EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Jessica Saldaña Torres y otros
Peticionarios
2017 TSPR 155 v. 198 ____
Municipio Autónomo de San Juan y otros
Recurridos
Número del Caso: AC-2016-70
Fecha: 11 de agosto de 2017
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan
Abogado del peticionario:
Lcdo. Emilio Cancio Bello
Abogados de la parte recurrida:
Lcda. Alondra Fraga Meléndez Lcda. Gretchen Alvarado González
Materia: Responsabilidad civil extracontractual: Comienzo del término prescriptivo que tiene un empleado lesionado para presentar una reclamación por daños y perjuicios contra un tercero responsable.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
v. AC-2016-0070
EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR RIVERA GARCÍA emitió la opinión del Tribunal.
En San Juan, Puerto Rico, a 11 de agosto de 2017.
El recurso ante nuestra consideración nos
brinda la oportunidad de determinar desde cuándo
comienza y cuándo termina el término prescriptivo
de un año para que un obrero o empleado lesionado
pueda presentar una demanda sobre daños y
perjuicios contra un tercero responsable, al amparo
de la Ley del Sistema de Compensaciones por
Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril
de 1935, 11 LPRA sec. 1 et seq., en aquellos casos
en los que el Administrador de la Comisión del
Fondo del Seguro del Estado (CFSE o el Fondo)
decide o no presentar la acción de subrogación que 2
concede la referida ley. Así, resolvemos que el periodo de
un año para instar la causa de acción por daños y
perjuicios contra un tercero responsable comienza a
transcurrir luego de que advenga final y firme la
resolución del Administrador y antes de vencer el año,
desde que esta adquirió firmeza.
I
Según surge del expediente, el 12 de abril de 2010 la
Sra. Jessica Saldaña Torres (señora Saldaña Torres o parte
peticionaria), sufrió una caída mientras trabajaba para su
patrono. Ello, debido a alegados desniveles y roturas
existentes en una acera pública del Municipio Autónomo de
San Juan (el Municipio o parte recurrida). Como resultado
de la caída, la peticionaria acudió a la CFSE para recibir
tratamiento médico y demás beneficios. Luego del
tratamiento correspondiente fue dada de alta con
incapacidad. El Administrador de la CFSE emitió su
decisión mediante Resolución notificada el 3 de octubre de
2011. Inconforme, la señora Saldaña Torres apeló el
dictamen de la CFSE ante la Comisión Industrial. El 1 de
abril de 2014 esta última confirmó el dictamen emitido por
la CFSE. El 1 de mayo de 2014, transcurridos treinta días
a partir de esa determinación, esta advino final y firme.
Así las cosas, el 21 de mayo de 2015, la señora
Saldaña Torres, su esposo el Sr. Iván Román García (señor 3
Román García) y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales
compuesta por ambos, presentaron una demanda de daños y
perjuicios al amparo del Art. 1802 del Código Civil de
Puerto Rico, contra el Municipio y otros.1 En esencia,
alegaron que la peticionaria sufrió una aparatosa caída
por causa de los desniveles y roturas existentes en una
acera ubicada en la calle Lamar Guerra de Hato Rey.
El 22 de julio de 2015 el Municipio presentó una
moción de desestimación. Alegó que la demanda estaba
prescrita por lo que no se justificaba la concesión de un
remedio. Adujo que la determinación de la CFSE se dictó el
1 de abril de 2014 -en la cual se confirmó la
determinación del Administrador- por lo que el término
prescriptivo para presentar su causa de acción venció el 1
de abril de 2015.2 Añadió que, en cuanto a los
codemandantes el señor Román García y la Sociedad Legal de
Bienes Gananciales, compuesta por este y la peticionaria,
el término comenzó a transcurrir desde que los
peticionarios advinieron en conocimiento del accidente a
tenor con la teoría cognoscitiva del daño.3
Por su parte, la parte peticionaria se opuso a la
desestimación. Sostuvo que a partir del 1 de mayo de 2014,
si ella decidía no apelar la decisión de la CFSE en
1 31 LPRA sec. 5141. 2 Moción en solicitud de desestimación, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 5-18. 3 Íd. 4
treinta días, esta advenía final y firme.4 Indicó que
desde ese momento la CFSE tenía noventa días para
presentar la acción de subrogación. Planteó que el término
para subrogarse venció el 30 de julio de 2014. Por lo
tanto, arguyó que tenía hasta el 31 de julio de 2015 para
presentar su causa de acción.5 Sostuvo que como la demanda
se presentó el 21 de mayo de 2015 no estaba prescrita.
Luego de varios trámites procesales, el 23 de
septiembre de 2015, el Tribunal de Primera Instancia
notificó una sentencia sumaria. Concluyó que la acción
estaba prescrita por lo que desestimó la demanda incoada
por la peticionaria. Razonó que el término prescriptivo
para presentar la acción en daños y perjuicios comenzó a
transcurrir a partir del 1 de mayo de 2014, fecha en que
advino final y firme el dictamen emitido por el
Administrador del Fondo. En consecuencia, entendió que la
peticionaria tenía hasta el 1 de mayo de 2015 para incoar
su acción.
Inconforme con ese dictamen, el 6 de octubre de 2015
la señora Saldaña Torres presentó una Moción de
determinaciones adicionales y Moción de reconsideración.
En esta añadió que el término de un año de prescripción de
una acción independiente por daños contra un tercero
responsable de un accidente de trabajo se contará desde el
4 Réplica y oposición a moción de desestimación Solicitud de sentencia sumaria parcial, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 20-22. 5 Íd. 5
día en que se pudo ejercitar la acción. Entendió que, como
el lesionado no puede iniciar su causa de acción sino
hasta después de los noventa días a partir de la fecha en
que la Resolución del Administrador del Fondo fuere firme
y ejecutoria, el término de un año debe comenzar
transcurridos los noventa días.6
El Municipio se opuso a la referida moción y planteó
que dicho término no se interrumpe porque exista el
derecho de subrogación ya que ese derecho se concede para
que la entidad pueda recobrar los gastos incurridos en el
obrero lesionado. Expresó que “si bien dicha parte tenía
que aguardar noventa (90) días para que la CFSE se
subrogara en sus derechos, ello no impedía que incoara su
acción dentro del término dispuesto por el Código Civil”.7
El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar
a la moción de reconsideración. En desacuerdo con este
proceder, la parte peticionaria presentó un recurso de
apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Dicho foro
confirmó el dictamen del foro primario. No conteste aún,
la señora Saldaña Torres acudió ante nos mediante recurso
de apelación. En esencia reiteró los planteamientos
esgrimidos ante los foros inferiores. Argumentó, además,
que el foro apelativo intermedio erró al emitir una
sentencia que estaba en conflicto con otras sentencias
6 Moción solicitando determinaciones de hechos adicionales de hechos y moción de reconsideración, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 44-50. 7 Oposición Moción de determinaciones adicionales y Moción de reconsideración, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 51-52. 6
emitidas en por lo menos tres casos apelados en ese foro.
Por su parte, el Municipio reiteró su postura en que la
peticionaria no presentó su acción dentro del término
prescriptivo para ello por lo que procedía desestimar
contra ella y los demás codemandantes puesto que la acción
está prescrita.
Acogida la apelación y contando con la comparecencia
de ambas partes procedemos a resolver.
II
A
La prescripción es una figura jurídica de índole
sustantivo que constituye una de las formas de extinción
de algún derecho debido a la inercia en ejercer una causa
de acción durante un tiempo determinado.8 A través de la
prescripción nuestro ordenamiento promueve que las
reclamaciones se insten de manera oportuna y que las
personas ejerciten sus causas de acción diligentemente.9
Esta regula el tiempo que posee una parte para reclamar y
hacer valer un derecho frente a un deudor.10 De igual
manera, responde a una política pública que persigue la
solución rápida de las reclamaciones para castigar la
inercia de la parte que no hace el reclamo dentro del
término que concede la ley.11
8 Maldonado Rivera v. Suárez y otros, 195 DPR 182, 192 (2016). 9 Íd. 10 Meléndez Rivera v. CFSE, 195 DPR 300, 309 (2016). 11 Íd. 7
El Código Civil de Puerto Rico dispone que el punto
de partida para computar el término prescriptivo de una
acción en daños y perjuicios es la fecha en que el
agraviado supo del daño y pudo ejercitar su acción.12 Es
decir, dicho término comienza a transcurrir no cuando se
sufre el daño, sino cuando se conocen todos los elementos
para incoar la reclamación.13 Si no se insta la
reclamación por la falta de diligencia del interesado,
estas consideraciones liberales de la prescripción no son
de aplicación.14 Por su parte, el Art. 1868 del Código
Civil establece que el término prescriptivo para instar la
acción para exigir la responsabilidad civil por las
obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se
trata el Art. 1802 es de un año desde que lo supo el
agraviado.15
B
La Carta de Derechos de la Constitución de Puerto
Rico, establece que todo trabajador tiene el derecho de
estar protegido contra riesgos a su salud en su trabajo o
empleo.16 De igual manera la Ley del Sistema de
Compensaciones por Accidentes del Trabajo (Ley Núm. 45)
provee para los obreros y empleados que sufran lesiones,
se inutilicen o mueran como consecuencia de accidentes
ocurridos en sus trabajos, un remedio económico y médico
12 31 LPRA sec. 5141. 13 Padín v. Cía. Fom. Ind., 150 DPR 403, 411 (2000). 14 Íd. 15 31 LPRA sec. 5298. 16 Art. II, sec. 16, Const. PR, LPRA, Tomo 1. 8
para compensar la incapacidad productiva que sobreviene
como consecuencia de un accidente o enfermedad
ocupacional.17
Este estatuto de carácter remedial tiene como
política pública y norma general que el patrono posee
inmunidad contra acciones de daños y perjuicios por
accidentes laborales, siempre y cuando sea uno asegurado,
es decir, que haya cumplido con las disposiciones de la
ley concernida.18 No obstante, a modo de excepción, si el
patrono no es asegurado -por no haber cumplido con las
disposiciones de la Ley- el obrero perjudicado o sus
beneficiarios podrán proceder contra el patrono
presentando una petición de compensación ante la Comisión,
y reclamar al patrono los daños y perjuicios resultantes
del accidente en el trabajo mediante una acción civil.19
De ordinario, la Ley Núm. 45, supra, no provee para
que el obrero lesionado reembolse a la CFSE los gastos de
tratamiento médico y compensación en los que incurrió si
el accidente está relacionado con el empleo. Le
corresponde al Fondo asumir la responsabilidad de ofrecer
tratamiento médico y compensar al obrero sin derecho a
reembolso alguno, según dispone la Ley.20
17 Padín v. Cía. Fom. Ind., supra. Véanse, además, Ortiz Pérez v. FSE, 137 DPR 367 (1994); Morell Morell v. Comisión Industrial de PR, 110 DPR 709 (1981). 18 11 LPRA sec. 1(a). 19 Íd., sec. 16(2). Véase, además, Marrero v. Caribbean Hosp. Corp. et
al., 156 DPR 327, 332 (2002). 20 Sevilla v. Municipio de Toa Alta, 159 DPR 684, 690 (2003). 9
Sin embargo, el estatuto establece que en aquellos
casos en los que la lesión, enfermedad o muerte sufrida
por el empleado en su lugar de trabajo sea imputable a un
tercero, tanto el obrero lesionado como el Administrador
de la CFSE -subrogándose en los derechos del obrero por
los servicios pagados- podrán reclamarle judicialmente a
ese tercero responsable.21 En otras palabras, el Fondo
tiene derecho a recobrar, mediante la acción de
subrogación, los daños que compensó o los gastos en los
que incurrió en el tratamiento del obrero, relacionados al
accidente de trabajo.22
Específicamente, el Art. 29 de la Ley Núm. 45, supra,
dispone lo siguiente:
En los casos en que la lesión, enfermedad profesional o la muerte que dan derecho de compensación al obrero, empleado o sus beneficiarios, de acuerdo con este capítulo, le hubiere provenido bajo circunstancias que hicieren responsables a tercero de tal lesión, enfermedad o muerte, el obrero o empleado lesionado o sus beneficiarios podrán reclamar y obtener daños y perjuicios del tercero responsable de dicha lesión, enfermedad o muerte dentro del año subsiguiente a la fecha en que fuere firme la resolución del caso por el Administrador del Fondo del Seguro del Estado, y éste podrá subrogarse en los derechos del obrero, empleado o sus beneficiarios para entablar la misma acción en la forma siguiente:
Cuando un obrero o empleado lesionado, o sus beneficiarios en casos de muerte, tuvieren derecho a entablar acción por daños contra tercero, en los casos en que el Fondo del Seguro del Estado, de acuerdo con los términos de este capítulo, estuviere obligado a compensar en alguna forma, o a proporcionar tratamiento, el Administrador del Fondo
21 Íd.; Padín v. Cía. Fom. Ind., supra, pág. 412; Ortiz Pérez v. FSE, supra; Santiago Hodge v. Parke Davis, Co., supra. 22 Véase Padín v. Cía. Fom. Ind., supra, pág. 412. 10
del Seguro del Estado se subrogará en los derechos del obrero o empleado, o de sus beneficiarios, y podrá entablar procedimientos en contra del tercero en nombre del obrero o empleado, o de sus beneficiarios, dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que la decisión fuere firme y ejecutoria, y cualquier suma que como resultado de la acción, o a virtud de transacción judicial o extrajudicial se obtuviere en exceso de los gastos incurridos en el caso se entregará al obrero o empleado lesionado o a sus beneficiarios con derecho a la misma. El obrero o empleado o sus beneficiarios serán parte en todo procedimiento que estableciere el Administrador bajo las disposiciones de esta sección, y será obligación del Administrador notificar por escrito a las mismas de tal procedimiento dentro de los cinco (5) días de iniciada la acción.
Si el Administrador dejare de entablar demanda contra la tercera persona responsable, según se ha expresado en el párrafo anterior, el obrero o empleado, o sus beneficiarios quedarán en libertad completa para entablar tal demanda en su beneficio, sin que vengan obligados a resarcir al Fondo del Seguro del Estado por los gastos incurridos en el caso.
El obrero o empleado lesionado ni sus beneficiarios podrán entablar demanda ni transigir ninguna causa de acción que tuvieren contra el tercero responsable de los daños, hasta después de transcurridos noventa días a partir de la fecha en que la resolución del Administrador del Fondo del Seguro del Estado fuere firme y ejecutoria.23
En Negrón v. Comisión Industrial, 76 DPR 301 (1954),
tuvimos la oportunidad de interpretar esta disposición.
Allí dijimos que el término prescriptivo que tiene el
obrero para presentar la referida acción es de un año a
partir de la fecha en que fuere firme la resolución del
Administrador. También señalamos que el obrero, empleado
2311 LPRA sec. 32. (Énfasis nuestro). Cabe destacar que la Ley Núm. 63 del 1 de julio de 1996 reenumeró los artículos de la Ley Núm. 45, supra, por lo que el Art. 31 pasó a ser el Art. 29 de la Ley Núm. 45, supra. Nótese, que tanto el Tribunal de Primera Instancia como el Tribunal de Apelaciones utilizaron la enumeración original. 11
lesionado o sus beneficiarios no pueden “radicar demanda
alguna contra la tercera persona responsable de los daños
hasta después de transcurridos noventa días a partir de la
resolución del caso por el Administrador del Fondo del
Seguro del Estado y antes de vencerse el año subsiguiente
a tal resolución”.24 A tales efectos, “una acción
presentada por un obrero lesionado que ha acudido al Fondo
antes de que transcurran los noventa días de ser firme la
decisión del Administrador del Fondo es prematura”.25 La
omisión por el Administrador de presentar una demanda
dentro del término de noventa días después de su
resolución final conlleva una renuncia de su derecho de
subrogación.26
Explicamos que el propósito del legislador, al
enmendar el Art. 31 mediante la Ley Núm. 16 de 12 de abril
de 1948, fue establecer un procedimiento para los casos en
que el causante del daño fuese un tercero. Dijimos que
para presentar una reclamación judicial el obrero debía
esperar hasta que el Administrador dictara una resolución
final, ya que la ley concede a este la primera oportunidad
para acudir a los tribunales dentro del mencionado término
de noventa días.
Más tarde, en Tropigas de P.R. v. Tribunal Superior,
102 DPR 630, 638 (1974), reafirmamos lo dicho. Así,
24 Negrón v. Comisión Industrial, 76 DPR 301, 306 (1954). 25 Padín v. Cía. Fom. Ind., supra, pág. 412. Véanse, además, Alvarado v. Calaiño Romero, 104 DPR 127 (1975); Gallart Mendía v. González Marrero, 95 DPR 201 (1967); Negrón v. Comisión Industrial, supra. 26 Negrón v. Comisión Industrial, supra, pág. 308. 12
resolvimos que un obrero lesionado “no pu[ede] ejercitar
su causa de acción mediante la presentación de demanda
hasta pasados 90 días de ser firme la decisión que
rindiera el Administrador del Fondo del Seguro del Estado.
... [El Art. 31] establece como período prescriptivo de la
acción que tenía el obrero para reclamar por sus propios
daños y perjuicios, el de un año a partir de la fecha en
que fuere firme la resolución del Administrador”.27
Posteriormente, en El Día, Inc. v. Tribunal Superior,
104 DPR 149, 151 (1975), resolvimos que en los casos en
que ocurra una lesión o muerte, el término prescriptivo de
un año para que un obrero o empleado lesionado pueda
instar una reclamación en daños y perjuicios contra el
tercero responsable queda suspendido durante el proceso de
adjudicación ante la CFSE y la Comisión Industrial. Es
decir, que el término prescriptivo de un año no comienza a
transcurrir hasta que el Administrador del Fondo emita su
resolución y esta advenga final y firme. En otras
palabras, al agraviado se le reconoce su causa de acción
en daños y perjuicios, no desde que supo del daño sino
desde que el Administrador adjudique finalmente el asunto,
dicte la resolución final y esta adquiera firmeza.
Cabe destacar que la subrogación es la figura
jurídica por la cual una compañía de seguros sustituye a
su asegurado en el ejercicio de las acciones o los
27Padín v. Cía. Fom. Ind., supra, págs. 412-413. El Art. 31 al que se refiere constituye la numeración original de la Ley Núm. 45, previo a la enmienda y renumeración realizada en 1996. 13
derechos que este tiene contra los causantes de un daño.28
En estos casos mediante el derecho de subrogación, “la
compañía aseguradora se pone en la misma posición de éste
con relación a todas las acciones y remedios a los cuales
tiene derecho” al resarcirlo económicamente.29 Así, hemos
señalado que “[n]uestra jurisprudencia está acorde con la
doctrina civilista, en cuanto establece que el efecto
principal de la subrogación es que el nuevo acreedor se
coloca en la ‘misma situación jurídica que se encontraba
el acreedor respecto al deudor’”.30
C
Sabido es que, como últimos intérpretes de la ley,
tenemos la obligación de armonizar hasta donde sea posible
sus disposiciones. Ello con miras a lograr un resultado
sensato, lógico y razonable que represente la intención
del legislador.31 Es un principio cardinal de
interpretación estatutaria el que al lenguaje de la ley
debe dársele el significado que valide el propósito que
tuvo el legislador al aprobarla.32
Así, reiteradamente hemos expresado que al
interpretar una disposición estatutaria debemos considerar
que sus disposiciones, párrafos u oraciones no deben
28 CSMPR v. Carlo Marrero, 182 DPR 411, 417 (2011). 29 Íd. 30 Íd. pág. 419. 31 Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, 2016 TSPR 236, 196 DPR __ (2016);
Asoc. Fcias v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010); Suc. ́Alvarez v. Srio. De Justicia, 150 DPR 252, 276 (2000). 32 31 LPRA sec. 18. Véase, además, R. Elfren y otros, Aprobación e
interpretación de las leyes de Puerto Rico, 2da ed. rev., San Juan, Publicaciones JTS, Inc., 1987, pág. 245. 14
tomarse aisladamente, sino que hay que considerar todo su
contexto.33 De manera que no está dentro de las facultades
de los tribunales modificar, enmendar o alterar la ley
mediante legislación judicial ni añadir por implicación lo
que claramente no fue la intención del legislador.34
Como regla general, si no existe margen de duda en
cuanto al texto de la ley este prevalece sobre su
acepción.35 A tales efectos, el Art. 14 del Código Civil,
dispone que “[c]uando la ley es clara libre de toda
ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada
bajo el pretexto de cumplir su espíritu”.36 A tenor con lo
antes expuesto, procedemos a examinar las disposiciones
pertinentes de la Ley Núm. 45, supra. Veamos.
III
En este caso existe una discrepancia sobre cómo debe
computarse el término prescriptivo que tiene un obrero o
empleado lesionado para presentar una demanda de daños y
perjuicios contra un tercero responsable cuando el primero
se acoge a los beneficios de la CFSE, en aquellas
instancias en que el Administrador de la agencia decide o
no subrogarse en los derechos del obrero, empleado o sus
beneficiarios mediante la acción de subrogación.
33 Véanse Morales v. Marengo, 181 DPR 852 (2011); Soc. Asist. Leg. v. Ciencias Forenses, 179 DPR 849 (2010); SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL, 177 DPR 657 (2009). 34 Depto de Estado v. U.G.T., 173 DPR 93, 110 (2008). 35 CIC Const v. JMSP-UPR, 2016 TSPR 240, 196 DPR __ (2016); Spyder Media, Inc. v. Municipio Autónomo de San Juan, 194 DPR 547 (2016); Doble Seis Sport v. Depto. Hacienda, 190 DPR 763 (2014). 36 31 LPRA sec. 14. 15
La señora Saldaña Torres, su esposo y la Sociedad
Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos alegaron
que a partir del 1 de mayo de 2014, fecha en que la
Resolución del Administrador advino final y firme, la CFSE
tenía noventa días para presentar la acción de
subrogación. Plantearon que, como el término para
subrogarse venció el 30 de julio de 2014, desde el próximo
día comenzaba a transcurrir el periodo de un año para
presentar su causa de acción.
El 21 de mayo de 2015 estos presentaron una demanda
de daños y perjuicios contra el Municipio al amparo del
Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico. Sostuvieron que
la demanda se presentó dentro del término prescriptivo y a
más de cuatro meses antes de vencer este, por lo tanto
esta no está prescrita.
Por su parte, el Municipio adujo que el período
prescriptivo de un año que tiene el obrero para presentar
su causa de acción en daños y perjuicios comienza una vez
transcurren los treinta días de dictada la Resolución del
Administrador de la CFSE. Aunque reconoce que, luego de
esos treinta días, el obrero debe esperar el término de
noventa días que tiene el Administrador del Fondo para
decidir si insta la acción de subrogación, aduce que este
debe incoar el pleito contra tercero antes de vencerse el
año subsiguiente de esa decisión. En otras palabras, el
empleado o el obrero lesionado debe esperar un total de 16
ciento veinte días a partir de la decisión del
Administrador de la CFSE para hacer un reclamo al tercero.
Tiene razón.
Al analizar esos hechos a la luz de la norma
discutida, surge de esta disposición estatutaria que:
[e]l obrero o empleado lesionado o sus beneficiarios podrán reclamar y obtener daños y perjuicios del tercero responsable de dicha lesión, enfermedad o muerte dentro del año subsiguiente a la fecha en que fuere firme la resolución del caso por el Administrador del Fondo del Seguro del Estado [...]
Más adelante el estatuto señala que en estos casos el
Administrador del Fondo se subrogará en los derechos del
obrero o empleado o sus beneficiarios para recuperar los
gastos incurridos, así como en cualquier cantidad en
exceso a la que estos tengan derecho. El Art. 29, supra,
añade que si el Administrador no presenta su causa de
acción, el obrero o empleado lesionado o sus beneficiarios
quedarán en libertad completa para entablar una demanda.
No obstante, esta acción deberán presentarla “después de
transcurridos noventa días a partir de la fecha en que la
resolución del Administrador del Fondo del Seguro del
Estado fuere firme y ejecutoria”.37 Es decir, el estatuto
expresamente inhabilita al obrero a presentar su causa de
acción hasta tanto el Administrador del Fondo emita su
decisión final y decida si ejerce o no la acción de
subrogación para recobrar los gastos en los que incurrió.
37 11 LPRA sec. 1 et seq. 17
Es menester enfatizar que cuando el Administrador
presenta la acción de subrogación no promueve una
transacción judicial a su favor, pues esta no le pertenece
sino al obrero lesionado o a sus beneficiarios.38
Precisamente es por ello que la Asamblea Legislativa
estableció como requisito indispensable que éstos últimos
formaran parte de todo procedimiento que el Administrador
instara contra el tercero responsable.
Cónsono con lo enunciado y siguiendo las pautas
establecidas por nuestra jurisprudencia, colegimos que un
obrero o empleado lesionado tiene un término prescriptivo
de un año para instar la causa de acción por daños y
perjuicios contra un tercero responsable desde que la
resolución del Administrador del Fondo adviene final y
firme. No obstante, como señalamos antes, el Administrador
de dicha agencia tiene noventa días para ejercer su
prerrogativa de instar la acción de subrogación
correspondiente. Es luego de ese término y antes de
vencerse el año -desde la resolución final y firme del
Administrador- que un obrero o empleado lesionado puede
instar su causa de acción contra el tercero responsable.
Surge del expediente que la Resolución del
Administrador de la CFSE advino final y firme el 1 de mayo
de 2014. A partir de ese momento, la ley concedió al
Administrador del Fondo la opción de subrogarse en los
38 Gallart, Admor. v. Banco Popular, 91 DPR 818, 826-827 (1965). 18
derechos del obrero para acudir al tribunal dentro del
término de noventa días y reclamar la suma que este
satisfizo como indemnización. Dentro de ese periodo la
parte peticionaria, a pesar de que no podía ejercitar su
causa de acción y presentar una demanda en daños y
perjuicios contra el tercero responsable, podía formar
parte de todo el procedimiento que instara el
Administrador, conforme lo establece la Ley en el Art. 29,
supra. Ello, pues el estatuto en cuestión dispone que “el
obrero o empleado o sus beneficiarios serán parte en todo
el procedimiento que estableciere el Administrador bajo
las disposiciones de este Artículo, y será obligación del
Administrador notificar por escrito a las mismas de tal
procedimiento dentro de los cinco (5) días de iniciada la
acción”.39
Tal y como sostuvo el Tribunal de Apelaciones, la Ley
Núm. 45, supra, expresamente dispone que el término que
tiene un obrero lesionado para presentar su reclamación
por daños en contra de un tercero es de un año luego de
que la determinación del Administrador es firme y
ejecutoria. En este sentido, los primeros noventa días
están incluidos dentro del término prescriptivo de un año,
aunque han sido reservados para que el Administrador
presente la acción de subrogación -en nombre del obrero- y
39 11 LPRA sec. 32. 19
pueda recobrar los fondos invertidos en el tratamiento y
compensación brindados a este.
Nótese, que la Resolución del Administrador advino
final y firme el 1 de mayo de 2014. La parte peticionaria
tenía hasta el 1 de mayo de 2015 para instar su causa de
acción contra el tercero responsable. No obstante,
presentó la demanda el 21 de mayo de 2015. Por lo tanto,
es forzoso concluir que la demanda de epígrafe está
prescrita.
IV
Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la
determinación del Tribunal de Apelaciones.
Se dicta sentencia de conformidad.
Edgardo Rivera García Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionarios AC-2016-0070 v.
SENTENCIA
Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaría del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió una Opinión Disidente a la que se unió la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez y el Juez Asociado señor Colón Pérez. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez está inhibida.
Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionaria
v. AC-2016-0070 Apelación
Opinión disidente emitida por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA MARTÍNEZ a la cual se unen la Juez Asociada SEÑORA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ y el Juez Asociado SEÑOR COLÓN PÉREZ
San Juan, Puerto Rico, a 11 de agosto de 2017.
Por aplicarse de forma errónea el artículo
29 de la Ley del Sistema de Compensaciones por
Accidentes del Trabajo, infra, disiento de la
Opinión emitida por este Tribunal.
Particularmente, hoy una Mayoría de este
Tribunal decide, con una interpretación
restrictiva, reducir a tan sólo nueve (9) meses
el término de prescripción que tiene un obrero o
sus beneficiarios para reclamar contra un
tercero por los daños y perjuicios sufridos en
el trabajo. Considero que debimos reafirmar la
jurisprudencia interpretativa emitida por este AC-2016-0070 2
Tribunal y ejercer nuestro rol judicial acorde con las
normas de hermenéutica establecidas para los casos
laborales.
Por estar detallada la situación fáctica en la
Opinión mayoritaria, procedo a exponer los fundamentos
que sustentan mi disenso.
En este caso, como bien reconocen las partes, la
controversia se circunscribe a determinar lo siguiente: a
partir de cuándo es que comienza a trascurrir el término
de un año que tiene un obrero para presentar una demanda
de daños y perjuicios contra un tercero, al amparo de la
Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del
Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1948, según
enmendada, 11 LPRA sec. 1 et seq. (Ley de
Compensaciones). Específicamente, debíamos resolver esta
interrogante con relación a aquellos supuestos en que el
Administrador de la Corporación del Fondo del Seguro del
Estado (Administrador del Fondo) decide no subrogarse en
los derechos del obrero. Una Mayoría de este Tribunal
decide, erróneamente, que los noventa (90) días que tiene
el Administrador del Fondo para presentar una acción de
subrogación, según el artículo 29, 11 LPRA sec. 32, están
subsumidos en el término de un (1) año para que el obrero
presente su reclamación en contra de un tercero
demandado.
A. AC-2016-0070 3
En primera instancia, debemos recordar que al
interpretar la Ley de Compensaciones, supra, debemos
hacerlo en armonía con la política pública que establece
la propia ley. Y es que este estatuto tiene como fin el
“acomodo justo y equitativo de los intereses de patronos
y empleados, donde ambos reciben importantes beneficios a
cambio del libre ejercicio de sus derechos o
prerrogativas tradicionales”. Íd., sec. 1a (énfasis
suplido). Asimismo, hemos establecido que “[s]iendo la
Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo un
estatuto con fines remediales, sus disposiciones deben
ser interpretadas liberalmente”. Ortiz Pérez v. F.S.E.,
137 DPR 367, 373 (1994). Véase, además, Morales v. Adm.
Sistemas de Retiro, 123 DPR 589, 595 (1989); Sánchez v.
A.S.R.E.G.J., 116 DPR 372, 378 (1985); Bruno Colón v.
Comisión Industrial, 109 DPR 785, 787 (1980). Ello
concuerda con nuestros anteriores pronunciamientos donde
expresamos que “[n]o podemos conferirle una
interpretación tan restrictiva a un estatuto que, al
igual que otras legislaciones laborales, tiene un
carácter reparador, por lo que debe tomarse como un
instrumento de justicia social”. Torres v. Gobierno de
Coamo, 170 DPR 541, 557 (2007). Igualmente, debemos
recordar las reglas de hermenéutica que este Tribunal ha
establecido con relación a las leyes laborales, a saber:
En reiteradas ocasiones hemos expresado la regla de interpretación estatutaria aplicable a las leyes laborales, en cuanto a que deben interpretarse liberalmente, resolviéndose toda duda de la forma más favorable hacia el obrero, para así cumplir con sus propósitos AC-2016-0070 4
eminentemente sociales y reparadores. La interpretación liberal y abarcadora de estas leyes a favor de aquellos a quienes éstas intentan proteger es imperativa, de modo que dicha protección se extienda al mayor número de casos. Sánchez v. Sylvania Lighting, 167 DPR 247 (2006); Rodríguez v. Syntex, 160 DPR 364 (2003); Muñoz Hernández v. Policía de P.R., supra, pág. 496; R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes de Puerto Rico, 2da ed. rev., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, T. I, págs. 455–459. En González v. Adm. de Sistemas de Retiro, 113 DPR 292, 294 (1982), resolvimos que al interpretarse un estatuto de naturaleza reparadora, no es la letra de la ley, sino su espíritu, lo que determina su significado. Íd. págs. 557-558.
B.
Sabido es que la Ley de Compensaciones, supra, tiene
como fin ser un estatuto reparador con el cual se crea un
seguro obligatorio y exclusivo para compensar a los
obreros o empleados que sufran lesiones, se inutilicen o
mueran como consecuencia de un accidente ocurrido en el
trabajo. Lebrón Bonilla v. ELA, 155 DPR 475, 481-482
(2001). Su propósito es dar “un remedio rápido, eficiente
y libre de las complejidades de una reclamación ordinaria
en daños”. Pacheco Pietri v. ELA, 133 DPR 907, 914 (1993)
(énfasis suplido). Para ello, se le otorga inmunidad al
patrono frente a las acciones civiles de daños y
perjuicios que pudiera presentar en su contra el obrero
lesionado o sus beneficiarios. Martínez v. Bristol Myers,
Inc., 147 DPR 383, 395 (1999).
Por otra parte, este estatuto permite que el obrero
lesionado o sus beneficiarios puedan demandar a un
tercero causante del accidente y obtener la AC-2016-0070 5
correspondiente compensación. Sin embargo, la ley
establece un procedimiento en el cual, en forma
prioritaria, la Corporación del Fondo del Seguro del
Estado (Fondo) puede subrogarse en los derechos del
obrero o sus beneficiarios para incoar una reclamación
contra el tercero responsable de los daños relacionados
al trabajo. De esa forma, pueden obtener los gastos
incurridos en el tratamiento ofrecido por el Fondo.
Particularmente, la ley dispone en su artículo 29, en lo
pertinente, de la siguiente manera, a saber:
Cuando un obrero o empleado lesionado, o sus beneficiarios en casos de muerte, tuvieren derecho a entablar acción por daños contra tercero, en los casos en que el Fondo del Seguro del Estado, de acuerdo con los términos de este capítulo, estuviere obligado a compensar en alguna forma, o a proporcionar tratamiento, el Administrador del Fondo del Seguro del Estado se subrogará en los derechos del obrero o empleado, o de sus beneficiarios, y podrá entablar procedimientos en contra del tercero en nombre del obrero o empleado, o de sus beneficiarios, dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que la decisión fuere firme y ejecutoria, y cualquier suma que como resultado de la acción, o a virtud de transacción judicial o extrajudicial se obtuviere en exceso de los gastos incurridos en el caso se entregará al obrero o empleado lesionado o a sus beneficiarios con derecho a la misma. El obrero o empleado o sus beneficiarios serán parte en todo procedimiento que estableciere el Administrador bajo las disposiciones de esta sección, y será obligación del Administrador notificar por escrito a las mismas de tal procedimiento dentro de los cinco (5) días de iniciada la acción.
Si el Administrador dejare de entablar demanda contra la tercera persona responsable, según se ha expresado en el párrafo anterior, el obrero o empleado, o sus beneficiarios quedarán en libertad completa para entablar tal demanda AC-2016-0070 6
en su beneficio, sin que vengan obligados a resarcir al Fondo del Seguro del Estado por los gastos incurridos en el caso.
El obrero o empleado lesionado ni sus beneficiarios podrán entablar demanda ni transigir ninguna causa de acción que tuvieren contra el tercero responsable de los daños, hasta después de transcurridos noventa días a partir de la fecha en que la resolución del Administrador del Fondo del Seguro del Estado fuere firme y ejecutoria. 11 LPRA sec. 32 (énfasis suplido).
Como bien señala la Opinión mayoritaria, este
artículo ha sido interpretado por nosotros en varias
ocasiones. Véase Negrón v. Comisión Industrial, 76 DPR
301 (1954); Tropigas PR v. Tribunal Superior, 102 DPR 630
(1974). No obstante lo anterior, una Mayoría de este
Tribunal olvida lo afirmado en el precedente El Día, Inc.
v. Tribunal Superior, 104 DPR 149 (1975). Nótese que éste
no ha sido revocado, no es revocado por la Opinión
mayoritaria, y más aún, es citado en ella con
aprobación.40 Específicamente, en ese caso expresamos lo
40Nótese además, que este precedente consecuentemente ha sido reconocido por el Tribunal de Apelaciones. Véanse Sánchez v. Municipio de San Juan, KLAN201001784 (Panel integrado por la Juez Pesante Martínez, el Juez Morales Rodríguez (Ponente) y la Juez Ortiz Flores); Villaman Capellán v. Gónzalez Trading Co., Inc., KLCE200800179 (Panel integrado por la Juez Bajandas Vélez (Ponente), el Juez Aponte Hernández y el Juez Morales Rodríguez); Rivera Arvelo v. Contech of Puerto Rico, KLAN051480 (Panel integrado por el Juez Arbona Lago, el Juez Miranda de Hostos y la Jueza Pabón Charneco (Ponente); Gómez Correa v. Honeywell, KLAN0400046 (Panel integrado por la Juez López Vilanova (Ponente), el Juez Córdova Arone y el Juez González Rivera); Hernández Normandía v. Dover Elevators, KLAN200200902 (Panel integrado por la Juez Rodríguez de Oronoz, la Juez Peñagarícano Soler (Ponente) AC-2016-0070 7
opuesto a lo que hoy se resuelve por una Mayoría de este
Tribunal. Resolvimos que en el caso específico de un
obrero lesionado, el término prescriptivo de un (1) año
para presentar la acción no queda suspendido para los
daños de los familiares, por no resultar beneficiarios.
Véase H.M. Brau del Toro, Daños y Perjuicios
Extracontractuales en Puerto Rico, Publicaciones JTS,
1986, Vol. II, págs. 947-948. Para fundamentar tal
determinación establecimos, en lo pertinente, lo
siguiente:
Conforme lo dispuesto en el Art. [29] de la Ley Núm. 45 del 18 de abril de 1935, según enmendada --Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo --el término de un (1) año de prescripción de una acción independiente por daños contra un tercero responsable no comienza a correr para el lesionado o sus beneficiarios ‘... hasta después de transcurridos noventa días a partir de la fecha en que la Resolución del Administrador del Fondo del Seguro del Estado fuere firme y ejecutoria’. El Día, Inc. v. Tribunal Superior, supra, págs. 150-151 (citando a Gallart Mendía v. González Marrero, 95 DPR 201, 205 (1967)(énfasis suplido) (citas omitidas).
Lo anterior se reafirmó en Franco v. Mayagüez
Building, Inc., 108 DPR 192, 195 (1978), en donde
señalamos que la Ley de Compensaciones, supra, extendió
y la Juez Bajandas Vélez); Martínez Pereira v. Autoridad de Edificios Públicos, KLAN200100968 (Panel integrado por la Juez Pesante Martínez, el Juez Rodríguez García (Ponente) y el Juez Salas Soler); García Ortiz v. Municipio de Humacao, KLAN200200043 (Panel integrado por la Juez Pesante Martínez, el Juez Rodríguez García (Ponente) y el Juez Salas Soler). AC-2016-0070 8
el término prescriptivo para dar tiempo al Administrador
del Fondo a subrogarse, si así lo desea. Así también en
Rivera de Vincenti v. ELA lo ratificamos al mencionar que
“la acción subrogatoria provista por el Art. [29] de la
Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo suspende
para el obrero y sus beneficiarios, el término
prescriptivo de la acción de daños y perjuicios del Art.
1868 (2) del Código Civil”. Rivera de Vincenti v. ELA,
108 DPR 64, 70 (1978) (énfasis suplido). Ello lo confirma
Brau del Toro al indicar que:
Si el Fondo no instase acción contra el tercero durante el referido periodo de 90 días, el obrero lesionado, o sus herederos en su caso, podrá repetir contra el tercero dentro del término de un año que comienza a contar después de transcurrido 90 días a partir de la fecha en que la resolución del Administrador del Fondo o de la Comisión Industrial, en su caso, advino final y firme. Brau del Toro, op. cit., pág. 936 (énfasis suplido).
Asimismo, Brau del Toro señala, en cuanto a la
sociedad de bienes gananciales, lo siguiente:
Por tanto, al quedar estatutariamente interrumpida la facultad de un obrero lesionado para ejercer su causa de acción por los daños personales sufridos en un accidente del trabajo— en lo que el Administrador del Fondo decide si ha de instar acción de subrogación en su representación y en su favor— podría argüirse que la sociedad de gananciales de la que el lesionado forma parte, y en la que tiene un legítimo interés, puede posponer el ejercicio de su causa de acción hasta que se produzca la determinación del Administrador del Fondo, ya que como fue reconocido en Gallart, Admor. v. Banco Popular, supra, éste puede ejercitar su acción por subrogación, no sólo para beneficio AC-2016-0070 9
del obrero lesionado por sus daños personales, sino también para beneficio de la sociedad de gananciales constituida por el obrero lesionado y su cónyuge. En tal caso, si finalmente el Administrador decidiese no subrogarse, el término prescriptivo de la acción de la sociedad de gananciales comenzaría a correr 90 días después que la determinación del Administrador, o de la Comisión industrial en su caso, adviniese final y firme, tal como ocurre con la causa de acción personal del obrero lesionado. Íd., pág. 953 (énfasis suplido).
Al examinar con detenimiento la ley, la
jurisprudencia, las normas de hermenéutica y los
tratadistas, debemos concluir que el término prescriptivo
en controversia comienza una vez transcurridos los
noventa (90) días que tiene el Fondo para presentar la
acción en subrogación. La Ley de Compensaciones, supra,
es clara al afirmar que cuando el Administrador del Fondo
no presenta la demanda en subrogación, “el obrero o
empleado, o sus beneficiarios quedarán en libertad
completa para entablar tal demanda en su beneficio, sin
que vengan obligados a resarcir al Fondo del Seguro del
Estado por los gastos incurridos en el caso”. 11 LPRA
sec. 32 (énfasis suplido). Asimismo, menciona que:
El obrero o empleado lesionado ni sus beneficiarios podrán entablar demanda ni transigir ninguna causa de acción que tuvieren contra el tercero responsable de los daños, hasta después de transcurridos noventa días a partir de la fecha en que la resolución del Administrador del Fondo del Seguro del Estado fuere firme y ejecutoria. Íd. AC-2016-0070 10
En ese sentido, la ley inhabilita al obrero o sus
beneficiarios a presentar su acción durante un tiempo
determinado. Así lo reconoce la Mayoría de este Tribunal
al indicar que “el estatuto expresamente inhabilita al
obrero a presentar su causa de acción hasta tanto el
Administrador del Fondo emita su decisión final y decida
si ejerce o no la acción de subrogación para recobrar los
gastos en los que incurrió”. Opinión mayoritaria, pág.
16. No obstante, deciden la anomalía de que un término de
prescripción transcurre a pesar que el legitimado no
puede ejercer la acción durante ese tiempo. En
consecuencia, acortan a sólo nueve (9) meses el término
prescriptivo, es decir, el tiempo que tiene el obrero
para reclamar sus derechos. Ello, en contravención con el
principio básico de que “el verdadero punto de partida
para el inicio del término prescriptivo de una acción de
daños y perjuicios es la fecha en que el agraviado supo
del daño y pudo ejercitar su acción”. Vera v. Dr. Bravo,
161 DPR 308, 327 (2004).
Además, no podemos desvirtuar ni obviar que el
propósito de los noventa (90) días que establece la ley
para que el Fondo pueda presentar su causa de
subrogación, es para dar tiempo al Administrador del
Fondo a decidir si desea subrogarse en los derechos del
obrero lesionado y demandar al tercero causante del daño.
Es por ello que este Tribunal concluyó en El Día, Inc. v.
Tribunal Superior, supra, que el término de prescripción
de la acción independiente contra el tercero responsable
no comienza a decursar para el accidentado hasta AC-2016-0070 11
transcurrido el plazo de noventa (90) días a partir de la
fecha de la resolución del Administrador del Fondo. Esa
normativa debió mantenerse e imperar. Ello es así, ya que
el estatuto señala expresamente que después del término
de noventa (90) días, es que el obrero tendrá libertad
completa para presentar su demanda. A su vez, este
Tribunal ha reconocido “sin excepción alguna que de la
indemnización que se obtenga de la acción que incoe el
Fondo se resarcirán primero todos los desembolsos que
este haya realizado con respecto al empleado lesionado, y
entonces el sobrante corresponderá al empleado o a sus
familiares”. Sevilla v. Municipio Toa Alta, 159 DPR 684,
692 (2003). Por tanto, la acción de subrogación
ejercitada por el Fondo tiene como fin primordial
recuperar los gastos incurridos y los beneficios que
puedan obtener el obrero o sus beneficiarios, si alguno,
pasan a un segundo plano. Eso lo confirman las siguientes
expresiones de este Tribunal:
[El Fondo] siempre tiene un derecho prioritario al reembolso de todo lo que haya gastado en la atención médica y en la compensación del empleado lesionado. El derecho del empleado o de sus familiares cuando un tercero es de algún modo responsable de sus daños es sólo al sobrante que haya luego de que el Fondo demandante se haya resarcido de todos los desembolsos realizados en beneficio del empleado lesionado. Íd. págs. 692-693 (énfasis suplido).
A raíz de las expresiones anteriores que este
Tribunal ha realizado, ¿qué sentido lógico tiene el
resolver que “los primeros noventa días están incluidos AC-2016-0070 12
dentro del término prescriptivo de un año, aunque han
sido reservados para que el Administrador presente la
acción de subrogación […] y pueda recobrar los fondos
invertidos en el tratamiento y compensación brindados a
este”? Opinión mayorítaria, págs. 18-19. Es decir, ¿cómo
se pueden descontar los noventa días del término
prescriptivo de un año que tiene derecho el obrero, si la
acción del Fondo es para, prioritariamente, reembolsar el
dinero que gastaron y no con el fin primordial de
beneficiar al obrero?
Según la normativa discutida, en este caso los
apelantes estaban impedidos de presentar la demanda hasta
después de transcurridos los noventa (90) días de que
adviniera firme la determinación del Administrador del
Fondo. La referida decisión fue emitida el 3 de octubre de
2011. A su vez, la Comisión Industrial la confirmó el 1 de
abril de 2014. Por consiguiente, advino firme el 1 de mayo
de 2014. A partir de esa fecha, los apelantes debían
esperar los noventa (90) días que establece la Ley de
Compensaciones, supra, y de ahí tendrían un (1) año para
presentar su demanda. Es decir, debían esperar hasta el 31
de julio de 2014, fecha en la cual podrían presentar su
acción, y desde la cual comenzaría a transcurrir el año.
Los apelantes presentaron su demanda en el Tribunal de
Primera Instancia el 21 de mayo de 2015, por lo que fue
instada dentro del término de prescripción de un año. AC-2016-0070 13
Por todo lo expuesto, disiento y concluyo que los
apelantes presentaron su demanda a tiempo. No obstante,
la decisión que hoy emite una Mayoría de este Tribunal
resulta preocupante, ya que reducen el término que tienen
los obreros lesionados y sus beneficiarios para ejercer
efectivamente sus derechos. Al resolver como lo hacen,
incorporan una excepción a la normativa de los términos
prescriptivos sin base en el texto de la ley, contrario a
nuestra jurisprudencia, en contravención al propósito
legislativo y creando una anómala situación de
desigualdad. Adviértase que desde hoy se crea el fatal
precedente de que un término de prescripción transcurre a
pesar de que el legitimado no puede ejercer la acción
durante ese tiempo. No puedo estar de acuerdo con ese
razonamiento.
Por los fundamentos que anteceden, disiento del curso
de acción seguido por una Mayoría de este Tribunal. En su
lugar, revocaría al Tribunal de Apelaciones y hubiera
determinado que la demanda de epígrafe fue presentada
oportunamente.
Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado