Rodríguez Gómez v. Multinational Insurance Co.; Multinational Life Insurance Co.

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: June 25, 2021
• Docket: CC-2018-663
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Edgar Rodríguez Gómez Certiorari Peticionario

v. 2021 TSPR 88

Multinational Insurance Co.; 207 DPR ____ Multinational Life Insurance Co.

Recurridas

Número del Caso: CC-2018-663

Fecha: 25 de junio de 2021

Tribunal de Apelaciones:

Panel XI

Abogados de la parte peticionaria:

Lcdo. Luis Varela Ortiz Lcdo. Carlos Mondríguez Torres

Abogados de la parte recurrida:

Lcdo. Alberto R. Estrella Arteaga Lcdo. Leonardo Cabán Rodríguez Lcdo. Erik A. Rosado Pérez

Materia: Sentencia con Opinión Disidente.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Edgar Rodríguez Gómez

Peticionario

v. CC-2018-0663

Multinational Insurance Co.; Multinational Life Insurance Co.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 2021.

En este caso nos corresponde determinar si el

Tribunal de Apelaciones erró al revocar una Sentencia

que emitió el Tribunal de Primera Instancia. En virtud

de ese dictamen, el foro primario declaró con lugar

una reclamación por despido injustificado al amparo de

la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, infra. Lo

anterior, luego de celebrar una vista en rebeldía

limitada al cómputo de la mesada sin corroborar la

veracidad y suficiencia de las alegaciones contenidas

en una Querella enmendada.

A continuación, exponemos el trasfondo fáctico y

procesal que originó esta controversia. CC-2018-0663 2

I

El 23 de diciembre de 2013 el Sr. Edgar Rodríguez Gómez

(peticionario) presentó una Querella por despido

injustificado contra Multinational Insurance Company.

Asimismo, se acogió al trámite sumario que provee la Ley Núm.

2, infra. Alegó que Multinational Insurance Company adquirió

National Life Insurace Co. (NALIC), por lo que se convirtió

en patrono sucesor. Adujo que trabajó para NALIC durante cinco

(5) años. Adicionalmente, alegó que fue despedido el 30 de

diciembre de 2011.

Oportunamente, Multinational Insurance Company presentó

su contestación a la Querella. Sostuvo que era una aseguradora

independiente y separada de NALIC, por lo que negó haberla

adquirido. Añadió que el peticionario renunció libre y

voluntariamente a su empleo en NALIC. Además, adujo que el

peticionario firmó un Acuerdo y Relevo General y que, en

virtud de ese acuerdo, el peticionario, libre y

voluntariamente, relevó de responsabilidad a NALIC y a todas

sus entidades predecesoras, sucesoras, afiliadas,

subsidiarias, cesionarias, tenedoras de acciones o matrices,

y otros, en cuanto a cualquier reclamación relacionada

directa o indirectamente con la relación del empleo que haya

existido entre las partes. Por último, alegó que el

peticionario nunca trabajó para Multinational Insurance

Company, ni Multinational Life Insurance Company luego del 10

de noviembre de 2011. CC-2018-0663 3

Luego de varios trámites procesales, el peticionario y

Multinational Insurance Company presentaron una moción

conjunta con un informe inicial sobre la tramitación del

caso.1 En el umbral de la etapa del descubrimiento de prueba,

el peticionario solicitó permiso al foro primario para

enmendar la Querella. Lo anterior, con el único propósito de

incluir a Multinational Life Insurance Company (recurrida)

como parte demandada. En apoyo a su solicitud, el peticionario

explicó que la enmienda no alteraría la querella original,

por lo que no causaría perjuicio. Añadió que, como producto

de la enmienda que solicitó, Multinational Insurance Company

podría quedar relevada de este pleito.2 A su vez, el

peticionario reiteró su solicitud de acogerse al

procedimiento sumario provisto en la Ley Núm. 2, infra. El

foro primario permitió la enmienda y autorizó la expedición

del emplazamiento a la recurrida. El emplazamiento se

diligenció el 4 de septiembre de 2014.

El 24 de septiembre de 2014 la recurrida y Multinational

Insurance Company contestaron conjuntamente la Querella

enmendada. Reiteraron las mismas defensas que se esbozaron

previamente en la contestación a la Querella original.

Asimismo, la recurrida y Multinational Insurance Company

presentaron una moción mediante la cual solicitaron al foro

primario la conversión del pleito al trámite ordinario.

El 10 de octubre de 2014 el peticionario solicitó al foro

1 Apéndice, pág. 90. 2 Apéndice, pág. 80. CC-2018-0663 4

primario la anotación de rebeldía de la recurrida.3 En

particular, adujo que la recurrida no contestó la Querella

enmendada en el término de diez días dispuesto en la Ley Núm.

2, infra. Resaltó que la recurrida presentó su contestación

veinte días después de haber sido emplazada y sin solicitar

prórroga para ello.

La recurrida y Multinational Insurance Company se

opusieron a la solicitud de anotación de rebeldía.4 En

síntesis, argumentaron que Multinational Insurance Company

presentó su contestación a la Querella oportunamente y en

estricto cumplimiento a los términos dispuestos por la Ley

Núm. 2, infra.5 No obstante, resaltaron que esa Ley nada

dispone para la contestación a una enmienda.6 En consecuencia,

alegaron que, ante ese vacío jurídico procedía aplicar la

Regla 13.1 de Procedimiento Civil.7 Fundamentaron que esa

Regla le exige a una parte notificar su contestación a una

alegación enmendada dentro del tiempo que le reste para

contestar la alegación original, o dentro de veinte días de

haber sido notificada de la alegación enmendada, cualquiera

de estos plazos el que sea más largo.8

Considerados los argumentos de las partes, el foro

primario notificó una Orden mediante la cual denegó la

3 Apéndice, pág. 161. 4 Apéndice, pág. 171. 5 Íd., págs. 171-172. 6 Íd., pág. 172. 7 Íd., págs. 172-173. 8 Íd., pág. 173. CC-2018-0663 5

anotación de rebeldía.9 A su vez, resolvió que los demás

asuntos se discutirían en una vista pautada para el 20 de

noviembre de 2014. Llegado el día, el peticionario desistió

en corte abierta de su reclamación en contra de Multinational

Insurance Company. El foro primario así lo hizo constar y

señaló que el pleito continuaría contra la recurrida. No

obstante, el foro primario aclaró lo siguiente:

“En un caso normalmente de Ley 80, esta juez no concede que se convierta en un procedimiento ordinario porque no se está trayendo ninguna otra reclamación, sin embargo, hay un caso en otra Sala que incide o podría incidir de alguna manera en la reclamación laboral que tiene el querellante en esta Sala y eso crea problemas y dificultades. […] Lo que realmente habría que analizar es si por virtud de ese acuerdo que se firmó hubo o no un relevo y si hubo o no una renuncia por parte de este”.10 Justo dentro del procedimiento para que el caso se

convirtiera al trámite ordinario, el 1 de diciembre de 2014

el peticionario presentó un recurso de certiorari ante el

foro apelativo intermedio. Señaló como error que el foro

primario no tenía facultad para aceptar la contestación a la

Querella enmendada que la recurrida presentó el 24 de

septiembre de 2014. Argumentó que la presentación se hizo

fuera del término de diez días provisto por la Ley Núm. 2,

infra. Luego de los trámites de rigor, el foro intermedio

dictó una Sentencia mediante la cual revocó al foro primario.

9 Apéndice, pág. 185. 10 Apéndice, pág. 227. (Énfasis suplido) (Expresiones de la Hon. Navas Auger quien originalmente atendió el caso). CC-2018-0663 6

Resolvió que el foro primario debió anotarle la rebeldía a

la recurrida.11

Continuados los procedimientos, el foro primario le

anotó la rebeldía a la recurrida.12 A su vez, dejó sin efecto

el señalamiento de Conferencia con Antelación a juicio. En

su lugar, señaló una vista en rebeldía. Aclaró que esa vista

se celebraría a los únicos efectos del cómputo de la mesada.

De manera paralela, y pendiente la celebración de la

vista en rebeldía, el peticionario presentó una Moción para

que se dicte sentencia sin necesidad de vista. Argumentó que,

una vez anotada la rebeldía, el efecto sería que se estiman

aceptadas todas las materias bien alegadas en la Querella.

En consecuencia, sostuvo que procedería realizar el cómputo

de la mesada de conformidad con la Ley Núm. 80-1976, infra,

sin necesidad de vista.

Retomados los procedimientos ante el foro primario, se

suscitaron varios trámites procesales. Entre ellos, la

recurrida presentó una Solicitud para que se emita Resolución

mediante la cual queden debidamente establecidas las

alegaciones y materias de la Querella enmendada que no podrán

considerarse como admitidas a la luz de la normativa

jurisprudencial aplicable a los casos en rebeldía. Allí

nuevamente argumentó que el efecto de la anotación de la

11 Inconforme, la recurrida acudió ante este Tribunal. En síntesis, argumentó que no procedía la anotación de rebeldía. No obstante, el 12 de abril de 2016, emitimos una Sentencia mediante la cual revocamos al foro apelativo intermedio fundamentado únicamente en la falta de jurisdicción. Lo anterior, pues el peticionario presentó el recurso tardíamente. 12 Apéndice, pág. 294. CC-2018-0663 7

rebeldía es que se consideren aceptadas aquellas materias que

hayan sido correctamente alegadas. De esa manera, sostuvo que

en la Querella enmendada existían alegaciones insuficientes

e incorrectamente alegadas que no podían darse por admitidas.

Puntualizó que, sobre esas alegaciones insuficientes sí podía

presentar prueba. En consecuencia, hizo una relación de las

materias incorrectamente alegadas e incluyó prueba en apoyo

a su contención. Entre esa prueba, anejó una carta de renuncia

del peticionario con fecha del 11 de noviembre de 2011.13

De otra parte, el peticionario presentó una solicitud

para que se dictara sentencia en rebeldía sin necesidad de

vista. Nuevamente, la recurrida se opuso.14 Añadió que

procedía que el caso se dilucidara en un juicio plenario. En

apoyo a su contención, anejó el Acuerdo y Relevo General que

firmó el peticionario y mediante el cual éste recibió

$80,730.37 al presentar su renuncia.15

Sin haber adjudicado la reclamación principal sobre la

responsabilidad, si alguna, de la recurrida como supuesto

patrono, el foro primario reiteró que la vista en rebeldía

estaría limitada únicamente para efectos del cómputo de la

mesada.16 Apercibió al peticionario de ir preparado para

presentar prueba en torno al cómputo de la mesada.17 De otra

parte, el foro primario denegó la Solicitud para que se emita

13 Apéndice, pág. 261. 14 Apéndice, págs. 371-386. 15 Íd., págs. 387-397. 16 Apéndice, pág. 420. 17 Íd., pág. 421. CC-2018-0663 8

Resolución mediante la cual queden debidamente establecidas

las alegaciones y materias de la Querella enmendada que no

podrán considerarse como admitidas a la luz de la normativa

jurisprudencial aplicable a los casos en rebeldía que la

recurrida presentó. Razonó que no procedía dilucidar el caso

en un juicio plenario ya que la recurrida se encontraba en

rebeldía.18

Llamado el caso para la celebración de la vista en

rebeldía, la representación legal del peticionario expresó

que solamente sometería la W-2 certificada por el

Departamento de Hacienda correspondiente a los años 2009 y

2010.19 Por su parte, la recurrida argumentó que de ese

documento no surge el nombre del patrono, y tampoco establece

el salario más alto devengado.20 Añadió que admitir el

documento tendría el efecto de enmendar las alegaciones de

la Querella.21

Culminado el desfile de prueba, la recurrida hizo una

Moción de Non Suit en corte abierta y argumentó al respecto.22

Sometido el caso y evaluados los argumentos de las partes,

el foro primario dictó Sentencia.23 Declaró sin lugar la

Moción de Non Suit y con lugar la acción por despido

injustificado.24 El foro primario fundamentó su determinación

18 Íd. 19 Íd., págs. 441-442. 20 Íd., pág. 441. 21 Íd., pág. 441. 22 Íd., pág. 442. 23 Íd., págs. 446-452. 24 Íd., pág. 452. CC-2018-0663 9

en que “[e]n el caso de autos las alegaciones que expone la

Querella enmendada son suficientes para dar por probado el

hecho del [d]espido”.25 Además, razonó que “por estar en

rebeldía, [la recurrida] no pudo demostrar la justa causa del

despido del [peticionario]”.26 Como resultado, le impuso a la

recurrida el pago de cierta cuantía en concepto de

indemnización.27

Inconforme, la recurrida acudió al foro apelativo

intermedio y solicitó la revocación de la referida Sentencia.

En lo pertinente, argumentó que el foro primario emitió una

Sentencia en su contra por despido injustificado a base de

alegaciones insuficientes. En particular, adujo que esas

alegaciones no establecen los hechos específicos que hacían

al peticionario merecedor de tal remedio. De esa manera, alegó

que el peticionario no puso al foro primario en posición de

evaluar el tema principal de la responsabilidad del patrono,

ni el computo de la mesada. Añadió que ello constituyó un

grave fracaso a la justicia, pues el foro primario no

corroboró la veracidad de las alegaciones y al ser

insuficientes no podían darse por admitidas. El peticionario,

por su parte, reprodujo el argumento de la anotación de

rebeldía y sostuvo que las alegaciones de la Querella

enmendada eran suficientes.

Tras la evaluación de rigor, el foro apelativo intermedio

25 Íd., pág. 450. 26 Íd. 27 Íd., pág. 452. CC-2018-0663 10

dictó una Sentencia mediante la cual revocó al foro primario.

Fundamentó su determinación en que las alegaciones, según

redactadas en la Querella enmendada, eran conclusorias.28

Resaltó que no surgen de la Querella enmendada hechos

suficientes para establecer el hecho básico de que ocurrió

un despido, pues solo menciona que lo hubo.29 De esa manera,

razonó que el foro primario incidió al limitar la vista en

rebeldía a la presentación de prueba sobre la mesada sin antes

hacer el análisis sobre la suficiencia de las alegaciones.30

Sostuvo que lo anterior es parte de los procedimientos

revisables en casos como este.31 En consecuencia, ordenó la

celebración de una vista evidenciaria para dilucidar la

suficiencia de las alegaciones.

Oportunamente, el peticionario presentó el recurso de

certiorari que nos ocupa. En síntesis, argumentó que el foro

apelativo intermedio erró por dos fundamentos. Primero, al

decretar la procedencia de la revisión y revocar al foro

primario a pesar de que la Ley Núm. 2, infra, establece que

el mecanismo de revisión está disponible para la revisión de

los procedimientos exclusivamente. Segundo, al determinar que

las alegaciones de la Querella enmendada no eran suficientes

para establecer el hecho básico del despido.

Con el beneficio de las comparecencias de ambas partes,

resolvemos.

28 Rodríguez Gómez v. Multinational Ins. Co., 2018WL4333971, KLCE2018- 00615, pág. 23. 29 Íd. 30 Íd. 31 Íd. CC-2018-0663 11

II

A. Ley de indemnización por despido injustificado

El despido se ha definido como la ruptura unilateral,

que hace el patrono, del contrato individual de trabajo

celebrado con uno o varios trabajadores. Díaz v. Wyndham

Hotel, Corp., 155 DPR 364, 374 (2001) (citando a C. Zeno

Santiago, El despido y la política social en nuestro estado

de derecho, 34 Rev. Jur. UIPR 213, 214 (2000)). Véase, C.

Zeno Santiago, V. Bermúdez Pérez, Tratado de Derecho del

Trabajo, Pubs. JTS, 2003, T. I, pág. 97. El rompimiento de

esa relación laboral conlleva, en ocasiones, la pérdida del

sustento económico para el acceso a los artículos y servicios

indispensables del diario vivir. Íd.

A esos fines, mediante la aprobación de la Ley de

indemnización por despido injustificado, Ley Núm. 80 de 30 de

mayo de 1976, según enmendada, 29 LPRA sec. 185 et seq. (Ley

Núm. 80-1976), se les brindó a las personas que han sido

despedidas sin justa causa, la oportunidad de disfrutar de

una indemnización que les permita suplir sus necesidades

básicas durante el tiempo que les pueda tomar conseguir un

nuevo empleo. Díaz v. Wyndham Hotel, Corp., supra, pág. 375.

De otra parte, nuestro ordenamiento jurídico no prohíbe

absolutamente el despido de un empleado o empleada. Rivera

Figueroa v. The Fuller Brush. Co., 180 DPR 894, 905 (2011).

Más bien, castiga el despido sin justa causa. Íd. En

consonancia, la Sec. 9.1 de las Guías para la Interpretación CC-2018-0663 12

de la Legislación Laboral de Puerto Rico, pág. 123, aclara

que “el esquema habilitado por la Ley Núm. 80-1976, supra,

constituye realmente una penalidad al despido sin justa

causa, toda vez que desincentiva, pero no prohíbe, los

despidos injustificados”. (Énfasis suplido). Por eso,

“distinto al tratamiento que se le otorga a un despido

discriminatorio, la Ley Núm. 80-1976, supra, concede

exclusivamente una indemnización o mesada de conformidad con

el tiempo trabajado para el patrono en cuestión, pero no

concede reposición en el puesto de trabajo”. Íd.

En particular, el Art. 1 de la Ley Núm. 80-1976, supra,

dispone las circunstancias que deben ocurrir para que un

trabajador o trabajadora tenga derecho a una indemnización

como resultado de su despido. Debe tratarse de: (1) un

empleado o empleada que trabaje para un patrono mediante

remuneración; (2) contratado sin tiempo determinado; (3) que

fuere despedido sin que haya mediado una justa causa. 29 LPRA

sec. 185a.

Ahora bien, es de importancia palmaria resaltar que la

Ley Núm. 80-1976, supra, ha sufrido enmiendas recientes. No

obstante, según redactada al momento de la ocurrencia de los

hechos que originaron este caso, ante una reclamación por

despido injustificado, el patrono viene obligado a alegar en

su contestación a la demanda los hechos que dieron origen al

despido. 29 LPRA sec. 185k. Dicho de otra manera, una vez un

trabajador o trabajadora presenta una reclamación al amparo CC-2018-0663 13

de la Ley Núm. 80-1976, supra, y cumple con los requisitos

explicados arriba mediante alegaciones suficientes, se activa

la presunción de que el despido fue injustificado. Activada

esa presunción, le corresponde al patrono probar, mediante

preponderancia de la prueba, que existía justa causa para el

despido.

En un pleito al amparo de la Ley Núm. 80-1976, supra,

para que un trabajador o trabajadora pueda valerse de la

presunción fuerte de que su despido fue injustificado, tiene

que presentar prueba demostrativa de que, en efecto, lo

despidieron. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush. Co., supra,

págs. 911-912. Así, la presunción de que el despido fue

injustificado no se activa hasta tanto se logre persuadir al

juzgador o juzgadora de la ocurrencia de ese hecho básico.

Íd., pág. 912. Por eso, hemos resuelto que la mera alegación

de un hecho básico, sin haberlo establecido debidamente, no

activa una presunción que permita la inferencia de un hecho

presumido. Íd. Véase McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., 123

DPR 113, 141 (1989).

En consonancia, como nos dice el profesor Chiesa Aponte,

“[e]l debido proceso de ley exige que haya un vínculo racional

entre el hecho básico y el hecho presumido. En ausencia de

ese vínculo habría una arbitrariedad procesal, incompatible

con el debido proceso de ley”. E. Chiesa Aponte, Reglas de

Evidencia Comentadas, Eds. SITUM, 2016, pág. 62. Bajo la

óptica de la Ley Núm. 80-1976, supra, esto significa que, en CC-2018-0663 14

cuanto a la controversia sobre la justificación del despido,

el empleado o empleada cobijado por la presunción podría

prevalecer en el pleito sin más evidencia que la misma

presunción que activó. Ahora bien, como explicamos, para

activar esa presunción tiene que presentar inicialmente

alguna prueba para demostrar la existencia del hecho base que

la justifica. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush. Co., supra,

pág. 913.

No podemos olvidar que cuando hablamos del peso de la

prueba en una acción judicial, nos referimos a la obligación

de convencer al juzgador o juzgadora de que los hechos

alegados ocurrieron de una forma en particular. R. Emmanuelli

Jiménez, Prontuario de derecho probatorio puertorriqueño,

3era ed., San Juan, Ed. SITUM, 2010, pág. 121. En

consecuencia, los contornos jurídicos del peso de la prueba

y las presunciones están inexorablemente atadas.

El análisis que antecede demuestra inequívocamente que

las reclamaciones que emanan de las relaciones obrero-

patronales, por su naturaleza y finalidad, ameritan

resolverse a la brevedad posible y en observancia al marco

jurídico que las regula. Por eso, la legislación laboral

permite, además, que las reclamaciones de salarios y

beneficios al amparo de la Ley Núm. 80-1976, supra, se puedan

tramitar con mayor celeridad al amparo de la Ley de

Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, infra. CC-2018-0663 15

B. Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales.

La Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones

Laborales, Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según

enmendada, 32 LPRA sec. 3118 et seq. (Ley Núm. 2), en esencia

provee un mecanismo procesal judicial que persigue la

consideración y adjudicación rápida de las querellas

presentadas por los obreros o empleados, principalmente en

casos de reclamaciones salariales y beneficios. Vizcarrondo

Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 928 (2008); Rivera v.

Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912, 923 (1996). Éstos

son casos que, por su naturaleza y finalidad, requieren

resolverse a la brevedad posible. Íd.

A tales fines, la Ley Núm. 2, supra, estableció una serie

de criterios que los tribunales y las partes deben respetar.

En particular, de esos criterios hemos enfatizado los

siguientes: (1) términos cortos para la contestación de la

querella que presentó el trabajador o la trabajadora; (2)

criterios para la concesión de una sola prórroga para

contestar la querella; (3) un mecanismo para el emplazamiento

del patrono querellado; (4) el procedimiento para presentar

defensas y objeciones; (5) la facultad del tribunal para

dictar sentencia en rebeldía cuando el patrono querellado no

cumpla con los términos provistos para contestar la querella.

32 LPRA, secs. 3120, 3121, 3133; Vizcarrondo Morales v. MVM,

Inc., supra, pág. 929; Rivera v. Insular Wire Products Corp.,

supra, págs. 923-924. CC-2018-0663 16

El carácter sumario del procedimiento establecido en la

Ley Núm. 2, supra, le impone al patrono querellado atender

con celeridad la querella presentada en su contra. En esa

dirección, la Sec. 3 de la referida Ley, dispone que el

patrono presentará la contestación a la querella por escrito

en los diez días siguientes a la notificación si ésta se hace

en el distrito judicial donde se promueve la acción, y en los

quince días en los demás casos. 31 LPRA sec. 3120. Si el

patrono querellado no presenta su contestación en el término

establecido, “se dictará sentencia en su contra, concediendo

el remedio solicitado, sin más citarle ni oírle”. 32 LPRA

sec. 3120. No obstante, el patrono querellado puede solicitar

al tribunal una prórroga para responder, si presenta bajo

juramento una moción mediante la cual explique detalladamente

los motivos que la justifiquen. 32 LPRA sec. 3120. En tales

casos, el tribunal podrá concederla de encontrar causa

justificada. 32 LPRA sec. 3120.

De lo anterior se desprende que, “como norma general,

luego de que se extingue el término para contestar la querella

sin que se haya justificado adecuadamente la incomparecencia,

el tribunal está impedido de tomar cualquier otra

determinación que no sea anotarle la rebeldía al patrono

querellado”. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, pág.

935. A pesar de la celeridad que exige la Ley Núm. 2, supra,

al patrono querellado, “no es, ni puede ser, una carta en

blanco para la concesión de remedios a trabajadores o

trabajadoras que no han justificado adecuadamente, mediante CC-2018-0663 17

alegaciones o prueba, hechos que avalen su derecho a lo

reclamado”. Rivera v. Insular Wire Products, Corp., supra,

pág. 928.

Ahora bien, a pesar del carácter sumario de la Ley Núm.

2, supra, no fue la intención del legislador imponer un

trámite inflexible e injusto para el patrono querellado.

Lucero v. San Juan Star, 159 DPR 494, 504 (2003). Ciertamente,

es norma reiterada que el carácter reparador de este

procedimiento requiere que la ley sea interpretada

liberalmente a favor del empleado. Íd. No obstante, la Ley

Núm. 2, supra, no puede ser interpretada ni aplicada en el

vacío. Íd., pág. 506. Aun ante casos que parezcan ser iguales,

en ocasiones los hechos de esos casos requerirán tratamientos

distintos en aras de conseguir un resultado justo. Íd.

C. La anotación de rebeldía bajo la Ley Núm. 2.

Como vimos, al amparo de la Ley Núm. 2, supra, si el

patrono no presenta contestación en la forma y manera que se

dispone en la Sec. 3 de la Ley, 32 LPRA sec. 3120, el tribunal

tiene que ver el caso en rebeldía. Por tanto, debemos recurrir

a las disposiciones específicas y normas interpretativas

sobre la sentencia en rebeldía bajo la Regla 45 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, que no estén en conflicto

con la Ley Núm. 2, supra.

La Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra, dispone que

procederá la anotación de rebeldía “[c]uando una parte contra

la cual se solicite una sentencia que concede un remedio CC-2018-0663 18

afirmativo haya dejado de presentar alegaciones o de

defenderse en otra forma según se dispone en estas reglas”.

Sabido es que “[e]l propósito de estar sujeto a esta anotación

es como disuasivo contra aquellos que puedan recurrir a la

dilación como un elemento de su estrategia en la litigación”.

Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 653, 670-671 (2005) (citando

a J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San

Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T.II, pág. 750).

Reiteradamente, hemos razonado que la consecuencia

jurídica de la anotación en rebeldía es que se admitan como

ciertas todos y cada uno de los hechos correctamente alegados.

Ocasio v. Kelly Servs., supra, pág. 671; Álamo v. Supermercado

Grande, Inc., 158 DPR 93 (2002); Colón v. Ramos, 116 DPR 258

(1985); Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809,

815 (1978). Ahora bien, hemos sido enfáticos al expresar “que

los tribunales no son meros autómatas obligados a conceder

indemnizaciones por estar dilucidándose un caso en rebeldía”.

Rivera v. Insular Wire Products Corp., supra, pág. 931. Bajo

el mismo razonamiento, resolvimos que un “trámite en rebeldía

no garantiza, per se, una sentencia favorable al demandante;

el demandado no admite hechos incorrectamente alegados como

tampoco conclusiones de derecho”. Íd. (Énfasis suplido).

Tampoco la parte en rebeldía renuncia a las defensas de falta

de jurisdicción ni de que la demanda no aduce hechos

constitutivos de una causa de acción en favor del reclamante.

Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, supra, pág. 816. CC-2018-0663 19

Como corolario de lo anterior, “reconocimos que en el

descargo de la función judicial, el tribunal deberá celebrar

las vistas que sean necesarias y adecuadas para comprobar

cualquier alegación”. Íd. (Énfasis suplido). Nutrido del

mismo razonamiento, hemos expresado que “el proceso de formar

conciencia judicial exige la comprobación de cualquier

aseveración mediante prueba”. Ocasio v. Kelly Servs., supra,

pág. 671 (citando a Hernández v. Espinosa, 145 DPR 248, 272

(1998)). En un pleito en rebeldía, esto significa que, si un

tribunal necesita comprobar la veracidad de cualquier

alegación o hacer una investigación sobre cualquier otro

asunto para poder dictar sentencia en rebeldía, “deberá

celebrar las vistas que estime necesarias y adecuadas”.

Ocasio v. Kelly Servs., supra, pág. 671; Audiovisual Lang. v.

Sist. Est. Natal Hnos., 144 DPR 563, 577-578 (1997);

Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, supra, pág. 816.

Respecto a las sentencias dictadas en rebeldía, bajo el

procedimiento sumario de la Ley Núm. 2, supra, hemos resuelto

que “las alegaciones concluyentes y las determinaciones de

derecho, al igual que los hechos alegados incorrectamente, no

son suficientes para sostener una determinación de

responsabilidad del patrono”. Ocasio v. Kelly Servs., supra,

pág. 672. (Énfasis suplido). A esos efectos resolvimos que

“para que el tribunal pueda dictar sentencia en rebeldía, la

parte querellante deberá alegar correctamente hechos

específicos los cuales, de su faz, sean demostrativos que, de

ser probados, lo hacen acreedor del remedio solicitado”. Íd. CC-2018-0663 20

(Énfasis suplido); Ruiz v. Col. San Agustín, 152 DPR 226, 236

(2000). Lo anterior está en armonía con la obligación inicial

que tiene el trabajador o trabajadora querellante de

establecer el hecho básico del despido, a satisfacción del

juzgador, con alegaciones suficientes.

III

A tenor del marco jurídico explicado, pasamos a analizar

las alegaciones contenidas en las querellas del caso de

epígrafe.

En la Querella original que el peticionario presentó el

23 de diciembre de 2013 hizo las alegaciones siguientes:

1. La querellada, Multinational Insurance Co., es una compañía de seguros con oficinas en la Avenida Luis Muñoz Rivera 510, en San Juan Puerto Rico y operaciones en todo el archipiélago de Puerto Rico. 2. El querellante … trabajó para National Life Insurance, Co. (NALIC), durante más de cinco (5) años, mediante contrato de empleo a tiempo indeterminado, desde el 1 de marzo de 2006 hasta el 11 de noviembre de 2011. 3. El 11 de noviembre de 2011, la querellada Multinacional Insurance Co., adquirió a NALIC, por compra, y se quedó con el edificio, activos, negocios y empleados de NALIC, convirtiéndose en patrono sucesor de ésta. 4. Multinational retuvo al querellante como empleado, pero lo despidió el 30 de diciembre de 2011. 5. El despido de la querellante fue uno sin justa causa. 6. El salario más alto devengado por el querellante fue de $276,000.00 anuales, equivalentes a $23,000.00 mensuales, y a $5,307.69 semanales. 7. Conforme a lo dispuesto en la Ley Núm. 80 … la parte querellante tiene derecho a recibir de la parte querellada el sueldo correspondiente a tres (3) meses por concepto de indemnización, o sea, $69,000.00 más una indemnización progresiva adicional equivalente al sueldo de dos (2) semanas ($10,615.38), multiplicado por los años completos de servicio (5), que en este caso equivaldría a $53,076.90, para un total de $122,076.90. 8. La parte querellante se acoge al procedimiento especial de carácter sumario establecido en la Ley Núm. 2, de 17 de octubre de 1961, según enmendada. CC-2018-0663 21

Por su parte, en la Querella enmendada que el

peticionario presentó el 8 de agosto de 2014, hizo las

alegaciones siguientes:

1. Las querelladas, Multinational Insurance Co., y Multinational Life Insurance Co., son compañías de seguros con oficinas en la Avenida Luis Muñoz Rivera 510, en San Juan, Puerto Rico y operaciones en todo el archipiélago de Puerto Rico. 2. El querellante … trabajó para National Life Insurance, Co. (NALIC), durante más de cinco (5) años mediante contrato de empleo a tiempo indeterminado, desde el 1 de marzo de 2006 hasta el 30 de diciembre de 2011, cuando fue despedido. 3. El 11 de noviembre de 2011, la querellada Multinational Life Insurance Company adquirió a NALIC, por compra, y se quedó con el edificio, activos, negocios y empleados de NALIC convirtiéndose en patrono sucesor de ésta. 4. Multinational retuvo al querellante como empleado, pero lo despidió el 30 de diciembre de 2011. 5. El despido fue uno sin justa causa. 6. El salario más alto devengado por el querellante fue de $276,000.00 anuales, equivalentes a $23,000.00 y a $5,307.69 semanales. 7. Conforme a lo dispuesto en la Ley Núm. 80 … la parte querellante tiene derecho a recibir de la parte querellada el sueldo correspondiente a tres (3) meses por concepto de indemnización, o sea, $69,000, más una indemnización progresiva adicional equivalente al sueldo de dos (2) semanas ($10,615.38), multiplicado por los años completos de servicio (5), que en este caso equivaldría a $53,076.90, para un total de $122,076.90. 8. La parte querellante se acoge al procedimiento especial de carácter sumario establecido en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada.

Como cuestión de umbral, se desprende de la Querella

original y de la Querella enmendada que el peticionario no

alegó que trabajó para la recurrida. Alegó que trabajó para

NALIC y que, alegadamente, la recurrida adquirió a NALIC por

compra. De otra parte, mencionó que la recurrida lo retuvo en CC-2018-0663 22

el empleo hasta el día del alegado despido el 31 de diciembre

de 2011. A su juicio, el alegado despido fue uno sin justa

causa. Todas esas alegaciones fueron debidamente negadas en

la contestación a la Querella original que presentó

Multinational Insurance Company oportunamente y que,

posteriormente, fueron reiteradas en la contestación a la

enmienda que el foro primario permitió a los únicos efectos

de incluir a la recurrida como parte del pleito.

A pesar de lo anterior, para efectos de la presunción

por despido injustificado, el peticionario únicamente alegó

conclusoriamente que hubo un despido. No incluyó, ni de manera

sucinta y sencilla, alegaciones suficientes que establecieran

con hechos la ocurrencia del despido. En cambio, el

peticionario se limitó a decir que ocurrió. Como vimos,

establecer el hecho básico del despido –no así meramente

mencionarlo- era medular para activar la presunción fuerte de

que el despido fue uno injustificado. De haberla activado, el

peticionario hubiera podido descansar en esa presunción.

A tono con lo anterior, nunca se activó la presunción de

despido injustificado que provee la Ley Núm. 80-1976, supra.

Como consecuencia necesaria, tampoco se invirtió el peso de

la prueba. Por tratarse de alegaciones conclusorias e

insuficientes, la anotación de rebeldía a la recurrida no

tuvo el efecto de darlas por admitidas. Bajo la óptica del

marco jurídico discutido, el peticionario no estableció que

tenía derecho a la concesión de los remedios que solicitó en

un procedimiento en contra de la recurrida, contra quien CC-2018-0663 23

tampoco se estableció si, en efecto, fue o no patrono del

peticionario en algún momento. Recordemos que el hecho de la

anotación de la rebeldía a la recurrida per se no le concede

al peticionario el derecho que reclamó.

Nuestro deber es interpretar las leyes para lograr

resultados armoniosos, mas no resultados absurdos o

irrazonables. Rodríguez v. Syntex P.R., Inc., 148 DPR 604,

616 (1999). Nuestras decisiones no pueden conducir a

resultados manifiestamente injustos.

Surge del expediente que, desde el 20 de noviembre de

2014, el foro primario expresó su inclinación a convertir el

caso a uno bajo el trámite ordinario.32 Lo anterior, pues tomó

en consideración que, paralelamente, había un caso en otra

Sala, cuya tramitación incidía, o podría incidir, en la

reclamación laboral que el peticionario presentó.33 En

particular, porque el peticionario figuraba como demandado en

aquel caso por alegado incumplimiento a sus deberes de

fiducia.34 En esa dirección, el foro primario recomendó

esperar a la resolución de las imputaciones que se le hicieron

al peticionario en el otro caso.35 Cabe resaltar, que el foro

primario, en ese entonces, hizo tal determinación tras

explicar que la controversia giraba en torno a si el

peticionario renunció o firmó un relevo.36 Puntualizó que

32 Apéndice, pág. 71. 33 Íd., pág. 70. 34 Íd. 35 Íd. 36 Íd. CC-2018-0663 24

existe una cuarta causa de acción en la Demanda que se

presentó en el otro caso y que está relacionada con el

contrato de servicios profesionales y la renuncia.37 En suma,

desde el umbral de la tramitación de este caso el foro

primario advino en conocimiento de hechos que podrían

demostrar, en su día, que el peticionario no tiene derecho a

la concesión de un remedio.

A su vez, surge del expediente una carta con fecha del

11 de noviembre de 2011 mediante la cual el peticionario

renunció a su cargo en NALIC.38 Asimismo, surge que el 10 de

noviembre de 2011 el peticionario firmó un Acuerdo y Relevo

General mediante el cual recibió una compensación por la suma

de $80,730.37 como resultado de su renuncia. Lo anterior

demuestra que, desde el aspecto sustantivo, el peticionario

tampoco tiene derecho a la concesión del remedio que reclamó.

Después de todo, en casos como estos, la sustancia debe

prevalecer sobre la forma.

Sería absurdo e irrazonable interpretar que, por el mero

hecho de habérsele anotado la rebeldía al patrono querellado,

se debe conceder automáticamente lo solicitado por el

querellante. Máxime, si ello implica abstraernos de la

totalidad de las circunstancias particulares de este caso y

los documentos que obran en el expediente. Sin lugar a duda,

desde su génesis se perfilaron las circunstancias indicativas

que hubieran inclinado el péndulo a sostener que el

37 Íd. 38 Apéndice, pág. 261. CC-2018-0663 25

peticionario ni sustantiva, ni procesalmente, tiene derecho

a la concesión de un remedio.

IV

Por los fundamentos que anteceden, revocamos al Tribunal

de Apelaciones y desestimamos la causa de acción por despido

injustificado que el peticionario presentó.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Colón Pérez disintió

con Opinión escrita a la cual se unieron los Jueces Asociados

señores Martínez Torres y Estrella Martínez.

José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

v. CC-2018-0663 Certiorari

Multinational Insurance Co.; Multinational Life Insurance Co.

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ a la cual se unen los Jueces Asociados señores MARTÍNEZ TORRES y ESTRELLA MARTÍNEZ.

Disentimos del curso de acción seguido por una

mayoría de este Tribunal en el presente caso, ello

por entender que -- contrario a lo que erróneamente

se concluye en la Sentencia que hoy emite esta Curia

-- el aquí peticionario, señor Edgar Rodríguez Gómez

(en adelante, “señor Rodríguez Gómez”), sí estableció

el hecho básico para que operase la presunción de

despido injustificado contemplada en la Ley Núm. 80

de 30 de mayo de 1976, infra, en un escenario donde

el patrono querellado se encontraba en rebeldía.

Veamos. CC-2018-0663 2

I. Los hechos medulares que dieron margen al presente

litigio no están en controversia. Allá para el 23 de

diciembre de 2013 -- un pleito tramitado al amparo del

procedimiento sumario establecido en la Ley Núm. 2 de 17

de octubre de 1961, según enmendada, infra -- el señor

Rodríguez Gómez presentó una Querella por despido

injustificado en contra de su patrono Multinational

Insurance Company, ello según contemplado en la Ley Núm.

80 de 30 de mayo de 1976, infra. En su querella, el señor

Rodríguez Gómez alegó que trabajó para National Life

Insurance Company (en adelante, “NALIC”) durante más de

cinco (5) años mediante contrato de empleo a tiempo

indeterminado; que el 11 de noviembre de 2011 Multinational

Insurance Company adquirió a NALIC y quedó con el edificio,

activos, negocios y empleados de ésta última,

convirtiéndose así en su patrono sucesor; y que el nuevo

patrono le retuvo como empleado hasta el 30 de diciembre

de 2011, fecha en que lo despidió sin justa causa.

Enterado de lo anterior, el 2 de enero de 2014

Multinational Insurance Company presentó su contestación a

la Querella. En ésta alegó que el señor Rodríguez Gómez

renunció libre y voluntariamente a su empleo el 10 de

noviembre de 2011; que no adquirió a NALIC, sino que esta

última cambió de nombre a Multinational Life Insurance

Company (en adelante, “MLIC”) al cambiar de dueño; que es

una aseguradora independiente y separada de MLIC; y que

ambas compañías tienen personalidades jurídicas distintas. CC-2018-0663 3

Además, adujo que el señor Rodríguez Gómez firmó un Acuerdo

y Relevo General mediante el cual relevó de responsabilidad

a NALIC, y a cualesquiera otras personas o entidades que

de alguna forma estuvieran relacionadas con dicha

corporación, en cuanto a cualquier reclamación relacionada

al empleo del peticionario y que, como parte del referido

acuerdo, se le pagó $80,730.37. Multinational Insurance

Company también solicitó al tribunal que tomara

conocimiento de las alegaciones, defensas y adjudicaciones

relacionadas al querellante en el caso Multinational Life

Insurance Company v. Carlos M. Benítez Rivera et al., K

AC2012-0306.39

Tras lo alegado por Multinational Insurance Company

en su contestación a la Querella, el señor Rodríguez Gómez

solicitó al Tribunal de Primera Instancia permiso para

enmendar su querella a los únicos fines de incluir a MLIC

como parte querellada, lo cual el foro primario autorizó.

Acto seguido, el 8 de agosto de 2014 se presentó la Querella

enmendada y el emplazamiento dirigido a MLIC fue

diligenciado el 4 de septiembre del mismo año.

39El referido caso surge a raíz de una demanda sobre violaciones de deberes de fiducia, cobro de dinero, incumplimiento contractual y daños presentada por Multinational Life Insurance Company en contra de los señores Carlos M. Benítez Rivera, Edgardo Van Rhyn Soler y Edgar Rodríguez Gómez, quienes fueron directores y oficiales de la corporación mientras ésta operaba con el nombre de NALIC. El Tribunal de Primera Instancia desestimó siete de las nueve causas de acción de la demanda y el Tribunal de Apelaciones confirmó dicho dictamen. Posteriormente, este Tribunal emitió una Opinión mediante la cual revocó la Sentencia emitida por el foro apelativo intermedio, por entender que dicho foro aplicó incorrectamente la norma establecida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Bangor Punta Operations, Inc. v. Bangor & A.R. Co., 417 US 703 (1974). CC-2018-0663 4

La Querella enmendada, en esencia, incluyó las mismas

alegaciones que la Querella original. Ahora bien, en lo

pertinente a la controversia que nos ocupa, en el mencionado

documento se señala lo siguiente:

1. Las querelladas, Multinational Insurance Co. y [MLIC], son compañías de seguros con oficinas en la Avenida Luis Muñoz Rivera 510, en San Juan, Puerto Rico y operaciones en todo el archipiélago de Puerto Rico.

2. El querellante [aquí peticionario], quien reside en la calle Bouret 550 de San Juan, Puerto Rico y cuyo teléfono es el 787-501-1104, trabajó para National Life Insurance, Co. (NALIC), durante más de cinco (5) años, mediante contrato de empleo a tiempo indeterminado, desde el 1 de marzo de 2006 hasta el 30 de diciembre de 2011, cuando fue despedido.

3. El 11 de noviembre de 2011, la querellada [MLIC] adquirió a NALIC, por compra, y se quedó con el edificio, activos negocios y empleados de NALIC convirtiéndose en patrono sucesor de ésta.

4. Multinational retuvo al querellante como empleado, pero lo despidió el 30 de diciembre de 2011.

5. El despido del querellante fue uno sin justa causa.

6. El salario más alto devengado por el querellante fue de $276,000.00 anuales, equivalentes a $23,000.00 mensuales y a $5,307.69 semanales.

7. Conforme a lo dispuesto en la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, (29 LPRA 185(a) y siguientes), la parte querellante tiene derecho a recibir de la parte querellada el sueldo correspondiente a tres (3) meses por concepto de indemnización, o sea, $69,000.00, más una indemnización progresiva adicional equivalente al sueldo de dos (2) semanas ($10,615.38), multiplicado por los años completos de servicio (5), que en este caso equivaldría a $53,076.90, para un total de $122,076.90. CC-2018-0663 5

8. La parte querellante se acoge al procedimiento especial de carácter sumario establecido en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada.

Recibida la Querella enmendada, el 24 de septiembre

de 2014 las querelladas Multinational Insurance Company y

MLIC contestaron conjuntamente la misma. En el referido

escrito, reiteraron las defensas expuestas por

Multinational Insurance Company en su contestación a la

Querella original.

Posteriormente, el 10 de octubre de 2014 el señor

Rodríguez Gómez solicitó se le anotara la rebeldía a las

coquerelladas Multinational Insurance Company y MLIC. Ello

debido a que -- a su juicio -– éstas no presentaron su

contestación a la querella dentro del término de diez (10)

días que dispone la Ley Núm. 2, infra, sino que lo hicieron

veinte (20) días después de haber sido emplazadas, sin

solicitar prórroga para ello. A dicha solicitud,

Multinational Insurance Company y MLIC se opusieron.

Así las cosas, el 21 de octubre de 2014 el Tribunal

de Primera Instancia denegó la solicitud de anotación de

rebeldía presentada por el señor Rodríguez Gómez. Dicha

Resolución fue oportunamente notificada a todas las partes

en el pleito.

En desacuerdo con dicho proceder, el 1 de diciembre

de 2014 el señor Rodríguez Gómez acudió en certiorari ante

el Tribunal de Apelaciones. Dicho foro revocó al Tribunal

de Primera Instancia y ordenó la anotación de rebeldía en CC-2018-0663 6

contra de MLIC. Sin embargo, el 12 de abril de 2016 esta

Curia emitió una Sentencia en la que se revocó la

determinación del Tribunal de Apelaciones por dicho foro

haber actuado sin jurisdicción, pues el recurso de

certiorari se presentó fuera del término en ley que se

tenía para ello.

Devuelto el caso ante la consideración del Tribunal

de Primera Instancia para la continuación de los

procedimientos, el 20 de febrero de 2015 el juez que

presidía los procedimientos le anotó la rebeldía a MLIC.40

La referida Resolución también fue oportunamente notificada

a las partes en el litigio.

Así pues, tras varios incidentes procesales no

necesarios aquí pormenorizar, el 6 de marzo de 2017 el foro

primario emitió una nueva Resolución mediante la cual

reiteró la anotación de rebeldía en contra de MLIC y señaló

una vista en la que sólo se dilucidaría el cómputo de la

mesada. Toda vez que MLIC se encontraba en rebeldía, el

Tribunal de Primera Instancia puntualizó que su

intervención en la vista estaría limitada a impugnar la

cuantía reclamada.

Enterado de ello, el 13 de julio de 2017 el señor

Rodríguez Gómez solicitó mediante moción la continuación

de los procedimientos en el presente caso y que se dictara

40 En la referida Sentencia, el foro primario indica que, aunque no obra sentencia parcial al respecto en el expediente, durante la Conferencia con Antelación a Juicio celebrada el 20 de noviembre de 2014, se acogió el desistimiento en cuanto a Multinational. Apéndice del Certiorari, pág. 52, esc. 1. CC-2018-0663 7

sentencia sin necesidad de celebrar una vista. Dicha

solicitud el foro primario la declaró no ha lugar.

Meses más tarde, en diciembre de 2017 para ser

específicos, MLIC presentó dos mociones ante el Tribunal

de Primera Instancia en las que, entre otras cosas, solicitó

que no se consideraran por admitidas varias alegaciones

contenidas en la Querella enmendada presentada por el señor

Rodríguez Gómez, debido a que fueron alegadas

incorrectamente y otras consistían en alegaciones

concluyentes o determinaciones de derecho. A ello, el señor

Rodríguez Gómez se opuso.

Vistos los documentos presentados por ambas partes,

el 2 de febrero de 2018 el Tribunal de Primera Instancia

declaró no ha lugar las mociones presentadas por MLIC.

Resolvió, además, que durante la vista evidenciaria en

rebeldía el tribunal haría las determinaciones

correspondientes sobre las alegaciones en la Querella

enmendada.

Establecido lo anterior, el foro primario pautó la

vista en rebeldía para el 5 de abril de 2018, en la que

atendería únicamente el cómputo de la mesada del señor

Rodríguez Gómez y en la que, nuevamente, señaló que la

intervención de MLIC sería limitada a impugnar la cuantía

reclamada. El Tribunal de Primera Instancia puntualizó,

otra vez, que la parte querellada -- entiéndase MLIC -- se

encontraba en rebeldía y que se le garantizaría el debido

proceso de ley aplicable a estos casos. CC-2018-0663 8

Después de la presentación de sendos recursos ante el

Tribunal de Apelaciones y ante este Tribunal, en los cuales

MLIC cuestionó sin éxito la anotación de rebeldía en su

contra, la vista en rebeldía fue celebrada el 5 de abril

de 2018, según mencionamos anteriormente. En ésta, la

prueba del señor Rodríguez Gómez se limitó a la presentación

de las certificaciones sobre la retención de

contribuciones, conocida como la “W2”, para ciertos años

en específico.

Además de objetar dicha prueba debido a que el salario

reflejado en estas certificaciones no correspondía al

salario alegado en la Querella original y la enmendada,

MLIC solicitó la desestimación de la querella por

insuficiencia de prueba (también conocida como non suit).

MLIC también solicitó al tribunal que tomara conocimiento

judicial de todos los hechos no susceptibles de

controversia razonable; entre ellos, las admisiones

judiciales del peticionario en la Contestación Enmendada a

la Demanda en el caso K AC2012-0306 y la Opinión emitida

por nuestro Tribunal Supremo en el caso Multinational Ins.

v. Benítez y otros, 193 DPR 67 (2015).41

Evaluados los planteamientos de ambas partes, el 25

de abril de 2018 el foro primario dictó una Sentencia, en

la que determinó que las alegaciones que expone la Querella

enmendada son suficientes para dar por probado el hecho del

41 Véase, nota al calce núm. 1. CC-2018-0663 9

despido. Concluyó que, por estar en rebeldía, MLIC no pudo

demostrar la justa causa para el despido del señor Rodríguez

Gómez. Así pues, resolvió que el querellante pudo

establecer que su despido fue injustificado y, por ende,

era acreedor del remedio de la mesada.

De otra parte, el Tribunal de Primera Instancia hizo

constar en su Sentencia que no tenía autoridad para entrar

a considerar defensas tales como que MLIC no es patrono

sucesor o que existe un acuerdo de relevo de mesada, ya que

evaluar dichas defensas equivaldría a permitirle a MLIC la

presentación de prueba, por vía de conocimiento judicial,

a pesar de la anotación de rebeldía. Consecuentemente, el

foro primario declaró no ha lugar la desestimación de la

querella y ha lugar la acción por despido injustificado.42

Inconforme con dicho dictamen, MLIC presentó un

recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. A

dicha solicitud, el señor Rodríguez Gómez se opuso.

Examinados los alegatos de ambas partes, el foro

apelativo intermedio emitió una Sentencia en la cual revocó

la determinación del foro primario. Ello, pues entendió que

las alegaciones de la Querella enmendada no eran

suficientes para establecer el hecho básico del despido y

dar paso a la presunción de despido injustificado. Expresó,

además, que dichas alegaciones eran conclusivas y no

42 En la referida Sentencia, el foro primario indica que, aunque no obra sentencia parcial al respecto en el expediente, durante la Conferencia con Antelación a Juicio celebrada el 20 de noviembre de 2014, se acogió el desistimiento en cuanto a Multinational. Apéndice del Certiorari, pág. 52, esc. 1. CC-2018-0663 10

justificaban la determinación del Tribunal de Primera

Instancia.

Conforme a lo anterior, el Tribunal de Apelaciones

dejó sin efecto la Resolución de 2 de febrero de 2018

emitida por el Tribunal de Primera Instancia -- mediante

la cual se limitó la vista en rebeldía a la presentación

de prueba sobre la mesada --, así como la Sentencia dictada

por el foro primario, y ordenó la celebración de una vista

evidenciaria en rebeldía, de conformidad con lo resuelto

por dicho foro. Dicha sentencia se le notificó a todas las

partes en el litigio.

Insatisfecho con la determinación del Tribunal de

Apelaciones, el señor Rodríguez Gómez presentó una petición

de certiorari ante este Tribunal.43 En la misma, señala que

el foro apelativo intermedio erró al revocar la Sentencia

de 25 de abril de 2018 y la Resolución de 2 de febrero de

2018 emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, y al

determinar que las alegaciones del querellante no son

un despido. Le asiste la razón.

No empece a lo anterior, una mayoría de los miembros

de este Foro resuelve que, aunque a la recurrida se le

anotó la rebeldía, el peticionario no estableció que tenía

43 En primera instancia, este Tribunal denegó expedir el auto solicitado. No obstante, el 22 de febrero de 2019 determinamos expedir el mismo en reconsideración. Por su parte, MLIC presentó su correspondiente alegato en oposición. CC-2018-0663 11

derecho a la concesión de los remedios que solicitó. De ese

proceder, según adelantamos, disentimos. Nos explicamos.

II.

Como se sabe, la Ley de indemnización por despido

injustificado, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según

enmendada, 29 LPRA sec. 185a et seq. (en adelante, “Ley

Núm. 80”), está dirigida a la protección del empleo

desalentando los despidos injustificados.44 Romero v.

Cabrer Roig, 191 DPR 643, 649 (2014); Vélez Cortés v.

Baxter, 179 DPR 445, 465 (2010); Feliciano Martes v.

Sheraton, 177 DPR 345, 379 (2009). Conforme a esta ley,

aquellos empleados contratados por un periodo de tiempo

indeterminado, que reciban una remuneración, y que sean

despedidos de su empleo sin que haya mediado justa causa,

tendrán derecho a recibir una compensación de su patrono,

la cual se conoce como la mesada. Art. 1 de la Ley Núm. 80,

29 LPRA sec. 185a. Véase, además, SLG Zapata- Rivera v.

J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Whittenburg v. Col.

Ntra. Sra. del Carmen, 182 DPR 937, 950 (2011). Esta

indemnización constituye el remedio exclusivo para los

empleados que han sido despedidos injustificadamente cuando

no existe otra causa de acción al amparo de otros estatutos

que prohíban el despido y concedan otros remedios. García

44La Ley Núm. 80, supra, fue enmendada por la Ley Núm. 4-2017, Ley de transformación y flexibilidad laboral, la cual establece en su Art. 1.2 que: “[l]os empleados contratados con anterioridad a la vigencia de esta Ley, continuarán disfrutando de los mismos derechos y beneficios que tenían previamente, según lo dispuesto expresamente en los Artículos de ésta”. 29 LPRA sec. 121a. Toda vez que los hechos ante nuestra consideración ocurrieron con anterioridad a la vigencia de las enmiendas, éstas no son de aplicación en este caso. CC-2018-0663 12

v. Aljoma, 162 DPR 572, 597 (2004). Véase, además, Vélez

Cortés v. Baxter, supra, pág. 466; Romero v. Cabrer Roig,

supra.

En esa dirección, este Tribunal ha reiterado en

numerosas ocasiones que, al presentarse una reclamación en

virtud de la Ley Núm. 80, supra, se activa la presunción

de que el despido fue injustificado. Rivera Figueroa v. The

Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 906–907 (2011); Whittenburg

v. Col. Ntra. Sra. del Carmen, supra, págs. 956-957;

Feliciano Martes v. Sheraton, supra, pág. 385. Conforme a

lo dispuesto por la ley -- según estaba redactada al momento

de los hechos de este caso -- una vez se activa la

presunción de despido injustificado corresponde al patrono

la carga probatoria de demostrar por preponderancia de

prueba que existía justa causa para el despido. 29 LPRA

sec. 185k. Véase, además, Feliciano Martes v. Sheraton,

supra, págs. 385-386; Miranda Ayala v. Hosp. San Pablo, 170

DPR 734, 738 (2007); Rivera v. Pan Pepín, 161 DPR 681

(2004). De así probarse, éste quedaría eximido de pagar la

mesada.

Ahora bien, es menester señalar que para activar esta

presunción el empleado tiene que demostrar que fue empleado

de un comercio, industria u otro negocio; que su contrato

era por tiempo indeterminado; que recibía remuneración por

su trabajo, y que fue despedido de su puesto. Lugo Montalvo

v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209 (2015); Reyes Sánchez

v. Eaton Electrical, 189 DPR 586 (2013); Rivera Figueroa CC-2018-0663 13

v. The Fuller Brush Co., supra. Este Tribunal también ha

resuelto que el demandante tiene que aportar prueba que

establezca los hechos básicos que dan lugar a la presunción.

Íd. En particular, para que un empleado que insta una

reclamación al amparo de la Ley Núm. 80 pueda estar cobijado

por la presunción de que su despido fue injustificado,

tiene que presentar prueba demostrativa de que, en efecto,

fue despedido. Íd.

III.

De otra parte, es pertinente señalar que la Ley Núm.

2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, 32 LPRA sec.

3118 et seq. (en adelante, “Ley Núm. 2”), también conocida

como Ley de procedimiento sumario de reclamaciones

laborales, estableció un mecanismo procesal que permite

adjudicar de forma rápida las querellas de los obreros y

obreras, principalmente en casos de reclamaciones

salariales y de beneficios. Medina Nazario v. McNeil

Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016); Rivera v. Insular Wire

Products Corp., 140 DPR 912, 923 (1996). Dicho

procedimiento busca desalentar el despido sin justa causa

y proveer al empleado despedido los medios económicos para

su sostenimiento y el de su familia en lo que consigue otro

empleo. De esta forma, facilita la implementación de la

política pública del Estado de proteger el empleo. Medina

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra; Rivera v. Insular

Wire Products Corp., supra. CC-2018-0663 14

Esta ley toma en cuenta la disparidad económica entre

el patrono y el obrero, así como el hecho de que la mayoría

de la información sobre la reclamación salarial está en

posesión del patrono. Por ello, dispuso: (1) términos

cortos para la contestación de las querellas; (2) criterios

para la concesión de una sola prórroga para presentar la

contestación de la querella; (3) un mecanismo para emplazar

al patrono querellado; (4) el procedimiento para presentar

defensas y objeciones; (5) criterios para la aplicación de

las Reglas de Procedimiento Civil; (6) una limitación al

uso de los mecanismos de descubrimiento de prueba; (7) una

prohibición específica de presentar demandas o

reconvenciones contra el querellante; (8) la facultad del

tribunal para dictar sentencia en rebeldía cuando el

querellado incumpla los términos provistos para contestar

la querella, y (9) mecanismos para revisar y ejecutar las

sentencias y el embargo preventivo. Medina Nazario v.

McNeil Healthcare LLC, supra; Rivera v. Insular Wire

Products Corp., supra.

En lo pertinente a las controversias que nos ocupan,

la Sección 3 de la Ley Núm. 2, supra, dispone que la parte

querellada deberá presentar su contestación a la querella

por escrito, dentro de un término de diez (10) días a partir

de la notificación, si la misma se efectúa en el distrito

judicial en que se promueve la acción, y dentro de quince

(15) días, de llevarse a cabo en otro distrito judicial.

32 LPRA sec. 3120. Además, en la notificación de la querella CC-2018-0663 15

el secretario del tribunal debe apercibirle “que si así no

lo hiciere, se dictará sentencia en su contra, concediendo

el remedio solicitado, sin más citarle ni oírle”. Íd.

Por otro lado, la Sección 4 de la referida ley,

establece que “[s]i el querellado no radicara su

contestación a la querella en la forma y en el término

dispuestos en la sec. 3120 de este título, el juez dictará

sentencia contra el querellado, a instancias del

querellante, concediendo el remedio solicitado”. (Énfasis

suplido). 32 LPRA sec. 3121. La ley dispone que la sentencia

dictada será final e inapelable. No obstante, la parte

afectada por la misma podrá recurrir ante el Tribunal de

Apelaciones mediante recurso de certiorari dentro de un

término jurisdiccional de diez (10) días contados a partir

de la notificación de la sentencia, pero sólo para revisar

los procedimientos. Íd. Asimismo, el dictamen del Tribunal

de Apelaciones podrá ser revisado por el Tribunal Supremo

de Puerto Rico mediante recurso de certiorari, el cual

deberá presentarse dentro de un término jurisdiccional de

veinte (20) días, contados a partir de la notificación de

la sentencia o resolución. Íd.

Es, pues, a la luz de la normativa antes expuesta, que

-- desde el disenso -- procedemos a disponer del caso que

nos ocupa.

IV.

Como ya mencionamos, en el presente caso, el

peticionario, señor Rodríguez Gómez, alega que el Tribunal CC-2018-0663 16

de Apelaciones erró al revocar cierto dictamen emitido por

el Tribunal de Primera Instancia tras concluir que las

alegaciones en la Querella enmendada aquí en controversia

no eran suficientes para establecer el hecho básico del

despido y dar paso a la presunción de despido injustificado.

Tiene razón el peticionario.

Y es que, de acuerdo con la normativa antes expuesta,

para que la presunción contenida en la Ley Núm. 80, supra,

se active es necesario que el empleado despedido alegue 1)

que fue empleado de un comercio, industria u otro negocio;

2) que su contrato era por tiempo indeterminado; 3) que

recibía remuneración por su trabajo, y 4) que fue despedido

de su puesto. Una vez establecido lo anterior, el peso de

la prueba para establecer que el despido fue justificado

recae en el patrono, el cual viene obligado a alegar en su

contestación a la demanda los hechos que dieron origen al

despido y probar que el mismo estuvo justificado para quedar

eximido de responsabilidad.

Ahora bien, en un procedimiento sumario al amparo de

la Ley Núm. 2, supra -- como es el de autos -- el patrono

dispone de diez (10) días desde la notificación de la

querella para interponer su contestación, como regla

general, la cual es la única alegación responsiva que puede

presentar. Si el patrono no contesta la querella dentro de

dicho término ni solicita prórroga, el tribunal no tiene

discreción para no anotarle la rebeldía al patrono. CC-2018-0663 17

Una vez anotada la rebeldía, se admiten los hechos

bien alegados en la querella y la parte en rebeldía no

podrá presentar prueba en contra de las alegaciones de la

querella, ni podrá levantar defensas afirmativas. Ello fue

lo que, precisamente, ocurrió en la causa de epígrafe.

En el caso de marras no está en controversia que MLIC

presentó su contestación a la querella tardíamente. Es

también un hecho incontrovertido que no solicitó una

prórroga para presentar su contestación a la querella en

la fecha en que lo hizo. En consecuencia, y de conformidad

con lo dispuesto en la Ley Núm. 2, supra, forzosamente

procedía la anotación de rebeldía en contra de ésta.

Siendo ello así, el Tribunal de Primera Instancia

estaba obligado a auscultar la adecuacidad de las

alegaciones de la querella para establecer la causa de

acción. En este caso en particular, de un análisis detallado

de las alegaciones de la querella del señor Rodríguez Gómez,

claramente se desprende que éstas efectivamente expresaban

(1) que fue empleado de NALIC, cuyo nombre cambió a MLIC,

según se alegó en la Contestación a querella original, (2)

que su contrato era por tiempo indeterminado, (3) que

recibía remuneración por su puesto y 4) que fue despedido,

entre otras. Las alegaciones anteriores, a todas luces,

establecieron el hecho básico para activar la presunción

de despido injustificado y así el peticionario revirtió el

peso de la prueba a MLIC para que probara que no fue así.

Es decir, no fueron alegaciones meramente conclusorias, ni CC-2018-0663 18

conclusiones de derecho. Véase, León v. Rest. El Tropical,

154 DPR 249, 262 (2001).

Toda vez que MLIC se encontraba en rebeldía, estaba

vedada de presentar prueba en contra de las alegaciones de

la querella y no podía levantar defensas afirmativas. Es

decir, no podía probar que el despido fue justificado. Ante

ello, la presunción de despido injustificado se mantuvo y

procedía -- como así correctamente lo hizo -- que el foro

primario aplicara el derecho, concediendo los remedios

solicitados. Erró el Tribunal de Apelaciones al revocar

dicho dictamen. Lamentablemente, hoy, una mayoría de este

Tribunal no lo entendió así.

V.

Es, pues, por todo lo anterior que respetuosamente

disentimos del curso de acción seguido por este Tribunal

en el día de hoy.

Ángel Colón Pérez Juez Asociado