Rivera Padilla Y Otros v. Directora Administrativa De Los Tribunales

2013 TSPR 87

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: August 8, 2013
• Docket: CC-2008-1128 Cons. CC-2010-620
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Gladys Rivera Padilla y Otras; Carmen R. Cotto y Otras; Iraida Erazo Ortega y Sandra Rivera Bauzá

Recurridas

v.

Directora Administrativa de los Tribunales

Peticionaria Gladys Rivera Padilla, Iraida Erazo Ortega, María E. Miranda Pérez, María L. Certiorari Trinidad Morales, Elsie M. Oliveras Martínez, Gladys 2013 TSPR 87 Castillo Rodríguez, Minerva Colón Nieves, Ramonita Rivera 189 DPR ____ Tarraza, Carmen M. Meléndez Pérez, Denise Marín Rodríguez, María del R. Carrión Vega, Sandra Rivera Bauzá, Elizabeth Mulero Maldonado y María del C. Barroso Hernández

Peticionaria

Número del Caso: CC-2008-1128 Cons. CC-2010-620

Fecha: 8 de agosto de 2013

CC-2008-1128

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Jorge J. Puig Jordán

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Miguel A. Negrón Matta Lcdo. Julio Díaz Rosado CC-2008-1128 y CC-2010-620 2

CC-2010-620

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo Luis Rivera Martínez Lcdo. Jorge J. Puig Jordán

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Miguel A. Negrón Matta

Materia: Derecho Constitucional – Debido proceso de Ley; aplicación del derecho constitucional de igual paga por igual trabajo. (Art. I Secc. 16, Constitución del ELA de Puerto Rico) a los Planes de Clasificación y Retribución de los Reglamentos de Personal de la Rama Judicial

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Gladys Rivera Padilla y Otras; Carmen R. Cotto y Otras; Iraida Erazo Ortega y Sandra Rivera Bauzá

v. CC-2008-1128

Peticionaria Gladys Rivera Padilla, Iraida Erazo Ortega, María E. Miranda Pérez, María L. Trinidad Morales, Elsie M. Oliveras Martínez, Gladys Castillo Cons. Certiorari Rodríguez, Minerva Colón Nieves, Ramonita Rivera Tarraza, Carmen M. Meléndez Pérez, Denise Marín Rodríguez, María del R. Carrión Vega, Sandra Rivera Bauzá, Elizabeth Mulero Maldonado y María del C. Barroso Hernández

v. CC-2010-0620 Directora Administrativa de los Tribunales

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA MARTÍNEZ

San Juan, Puerto Rico, a 8 de agosto de 2013.

En esta ocasión debemos examinar ciertos

planteamientos incoados al amparo del debido proceso de

ley, los reglamentos de personal de la Rama Judicial y el

principio constitucional de igual paga por igual trabajo. CC-2008-1128 y CC-2010-620 2

En concreto, habremos de resolver si la Oficina de

Administración de Tribunales (“OAT”) violó las

disposiciones legales indicadas al reducir los sueldos de

un grupo de secretarias de la Rama Judicial en aras de

corregir un supuesto error administrativo cometido al

implantar el Plan de Clasificación y Retribución de la

Rama Judicial de 1998.

Teniendo presente la controversia antes señalada,

pasemos a exponer el marco fáctico que origina los

recursos consolidados que nos ocupan.

I.

A. CC-2010-0620:1

Entre junio y noviembre de 1998, un grupo de

secretarias auxiliares de la Rama Judicial fueron

ascendidas al puesto de secretarias de servicios de sala

(“secretarias ascendidas”). Como resultado de estos

ascensos, las secretarias ascendidas se beneficiaron de la

aplicación del Art. 10.4(b) del Reglamento de la

Administración del Sistema de Personal de la Rama Judicial

(“Reglamento de la Administración del Sistema de

Personal”). El texto de este articulado, según estaba

1 Las peticionarias en el caso de epígrafe son: Gladys Rivera Padilla, Iraida Erazo Ortega, María E. Miranda Pérez, María L. Trinidad Morales, Elsie M. Oliveras Martínez, Gladys Castillo Rodríguez, Minerva Colón Nieves, Ramonita Rivera Tarraza, Carmen M. Meléndez Pérez, Denise Marín Rodríguez, María Del R. Carrión Vega, Sandra Rivera Bauzá, Elizabeth Mulero Maldonado y María del C. Barroso Hernández. CC-2008-1128 y CC-2010-620 3

reglamentado al momento de conferirse los ascensos,2

permitió que el salario asignado a las secretarias

ascendidas en su nueva escala retributiva reflejara el

número de pasos3 que adquirieron en su pasada escala

salarial, y no sólo el salario más alto devengado por

éstas bajo su antiguo puesto. De tal manera, las

secretarias ascendidas recibieron un sueldo que

sobrepasaba el tipo mínimo de su nueva escala salarial, en

función al número de pasos que alcanzaron en su antigua

escala retributiva y con independencia de cualquier otro

criterio salarial.

Coetáneo a lo anterior, el 31 de agosto de 1998, la

Rama Judicial aprobó un Plan de Clasificación y

Retribución (“Plan”), con efecto retroactivo al 1 de julio

de 1998. Al implantarse el nuevo Plan y reajustarse los

salarios de forma correspondiente, las secretarias

ascendidas obtuvieron un salario mayor que aquel devengado

por las secretarias de servicios de sala que habían

desempeñado el referido cargo desde mucho antes de

2 Este artículo disponía lo siguiente al momento de otorgarse los ascensos en disputa:

También recibirán una retribución sobre el mínimo los funcionarios y empleados que sean ascendidos, aumentándose el mismo número de pasos que sobre el mínimo de la escala anterior tuvieran. (Énfasis nuestro.) 4 L.P.R.A. Ap. XIII, R.10.4(b) (versión de 21 de octubre de 1994).

Un paso representa un incremento de sueldo que 3

corresponde a un nivel o tipo intermedio de determinada escala salarial. Véase, Nigaglioni v. Depto. de Salud, 149 D.P.R. 180, 206-207, n.1 (1999), citando a, Aponte v. Srio. de Hacienda, E.L.A., 125 D.P.R. 610, 615 (1992). CC-2008-1128 y CC-2010-620 4

implementarse el Plan o de otorgarse los ascensos en

disputa (“secretarias originales”). Tal situación ocurrió

debido a que las secretarias ascendidas se beneficiaron de

la aplicación del Art. 10.4(b), supra, previo a la entrada

en vigor del Plan. Las secretarias originales, por no ser

objeto de un ascenso, no se beneficiaron del Art. 10.4(b),

supra, antes de implantarse el Plan. Éstas sólo recibieron

una asignación dentro de la nueva escala retributiva

diseñada para el puesto de secretarias de servicios de

sala, que garantizó, como mínimo, un salario equivalente

al salario más alto que percibieron al amparo de la pasada

escala retributiva.

Posterior a la implementación del Plan, esta Curia,

mediante una Resolución adoptada el 19 de marzo de 1999,

enmendó el Art. 10.4(b) del Reglamento de la

Administración del Sistema de Personal, supra.4 Véase,

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Res. Núm.

EP-99-01. Con la referida enmienda, se eliminó la

Por causa de dicha enmienda, el articulado indicado 4

ahora lee de la siguiente manera:

Todo empleado que ascienda percibirá retribución al tipo mínimo de la escala correspondiente, excepto que si el aumento resultante fuere menor al equivalente a un paso sobre el sueldo del empleado en la escala donde estaba ubicada la clase de puesto antes del cambio, el mismo se aumentará y se ajustará al tipo inmediato superior al subsiguiente, de manera que el incremento a recibir sea mayor a lo que hubiera recibido de habérsele concedido un aumento de sueldo equivalente a un paso en la escala antes del cambio. 4 L.P.R.A. Ap. XIII, R.10.4(b) (2012). CC-2008-1128 y CC-2010-620 5

posibilidad experimentada por las secretarias ascendidas,

mediante la cual un empleado ascendido podía recibir un

reconocimiento del número de pasos por años de servicio o

por mérito que adquirió en su pasada escala salarial –y no

sólo el salario máximo adquirido por dichos pasos- al

momento de fijarse su sueldo dentro de su nueva escala

salarial. No obstante el cambio señalado, las secretarias

originales continuaron recibiendo un salario inferior al

de las secretarias ascendidas, a pesar que aquellas habían

ocupado el puesto de secretarias de sala por mucho más

tiempo que estas últimas. Ello, pues, las secretarias

ascendidas continuaron beneficiándose del texto del Art.

10.4(b), supra, según éste estaba redactado antes de la

enmienda explicada.

La perpetuación de esta diferencia en sueldo provocó

que las secretarias originales acudieran ante la OAT para

solicitar que sus sueldos fuesen equiparados con el

salario devengado por las secretarias ascendidas.

Fundamentaron su reclamo en el argumento constitucional y

reglamentario de igual paga por igual trabajo. Alegaron

que era improcedente en derecho que las secretarias

ascendidas gozaran de mayor remuneración que las

secretarias originales, a pesar que ambos grupos de

secretarias ejercen las mismas funciones y

responsabilidades. La Directora de la OAT (“Directora”)

denegó la solicitud de las secretarias originales. CC-2008-1128 y CC-2010-620 6

Ante la denegatoria de la Directora, las secretarias

originales recurrieron en alzada ante la Junta de Personal

de la Rama Judicial (“Junta”). Las querellas de las

secretarias originales fueron adjudicadas por la Junta en

una Resolución con fecha del 14 de septiembre de 2004. En

esencia, la Junta resolvió que los salarios de las

secretarias originales debían ser equiparados con aquellos

devengados por las secretarias ascendidas. Sostuvo su

decisión en el principio de igual paga por igual trabajo

incorporado en el Art. II, Sec. 16 de la Constitución de

Puerto Rico, el Art. 10 del Reglamento de Administración

de Personal, supra, y la política salarial del Plan. La

OAT no solicitó la reconsideración de la decisión de la

Junta, ni presentó un escrito de revisión administrativa

ante el Tribunal de Apelaciones.

El 8 de octubre de 2004, la OAT pretendió dar

cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de la Junta.

Al así obrar, la OAT concedió a las secretarias originales

aquellos pasos necesarios para que cada una recibiese un

salario proporcional al sueldo recibido por una de las

secretarias ascendidas, el cual equivalía a una

compensación de $1,841 mensuales. En respuesta a lo

anterior, el 21 de octubre de 2004, las secretarias

originales cursaron a la Junta una moción titulada “Moción

sobre cartas notificadas el 8 de octubre de 2004”, en la

cual se oponían a la forma en que la OAT implementó la

Resolución de la Junta del 14 de septiembre de 2004. CC-2008-1128 y CC-2010-620 7

Esencialmente, las secretarias originales arguyeron que la

equiparación de sueldos realizada por la OAT estaba

errada. Ante ello, solicitaron una vista evidenciaria para

exponer cómo debía computarse la misma.

Posteriormente, las secretarias originales

presentaron varias mociones en las cuales argüían que

equiparar los sueldos entre ambos grupos de secretarias

exigía que se les reconociese a las secretarias originales

el número total de pasos alcanzados por ellas antes de

implantarse el Plan. Según las secretarias originales, el

equiparar los sueldos de todas las secretarias originales

al de una de las secretarias ascendidas, no evita que

muchas secretarias ascendidas continúen devengando sueldos

superiores a un gran número de secretarias originales con

mayor antigüedad en el puesto de secretarias de servicios

de sala.

En vista de las mociones instadas, el 21 de octubre

de 2005, la Junta otorgó la audiencia solicitada. La

oficial examinadora que presidió la misma emitió un

informe a la Junta, en el cual concluyó que procedía

reconocerle a las secretarias originales los pasos por

mérito y servicio que habían adquirido previo a la

implantación del Plan, de la misma forma que las

secretarias ascendidas se beneficiaron del reconocimiento

de los pasos que habían adquirido en la escala salarial

que les aplicaba previo a su ascenso. La oficial

examinadora descansó su recomendación en el principio de CC-2008-1128 y CC-2010-620 8

igual paga por igual trabajo, según éste fue interpretado

en la Resolución de la Junta del 14 de septiembre de 2004.

En el ínterin, y en un caso distinto al de autos, el

10 de abril de 2006, la OAT sometió ante la Junta una

moción en cumplimiento de una orden, mediante la cual

anunciaba que se proponía dejar sin efecto el aumento

concedido a las secretarias ascendidas y a las secretarias

originales, con el propósito de supuestamente corregir la

desigualdad salarial que había dado génesis a la

controversia que nos ocupa. Específicamente, la OAT

planteó que dejaría sin efecto los aumentos salariales

resultantes de “la aplicación de las disposiciones del

Artículo 10.4 del Reglamento” de la Administración del

Sistema de Personal, supra.5 En respuesta a esta moción,

el 31 de mayo de 2006, la Junta le concedió a las

secretarias originales un término de 10 días para que

mostraran causa por la cual no debía dejarse sin efecto el

informe y la recomendación de la oficial examinadora. Las

secretarias originales no comparecieron en el término

indicado.

Así las cosas, el 26 de junio de 2006, la Directora

de la OAT le envió una misiva a cada una de las

secretarias originales y ascendidas, mediante la cual les

notificó que efectivo el 1 de julio de 2006, se dejarían

sin efecto los aumentos salariales que le fueron

concedidos por la Junta mediante la Resolución del 14 de

Apéndice, Petición de certiorari, pág. 101. 5 CC-2008-1128 y CC-2010-620 9

septiembre de 2004. La OAT se limitó a aseverar que, luego

de un estudio realizado en el contexto de un proceso

administrativo pendiente ante la Junta, tales aumentos

eran improcedentes en Derecho. El 3 de julio de 2006, las

secretarias originales acudieron ante la Junta e

impugnaron la determinación de la OAT mediante un escrito

titulado “Moción solicitando auxilio de jurisdicción”.

Entre otros planteamientos, aseveraron que la acción

objetada representaba una violación a su derecho al debido

proceso de ley, ya que nunca se les proveyó una vista,

previo a sufrir una reducción del salario conferido por

virtud de la Resolución de la Junta del 14 de septiembre

de 2004.

El 20 de septiembre de 2006, la Junta resolvió las

mociones indicadas. En su Resolución, la Junta concluyó

que la acción de la OAT era procedente en Derecho.

Fundamentó su decisión en su entendimiento de que la

acción de la OAT constituía una corrección legítima de un

alegado error administrativo. Según la Junta, el referido

error administrativo se debió a la implementación del Plan

sin la concurrente enmienda del Art. 10.4(b) del

Reglamento de la Administración del Sistema de Personal,

supra, lo que entendió que creó una norma de ascenso

incompatible con el Plan. De acuerdo a la Junta, la

enmienda del referido articulado en el 1999 trajo una

norma de ascenso afín al Plan y corrigió el alegado error

administrativo. Por tal motivo, la Junta razonó que la CC-2008-1128 y CC-2010-620 10

acción de la OAT de reducir todo aumento conferido al

amparo del Art. 10.4(b) del Reglamento de la

Administración del Sistema de Personal, supra, previo a su

enmienda, constituye una rectificación del alegado error

administrativo, el cual quitó la base fáctica que dio pie

a la disparidad de sueldos entre las secretarias

ascendidas y las secretarias originales. Además, la Junta

aseveró que dicho error administrativo no creó un estado

de derecho que obligara a la OAT ni impidiera su debida

corrección.

Inconforme con la determinación de la Junta, y luego

de varios trámites interlocutorios, el 16 de enero de

2007, las secretarias originales presentaron un recurso de

revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones.

En esencia, volvieron a argüir que la reducción de sus

salarios constituyó una lesión a su derecho a un debido

proceso de ley, según éste es protegido por la

Constitución de Puerto Rico y la Constitución federal.

El 11 de mayo de 2007, la OAT presentó una moción de

desestimación ante el foro apelativo intermedio. En

esencia, ésta impugnó la validez de la notificación del

recurso de revisión administrativa, indicando que en el

caso de autos las secretarias originales notificaron su

escrito a la OAT y a la Junta, mas omitieron notificar su

recurso al licenciado que representaba a la OAT,

argumentando así que su escrito no quedó perfeccionado

dentro del término provisto para ello por el Reglamento CC-2008-1128 y CC-2010-620 11

del Tribunal de Apelaciones. En respuesta, las secretarias

originales presentaron un escrito en oposición, en el cual

plantearon que cumplieron con la notificación indicada, ya

que el abogado de la OAT, al asumir la representación

legal de su cliente, informó como suya la dirección de la

OAT y nunca presentó una moción notificando un cambio de

dirección.

Así las cosas, el 23 de julio de 2007, la OAT

presentó su oposición al recurso administrativo de las

secretarias originales. En ésta, la OAT, entre otros

argumentos, planteó que las secretarias originales no

sufrieron una violación de su derecho al debido proceso de

ley. Ello, pues, no tenían derecho a una vista previo a la

Resolución que redujo sus aumentos salariales y, de

tenerlo, nunca solicitaron la misma. Según la OAT, ésta

salvaguardó el derecho de las secretarias originales a un

debido proceso de ley al notificarle de su derecho a

apelar su decisión ante la Junta, lo cual las secretarias

hicieron. Además, arguyó que la Junta hizo lo propio al

ordenar a las secretarias ascendidas el 31 de mayo de

2006, a que mostraran causa por la cual no debía dejarse

sin efecto la Resolución del 14 de septiembre de 2004.

Asimismo, argumentaron que el proceso administrativo

celebrado ante la Junta les otorgó a las secretarias

originales una oportunidad justa y equitativa a ser oídas

y a expresarse. CC-2008-1128 y CC-2010-620 12

Finalmente, la OAT alegó que su acción sólo corrigió

un error administrativo provocado por la omisión de

enmendar el Art. 10.4(b) del Reglamento de la

Administración del Sistema de Personal, supra, antes de

implantar el Plan. Según la OAT, el error indicado no

generó un interés propietario a favor de las secretarias

originales y nada impedía corregirlo. Descansando en éstas

y otras alegaciones, sostuvo que no tenían reclamo alguno

al amparo de la protección constitucional a un debido

proceso de ley.

El 22 de diciembre de 2009, el Tribunal de

Apelaciones emitió una Sentencia disponiendo del recurso

presentado por las secretarias originales. En su dictamen,

el foro apelativo intermedio concluyó que las secretarias

originales tenían un interés propietario respecto a los

aumentos que le fueron conferidos por virtud de la

Resolución de la Junta del 14 de septiembre de 2004. Ante

ello, determinó que la Junta estaba obligada a conferirle

una audiencia previo a haber ordenado que los aumentos que

gozaban les fuesen quitados. Además, ordenó a la Junta a

analizar si la OAT, en efecto, había cometido un error de

derecho o un error de hecho al momento de implantar el

Plan sin haber enmendado concurrentemente el Art. 10.4(b)

del Reglamento de la Administración del Sistema de

Personal, supra. El tribunal a quo no atendió la moción de

desestimación presentada por la OAT. CC-2008-1128 y CC-2010-620 13

Inconformes con el dictamen del Tribunal de

Apelaciones, el 16 de julio de 2010, la OAT compareció

ante nos mediante una petición de certiorari. En su

recurso, la OAT le imputa al foro apelativo intermedio

haber errado al: (1) no desestimar la causa de acción de

las secretarias originales, según la OAT lo solicitó en su

moción de 11 de mayo de 2007; (2) determinar que la Junta

violentó el derecho a un debido proceso de ley de las

secretarias originales al no celebrar una audiencia para

determinar si, en efecto, la OAT cometió o no un error

administrativo; (3) resolver que las secretarias

originales tienen un interés propietario respecto a los

aumentos salariales en controversia; y, (4) disponer que

la OAT estaba impedida de corregir el supuesto error

administrativo sin que la Junta determinara antes si el

referido error era uno de hecho o derecho.

B. CC-2008-1128:6

Por otra parte, el 12 de julio de 2006, las

secretarias ascendidas7 presentaron una querella ante la

6 Las peticionarias en el caso de autos son: Ada R. Burgos Martínez, Mirnaly Agosto Ortiz, Yeisa Prado Lozada, Yesenia Reyes Filomeno, Ivonne Irrizary Quiles, Betzaida Santiago Vargas, Marta Pérez París, Gladys Rivera Padilla, María E. Miranda Pérez, María L. Trinidad Morales, Elsie M. Oliveras Martínez, Gladys Castillo Rodríguez, María E. Miranda Pérez, María L. Trinidad Morales, Elsie M. Oliveras Martínez, Gladys Castillo Rodríguez, Denise Marín Rodríguez, Elizabeth Mulero Maldonado, María del Carmen Barroso Hernández, Minerva Colón Nieves, Iraida Erazo Ortega y Sandra Rivera Bauzá.

Amerita indicar que esta querella fue presentada por 7

secretarias y oficinistas que fueron ascendidas a la posición de secretarias de servicios de sala y a otras CC-2008-1128 y CC-2010-620 14

Junta. Ello en respuesta a la carta suscrita por la OAT el

26 de junio de 2006, en la cual se les notificó que sus

sueldos serían reducidos, bajo el argumento de que se

había cometido un error administrativo al implantar el

Plan sin la concurrente enmienda del Art. 10.4(b) del

supra. Esencialmente, y al igual que las secretarias

originales, las secretarias ascendidas alegaron que la

determinación de la OAT violentó su derecho al debido

proceso de ley, al menoscabar su interés propietario sobre

los ascensos en disputa. Además, arguyeron que el ascenso

que les fue conferido al amparo del Art. 10.4(b) del

supra, le correspondía por ser éste el estado de Derecho

que existía al momento de implantarse el Plan. Ante ello,

plantearon que la OAT violó los propios reglamentos de

personal de la Rama Judicial. Esta querella fue

consolidada con otras querellas que fueron presentadas por

las secretarias originales el 6 de junio de 2006, en las

cuales éstas impugnaban, nuevamente, la decisión de la

OAT.

______________________ posiciones dentro del sistema uniforme de la Rama Judicial. Aunque la mayoría de las querellantes eran secretarias auxiliares que fueron ascendidas al puesto de secretarias de servicios de sala, somos conscientes que no todas las querellantes fueron ascendidas al referido puesto y no todas provinieron del puesto de secretarias auxiliares. Para fines de facilitar la discusión de los hechos del caso ante nos, ubicaremos a todas las peticionarias de este segundo caso bajo el calificativo de secretarias ascendidas. CC-2008-1128 y CC-2010-620 15

El 28 de agosto de 2007, la OAT presentó una moción

de desestimación sumaria en contra de las referidas

querellas. En su moción, la OAT solicitó que, de acuerdo a

la Resolución de la Junta del 20 de septiembre de 2006, la

Junta desestimara las querellas de las secretarias

ascendidas y originales (colectivamente “secretarias”), a

raíz de que la OAT tenía potestad para corregir el error

administrativo en controversia. Arguyó que la Resolución

del 20 de septiembre de 2006 impedía el reclamo de las

secretarias, a la luz de la doctrina de impedimento

colateral por sentencia. Además, fundamentó su reclamo en

una Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones en un

caso idéntico en su naturaleza,8 en el cual el foro

apelativo intermedio concluyó que la OAT actuó propiamente

al corregir el alegado error administrativo. El 18 de

diciembre de 2007, las secretarias se opusieron a la

moción de la OAT.

Con la comparecencia de ambas partes, el 20 de

febrero de 2008, la Junta emitió una Resolución. En ésta,

dispuso que los planteamientos levantados por las

secretarias originales en sus segundas querellas fueron

adjudicados en su Resolución del 20 de septiembre de 2006.

Ante ello, determinó que estas segundas querellas no

procedían a base de la doctrina de impedimento colateral

por sentencia. Respecto a las secretarias ascendidas, la

Brunilda Rodríguez Colón v. Directora Administrativa 8

de los Tribunales, KLRA0600847 y KLRA0600851, resuelto el 30 de abril de 2007. CC-2008-1128 y CC-2010-620 16

Junta concluyó que éstas no albergaban un interés

propietario sobre los aumentos en controversia, ya que

éstos habían sido conferidos por virtud de un error

administrativo cometido por la OAT al momento de implantar

el Plan, el cual no creó un estado de derecho que obligara

a la agencia ni impidiera su corrección. Para fundamentar

su decisión, la Junta citó la decisión del Tribunal a quo

esgrimida por la OAT en su moción de desestimación

sumaria.

Inconforme con el dictamen administrativo, el 24 de

marzo de 2008, las secretarias presentaron un recurso de

En su recurso, éstas le imputaron a la Junta haber errado

por, entre otras cosas: (1) no concluir que el Art.

10.4(b) del Reglamento, supra, previo a ser enmendado en

marzo de 1999, constituía el estado de Derecho al momento

de otorgarse los aumentos en controversia, creando así un

interés propietario exigible por las secretarias y

oponible ante la OAT; y, (2) no celebrar una vista

evidenciaria para dilucidar los méritos de las querellas

presentadas por las secretarias, violentando así su

derecho a un debido proceso de ley, previo a despojarles

de los aumentos en disputa.

El 6 de mayo de 2008, la OAT se opuso al recurso de

revisión administrativa instado por las secretarias. En su

oposición, la OAT arguyó que las secretarias ascendidas no

tenían un derecho a una vista evidenciaria, previo a la CC-2008-1128 y CC-2010-620 17

privación de los aumentos que gozaban, ya que esos

aumentos fueron conferidos por virtud de un error

administrativo, el cual no creó un interés propietario ni

impedía su corrección. Así, argumentó que las secretarias

no sufrieron una violación de su derecho a un debido

proceso de ley, sino que, al contrario, la Junta y la OAT

le otorgaron suficientes oportunidades para ser

escuchadas.

Habida cuenta de las posiciones de ambas partes, el

20 de noviembre de 2008, el Tribunal a quo emitió su

dictamen. En lo pertinente, el Tribunal de Apelaciones

resolvió que la Junta debió de haber celebrado una vista

para dilucidar si los aumentos percibidos por las

secretarias ascendidas fueron producto de un error de

hecho o un error de derecho. Respecto al reclamo de las

secretarias originales, el Tribunal a quo determinó que

éste estaba pendiente ante otro panel del Tribunal de

Apelaciones y que el mismo no sería adjudicado en esta

sentencia. Cónsono con lo anterior, el foro apelativo

intermedio revocó la decisión de la Junta en cuanto a su

desestimación de las querellas de las secretarias

ascendidas y devolvió el caso a ésta para que celebrara

una vista.

Inconforme con la determinación del Tribunal de

Apelaciones, el 23 de diciembre de 2008, la OAT acudió

ante nos mediante un recurso de certiorari. En su recurso,

la OAT alega que el foro apelativo intermedio erró al CC-2008-1128 y CC-2010-620 18

resolver que la Junta debió de celebrar una vista para

determinar si el aumento percibido por las secretarias

ascendidas fue producto de un error de hecho o un error de

derecho, antes de desestimar las querellas de éstas.

Luego de consolidar el caso ante nos con el pleito

instado por las secretarias originales (CC-2010-0620), el

30 de junio de 2009 expedimos los autos solicitados.

Contando con la comparecencia de todas las partes, pasamos

a exponer el marco jurídico aplicable a los casos que nos

ocupan y a adjudicar las controversias correspondientes,

según lo dicta el Derecho.

II.

Los casos ante nuestra consideración han generado

múltiples argumentos de carácter procesal, los cuales han

sido adjudicados a lo largo del tracto judicial. Sólo

resta atender un último planteamiento preliminar levantado

por la OAT, cuya disposición es imprescindible previo a

considerar cualquier otro argumento en sus méritos.

Concretamente, nos toca dirimir si el Tribunal de

Apelaciones erró al no desestimar el recurso de revisión

administrativa de las secretarias originales por éstas

alegadamente no notificar su recurso al abogado de la OAT.

Veamos.

A. La notificación adecuada y oportuna del recurso de revisión administrativa al abogado de la OAT

La Regla 58 (B)(1) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, provee lo siguiente: CC-2008-1128 y CC-2010-620 19

La parte recurrente notificará el escrito de revisión debidamente sellado con la fecha y hora de su presentación a los abogados(as) de récord del trámite administrativo o, en su defecto, a las partes, así como a la agencia o al funcionario(a) administrativo(a) de cuyo dictamen se recurre, dentro del término para presentar el recurso, siendo éste un término de cumplimiento estricto. 4 L.P.R.A. Ap. XXII- B, R.58.

De la citada provisión legal, encontramos que existe

un mandato reglamentario a que toda parte que interese

presentar un recurso de revisión administrativa ante el

Tribunal de Apelaciones, notifique el mismo al abogado de

récord, dentro del término provisto en ley para ello. En

su defecto, la parte recurrente puede notificar su recurso

a las partes representadas por el abogado de récord. El

requisito de notificar al abogado de la parte contraria es

uno de cumplimiento estricto y no de carácter

jurisdiccional.

Según lo hemos expresado en el pasado, este mandato

reglamentario, al igual que los restantes requisitos del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, “deben observarse

rigurosamente”. Arriaga v. F.S.E., 145 D.P.R. 122, 130

(1998). Véase, también, García Ramis v. Serrallés, 171

D.P.R. 250, 253 (2007). Ello se debe a que “no puede

quedar „al arbitrio de los abogados decidir qué

disposiciones reglamentarias deben acatarse y cuándo‟”.

Íd., citando a, Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104

D.P.R. 122, 125 (1975).

En los casos ante nos, encontramos que las

secretarias originales, al presentar su recurso de CC-2008-1128 y CC-2010-620 20

revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones,

cumplieron con la Regla 58 (B)(1) del Reglamento del foro

apelativo intermedio. Al examinar el expediente del caso,

encontramos que el abogado de la OAT –el Lcdo. Luis R.

Rivera Martínez- al presentar su moción asumiendo la

representación legal de la OAT, informó que su dirección

postal era la misma dirección que la de su cliente.9 Fue

precisamente a esta dirección postal –la de la OAT- que

las secretarias originales notificaron su recurso

administrativo. Ante ello, no encontramos violación alguna

al requisito procesal señalado. Consecuentemente, el

recurso de revisión administrativa de las secretarias

originales quedó debidamente perfeccionado y no cabe

hablar de su desestimación.

Teniendo presente que no existe escollo procesal

alguno que nos impida examinar los méritos de los

planteamientos levantados por las partes, pasemos a

examinar el marco jurídico aplicable a los reclamos

salariales incoados por las secretarias. De cara a ese

esfuerzo, reconocemos que las partes han erguido su pedido

al amparo del derecho constitucional al debido proceso de

ley. No obstante, entendemos que la controversia ante

nuestra consideración puede adjudicarse mediante la

interpretación de los reglamentos de personal de la Rama

Judicial, sin necesidad alguna de entrar en

Moción 9 Asumiendo Representación Legal y Otros Extremos, pág. 2, Apéndice CC-2010-0620, págs. 166-167. Esta moción fue aceptada por la Junta el 24 de mayo de 2005, Íd., pág. 168. CC-2008-1128 y CC-2010-620 21

consideraciones de carácter constitucional, más allá de lo

necesario. Véase, Asociación Maestros v. Comisión, 159

D.P.R. 81, 85 (2003), n. 1; E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R.

552 (1958).

Con ello en mente, y según lo expusimos

anteriormente, enfocaremos nuestra mirada en determinar si

las secretarias poseen un derecho reglamentario a cobrar

el beneficio económico derivado de los pasos o tipos

intermedios que alcanzaron en su antigua escala salarial,

previo a la implantación del Plan de 1998. Por un lado,

las secretarias ascendidas erigen su reclamo a la luz del

Art. 10.4(b) del Reglamento de la Administración del

Sistema de Personal, supra. Por otra parte, las

secretarias originales hacen lo propio descansando en el

principio general de igual paga por igual trabajo que

articulan los reglamentos de personal de la Rama Judicial.

Ante ello, procedemos a discutir algunos aspectos

generales de la estructura normativa de personal que

impera en la Rama Judicial para poder atender los reclamos

de las secretarias.

III.

A. El sistema de personal de la Rama Judicial

La Sec. 7 del Art. V de la Constitución de Puerto

Rico establece que “[e]l Tribunal Supremo adoptará reglas

para la administración de los tribunales las que estarán

sujetas a las leyes relativas a ... personal..., y a otras

leyes aplicables en general al gobierno”. (Énfasis CC-2008-1128 y CC-2010-620 22

nuestro.) Art. V, Sec. 7, Const. P.R., L.P.R.A. Tomo 1. A

su vez, la Asamblea Legislativa promulgó la Ley Núm. 64

del 31 de mayo de 1973, 4 L.P.R.A. Sec. 521, et seq.,

conocida como la Ley de personal de la Rama Judicial, con

el propósito de facultar a la Rama Judicial para que

adopte reglas que rijan la administración de su personal y

para crear un sistema de personal autónomo que responda a

sus necesidades.

Al amparo de los referidos estatutos, el 30 de junio

de 1974, esta Curia adoptó las Reglas del Sistema de

Personal de la Rama Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. XII (“Reglas

del Sistema de Personal”). Estas Reglas fueron promulgadas

con el fin de regir efectivamente la administración y el

funcionamiento del sistema de personal de la Rama

Judicial, “basado en el principio del mérito, excelencia e

idoneidad y sin discrimen de clase alguna”. Preámbulo,

Reglas del Sistema de Personal, supra.

Posteriormente, el 30 de agosto de 1974, aprobamos el

Reglamento de la Administración del Sistema de Personal, 4

L.P.R.A. Ap. XIII. Según lo expusimos en el Art. 1 de la

citada disposición legal, este reglamento aplica a todos

los puestos en la Rama Judicial, siempre y cuando sus

disposiciones no contravengan a las Reglas del Sistema de

Personal, supra. 4 L.P.R.A. Ap. XIII, Art. 1. De tal

manera, el Reglamento de la Administración del Sistema de

Personal, supra, quedó supeditado a las Reglas del Sistema

de Personal, supra. CC-2008-1128 y CC-2010-620 23

Teniendo presente la estructura normativa del sistema

autónomo de personal de la Rama Judicial, pasemos a

analizar aquellas disposiciones que inciden sobre la

retribución a otorgarse a un empleado ascendido, en aras

de identificar si las secretarias ascendidas poseen algún

derecho a cobrar el beneficio económico derivado del

reconocimiento de los pasos o tipos intermedios que

adquirieron al amparo de su antigua escala salarial,

previo a ser ascendidas. Posteriormente, haremos lo propio

con los reclamos homólogos instados por las secretarias

originales.

IV.

A. La normativa relativa a la compensación de un empleado ascendido

En la Rama Judicial la retribución conferida a un

empleado por motivo de un ascenso está sujeta al Art.

10.4(b) del Reglamento de la Administración del Sistema de

Personal, supra. Este articulado ha experimentado cambios

significativos coetáneos al desarrollo de los hechos en

controversia.

Previo a la implantación del Plan, el Art. 10.4(b),

supra, disponía lo siguiente:

También recibirán una retribución sobre el mínimo los funcionarios y empleados que sean ascendidos, aumentándose el mismo número de pasos que sobre el mínimo de la escala anterior tuvieran. (Énfasis nuestro.) 4 L.P.R.A. Ap. XIII, R.10.4(b) (versión de 21 de octubre de 1994).

De tal manera, el Art. 10.4(b), supra, antes de

implantarse el Plan, permitía que un empleado ascendido CC-2008-1128 y CC-2010-620 24

pudiese beneficiarse del número de pasos obtenidos en su

antigua escala salarial, traspasando los mismos a su nueva

escala salarial. Al así requerirlo, esta disposición legal

iba más allá de exigir que se reconociese el monto del

salario más alto alcanzado en la pasada escala salarial,

permitiendo que el empleado ascendido se beneficiara del

número de pasos adquiridos en la misma, los cuales en la

nueva escala salarial siempre equivaldrían a un sueldo

mayor a aquel que obtenía el empleado con el mismo número

de pasos en su antigua escala salarial.

El 19 de marzo de 1999, a siete meses de instituirse

el Plan, este Foro aprobó una Resolución enmendando el

Art. 10.4(b), supra. Véase, Resolución del Tribunal

Supremo de Puerto Rico Núm. EP-99-01. Esta enmienda alteró

el texto del articulado indicado de la siguiente manera:

Todo empleado que ascienda percibirá retribución al tipo mínimo de la escala correspondiente, excepto que si el aumento resultante fuere menor al equivalente a un paso sobre el sueldo del empleado en la escala donde estaba ubicada la clase de puesto antes del cambio, el mismo se aumentará y se ajustará al tipo inmediato superior al subsiguiente, de manera que el incremento a recibir sea mayor a lo que hubiera recibido de habérsele concedido un aumento de sueldo equivalente a un paso en la escala antes del cambio. 4 L.P.R.A. Ap. XIII, R.10.4(b) (2012).

Como resultado de lo anterior, el Art. 10.4(b),

supra, ahora provee para que, luego de un ascenso, un

empleado reciba una retribución inicial que sea

correspondiente al tipo mínimo de esa nueva escala

salarial. Cuando el salario devengado al amparo de su CC-2008-1128 y CC-2010-620 25

antigua escala salarial resulta superior a este tipo

mínimo, entonces procede ajustarle el salario

concediéndole el paso o tipo intermedio que sea

inmediatamente superior al equivalente del salario más

alto que devengó bajo la pasada escala salarial. A

diferencia del texto del Art. 10.4(b), supra, antes de

enmendarse, el texto reformado sólo reconoce que, en caso

de ascenso, el empleado continuará recibiendo, como

mínimo, el salario más alto que devengó bajo su antigua

escala salarial. Así, el lenguaje de esta enmienda, a

diferencia del texto antes de ella, no reconoce los pasos

adquiridos bajo la pasada escala salarial.

Ahora bien, los casos ante nos exigen examinar si la

referida enmienda reglamentaria tuvo efectos retroactivos

que afectasen los aumentos salariales recibidos por las

secretarias ascendidas al amparo del Art. 10.4(b), supra,

previo a ser enmendado. Ello con el fin de constatar si

las secretarias ascendidas tienen un derecho a continuar

devengando los aumentos recibidos antes de la enmienda en

contención. Ante esta necesidad, discutamos brevemente las

normas referentes al principio de retroactividad.

B. El principio de retroactividad y la Resolución Núm. EP- 99-01 del Tribunal Supremo de Puerto Rico

Según lo dispone el Art. 3 del Código Civil de Puerto

Rico, las leyes no tendrán efecto retroactivo, a no ser

que expresamente se provea lo contrario. 31 L.P.R.A. sec.

3. Aun cuando una ley tenga efecto retroactivo por

disposición expresa a esos efectos, ésta no podrá CC-2008-1128 y CC-2010-620 26

“perjudicar los derechos adquiridos al amparo de una

legislación anterior”. Íd.

En iguales términos, hemos reconocido que una ley

podrá tener efectos retroactivos cuando surja de la

intención legislativa, ya sea de forma expresa o tácita,

el deseo del legislador de brindarle tal efecto. Clases A,

B y C v. P.R.T.C., 183 D.P.R. 666, 679 (2011); Asoc.

Maestros v. Depto. Educación, 171 D.P.R. 640, 648-649

(2007). “Ahora bien, ello no significa que podamos

impartirle retroactividad a una ley a la ligera. La

intención del legislador de darle efecto retroactivo a una

ley debe desprenderse del estatuto.... [L]a

retroactividad, por ser un acto excepcional, debe aparecer

expresamente o surgir claramente del estatuto”. Íd., pág.

649. Es por ello que hemos pautado que, “ante la omisión

de un mandato expreso del legislador, solamente procede

impartirle efecto retroactivo a una ley cuando es obvio y

patente el propósito legislativo en casos en los cuales la

aplicación retroactiva es necesaria para corregir un grave

mal social y así poder hacer justicia”. Torres Rodríguez

v. Carrasquillo Nieves, 177 D.P.R. 728, 758 (2009).

Este principio de la irretroactividad de las leyes,

consagrado en el Art. 3 del Código Civil, no se limita a

los estatutos promulgados por la Asamblea Legislativa.

Según lo hemos establecido, el principio de la

irretroactividad de las leyes se extiende a la aplicación

de los reglamentos administrativos y sus correspondientes CC-2008-1128 y CC-2010-620 27

enmiendas. Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, supra,

pág. 758.

En el caso de autos, resulta imperativo preguntarnos

si la Resolución Núm. EP-99-01 de este Tribunal,

promulgada el 19 de marzo de 1999, enmendó el Art.

10.4(b), supra, con la intención de otorgarle un efecto

retroactivo. Al examinar la referida Resolución,

encontramos que ésta, además de proveer el nuevo texto del

Art. 10.4(b), supra, se limita a aseverar que la

Resolución tendrá vigencia inmediata.10 Resolución Núm. EP-

En lo pertinente, 10 la Resolución EP-99-01, supra, provee lo siguiente:

Previa recomendación de la Directora Administrativa de los Tribunales, se enmiendan los siguientes artículos del Reglamento de la Administración del Sistema de Personal de la Rama Judicial:

9.3 Ajuste por Reasignación de Escala

[...]

10.4 Retribución sobre el Mínimo

b) Ascenso

Todo empleado que ascienda percibirá retribución al tipo mínimo de la escala correspondiente, excepto que si el aumento resultante fuere menor al equivalente a un paso sobre el sueldo del empleado en la escala donde estaba ubicada la clase de puesto antes del cambio, el mismo se aumentará y se ajustará al tipo inmediato superior al subsiguiente, de manera que el incremento a recibir sea mayor a lo que hubiere recibido de habérsele concedido un aumento de sueldo equivalente a un paso en la escala antes del cambio.

Esta Resolución tendrá vigencia inmediata.... CC-2008-1128 y CC-2010-620 28

99-01, supra, pág. 2. Nada se dice sobre la retroactividad

de la enmienda a aquellos ascensos otorgados antes del 19

de marzo de 1999. De igual forma, la OAT, en un memorando

circulado a todo el personal de la Rama Judicial, con el

fin de explicar la enmienda en controversia, se

circunscribió a afirmar que la Resolución bajo examen

tendría “vigencia inmediata”. Véase, Memorando Núm. 273,

Mercedes Bauermeister, Directora Administrativa de los

Tribunales, Enmienda a los Artículos 9.3 (a) y (b), 10.4

(b) del Reglamento de la Administración del Sistema de

Personal de la Rama Judicial, 31 de marzo de 1999, pág. 2,

Ap. CC-2008-1128, pág. 102. Nuevamente, hay silencio

respecto a la retroactividad del Art. 10.4(b), supra,

según fue enmendado.

Nuestros pronunciamientos jurisprudenciales ya han

establecido que cuando un estatuto o un reglamento “[s]e

limita sólo a ordenar su vigencia inmediata, sin expresión

alguna que indique textualmente o de algún otro modo claro

que la nueva disposición sería de aplicación retroactiva”,

corresponde determinar que la disposición legal bajo

examen no fue promulgada con el fin de que tuviese efecto

retroactivo alguno. Nieves Cruz ex rel. Hernández Nieves

v. Universidad de Puerto Rico, 151 D.P.R. 150, 160 (2000).

Véase, también, Asoc. Maestros v. Depto. Educación, supra,

pág. 650.

A la luz de lo anterior, y en vista de que la

Resolución Núm. EP-99-01 no ordena su aplicación CC-2008-1128 y CC-2010-620 29

retroactiva de modo expreso, ni ello surge de modo claro

alguno de esa Resolución, procede resolver que la enmienda

al Art. 10.4(b), supra, sólo aplica prospectivamente a

aquellos ascensos que fueron conferidos luego del 19 de

marzo de 1999, fecha de efectividad de la Resolución bajo

examen. Consecuentemente, todo ascenso conferido antes del

19 de marzo de 1999, quedará sujeto al texto del Art.

10.4(b), supra, antes de éste quedar enmendado por la

Resolución Núm. EP-99-01.

A la luz de lo anterior, pasemos a examinar si las

secretarias ascendidas antes del 19 de marzo de 1999,

poseen un derecho a recibir un salario dentro de su nueva

escala salarial que reconozca el beneficio económico que

derivaron del número de pasos o tipos intermedios que le

fueron otorgados en su antigua escala salarial.

C. El derecho reglamentario de las secretarias ascendidas a que su salario refleje el número de pasos o tipos intermedios alcanzados en su antigua escala salarial

En el caso de autos, las secretarias ascendidas

arguyen que poseen un derecho a cobrar el beneficio

económico derivado de los pasos o tipos intermedios que

alcanzaron antes de implantarse el Plan, producto de los

ascensos que recibieron al amparo del Art. 10.4(b), supra,

antes de éste ser enmendado. Les asiste la razón.

Los ascensos conferidos a las secretarias ascendidas

quedaron sujetos al texto del Art. 10.4(b), supra, antes

de éste ser enmendado por la Resolución Núm. EP-99-01.

Como resultado de lo anterior, la OAT actuó correctamente CC-2008-1128 y CC-2010-620 30

cuando, previo a implantar el Plan, le reconoció a las

secretarias ascendidas aquellos pasos o tipos intermedios

que habían alcanzado bajo su antigua escala salarial. Ello

es así debido a que el estado de Derecho al momento de

otorgarse los ascensos de las secretarias ascendidas -

entiéndase, el Art. 10.4(b), supra, antes del 19 de marzo

de 1999- así lo exigía.

Como tal, la OAT estaba obligada a respetar el

supra. Ello, pues, es norma reiterada que el Estado viene

obligado “a observar estrictamente las reglas que ...

promulgue”. T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148

D.P.R. 70, 81 (1999), citando a, García Cabán v. U.P.R.,

120 D.P.R. 167, 175 (1987). Véanse, también: Torres v.

Junta Ingenieros, 161 D.P.R. 696, 712 (2004); Montoto v.

Lorie, 145 D.P.R. 30, 47 (1998); Díaz Llovet v.

Gobernador, 112 D.P.R. 747 (1983); García v. Adm. del

Derecho al Trabajo, 108 D.P.R. 53 (1978). A esos efectos,

“[u]na vez se ha adoptado una norma, ... [el Estado] debe

cumplirla y aplicarla en la manera en que está concebida,

sirviendo siempre a los propósitos, los objetivos y la

política pública que la forjaron”. T-JAC, Inc. v. Caguas

Centrum Limited, supra, pág. 81.

Según lo hemos interpretado en el pasado, la Rama

Judicial no está exenta de cumplir con este principio

rector. Véase, In re Hernández Torres, 164 D.P.R. 180,

191-192 (2005) (Per Curiam) (“Es principio reiterado de CC-2008-1128 y CC-2010-620 31

derecho administrativo que cuando una agencia promulga un

reglamento, por imperativo del debido proceso de ley, está

obligada a seguirlo y no queda a su arbitrio reconocer o

no los derechos que se establecen en éste.”)

En lo que concierne a las secretarias ascendidas, el

Art. 10.4(b), antes de ser enmendado, continuó siendo el

estado de Derecho operante, aun después de implementarse

el Plan en agosto de 1998. Lo anterior se debe a que,

cuando examinamos la normativa aplicable, encontramos que

el referido articulado no es incompatible con el Plan y

puede coexistir junto a éste.11 Consecuentemente, la

aplicación retroactiva del Plan a los ascensos provistos

antes de agosto de 1998 no afectó el reconocimiento de los

pasos adquiridos por las secretarias ascendidas cuando

éstas se desempeñaban como secretarias auxiliares, una vez

fueron promovidas al puesto de secretarias de servicios de

sala.

11 Al contrario, somos del criterio que el Plan está supeditado al Reglamento de la Administración del Sistema de Personal, supra, el cual, a su vez, está sujeto a las Reglas del Sistema de Personal, supra. Incluso, los memorandos emitidos por la OAT para implantar el Plan, tampoco articulan prohibición alguna en torno a la coexistencia del texto del Art. 10.4(b), supra, previo a ser enmendado, y la implantación del Plan. Véanse: Memorando Núm. 80, Directora de la OAT, Implantación del Nuevo Plan de Clasificación y Retribución, 2 de septiembre de 1998; Memorando Núm. 33, Directora Interina de la OAT, Norma de Ascenso para el Plan de Clasificación de la Rama Judicial aprobado el 1 de julio de 1998, 2 de agosto de 1999; Memorando Núm. 148, Directora de la OAT, Procedimiento ante el Comité de Revisión del Nuevo Plan de Clasificación y Retribución que Entró en Vigor el 1 de julio de 1998, 1 de diciembre de 1998. CC-2008-1128 y CC-2010-620 32

No fue sino hasta el 19 de marzo de 1999 que se

enmendó el Art. 10.4(b), supra. Debido a que la Resolución

que facultó esta enmienda no dispuso expresamente la

retroactividad de la misma, las secretarias ascendidas no

quedaron sujetas al texto del Art. 10.4(b), supra, según

éste fue enmendado en el 1999. Como tal, hasta la fecha,

dichos ascensos deben ser examinados a la luz del texto

del mencionado articulado, según éste quedó configurado

antes de emitirse la Resolución Núm. EP-99-01.

Cuando así procedemos, encontramos que las

secretarias ascendidas tienen un derecho reglamentario a

que se les reconozca en la escala salarial a la cual

fueron ascendidas antes de implantarse el Plan, todos

aquellos pasos que habían alcanzado en su pasada escala

salarial. En otras palabras, el Art. 10.4(b), supra, antes

de ser enmendado en el 1999, les reconoce a las

secretarias ascendidas un derecho concreto a reclamar en

su nueva escala salarial los pasos –y no sólo los salarios

máximos- que alcanzaron en su antigua escala salarial.

D. El error administrativo

Ahora bien, la OAT arguye que las secretarias

ascendidas no poseen un derecho a los pasos que les fueron

reconocidos en su nueva escala salarial. Para ello, razona

que la implantación del Plan sin la debida enmienda al

Sistema de Personal, supra, constituyó un mero error CC-2008-1128 y CC-2010-620 33

administrativo, el cual no crea derecho alguno ni impide

la corrección del mismo. No le asiste la razón.

Hemos sido consistentes en aseverar que, como norma

general, un error administrativo no crea un estado de

Derecho que obligue a un cuerpo administrativo ni impida

su corrección. González v. E.L.A., 167 D.P.R. 400, 413

(2006); Santiago Declet v. Depto. de la Familia, 153

D.P.R. 208, 218 (2001); Magriz v. Empresas Nativas, 146

D.P.R. 63, 71 (1997); Franco v. Mun. de Cidra, 113 D.P.R.

260, 262 (1982). Sin embargo, es preciso tener presente

que esta norma no aplica de forma automática ante su mera

invocación. Más bien, y según lo hemos intimado en el

pasado, esta doctrina sólo es aplicable en aquellos casos

en los cuales la agencia cometa una actuación que sea

incorrecta, ilegal o ultra vires. Véanse: González v.

E.L.A., supra, págs. 417-418; Camacho Torres v. Adm. para

el Adiestramiento de Futuros Empresarios, 168 D.P.R 66, 95

(2006); Magriz v. Empresas Nativas, supra, pág. 71. En

apoyo a lo anterior, es meritorio examinar brevemente

diferentes circunstancias, en las cuales hemos encontrado

que determinado cuerpo administrativo incurrió en un error

compatible con la doctrina bajo análisis. Veamos.

Al amparo de la doctrina del error administrativo fue

que en González v. E.L.A., supra, determinamos que unos

confinados que recibieron libertad bajo supervisión

electrónica, a pesar de que la Ley Núm. 49-1995

expresamente los excluía de disfrutar el referido CC-2008-1128 y CC-2010-620 34

beneficio por haber sido convictos por el delito de

asesinato, no podían reclamar un derecho a su

excarcelación, ya que la agencia les había conferido dicho

estado libertario en contra de la ley. En iguales

términos, en Camacho Torres v. Adm. para el Adiestramiento

de Futuros Empresarios, supra, resolvimos que un empleado

que fue reinstalado por su agencia en su antiguo puesto de

carrera, luego de culminar su nombramiento de confianza,

no podía reclamar un derecho a la referida reinstalación

por ésta constituir una concesión ultra vires para la cual

la agencia no tenía autoridad en ley para otorgarla.

A su vez, en Infante v. Tribl. Examinador de Médicos,

84 D.P.R. 308 (1961), dispusimos que la admisión

equivocada por la Junta de Médicos Examinadores de Puerto

Rico del señor Infante a un examen de reválida, para

ejercer la profesión de la medicina en Puerto Rico, cuando

éste no tenía un diploma de una escuela de medicina que

cumpliese con los requisitos de acreditación exigidos por

nuestro ordenamiento, no le otorgaba a éste un acceso a

futuros exámenes de reválida, ya que la Junta no tenía

autoridad en ley para reconocer a su escuela de medicina

como una entidad debidamente acreditada que le confiriese

la referida admisión.

Por otra parte, en E.L.A. v. Rivera, 88 D.P.R. 196,

198-199 (1963), indicamos que la concesión de un permiso

ilegal no impedía su posterior corrección, por lo que

ordenamos a una demandante a demoler una verja que había CC-2008-1128 y CC-2010-620 35

construido en contra de los reglamentos de la Junta de

Planificación, pero por virtud del consejo y la

autorización de un oficial de permisos de la referida

agencia. Asimismo, en Del Rey v. J.A.C.L., 107 D.P.R. 348

(1978), este Tribunal dispuso que la otrora Administración

de Reglamentos y Permisos, a pesar de haber conferido a

ciertos moteles unos permisos de uso que no procedían en

derecho, había cometido un error administrativo, el cual

no obligaba a la agencia a conferir un permiso análogo a

un motel que ahora invocaba dichos precedentes para

recibir igual trato ilegal.

Según se deduce de la exposición que antecede, la

cual constituye una muestra del universo amplio de casos

que atienden la doctrina bajo examen, resulta forzoso

concluir que no cabe hablar de la corrección de un error

administrativo y de sus consecuencias legales si no se

establece que la agencia en controversia ha procedido de

forma contraria a nuestro ordenamiento legal. En otras

palabras, la doctrina del error administrativo sólo queda

activada ante un acto anterior de la agencia que pueda ser

caracterizado como ultra vires, incorrecto o ilegal.

Aplicando la normativa explicada al caso de autos,

encontramos que la OAT, al reconocer a las secretarias

ascendidas al momento de implantar el Plan de 1998

aquellos pasos que habían adquirido en su antigua escala

salarial, no actuó de forma ultra vires, ilegal o

incorrecta. Al contrario, y como hemos explicado, el Art. CC-2008-1128 y CC-2010-620 36

Personal, supra, les garantiza los pasos en controversia.

Además, esta garantía reglamentaria no es incompatible con

las leyes y los reglamentos restantes del sistema de

personal de la Rama Judicial y es superior en jerarquía al

Plan de 1998.

Como resultado de ello, en el caso de autos resulta

innecesario e impertinente aplicar la doctrina del error

administrativo y sus consecuencias jurídicas.12 Distinto

hubiese sido el caso si la OAT hubiese conferido un

beneficio a las secretarias ascendidas, el cual no

correspondía en Derecho. En tal supuesto sí correspondería

Amerita señalar que en Santiago Declet v. Depto. de 12

la Familia, supra, págs. 218-220, establecimos que cuando una agencia comete un error al implantar un nuevo plan de clasificación y retribución, este error no crea derechos adquiridos ni impide que se rectifique el mismo. “Así, en relación con los planes de clasificación o retribución, un empleado no puede ampararse en un error administrativo para reclamar la aplicación de una disposición reglamentaria que le resulte más ventajosa”. Íd., pág. 218.

No obstante, el caso citado es distinto en su naturaleza a los casos que nos ocupan. A diferencia de la controversia surgida en los casos ante nos, en Santiago Declet v. Depto. de la Familia, supra, sí existía un error administrativo, a saber: la adscripción de una clase de puesto a una escala retributiva incorrecta. Además, es imperativo tener presente que los hechos desarrollados en ese caso surgieron al amparo de la Ley de Retribución Uniforme de 1979 y el Reglamento de Retribución Uniforme de la Oficina Central de Administración de Personal. Ante ello, el análisis empleado en este caso no aplica automáticamente a las controversias que surjan al amparo de las leyes y los reglamentos que rigen el sistema de personal de la Rama Judicial. Tampoco existe similitud alguna entre las disposiciones legales invocadas en ambos casos. CC-2008-1128 y CC-2010-620 37

hablar sobre un error administrativo y su justificada

No obstante, ese no es el caso ante nos. Aquí la OAT

reconoció a las secretarias ascendidas unos pasos

alcanzados en su pasada escala retributiva, según lo

exigía –y aún lo exige- el Reglamento de Administración

del Sistema de Personal, supra. Este proceder no era

contrario al Derecho. Consecuentemente, no es correcto

argumentar que la OAT incurrió en un error administrativo.

Ante ello, resulta forzoso concluir que las secretarias

ascendidas poseen un derecho a que se les reconozca en su

nueva escala salarial aquellos pasos que alcanzaron al

amparo de su antigua escala salarial, sin importar que

posterior a su ascenso se implantara el Plan de 1998.

Teniendo presente lo anterior, debemos auscultar si

las secretarias originales también pueden articular

exitosamente un derecho reglamentario a devengar en su

nueva escala salarial el beneficio económico derivado de

los pasos o tipos intermedios que alcanzaron en su antigua

escala salarial, antes de implantarse el Plan.

A. El derecho de las secretarias originales a devengar el beneficio económico derivado del reconocimiento de los tipos o pasos intermedios alcanzados en su antigua escala salarial

Las secretarias originales arguyen que poseen un

derecho a cobrar en su nueva escala salarial el

equivalente económico derivado del número de pasos que CC-2008-1128 y CC-2010-620 38

adquirieron antes de implantarse el Plan de Clasificación

y Retribución de 1998. No les asiste la razón.

En el sistema autóctono de personal de la Rama

Judicial, el Art. 9 del Reglamento de Administración del

Sistema de Personal, supra, regula todo aquello

concerniente a los ajustes que habrán de efectuarse en la

retribución del personal de la Rama Judicial cuando se

implante un nuevo plan de clasificación y retribución. En

particular, el Art. 9.1 del referido Reglamento dispone

acerca de los ajustes que habrán de realizarse en la

retribución de los empleados incumbentes en los puestos

existentes bajo las distintas clases del plan de

clasificación y retribución de la Rama Judicial. Al

momento de implantarse el Plan, el referido articulado

proveía lo siguiente:

Al establecerse el Plan de Retribución, el sueldo a fijarse al incumbente de cada puesto se ajustará conforme a lo siguiente:

a) El sueldo del incumbente que sea menor que el tipo mínimo fijado para la clase, será aumentado automáticamente hasta dicho tipo mínimo.

b) El sueldo del incumbente que corresponda al mínimo o [a] alguno de los tipos intermedios de la escala fijada para la clase a la cual se asigna su puesto permanecerá inalterado.

c) El sueldo del incumbente que quede dentro de la escala fijada, pero que no coincida con uno de los tipos intermedios, será ajustado al tipo que sigue inmediatamente.

d) El sueldo del empleado que sea mayor que el máximo de la escala correspondiente a su puesto permanecerá inalterado, a menos que una revisión ulterior aumente dicha escala. CC-2008-1128 y CC-2010-620 39

Art. 9.1, 4 L.P.R.A. Ap. XIII (versión de 21 de octubre de 1994).

Al examinar con detenimiento el Art. 9.1, supra,

encontramos que nada en las leyes o en los reglamentos de

la Rama Judicial les adjudica a las secretarias originales

un derecho a reclamar que su nuevo salario sea ajustado,

conforme a los pasos que alcanzaron en sus escalas

salariales antes de implantarse el Plan. Al contrario, el

articulado citado sólo les reconoce un derecho a que, al

implantarse el nuevo plan, se les adjudique un salario,

como mínimo, igual al salario que devengaban al amparo de

la escala salarial suplantada.

Una simple lectura del texto del Art. 9.1, supra,

confirma lo anterior al establecer que al momento de

implantarse el Plan de 1998, todo sueldo de un incumbente

debía ser elevado al tipo mínimo de la escala salarial

aplicable a su puesto. Si el salario del empleado

incumbente antes de implantarse el Plan era igual al tipo

mínimo o a alguno de los tipos intermedios de la nueva

escala salarial, entonces el mismo quedaba inalterado.

Ahora bien, cuando el salario anterior era mayor que el

nuevo tipo mínimo, pero no coincidía con uno de los nuevos

tipos intermedios, entonces éste era ajustado al tipo

intermedio siguiente superior, de forma tal que el

empleado incumbente continuase ganando un salario igual o

superior al salario suplantado. Finalmente, si el empleado

devengaba un sueldo que era superior al tipo máximo de la

nueva escala salarial, entonces éste quedaba inalterado. CC-2008-1128 y CC-2010-620 40

Aplicando la disposición reglamentaria analizada al

caso de autos, encontramos que las empleadas originales no

tienen un derecho a que se les reconozca en su nueva

escala salarial el número de pasos que habían alcanzado

bajo la escala salarial existente antes de implantarse el

Plan de 1998. Al amparo del texto del Art. 9.1, supra,

resulta forzoso concluir que las secretarias originales

sólo tenían derecho a que, al implantarse el Plan de 1998,

se les reconociese en su nueva escala salarial una

retribución igual o mayor al salario que devengaban bajo

la escala salarial anterior; ello en función a las

particularidades antes detalladas.

Distíngase lo anterior del caso de las secretarias

ascendidas, las cuales sí pueden descansar en una

disposición reglamentaria –el Art. 10.4(b), supra, antes

de ser enmendado en el 1999- que les reconoce un derecho a

que en caso de experimentar un ascenso, su nuevo sueldo

fuese ajustado de tal manera que éste reflejara los pasos

adquiridos por las secretarias ascendidas al amparo de su

antigua escala salarial, no importando que luego de los

ascensos entrara en vigor el Plan de 1998.

En resumidas cuentas, y a la luz de todo lo anterior,

no cabe hablar de un derecho reglamentario de las

secretarias originales a que sus salarios posteriores bajo

el Plan de 1998 integrasen el número de pasos alcanzados

en su pasada escala salarial. CC-2008-1128 y CC-2010-620 41

VI.

Según lo discutido hasta el momento, queda

establecido que las secretarias originales no pueden

reclamar un derecho reglamentario al número de pasos que

recibieron antes de implantarse el Plan de Clasificación y

Retribución de 1998. Asimismo, las secretarias originales

tampoco pueden articular semejante expectativa respecto al

aumento salarial que la Junta les otorgó en aras de

equiparar su salario al de las secretarias ascendidas.

Ahora bien, ello no priva a las secretarias

originales de un remedio en Derecho. Habiendo resuelto que

las secretarias ascendidas poseen un reclamo válido a los

pasos en controversia, resta examinar si se debe equiparar

el sueldo de las secretarias originales con aquel

devengado por las secretarias ascendidas. Ello al amparo

del derecho constitucional y reglamentario a igual paga

por igual trabajo.

Como antesala a nuestro análisis, resulta necesario

examinar el derecho a igual paga por igual trabajo, según

esta garantía es consagrada en los reglamentos de personal

de la Rama Judicial y por nuestra Constitución, todo

dentro del contexto de la normativa aplicable a los planes

de clasificación y retribución de esta rama de gobierno.

A. La normativa reglamentaria relativa al Plan de Clasificación y Retribución y el principio de igual paga por igual trabajo

A lo largo y ancho de los Reglamentos de Personal de

la Rama Judicial, permea el principio constitucional de CC-2008-1128 y CC-2010-620 42

igual paga por igual trabajo. Ello con especial énfasis en

aquellas disposiciones relativas a la creación e

implementación de los planes de clasificación y

retribución de la Rama Judicial. Abundemos.

La Regla 5 de las Reglas del Sistema de Personal,

supra, ordena la creación de un Plan de Clasificación para

la Rama Judicial. 4 L.P.R.A. Ap. XII, R.5. Dicha regla

provee que el Plan de Clasificación tendrá clases, las

cuales agruparán puestos de trabajo con deberes y

responsabilidades determinadas. Íd. En la creación de

estas clases, resulta imperativo que se agrupen “aquellos

puestos con deberes sustancialmente similares en cuanto a

responsabilidad, complejidad y autoridad dentro de la

estructura funcional de la Rama Judicial y que para

desempeñar los mismos se requieren requisitos análogos de

preparación, experiencia, conocimientos, habilidad y la

misma capacidad para la mejor ejecución de esos deberes”.

Íd. A su vez, el Plan de Clasificación debe procurar “que

se puedan aplicar con equidad las mismas escalas de

retribución a trabajos sustancialmente similares”.

(Énfasis nuestro.) Íd.

El Art. 5.1 del Reglamento de Administración del

Sistema de Personal, supra, complementa lo anterior al

especificar que “[e]l principio constitucional de igual

paga por igual trabajo sólo puede conseguirse si se

analizan adecuadamente los deberes y responsabilidades de

cada puesto”. (Énfasis nuestro.) 4 L.P.R.A. Ap. XIII, Art. CC-2008-1128 y CC-2010-620 43

5.1. El referido articulado añade que, “[a] estos efectos,

el Juez Presidente o la persona en quien él delegue, hará

que se determinen los deberes y responsabilidades de todos

los puestos en la Rama Judicial y los agrupará en forma

sistemática dentro de clases que constituirán el Plan de

Clasificación”. Íd. Estas clases, a su vez, “proveerá[n]

una base sólida para establecer y mantener un plan de

retribución equitativo... y para proveer normas de

cualificación para empleo y ascenso justas y uniformes”.

(Énfasis nuestro.) Íd. En consecución de esos fines, el

Plan de Clasificación tendrá “una especificación escrita

para cada clase de puesto existente en la Rama Judicial,

una tabla de niveles de responsabilidad que refleja el

nivel, en términos de complejidad, responsabilidad, y

otros elementos de clasificación de cada clase y la

reglamentación para la efectiva implantación y

administración del plan”. Íd.

Por otra parte, la Regla 11 de las Reglas del Sistema

de Personal, supra, complementa el Plan de Clasificación

con la creación de un Plan de Retribución. En específico,

la citada disposición legal provee lo siguiente:

El Juez Presidente establecerá un Plan de Retribución que cubra todos los puestos de la Rama Judicial.... Mediante este Plan se fijarán las escalas de retribución en las cuales se asignarán todas las clases de puestos incluidos en el Plan de Clasificación. Estas escalas de retribución consistirán de un tipo mínimo y un máximo y varios tipos intermedios a determinarse en forma justa y equitativa para el mejoramiento económico del personal. El personal de la Rama Judicial será retribuido conforme a lo establecido en el CC-2008-1128 y CC-2010-620 44

Plan de Retribución. (Énfasis nuestro.) 4 L.P.R.A. Ap. XII, R.11.

El Reglamento de Administración del Sistema de

Personal, supra, añade que el Plan de Retribución deberá

estar “[a]corde con el principio establecido de que los

empleados deben recibir retribución justa que guarde

proporción con los servicios que prestan... [y] en plena

armonía con el Plan de Clasificación y con el principio

constitucional de igual paga por igual trabajo”. (Énfasis

nuestro.) 4 L.P.R.A. Ap. XIII, Art. 10.1. A su vez, el

mismo estará compuesto de tres elementos fundamentales, a

saber: (1) la estructura de todas las escalas de

retribución que sean necesarias, las cuales tendrán un

tipo mínimo, pasos intermedios y un tipo máximo de

retribución; (2) una lista de asignaciones de clase a las

de retribución correspondientes; y (3) las reglas

necesarias para la implantación, la operación y el

mantenimiento del Plan de Retribución. Íd., Art. 10.1(a).

Fue al amparo de este andamiaje reglamentario que el

entonces Juez Presidente, José Andréu García, aprobó el

Plan de Clasificación y Retribución de 1998 (“el Plan”).

Mediante éste, se delinearon doce (12) escalas de sueldo

enumeradas consecutivamente, las cuales, en el

conglomerado, contienen 118 clases de puestos. Véase,

Informe Narrativo del Plan de Clasificación para el

Servicio Uniforme de la Rama Judicial, págs. 2 y 3

(“Informe Narrativo”). Cada escala de sueldo contiene un

tipo mínimo, diez tipos intermedios y un tipo máximo. Íd. CC-2008-1128 y CC-2010-620 45

A su vez, el Plan procura conceder incrementos

horizontales de salarios a medida que se progresa de una

escala retributiva a otra. Id., pág. 3. En iguales

términos, el Plan persigue otorgar incrementos verticales

de sueldo dentro de cada escala salarial. Íd. Al ubicar a

un empleado dentro de este sistema retributivo, resulta

imperativo que “todo el personal quede ubicado en un tipo

en la escala retributiva [que sea] igual o mayor a su

salario actual”. Íd., pág. 4.

Finalmente, amerita indicar que esta estructura

retributiva fue erigida sobre “el principio de mérito como

base fundamental de una administración pública efectiva y

eficiente”, al igual que “el reconocimiento del esfuerzo

individual y colectivo del personal en un marco de equidad

y justicia”. (Énfasis nuestro.) Íd., págs. 1-2 y 4. Ante

ello, el Plan tiene como norte “la integración de una

política que provea un trato justo y equitativo a todos

los empleados de la Rama Judicial”. (Énfasis nuestro.)

Íd., pág. 4.

A la luz de todo lo anterior, resulta evidente que

los reglamentos de personal de la Rama Judicial y el Plan

de 1998, reconocen que la clasificación y retribución de

puestos en la Rama Judicial deben responder, en todo

momento, al principio de mérito, a la equidad y la

justicia, y al principio constitucional de igual paga por

igual trabajo. Con ello en mente, y entendiendo que las

secretarias originales erigen su causa de acción sobre la CC-2008-1128 y CC-2010-620 46

palestra de este principio, es necesario brindarle

contenido al mismo mediante un estudio sereno del derecho

constitucional a igual paga por igual trabajo.

B. El derecho constitucional a igual paga por igual trabajo

El Art. II, Sec. 16 de la Constitución de Puerto Rico

indica que “[s]e reconoce el derecho de todo trabajador a

recibir ... igual paga por igual trabajo”. Art. II, Sec.

16, Const. P.R. L.P.R.A. Tomo 1. En Mercado Vega v.

U.P.R., supra, págs. 284-285, al expresarnos acerca de

este derecho constitucional, expusimos que la principal

inspiración de la Convención Constituyente al adoptar

“este mandato de justicia obrera fue la realidad imperante

en la época de su adopción cuando a las mujeres con

frecuencia se les pagaba menos aunque rindieran la misma o

mayor labor que el hombre”. De tal manera, reconocimos el

interés de los padres de la Constitución de Puerto Rico

por equiparar la paga que reciben las mujeres en

comparación con los hombres, cuando ambos realizan labores

que son iguales en su naturaleza.

Ahora bien, esta no es la única motivación detrás de

la adopción de la garantía de rango constitucional bajo

examen. Nuestra jurisprudencia también ha reconocido una

segunda manifestación de este derecho constitucional. En

concreto, en decisiones anteriores, en las cuales hemos

examinado determinados reclamos relacionados con los

planes de clasificación y retribución de otras ramas de

gobierno, hemos sido precisos en disponer que los CC-2008-1128 y CC-2010-620 47

principios de equidad y justicia en la fijación de los

salarios de nuestros empleados públicos, instaurados en

los reglamentos y en las leyes de personal de dichas ramas

hermanas, constituyen una política pública que se deriva,

y constituye una aplicación práctica, del Derecho

Constitucional a recibir igual paga por igual trabajo.

Así, en Guzmán Rosario v. Depto. de Hacienda,

establecimos lo siguiente:

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconoce el derecho de todo trabajador a recibir igual paga por igual trabajo. En armonía con esta expresión de nuestros constituyentes, en Puerto Rico existe una clara política pública que pretende brindar a los trabajadores del servicio público un tratamiento equitativo y justo en la fijación de sus sueldos y demás formas de retribución. De hecho, este Tribunal ha reconocido el alto interés público que reviste la legislación reguladora del empleo público y en especial la que reglamenta la retribución salarial. (Citaciones internas omitidas.) 147 D.P.R. 46, 52-53 (1998).

En iguales términos, en Nigaglioni v. Depto. De

Salud, supra, pág. 190, volvimos a reiterar que

[n]o hay duda que en Puerto Rico existe una clara política pública que pretende brindar a los trabajadores un tratamiento equitativo y justo en la fijación de su salario y demás formas de retribución. Esta política pública, a su vez, se enmarca en el derecho de todo trabajador a recibir igual paga por igual trabajo, que consagra la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. (Énfasis nuestro.)

A su vez, en Ortiz Ortiz v. Depto. de Hacienda,

supra, págs. 220-221, establecimos que el área de la

retribución del empleado público es una de las más

importantes para facilitar la aplicación del principio de CC-2008-1128 y CC-2010-620 48

mérito, el cual procura la mayor uniformidad, equidad y

justicia en la administración pública. Igualmente,

añadimos que el principio de mérito es cónsono con el

principio constitucional de igual paga por igual trabajo,

el cual busca propiciar la uniformidad, la equidad y la

justicia en la fijación de los sueldos de todos los

empleados del servicio público. Íd.

Asimismo, en Santiago Declet v. Depto. de la Familia,

supra, expusimos nuevamente esta modalidad del derecho

constitucional bajo examen, al disponer que la extensión

de los beneficios reconocidos a un empleado al amparo de

un plan de clasificación y retribución son extensivos a

todos los otros empleados igualmente situados. Ello, pues,

“[d]e este modo se reconoce en términos prácticos el

Derecho Constitucional de todo trabajador de recibir igual

paga por igual trabajo”. Íd., pág. 219.

Por último, es propicio apuntalar que este principio

no es óbice para la otorgación de salarios distintos a

personas clasificadas en la misma escala salarial, siempre

y cuando exista una justificación objetiva para la

diferencia de compensación ante la igualdad de la labor

rendida. Esta justificación objetiva puede fundarse, a

modo de ejemplo, en los siguientes factores: los años de

servicio que ha prestado un empleado; la demanda u oferta

en el mercado de trabajo; las habilidades y destrezas

necesarias para realizar el trabajo; y, el grado de

complejidad de la tarea realizada, entre otros factores. CC-2008-1128 y CC-2010-620 49

Aulet Lebrón v. Depto. de Servicios Sociales, supra, pág.

44; Mercado Vega v. U.P.R., supra, pág. 284.

A la luz de todo lo anterior, podemos concluir que

nuestra jurisprudencia ha reconocido diáfanamente que los

reglamentos y las leyes de personal, al exigir que la

justicia y la equidad sean los criterios rectores en la

fijación de los salarios de los empleados públicos y en la

creación e implementación de planes de clasificación y

retribución, viabilizan de forma práctica el derecho

constitucional a que todo trabajador devengue igual

salario por igual labor, sin distinción del sexo del

empleado. Sin lugar a dudas, es posible constatar que la

referida garantía de rango constitucional, además de

prohibir la práctica de brindarle salarios inferiores a

una mujer, a pesar de ésta rendir un trabajo igual en su

naturaleza que un hombre, también cobija dentro de su

ámbito protector a todo trabajador –hombre o mujer- que

reciba un salario injusto en comparación con los salarios

obtenidos por sus pares, cuando ambos laboren en tareas y

funciones de igual naturaleza y no exista criterio

objetivo alguno que justifique tal disparidad.13

Descansando en lo anterior, pasemos a examinar si las

secretarias originales poseen un derecho reglamentario a 13 Sostenemos lo anterior en las expresiones vertidas en el Diario de Sesiones de la Asamblea Constituyente, en el cual se expresó que el derecho bajo examen “interesa evitar discrímenes de una parte e irritaciones de otra, producidas cuando la compensación diferente carece de justificación frente a la igualdad de la labor rendida”. (Énfasis en el original.) Mercado Vega v. U.P.R., supra, pág. 284. CC-2008-1128 y CC-2010-620 50

recibir igual paga por igual trabajo en comparación con

las secretarias ascendidas.

C. El derecho de las secretarias originales a la equiparación solicitada

En los recursos ante nuestra consideración,

encontramos que las secretarias ascendidas y las

secretarias originales ocupan el mismo puesto dentro del

Plan de Clasificación y Retribución de 1998: secretarias

de servicios de sala. A pesar de ello, las secretarias

ascendidas devengan un salario mayor que aquel devengado

por las secretarias originales. Ello como resultado de la

simultánea aplicación del Art. 10.4(b) del Reglamento de

Administración del Sistema de Personal, supra, y la

entrada en vigor del Plan de 1998.

Las secretarias originales se oponen a esta

diferencia en sueldo por entender que merecen recibir una

compensación basada en los mismos términos que aquellos

utilizados para fijar el salario de las secretarias

ascendidas. A esos efectos, solicitan que el sueldo fijado

en la escala salarial implantada con el Plan de 1998,

refleje el número de pasos alcanzados antes de implantarse

el referido Plan, para así recibir un trato igual a aquel

recibido por las secretarias ascendidas. Añaden que tal

proceder es imperativo ante el hecho de que ellas poseen

más años de experiencia que las secretarias ascendidas en

el desempeño del cargo que ocupan y que no reconocerle los

pasos alcanzados antes de implantarse el Plan constituye CC-2008-1128 y CC-2010-620 51

una violación al principio reglamentario de igual paga por

igual trabajo. Les asiste la razón.

Según lo indicamos anteriormente, los reglamentos de

personal le ordenan a la Rama Judicial que, al crear e

implantar sus planes de clasificación y retribución,

observen la equidad, la justicia, el principio de mérito y

la aplicación efectiva del derecho constitucional a igual

paga por igual trabajo. En específico, estos reglamentos

disponen que un empleado habrá de recibir una retribución

justa que guarde proporción con los servicios que presta y

que esté en plena armonía con el principio constitucional

de igual paga por igual trabajo, reconociendo siempre el

esfuerzo individual y colectivo del empleado dentro de un

marco de equidad y justicia.

Al otorgarle contenido a esta exigencia

reglamentaria, a la luz del principio constitucional de

igual paga por igual trabajo, encontramos que nuestra

jurisprudencia ha resuelto que la política pública de

brindarle a los trabajadores públicos un tratamiento

equitativo y justo en la fijación de su salario y demás

formas de retribución, resulta ser una aplicación práctica

del derecho constitucional bajo examen. Más aun, hemos

sido diáfanos en disponer que, como corolario del derecho

constitucional a recibir igual paga por igual trabajo,

corresponde otorgar salarios distintos a personas que

ejercen las mismas funciones, cuando ello se justifique CC-2008-1128 y CC-2010-620 52

objetivamente en los méritos o los años de servicio

prestados por un empleado.

Es en función de esta normativa que corresponde

equiparar el salario de las secretarias originales con

aquél devengado por las secretarias ascendidas, mediante

el ajuste del sueldo actual de las secretarias originales

a través del reconocimiento del beneficio económico que

éstas hubiesen devengado si se les hubiese reconocido el

número de pasos alcanzados en su escala salarial antes de

implantarse el Plan de 1998. Proceder de otra manera

constituye una violación del principio reglamentario y

constitucional de igual paga por igual trabajo, el cual

exige que en la fijación del sueldo de las secretarias

originales se respete el principio de mérito y se le

otorgue un salario justificado objetivamente sobre la base

de sus méritos y sus años de experiencia como secretarias

de servicios de sala. Debido a que las secretarias

ascendidas poseen un derecho reglamentario a que se les

reconozca el número de pasos que habían alcanzado en su

antigua escala salarial, y entendiendo que ese derecho ha

creado una disparidad de sueldo entre las secretarias

originales y ascendidas, la cual omite reconocer los años

de servicios de las secretarias originales en función del

principio de mérito –corolario del derecho a igual paga

por igual trabajo- la OAT viene obligada a reconocerle a

las secretarias originales en su nueva escala salarial, el

beneficio económico que derivarían del reconocimiento del CC-2008-1128 y CC-2010-620 53

número de pasos que habían alcanzado al amparo de su

antigua escala salarial, antes de implantarse el Plan de

1998. Sólo así se cumple con el principio reglamentario y

constitucional de igual paga por igual trabajo.

VII.

Por todo lo anterior, procede que la OAT les

reconozca a las secretarias ascendidas en la escala

salarial que les aplicaba luego de implantarse el Plan de

1998, el número de pasos por mérito o años de servicios

que habían alcanzado dentro de su antigua escala salarial,

antes de ser ascendidas al puesto de secretarias de

servicios de sala. Ello al amparo de su derecho a un

debido proceso de ley y de cara al Art. 10.4(b) del

Reglamento de Administración de Personal, supra.

Igualmente, la OAT debe ajustar el salario de las

secretarias originales peticionarias para que éste refleje

el beneficio económico que éstas hubiesen recibido de

habérseles reconocido en su nueva escala salarial el

número de pasos que habían alcanzado en su antigua escala

salarial, antes de implantarse el Plan de 1998. Ello en

función de su derecho reglamentario a recibir igual paga

por igual trabajo, y a ser remuneradas conforme al

principio de mérito, a la justicia y a la equidad.

En el caso de las secretarias ascendidas, los

beneficios aquí reconocidos habrán de tener efecto

retroactivo a la fecha en la cual la OAT dejó de pagarles

el salario que les correspondía en derecho una vez fueron CC-2008-1128 y CC-2010-620 54

ascendidas al puesto de secretarias de servicios de sala.

Respecto a las secretarias originales, éstas habrán de

cobrar los beneficios aquí reconocidos de forma

retroactiva a la fecha en la cual se implantó el Plan de

1998.

VIII.

En consideración a los fundamentos antes discutidos,

se modifica la sentencia del Tribunal de Apelaciones y se

ordena a la Junta a realizar los cómputos correspondientes

para ajustar el salario de las secretarias ascendidas y

las secretarias originales, acorde a los pronunciamientos

que forman parte de esta Opinión.

Se dictará sentencia de conformidad.

Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Gladys Rivera Padilla y Otras; Carmen R. Cotto y Otras; Iraida Erazo Ortega y Sandra Rivera Bauzá

Peticionaria Gladys Rivera Padilla, Iraida Erazo Ortega, María E. Miranda Pérez, María L. Trinidad Morales, Elsie M. Oliveras Martínez, Gladys Castillo Cons. Certiorari Rodríguez, Minerva Colón Nieves, Ramonita Rivera Tarraza, Carmen M. Meléndez Pérez, Denise Marín Rodríguez, María del R. Carrión Vega, Sandra Rivera Bauzá, Elizabeth Mulero Maldonado y María del C. Barroso Hernández

SENTENCIA

Por los fundamentos antes expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, se modifica la sentencia del Tribunal de Apelaciones y se ordena a la Junta a realizar los cómputos correspondientes para ajustar el salario de las secretarias ascendidas y las secretarias originales, acorde a los pronunciamientos que forman parte de esta Opinión. CC-2008-1128 y CC-2010-620 2

Notifíquese por teléfono, facsímil y por la vía ordinaria.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo, Interina. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez no intervino. El Juez Presidente señor Hernández Denton está inhibido.

Camelia Montilla Alvarado Secretaria del Tribunal Supremo, Interina