relaciones del Trabajo para la continuación de los procedimientos.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez, la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y el Juez Asociado señor Rivera García concurren sin opinión escrita. El Juez Asociado señor Estrella Martínez no intervino.
Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo