Rivera Gómez Y Otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. Y Otros

2023 TSPR 65

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: May 8, 2023
• Docket: CC-2022-0425
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Iván Rivera Gómez y otros

Peticionarios Certiorari v. 2023 TSPR 65 Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y/o Arcos Dorados S.A. y/o Arcos Dorados McDonald’s División del 212 DPR ___ Caribe y/o sus agentes y otros

Recurridos

Número del Caso: CC-2022-0425

Fecha: 8 de mayo de 2023

Tribunal de Apelaciones:

Panel II

Abogado de la parte peticionaria:

Lcdo. Luis Antonio Pabón Rojas

Abogado de la parte Recurrida:

Lcdo. Rómulo A. Suero Ponce

Materia: Procedimiento Civil – Si procede denegar, como primera sanción, la utilización de un perito cuando el descubrimiento de prueba no ha concluido en un caso sobre daños y perjuicios.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Peticionarios

v. CC-2022-425 Certiorari Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y/o Arcos Dorados S.A. y/o Arcos Dorados McDonald’s División del Caribe y/o sus agentes y otros

El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón emitió la Opinión del Tribunal.

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de mayo de 2023.

Nos corresponde examinar si el Tribunal de Primera

Instancia abusó de su discreción al denegar a la parte

demandante la utilización de un perito fisiatra -como

primera sanción- cuando el descubrimiento de prueba

aún no había concluido en un caso sobre daños y

perjuicios. Por los fundamentos que discutiremos, y

bajo las circunstancias particulares de este caso,

adelantamos que sí abusó de su discreción y

determinamos que el Tribunal de Apelaciones erró al

no expedir el recurso de certiorari. En consecuencia,

revocamos el dictamen recurrido y devolvemos el caso

al Tribunal de Primera Instancia para que permita la

comparecencia del perito en cuestión. CC-2022-425 2

A continuación, relatamos el historial procesal

relevante al presente caso.

I.

El 5 de julio de 2018, el Sr. Iván Rivera Gómez, la

Sra. Magda R. Crespo Vigio y la Sociedad Legal de Gananciales

compuesta por ambos, así como el Sr. Iván Y. Rivera Ramírez,

hijo del señor Rivera Gómez (en conjunto, peticionarios),

presentaron una Demanda sobre daños y perjuicios en contra

de Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. (Arcos Dorados) y otros

codemandados (en conjunto, recurridos). Los peticionarios

adujeron que, en la tarde del 7 de julio de 2017, el señor

Rivera Gómez cayó al suelo luego de que su pierna izquierda

cayera en un hoyo mientras caminaba hacia un restaurante de

comida rápida McDonald’s ubicado en Bayamón. Según

detallaron, el señor Rivera Gómez recibió golpes en varias

partes del cuerpo y sufrió una doble fractura en la cadera

izquierda como consecuencia de la caída. Por ende, los

peticionarios solicitaron el resarcimiento de los daños

sufridos por la alegada negligencia de los recurridos al

presuntamente no mantener el área en condiciones seguras.

El 13 de marzo de 2019, el foro de instancia celebró una

conferencia inicial. En la referida vista, los

peticionarios informaron que el señor Rivera Gómez sería

evaluado por un perito fisiatra dentro de los quince (15)

días siguientes. El tribunal de instancia concedió un

término de treinta (30) días, contado a partir de la

evaluación del fisiatra, para que los peticionarios CC-2022-425 3

presentaran el informe pericial. Asimismo, determinó que

los recurridos tendrían hasta el 27 de mayo de 2019 para

informar si contratarían a un perito fisiatra y, de ser

contratado, hasta el 27 de junio de 2019 para rendir su

informe pericial. Por último, el foro primario dispuso que

las partes tendrían hasta el 16 de julio de 2019 para

terminar el descubrimiento de prueba y señaló una

conferencia con antelación a juicio para el 6 de agosto

de 2019.

Posteriormente, los peticionarios presentaron una moción

informativa el 13 de agosto de 2019. En síntesis, indicaron

que el descubrimiento de prueba se había atrasado debido a

la dilación del Centro Médico de Puerto Rico en entregar los

informes médicos del señor Rivera Gómez y la demora del

Municipio de Bayamón en proveer un informe sobre la

titularidad del predio donde ocurrió el accidente. Además,

aseveraron que se encontraban en el proceso de contratar al

perito para que realizara la evaluación del señor Rivera

Gómez y los informes médicos, con miras a que las demás

partes pudieran utilizar los mecanismos de descubrimiento

de prueba que fueran necesarios.

Así pues, los peticionarios solicitaron que el tribunal

de instancia convirtiera la conferencia con antelación a

juicio en una vista sobre el estado de los procedimientos.

En esa misma línea, el representante legal de los

peticionarios solicitó ser eximido del pago de una sanción

impuesta por el foro primario debido a que, según alegó, no CC-2022-425 4

lograron preparar el informe de conferencia por razones

ajenas a la voluntad de las partes.1

En conformidad con lo antes expuesto, el 11 de septiembre

de 2019, el tribunal de instancia celebró una vista sobre

el estado de los procedimientos. El foro primario concedió

un término de cuarenta y cinco (45) días para resolver el

asunto de la titularidad del lugar del accidente y dispuso

que, dentro de dicho término, los peticionarios debían

corroborar la entrega de todos los expedientes médicos. Por

consiguiente, el tribunal de instancia concedió un término

de veinte (20) días para que los peticionarios, de así

entenderlo necesario, sometieran un proyecto de orden para

solicitar los expedientes médicos que faltaban.

En la conferencia de estatus que se celebró el 16 de

diciembre de 2019, la representación legal de los

peticionarios informó que no habían decidido si iban a

utilizar al perito fisiatra. Los peticionarios alegaron que

su posición respondía a la situación delicada de salud que

enfrentaba el señor Rivera Gómez y a que éste había incurrido

en gastos sustanciales que le habían impedido contratar al

referido perito. En vista de ello, el foro de instancia

concedió un término de veinte (20) días para que, entre

otras cosas, los peticionarios notificaran su decisión

1 Según surge del expediente, el Tribunal de Primera Instancia accedió a lo solicitado mediante una Orden emitida el 14 de agosto de 2019. Véase Orden, Apéndice del certiorari, pág. 85. CC-2022-425 5

respecto a la contratación del perito y la información

relacionada con éste.

Transcurrido el término provisto, la representación

legal de los peticionarios indicó que continuarían el caso

sin el perito, pues el señor Rivera Gómez se encontraba en

un hospital en la ciudad de Tampa, Florida, y había sido

intervenido quirúrgicamente. Luego de otras incidencias

procesales, que incluyeron la autorización de una enmienda

a la demanda para traer a Vicar Builder’s Developers, Inc.

(Vicar) como nuevo codemandado, el foro primario celebró una

vista sobre el estado procesal del caso mediante

videoconferencia.

En la mencionada vista, celebrada el 10 de noviembre

de 2021, el foro de instancia hizo constar que aún faltaba

por identificar el descubrimiento de prueba que Vicar

realizaría, debido a que había sido traído recientemente al

pleito. Por otro lado, los peticionarios indicaron que sí

se proponían presentar la prueba pericial. Sostuvieron que

consultaron con un perito fisiatra, al cual le sometieron

los informes médicos para que los evaluara y determinara si

finalmente intervendría en el caso.

No obstante, el tribunal de instancia determinó que la

solicitud para la utilización de un perito era tardía.

Particularmente, expuso que ya se había descartado la prueba

pericial en apoyo a su causa de acción. De esta forma,

razonó que no estaba en posición de conceder un término para

presentar una prueba pericial que no se anunció previamente. CC-2022-425 6

Aun así, el foro primario calendarizó las deposiciones de

los peticionarios para el 27 de enero de 2022 y concedió

hasta el 4 de febrero de 2022 para concluir el descubrimiento

de prueba, entre otras determinaciones.

Inconformes, los peticionarios presentaron una solicitud

de reconsideración el 22 de noviembre de 2021. En resumen,

esbozaron que el descubrimiento de prueba aún no había

terminado. Adujeron que Vicar fue traído al pleito

recientemente y que las deposiciones de los peticionarios

se encontraban pendientes. En consecuencia, los

peticionarios expresaron que aprovecharían ese mismo periodo

para materializar todo lo relacionado con la prueba

pericial, por lo que su solicitud no implicaría un fracaso

a la justicia ni un atraso en los procedimientos bajo las

circunstancias particulares del caso. Posteriormente, el

tribunal de instancia denegó la solicitud de reconsideración

mediante una Resolución emitida el 18 de marzo de 2022.2

Insatisfechos, el 20 de abril de 2022, los peticionarios

presentaron un recurso de certiorari ante el foro apelativo

intermedio y alegaron que el tribunal de instancia se

excedió en su discreción al denegar la utilización de un

perito fisiatra para demostrar los daños relacionados con

la caída del señor Rivera Gómez. Mediante una Resolución

emitida el 25 de abril de 2022, el tribunal apelativo

intermedio ordenó la paralización de los procedimientos ante

2 El archivo en autos de copia de la Resolución fue el 23 de marzo de 2022. CC-2022-425 7

el foro primario y concedió un término de veinte (20) días

para que los recurridos expresaran su posición. Una vez

atendidos los argumentos de todas las partes, el foro a quo

manifestó que los peticionarios no lograron demostrar que

el tribunal de instancia abusara de su discreción o

cometiera un error de derecho al negarse a admitir al perito

fisiatra en esta etapa de los procedimientos. De esa forma,

el foro apelativo intermedio denegó la expedición del

recurso de certiorari mediante una Resolución emitida el

6 de junio de 2022.3

Aún inconformes, el 5 de julio de 2022, los peticionarios

acudieron ante este Foro mediante un recurso de certiorari

esbozando los mismos planteamientos y señalando los errores

siguientes:

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al confirmar la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó a la parte demandante[,] aquí peticionaria, la utilización de [un] perito fisiatra para su caso que versa sobre una caída, excediéndose y trascendiendo el Tribunal de Primera Instancia el ámbito de su discreción.

Erró [el] Honorable Tribunal Apelativo en su interpretación y aplicación al caso de epígrafe, de los criterios y elementos deliberativos dispuestos por la Regla 40 del

3 El archivo en autos de copia de la Resolución fue el 7 de junio de 2022. Por su parte, el Juez Abelardo Bermúdez Torres emitió una expresión disidente mediante la cual expuso lo siguiente: “No habiéndose terminado el descubrimiento de prueba ni constituir carga procesal y económica irrazonable para la parte demandada, ha debido permitirse a la parte demandante, incluir entre la prueba que el ordenamiento le obliga a descargar, el testimonio experto sobre los daños sufridos. El dictamen denegatorio emitido por los distinguidos compañeros de panel se aparta del principio medular de justicia procesal al mantener viva una irrazonable prohibición impuesta por el foro recurrido”. Resolución del Tribunal de Apelaciones (Expresión disidente del Juez Bermúdez Torres), Apéndice del certiorari, pág. 8. CC-2022-425 8

Reglamento del Tribunal de Apelaciones para el ejercicio de su discreción así como las disposiciones de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil al determinar si se expide un auto de certiorari.

Entretanto, y en vista de que el caso ya no estaba sujeto

a la paralización decretada por el foro apelativo

intermedio, el tribunal de instancia emitió una Orden el

9 de septiembre de 2022 mediante la cual señaló una vista

de conferencia con antelación al juicio para el 3 de octubre

de 2022 y ordenó que las partes presentaran el informe

conjunto de conferencia con antelación al juicio en o antes

del 27 de septiembre de 2022. Por ende, el 12 de septiembre

de 2022, los peticionarios presentaron ante nos una Moción

en auxilio de jurisdicció[n] y solicitud de paralización.

En consecuencia, ordenamos la paralización de los

procedimientos ante el foro de instancia mediante nuestra

Resolución del 16 de septiembre de 2022. Luego, expedimos

el referido recurso mediante una Resolución del 28 de

octubre de 2022. El 1 de diciembre de 2022, los peticionaros

presentaron un Alegato de certiorari en el cual reiteraron

sus planteamientos. Tras conceder un término de diez (10)

días para que los recurridos comparecieran, éstos

presentaron un Alegato en oposición el 27 de enero de 2023.

Así las cosas, el caso quedó sometido en los méritos para

su adjudicación el 31 de enero de 2023.

Contando con el beneficio de ambas comparecencias,

resolvemos. CC-2022-425 9

II.

A. El alcance del descubrimiento de prueba y la imposición de sanciones

El descubrimiento de prueba cumple el propósito de:

(1) delimitar las controversias; (2) facilitar la

consecución de evidencia; (3) evitar las sorpresas en el

juicio; (4) facilitar la búsqueda de la verdad, y

(5) perpetuar la prueba. Véase R. Hernández Colón, Práctica

jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, 6ta ed.,

San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, págs. 333-334.

En particular, la Regla 23.1 de Procedimiento Civil de 2009,

32 LPRA Ap. V, dispone lo siguiente:

Las partes podrán hacer descubrimiento sobre cualquier materia, no privilegiada, que sea pertinente al asunto en controversia en el pleito pendiente, ya se refiera a la reclamación o defensa de cualquier otra parte, incluso la existencia, descripción, naturaleza, custodia, condición y localización de cualesquiera libros, información almacenada electrónicamente, documentos u otros objetos tangibles y la identidad y dirección de personas que conozcan hechos pertinentes. No constituirá objeción el que la información solicitada sea inadmisible en el juicio, siempre que exista una probabilidad razonable de que dicha información conduzca al descubrimiento de evidencia admisible.

En cuanto al alcance del descubrimiento, hemos adoptado

la política de que el mismo debe ser amplio y liberal. Cruz

Flores et al. v. Hosp. Ryder et al., 2022 TSPR 112, 210 DPR

___ (2022); McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras II, 206

DPR 659, 672 (2021); Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR

140, 152 (2000). De igual forma, este Foro ha expresado que

los tribunales de instancia tienen amplia discreción para CC-2022-425 10

regular el ámbito del descubrimiento, pues es su obligación

garantizar una solución justa, rápida y económica del caso,

sin ventajas para ninguna de las partes. Cruz Flores et al.

v. Hosp. Ryder et al., supra. Por lo tanto, al momento de

limitar el descubrimiento de prueba según las reglas de

procedimiento civil, los tribunales deberán hacer un balance

entre estos dos intereses. Rivera y otros v. Bco. Popular,

supra, págs. 154-155; Lluch v. España Service Sta., 117 DPR

729, 742-743 (1986).

Por otro lado, respecto al término para la utilización

de los medios de descubrimiento de prueba, el profesor

Hernández Colón señala lo siguiente:

El término límite para utilizar los medios de descubrimiento de prueba se determinará en la orden de calendarización que el juez tenga a bien adoptar conforme con la complejidad de las controversias y la cantidad de partes involucradas en el pleito. Una vez las partes sometan el Informe para el Manejo del Caso que exige la R. 37.1, 2009, en donde detallarán toda la información y la prueba que hayan intercambiado; especificarán la que falta por intercambiar y el calendario para la utilización de los mecanismos de descubrimiento, el juez podrá emitir una orden de calendarización en la que calendarice el descubrimiento de prueba acordado entre las partes o determinado en la Conferencia Inicial y precise el término para concluir con la etapa del descubrimiento de prueba. (Negrilla suplida). Hernández Colón, op. cit., pág. 335.

En armonía con lo antes expuesto, la Regla 37.3 de

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, provee para que

el tribunal emita una orden sobre la calendarización del

caso que recoja las disposiciones y acuerdos considerados

en la conferencia inicial. De esta forma, la regla permite CC-2022-425 11

la intervención temprana del tribunal para establecer de

manera clara la calendarización del caso.4 Al mismo tiempo,

la regla dispone que “[l]os términos y los señalamientos

fijados en la orden de calendarización serán de estricto

cumplimiento, sujeto a la sanción establecida en la Regla

37.7 de este apéndice”. Regla 37.3(c) de Procedimiento

Civil de 2009, supra.

Como vemos, la Regla 37.7 de Procedimiento Civil de 2009,

32 LPRA Ap. V, regula lo concerniente a la imposición de

sanciones económicas por incumplir con las órdenes y los

señalamientos relacionados al manejo del caso, sin que medie

justa causa.5 Específicamente, el texto de la regla dispone

que “[s]i una parte o su abogado o abogada incumple con los

términos y señalamientos de esta regla, o incumple cualquier

orden del tribunal para el manejo del caso sin que medie

justa causa, el tribunal impondrá a la parte o su abogado o

4 El tratadista Cuevas Segarra menciona lo siguiente sobre la Regla 37.3 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V: “Esta regla permite que el tribunal intervenga en el pleito desde una etapa inicial y establezca la calendarización del caso mediante orden al efecto, la cual se considera vital dentro del nuevo orden concebido para el manejo del caso”. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., Estados Unidos, Publicaciones JTS, 2011, Tomo III, pág. 1108. Véase, también, Comité Asesor Permanente de las Reglas de Procedimiento Civil, Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, Tribunal Supremo de Puerto Rico, marzo de 2008, pág. 429. 5 Cabe destacar que nuestro ordenamiento procesal reconoce la facultad del tribunal para sancionar al abogado, a la parte o ambos en diferentes instancias. Véanse: Reglas 9.1, 9.3, 9.4, 23.1, 23.2, 34.2, 34.3, 34.4, 34.5, 34.6, 35.1, 36.7, 37.1, 37.3, 37.4, 37.7, 39.2, 39.4, 40.4, 40.10 y 44.2 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V. Véase, también, R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, 6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, pág. 246. CC-2022-425 12

abogada la sanción económica que corresponda”. (Negrilla

suplida). Íd.

De acuerdo con este lenguaje, “[e]l juez sólo tiene

discreción para considerar si las razones que brinda la

parte o el abogado que incumplió son suficientes para

justificar la no imposición de la sanción económica”.

Hernández Colón, op. cit., pág. 387. Claro está, nada impide

que posteriormente se impongan sanciones más drásticas,

luego de que se aperciba a la parte sobre las consecuencias

del incumplimiento y se conceda un tiempo razonable para

corregir la situación. Véase J.A. Cuevas Segarra, Tratado

de derecho procesal civil, 2da ed., Estados Unidos,

Publicaciones JTS, 2011, Tomo III, págs. 1118-1119.

Con la aprobación de la Regla 37.7 de Procedimiento Civil

de 2009, supra, la cual procede -en parte- de la Regla 37.3

de Procedimiento Civil de 1979, 32 LPRA Ap. III (ed. 1983),

se eliminó la sanción en primera instancia de la

desestimación de la demanda,6 ya que se encuentra en

conflicto con la Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil de

2009, supra.7 La Regla 37.7 de Procedimiento Civil de 2009,

6 Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1118. Véase, también, Comité Asesor Permanente de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, pág. 443. 7 La Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, dispone lo siguiente: “(a) Si la parte demandante deja de cumplir con estas reglas o con cualquier orden del tribunal, el tribunal a iniciativa propia o a solicitud de la parte demandada podrá decretar la desestimación del pleito o de cualquier reclamación contra ésta o la eliminación de las alegaciones, según corresponda. Cuando se trate de un primer incumplimiento, la severa sanción de la desestimación de la demanda o la eliminación de las alegaciones tan sólo procederá después que el tribunal, en primer término, haya CC-2022-425 13

supra, que además es equivalente -en parte- a la Regla 16(f)

de las Reglas de Procedimiento Civil Federal, Fed. R.

Civ. P. 16(f), 28 USCA, también difiere de esta última en

que no contiene una referencia expresa a la regla de

sanciones del descubrimiento de prueba, que incluye la

limitación de la presentación de prueba en el juicio, “pues

contempla la sanción económica como el disuasivo principal

con el incumplimiento con esta Regla 37 que requiere el

cumplimiento cabal con los términos y señalamientos de esta

regla y con la orden de manejo del caso para el buen

funcionamiento”. (Negrilla suplida). Cuevas Segarra,

op. cit., págs. 1119-1120.

Debemos considerar, conjuntamente, “que la medida severa

de excluir del juicio el testimonio de un testigo crucial

[o de un perito esencial], que es análoga a la medida extrema

de la desestimación, sólo debe usarse en circunstancias

excepcionales […]”. Valentín v. Mun. de Añasco, 145 DPR

887, 895 (1998). En el citado caso, este Tribunal indicó

que tales sanciones drásticas no son favorecidas

judicialmente. Íd. Con este juicioso proceder, promovemos

apercibido al abogado o abogada de la parte de la situación y se le haya concedido la oportunidad para responder. Si el abogado o abogada de la parte no responde a tal apercibimiento, el tribunal procederá a imponer sanciones al abogado o abogada de la parte y se notificará directamente a la parte sobre la situación. Luego de que la parte haya sido debidamente informada o apercibida de la situación y de las consecuencias que pueda tener el que la misma no sea corregida, el tribunal podrá ordenar la desestimación del pleito o la eliminación de las alegaciones. El tribunal concederá a la parte un término de tiempo razonable para corregir la situación que en ningún caso será menor de treinta (30) días, a menos que las circunstancias del caso justifiquen que se reduzca el término”. CC-2022-425 14

los valores superiores de la búsqueda de la verdad y la

justicia en los procesos adjudicativos. Íd., pág. 897. De

igual forma, fomentamos la política judicial de que los

casos sean ventilados en los méritos. Íd. Véase, también,

Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1118.

En cuanto a la figura del perito, hemos indicado que se

trata de “‘una persona que, a través de la educación o

experiencia, ha desarrollado un conocimiento o destreza

sobre una materia de manera que puede formar una opinión que

sirva de ayuda al juzgador’”. (Traducción suplida). S.L.G.

Font Bardón v. Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 338 (2010)

(citando a Black’s Law Dictionary, 8va ed., Minnesota, Ed.

Thomson West, 2004, pág. 619). En ese sentido, “[c]omo

cualquier otro testigo, la función del perito es dar a

conocer la verdad, derivada de su conocimiento

especializado”. San Lorenzo Trad., Inc. v. Hernández, 114

DPR 704, 709-710 (1983). Cónsono con lo anterior, debemos

recordar que el derecho a presentar prueba en apoyo de una

reclamación constituye uno de los ejes centrales del debido

proceso de ley. Valentín v. Mun. de Añasco, supra.

B. Los criterios para expedir el recurso de certiorari

El recurso de certiorari es un mecanismo procesal de

carácter discrecional que le permite a un tribunal de mayor

jerarquía revisar las determinaciones del tribunal

recurrido. McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR

391, 403 (2021); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307,

337-338 (2012). En particular, la Regla 52.1 de CC-2022-425 15

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, establece los

preceptos que regulan la expedición discrecional que ejerce

el Tribunal de Apelaciones sobre el referido recurso para

la revisión de sentencias y resoluciones dictadas por el

Tribunal de Primera Instancia. McNeil Healthcare v. Mun.

Las Piedras I, supra; Mun. de Caguas v. JRO Construction,

201 DPR 703, 709 (2019). En lo que nos atañe, esta regla

dispone lo siguiente:

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este apéndice o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. (Negrilla suplida). Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, supra.

Estas disposiciones fueron incorporadas a la Regla 52.1

de Procedimiento Civil de 2009, supra, mediante la Ley Núm.

220-2009 y la Ley Núm. 177-2010. Con la aprobación de esta

última ley, se permitió que el Tribunal de Apelaciones

pudiera atender los dictámenes interlocutorios en aquellos

casos en los que esperar a la apelación constituyera un CC-2022-425 16

fracaso irremediable de la justicia. Mun. de Caguas v. JRO

Construction, supra, pág. 711. Véase, también, Cuevas

Segarra, op. cit., Tomo IV, pág. 1501. Por consiguiente,

“[l]a inclusión de estas enmiendas implicó, pues, el

reconocimiento por parte de la Asamblea Legislativa de ‘que

ciertas determinaciones interlocutorias pueden afectar

sustancialmente el resultado del pleito o tener efectos

limitativos para la defensa o reclamación de una parte o

conllevar cuestiones neurálgicas o de política pública que

deben estar sujetos a revisión de forma inmediata’”.

(Énfasis en el original). Mun. de Caguas v. JRO

Construction, supra, pág. 711 (citando a Hernández Colón,

op. cit., pág. 533).

Resulta necesario destacar que “[l]a característica

distintiva de este recurso se asienta en la discreción

encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición

y adjudicar sus méritos”. IG Builders et al. v. BBVAPR,

supra, pág. 338. En ese sentido, los criterios establecidos

en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

4 LPRA Ap. XXII-B, orientan la función del tribunal

apelativo intermedio para ejercer sabiamente su facultad

discrecional. La regla antes mencionada dispone lo

siguiente:

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a CC-2022-425 17

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la justicia. Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.

Dentro de este marco, el análisis del foro apelativo

intermedio -al momento de considerar los asuntos planteados

mediante el recurso de certiorari- no se efectúa en el vacío

ni se aparta de otros parámetros. 800 Ponce de León v. AIG,

205 DPR 163, 176 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, supra,

pág. 338; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR

580, 596 (2011). CC-2022-425 18

C. El abuso de discreción

Hemos establecido que no interferiremos con las

facultades discrecionales de los foros primarios,

exceptuando aquellas circunstancias en las que se demuestre

que éstos: (1) actuaron con prejuicio o parcialidad;

(2) incurrieron en un craso abuso de discreción, o (3) se

equivocaron en la interpretación o aplicación de cualquier

norma procesal o de derecho sustantivo. Cruz Flores et al.

v. Hosp. Ryder et al., supra; Rivera y otros v. Bco. Popular,

supra, pág. 155; Lluch v. España Service Sta., supra, pág.

745. Además, se requiere que nuestra intervención en esta

etapa evite un perjuicio sustancial. Lluch v. España

Service Sta., supra, pág. 745.

En lo pertinente, hemos definido la discreción judicial

como “‘una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento

judicial para llegar a una conclusión Justiciera’”. Bco.

Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 657–658

(1997) (citando a Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 197,

200 (1964)). De este modo, hemos manifestado que el

ejercicio de este discernimiento se encuentra estrechamente

relacionado con el concepto de razonabilidad. VS PR, LLC

v. Drift-Wind, 207 DPR 253, 272 (2021); Rivera y otros v.

Bco. Popular, supra. Así, pues, la discreción no implica

que los tribunales puedan actuar de una forma u otra en

abstracción del resto del derecho. SLG Zapata-Rivera v.

J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 435 (2013); Bco. Popular de P.R.

v. Mun. de Aguadilla, supra, pág. 658. CC-2022-425 19

Por último, hemos señalado que un tribunal abusa de su

discreción:

[…] cuando el juez no toma en cuenta e ignora en la decisión que emite, sin fundamento para ello, un hecho material importante que no podía ser pasado por alto; cuando el juez, por el contrario, sin justificación ni fundamento alguno, concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su decisión exclusivamente en éste, o cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta todos los hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el juez los sopesa y calibra livianamente. SLG Zapata- Rivera v. J.F. Montalvo, supra (citando a Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009)).

En vista de la normativa jurídica expuesta, procedemos

con el análisis de la controversia.

III.

Nos corresponde determinar si el Tribunal de Apelaciones

erró al no expedir el recurso de certiorari, permitiendo que

el Tribunal de Primera Instancia denegara la utilización de

un perito fisiatra como primera sanción durante la etapa del

descubrimiento de prueba. Por estar relacionados entre sí,

discutiremos conjuntamente los dos (2) errores señalados por

los peticionarios.

Los peticionarios argumentan que el foro primario denegó

la presentación de prueba pericial cuando la etapa del

descubrimiento de prueba aún no había concluido. Asimismo,

señalan que -catorce (14) días antes de esta determinación-

el tribunal de instancia autorizó una enmienda a la demanda

para incluir a un nuevo codemandado. Por consiguiente, los

peticionarios afirman que el haber permitido la prueba CC-2022-425 20

pericial no hubiera atrasado los procedimientos. Además,

argumentan que en este caso no existen las circunstancias

que justifiquen la drástica determinación de denegar la

utilización de un perito como sanción, por lo que el foro

de instancia abusó de su discreción.

De igual forma, los peticionarios sostienen que el

dictamen en cuestión tiene un efecto sustancial sobre el

resultado del pleito. De esa manera, aseveran que la

determinación interlocutoria debería ser revisable, pues su

consideración en una etapa posterior sería inoportuna y

ocasionaría un fracaso de la justicia. Finalmente, en

cuanto a la tardanza en proveer la prueba pericial, los

peticionarios exponen razones relacionadas con la alegada

precaria situación económica y de salud que padecía el señor

Rivera Gómez, así como las presuntas dificultades que

enfrentaron para resolver el asunto de la titularidad del

lugar del accidente.

Por otra parte, los recurridos sostienen que los

peticionarios presentaron la presente causa de acción sobre

daños y perjuicios en junio de 2018. Al respecto, alegan

que no puede permitirse la utilización de la prueba pericial

“en esta etapa tan adelantada de los procedimientos”,8 ya

que esto implicaría una mayor dilación del caso, así como

gastos sustanciales adicionales. De igual forma, los

recurridos aseveran que las razones expuestas por los

8 Alegato en oposición, pág. 2. CC-2022-425 21

peticionarios no guardan relación alguna con la contratación

de la prueba pericial. En consecuencia, arguyen que el foro

primario no abusó de su discreción al emitir su dictamen,

pues dicha determinación obedeció a la inacción e

incumplimiento con las órdenes del mencionado foro.

En este caso, el tribunal de instancia procuró encauzar

el proceso de descubrimiento de prueba al conceder varias

oportunidades para que los peticionarios gestionaran la

evaluación médica de un perito fisiatra y presentaran el

informe correspondiente.9 Los peticionarios incumplieron

con presentar la prueba pericial dentro de los términos

establecidos por el foro primario y esbozaron varias

justificaciones fundadas en la presunta situación de salud

del señor Rivera Gómez, los altos gastos incurridos y las

dificultades para resolver el asunto de la titularidad del

lugar en donde ocurrió el accidente. Una vez transcurrido

el último término concedido por el tribunal de instancia,

la representación legal de los peticionarios particularmente

informó que el señor Rivera Gómez había sido intervenido

9 En particular, el Tribunal de Primera Instancia emitió los dictámenes siguientes: (1) el 13 de marzo de 2019 concedió un término de treinta (30) días, contado a partir de la evaluación del fisiatra, para que el Sr. Iván Rivera Gómez, la Sra. Magda R. Crespo Vigio y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, así como el Sr. Iván Y. Rivera Ramírez, hijo del señor Rivera Gómez (en conjunto, peticionarios), presentaran el informe pericial; (2) el 11 de septiembre de 2019, concedió un término de veinte (20) días para que los peticionarios, de así entenderlo necesario, sometieran un proyecto de orden para solicitar los expedientes médicos que faltaban; (3) el 16 de diciembre de 2019 concedió un término de veinte (20) días para que, entre otras asuntos, los peticionarios notificaran su decisión respecto a la contratación del perito y la información correspondiente del mismo. Véanse: Minutas, Apéndice del certiorari, págs. 81, 87 y 89. CC-2022-425 22

quirúrgicamente en el estado de Florida y que a éste “no le

sobraba dinero en esos momentos”, por lo cual “araría[n] con

los bueyes que tenía[n] sin el perito”.10

Sin embargo, el 10 de noviembre de 2021, los

peticionarios reiteraron su intención inicial de presentar

la prueba pericial ante el foro primario. A pesar de que

el caso aún se encontraba en la etapa del descubrimiento de

prueba, el tribunal de instancia estimó que “la solicitud

e[ra] tardía, ya [que] se había descartado la prueba

pericial”.11 Así pues, el foro primario razonó que “no

est[aba] en posición de conceder el término de presentar

prueba pericial que no se anunció previamente”.12

De entrada, destacamos la particularidad de que dicha

determinación se produjo durante la etapa del descubrimiento

de prueba. Como sabemos, esta etapa procesal goza de gran

flexibilidad por tratarse de una fase preliminar y su

duración puede depender de la complejidad de cada caso.

Reconocemos que los tribunales poseen una amplia discreción

para regular el ámbito del descubrimiento de prueba. Ahora

bien, en el ejercicio de dicha discreción, éstos deben hacer

un balance razonable entre el interés de promover una

solución justa, rápida y económica del caso, y el interés

de garantizar un descubrimiento de prueba amplio y liberal.

10 Alegato de certiorari, pág. 6. 11 Minuta, Apéndice del certiorari, pág. 93. 12 Íd. CC-2022-425 23

Somos conscientes de la evidente demora en la

tramitación de este litigio. Desde el inicio de cualquier

caso, se requiere de una participación activa y dinámica por

parte de todos los componentes del Poder Judicial para la

solución expedita de las controversias que se presentan, así

como de la colaboración de los abogados para la agilización

de los procedimientos. Hemos advertido que los miembros de

la Judicatura no deben convertirse en meros observadores de

los procesos,13 pues están llamados a intervenir activamente

para lograr una solución justa, rápida y económica de los

casos.14 De esta manera, éstos deben hacer uso de los

mecanismos procesales disponibles para asegurar el control

judicial desde una etapa temprana, incluso en aquellos casos

que no sean categorizados como complejos.15

Precisamente, en aras de evitar dilaciones innecesarias

en el manejo de un caso, la Regla 37.7 de Procedimiento

Civil de 2009, supra, provee para la imposición de sanciones

económicas por el incumplimiento injustificado con las

órdenes y los señalamientos del tribunal.16 Desde luego,

13 Véase Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 DPR 593, 612 (1989) (haciendo referencia a Vellón v. Squibb Mfg., Inc., 117 DPR 838 (1986) y Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729 (1986)). 14 Véase Regla 1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V. Véase, también, Canon 11 del Código de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B. 15 Véase Vellón v. Squibb Mfg., Inc., supra, pág. 850. 16 En términos prácticos, la regla mantiene “el saludable propósito de evitar indebidas dilaciones en las disposiciones de los asuntos, así como la acumulación excesiva de casos en los calendarios de los tribunales”. Pueblo v. Vega Alvarado, 121 DPR 282, 288-289 (1998). Véase, también, Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1121. CC-2022-425 24

nada impide que los tribunales impongan sanciones más

severas luego de que la parte sea debidamente apercibida de

la situación y de las consecuencias que acarrearía un

incumplimiento subsiguiente. Por lo tanto, como primera

alternativa en este caso, el foro primario debió examinar

si las razones expuestas por la representación legal de los

peticionarios eran suficientes para justificar la no

imposición de una sanción económica. En lugar de esto, el

tribunal de instancia denegó la utilización de un testigo

pericial -que podría ser crucial en el juicio para sostener

la reclamación de daños- durante la etapa del descubrimiento

de prueba.

De igual forma, según surge del expediente, el dictamen

en cuestión se impartió sin que el foro de instancia hubiera

apercibido previamente a los peticionarios de las posibles

consecuencias de la inacción desplegada.17 Recordemos que

el derecho a presentar prueba a favor de una reclamación

constituye un pilar importante del debido proceso de ley.

En armonía con lo anterior, y según señaláramos, la medida

severa de excluir del juicio el testimonio de un perito

esencial es análoga a la medida extrema de desestimación,

por lo que sólo debe implementarse en circunstancias

excepcionales. De lo contrario, socavaríamos los valores

superiores de la búsqueda de la verdad, la política judicial

17 Ciertamente, “[n]o toda actitud o posición que asuma un abogado en el curso del trámite judicial de un caso debe perjudicar de inmediato al ciudadano que litiga en el sentido de privarle de la adjudicación en los méritos de sus derechos”. Hernández Colón, op. cit., pág. 388. CC-2022-425 25

de que los casos sean ventilados en los méritos y el derecho

de toda parte de tener su día en corte.

En el contexto particular de los sucesos procesales de

este caso, la solicitud de los peticionarios no implicaba

una carga adicional para los recurridos ni una mayor

dilación en el trámite de los procedimientos. Lo cierto es

que el descubrimiento de prueba todavía no había concluido

y la toma de deposiciones de los peticionarios se encontraba

pendiente. Más aún, el tribunal de instancia recientemente

había autorizado una enmienda a la demanda para incluir a

un nuevo codemandado al pleito. Por ende, contrario a lo

manifestado por el foro apelativo intermedio, determinamos

que el tribunal de instancia abusó de su discreción al

denegar la presentación del perito aquí envuelto sin antes

considerar la imposición de sanciones menos severas;

apercibir a los peticionarios de las consecuencias de su

incumplimiento, y cuando el descubrimiento de prueba aún no

había concluido.

Como norma general, hemos establecido que los tribunales

apelativos no habremos de interferir con las facultades

discrecionales de los foros primarios. Sin embargo, a la

luz de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, supra,

y bajo los parámetros de la Regla 40 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, supra, la intervención oportuna del

tribunal apelativo intermedio era necesaria en este caso

para evitar un perjuicio sustancial. En definitiva,

teniendo en cuenta la etapa procesal y demás circunstancias CC-2022-425 26

particulares reseñadas, consideramos que no examinar la

denegatoria de la utilización de un perito en casos como

éste resultaría en un fracaso irremediable de la justicia.

Por lo tanto, en nuestra función de impartir justicia, nos

vemos llamados a ejercer nuestra discreción para revocar las

determinaciones del foro apelativo intermedio y del tribunal

de instancia.

IV.

Por los fundamentos que anteceden, revocamos la

determinación emitida por el Tribunal de Apelaciones el

6 de junio de 2022 y el dictamen emitido por el Tribunal de

Primera Instancia el 10 de noviembre de 2021. En

consecuencia, se devuelve el caso al Tribunal de Primera

Instancia para que permita sin mayor dilación la utilización

del perito fisiatra en cuestión de conformidad con lo

dispuesto en esta Opinión.

Se dictará Sentencia en conformidad.

ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

v. CC-2022-425 Certiorari Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y/o Arcos Dorados S.A. y/o Arcos Dorados McDonald’s División del Caribe y/o sus agentes y otros

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente Sentencia, revocamos la determinación emitida por el Tribunal de Apelaciones el 6 de junio de 2022 y el dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia el 10 de noviembre de 2021. En consecuencia, se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que permita sin mayor dilación la utilización del perito fisiatra en cuestión de conformidad con lo dispuesto en la Opinión que antecede.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco concurre con Opinión escrita. El Juez Asociado señor Martínez Torres disiente con Opinión escrita. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez no interviene.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

v. CC-2022-0425

Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y/o Arcos Dorados S.A. y/o Arcos Dorados McDonald’s División del Caribe y/o sus Agentes y otros

Opinión concurrente emitida por la Jueza Asociada señora Pabón Charneco

Estoy conforme con el resultado anunciado en la Opinión

que antecede en cuanto a que el Tribunal de Primera Instancia

erró al no permitir que la parte peticionaria presentara

prueba pericial cuando el descubrimiento de prueba no había

culminado. No obstante, entiendo que la determinación

recurrida es una que cae dentro del marco de discreción que

tienen los foros primarios para manejar los procedimientos

ante su consideración y, por tanto, no puede ser categorizada

como una sanción al amparo de la Regla 37.7 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V.

El curso tomado en la Opinión Mayoritaria de catalogar

la determinación del foro primario como una sanción tiene el CC-2022-0425 2

efecto de obligar a los tribunales de instancia a imponer

sanciones económicas previo a tomar una decisión

completamente discrecional. Por ende, me veo obligada a

concurrir.

A continuación, expongo los antecedentes que dieron

génesis a la controversia de autos.

I

El caso de epígrafe comenzó el 5 de julio de 2018,

cuando el Sr. Iván Rivera Gómez (señor Rivera Gómez), la

Sra. Magda R. Crespo Vigio y la Sociedad Legal de Gananciales

presentaron una Demanda en daños y perjuicios contra Arcos

Dorados Puerto Rico, Inc. (Arcos Dorados) y otros (en

conjunto, recurridos) a raíz de un accidente ocurrido el 7

de julio de 2017. Alegaron que mientras el señor Rivera Gómez

caminaba en un área verde en dirección a un restaurante de

los recurridos, localizado en Bayamón, su pierna izquierda

cayó en un hoyo profundo cubierto de pasto causándole varias

lesiones.

Luego de varias incidencias procesales, el 13 de marzo

de 2019, se celebró la Conferencia Inicial donde los

evaluado por un perito fisiatra y que una vez tuvieran el

informe sería cursado a la otra parte. El Tribunal de Primera

Instancia les ordenó realizar la evaluación del perito

fisiatra dentro del término de quince (15) días y someter el CC-2022-0425 3

informe pericial a los treinta (30) días a partir de la

evaluación. Además, dispuso el 16 de julio de 2019 como la

fecha para finalizar el descubrimiento de prueba y señaló la

Conferencia con Antelación al Juicio para el 9 de agosto de

2019.

El 13 de agosto de 2019, los peticionarios, mediante

una moción, informaron que enfrentaron circunstancias que

estaban obstaculizando finalizar el descubrimiento de

prueba. Estas circunstancias consistían primero, en la

demora del Centro Médico de Puerto Rico en expedir los

informes médicos del señor Rivera Gómez y, segundo, del

Municipio de Bayamón en presentar el informe sobre el titular

del área donde ocurrió el accidente. Sostuvieron que no se

logró realizar la evaluación del perito fisiatra y que se

encontraban en el proceso de contratar a otro.

Así las cosas, en una Vista sobre Estado de los

Procedimientos que se celebró el 16 de diciembre de 2019, la

parte peticionaria expresó “que no han decidido si van a

utilizar perito por la situación delicada de salud del

demandante, ya que han tenido muchos gastos sustanciales y

no ha[n] podido contratar perito”.1 Ante los varios asuntos

del descubrimiento de prueba pendiente, el foro de instancia

concedió un término de veinte (20) días, durante el cual los

peticionarios notificarían su decisión de contratar a un

perito en fisiatría y la información de éste, y para proveer

todos los expedientes médicos que tuvieran.

1 Véase Minuta, Apéndice de la petición de certiorari, pág. 88. CC-2022-0425 4

Así las cosas, el 19 de febrero de 2021, se celebró una

conferencia de estatus. En esta, la representación legal del

peticionario informó al Tribunal de Instancia que el señor

Rivera Gómez salió de Puerto Rico para los Estados Unidos

para someterse a un tratamiento médico. Durante la vista,

los peticionarios alegaron que informaron al tribunal que

continuarían el caso sin contratar a un perito fisiatra.

El 25 de marzo de 2021, se presentó una enmienda a la

Demanda para traer al pleito a Vicar Builder’s Developers

(Vicar), como el propietario del predio en donde ocurrió el

accidente. Luego, el 10 de noviembre de 2021, se celebró una

Vista sobre el Estado Procesal del caso, de la cual surgió

la Orden recurrida. Según consta en la Minuta, los

peticionarios informaron al Tribunal de Primera Instancia

que pretendían presentar prueba pericial. El Tribunal de

Instancia rechazó lo planteado por los peticionarios por ser

tardía y presentada luego de haber descartado la prueba

pericial. Dado lo anterior no les concedió término a los

peticionarios para presentarla. Además, surge que, en esta

etapa, y por su reciente inclusión en el caso, estaba

pendiente identificar el descubrimiento de prueba que

realizaría Vicar. Dado lo anterior, se calendarizaron las

deposiciones de los peticionarios para el 27 de enero de

2022, se concedió a las partes hasta el 4 de febrero de 2022

para concluir el descubrimiento de prueba y se señaló la

Conferencia con Antelación al Juicio para el 2 de mayo de

2022. CC-2022-0425 5

Ante esta determinación, el 22 de noviembre de 2021,

los peticionaros presentaron una Moción de Reconsideración

mediante la cual solicitaron al Tribunal de Primera Instancia

que le permitiera la prueba pericial. Argumentaron que al no

haber terminado el descubrimiento de prueba y pendiente las

deposiciones de los peticionarios, existía un periodo

suficiente para atender la prueba pericial que pretendían

presentar, sin provocar atraso en los procedimientos o un

fracaso de la justicia. Además, que era justo permitirlo

dado a las circunstancias particulares del caso. El 18 de

marzo de 2022, el foro de instancia, mediante una Resolución

denegó a la petición de reconsideración.2

Inconforme, el 20 de abril de 2022, los peticionarios

acudieron al Tribunal de Apelaciones vía recurso de

certiorari. Adujeron que el foro primario erró al denegar la

utilización de un perito fisiatra para demostrar los daños

relacionados con la caída, así abusando de su discreción. El

foro a quo emitió una Resolución en la cual denegó expedir

el recurso y concluyó que no se demostró que el Tribunal de

Primera Instancia abusó de su discreción o cometió un error

de derecho.

Aún insatisfechos, los peticionarios acudieron ante nos

vía recurso de certiorari y esencialmente arguyeron que erró

el Tribunal de Apelaciones al no permitir revisar la

actuación del Tribunal de Primera Instancia de denegar la

2 El archivo de autos de copia de la Resolución fue el 23 de marzo de 2022. CC-2022-0425 6

utilización de un perito fisiatra en la etapa del

descubrimiento de prueba.

II

A.

Se ha reiterado que en nuestro ordenamiento civil

procesal impera una política de que el descubrimiento de

prueba sea uno amplio y liberal. Cruz Flores et al. v. Hosp.

Ryder et al., 2022 TSPR 112, pág. 30, 210 DPR ___ (2022);

Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 152 (2000).

Esto se debe a que un descubrimiento de prueba amplio y

adecuado “facilita la tramitación de los pleitos y evita los

inconvenientes, las sorpresas y las injusticias que surgen

cuando las partes ignoran hasta el día de la vista las

cuestiones y los hechos que en realidad son objeto del

litigio”. E.L.A. v. Casta Developers, 162 DPR 1, 9 (2004);

Rivera y otros v. Bco. Popular, supra. Esta política está

establecida en la Regla 23.1(a) de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, que permite que las partes realicen el

descubrimiento sobre cualquier materia que sea pertinente y

no privilegiada. Ponce Adv. Med. v. Santiago González, 197

DPR 891, 898 (2017); Rivera y otros v. Bco. Popular, supra,

pág. 153.

Asimismo, esta política de liberalidad en el

descubrimiento de prueba no es absoluta, pues las Reglas de

Procedimiento Civil establecen como principio rector la

solución justa, rápida y económica de todo procedimiento.

Véase, Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Más CC-2022-0425 7

aun, hemos reconocido que, “los tribunales de instancia

tienen amplia discreción para regular el ámbito del

descubrimiento, pues es su obligación garantizar una

solución justa, rápida y económica del caso, sin ventajas

para ninguna de las partes”. Rivera y Otros v. Bco. Popular,

supra, pág. 153–54; véase, además, Cruz Flores et al. v.

Hosp. Ryder et al., supra, pág. 31; Berrios Falcón v. Torres

Merced, 175 DPR 962, 971 (2009) Lluch v. España Service Sta.,

117 DPR 729, 742-743 (1986). Conforme con lo anterior, el

Canon 11 del Código de Ética Judicial establece que los

jueces “deberán intervenir durante el curso de cualquier

procedimiento judicial para evitar dilaciones

injustificadas, para esclarecer cualquier asunto o impedir

una injusticia”. 4 LPRA Ap. IV-B,(énfasis nuestro). Sobre

este particular comenta Cuevas Segara que “[m]ás que una

facultad, existe un deber que se le impone al Tribunal de

Primera Instancia de actuar afirmativa y dinámicamente en la

tramitación de los casos ante su consideración.” J.A. Cuevas

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., Pubs.

JTS, 2011, Tomo III, págs. 837-838 (citando a Vives Vazquez

v. E.L.A., 142 DPR 117, 139 (1996)).

No obstante, cualquier limitación al descubrimiento de

prueba ha de ser realizado de forma razonable. Rivera y otros

v. Bco. Popular, supra, pág. 155; J.A. Cuevas Segarra, op.

cit., pág. 837. Particularmente, se requiere que los

tribunales de instancia realicen un balance de intereses

entre la pronta solución de la controversia ante su CC-2022-0425 8

consideración y de velar porque las partes tengan la

oportunidad de llevar a cabo un amplio descubrimiento. Rivera

y otros v. Bco. Popular, supra, pág. 154; Lluch v. España

Service Sta., supra.

Este Tribunal ha notado que como regla general los

Tribunales de Instancia no deben permitir el uso de los

mecanismos de descubrimiento de prueba fuera de los términos

establecidos en las Reglas de Procedimiento Civil a menos

que la solicitud de la parte sea presentada de forma

oportuna, justificada, que su concesión no cause perjuicio

o indebida dilación y que sea necesaria a la justa solución

de los procedimientos. Lluch v. España Service Sta., supra,

pág. 745.3 Cónsono con lo anterior, los foros apelativos:

[n]o hemos de interferir con los tribunales de instancia en el ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto en aquellas situaciones en que se demuestre que este último (1) actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.

Rivera y otros v. Bco. Popular, supra, pág. 155 (citando

a Lluch v. España Service Sta., supra, pág. 745).

3 Específicamente expresamos: Como regla general, los tribunales no deben permitir el uso de los mecanismos procesales fuera de los términos establecidos en las Reglas de Procedimiento Civil de 1979. Tampoco deben conceder prórrogas a menos que éstas se presenten dentro del término establecido en las reglas, vengan acompañadas de una adecuada justificación, el tribunal determine que al concederla no se causará perjuicio a la otra parte o una indebida dilación a la pronta solución de la controversia y que su concesión sea necesaria para lograr la justa solución de la contienda judicial. Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 742-743 (1986). CC-2022-0425 9

B.

Como parte de los cambios que trajo consigo la

aprobación de las Reglas de Procedimiento Civil en 2009 se

encuentra la reestructuración de la Regla 37, la cual regula

todo lo relacionado al manejo del caso. Los procedimientos

reglamentados por la Regla 37 de Procedimiento Civil son: la

preparación del Informe de Manejo del Caso, la Conferencia

Inicial, la Orden de Calendarización, la elaboración del

Informe Preliminar entre Abogados en preparación para la

Conferencia con Antelación al Juicio, la Conferencia con

Antelación al Juicio y la Vista Transaccional; todos

procedimientos anteriores al juicio. Véanse, Reglas 37.1–

37.6 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Con los cambios

realizados se buscó que los foros de instancia tomaran un

papel más activo en los procesos judiciales y por tanto

fomentar la rápida solución de las reclamaciones. Véase,

Informe de Reglas de Procedimiento Civil de marzo de 2008,

Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, pág.

414.

Cónsono con este propósito, el Comité Asesor Permanente

de Reglas de Procedimiento Civil concluyó pertinente

sancionar el incumplimiento, sin justa causa, de las

disposiciones de la Regla 37. Id., pág. 415. Por lo tanto,

se modificó la anterior Regla 37.3 de Procedimiento Civil de

1979, 32 LPRA ant. Ap. III (derogada 2009)- que establecía

las sanciones que el tribunal podía imponer ante el

incumplimiento con las órdenes relacionadas al manejo del CC-2022-0425 10

caso. De esta forma, la Regla 37.7, 32 LPRA AP. V, dispone

lo siguiente:

[s]i una parte o su abogado o abogada incumple con los términos y señalamientos de esta Regla, o incumple cualquier orden del tribunal para el manejo del caso sin que medie justa causa, el tribunal impondrá a la parte o su abogado o abogada la sanción económica que corresponda. [. . .]

Esta modificación suprimió del texto como sanciones: la

desestimación de la demanda, la eliminación de alegaciones

y la imposición del pago de costas y honorarios de abogado.

En cambio, la Regla 37.7, supra, ahora establece una sola

sanción por el incumplimiento injustificado con órdenes y

señalamientos del caso: la sanción económica. Id. La

desestimación de la demanda y la eliminación de alegaciones-

ambas más drásticas que la sanción económica- fueron

eliminadas a razón de que imponerlas en primer lugar

contraviene la política pública de que los casos se ventilen

en los méritos. Véase, J.A. Cuevas Segarra, op. cit., pág.

1118. Así, otorgándole “un carácter más severo y mandatorio

a la sanción económica”. Informe de Reglas de Procedimiento

Civil, supra, pág. 443. Lo anterior no significa que el

Tribunal de Primera Instancia no pueda imponer sanciones más

drásticas a una parte que ha sido sancionada económicamente,

y que luego de haberle concedido un término para cumplir,

apercibido de las consecuencias de su incumplimiento, aun

así, incumple con los términos, señalamientos u órdenes del

tribunal relacionadas con el manejo del caso. J.A. Cuevas

Segarra, op. cit., págs. 1118-1119. CC-2022-0425 11

III

Como reseñamos anteriormente, el foro primario

determinó no conceder a la parte peticionaria su solicitud

para presentar prueba pericial cuando aún no había finalizado

el descubrimiento de prueba. El tribunal a quo fundamentó su

proceder en que la petición se presentó a destiempo y se

había descartado durante el transcurso del descubrimiento de

prueba.

La Opinión Mayoritaria entiende que este proceder

constituyó un abuso de discreción, por lo cual revoca al

Tribunal de Primera Instancia y permite la presentación de

la prueba pericial. Particularmente, señala que en el caso

de autos el descubrimiento de prueba todavía no había

concluido, ya que restaba la toma de deposiciones de los

peticionarios. También resultó que poco antes de la

determinación recurrida el Tribunal de Instancia autorizó la

inclusión de Vicar al pleito y estaba pendiente el

descubrimiento que este realizaría. Por lo anterior, la

Mayoría entendió que el permitir la preparación de la prueba

pericial no presentaba una carga procesal adicional a los

recurridos ni una dilación en los procedimientos.

La determinación recurrida no reflejó un balance

razonable entre el interés de promover una solución justa,

rápida y económica del caso, y el interés de garantizar un

descubrimiento de prueba amplio y liberal, por lo cual estoy

de acuerdo con su revocación. Como señala la Opinión, el

conceder lo solicitado por los peticionarios no presentaba CC-2022-0425 12

una carga procesal adicional a los recurridos ni una dilación

en los procedimientos. Inclusive, lejos de constituir una

dilación innecesaria, la no presentación de la prueba

pericial del peticionario puede ocasionar que posteriormente

el tribunal desestime el pleito bajo la Regla 39.2(c) de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.4

Aun así, una Mayoría de este Tribunal catalogó la

determinación recurrida como una sanción. Dado a lo anterior,

entendió que el curso que debía seguir el foro primario era

el previsto por la Regla 37.7 de Procedimiento Civil, supra.

Entiéndase, considerar la imposición de la sanción económica

y apercibir a los peticionarios de las consecuencias de su

incumplimiento. Entiendo que tal proceder tiene la

consecuencia práctica de limitar el poder discrecional de

los jueces de primera instancia en dirigir y regular el

descubrimiento de prueba. Esto, a raíz de que la Opinión de

la Mayoría, obliga a los jueces de primera instancia a

imponer sanciones económicas a las partes previo a tomar una

decisión que es completamente discrecional y no relacionada

4 La Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone que: (c) Después que la parte demandante haya terminado la presentación de su prueba, la parte demandada, sin renunciar al derecho de ofrecer prueba en caso de que la moción sea declarada ‘sin lugar’, podrá solicitar la desestimación fundándose en que bajo los hechos hasta ese momento probados y la ley, la parte demandante no tiene derecho a la concesión de remedio alguno. El tribunal podrá entonces determinar los hechos y dictar sentencia contra la parte demandante, o podrá negarse a dictar sentencia hasta que toda la prueba haya sido presentada. A menos que el tribunal en su orden de desestimación lo disponga de otro modo, una desestimación bajo esta Regla 39.2 de este apéndice y cualquier otra desestimación, excepto la que se haya dictado por falta de jurisdicción o por haber omitido acumular una parte indispensable, tienen el efecto de una adjudicación en los méritos. CC-2022-0425 13

con el incumplimiento de una parte con los términos y órdenes

relacionados al manejo del caso.

Por esta razón, difiero de la aludida determinación.

Soy de la postura que el Tribunal de Instancia ejerció su

poder discrecional de limitar y regular el descubrimiento de

prueba. Según lo anteriormente discutido, este Tribunal ha

reconocido que los foros de instancia pueden de forma

discrecional regular el descubrimiento de prueba a fin de

garantizar la tramitación eficiente de los casos que tienen

ante sí. Véase, Rivera y Otros v. Bco. Popular, supra, pág.

153–54; Cruz Flores et al. v. Hosp. Ryder et al., supra,

pág. 31; Lluch v. España Service Sta., supra, págs. 742-743.

Según surge del expediente, aquí no estamos ante una

determinación tomada por el Tribunal a raíz del

incumplimiento injustificado con los términos establecidos,

sino ante una solicitud para presentar prueba adicional. El

16 de diciembre de 2019, el Tribunal de Primera Instancia

ordenó a los peticionarios a informar si presentarían prueba

pericial de un fisiatra. Luego, el 19 de febrero de 2021,

informaron al Tribunal de Instancia su intención de no

presentar prueba pericial. Así las cosas, el 10 de noviembre

de 2021 los peticionarios nuevamente solicitaron que se le

permitiera presentar prueba pericial. De la anterior

síntesis del trasfondo procesal, no surge incumplimiento que

amerite recurrir a lo dispuesto en la Regla 37.7 de

Procedimiento Civil, supra. La Regla 37.7, supra, busca

imponer sanciones por el incumplimiento, sin justa causa, CC-2022-0425 14

con los términos, señalamientos u órdenes del tribunal

relacionadas con el manejo del caso, cosa que no ha sucedido

en la controversia ante nos.

En vez, el Tribunal a quo estaba ante una petición de

parte para permitir la presentación de prueba no anunciada,

lo que constituye a mi entender una determinación

interlocutoria de carácter discrecional. Tal determinación

está sujeta a que el tribunal inferior haya actuado

razonablemente. Los foros apelativos revisaremos tales

determinaciones cuando se demuestre que (1) se actuó con

prejuicio o parcialidad, (2) se incurrió en un craso abuso

de discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho

sustantivo. Rivera y otros v. Bco. Popular, supra, pág. 155.

Al realizar este análisis, llegamos a la misma conclusión a

la cual una mayoría de este tribunal llego en el día de hoy

sin socavar el ámbito de discreción judicial que posee el

Tribunal de Primera Instancia.

Por entender que el Tribunal de Primera Instancia, dada

las circunstancias particulares del caso, debió haber

permitido a los peticionarios presentar la prueba pericial

cuando aún no había finalizado el descubrimiento de prueba,

concurro.

Mildred G. Pabón Charneco Jueza Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

v. CC-2022-0425 Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y/o Arcos Dorados S.A. y/o Arcos Dorados McDonald´s División del Caribe y/o sus Agentes y otros

Opinión disidente emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES

Disiento respetuosamente de la Opinión y

Sentencia del Tribunal. Mi discrepancia consiste en

que, a diferencia de este Tribunal, no veo la acción

del Tribunal de Primera Instancia como una sanción de

las que se contemplan en la Regla 37.3(c) de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Lo que hizo el

foro primario fue denegar una enmienda al calendario

de descubrimiento de prueba. Ese es un asunto sujeto

a la discreción amplia del foro primario. Véanse, Cruz

Flores et al. v. Hosp. Ryder et al., 210 DPR ___, 2022

TSPR 112 (2022); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR

729 (1986). CC-2022-0425 2

Los demandantes-peticionarios intentan exponer diversas

justificaciones para no haber anunciado oportunamente el uso

de prueba pericial en el caso. Las razones que esbozaron

están relacionadas principalmente con las alegadas

dificultades para determinar la identidad del titular del

predio donde ocurrieron los hechos que dieron origen a la

reclamación. Entiendo que los trámites efectuados para

determinar quién era el dueño del predio no guardan relación

alguna con la contratación del perito y la evaluación médica

que debía realizarse para probar los daños que el señor

Rivera Gómez alega que sufrió. Conforme surge de las minutas,

los peticionarios anunciaron su intención de utilizar un

perito desde la vista celebrada el 13 de marzo de 2019,

aunque en ningún momento informaron quién sería ni se proveyó

prueba pericial alguna. Desde la Conferencia Inicial, el

Tribunal de Primera Instancia les concedió un término para

que un fisiatra evaluara al señor Rivera Gómez y se sometiera

el correspondiente informe pericial. Posteriormente, los

peticionarios atribuyeron la dilación en proveer la prueba

pericial a que el Centro Médico no había entregado los

récords médicos; sin embargo, no presentaron un proyecto de

orden para solicitar los expedientes, según les fue instruido

por el tribunal.

En la próxima vista, celebrada el 16 de diciembre de

2019, los peticionarios indicaron que no habían decidido si

iban a utilizar perito y, más adelante, debido a la situación

de salud del señor Rivera Gómez, representaron a las partes CC-2022-0425 3

que no iban a utilizar prueba pericial. Dos años después, el

10 de noviembre de 2021, los peticionarios cambiaron de

postura y le indicaron al Tribunal de Primera Instancia que

sí iban a utilizar prueba pericial. Añadieron que un fisiatra

estaba evaluando el caso para indicarles sí intervendría como

su perito. El tribunal denegó la solicitud por tardía pues,

aunque el período de descubrimiento no había concluido

todavía, ya se había descartado la utilización de prueba

pericial por decisión de la misma parte demandante-

peticionaria.

Conforme surge del expediente ante nos, considero que

los peticionarios incumplieron con obtener oportunamente la

prueba pericial para establecer los daños que reclaman en la

demanda. El dictamen del foro primario denegó a los

peticionarios la solicitud para que se enmendara la orden de

calendarización de descubrimiento, para anunciar en esta

etapa de los procedimientos el uso de prueba pericial antes

descartada. Los propios peticionarios expresaron en

diciembre de 2019 que no estarían presentando prueba pericial

y no fue hasta noviembre de 2021, casi dos años después, que

notificaron su intención de utilizarla.

Por eso -al igual que el Tribunal de Apelaciones-

entiendo que el Tribunal de Primera Instancia no actuó de

forma arbitraria o caprichosa, no abusó de su discreción ni

se equivocó en la interpretación o aplicación de las normas

procesales o de derecho, al denegar el uso de la prueba CC-2022-0425 4

pericial. Por lo tanto, no se justifica nuestra intervención

con la decisión recurrida.

RAFAEL L. MARTINEZ TORRES Juez Asociado