EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Priscilla Medina Nazario
Peticionaria 2016 TSPR 36 v. 194 DPR ____ McNeil Healthcare LLC
Recurrido
Número del Caso: CC-2015-313
Fecha: 2 de marzo de 2016
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Carolina y Guayama
Abogado de la parte Peticionaria:
Lcdo. Carlos Mondríguez Torres Lcdo. Ariel Hernández Santana
Abogado de la parte Recurrida:
Lcda. María Antongiorgi Lcdo. Jorge A. Antongiorgi Betancourt Lcda. Iraida Diez
Materia: Sentencia con Opinión de Conformidad y Opinión Disidente
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionaria
v. CC-2015-0313
McNeil Healthcare LLC
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ
En San Juan, Puerto Rico, a 2 de marzo de 2016.
En esta ocasión, nos corresponde resolver cuál
es el término para recurrir de una resolución
interlocutoria al amparo del procedimiento sumario
laboral provisto por la Ley Núm. 2-1961, infra, y,
si tales determinaciones pueden ser objeto de
reconsideración. Resolvemos que los términos para
revisar resoluciones interlocutorias del Tribunal
de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones
son diez (10) días y veinte (20) días,
respectivamente. Además, debido a la naturaleza
sumaria del procedimiento, concluimos también que
las determinaciones interlocutorias que se emiten CC-2015-0313 2
en pleitos ventilados por la vía sumaria no pueden ser
objeto de reconsideración. Veamos los hechos que dieron
inicio a la controversia ante nuestra consideración.
I
El 16 de noviembre de 2010, la Sra. Priscilla Medina
Nazario presentó una querella contra McNeil Healthcare LLC
(McNeil) al amparo del procedimiento sumario laboral
dispuesto en la Ley Núm. 2-1961, según enmendada, conocida
como la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones
Laborales, 32 LPRA sec. 3118 et seq. (Ley Núm. 2).
Solicitó compensación por despido injustificado bajo la
Ley Núm. 80-1976, 29 LPRA sec. 185a et seq., represalias
al amparo de la Ley Núm. 115-1991, 29 LPRA secs. 194a-194b
y la reinstalación en el empleo. Además, la señora Medina
Nazario alegó violación a la Sección 16 del Artículo II de
la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
Const. PR, Art. II, Sec. 16, y exigió el pago de salarios
por las horas extra trabajadas.1 McNeil contestó la
querella y negó las alegaciones. Argumentó que el despido
fue justificado debido al desempeño insatisfactorio de la
señora Medina Nazario en el empleo.
El 29 de enero de 2013, poco más de dos años desde el
inicio del pleito, la señora Medina Nazario presentó una
solicitud para enmendar la querella. Propuso sustituir su
reclamación de reinstalación en el empleo por una causa de
1 Resolución, Apéndice, pág. 228. CC-2015-0313 3
acción por lucro cesante y solicitó añadir una causa de
acción por acoso laboral.
McNeil se opuso y argumentó que la enmienda
solicitada era improcedente en tanto no se cumplieron los
criterios establecidos para permitir una enmienda a las
alegaciones. Señaló que, de permitirse la enmienda, habría
que reabrir el descubrimiento de prueba, dilatando así la
adjudicación de la controversia. Por último, sostuvo que
no procedía añadir una causa de acción por acoso laboral
ya que la Asamblea Legislativa no ha reconocido tal causa
de acción en Puerto Rico.
Posteriormente, se celebró una vista argumentativa
durante la cual las partes: (1) presentaron sus argumentos
sobre la procedencia de la enmienda; (2) discutieron la
admisibilidad del testimonio de la Dra. Luz Migdalia
Vélez, anunciada como perito de la señora Medina Nazario,
quien testificaría sobre lo que, a su juicio, constituye
acoso laboral; y (3) discutieron la admisibilidad del
testimonio de la Sra. Vilma Bermúdez, exempleada de
McNeil, quien no había sido oportunamente incluida por la
señora Medina Nazario en la lista de testigos.2
El 28 de agosto de 2014, el Tribunal de Primera
Instancia emitió una Resolución y Orden, notificada el 3
de octubre de 2014, declarando no ha lugar la solicitud de
2 La señora Medina Nazario “[s]eñaló que no la había podido anunciar inicialmente porque era empleada de McNeil y podía sufrir represalias a consecuencia de ello, pero al ser separada de su empleo en febrero de 2013 podía fungir como testigo en el caso sin que le perjudicara”. Resolución, Apéndice, pág. 229. CC-2015-0313 4
enmienda. En dicha Resolución, el Tribunal también excluyó
el testimonio de la doctora Vélez y no permitió la
inclusión de la señora Bermúdez en la lista de testigos.
Insatisfecha con el resultado, la señora Medina Nazario
radicó una moción de reconsideración el 17 de octubre de
2014. El 5 de diciembre de 2014, el Tribunal de Primera
Instancia declaró no ha lugar la moción de
reconsideración. Dicha determinación fue notificada el 31
de diciembre de 2014.
Aún inconforme con el resultado, el 30 de enero de
2015 la señora Medina Nazario presentó un recurso de
certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar la
determinación interlocutoria del Tribunal de Primera
Instancia. Alegó que el foro primario abusó de su
discreción al denegar la solicitud de enmienda, al
eliminar el testimonio de la doctora Vélez y al no
permitir la inclusión del testimonio de la señora
Bermúdez.
El 12 de febrero de 2015, el Tribunal de Apelaciones
denegó expedir el auto mediante una Resolución que fue
notificada el 26 de febrero de 2015. Razonó que la
determinación del Tribunal de Primera Instancia no era
revisable mediante certiorari, pues se emitió en un
procedimiento sumario al amparo de la Ley Núm. 2 y no se
cumplió con los criterios para la revisión de resoluciones
interlocutorias, según establecidos en Dávila, Rivera v.
Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483 (1999). CC-2015-0313 5
El 13 de marzo de 2015, la señora Medina Nazario
presentó una moción de reconsideración en la cual reiteró
sus argumentos y alegó que procedía la expedición del auto
solicitado. El 18 de marzo de 2015 el Tribunal de
Apelaciones declaró no ha lugar la moción de
reconsideración, lo cual se notificó el 1 de abril de
2015.
En desacuerdo con la determinación, el 21 de abril de
2015, la señora Medina Nazario acudió a este Tribunal
mediante una Petición de Certiorari. En esencia, alega que
el Tribunal de Apelaciones erró al resolver que el foro
primario no abusó de su discreción al no permitirle
enmendar la querella para incluir la causa de acción por
acoso laboral, por el mero hecho de que dicha acción no
existe en nuestro ordenamiento. También arguye que el foro
apelativo intermedio aplicó de manera errónea las
disposiciones de la Ley Núm. 2, supra, y Regla 40 del
Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B,
al momento de analizar si procedía expedir el recurso de
certiorari.
Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,
estamos en posición de resolver.
II
A
El auto de certiorari es el vehículo procesal que
permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las
determinaciones de un tribunal inferior. García v. Padró, CC-2015-0313 6
165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR
630, 637 (1999). Es, en esencia, un recurso extraordinario
mediante el cual se solicita al tribunal de superior
jerarquía la corrección de un error cometido por el
tribunal inferior. García v. Padró, supra, pág. 324.
La expedición del auto descansa en la sana discreción
del tribunal. A tales efectos, hemos señalado que “[l]a
característica distintiva de este recurso se asienta en la
discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar
su expedición y adjudicar sus méritos”. IG Builders v.
BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). Claro está, la discreción
judicial no es irrestricta. Esta discreción ha sido
definida en nuestro ordenamiento jurídico como “una forma
de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para
llegar a una conclusión justiciera”. Negrón v. Secretario
de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). Es decir, ejercer la
discreción concedida no implica la potestad de actuar
arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción
del resto del derecho. Íd.
La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,
enumera aquellos incidentes procesales susceptibles de
revisión mediante certiorari. Dicha Regla “fue objeto de
cambios fundamentales dirigidos a evitar la revisión
judicial de aquellas órdenes o resoluciones que dilataban
innecesariamente el proceso pues pueden esperar a ser
revisadas una vez culminado el mismo, uniendo su revisión
al recurso de apelación”. Rivera Figueroa v. Joe’s CC-2015-0313 7
European Shop, 183 DPR 580, 593-94 (2011). Véase IG
Builders v. BBVAPR, supra, págs. 336-37. En lo pertinente,
la Regla señala:
El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V.
Sin embargo, el hecho de que un asunto esté
comprendido dentro de las materias susceptibles a revisión
no justifica la expedición del auto sin más. Es por ello
que la propia Regla dispone que “[t]odo procedimiento de
apelación, certiorari, certificación, y cualquier otro
procedimiento para revisar sentencias y resoluciones se
tramitará de acuerdo con la Ley aplicable, estas reglas y
las reglas que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico”.
Íd. (Énfasis suplido). Por lo tanto, cuando un pleito es
incoado bajo un procedimiento especial, se evalúa también
la procedencia del recurso a la luz del estatuto
habilitador. CC-2015-0313 8
Por otro lado, la Regla 52.2 de Procedimiento Civil
provee un término de treinta (30) días para acudir al
tribunal revisor mediante recurso de certiorari para
revisar una orden o resolución interlocutoria. 32 LPRA Ap.
V. Dicho término es de cumplimiento estricto y se computa
a partir de la fecha de notificación de la resolución u
orden recurrida. Íd; Johnson & Johnson v. Mun. San Juan,
172 DPR 840, 849-50 (2007).
Cabe mencionar que nuestro ordenamiento jurídico
desfavorece la revisión de determinaciones
interlocutorias. A tales efectos, el Profesor Hernández
Colón señala:
Los principios procesales de concentración de los eventos y de celeridad militan en contra de la revisión de resoluciones interlocutorias. Es inconveniente para el desenvolvimiento lógico y orgánico del proceso que se recurra de las distintas resoluciones que recaen en los diversos actos procesales que finalmente han de culminar en una sentencia final. Si se recurre por vía de certiorari de estas distintas resoluciones, se interrumpe la marcha ordenada, la buena marcha de la litis. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., Pubs. LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2010, pág. 427.
B
La moción de reconsideración es el mecanismo que
provee nuestro ordenamiento jurídico para permitir que se
modifiquen órdenes, resoluciones y sentencias. J. Cuevas
Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., Pubs.
JTS, 2011, T. IV, pág. 1366. “El principal objetivo de una CC-2015-0313 9
moción de reconsideración es darle al tribunal que dictó
la sentencia o resolución, la oportunidad para que pueda
enmendar o corregir los errores en que hubiese incurrido”.
J. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño,
2010, pág. 271; Morales y otros v. The Sheraton Corp., 191
DPR 1, 7 (2014); Lagares v. ELA, 144 DPR 601, 609
(1997)(citando Dávila v. Collazo, 50 DPR 494, 503 (1936)).
De ordinario, nuestro ordenamiento jurídico favorece
la utilización de este recurso, pues le brinda al foro
sentenciador la oportunidad de corregir sus errores,
evitando así que las partes incurran en los gastos que
conlleva la presentación de un recurso de revisión. R.
Hernández Colón, op. cit., pág. 395. “Al solicitar la
reconsideración pueden exponerse fundamentos no expuestos
antes de que se haya dictado la sentencia o resolución,
pero no pueden formularse por primera vez planteamientos
que necesiten apoyo en prueba no presentada en juicio”.
Íd., pág. 394. Ello permite a las partes poner al tribunal
en una mejor posición para determinar la comisión del
error imputado.
Las Reglas de Procedimiento Civil proveen un término
de quince (15) días para la presentación de una moción de
reconsideración. Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA
Ap. V. En cuanto a las resoluciones interlocutorias
respecta, dicho término es de cumplimiento estricto y se
computa a partir de la fecha de notificación de la
resolución u orden recurrida. Íd. CC-2015-0313 10
C
La Ley Núm. 2, supra, estableció un procedimiento
sumario para la adjudicación de pleitos laborales. La
esencia de dicho trámite “es proveer un mecanismo procesal
judicial que logre la rápida consideración y adjudicación
de las querellas presentadas por los obreros o empleados,
principalmente en casos de reclamaciones salariales y
beneficios”. Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR
912, 923 (1996); véase Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc.,
174 DPR 921, 928 (2008). Tal procedimiento es el recurso
principal “para la implantación de la política pública del
Estado de proteger el empleo, desalentando el despido sin
justa causa y proveyendo al obrero así despedido los medios
económicos para la subsistencia de éste y de su familia, en
la etapa de transición entre empleos”. Íd. Véase Izagas
Santos v. Family Drug Center, 182 DPR 463, 480 (2011);
Mercado Cintrón v. Zeta Com., Inc., 135 DPR 737 (1994). Con
el fin de adelantar su propósito y al tomar en cuenta la
disparidad económica entre las partes, la Ley dispuso:
(1) términos cortos para la contestación de la querella presentada por el obrero o empleado; (2) criterios para la concesión de una sola prórroga para contestar la querella; (3) un mecanismo para el emplazamiento del patrono querellado; (4) el procedimiento para presentar defensas y objeciones; (5) criterios para la aplicación de las Reglas de Procedimiento Civil; (6) una limitación específica sobre el uso de los mecanismos de descubrimiento de prueba; (7) una prohibición específica de demandas o reconvenciones contra el obrero o empleado querellante; (8) la facultad del tribunal para dictar sentencia en rebeldía cuando el patrono querellado no cumpla con los términos provistos CC-2015-0313 11
para contestar la querella, y (9) los mecanismos para la revisión y ejecución de las sentencias y el embargo preventivo. Íd., págs. 923-24.3
En lo pertinente, en Dávila, Rivera v. Antilles
Shipping, Inc., 147 DPR 483 (1999), este Tribunal tuvo la
oportunidad de examinar su facultad para revisar, vía
certiorari, resoluciones interlocutorias emitidas en
pleitos incoados bajo el procedimiento sumario dispuesto en
la Ley Núm. 2, supra. En esa ocasión concluimos que la
revisión de resoluciones interlocutorias es contraria al
carácter sumario del procedimiento laboral. Íd., pág. 496.
Ahora bien, este Tribunal señaló que la norma no es
absoluta. Exceptuamos de la prohibición aquellas
resoluciones dictadas por un tribunal sin jurisdicción y
aquellos casos extremos en los cuales los fines de la
justicia así lo requieran. Íd., pág. 498. Particularmente,
este Tribunal señaló que procede la revisión inmediata
cuando dispondría del caso en forma definitiva o cuando
tenga el efecto de evitar una grave injusticia. Íd.
A pesar de que este Tribunal resolvió que algunas
resoluciones interlocutorias son revisables en
procedimientos sumarios al amparo de la Ley Núm. 2, supra,
la Ley no establece los términos aplicables para recurrir
cuando ello sucede. De igual manera, la Ley tampoco hace
referencia a la posibilidad de reconsiderar una resolución
u orden interlocutoria. No obstante, el estatuto señala los
3 Cabe señalar que el obrero(a) o empleado(a) siempre puede instar su reclamación bajo un procedimiento ordinario conforme a los términos provistos en las Reglas de Procedimiento Civil. CC-2015-0313 12
términos para recurrir de las determinaciones finales
emitidas por los tribunales inferiores. A tales efectos, la
Ley Núm. 133-2014, que enmendó la Ley Núm. 2, supra, provee
un término de diez (10) días jurisdiccionales para recurrir
al Tribunal de Apelaciones y un término de veinte (20) días
jurisdiccionales para acudir a este Tribunal. Art. 2 de la
Ley Núm. 133-2014.
La Ley Núm. 133-2014 se aprobó con el propósito de
atemperar las disposiciones de la Ley Núm. 2, supra, al
esquema judicial vigente. A cincuenta y dos (52) años de su
adopción, “ésta aún hac[ía] referencia al Tribunal de
Distrito, y a las apelaciones entre tribunales de
instancias y el Tribunal Supremo”. Exposición de Motivos de
la Ley Núm. 133-2014. Además, la Asamblea Legislativa
redujo el término para acudir a este Tribunal mediante
certiorari –de treinta (30) días-, según dispuesto en
Santiago v. Palmas del Mar Properties, Inc., 143 DPR 886
(1997), a veinte (20) días. Íd. En esa ocasión, la
Legislatura expresó que el término de treinta (30) días
provisto en Santiago v. Palmas del Mar Properties, Inc.,
supra, “contraviene el espíritu expedito de la Ley Núm. 2”,
y explicó que “[l]a intención del legislador [...] fue
extender el carácter sumario de la ley a la etapa apelativa
para cumplir con el propósito rector de la misma, de
proveer al obrero un remedio rápido y eficaz”. Íd.
Ante la ausencia de una expresión en el texto de la
Ley sobre la procedencia de una reconsideración, y la CC-2015-0313 13
omisión de un término para recurrir de una determinación
interlocutoria, resulta relevante la tercera sección de la
Ley Núm. 2, supra, la cual dispone que, en los pleitos
tramitados al amparo del procedimiento sumario, se
aplicarán las Reglas de Procedimiento Civil en todo aquello
que no esté en conflicto con las disposiciones específicas
de la misma o con el carácter sumario del procedimiento. 32
LPRA sec. 3120.4
A la luz de este marco jurídico, procedemos a
resolver.
III
La señora Medina Nazario solicitó reconsideración
tanto de la Resolución y Orden que emitió el Tribunal de
Primera Instancia como de la Resolución del Tribunal de
Apelaciones. Además, solicitó la revisión interlocutoria
de las determinaciones de ambos foros inferiores.
De la relación procesal que precede se aprecia que,
al presentar sus mociones de reconsideración, la señora
Medina Nazario utilizó los términos dispuestos en las
Reglas de Procedimiento Civil. A saber, presentó sus
mociones de reconsideración dentro de los quince (15) días
de haber recibido notificación de la determinación a
4 Resulta pertinente resaltar que este Tribunal ha indicado que cuando la ley no fija el término dentro del cual deberá llevarse a cabo determinada acción, se aplicará a la misma el más análogo, siempre y cuando no tenga el efecto de frustrar la intención que emana del estatuto o la política pública que lo inspira. Sobre el tema, Puig Brutau ha expuesto que “[l]a analogía es la aplicación a un caso no previsto de la norma que se refiere a otro, que ofrece con el primero una semejanza que el intérprete considera suficiente para que la aplicación esté justificada por concurrir en uno y otro la misma razón”. J. Puig Brutau, Introducción al Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1981, pág. 338. CC-2015-0313 14
reconsiderar. Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.
V. Además, utilizó el término de treinta (30) días,
provisto por las Reglas de Procedimiento Civil, para la
presentación de su recurso de certiorari ante el Tribunal
de Apelaciones. Regla 52.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA
Ap. V.
Ante la ausencia de una disposición en la Ley Núm. 2,
supra, que regule la procedencia del mecanismo de
reconsideración y los términos para revisar
determinaciones interlocutorias, resulta necesario
expresarnos al respecto.
Antes de atender los asuntos en cuestión, cabe
recordar que es un “principio cardinal de hermenéutica que
al lenguaje de una ley debe dársele la interpretación que
valida el propósito que tuvo el legislador al aprobarla”.
Pueblo v. Figueroa Pomales, 172 DPR 403, 418 (2007). Los
jueces no debemos analizar la legislación aisladamente como
pronunciamientos de principios en abstracto. Pacheco v.
Vargas, Alcaide, 120 DPR 404, 409 (1988). “Tenemos el deber
de hacer que el derecho sirva propósitos útiles y evitar
una interpretación tan literal que lleve a resultados
absurdos”. Íd. Véase Passalacqua v. Mun. de San Juan, 116
DPR 618, 632 (1985). Por ello, este Tribunal debe
interpretar la ley “tomando en consideración los fines que
persigue y la política pública que la inspira”. Pueblo v.
Figueroa Pomales, supra, pág. 418. CC-2015-0313 15
Debido a la naturaleza sumaria de los procedimientos
al amparo de la Ley Núm. 2, supra, la aplicación del
término provisto por las Reglas de Procedimiento Civil
para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias –a
saber, treinta (30) días- resultaría en un absurdo
procesal. Véase Regla 52.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA
Ap. V. Se estaría permitiendo un término más largo -30
días- cuando se recurre de una resolución interlocutoria,
que los diez (10) y veinte (20) días que aplican a las
sentencias finales. Asimismo, la figura de la
reconsideración interlocutoria es incompatible con el
procedimiento provisto por la Ley Núm. 2, supra. Entre
otras razones, pues se daría la anomalía de proveerle a
las partes un término mayor para solicitar reconsideración
que el provisto para la revisión de determinaciones
finales por la Ley Núm. 2, supra.5
Dichas normas fomentarían la presentación de recursos
interlocutorios, dilatando así la adjudicación de
controversias laborales al amparo de la Ley Núm. 2, supra.
Este proceder atenta contra la clara intención legislativa
de proveer un “mecanismo procesal, de naturaleza sumaria,
para lograr la rápida consideración y adjudicación de las
reclamaciones laborales instadas por empleados en contra
de sus patronos”. Exposición de Motivos de la Ley Núm.
133-2014.
5 A saber, quince (15) días para reconsiderar y diez (10) para acudir ante el Tribunal de Apelaciones. CC-2015-0313 16
Por ello, resolvemos que el término para revisar
aquellas determinaciones interlocutorias que, bajo los
criterios restrictivos establecidos en Dávila, Rivera v.
Antilles Shipping, Inc., supra, puedan ser revisadas, debe
ser análogo al dispuesto en la Ley Núm. 133-2014, supra,
para la revisión de sentencias ante los foros superiores.
A saber, diez (10) días para las revisiones
interlocutorias presentadas ante el Tribunal de
Apelaciones y veinte (20) días para aquellas revisiones
interlocutorias presentadas ante este Tribunal. Véase Art.
2 de la Ley Núm. 133-2014. Esa es la interpretación más
cónsona con el propósito de la legislación de que las
controversias laborales se tramiten de forma expedita.6
Apoya nuestra determinación el hecho de que la señora
Medina Nazario, mediante la presentación de mociones de
reconsideración y peticiones de certiorari, ha extendido
el trámite del pleito por más de un año. Tal proceder
atenta contra la clara política pública del Estado de
“tramitar las reclamaciones laborales con prontitud, sin
dilaciones que pudieran frustrar los fines de la
justicia”. Berríos Heredia v. González, 151 DPR 327, 339
(2000). El procedimiento al amparo de la Ley Núm. 2,
supra, desprovisto “de esa característica sumaria,
resultaría un procedimiento ordinario más, incompatible
6 Además, al uniformar los términos para la presentación de un certiorari interlocutorio a los provistos para la revisión de determinaciones finales bajo la Ley Núm. 2, supra, se evita la confusión de tener tres términos distintos para acudir a los foros revisores. CC-2015-0313 17
con el mandato legislativo”. Lucero v. San Juan Star, 159
DPR 494, 505 (2003); véase Aguayo Pomales v. R & G Mortg.,
169 DPR 36, 43 (2006).
En última instancia, la interpretación adoptada en el
día de hoy favorece a los empleados y obreros quienes
podrán ser resarcidos con mayor prontitud cuando sus
patronos hayan vulnerado sus derechos.
En atención al trámite procesal antes expuesto, el
auto de certiorari ante nos se presentó tardíamente por lo
que este Tribunal carece de jurisdicción para atender sus
méritos.
IV
Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el
recurso por falta de jurisdicción.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Maite D. Oronoz Rodríguez Jueza Presidenta EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente Sentencia, se desestima el recurso por falta de jurisdicción.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo emitió una Opinión de Conformidad. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez concurre sin Opinión escrita.
Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionaria CC-2015-313 Certiorari
v.
Recurrida
Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo
Estoy conforme con la determinación y el
racional de este Tribunal. No obstante, mediante
esta Opinión discuto los criterios del principio de
analogía, con el propósito de exponer el por qué
entiendo que aplican los términos de 10 y 20 días
que la Ley 2, infra, concede para la revisión de
sentencias y no el término de 30 días que las
Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,
proveen para la revisión de dictámenes
interlocutorios emitidos en el ámbito civil.
Los hechos esenciales para resolver la
controversia sobre los términos para revisar CC-2015-313 2
determinaciones interlocutorias de la Ley 2, infra, son los
siguientes. El 16 de noviembre de 2010 la Sra.
Priscilla Medina Nazario presentó una querella en contra de
McNeil Healthcare LLC al amparo del procedimiento sumario
de la Ley 2. Luego de varias incidencias, el Tribunal de
Primera Instancia emitió una resolución interlocutoria,
cuyo contenido es innecesario pormenorizar en esta ocasión.
Posteriormente, la señora Medina Nazario presentó un
recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones y
dicho foro denegó su expedición. Luego de haber
transcurrido más de 20 días desde la determinación del foro
apelativo intermedio, la señora Medina Nazario presentó
ante este Tribunal un recurso de certiorari. Nos
corresponde examinar si el recurso se presentó
oportunamente. Veamos.
A los fines de entender cabalmente la controversia que
se nos presenta, debemos destacar la diferencia entre una
sentencia y una resolución. La Regla 42.1 de Procedimiento
Civil, 32 LPRA Ap. V, expone que una sentencia del
Tribunal de Primera Instancia es un dictamen que resuelve
finalmente una cuestión litigiosa mediante una
adjudicación final, mientras que una resolución solo pone
fin a un incidente dentro del proceso judicial.7 A esta
última generalmente se le conoce como orden o resolución
interlocutoria. A su vez, la Regla 52.2 de Procedimiento
7 Véase Johnson & Johnson v. Mun. San Juan, 172 DPR 840, 848 (2007). CC-2015-313 3
Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone que las resoluciones u
órdenes interlocutorias emitidas por el Tribunal de
Primera Instancia se pueden revisar ante el Tribunal de
Apelaciones mediante la presentación de un recurso de
Trasladándonos al ámbito laboral, es sabido que las
reclamaciones de los obreros y empleados instadas en
contra de sus patronos pueden tramitarse conforme al
procedimiento ordinario o al sumario que está contemplado
en la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones
Laborales, Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, 32 LPRA
sec. 3118 et seq. (Ley 2).8 La Ley 2 es una ley especial
que fue creada como un mecanismo procesal para lograr la
rápida consideración y adjudicación de las reclamaciones
laborales, implantar la política pública del Estado de
proteger el empleo, desalentar el despido sin justa causa
y proveer al obrero despedido de medios económicos para su
subsistencia mientras consigue un nuevo empleo.9
Reiteradamente hemos señalado que tanto las partes como
los tribunales deben respetar la naturaleza sumaria del
procedimiento de la Ley 2 porque esta constituye su
característica esencial.10 Pues de no hacerlo el
8 Véase Sec. 1 de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 LPRA sec. 3118 (Ley 2). 9 Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 928 (2008); Aguayo Pomales v. R & G Mortg., 169 DPR 36, 43 (2006). Véase también Exposición de Motivos de la Ley Núm. 133-2014 y A. Acevedo Colom, Legislación Protectora del Trabajo Comentada, 8va ed. rev., San Juan, 2005, pág. 397. 10 Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, pág. 929; Lucero v. San Juan Star, 159 DPR 494, 505 (2003); Dávila, Rivera v. Antilles CC-2015-313 4
procedimiento se convertiría en uno ordinario más, lo cual
sería incompatible tanto con el mandato legislativo como
con su carácter reparador.11
Las siguientes constituyen algunas de las medidas que
el Legislador consignó en la Ley 2 para la consecución de
su propósito expedito: el establecimiento de términos
breves para contestar la querella; una limitación al tipo
y a la cantidad de los mecanismos de descubrimiento de
prueba; la aplicación de términos cortos para la revisión
de sentencias y una limitación a la aplicabilidad de las
disposiciones de las Reglas de Procedimiento Civil.12 En
aras de preservar el carácter sumario del procedimiento,
este Tribunal ha interpretado que las resoluciones
interlocutorias que se emiten al amparo de la Ley 2 no son
revisables, excepto en las siguientes instancias: (1)
cuando el foro primario haya actuado sin jurisdicción; (2)
en situaciones en las que la revisión inmediata dispone
del caso por completo, y (3) cuando la revisión tenga el
efecto de evitar una grave injusticia.13 Las resoluciones
interlocutorias que cumplen con alguna de estas
excepciones serán revisables discrecionalmente mediante la
presentación de un recurso de certiorari.
Shipping, Inc., 147 DPR 483, 493 (1999); Santiago v. Palmas del Mar Properties, Inc., 143 DPR 886, 891 (1997) y Acevedo Colom, op. cit., pág. 397. 11 Íd. 12 Secs. 3, 4 y 9 de la Ley 2, 32 LPRA secs. 3120, 3121 y 3127; Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912, 923 (1996). 13 Ortiz v. Holsum, 190 DPR 511, 517 (2014); Dávila, Rivera v. Antilles Shipping Inc., supra, pág. 498. CC-2015-313 5
Como sabemos, las reglas procesales que regulan la
revisión de asuntos de naturaleza civil están contenidas
en las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. La
Regla 52.2 (b) de ese cuerpo de normas prescribe que las
determinaciones interlocutorias del Tribunal de Primera
Instancia podrán revisarse mediante un recurso de
certiorari ante el Tribunal de Apelaciones dentro del
término de 30 días y, además, dispone que la decisión que
dicho tribunal tome sobre el asunto recurrido podrá
revisarse ante el Tribunal Supremo dentro del plazo de 30
días. Además, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32
LPRA Ap. V, dispone que el procedimiento de certiorari se
tramitará de acuerdo a la ley aplicable, a estas reglas de
Procedimiento Civil y a las que adopte este Tribunal.
Sin embargo, al remitirnos a las disposiciones de la
Ley 2 hallamos que esta ley especial no provee un término
para revisar las determinaciones interlocutorias del
Tribunal de Primera Instancia, pues solo provee términos
para revisar las sentencias. En particular, la Sec. 4 de
la Ley 2, 32 LPRA sec. 3121, advierte que cuando el
Tribunal de Primera Instancia haya dictado una sentencia
en rebeldía, o por incomparecencia de una parte al acto de
juicio, la parte afectada únicamente podrá recurrir al
Tribunal de Apelaciones para que se revisen los
procedimientos, mediante la presentación de un auto de
certiorari dentro del término jurisdiccional de 10 días.
Por su parte, la Sec. 9 de la Ley 2, 32 LPRA sec. 3127,
orienta que las sentencias que el Tribunal de Primera CC-2015-313 6
Instancia haya emitido como producto de una adjudicación
en los méritos podrán ser revisadas por el Tribunal de
apelación dentro del mismo término jurisdiccional de 10
días. En cuanto a la revisión ante este Tribunal Supremo,
las Secs. 4 y 9 permiten la presentación de un recurso de
certiorari dentro del término jurisdiccional de 20 días
con el propósito de revisar la determinación que el
Tribunal de Apelaciones tome sobre cualquier sentencia
recurrida.14 Según surge de la Exposición de Motivos de la
Ley Núm. 133-2014, que enmendó las disposiciones de la Ley
2, la brevedad de estos términos responde a la intención
legislativa de “extender el carácter sumario de la ley a
la etapa apelativa para cumplir con el propósito rector de
la misma, de proveer al obrero un remedio rápido y
eficaz”.15
Como apreciamos, la Ley 2 concede los términos de 10 y
20 días para revisar ante el Tribunal de Apelaciones y el
Tribunal Supremo, respectivamente, las sentencias que el
Tribunal de Primera Instancia haya emitido de conformidad
con el procedimiento sumario. Un examen de estas
14 En las Secs. 4 y 9 de la Ley 2, supra, el Legislador solo dispuso que el Tribunal de Apelaciones puede revisar las sentencias del Tribunal de Primera Instancia. En lo pertinente al Tribunal Supremo, la Sec. 4 de la Ley 2, supra, dispone que: “[l]a determinación dictada por el Tribunal de Apelaciones podrá ser revisada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico mediante auto de certiorari, en el término jurisdiccional de veinte (20) días, contados a partir de la notificación de la sentencia o resolución.” De igual modo, la Sec. 9, supra, expone que: “[l]a parte que se considere perjudicada por la sentencia que emita el Tribunal de Apelaciones, podrá acudir mediante auto de Certiorari al Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el término jurisdiccional de veinte (20) días.” 15 (Énfasis suplido). CC-2015-313 7
disposiciones revela que el Legislador omitió codificar lo
relativo a la revisión de dictámenes interlocutorios. En
otras palabras, en la Ley 2 existe un vacío o laguna
legislativa sobre cuáles son los términos para revisar las
determinaciones interlocutorias.
En las situaciones en las que no haya ley aplicable al
caso, el Art. 7 del Código Civil, 31 LPRA sec. 7, dispone
que el tribunal deberá resolver conforme a la equidad.16 De
conformidad con lo anterior, hemos señalado que es tarea
de la Jurisprudencia interpretar y aplicar la ley a casos
concretos, llenar lagunas cuando las hay y, en lo posible,
armonizar las disposiciones de ley que estén o que
parezcan estar en conflicto.17 La expresión laguna se
utiliza para aludir a la existencia de posibles oquedades
o vacíos en ley en torno a situaciones concretas.18 En
nuestro ordenamiento jurídico y en el español se recurre
al principio de analogía cuando el Derecho no ha
contemplado el supuesto específico que se ha de resolver,
pero existe otro semejante al planteado que ha sido
16 El Art. 7 del Código Civil, 31 LPRA sec. 7, lee como sigue: El tribunal que rehúse fallar a pretexto de silencio, obscuridad, o insuficiencia de la ley, o por cualquier otro motivo, incurrirá en responsabilidad.
Cuando no haya ley aplicable al caso, el tribunal resolverá conforme a equidad, que quiere decir que se tendrá en cuenta la razón natural de acuerdo con los principios generales del derecho, y los usos y costumbres aceptados y establecidos. 17 Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 360 (2003). 18 Véase comentarios al Art. 4 del Código Civil español. A. Gullón Ballesteros, Comentario del Código Civil, Tomo 1, Ed. Bosch, 2000, pág. 379. CC-2015-313 8
previsto y entre ambos existe identidad de razón.19 En
estas situaciones “la norma del caso regulado podrá
aplicarse por analogía al caso que no lo está porque la
misma razón justifica la identidad de la consecuencia”.20
Simplemente no sería justo ni lógico que dos supuestos que
coinciden en lo esencial reciban una solución distinta
dentro de un mismo ordenamiento.21 Por tanto, la analogía
se define como la “comprobación de igualdad normativa
entre dos casos que no son completamente iguales, pero que
lo son en grado suficiente para que el régimen jurídico de
uno deba ser igualmente el del otro”.22
Ahora bien, la analogía como función integradora del
juez no se impone de modo automático sino que precisa un
acto de decisión judicial.23 Este ejercicio exige cautela
pues no se deberá acoger una norma por analogía cuando
dicha adopción tenga el efecto de frustrar la intención
que emana de la ley o la política pública que la inspira.24
Tampoco podrá aplicarse la analogía cuando su utilización
19 Orraca López v. ELA, 192 DPR 31, 45 (2014), citando a J. Puig Brutau, Compendio de Derecho Civil, Ed. Bosch, 1987, Vol. I, pág. 105. El Art. 4.1 del Código Civil español dispone que “[p]rocederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón”. A. Gullón Ballesteros, op cit., pág. 378. 20 Orraca López v. ELA, supra, pág. 45. 21 Íd. 22 Íd. 23 Orraca López v. ELA, supra, pág. 45; Legislación Civil Vigente, Código Civil, Editorial Lex Nova, 2004, Vol. II, pág. 46. 24 Íd. CC-2015-313 9
haya sido expresamente prohibida por ley.25 En lo que nos
atañe, repetidamente hemos señalado que cuando la ley no
fija el término dentro del cual deberá llevarse
determinada acción deberá aplicarse a la misma el más
análogo.26 En resumen, los criterios a examinar si procede
aplicar el principio de analogía son los siguientes:
existencia de una laguna legal sobre una cuestión que debe
resolverse; identidad de razón entre esta y otra situación
que fue contemplada; que no exista prohibición legislativa
de recurrir a la analogía; y que su aplicación no tenga el
efecto de frustrar la intención que emana de la ley o la
política pública que la inspira.
No es la primera vez que se nos presenta una
controversia sobre cuáles son los términos para revisar
las determinaciones que se emiten al amparo de la Ley 2.
Por ejemplo, en Santiago v. Palmas del Mar Properties,
Inc., 143 DPR 886, 900 (1997), nos tocó hallar cuál era el
término para revisar una sentencia ante este Tribunal
Supremo, ya que al momento en que atendimos el caso la Ley
2 no lo contemplaba. Luego de armonizar la Ley 2 con las
disposiciones legales aplicables, a pesar de que
reconocimos que la médula de la Ley 2 es su carácter
25 Por ejemplo, el Art. 2 de nuestro Código Penal, 33 LPRA sec. 5002, dispone que “[n]o se podrán crear ni imponer por analogía delitos, penas ni medidas de seguridad”. 26 Orraca López v. ELA, supra. En Orraca López v. ELA, supra, resolvimos que el término más análogo para incoar una acción para reclamar honorarios de abogado al amparo de la Ley Federal de Educación Especial, 20 USCA sec. 1415(i)(3)(B)(i)(I), lo es el de 3 años que el Art. 1867 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5297, concede para reclamar honorarios. CC-2015-313 10
sumario, entendimos que aplicaba el término ordinario de
30 días.
Ahora bien, con posterioridad a Santiago v. Palmas del
Mar Properties, Inc., supra, la Legislatura aprobó la Ley
Núm. 133-2014 que enmendó la Ley 2. Entre otras cosas, se
estableció el término de 20 días para revisar ante el
Tribunal Supremo las determinaciones que el Tribunal de
Apelaciones toma sobre las sentencias del foro de
instancia. En la Exposición de Motivos de dicha enmienda,
el Legislador expresó que el término ordinario de 30 días
que concedimos en Santiago v. Palmas del Mar Properties,
Inc., supra, “contraviene el espíritu expedito de la Ley
Núm. 2”, y explicó que “[l]a intención del legislador […]
fue extender el carácter sumario de la ley a la etapa
apelativa para cumplir con el propósito rector de la misma
de proveer al obrero un remedio rápido y eficaz”. En otras
palabras, el Legislador resaltó la importancia del
carácter expedito en la etapa apelativa de la Ley 2 y,
como consecuencia, rechazó la aplicación de un término de
naturaleza ordinaria.
Es de vital importancia señalar que el Legislador, en
la Sec. 3 de la Ley 2, 32 LPRA sec. 3120, proveyó la
siguiente guía para la interpretación de sus
disposiciones: “[e]n los casos que se tramiten con arreglo
a [esta ley], se aplicarán las disposiciones de las Reglas
de Procedimiento Civil en todo aquello que no esté en
conflicto con las disposiciones específicas de las mismas CC-2015-313 11
o con el carácter sumario del procedimiento”.27 En la obra
Aprobación e Interpretación de las Leyes en Puerto Rico,
R. Elfren Bernier y José A. Cuevas Segarra nos recuerdan
que las normas de interpretación provistas por el
Legislador deben servir como guía a los tribunales en su
búsqueda de la voluntad legislativa.28
Conforme a nuestra obligación de suplir el vacío
legislativo de la Ley 2 y luego de examinar el principio
de analogía antes expuesto; la política pública de rápida
resolución que la Ley 2 persigue; la Exposición de Motivos
de la Ley Núm. 133-2014 que exhibe la intención de
extender el carácter sumario de la Ley 2 a la etapa
apelativa y que rechazó la aplicación de los términos
ordinarios a este procedimiento especial, y la Sec. 3 de
la Ley 2 que dispone que “[e]n los casos que se tramiten
con arreglo a [esta ley], se aplicarán las disposiciones
de las Reglas de Procedimiento Civil en todo aquello que
no esté en conflicto con […] el carácter sumario del
procedimiento”, llego a la misma conclusión que la Mayoría
de este Tribunal sobre que los términos de 10 y 20 días
que la Ley 2 concede para la revisión de las sentencias
emitidas por el Tribunal de Primera Instancia al amparo
del procedimiento sumario de la Ley 2 deben aplicarse por
analogía a la revisión de los dictámenes interlocutorios.
27 (Énfasis suplido). 28 R. Elfren Bernier, J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e Interpretación de las Leyes en Puerto Rico, 2nda ed. Rev., San Juan, Publicaciones JTS Inc., 1987, Vol. I, págs. 387-388. CC-2015-313 12
La adopción de estos términos está fundada en que
entre ambas situaciones existe identidad de razón pues
pretenden revisar asuntos dentro del mismo procedimiento
especial de naturaleza sui generis, cuya finalidad
principal es la tramitación y resolución expedita de las
reclamaciones laborales.29 Al existir el requisito de
identidad de razón entre la revisión de las sentencias y
resoluciones interlocutorias emitidas al tenor de la Ley 2
se justifica la identidad de la consecuencia, entiéndase,
que procede la aplicación de los mismos términos. Resolver
que a la revisión de asuntos interlocutorios de la Ley 2
les aplica un término más largo que aquél que la misma ley
especial concede para la revisión de sentencias
simplemente contravendría el carácter expedito que tanto
distingue a este procedimiento sumario laboral.
Así, como bien expone la Opinión Mayoritaria y sujeto
a los criterios de revisión limitada de las
determinaciones interlocutorias de Ley 2, entiendo que:
(1) los dictámenes interlocutorios emitidos por el
Tribunal de Primera Instancia ─dentro del procedimiento
sumario de la Ley 2─ pueden ser revisados
discrecionalmente por el Tribunal de Apelaciones mediante
la presentación de un recurso de certiorari dentro del
término de 10 días y (2) la determinación que dicho foro
apelativo intermedio tome sobre el dictamen recurrido
podrá revisarse discrecionalmente por este Tribunal
29 Véase Orraca López v. ELA, supra. CC-2015-313 13
mediante un recurso de certiorari dentro del plazo de 20
días.
En este caso la señora Medina Nazario recurrió ante
este Tribunal de la denegatoria del Tribunal de
Apelaciones de revisar una determinación interlocutoria
emitida por el Tribunal de Primera Instancia, al tenor del
procedimiento sumario de Ley 2. Sin embargo, la señora
Medina Nazario presentó su recurso tardíamente, es decir,
luego de transcurrido el término de 20 días desde la
notificación de la determinación final del Tribunal de
Apelaciones.
Como es sabido un recurso tardío adolece del grave e
insubsanable defecto de privar de jurisdicción al
tribunal, y una vez el tribunal determina que no tiene
jurisdicción solo puede proceder a así decretarlo y a
desestimar el recurso.30 Ante la falta de jurisdicción de
este Tribunal sobre el recurso en cuestión, estoy conforme
con que se ordene su desestimación.
Erick V. Kolthoff Caraballo Juez Asociado
30 Yumac Home Furniture, Inc. v. Caguas Lumber Yard, Inc., 2015 TSPR 148; SLG Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007); Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003).