Puerto Rico Freight System v. Corporación Para El Desarrollo De Las Exportaciones De Puerto Rico

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: October 22, 2012
• Docket: CC-2011-278
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Puerto Rico Freight System, Inc., representada por su Presidente, Miguel Padilla Recurrido

v. Certiorari

2012 TSPR 158 Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones de Puerto Rico, t/c/c 187 DPR ____ Promoexport, representada por su Director Ejecutivo, Antonio Sosa Pascual; John Doe #1 y John Doe #2 Peticionarios

Número del Caso: CC-2011-278

Fecha: 22 de octubre de 2012

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Bayamón y San Juan

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Fernando Valderrabano Marina Lcda. Arlyn González Díaz

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcda. Miriam Ramos Grateroles Lcdo. Eugenio Rivera Ramos

Materia: Obligaciones y contratos - Doctrina de culpa in contrahendo

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Puerto Rico Freight System, Inc., representada por su Presidente, Miguel Padilla Certiorari Recurrido CC- v.

Corporación para el Desarrollo CC-2011-0278 de las Exportaciones de Puerto Rico, t/c/c Promoexport, representada por su Director Ejecutivo, Antonio Sosa Pascual; John Doe #1 y John Doe #2 Peticionarios

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado Señor Rivera García

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 2012.

Este recurso nos brinda la oportunidad de

exponer si, conforme al tratamiento que ha tenido

la doctrina de culpa in contrahendo en nuestro

ordenamiento jurídico, procede compensar a una

parte por las ganancias que dejó de percibir al no

haberse perfeccionado el contrato proyectado.

En este caso, Puerto Rico Freight Systems

(PRFS o la recurrida) presentó contra la Compañía

de Comercio y Exportación (la peticionaria)1 una

1 Antes conocida como la Corporación de Crédito y Desarrollo Comercial Agrícola de Puerto Rico, entidad subsidiaria del Banco de Desarrollo y que luego se convirtió en la Corporación Pública para el Desarrollo de las Exportaciones, también conocida como Promo Export. Posteriormente, esta cambió su nombre a Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones, adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, actualmente conocida como Compañía de Comercio y Exportación. Véase Determinación de hechos número 2 de la Sentencia apelada. Petición de certiorari, pág. 821. CC-2011-0278 2

demanda sobre daños y perjuicios en la que le reclamó unas

indemnizaciones al amparo de dicha doctrina. El Tribunal

de Primera Instancia (TPI) la declaró ha lugar y concedió

a favor de la recurrida, entre otras, una compensación por

concepto de lucro cesante. El Tribunal de Apelaciones

confirmó esa determinación e, inconforme con ello, la

peticionaria compareció ante nosotros mediante el recurso

de certiorari de epígrafe.

Atendido el recurso, ordenamos a la recurrida que

mostrara causa por la cual no debíamos expedir el auto

solicitado y modificar esa sentencia, específicamente, la

parte que avaló la compensación por las ganancias dejadas

de percibir. Estudiado el asunto, determinamos expedir

para revisar la procedencia de esa partida.

I

PRFS es una corporación que realiza exportaciones

marítimas desde Puerto Rico hacia el Caribe. Su relación

con la peticionaria se remonta a un contrato de

arrendamiento que suscribieron en el 1993. Mediante este

contrato, PRFS arrendó un edificio -identificado como el

número 11- perteneciente a la Compañía de Comercio y

Exportación. Más adelante, para el 1997, PRFS le comunicó

al administrador de las facilidades comerciales de su

arrendadora que vislumbraba expandir su negocio, razón por

la que interesaba arrendar otro edificio. Así entonces,

la peticionaria le comunicó a PRFS que próximamente

estaría construyendo el “edificio 15” dentro de una zona CC-2011-0278 3

identificada como la “zona libre”.2 Esto llamó la atención

del presidente de PRFS, el Sr. Miguel Padilla, habida

cuenta que interesaba convertirse en operador de esa zona.

Ahora bien, debido a ciertas desavenencias que

surgieron durante la vigencia de ese contrato de

arrendamiento, PRFS instó una acción judicial sobre

injuction preliminar, cumplimiento específico de contrato

y daños, contra la peticionaria. A raíz de ese pleito,

las partes suscribieron en diciembre de 1999 una moción de

desistimiento por estipulación, mediante la cual PRFS

desistiría del caso sin perjuicio. El objeto principal de

tal transacción fue el futuro arrendamiento del “edificio

15”. En su parte pertinente, la estipulación dispuso:

B) Las partes acuerdan que la parte co- demandada, ahora Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones le arrendará al demandante el edificio número 15 del Centro Mercantil Internacional, el cual al presente se encuentra en construcción, siempre y cuando las partes lleguen a un acuerdo en los asuntos que están negociando actualmente.

C) Con relación al Contrato del Edificio 15 el señor Padilla solicita que:

1. Que el contrato sea de 10 años renovable a 10 años más.

2. El canon de arrendamiento no será mayor de cinco dólares con cincuenta centavos ($5.50) anual el pie cuadrado, por el término del contrato.

3. La Corporación será responsable de todas las mejoras, diseños y construcciones estructurales y el señor Padilla será

2 La “zona libre de comercio” opera bajo una ley federal que provee incentivos para compañías de manufactura y movimiento de carga a través de controles de la aduana federal. Id., pág. 824. CC-2011-0278 4

responsable de todas las mejoras interiores y de oficina.

4. Las mejoras que realice el señor Padilla en el Edificio 15 serán aprobadas previamente por la Corporación. Dicha aprobación no puede ser irrazonablemente denegada. Al concluir el contrato, la Corporación, a su costo, podrá eliminar estas mejoras.

5. El (sic) eventualidad de que la Corporación resuelva el contrato por falta de pago de canon de arrendamiento, el señor Padilla será responsable por los cánones de arrendamiento mientras las facilidades del Edificio 15 estén deshabitadas. La Corporación será responsable de hacer gestiones de buena fe para conseguir un nuevo arrendatario. D) El señor Padilla será responsable de convertirse en operador independiente de la Zona Libre. De convertirse en operador independiente de la Zona Libre se revisará el contrato de arrendamiento del Edificio 11 a los efectos de incluir al arrendador dentro de los incentivos y/o ayudas que estuviesen vigentes para los operarios de la Zona Libre.

E) La Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones se compromete a presentar ante su Junta de Directores las peticiones del señor Padilla para su estudio y consideración, sin que por ello se entienda que su gestión constituye una aceptación o compromiso de que las peticiones serán aprobadas. Se aclara que específicamente las peticiones 1 y 2 del apartado c constituyen peticiones fuera del ámbito de poderes de otros funcionarios que no sea la Junta de Directores de la Corporación y sólo pueden ser aprobadas expresamente por estos últimos.

F) Una vez las partes hayan llegado a un acuerdo, la Corporación se compromete a tramitar prontamente la redacción y aprobación del contrato de arrendamiento del Edificio 15. Petición de certiorari, Apéndice, pág. 2151.

Como vemos, la peticionaria se comprometió a llevar

ante su Junta de Directores los requerimientos de PRFS en CC-2011-0278 5

cuanto a las cláusulas del contrato de arrendamiento que

se proyectaba. Los orígenes del caso de epígrafe se

remontan a esa estipulación. Conforme a lo convenido, PRFS

invirtió dinero para adecuar el “edificio 15” a sus

necesidades operacionales y para adiestrar parte de su

personal en cuanto a los trabajos que allí se estarían

realizando. Además, hizo presentaciones publicitarias a

varias compañías, en y fuera de Puerto Rico para

ofrecerles los servicios de exportación. Sin embargo,

transcurrieron dos años sin que se llegara a un acuerdo

formal con respecto al “edificio 15”. Trascendió que la

Junta de Directores de la peticionaria aprobó un término y

un canon de arrendamiento mayor al que PRFS había

solicitado mediante la estipulación. PRFS no aceptó tales

condiciones, y consecuentemente, el contrato de

arrendamiento no llegó a perfeccionarse.

Así las cosas, la recurrida presentó contra la

peticionaria una demanda de interdicto solicitando el

cumplimiento específico de la estipulación. Empero, el

foro primario la desestimó, ya que entre las partes no

llegó a existir un contrato. No obstante, resolvió lo

anterior sin perjuicio de las causas que PRFS pudiera

presentar por posibles daños y perjuicios.

Ante ese cuadro, PRFS incoó una demanda sobre daños y

perjuicios contra la peticionaria. En lo que es

pertinente al recurso que atendemos, la recurrida apuntó

que tuvo una expectativa razonable de que el contrato de CC-2011-0278 6

arrendamiento del “edificio 15” se perfeccionaría conforme

a las especificaciones consignadas en la estipulación.

Esto, debido a las representaciones y actuaciones de los

agentes y representantes de la peticionaria. Agregó que,

acorde con esas expectativas, invirtió sobre $200,000 para

acondicionar la estructura del edificio a sus necesidades,

así como para poder convertirse en operador de la zona

libre.3 También solicitó, entre otras indemnizaciones, una

compensación ascendente a $7,872,084 por los ingresos que

dejó de percibir dada la pérdida de clientes prospectivos

al no arrendar el edificio 15.4

Celebrado el juicio, el TPI declaró ha lugar las

reclamaciones antes mencionadas. Determinó, como cuestión

de hecho, que durante el periodo de construcción del

“edificio 15” no se le notificó al señor Padilla que se

perfilaba un cambio radical en cuanto a los términos del

contrato de arrendamiento de ese inmueble. Por el

contrario, sostuvo que el Director Ejecutivo de la

peticionaria le creó la expectativa al señor Padilla de

que endosaría las propuestas que se consignaron en la

estipulación. De esta forma, el foro primario encontró a

la peticionaria responsable conforme a la doctrina de

3 Según surge del expediente, PRFS sería la única arrendadora del “edificio 15”, razón por la cual tuvo que atemperar la infraestructura del edificio para que se ajustara a las necesidades de un solo arrendatario. 4 También se presentaron unas acciones por interferencia torticera de contrato, libelo e incumplimiento de contrato de arrendamiento con respecto al “edificio 11”. De estas causas de acción, las primeras dos se declararon no ha lugar. CC-2011-0278 7

culpa in contrahendo y le impuso el pago de $2,879,256.80.

Esta cantidad incluye los ingresos que hubiese generado

PRFS durante el término contractual dispuesto en la

estipulación y los gastos invertidos en las alteraciones

estructurales del “edificio 15”, así como en el desarrollo

y la promoción de la “zona libre”.5 Además, le impuso el

pago de $4,000 en honorarios de abogado por temeridad.

Insatisfecha con el dictamen, la peticionaria acudió

al Tribunal de Apelaciones arguyendo que no actuó de mala

fe durante las negociaciones e imputó error al TPI al

conceder dichas partidas indemnizatorias, en especial, la

referente al lucro cesante.6 El foro intermedio confirmó

5 El TPI valoró los daños económicos relacionados con el “edificio 15” en $3,599,071. Determinó que de esa cantidad, la peticionaria debía pagar el 80%, para un total de $2,879,256.80 (a esa partida le añadió $757.38 relacionados con la causa de incumplimiento contractual respecto al “edificio 11”). Esa distribución del daño surge porque en la demanda, PRFS también solicitó daños económicos por cierto dinero que invirtió en la preparación de un manual para operar la “zona libre”. Acorde con sus alegaciones, las agencias federales pertinentes no aprobaron el manual debido a la negligencia de la peticionaria. Recordemos que en la estipulación el señor Padilla consignó su interés de convertirse en operador de la “zona libre”. Sin embargo, en cuanto a esa reclamación en particular, el TPI entendió que PRFS había incurrido en un 20% de negligencia. Id., págs. 730-731. 6 En específico, la peticionaria señaló que el TPI erró al: 1. no aplicar la doctrina de impedimento colateral por sentencia y permitirle a la demandante apelada litigar nuevamente el contenido de la estipulación y al fallar de manera distinta a lo resuelto mediante sentencia final y firme en un pleito anterior.

2. apreciar y aquilatar la prueba, negarse a desestimar la demanda bajo la Regla 39.2 (c) de las de Procedimiento Civil y al conceder a la corporación demandante $218,481.00 por concepto de gastos incurridos en la consecución de un contrato de arrendamiento, mediando buena fe por parte de la CCE y una partida millonaria en concepto de lucro cesante y/o “ganancias dejadas de percibir” basado en que la Compañía de Comercio y Exportación incurrió en culpa in contrahendo; y

3. conceder intereses pre sentencia y honorarios de abogado sin haber mediado una determinación expresa de temeridad por parte de la Compañía de Comercio y Exportación y a pesar de que esta logró la desestimación de dos de las cuatro causas de acción de CC-2011-0278 8

la determinación del TPI en todos sus aspectos,

sosteniendo así la compensación adjudicada por lucro

cesante. Fundamentó su dictamen en que esa partida estaba

sostenida por la prueba y en que el propósito de la

doctrina de culpa in contrahendo es regresar a las partes

a la situación en que se encontraban antes de comenzar los

tratos fallidos.

No conteste con tal proceder, comparece ante esta

Curia la peticionaria y nos señala que:

1. Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al confirmar la sentencia del Tribunal de Primera Instancia y conceder a la corporación demandante $218,481.00 por concepto de gastos incurridos en la consecución de un contrato de arrendamiento, cuando medió buena fe por parte de la CCE y esta no se retiró de las negociaciones.

2. Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al confirmar la sentencia del Tribunal de Primera Instancia y conceder una suma millonaria para compensar los gastos positivos bajo la doctrina de culpa in contrahendo, suma totalmente improcedente en derecho.

3. Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al confirmar la sentencia del Tribunal de Primera Instancia y conceder intereses pre-sentencia y honorarios de abogado por temeridad.

Por su parte, la recurrida puntualiza que este caso

no puede disponerse únicamente de acuerdo con la doctrina

de culpa in contrahendo. Nos sugiere, entonces, que lo

analicemos en virtud de los Arts. 1802, 1803 y 1059 del

la demandante – apelada por ausencia de prueba bajo la regla 39.2 (c) de las de Procedimiento Civil. Petición de certiorari, pág. 75. CC-2011-0278 9

Código Civil de Puerto Rico, disposiciones que, a su

juicio, justifican la indemnización concedida.7

Ante el marco fáctico que precede, pasamos a exponer

las normas jurídicas que se relacionan con la

controversia.

II

A

Sabemos que mediante un contrato una persona se

obliga a dar una prestación a otra. Una vez constituido,

ese convenio se convierte en la ley entre las partes, cosa

que se traduce en el principio de pacta sunt servanda, o

en otras palabras, en que las partes están comprometidas a

cumplir lo pactado. Véase, BPPR v. Sucn. Talavera, 174

D.P.R. 686 (2008). Por ello, contravenir una obligación

contractual acarrea el pago de alguna indemnización o

quedar sujeto al cumplimiento específico de las cláusulas

pactadas. Véanse: Arts. 1230 y 1054 del Código Civil de

Puerto Rico, 31 L.P.R.A. secs. 3451 y 3018.

Ahora bien, la doctrina reconoce que existen varias

etapas que preceden la perfección de un contrato. Así

pues, se ha dicho que tiene lugar una etapa preliminar

7 El Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico dispone que “[e]l que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. La imprudencia concurrente del perjudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de la indemnización.” 31 L.P.R.A. sec. 5141. Por su parte, el Art. 1803 atiende la responsabilidad de los dueños o directores de un establecimiento por los daños causados por sus dependientes o agentes. 31 L.P.R.A. sec. 5142. El Art. 1059 apunta que “[l]a indemnización de daños y perjuicios comprende no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, salvas las disposiciones contenidas en las secciones siguientes”. 31 L.P.R.A. sec. 3023. CC-2011-0278 10

preparatoria, una de perfección y, finalmente, una

ejecutoria. La primera de estas comprende los tratos o

las negociaciones preliminares, es decir, el proceso

interno de la formación del contrato; la segunda, es

cuando concurren todos los elementos esenciales para la

existencia de este y la tercera se refiere a cuando se

realiza el cumplimiento de la prestación acordada.8 J. M.

Lete Del Río y otros, Derecho de obligaciones, Navarra,

Ed. Thomson Aranzadi, 2010, Vol. 1, pág. 467. En este

caso, nos corresponde estudiar lo pertinente a la etapa

preliminar, y cabe señalar que no han sido pocas las

opiniones que esta ha suscitado, siendo así objeto de

interesantes debates doctrinarios. Examinemos, pues,

dicha normativa.

Hablando sobre los tratos preliminares, Antonio Román

García nos instruye en cuanto a que en el transcurso de

estos

las partes pueden haber coincidido sobre una serie de aspectos y concretar estos acuerdos parciales dándoles incluso forma escrita; son apuntes, minutas, borradores o proyectos que, o bien pueden recoger puntos esenciales del futuro contrato, o derivaciones puramente accidentales, representando, en todo caso, por sí mismos la continuación de la etapa

8 María García Rubio, anotando a G. Faggella, nos expone que durante el periodo de preparación de todo contrato deben distinguirse tres momentos: un primer periodo de elaboración o momento preformativo de la oferta; un segundo periodo de perfeccionamiento o de concreción de la propuesta, y un tercer periodo, que el autor italiano denomina “momento operativo” o de puesta en movimiento de la oferta. M. García Rubio, La responsabilidad precontractual en el derecho español, Madrid, Ed. Tecnos, 1999, pág. 31. (citando a G. Faggella, Dei periodi precontrattuali e della loro vera esatta construzione scientifica, Studi giuridici in onore de Carlo Fadda, 1906, t. III, págs. 271 y sig. CC-2011-0278 11

preparatoria del contrato iniciada con los tratos preliminares que, por otro lado, no provocan generalmente ningún género de naturaleza contractual. (Citas internas omitidas). A. Román García, El precontrato: estudio dogmático y jurisprudencial, Madrid, Ed. Montecorvo, S.A., 1982, págs. 373-374.

Se deduce que durante estas negociaciones que

preceden al contrato, no existen los elementos necesarios

para que pueda nacer la obligación contractual; es decir,

el contrato no está supeditado a la aceptación de una

oferta, puesto que esta aún se encuentra en la etapa de

gestación.9 Lo que ocurre en esta fase son conversaciones

en las que se discute, se proyecta, se observa y se

sugiere, a la par que se perfilan los términos que más

adelante servirán para establecer la base del contrato.

B. Moreno Quesada, La oferta de contrato: génesis del

contrato y responsabilidad antecontractual, Barcelona, Ed.

Nereo, 1963, pág. 16. Otros autores han señalado que este

período comprende simplemente un intercambio de ideas

9 Como paréntesis, es importante puntualizar que la doctrina y la jurisprudencia diferencian la etapa preparatoria de las figuras jurídicas del precontrato y de la oferta. Por un lado, los actos preparatorios de un contrato no pueden confundirse con un precontrato, ya que no producen una verdadera vinculación de naturaleza contractual. Véase, A. Román García, El precontrato: estudio dogmático y jurisprudencial, Editorial Montecorvo, S.A., 1982, págs. 364, 373-374. Véase, también, J. Santos Briz, La contratación privada, Madrid, Ed. Montecorvo, 1966, pág. 100. El precontrato es considerado como un contrato independiente con su propia identidad y significación. Román García, op cit., pág. 94. Véanse además: Jordan v. Padró, 103 D.P.R. 813 (1975); Rossy v. Tribunal, 80 D.P.R. 729 (1958). Por otra parte, la oferta de contrato no es de modo alguno un acto preparatorio de contrato ya que esta es en sí misma una declaración contractual. E. A. Sánchez Urite, La oferta de contrato, fuerza vinculante, Argentina, Ed. Abeledo-Perrot, 1975, Sec. 11, pág. 33. La oferta debe reunir todos los elementos necesarios para que se pueda perfeccionar el contrato, de manera que la prestación del consentimiento sea suficiente para que este nazca a la vida jurídica. La importancia de dicha diferenciación reside en el tratamiento que recibe la responsabilidad que surge de acuerdo con la manera como las partes actúen durante cada una esas etapas. Se deduce, que no todas reciben un trato unívoco. CC-2011-0278 12

destinado a llegar, con el tiempo, a la formulación de la

oferta de contrato, pero que no es obligatorio, ni la

parte que formule las ideas esta forzada a permanecer en

ellas. E. A. Sánchez Urite, La oferta de contrato: fuerza

vinculante, Argentina, Ed. Abeledo-Perrot S.A., 1975, Sec.

219, pág. 108. Como bien nos resume Luis Díez-Picazo,

[e]stas conversaciones, proyectos o minutas no constituyen per se ningún acto jurídico en sentido estricto, pues de ellos no se derivan efectos jurídicos de manera inmediata. No puede decirse que entre las partes se cree una relación jurídica originada por la voluntad de iniciar los tratos o las conversaciones. Sin embargo, tampoco puede decirse que los tratos o conversaciones sean en sí mismos irrelevantes.

L. Díez-Picazo y otros, Fundamentos del derecho civil patrimonial, 6ta ed., Pamplona, Ed. Thomson Civitas, 2007, Vol. 1, pág. 311.

Ciertamente, las partes realizan tratos preliminares

para perfeccionar un contrato y cabe destacar, que en

aquellos que son de gran importancia económica o de cierta

complejidad, es frecuente que antes de que se produzca el

concurso contractual, tengan lugar tales intercambios de

ideas. Véase L. Díez-Picazo, Sistema de derecho civil,

6ta ed. rev., Madrid, Ed. Tecnos, 1989, págs. 68-69.

No obstante, es un principio cardinal en el

ordenamiento jurídico puertorriqueño que nadie está

obligado a contratar. Colón v. Glamorous Nails, 167

D.P.R. 33, 44 (2006).10 Véase, también, Prods. Tommy Muñiz

v. COPAN, 113 D.P.R. 517, 526 (1982). Es decir, las

10 Citando a J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosh, 1978, T. II, Vol. I, pág. 226. CC-2011-0278 13

partes no están obligadas a proseguir con las

negociaciones hasta perfeccionar el contrato, sino que

pueden retirarse de estas acorde a sus mejores intereses.

Íd. Esa conclusión es ineludible ya que el hecho de que

no se concrete el convenio es, por la misma naturaleza de

los tratos preliminares, uno de sus posibles desenlaces.

Dicho de otra manera, se intenta un resultado que en

ocasiones, puede que no llegue a ocurrir. Moreno Quesada,

op. cit. pág. 54. Véase, también; Román García, op. cit.

pág. 365. Así pues, entrar en una relación contractual se

entiende como un ejercicio de la voluntad propia. Véanse:

Arts. 1206 y 1213 del Código Civil de Puerto Rico, 31

L.P.R.A. secs. 3371 y 3391.

B

Conforme hemos discutido, es una prerrogativa de las

partes desistir de los tratos precontractuales. No

obstante, se ha reiterado que el ejercicio de un derecho

no está exento de responsabilidad si se ejercita de forma

abusiva. Tommy Muñiz v. COPAN, supra, pág. 528. Esto

significa que existen límites en cuanto a la manera de

retraerse de las negociaciones durante los tratos

preliminares.11 Véase Lete Del Río, op cit., pág. 468.

11 Luis Díez-Picazo entiende que

“[l]a posibilidad de retirarse de los tratos o abandonar unas negociaciones no constituye un derecho subjetivo en sentido técnico, del que se pueda abusar por ejercitarlo de forma extralimitada. No es más que un reflejo de la libertad, específicamente de la libertad contractual.” L. Díez-Picazo y otros, Fundamentos del derecho civil patrimonial, 6ta ed., Pamplona, Ed. Thomson Civitas, 2007, pág. 319. CC-2011-0278 14

Esta Curia se enfrentó a esa situación por primera

vez en el caso Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, supra. Allí,

luego de que las partes estuvieran negociando por un lapso

de tiempo sin que se hubiese otorgado un contrato, el Sr.

Tommy Muñiz demandó a COPAN para que cumpliera con la

adjudicación de una subasta. Ante ello, el foro de

instancia resolvió que la parte demandada estaba obligada

a resarcir únicamente los perjuicios causados y los gastos

en que el demandante hubiese incurrido durante las

negociaciones. Al revisar el dictamen, por no existir en

nuestro derecho positivo una figura jurídica que atendiera

directamente esa controversia, examinamos entonces la

doctrina de la culpa in contrahendo, expuesta en sus

orígenes por el autor alemán R. Von Inhering.12

Luego de estudiar el asunto, expusimos que las partes

tienen pleno derecho a decidir si se obligarán

contractualmente. Sin pasar por alto lo antes mencionado,

dictaminamos que durante la fase precontractual es

imperativo que estas actúen conforme a la buena fe.13 Íd.,

págs. 526-527. Señalamos, en palabras del tratadista

12 Véanse las anotaciones históricas de M. García Rubio, La responsabilidad precontractual en el Derecho español, Madrid, Ed. Tecnos, 1996, pág. 27. 13 Como nos ilustra María García Rubio, esta buena fe precontractual depende en parte de la naturaleza de la relación jurídica y la finalidad perseguida por las partes a través de ella. García Rubio, op. cit., pág. 43. Nos dice esta autora que entre los deberes típicos de la fase precontractual se encuentra el deber de información, y de lealtad y de protección. Id. Añade, que no es menester asegurar que la totalidad de los deberes mencionados aparezcan de manera conjunta en todos los supuestos de culpa in contrahendo, sino que cada uno de ellos suele ser característico de una determinada hipótesis de responsabilidad precontractual, aunque a veces esta responsabilidad puede configurar la violación de varios deberes. Id. CC-2011-0278 15

español Díez-Picazo, que dicho deber “no impera solamente

en las relaciones jurídicas ya establecidas o

constituidas, sino también en las relaciones derivadas de

un simple contacto social.” Prods. Tommy Muñiz v. COPAN,

supra, pág. 527.14

Si bien en el caso precitado aplicamos la doctrina de

la culpa in contrahendo cuando una parte obra contrario a

la buena fe, y negligentemente, causa un daño a otro, no

pasó desapercibida la dificultad de definir la categoría

jurídica de esta doctrina. En ese sentido, dijimos que:

…la amplia gama de supuestos sobre los cuales puede asentarse la responsabilidad precontractual hace necesario que en el análisis del problema se considere qué figura jurídica -culpa, dolo, fraude, buena fe, abuso del derecho u otros principios generales del derecho- responde más adecuadamente como fundamento jurídico para la solución del caso. Esto ya que las negociaciones que anteceden al contrato pueden ser de variada índole, y por tanto, la responsabilidad precontractual puede surgir en diferentes supuestos. Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, supra, págs. 529-530.

Como vemos, a partir de Prods. Tommy Muñiz v. COPAN,

supra, no cabe duda que la referida doctrina tiene cabida

en el ordenamiento jurídico puertorriqueño; no actuar en

concordancia con lo que exige la buena fe requerida en el

periodo precontractual apareja incurrir en la

14 Ya desde principios del siglo pasado G. Faggella había estimado que desde este primer periodo preparatorio era posible la responsabilidad precontractual. Según su criterio, en ese lapso de tiempo existe entre las partes una autorización tácita a tratar que, a pesar de que no puede considerarse un contrato en sí, genera la confianza de que se perseverará hasta un acuerdo final o hasta que se derive que el convenio no es posible. Esto significa que la ruptura de los tratos preliminares, en caso de retirada intempestiva, genera la obligación de resarcimiento por los gastos efectuados por la otra parte. Rubio García, op. cit., pág. 32. CC-2011-0278 16

responsabilidad que se deriva de la llamada culpa in

contrahendo. Empero, en aquella ocasión no abordamos la

normativa que concierne a la compensación que debe

otorgarse en una causa de esa naturaleza. En cuanto a esa

materia, gran parte del debate doctrinario gira en torno a

la catalogación que se le confiere a la culpa in

contrahendo, es decir, el carácter contractual,

extracontractual o sui generis de la doctrina. Mientras,

otros autores restan importancia a tal clasificación.

Entienden que la médula del asunto radica en la

indemnización que haya de otorgarse.15

Por nuestra parte, en Torres v. García, 119 D.P.R.

698, 703 (1987), resolvimos una controversia al amparo de

la doctrina de culpa in contrahendo, y acogiendo la tesis

de B. Moreno Quesada16, mencionamos que esa responsabilidad

se encontraba inmersa en el Art. 1802 del Código Civil de

Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5141, dado a que en ese

artículo se recogen, entre otros, los casos de perjuicios

causados por el ejercicio abusivo de los derechos. Años

después, en Colón v. Glamorous Nails, supra, enunciamos

que el deber de actuar conforme a la buena fe durante los

tratos preliminares no se refiere a la obligación de

15 José Manuel Lete Del Río señala que lo más acertado es la atención al caso concreto y la huida de calificaciones apriorísticas (contractuales o extracontractuales) que, según dice, no sirven para resolver los problemas prácticos planteados por las negociaciones frustradas o el contrato viciado. J.M. Lette Del Río, Derecho de obligaciones, Navarra, Ed. Thomson Aranzadi, 2010, Vol. 1, págs. 490- 491. 16 B. Moreno Quesada, La oferta del contrato, Barcelona, Colección Nereo, 1963, pág. 46. CC-2011-0278 17

diligencia genérica y erga omnes impuesta por el Art.

1802, supra. Más bien, proferimos que la culpa in

contrahendo

[e]s una obligación hacia una persona determinada, que surge en aquel momento en el curso de las negociaciones en el cual el ejercicio del derecho de una parte a retirarse, corolario del principio de la autonomía de la voluntad, activa la protección de la confianza depositada por la otra y resulta contrario al principio inmanente de la buena fe. La realidad es que, al igual que otros supuestos de responsabilidad que nacen por aplicación de los principios derivados de la buena fe, la culpa in contrahendo carece de regulación propia. Por eso, aunque la hemos ubicado, por analogía, bajo la égida del Art. 1802 de Código Civil, supra, estamos obligados a continuar colmando, caso a caso, los vacíos normativos subsistentes, en aquellos aspectos que no son del todo compatibles con los elementos típicos de la responsabilidad extracontractual. (Citas omitidas). Colón v. Glamorous Nails, supra, pág. 55.

Parte del asunto referente a la indemnización que

debe concederse lo intimamos en ese mismo caso, al

dilucidar si procedía conceder a la demandante una

compensación por los daños emocionales según esa causa.

Esgrimimos, citando a Asúa González y a Ghersi, que

[l]a indemnización por culpa in contrahendo es pues, reparativa, basada en el principio de que quien vulnera la confianza depositada por otro, debe devolver a esa persona al estado en que estaría si no se hubiesen dado las circunstancias que dan lugar a la reparación. Se cuida mucho la doctrina de permitir que a través de la indemnización la parte agraviada obtenga las ventajas económicas que hubiera representado llevar a feliz término el proceso de negociación (interés positivo). En vez, el objetivo es “colocar al perjudicado como si no hubiese emprendido los contactos negociales.” (Citas omitidas) Colón v. Glamorous Nails, supra pág. 57. CC-2011-0278 18

De esta manera, dictaminamos que el deber de

indemnizar por el rompimiento culposo de los tratos

preliminares, alcanza de ordinario, tan solo el llamado

“interés negativo”, es decir, la reparación de los gastos

sufridos y las pérdidas patrimoniales17 derivadas del

proceder arbitrario de la parte culpable.18 Id., pág. 58.

Conforme a ese análisis, rechazamos el argumento de que

procedían compensaciones morales en tales casos.

Los fundamentos que delimitan la indemnización que se

debe conceder en casos de culpa in contrahendo son: (1)

que la responsabilidad de actuar conforme a la buena fe

surge como “hija de la equidad”, para sancionar el

quebrantamiento de la confianza, y ,(2) de fuerte política

17 En cuanto a los gastos incurridos en las negociaciones, Moreno Quesada opina que:

“Resulta de suma importancia la determinación en cada caso de si efectivamente los gastos, estudios, y en general, las actividades que constituyen el contenido propio de las negociaciones previas, están justificados por la aprobación de la otra parte, que ha podido intervenir directamente tomando la iniciativa al encargar su realización, o bien de un modo menos directo, asintiendo a los que va a realizar la otra parte. Y decimos que es de interés fijar con claridad este extremo, porque precisamente uno de los presupuestos de la exigencia de responsabilidad preliminar, es que los incursos en ella hubiesen alentado el comienzo o la continuación de los gastos que van a hacerla nacer, creando en las personas que los realizan un estado de ánimo de confianza en la trascendencia de las negociaciones y la fundada esperanza de que por su transcurso obtendrá unos resultados con los que compensar los desembolsos o actividades que realice, o que si el éxito no las corona se deberá a la imposibilidad de llegar a unos acuerdos dada la incompatibilidad de las posturas de las partes negociadoras.” Moreno Quesada, op. cit., pág. 47.

18 Cabe destacar que como contraparte al interés negativo, existe también el interés positivo, que es el llamado interés de cumplimiento o interés de la ejecución de un contrato. El interés negativo está determinado por la falta de validez o por la frustración del contrato, también llamado interés de confianza. Díez-Picazo, Fundamentos de derecho civil patrimonial, op. cit, pág. 325. CC-2011-0278 19

pública que existe a favor del tráfico jurídico y la

libertad de contratación. En cuanto a esto último, fuimos

enfáticos en establecer la necesidad de sujetar el alcance

de esa responsabilidad a consideraciones de política

pública que usualmente no están presentes en la

determinación de responsabilidad extracontractual. Es por

eso que reiteramos que la doctrina de la culpa in

contrahendo debe aplicarse solo restrictivamente. Colón

v. Glamorous Nails, supra, pág. 47. Torres v. García,

supra, pág. 710. Nos señala Luis Díez-Picazo, anotando a

De Lupis, que “si se estableciera un régimen general de

responsabilidad, se impondría a las partes tal cautela y

circunspección que se obstaculizaría energéticamente la

vida del tráfico.” Díez-Picazo, Sistema de derecho civil,

op. cit., págs. 68-69.

Si bien expusimos las instancias en que hemos

aplicado la doctrina de culpa in contrahendo, la anterior

reseña no dispone de la controversia que nos ocupa. Como

ya adelantamos, debemos justipreciar si en el ordenamiento

jurídico puertorriqueño procede compensar el lucro cesante

de acuerdo con los fundamentos de la doctrina en

discusión. La peticionaria arguye la negativa, por cuanto

en Colón v. Glamorous Nails, supra, resolvimos que la

compensación incluiría únicamente el llamado “interés

negativo”. Nos corresponde, pues, delimitar el alcance de

dicho interés. De entrada, destacamos que la doctrina se

encuentra dividida respecto a ese particular. Por un CC-2011-0278 20

lado, algunos juristas opinan que las ganancias dejadas de

percibir, deben comprenderse dentro del llamado interés

negativo, mientras otros opinan lo contrario. Procedamos

a escrutar este asunto, definiendo primeramente el

concepto lucro cesante y, luego, elucidando si ese tipo de

compensación es cónsona con la doctrina en discusión.

C

El Art. 1059 del Código Civil de Puerto Rico, 31

L.P.R.A. sec. 3023, que trata sobre la naturaleza y el

contenido de las obligaciones, regula el deber de resarcir

a una persona por las ganancias que dejó de percibir.

Esta disposición preceptúa que “[l]a indemnización de

daños y perjuicios comprende no solo el valor de la

pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia

que haya dejado de obtener el acreedor …”. Por su

ubicación en el Código, este tipo de reparación es

exigible en caso de incumplimientos contractuales o

extracontractuales. Véase A. Borrell Macia,

Responsabilidades derivadas de culpa extracontractual

civil, Estudio del artículo 1902 del Código Civil y breves

comentarios sobre los artículos 1903 y 1910 del propio

Cuerpo legal, Barcelona, Ed. Bosh, 1958, Sec. 38, págs.

81-83.

En nuestra jurisprudencia, hemos descrito a la

compensación por lucro cesante como aquella partida de

daño que debe resarcirse por razón de la pérdida de

ingresos infligida al perjudicado y la correspondiente CC-2011-0278 21

disminución de su capacidad productiva. S.L.G. Rodríguez

v. Nationwide, 156 D.P.R. 614, 623-624 (2002). Más

específicamente, es una ganancia futura frustrada que con

cierta probabilidad era de esperarse según el curso

natural de los acontecimientos. Id.19 Y en relación con el

presente caso, conviene anotar los apuntes del tratadista

Manuel Albaladejo, en cuanto a que también constituye

lucro cesante, los contratos frustrados que se hayan hecho

con terceros o que se pudieran haber realizado de no haber

mediado el incumplimiento del deudor. M. Albaladejo y

otros, Comentarios al Código Civil y compilaciones

forales, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, (1989), T. XV, V.

1, pág. 687.

Ahora bien, existen ocasiones en las cuales será

improcedente esta partida. Una de estas es cuando la

misma resulta especulativa o no se puede demostrar su

correlación con el acto dañoso. S.L.G. Rodríguez v.

Nationwide, supra. Por otro lado, en ocasión de referirse

a las situaciones en que ha mediado un incumplimiento

contractual, Albaladejo nos indica que

[t]ambién esta justificado el rechazo cuando el acreedor ha solicitado por vía resolutoria la indemnización de los gastos de confianza contractual (interés negativo) y, cumulativamente, a la ganancia frustrada por incumplimiento. Albaladejo, op cit., pág. 686.

19 Téngase presente que para poder obtener esta compensación, es necesario que el reclamante establezca que las actuaciones del demandado ocasionaron la interrupción y el cese de sus ingresos. S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, 156 D.P.R. 614, 624 (2002). CC-2011-0278 22

Relacionado con lo anterior, y discutiendo el Art.

1.124 del Código Civil de España -análogo al Art. 1077 de

nuestra legislación civil,20 que regula el derecho a

resolver las obligaciones recíprocas- Díez-Picazo nos

ilustra que el lucro cesante no debe proceder cuando una

parte solicita que se resuelva un contrato. Razona que

la propia definición de “lucro cesante” implica que el

acreedor se quiere colocar en la misma situación

patrimonial que si el contrato hubiese llegado a buen

término, cosa que no guarda armonía con la resolución.

Díez-Picazo, Sistema de derecho civil, op. cit., pág.

271. Una vez definido el lucro cesante y algunas de

las instancias en que este no procede, pasemos a

determinar si el “interés negativo” engloba su recobro.

Para ello, debemos repasar los orígenes de ese interés,

cometido en el que nos ayudan los apuntes de la profesora

María García Rubio. Veamos.

Nos recuerda esta autora que R. Von Inhering, al

exponer su tesis en cuanto a la culpa in contrahendo, se

enfocó en el hecho de que si una parte ocasionaba la

nulidad de un contrato, por haber incurrido en esa culpa,

respondía frente a la otra por el daño causado debido a la

anulación. García Rubio, op cit., pág. 27. Nos continúa

20 El art. 1077 dispone en parte que “[l]a facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.” 31 L.P.R.A. sec. 3052. CC-2011-0278 23

relatando que el “culpable” no habría de responder con el

equivalente de la prestación prometida ya que de un

contrato nulo no podría surgir la obligación de cumplir.

Anota que, según los postulados del tratadista alemán, el

“culpable”

… estar[ía] obligado a poner a la otra parte en la misma situación patrimonial en que se encontraría si no hubiese estipulado el negocio; esto último sería el interés negativo, o interés en la no conclusión del contrato por oposición a aquello, que sería el interés positivo o interés en el mantenimiento o ejecución de la obligación, existiendo correspondencia entre lo primero y la invalidez del negocio, y lo segundo y su validez. El interés negativo, que en determinadas ocasiones podría alcanzar el montante del interés positivo, vendría conformado tanto por pérdidas efectivas, como por falta de ganancias; entre las primeras estarían los gastos realizados en preparación y ejecución del contrato nulo (v. gr., gastos de embalaje, expedición, etc.); entre las segundas habría de computarse, sobre todo, la pérdida de otras ocasiones favorables de contratar. Id., pág. 28.

Para el tratadista alemán Von Ihering, dentro de la

falta de ganancias debían computarse los daños derivados

por el rechazo de otras ocasiones en que se hubiese podido

concluir el contrato, así como el hecho de haber dejado de

buscar en tiempo útil esas posibles oportunidades. Id.,

pág. 231.

Es de notar que el precursor de la doctrina de la

culpa in contrahendo estimó que la pérdida de ganancias

figuraba como parte del interés negativo. En nuestro

tiempo, hay también quienes piensan de manera similar.

Algunos autores opinan que se debe calcular como parte

integral de dicho interés tanto los gastos inútilmente CC-2011-0278 24

realizados o, más propiamente, el daño emergente,21 así

como la frustración de ganancias. García Rubio, op cit.,

pág. 232. Véase, también, Lete del Río, op. cit., pág.

491. Para otros, el daño resarcible es todo aquel que se

derive de la relación de causalidad. García Rubio, op.

cit., págs. 235-236.

Por su parte, Bernardo Moreno Quesada rechaza la idea

de resarcir todos los daños derivados de la falta de

ejecución del contrato que se esperaba formar. Concibe,

que de ningún modo puede llevarse a ese extremo la cuantía

de la indemnización. Moreno Quesada, op. cit., pág. 56.

Continúa exponiendo este autor, que esto será exigible

solo cuando se trate de un supuesto de responsabilidad

contractual, caso distinto al que tiene lugar durante los

tratos preliminares.

Así también, y contrario a lo que opinaba Von

Inhering, el jurista italiano G. Fagella rechazó el

concepto de interés negativo, según definido por el

primero, aún en casos en que existiera una oferta. García

Rubio, op cit. pág. 32. Fagella razonó, que el montante

resarcible es el valor de la oferta con relación a la

formación del contrato y los daños y gastos con los que el

destinatario había contribuido a la elaboración de los

tratos y de la propia oferta, sin que en estos últimos se

21 Según nos expone María García Rubio, los daños emergentes son los gastos derivados del desarrollo de los tratos truncados, como viajes, asistencia legal e inversiones efectuadas con vista a exigir o recibir la prestación frustrada, tales como obras de acondicionamiento, entre otras. García Rubio, op. cit., pág. 233. CC-2011-0278 25

incluyeran los gastos derivados de la reparación de las

ocasiones contractuales perdidas.

Por otra parte, Luis Díez-Picazo interpreta que,

aunque la ruptura de las negociaciones no presente una

causa justificada, no son resarcibles los gastos que se

han llamado “especulativos” o que constituyen un riesgo

implícito de todo negocio. Por el contrario, serían

resarcibles los gastos que de todas formas habría que

realizar para iniciar las negociaciones. Díez-Picazo,

Fundamentos de derecho civil patrimonial, op. cit., pág.

324. En cuanto a la inclusión del lucro cesante en el

interés negativo, nos dice que

[l]a doctrina es por lo general pacífica en el sentido de que el daño resarcible en los supuestos de responsabilidad precontractual se limita al interés negativo, que comprende, cuando se dan los supuestos más arriba señalados, el rembolso de los gastos proyectados en contemplación del contrato proyectado. Se ha discutido si el interés negativo comprende también el lucro cesante o las ventajas que la parte perjudicada hubiera podido obtener por haber perdido otro negocio. En la jurisprudencia italiana parece existir alguna línea favorable a la inclusión de este lucro cesante, pero, con mejores argumentos, se ha sostenido a nuestro juicio la solución contraria. En los casos de ruptura de negociaciones, la existencia de una ocasión más provechosa o ventajosa es un motivo justo de retirada, y si la parte no lo aprovechó, solo a ella le es imputable. La situación parece distinta en los casos de responsabilidad precontractual por nulidad de contrato, donde la parte que ha violado los deberes de buena fe, se encuentra obligada al resarcimiento de la pérdida de la ocasión mas ventajosa para quien concluyó el contrato fundado en la confianza de la validez del mismo. Díez-Picazo, op. cit., pág. 325. CC-2011-0278 26

Si bien vimos que el Profesor Díez-Picazo se ha

inclinado a no incluir las pérdidas de otras oportunidades

de contratar, según nos explica M.P. García Rubio

“recientemente ha matizado su postura”. Estudio Doctrinal:

La Responsabilidad precontractual en la propuesta de

modernización del derecho de obligaciones y contratos. LXV

Boletín del Ministerio de Justicia Núm. 2130 (2011), n. 21.

Disponible en www.mjusticia.es/bmj.22

III

Luego de exponer el tratamiento jurisprudencial y

doctrinal que ha tenido la doctrina de culpa in

contrahendo, así como la compensación que de ella se

deriva, procedamos a resolver la médula del asunto ante

nuestra consideración, esto es, si dentro de la

indemnización que se ha denominado como “interés negativo”

procede incluir una partida correspondiente a la pérdida

de ganancias o lucro cesante. En palabras de Bernardo

Moreno Quesada, nos corresponde, en nuestra función

adjudicadora, “fijar la extensión de los daños

indemnizables …”. Moreno Quesada, op cit. pág. 58.

En el presente caso PRFS presentó una demanda contra

la peticionaria y le requirió el pago de ciertas partidas,

entre las cuales incluyó una por lucro cesante. Esos

daños, correctamente, fueron atendidos por los foros

22 La autora, citando a L. Díez-Picazo, La existencia del contrato, AAMN, núm. 39., pág. 190 (2009), nos indica que este autor “afirma que aunque se trate de una cuestión discutida y no bien resuelta, ha de entenderse que como consecuencia de la negociación emprendida, hubiera perdido otra ocasión mas ventajosa de contratar”. CC-2011-0278 27

inferiores bajo la doctrina de culpa in contrahendo. Es

claro que la estipulación que suscribieron las partes de

epígrafe no podía catalogarse como un precontrato, una

oferta ni un contrato de arrendamiento, puesto que aludía

a que se arrendaría el “edificio 15” “siempre y cuando las

partes lleg[aran] a un acuerdo respecto a los asuntos que

esta[ban] negociando”.23

En este punto hacemos referencia a lo que señala una

de las Opiniones disidentes. Específicamente, se menciona

que el contrato de arrendamiento constituía una condición

suspensiva de la estipulación que suscribieron las partes

para transar el pleito que tenían ante el TPI. Es claro

que esa estipulación es un contrato de transacción. Sobre

ello no hay duda ni controversia alguna. En ese contrato

de transacción la negociación del contrato de

arrendamiento del “edificio 15” figuró como parte de las

condiciones por las cuales los litigantes desistieron sin

perjuicio del caso que se ventilaba ante el TPI. Una de

las cláusulas de esa estipulación fue que “la parte co-

demandada, ahora Corporación para el Desarrollo de las

Exportaciones le arrendar[ía] al demandante el edificio

número 15 del Centro Mercantil Internacional (…) siempre y

cuando las partes lleg[aran] a un acuerdo en los asuntos

que esta[ban] negociando ….”. (Énfasis suplido) Véase

“Moción de desistimiento por estipulación de las partes”,

Apéndice de la petición de certiorari, pág. 2151. La

23 Véase, Moción de desistimiento por estipulación de las partes, Petición de certiorari, pág. 2151. CC-2011-0278 28

mencionada cláusula contractual se ejecutó cuando las

partes comenzaron las negociaciones a los fines de llegar

a un acuerdo respecto al arrendamiento de ese inmueble.

Luego de esto, las partes comenzaron a negociar ese

contrato de arrendamiento del “edificio 15”. El punto

neurálgico de la referida Opinión disidente es que no

cataloga ese contrato de arrendamiento como un contrato

independiente al contrato de transacción. Si bien la

negociación del contrato de arrendamiento del “edificio

15” figuró como parte de las cláusulas y condiciones del

contrato de transacción, lo cierto es que las partes

comenzaron a negociar un contrato de arrendamiento

independiente y con vida propia. Es debido a los hechos

que ocurrieron durante la negociación de ese contrato de

arrendamiento que PRFS acudió al TPI en busca de un

remedio. Todo lo anterior denota que las partes se

encontraban aún dentro de las negociaciones pertinentes a

formalizar un posterior acuerdo contractual, que no

existía hasta ese momento.

Tanto el foro de instancia como el apelativo

entendieron que las actuaciones de la peticionaria no

fueron compatibles con la buena fe durante esos tratos

preliminares, habida cuenta que, le creó a PRFS

expectativas de que el contrato se perfeccionaría conforme

a lo que esa parte solicitó en la estipulación. Razonaron

ambos tribunales que en vista de ello, la peticionaria CC-2011-0278 29

estaba obligada a resarcir a la recurrida todos los gastos

relacionados con esas negociaciones, así como las

ganancias que hubiese percibido esta última de haberse

perfeccionado el contrato por el tiempo dispuesto en la

estipulación, es decir, 10 años. Como mencionamos antes,

le ordenamos a PRFS a que mostrara causa por la cual no

debíamos revocar parcialmente la sentencia del foro

intermedio, específicamente, en cuanto a la partida que

concedió por concepto de lucro cesante. Para resolver

este cuestionamiento, debemos tener presente que en este

tipo de casos, por imperativos de política pública, hay

que considerar ciertas limitaciones al determinar la

reparación que le corresponderá resarcir al “culpable”.

Ya dictaminamos en Colón v. Glamorous Nails, supra,

que la responsabilidad dimanante de la culpa in

contrahendo no es idéntica a la que surge del Art. 1802

del Código Civil, supra. Por eso, allí mencionamos la

necesidad de llenar los vacíos normativos que refleje cada

caso particular en aquello en que no sea compatible con

los elementos típicos de la responsabilidad

extracontractual. Una de esas incompatibilidades es que

la culpa in contrahendo está sujeta a consideraciones de

política pública que usualmente se encuentran ausentes en

casos dilucidados según ese otro género de

responsabilidad. Una de estas consideraciones es no

coartar la libertad de contratación ni el tráfico

jurídico. CC-2011-0278 30

Debido a lo anterior, resolvemos que el lucro cesante

no es una partida que deba incluirse dentro del “interés

negativo” que se compensa en Puerto Rico a la luz de la

doctrina de culpa in contrahendo. La recurrida reclamó

las ganancias que dejó de percibir por los contratos que

hubiera podido otorgar con las compañías a las que le

ofreció sus servicios de exportación. Si bien un sector de

la doctrina reconoce que pueden figurar como parte de las

ganancias perdidas los futuros contratos que no pudieron

efectuarse como consecuencia de un acto dañoso, es un

hecho indiscutible que la peticionaria tenía la facultad

de decidir no arrendarle el “edificio 15” a PRFS. En lo

que la peticionaria falló fue en actuar contrario a la

buena fe durante las negociaciones, pero de todas maneras,

no tenía la obligación de entrar en esa relación jurídica

si así no lo entendía conveniente. Creemos que resolver

lo contrario iría en detrimento del tráfico jurídico que

debemos proteger.

Abona a la conclusión anterior el hecho de que en

controversias resueltas al amparo de la doctrina en

discusión, no procedería compensar daños que, al

evaluarlos más detenidamente, podrían surgir como causa

del incumplimiento del contrato en sí. Tal es el caso de

la partida que aquí se reclama. La medida de reparación

en casos de culpa in contrahendo no puede alcanzar lo que

significaría el cumplimiento del contrato, ya que durante CC-2011-0278 31

los tratos preliminares, las partes tienen la perfecta

prerrogativa de no obligarse.

Conceder en estos casos una compensación de esta

naturaleza implicaría anticipar un resultado incierto, es

decir, la perfección del contrato, revistiendo así al

lucro cesante con un manto de especulación, cosa que

limita la procedencia del lucro cesante en las acciones

donde ya se estima procedente, como es el caso de las

acciones incoadas al amparo del Art. 1802 del Código

Civil, supra. En este caso no es la dificultad probatoria

lo que nos mueve a no otorgarle a PRFS una compensación

por los ingresos que hubiese obtenido de haberse

perfeccionado el contrato de arrendamiento, cosa que

reclamó en su demanda. Lo que sucede es que PRFS iba a

obtener esos beneficios económicos una vez se

perfeccionara el contrato que tenía previsto con la

peticionaria. Y ya hemos visto que los beneficios que se

hubiesen obtenido de ese contrato no son partidas a

compensarse en una reclamación que se insta bajo la

doctrina de culpa in contrahendo.

Durante los tratos preliminares el hecho de la

perfección del contrato es un resultado que puede que no

ocurra, independientemente de la forma en que actúen las

partes. Claro está, quien se comporte de mala fe estará

obligado a reparar al perjudicado por los gastos

espontáneos en que incurrió durante la negociación, esto

es, aquellos que nada tienen que ver con la fase CC-2011-0278 32

ejecutoria del contrato, de manera que ubique a la parte

que aspiró contratar y no pudo, en la situación en que se

hubiese encontrado de no haber emprendido las

negociaciones. En esto, no podemos perder de perspectiva

que cuando estamos frente a un caso en el cual las

negociaciones no han trascendido la etapa preliminar según

la hemos descrito, esa situación es distinta a aquella en

que se encuentra una persona que ya recibió una oferta,

firmó un precontrato o ya contrató. Estas últimas

instancias, por su propia naturaleza, presentan escenarios

completamente distintos a los que se suscitan durante los

tratos preparatorios. En la etapa precontractual, en la

que no existe ningún género de obligación ni se ha emitido

una oferta formal, las partes poseen la expectativa de

llegar a un acuerdo, no obstante, también conocen que aún

ostentan la facultad de retirarse.

Sin abstraernos de que las partes tienen un deber de

actuar conforme a la buena fe durante el periodo

precontractual, nos hacemos eco de las palabras del

ilustre tratadista José María Manresa24, en cuanto a que no

serán resarcibles los daños y perjuicios causados

ejercitando un derecho, pues, “el que usa de su derecho a

nadie ofende”. J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al

Código Civil Español 6ta. ed. rev., Madrid, Ed. Reus,

S.A., 1973, pág. 852. La Opinión disidente del Juez

Asociado Estrella Martínez señala que “[n]o es correcto

24 En sus comentarios al Art. 1.902 del Código Civil Español, análogo al Art. 1802 del nuestro, supra. CC-2011-0278 33

expresar que en la etapa precontractual no existe ningún

género de responsabilidad.” Opinión disidente del Juez

Asociado Estrella Martínez, pág. 16. Aclaramos que como

bien enunciamos, el hecho de que las partes puedan

retirarse de las negociaciones no implica que ello pueda

hacerse de manera abusiva y en violación de los postulados

que emanan de la doctrina de la buena fe.

Así, pues, resolvemos que en causas de daños y

perjuicios que se insten bajo la doctrina de

responsabilidad por culpa in contrahendo, la medida de

resarcimiento no puede comprender las ganancias que se

hubiesen generado de haberse perfeccionado el contrato que

se negociaba durante los tratos preliminares.

IV

Por entender que la compensación por concepto de

lucro cesante es disonante con el derecho de libertad

contractual y con los principios de política pública que

favorecen el tráfico jurídico, resolvemos que el Tribunal

de Apelaciones erró al confirmar al TPI en cuanto a esta

partida en particular. Por lo tanto, modificamos la

sentencia apelada para eliminar de la partida de daños que

debe pagar la peticionaria lo adjudicado por lucro

cesante.

Se dicta sentencia de conformidad.

Edgardo Rivera García Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Puerto Rico Freight System, Inc., representada por su Presidente, Miguel Padilla Certiorari Recurrido CC- v.

Corporación para el Desarrollo CC-2011-0278 de las Exportaciones de Puerto Rico, t/c/c Promoexport, representada por su Director Ejecutivo, Antonio Sosa Pascual; John Doe #1 y John Doe #2 Peticionarios

SENTENCIA

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca parcialmente la Sentencia recurrida. Por un lado, se confirma la determinación del foro apelativo intermedio en cuanto resolvió que la Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones de Puerto Puerto Rico incurrió en culpa in contrahendo durante las negociaciones que mantuvo con Puerto Rico Freight System Inc. (PRFS), conducentes a perfeccionar el contrato de arrendamiento del “edificio 15”. Por otro lado, se revoca aquella parte del dictamen que concedió a favor de PRFS una compensación por concepto de lucro cesante. A tenor con los principios que anteceden y ante los hechos del caso de autos, una partida compensatoria de esta naturaleza es improcedente.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitió Opinión Disidente a la cual se unió el Juez Presidente señor Hernández Denton. A su vez el Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió Opinión Disidente.

Aida I. Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Puerto Rico Freight System, Inc., representada por su Presidente, Miguel Padilla

Recurrida

v. CC-2011-0278 Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones de Puerto Rico, t/c/c Promoexport, representada por su Director Ejecutivo, Antonio Sosa Pascual; John Doe #1 y John Doe #2

Peticionaria

Opinión disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez a la que se une el Juez Presidente señor Hernández Denton

San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 2012

[Los Códigos de Derecho Civil] están ordenados dentro de un sistema de instituciones de derecho, que no permite aislar una sola disposición de las otras .... Los Códigos se instituyen sobre unas bases fundamentales, una ley de bases, que se les entregan a los cuerpos codificadores como normas generales, para crear un sistema de principios jurídicos, armónicos entre sí, que puedan producir la unidad doctrinal que necesita toda institución de derecho para su validez. Casualmente es esta armonía de los distintos aspectos doctrinales, todas dirigidas hacia un mismo principio jurídico, lo que hace tan deleitosa la tarea del civilista.25

25 Berrocal v. Tribunal de Distrito, 76 D.P.R. 38, 51 (1954) (Belaval, J., Op. Mayoritaria). CC-2011-0278 2

La Opinión que emite hoy este Tribunal en el caso de

autos comenta que este Foro tiene ante sí la oportunidad de

auscultar si dentro de la doctrina de culpa in contrahendo

procede compensar a una parte por aquellas ganancias dejadas

de percibir al no perfeccionarse el acuerdo previsto. Pese a

esbozar una elocuente respuesta a esa interrogante,

disentimos por entender que la figura mencionada ni la

disposición final del caso son atinadas a la controversia

presente. Todo lo contrario, ante el escenario fáctico de

este caso el proceder de la Opinión mayoritaria desvirtúa la

aplicación restrictiva de la doctrina de culpa in

contrahendo, lo que altera el estado de Derecho vigente.

El error de la Opinión mayoritaria versa en la

aplicación de dicha figura a una controversia en la que entre

las partes ya había una relación obligacional y para lo que

el Código Civil dispone de un curso a seguir sin tener que

recurrir a una figura “hija de la equidad”. Colón v.

Glamorous Nails, 167 D.P.R. 33, 56 (2006). Con este

proceder, se resuelve por vía de una figura extraordinaria un

asunto para lo que hay unas instituciones de Derecho ya

codificadas y las que, imbricadas armónicamente, producen esa

unidad doctrinal a la que alude el Juez Asociado Emilio S.

Belaval en el epígrafe que colocamos al inicio de esta

Opinión en ánimo de ser epígono de dicho pensamiento.

Disentimos, en fin, porque al aplicar una figura

jurídica a un caso particular hay que contemplar todos los

escenarios que circunscriben a una situación de hechos y hay CC-2011-0278 3

que seleccionar aquélla que con mayor precisión se ajuste al

caso y que a su vez propenda a un mejor desarrollo del

Derecho.

Los hechos que rodean esta controversia se pueden

resumir de la siguiente manera. Puerto Rico Freight System

(PRFS) y la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico

(CCE)26 tenían una relación contractual de arrendamiento de

una propiedad (Edificio #11) de la CCE. Como parte de un

proceso judicial entre éstas, las partes llegaron a un

acuerdo transaccional sin perjuicio para ponerle fin a aquel

litigio. En diciembre de 1999 se firmó dicho acuerdo

titulado Moción de desistimiento por estipulación de las

partes, en donde acordaron desistir del pleito sujeto a las

siguientes condiciones:

B) Las partes acuerdan que la parte co- demandada, ahora Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones le arrendará al demandante el edificio número 15 del Centro Mercantil Internacional, el cual al presente se encuentra en construcción, siempre y cuando las partes lleguen a un acuerdo en los asuntos que están negociando actualmente. C) Con relación al contrato del Edificio 15 el señor Padilla solicita que: 1. Que el contrato sea de 10 años renovable a 10 años más. 2. El canon de arrendamiento no será mayor de cinco dólares con cincuenta centavos ($5.50) anual el pie cuadrado, por el término del contrato. 3. La Corporación será responsable de todas las mejoras, diseños y construcciones

26 Anteriormente tuvo otros nombres, como el del epígrafe, pero nos referiremos a ésta bajo el nombre actual: Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico (CCE). CC-2011-0278 4

estructurales y el señor Padilla será responsable de todas las mejoras interiores y de oficina. 4. Las mejoras que realice el señor Padilla en el Edificio 15 serán aprobadas previamente por la Corporación. Dicha aprobación no puede ser irrazonablemente denegada. Al concluir el contrato, la Corporación, a su costo, podrá eliminar estas mejoras. 5. E[n] [la] eventualidad de que la Corporación resuelva el contrato por falta de pago de canon de arrendamiento, el señor Padilla será responsable por los cánones de arrendamiento mientras las facilidades del Edificio 15 estén deshabilitadas. La Corporación será responsable de hacer gestiones de buena fe para conseguir un nuevo arrendatario. D) El señor Padilla hará las gestiones para convertirse en operador independiente de la Zona Libre. De convertirse en operador independiente de la Zona Libre, se revisará el contrato de arrendamiento del Edificio 11 a los efectos de incluir al arrendador dentro de los incentivos y/o ayudas que estuviesen vigentes para los operarios de la Zona Libre. E) La Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones se compromete a presentar ante su Junta de Directores las peticiones del señor Padilla para su estudio y consideración, sin que por ello se entienda que su gestión constituye una aceptación o compromiso de que las peticiones serán aprobadas. Se aclara que específicamente las peticiones número 1 y 2 del apartado C) constituyen peticiones fuera del ámbito de poderes de otros funcionarios que no sea la Junta de Directores de la Corporación y sólo pueden ser aprobadas expresamente por [e]stos últimos. F) Una vez las partes hayan llegado a un acuerdo, la Corporación se compromete a tramitar prontamente la redacción y aprobación del contrato de arrendamiento del Edificio 15. Moción de desistimiento por estipulación de las partes, Apéndice, págs. 2151-2153.

Tras la suscripción del acuerdo de transacción de 1999

pasaron dos años sin que la Junta de Directores de la CCE (la

Junta) aprobara el contrato de arrendamiento del Edificio CC-2011-0278 5

#15. En el ínterin PRFS realizó gestiones para adecuar el

edificio a sus necesidades comerciales y la gerencia de la

CCE siempre se mostró dispuesta a acceder a dichas

peticiones. Entre las gestiones realizadas, cabe destacar la

contratación de una firma de arquitectos para que realizara

un estudio sobre las modificaciones que requería el Edificio

#15 para adaptarlo a las operaciones de PRFS. Sentencia

Tribunal de Primera Instancia, Apéndice, pág. 793.

Es de mencionar que la contratación de dicha firma de

arquitectos por parte de PRFS se realizó voluntariamente

previo a suscribir el contrato de transacción en diciembre de

1999, puesto que antes de esa fecha PRFS ya había indicado su

interés en ese edificio. Id. págs. 792-793; véase también

Transcripción de la Vista en su Fondo, Apéndice, pág. 1096-

1098. Tras firmar el acuerdo transaccional en cuestión, la

firma de arquitectos preparó los planos correspondientes e

hicieron unos señalamientos a la CCE sobre los asuntos

estructurales que se debían atender en el Edificio #15 para

adaptarlo al negocio de PRFS. Todos los señalamientos u

órdenes de cambio fueron acogidos por la parte peticionaria,

a lo que ésta invirtió $254,519.96.27

Por su parte, PRFS también invirtió dinero en arreglos

del interior del edificio y otros asuntos relacionados con el

27 “La parte demandada autorizó órdenes de cambio y las pagó ascendentes a $254,519.96 conforme a los señalamientos que hiciera PRFS a la infraestructura del Edificio #15 para su uso particular. (Exhibit 4 estipulado por las partes)”. Sentencia Tribunal de Primera Instancia, Apéndice, pág. 797. CC-2011-0278 6

futuro arrendamiento.28 A pesar de que el acuerdo de

transacción contenía una condición suspensiva para el

perfeccionamiento del contrato de arrendamiento, las partes

continuaron un intercambio comercial relativo al Edificio #15

a sabiendas de que la Junta no había aprobado nada al

respecto y basado en una autoexpectativa especulativa de

ambas partes de que se iba a firmar el contrato.29

En el año 2000 la gerencia de la CCE realizó un estudio

de cánones de alquiler de las instalaciones de la

corporación. Posteriormente, la gerencia de la peticionaria

envió a la Junta dos memorandos idénticos con recomendaciones

en torno al arrendamiento de PRFS. En éstos se indicó que a

pesar del nuevo esquema de rentas preparado en el año 2000,

se recomendaba que a PRFS se le cobrara un canon diferente

que sería escalonado y por un término de diez años.

28 El Tribunal de Primera Instancia sentenció que dichos gastos, que incluyen adiestramientos a empleados de PRFS, ascendieron a $218,481.00. Id. págs. 814-815. 29 Por parte de la gerencia de la CCE, su autoexpectativa de aprobarse el contrato de arrendamiento llegó al punto de aceptar las peticiones de cambios estructurales que le hizo PRFS. Además, el Sr. César Santoni, en representación de la CCE, envió una carta a un futuro cliente de PRFS en donde indicó que PRFS había demostrado profesionalismo y la responsabilidad fiscal necesaria para que la CCE le permitiera a PRFS utilizar las nuevas instalaciones del Edificio #15, con 94,000p2 dentro de la Zona Libre. Apéndice, pág. 1009. Por parte de PRFS, su autoexpectativa especulativa se reflejó mediante el testimonio de Miguel Padilla, presidente de PRFS, quien indicó que era costumbre que se mudaran a las instalaciones de la CCE sin todavía haber perfeccionado un contrato. Transcripción de la Vista en su Fondo, Apéndice, pág. 1139. Éste también declaró: “El [director ejecutivo de la CCE] me indicó que lo que yo estaba solicitando tenía su aprobación, que él no veía ningún problema; era simplemente esperar la burocracia de sometérselo a la Junta y pasar por todos los procesos normales de Promo-Export”. Id. pág. 1259. CC-2011-0278 7

Finalmente, en la reunión de la Junta del 24 de mayo de 2001,

ésta decidió que el arrendamiento sería a un término de cinco

años a $6.00p2 por los primeros dos años y $7.00p2 por los

próximos tres años.30 Ante esa contraoferta de la corporación

pública, PRFS se mostró en desacuerdo y eventualmente inició

el presente pleito judicial.

Los tribunales inferiores sentenciaron que la CCE fue

negligente al hacer falsas representaciones a PRFS sobre la

firma del contrato de arrendamiento. Concluyeron que, al así

proceder, la CCE frustró la expectativa creada en el

demandante de perfeccionar el contrato de arrendamiento. El

Tribunal de Apelaciones, al confirmar al foro de instancia,

sostuvo que por haber ocasionado un daño en la etapa previa

al perfeccionamiento del contrato de arrendamiento, se

configuró la llamada culpa in contrahendo. Es nuestra

postura que ello constituye un error en la aplicación del

derecho a esta controversia, puesto que ésta ha de resolverse

mediante el articulado del Código Civil y no mediante figuras

de aplicación restrictiva. Veamos.

Es norma reiterada en nuestro ordenamiento que nadie

está obligado a contratar. Glamorous Nails, 167 D.P.R. en la

30 De la transcripción de la vista en su fondo se desprende que el contrato de arrendamiento para el Edificio #11 firmado el 22 de diciembre de 1999 tenía vigencia de cinco años a un precio de $6.00p2 por los primeros dos años y $6.50p2 por los siguientes tres años, cifras no muy lejanas a la contraoferta que hizo la Junta en su reunión del 24 de mayo de 2001. CC-2011-0278 8

pág. 44 (2006); Prods. Tommy Muñiz v. C.O.P.A.N., 113 D.P.R.

517, 526 (1982). Ahora bien, durante el transcurso de las

relaciones precontactuales las partes deben ejercer un

comportamiento que se ajuste a los principios de la buena fe.

Glamorous Nails, 167 D.P.R. en las págs. 44-45; véase también

José Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil 216, T. II,

Vol. I (3ra ed. 1988); María P. García Rubio, La

responsabilidad precontractual en el Derecho español 43

(1991).

En ánimos de atender las situaciones de daños

ocasionados durante la etapa precontractual debido a la

terminación injustificada de los tratos preliminares y a la

falta del principio de buena fe en esa fase, esta Curia

adoptó la figura de culpa in contrahendo en Prods. Tommy

Muñiz v. C.O.P.A.N., 113 D.P.R. 517 (1982). Para determinar

la aplicabilidad de dicha figura y adjudicar responsabilidad

que conlleve un resarcimiento, determinamos que es preciso

considerar seis elementos: (1) el desarrollo de las

negociaciones; (2) cómo comenzaron; (3) el curso que

siguieron; (4) la conducta de las partes durante su

transcurso; (5) la etapa en que se produjo su rompimiento; y

(6) las expectativas razonables de las partes en la

conclusión del contrato. Id. pág. 530. Asimismo, hemos sido

enfáticos en que la aplicación de la doctrina de culpa in

contrahendo ha de ser restrictiva debido a una cuestión de

política pública a favor del tráfico jurídico y la libertad CC-2011-0278 9

de contratación. Glamorous Nails, 167 D.P.R. en la pág. 47,

57-58; Torres v. Gracia, 119 D.P.R. 698, 710 (1987).

Como señala la Opinión mayoritaria, la doctrina de culpa

in contrahendo se utiliza para las fases precontractuales.

Por consiguiente, una vez se perfecciona un contrato se

aplican las disposiciones pertinentes del Libro IV del Código

Civil de Puerto Rico. Aplicar irrestrictamente la figura en

cuestión dentro de una relación contractual, no sólo

desvirtúa la figura misma, sino que le añade incertidumbre a

las relaciones contractuales y al ordenamiento jurídico en

sí. La claridad doctrinal le da previsibilidad al Derecho;

en contraposición, la falta de claridad doctrinal de la

Opinión mayoritaria en la aplicación de la figura de culpa in

contrahendo abona a la imprevisibilidad de nuestro Estado de

La presente controversia no puede verse de manera llana

y sencilla, sino que es necesario tener presentes todas las

circunstancias que rodean al caso de autos y examinarlas con

detenimiento. Tras un riguroso análisis de esas

circunstancias, veremos que en este caso es improcedente la

aplicación de la doctrina de culpa in contrahendo.

A primera vista, y partiendo de una visión superficial

sobre la controversia, parece que entre las partes se

quebrantaron las relaciones precontractuales sobre el

contrato de arrendamiento. Ahora bien, no debemos soslayar

que este caso tiene su origen en un acuerdo transaccional CC-2011-0278 10

para poner fin a un pleito anterior. En otras palabras, la

presente controversia plantea la situación de que dentro del

contexto de una relación contractual se comienza otra

relación obligacional. No podemos bifurcar ambas relaciones

y enfocarnos en una de ellas en abstracción de la otra, como

pretende hacer la Opinión del Tribunal.

Al enfrentarnos a una controversia como la presente,

donde se presentan paralelamente e imbricadamente dos

relaciones obligacionales, se debe analizar primero aquélla

más abarcadora en donde se subsume la segunda relación que se

creó por virtud de la primera. De encontrar una solución

jurídica a la primera relación obligacional que, a su vez,

disponga de la segunda relación, entonces resultaría

innecesario incorporar doctrinas de aplicación restrictiva

para atender esa segunda relación obligacional.

Según mencionamos, esta controversia surge a raíz de un

acuerdo transaccional. Ahí subyace la primera relación

obligacional entre las partes y de ésta surge la segunda

relación en torno a un futuro contrato de arrendamiento. El

Artículo 1709 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A.

Sec. 4821, establece que las transacciones con motivo de

poner fin a un litigio son contratos. Estos contratos de

transacción, por consiguiente, están sujetos a las

disposiciones del Título I del Libro IV del Código Civil,

sobre Obligaciones. Cód. Civ. P.R. Art. 1042, 31 L.P.R.A.

Sec. 2992 (“Las obligaciones nacen de la ley, de los

contratos ...”). CC-2011-0278 11

El acuerdo transaccional en cuestión contiene dos

cláusulas condicionales a modo de muñeca rusa o matrioska;

entiéndase, una dentro de la otra. La primera cláusula

condicional dispone que la transacción allí convenida está

sujeta al perfeccionamiento de un contrato de arrendamiento

que tiene por objeto el Edificio #15. La segunda cláusula

condicional inmersa dentro de la primera establece que las

peticiones de PRFS en torno a los términos del arrendamiento

serían presentados ante la Junta de la CCE para su estudio y

consideración, sin que ello constituya una aceptación de los

términos solicitados.

Las obligaciones condicionales se definen como “aquéllas

cuya eficacia depende de la realización o no realización de

un hecho futuro y además incierto”. José Puig Brutau,

Fundamentos de Derecho Civil 84, T. I, Vol. II (3ra ed. rev.

1985); véase además José R. Vélez Torres, Derecho de

Obligaciones, Curso de Derecho Civil 136 (Rev. Migdalia

Fraticelli Torres, 2da ed. 1997). El propio Código Civil

establece que “[e]n las obligaciones condicionales la

adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida

de los ya adquiridos, dependerá del acontecimiento que

constituya la condición”. Cód. Civ. P.R. Art. 1067, 31

L.P.R.A. Sec. 3042.

Como se puede observar, el elemento futuro e incierto es

lo que caracteriza este tipo de obligación. Véase también

Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 D.P.R. 764, 773 (2001). En

el caso de autos, el elemento futuro e incierto de la CC-2011-0278 12

efectividad del contrato de transacción es que se suscriba un

contrato de arrendamiento. En cuanto al perfeccionamiento de

dicho contrato, el elemento futuro e incierto es que se

presente ante la Junta la oferta presentada por PRFS y la

Junta lo apruebe.31 Éstas, por ser condiciones cuyo efecto,

de cumplirse, será la adquisición del derecho a arrendar y la

efectividad de la transacción, son de naturaleza suspensiva

(conditio pendet). Vélez Torres, Derecho de Obligaciones,

supra, pág. 138.

Ahora bien, el Código Civil establece que cuando el

cumplimiento de la condición dependa exclusivamente de la

voluntad del deudor, la obligación condicional será nula;

mientras que si depende de un tercero, será válida. Cód.

Civ. P.R. Art. 1068, 31 L.P.R.A. Sec. 3043. En el supuesto

de que la condición dependa del deudor, se denomina como una

condición potestativa.

Las condiciones potestativas se dividen, según la

doctrina, en rigurosamente potestativas y simplemente

potestativas. Puig Brutau, supra, T. I, Vol. II, págs. 95-

96. Sobre este particular nos hemos expresado a los efectos

de que “la doctrina delinea una distinción entre las

condiciones rigurosamente potestativas, las cuales dejan la

31 Cabe señalar que el Artículo 1074 del Código Civil provee una acción al acreedor previo a ocurrir la condición. Dicho Artículo expresa: “El acreedor puede, antes del cumplimiento de las condiciones, ejercitar las acciones procedentes para la conservación de su derecho”. 31 L.P.R.A. Sec. 3049. Queda claro que el acreedor en este caso (PRFS) no podía exigir el cumplimiento de la condición, pero sí podía ejercer acciones para conservar su derecho. Véase Mercedes Bus Line v. Rojas, 70 D.P.R. 540, 548 (1949). CC-2011-0278 13

validez de la obligación al exclusivo arbitrio de una de las

partes, y las simplemente potestativas, en las cuales el

cumplimiento de la condición no está sujeto al total arbitrio

de una de las partes”. Jarra v. Axxis, 155 D.P.R. en la pág.

775 (énfasis suplido).32 En el referido caso adoptamos la

distinción entre rigurosamente y simplemente potestativas, y

resolvimos que las condiciones simplemente potestativas no

anulan una obligación condicional al amparo del Artículo 1068

del Código Civil. Id. pág. 776.

En la controversia de autos nos encontramos con una

situación particular y es que el deudor en esta obligación

(la CCE) no está sujeto a un acto volitivo único. Esto,

debido a su naturaleza de ser persona jurídica cuya

administración está a cargo de una Junta de Directores

integrada por nueve miembros. Ley de la Compañía de Comercio

y Exportación de Puerto Rico, Ley Núm. 323 de 28 de diciembre

de 2003, Art. 7, 7 L.P.R.A. Sec. 1227d. Al establecerse en

el acuerdo de transacción que el perfeccionamiento del futuro

contrato de arrendamiento estaría condicionado a que la Junta

lo aprobara, es forzoso concluir que el incumplimiento con

dicha condición no depende exclusivamente del arbitrio de un

deudor unipersonal, sino que se da el escenario de

intervención de un curso determinado exterior o ajeno a la

manifestación de voluntad del deudor. Por consiguiente, la

obligación condicional presente en el contrato de transacción

32 Vélez Torres define las condiciones simplemente potestativas como aquéllas en que interviene la realización de un hecho exterior a la voluntad de la parte. Vélez Torres, Derecho de Obligaciones, supra, pág. 146. CC-2011-0278 14

del caso de autos es simplemente potestativa y supera la

prohibición del Artículo 1068 del Código Civil.

Dicho lo anterior, pasemos a evaluar la disposición del

Código Civil concerniente a las cláusulas condicionales

potestativas que es aplicable a la situación de hechos ante

nosotros y que a su vez nos ilustra sobre el remedio en

derecho que este Tribunal debe otorgar, si alguno.

Ante la pregunta de qué ocurre si la condición contraída

no se cumple (conditio deficit), tenemos a nuestra

disposición dos respuestas. Primero, si no hubo culpa,

negligencia o dolo de las partes, “entonces ocurre una

especie de resolución de la obligación y ésta entonces

desaparece”. Vélez Torres, Derecho de Obligaciones, supra,

pág. 140; véase también Jarra v. Axxis, 155 D.P.R. en la pág.

773. Segundo, si hubo culpa, negligencia o dolo de la parte

obligada, debemos acudir al Artículo 1072 del Código Civil,

31 L.P.R.A. Sec. 3047 (“Se tendrá por cumplida la condición

cuando el obligado impidiese voluntariamente su

cumplimiento”).33

33 Para llegar a la conclusión de aplicar el Artículo 1072 del Código Civil, es imprescindible hacer una declaración de responsabilidad por dolo, culpa o negligencia por la parte obligada al cumplimiento de la condición. Como norma general, en una controversia contractual hay que evaluar si la parte culpable o negligente debe resarcir los daños ocasionados durante la vigencia de la relación obligacional y para ello se debe considerar lo dispuesto en los Artículos 1054 al 1060 del Código Civil, 31 L.P.R.A. Secs. 3018-3024. Sin embargo, y a modo de excepción, el propio Artículo 1072 del Código Civil ya contempla la penalidad que ha de pagar el deudor que voluntariamente impide el cumplimiento de la condición pactada. La doctrina civilista sostiene que la obligación que impone dicho artículo de dar por cumplida la condición, constituye en sí misma la pena impuesta al deudor CC-2011-0278 15

De ocurrir el primer supuesto y desaparecer la

obligación, tratándose de un contrato de transacción en el

caso de autos, se da por no suscrito dicho acuerdo

transaccional y se revive el pleito anterior. Tal escenario

ocurrió en Sol Bravman et al. v. Consejo de Titulares del

Condominio Palma Real, 183 D.P.R. 827, 836 (2011) (“La

estipulación fue acogida por el Tribunal de Primera Instancia

mediante una sentencia .... Sin embargo, posteriormente fue

dejada sin efecto debido a que no fue ratificada en la

asamblea correspondiente, convocada por el consejo de

titulares”).

En cuanto al segundo escenario, el motivo detrás del

Artículo 1072 lo expresamos en Jarra v. Axxis al sostener que

“las partes sujetas a una obligación con condición suspensiva

tienen que realizar esfuerzos de buena fe suficientes para

cumplir sus prestaciones. Si no lo hacen, no pueden invocar

la falta de ocurrencia de la condición como defensa para

incumplidor en concepto de daños y perjuicios. Sostienen Planiol y Ripert: [L]a condición no realizada se considera cumplida cuando el deudor, con hechos propios impidió su cumplimiento. Aun cuando los hechos del deudor estén exentos de fraude, causan al acreedor un perjuicio que debe repararse, y la más perfecta reparación que pueda ofrecerse al acreedor es el cumplimiento de la obligación, como si se hubiere realizado la condición. Marcel Planiol & Georges Ripert, Tratado Elemental de Derecho Civil 261-262, T. IV (José M. Cajica trad., 4ta ed. 2003). Véase además Puig Brutau, supra, T. I, Vol. II, pág. 91. Por consiguiente, de demostrarse que en la presente controversia la CCE cometió culpa o negligencia que impidiera el cumplimiento de la condición, el remedio jurídico al que tuviese derecho PRFS lo dispone el Artículo 1072 del Código Civil, mas no habría que acudir a la doctrina de culpa in contrahendo. CC-2011-0278 16

desligarse de su obligación”. Jarra v. Axxis, 155 D.P.R. en

la pág. 777. De ocurrir éste, se daría por cumplida la

condición de presentar a la Junta las estipulaciones en torno

al arrendamiento y se daría por aprobado lo convenido en el

acuerdo transaccional. La consecuencia sería que las partes

tendrían que perfeccionar un contrato de arrendamiento que

debería contener, como mínimo, las estipulaciones suscritas

en la transacción de diciembre de 1999. Examinemos cuál de

los dos escenarios se dio en el caso de epígrafe.

Tal como expusimos previamente, bajo el palio de la

relación contractual producto de la transacción surgen dos

condiciones suspensivas: (1) que se perfeccione un contrato

de arrendamiento y (2) que se presente a la Junta la oferta

de PRFS, según recogida en el acuerdo transaccional de

diciembre de 1999. Examinemos cada una por separado.

Tras examinar detenidamente los hechos que dieron pie a

esta controversia, notamos que la segunda condición

suspensiva se consumó. Entiéndase, la alta gerencia de la

CCE presentó ante la Junta de Directores la oferta presentada

por PRFS y la evaluó dentro de sus prerrogativas de aceptarla

o rechazarla. Según consta de la minuta de reunión del 24 de

mayo de 2001, la Junta rechazó dicha oferta e hizo la

correspondiente contraoferta. Véase Apéndice, págs. 563-569.

La primera condición suspensiva, a la que estaba atada

la efectividad del acuerdo transaccional, no se cumplió. A

saber, no se perfeccionó el contrato de arrendamiento porque CC-2011-0278 17

la Junta válidamente rechazó la oferta de PRFS e hizo la

propia, que también fue rechazada por la parte aquí

recurrida. Ahora bien, como esbozamos previamente, el no

cumplimiento de una condición puede ser mediando dolo, culpa

o negligencia de una de las partes, o sin mediar éstos. Del

expediente se desprende que aquí no medió culpa o negligencia

de parte de la Junta de la CCE, puesto que ésta tenía la

libertad de aceptar o rechazar la oferta realizada por PRFS y

no hay evidencia de que hubo dolo o fraude al no aceptarla.

Concluir lo contrario sería incidir perniciosamente sobre las

prerrogativas de una parte contratante en el curso de

aceptación de una oferta, lo que afectaría el tráfico

jurídico y la libertad de contratación. Glamorous Nails, 167

D.P.R. en las págs. 57-58.

Al no mediar dolo, culpa o negligencia por la parte

peticionaria para que se cumpliera la condición de

perfeccionar un contrato de arrendamiento, pues sencillamente

“se extingue y desaparece el vínculo entre las partes”.

Jarra v. Axxis, 155 D.P.R. en la pág. 773. Ocurre lo que

Vélez Torres llama “una especie de resolución de la

obligación”. Vélez Torres, Derecho de Obligaciones, supra,

pág. 140. En tal contexto, se da por no suscrito el acuerdo

de transacción y se revive el pleito anterior entre PRFS y la

CCE.34

34 Reconocemos que revivir un pleito de hace más de diez años podría resultar oneroso tanto para las partes como al proceso judicial. Por ello no descartamos la idea de que ante tal escenario las partes decidan volver a reunirse para lograr una transacción que ponga fin a aquel pleito. CC-2011-0278 18

A base de la discusión anterior es evidente la necesidad

de aplicar las disposiciones correspondientes del Código

Civil en lugar de la doctrina de culpa in contrahendo, máxime

cuando esa figura no debe aplicarse a una controversia si los

hechos no la justifican. Con esa conclusión resolvemos un

aspecto importante del caso de autos, mas dejamos sin atender

qué procede con relación a las determinaciones de hechos que

hiciera el foro de instancia en cuanto a que ambas partes

incurrieron en gastos económicos como parte de la relación

comercial.

El Tribunal de Primera Instancia determinó que la CCE

incurrió en gastos de infraestructura ascendentes a

$254,519.96 para adecuar el Edificio #15 a las necesidades

económicas de PRFS. Asimismo, ese foro dio por probado que

la recurrida invirtió $218,481.00 entre mejoras internas al

Edificio #15 y otros gastos de adiestramiento a su personal,

todos relacionados al arrendamiento del edificio en cuestión.

Ambas partes invirtieron esas cantidades de dinero previo a

que se cumpliera la condición de que la Junta de la CCE

aprobara la oferta de arrendamiento que realizó PRFS. La

negligencia de ambas es evidente en tanto se desprende del

expediente que las partes actuaron con pleno conocimiento de

ese dato.

En términos jurídicos, la recurrida realizó mejoras

sobre propiedad inmueble ajena, mientras que la CCE permitió

y autorizó expresamente las mejores realizadas. Ante tal CC-2011-0278 19

escenario, debemos auscultar la aplicabilidad de las

disposiciones del Código Civil en cuanto a lo que los

tratadistas llaman accesión continua industrial en bienes

inmuebles. Véase Q.M. Scaevola, Código Civil 578, T. VI (5ta

ed. 1949).

La accesión se define como “el derecho en virtud del

cual el propietario de una cosa hace suyo todo lo que ésta

produce o se le une o incorpora”. José R. Vélez Torres,

Curso de Derecho Civil: los bienes, los derechos reales 85,

T. II (1983). La accesión, como hecho físico, es un cambio,

mutación, producción, adquisición, aumento o incremento en

una cosa. Véase Ángel Carrasco Perera, “Ius aedificandi” y

accesión: la construcción en suelo ajeno en el marco de los

principios urbanísticos 59-60 (1986).

La accesión puede clasificarse en continua (por

incorporación) o discreta (por producción). R. Elfrén

Bernier las define de la siguiente manera:

La accesión discreta es la de las cosas que nacen o se producen en las cosa que ya se poseen, es decir, se refiere a los frutos y productos de los bienes. La accesión continua se realiza cuando bienes extraños o ajenos a la cosa que se posee se unen o agregan a ésta. R. Elfrén Bernier, El derecho de accesión en Puerto Rico 43 (1970).

La accesión continua puede subdividirse, a su vez, en

(1) mobiliaria o inmobiliaria, según sea sobre un bien mueble

o inmueble, y (2) natural o industrial, dependiendo de si la

incorporación se debe a fuerza natural o a fuerza humana.

Véase Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, supra, pág. 88. CC-2011-0278 20

La accesión continua se inspira en tres principios: “(a) la

buena fe, (b) lo accesorio sigue a lo principal (accessorium

sequitur principale); y (c) el suelo es siempre cosa

principal (superficies solo cedit)”. Id. pág. 92.

El Artículo 287 del Código Civil de Puerto Rico recoge

de forma general el derecho de accesión y menciona que es

inherente a toda propiedad, ya sea mueble o inmueble. 31

L.P.R.A. Sec. 1131. Ahora bien, en cuanto a la accesión

continua inmobiliaria industrial (aedificatio), el Código

dispone particularmente de los Artículos 294 al 301. 31

L.P.R.A. Secs. 1161-1168. Enfocaremos nuestro análisis en la

accesión continua industrial sobre bienes inmuebles por ser

la atinente a la controversia de autos.

El Artículo 294 del Código Civil estatuye que “[l]o

edificado, plantado o sembrado en predios ajenos y las

mejoras o reparaciones hechas en ellos, pertenecen al dueño

de los mismos, con sujeción a lo que se dispone en los

artículos siguientes”. 31 L.P.R.A. Sec. 1161 (énfasis

suplido). La norma general es que las obras, plantaciones,

siembras, mejoras y reparaciones de las que habla el Artículo

294 se presumen hechas por el dueño del predio. Cód. Civ.

Art. 295, 31 L.P.R.A. Sec. 1162. No obstante, cuando un

tercero es quien realiza las obras, esa presunción se puede

controvertir. Ante este último escenario, el Código Civil

provee varios cursos a seguir, dependiendo de si el tercero

actuó con buena fe o mala fe. Para ello hay que dirigirnos a CC-2011-0278 21

los Artículos 297 y 298 del Código Civil. 31 L.P.R.A. Secs.

1164-1165.

Así, y en lo relativo a la controversia de autos, el

Art. 297 del Código Civil indica que:

El dueño del terreno en que se edificare de buena fe, tendrá derecho a hacer suya la obra, previo el pago al dueño de la obra del costo de los materiales y la mano de obra, o el costo de reproducción de la misma al momento en que el dueño del terreno ejercitare su derecho, deduciendo la depreciación, lo que resultare mayor, o a obligar al que fabricó a pagar el precio del terreno. 31 L.P.R.A. Sec. 1164 (énfasis suplido).

Lo anterior se basa en el principio de superficies solo

cedit, derivado del principio accessorium sequitur

principale, por el que el suelo es lo principal y lo

edificado es lo accesorio. Laboy Roque v. Pérez, 181 D.P.R.

718, 727 (2011) (donde se adopta la accesión a la inversa

como excepción al principio de superficies solo cedit en

casos de construcciones extralimitadas); véase además Collazo

Vázquez v. Huertas Infante, 171 D.P.R. 84, 119-120 (2007)

(Fiol Matta, J., Op. Concurrente).

Contrario a la situación anterior, de haber mediado mala

fe de parte del edificante, “el dueño del terreno puede

elegir entre hacer suyo lo edificado, plantado o sembrado,

sin obligación de indemnizar, o exigir que su finca sea

repuesta al estado en que se hallaba, a costas del autor de

la accesión”. José Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil

366, T. III, Vol. 1 (4ta ed. 1994); Cód. Civ. Arts. 298-299,

31 L.P.R.A. Sec. 1165-1166. CC-2011-0278 22

De los artículos mencionados se puede observar que a

pesar de que el Artículo 294 incluye las mejoras como parte

del derecho de accesión, el Artículo 297 no las menciona. A

pesar de ello, los estudiosos del tema y la jurisprudencia de

este Tribunal se han expresado a favor de la inclusión de las

mejoras como parte de las obras de edificación.35 En Sucesión

Echegaray v. Esso Standard Oil Co. comentamos:

De acuerdo con las referidas disposiciones de nuestro Código Civil, la accesión no se limita a edificaciones de carácter sustancial y permanente tales como edificios, viviendas, rellenos, muros de contención y canales de riego, sino que se da con respecto de otras obras y mejoras, como las de alumbrado, ascensores y servicio de agua, hornos, depósitos y cobertizo; lavaderos, fuentes y abrevaderos…. Es más, los citados comentaristas aceptan que mejoras útiles „edificadas‟ en un inmueble, pero susceptibles de ser retiradas sin deterioro del suelo pueden ser objeto de accesión. Sucesión Echegaray v. Esso Standard Oil Co., 87 D.P.R. 825, 831 (1963) (citas omitidas); véase además Scaevola, supra, págs. 578-579 (donde argumenta que las modalidades de accesión que el Código regula (edificación, plantación y siembra) incluyen también las mejoras).36

35 Es imperativo que reconozcamos la distinción de mejoras para fines de la accesión, donde el edificante no tiene que ser poseedor, Scaevola, supra, págs. 580-581, de las mejoras sin autorización dentro del contexto de un arrendamiento. En este último supuesto, donde el arrendatario sólo goza de la posesión natural, a las mejoras útiles o de recreo que éste haga les aplican los Artículos 1463 y 416 del Código Civil. 31 L.P.R.A. Secs. 4070 & 1527; véase además Marchand v. Montes, 78 D.P.R. 131 (1955) (a un arrendatario que hace mejoras útiles o voluntarias sin consentimiento del arrendador no le aplican las disposiciones sobre accesión. Por lo tanto, sólo tiene disponible el ius tollendi: el derecho de llevarse los adornos incorporados, cuando sea posible hacerlo sin dañar la propiedad); Berrocal v. Tribunal de Distrito, 76 D.P.R. 38 (1954); Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, supra, pág. 105. 36 E. Elfrén Bernier también se ha expresado sobre el tema a los efectos de que: Para que se produzca la accesión no es necesario que el objeto situado en el inmueble haya adquirido CC-2011-0278 23

Para determinar si el curso jurídico a seguir ante una

edificación en predio ajeno es la aplicación del Artículo 297

o los relativos a la mala fe, hay que auscultar la naturaleza

de ambas actuaciones. A pesar de que el Código Civil define

poseedor de buena fe a quien ostente un título sobre una

propiedad o a quien ignore los vicios de ese título, 31

L.P.R.A. Secs. 1146, 1424, 5271, esta definición no se ajusta

al contexto de la accesión industrial. Más aún, no hay una

definición expresa en el Código en cuanto a qué constituye la

buena fe al edificar, plantar o sembrar en suelo ajeno.

Véase Laboy Roque, 181 D.P.R. en la pág. 740.

Ahora bien, esta Curia sí ha delimitado el alcance de

ambos conceptos en el contexto de la edificación en suelo

ajeno. Así, pues, hemos concluido que el obrante de mala fe

es aquél que edifica una estructura en un predio sin

autorización alguna del dueño y a sabiendas de que el terreno

no le pertenece, mientras que el edificante de buena fe

construye bajo la creencia fundada de que el terreno es suyo

o mediante autorización del dueño. C.R.U.V. v. Román, 100

D.P.R. 318, 322–324 (1971); Sucesión Echegaray, 87 D.P.R. en

la pág. 829 (“Dicha gestión se realizó de buena fe pues los

el carácter de inmueble adhiriéndose a la propiedad de manera que no puede separarse de ella sin quebrantamiento o deterioro. La accesión no se limita a edificaciones de carácter sustancial y permanente tales como edificios, viviendas ... sino que se da también con respecto a mejoras .... Por lo tanto, aun las mejoras útiles que pueden ser retiradas sin menoscabo del inmueble pueden ser objeto de la accesión a elección del dueño del inmueble. Bernier, supra, pág. 62. CC-2011-0278 24

dueños de la propiedad ... habían dado permiso para llevar a

cabo dicho trabajo”).37 Sobre este asunto, Scaevola llega a

la misma conclusión:

¿qué se entenderá por obrar de buena o mala fe en quien edifica ... sobre terreno ajeno? ... Pensamos que el accesionante o accedente procederá de buena fe cuando se considere con derecho a edificar, plantar o sembrar en el terreno en que así lo efectúe, ya con apoyo en algún título, en alguna autorización mal interpretada, ... en la tolerancia del dueño o entre otras causas del mismo tenor. Scaevola, supra, págs. 594-595.

Hay un tercer curso aplicable en casos de accesión

continua industrial en bienes inmuebles. Se trata del

escenario que recoge el Artículo 300 del Código Civil: cuando

tanto el edificante como el dueño del predio actúan de mala

fe. En tal circunstancia, “los derechos de uno y otro serán

los mismos que tendrían si hubieren procedido ambos de buena

fe”. 31 L.P.R.A. Sec. 1167. En dicho artículo se define la

mala fe del dueño cuando “el hecho se hubiere ejecutado a su

vista, ciencia o paciencia, sin oponerse”. Id. El contexto

que evoca este artículo es la neutralización o compensación

de dos actuaciones de mala fe. Véase García v. García, 70

D.P.R. 949, 956 (1950) (citando a Manresa, Comentarios al

Código Civil Español 223, T. III (5ta ed. 1920), expusimos:

“quien se deja engañar a sabiendas no puede querellarse como

37 Si bien la buena fe se presume, 31 L.P.R.A. Sec. 1425, en Lippitt v. Llanos, 47 D.P.R. 269 (1934), resolvimos que cuando se edifica en solar ajeno se destruye esa presunción y hay que probar la buena fe. De la jurisprudencia se desprende que, en casos como el de autos, se recupera la calificación de buena fe con la autorización del dueño del predio para realizar las mejoras. CC-2011-0278 25

hombre engañado” y “la mala fe del uno extingue y neutraliza,

en justa reciprocidad, la del otro”).

Visto el marco teórico que antecede, pasemos a examinar

la controversia de autos dentro de éste.

Según narramos anteriormente, en la controversia ante

nosotros PRFS realizó mejoras en los predios de la CCE. Del

expediente surge que el recurrido llevó a cabo tales actos a

sabiendas de que no ostentaba ningún título sobre dicho

predio ni que la Junta de Directores de la CCE había avalado

aún el contrato de transacción entre las partes. No

obstante, de las determinaciones de hechos que hiciera el

Tribunal de Primera Instancia se desprende que la gerencia de

la corporación pública expresamente autorizó y avaló que PRFS

realizara mejoras internas para adecuar el Edificio #15 a sus

necesidades comerciales.

Conforme al marco teórico esbozado, la actuación de PRFS

no debe catalogarse de mala fe, puesto que la CCE autorizó a

realizar dichas mejoras. Ergo, para disponer de la

controversia debemos dirigirnos directamente a la disposición

del Artículo 297 del Código Civil, 31 L.P.R.A. Sec. 1164.

Véase Berrocal, 76 D.P.R. en la pág. 51 (si la edificación

fue hecha con autorización expresa o implícita del dueño, se

aplica el Artículo 297 del Código Civil, sobre la accesión).

Aunque estamos convencidos sobre la aplicación directa del

Artículo 297 del Código, si se aplicara el Artículo 300, 31

L.P.R.A. Sec. 1167, bajo la teoría de que PRFS actuó de mala CC-2011-0278 26

fe, como quiera llegaríamos a la misma conclusión; a saber,

se aplicaría el Artículo 297 por cuanto la CCE actuó de mala

fe al no oponerse ante las obras que realizó la recurrida.

Obsérvese que en García v. García, 70 D.P.R. 949 (1950),

aplicamos el Artículo 300 del Código Civil aun cuando el

dueño del predio consintió expresamente a que los edificantes

hicieran “mejoras sustanciales” sobre dos estructuras

existentes. Id. pág. 951.38 No obstante, ahora preferimos

adoptar la tendencia de la casuística posterior a los efectos

de que la autorización expresa o actuación proactiva del

dueño del predio releva la aplicación del Artículo 300 y

dirige la controversia directamente a la aplicación del

Artículo 297. Aunque un tanto textualista, acogemos la

postura de dejar la aplicación del Artículo 300 a aquellas

instancias en que el dueño del predio asume un rol pasivo de

no oponerse a las obras realizadas.

Esa postura comulga el propósito del Artículo 300 del

Código Civil con la expresión heredada de la Séptima Partida,

Título XXXIV, Ley 25, que formula la actitud pasiva de:

“quien se deja engañar entendiéndolo, no se puede querellar

como hombre engañado”. Scaevola, supra, págs. 592-593.

Scaevola igual mostraría su conformidad con nuestra postura,

por cuanto él entiende que “[e]l poseedor del predio, en

realidad, no muestra su mala fe más que con manifestaciones

38 García v. García, 70 D.P.R. 949 (1950), fue revocado por Echegaray v. Tribunal de Distrito, 72 D.P.R. 445 (1951), pero sólo a los efectos de que para ejercitar el derecho de accesión ya no hay que indemnizar el edificante previo a la demanda ni consignar junto con ésta cantidad alguna por los costos de edificación. Echegaray, 72 D.P.R. en la pág. 449. CC-2011-0278 27

pasivas de su voluntad; él deja hacer, ve venir y no impide,

hace la vista gorda”. Id. pág. 594.39 En vista de lo

anterior, no vacilamos en abandonar aquellas expresiones de

García v. García y aplicar a la controversia de autos

directamente el Artículo 297, debido a que la CCE fue

proactiva en avalar y autorizar las mejoras hechas por PRFS.

Llegado a este punto, conviene recapitular que el

Artículo 297 concede a la CCE una de entre dos alternativas:

(1) puede hacer suya la obra, previa la indemnización debida

a PRFS; o (2) de no ejercitar ese derecho, puede obligar a

PRFS a pagar el precio del terreno.

De ejercer el derecho de accesión y hacer suya la

edificación hecha por PRFS, la corporación pública deberá

abonar al accedente sólo los gastos necesarios y útiles,

conforme el Artículo 382 del Código Civil. 31 L.P.R.A. Sec.

1468; véase Collazo Vázquez v. Huertas Infante, 171 D.P.R.

84, 121-122 (2007) (Fiol Matta, J., Op. Concurrente); Vélez

Torres, Curso de Derecho Civil, supra, págs. 102-103 (la

aplicación de los Artículos 382 y 383 del Código Civil, 31

L.P.R.A. Secs. 1468 & 1469, que se sitúa en el primer párrafo

del Artículo 297, aplica por igual al segundo párrafo de este

último Artículo). Entiéndase gastos necesarios como los

indispensables para la conservación de la cosa y los útiles

como aquéllos que aumentan la capacidad de rendimiento y

39 Al referirse al Artículo 364 del Código Civil español, equivalente al Artículo 300 del nuestro, Alberto Brenes Córdoba argumenta que la mala fe del dueño del predio debe entenderse como una autorización tácita o maliciosa complacencia para aprovecharse de lo ajeno. Alberto Brenes Córdoba, Tratado de los bienes 214 (5ta ed. 1981). CC-2011-0278 28

valor de la cosa, sin que tengan el propósito de servir como

ornato o embellecimiento. José Castán Tobeñas, Derecho Civil

español, común y foral 621-622, T. I (7ma ed. 1949).

Por último, mientras la CCE no ejerza su derecho de

opción por una de las dos alternativas que le confiere el

Artículo 297 del Código, PRFS poseerá un derecho propietario

sobre la edificación realizada, que constituye un derecho

real. Berrocal v. Tribunal de Distrito, 76 D.P.R. 38, 60-61

(1954).

De acuerdo a todo lo discutido, la conclusión no puede

ser otra que la no aplicación de la doctrina de culpa in

contrahendo, sino el articulado pertinente del Código Civil.

Mediante la aplicación de este último la relación contractual

entre las partes se extingue y desaparece.

En cuanto a las mejoras del interior del Edificio #15

hechas por PRFS, ésta tiene un derecho real sobre dichas

obras al amparo del Artículo 297 del Código Civil. Por

consiguiente, la CCE deberá ejercer su derecho de accesión e

indemnizar a PRFS por el costo de los materiales o el costo

de reproducción al momento de que la CCE ejercite su derecho

de accesión, lo que resulte mayor, salvo que decida obligar a

Debido a que la determinación de hechos del foro de

instancia sobre los gastos incurridos por PRFS ascendientes a

$218,481 incluyen no sólo mejoras al interior del edificio, CC-2011-0278 29

sino costos de adiestramiento a empleados y otros, procedería

devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia para que

desglose los gastos de la recurrida entre los que constituyen

obras de mejoras y los que no. Así, lo que se determine

exclusivamente como gastos de mejoras al interior del

Edificio #15 será la cuantía que eventualmente la CCE deberá

indemnizar a PRFS en caso de ejercer su derecho de accesión.

Finalmente, disiento porque la conclusión jurídica y la

disposición final a la que llega una mayoría de esta Curia se

apartan diametralmente de lo analizado y esbozado en esta

Opinión y no añaden claridad doctrinal a nuestro Estado de

Derecho Civil. Por todos los motivos que anteceden,

revocaría al Tribunal de Apelaciones y devolvería la

controversia al Tribunal de Primera Instancia para que

proceda conforme a lo aquí expuesto.

Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Puerto Rico Freight System, Inc., representada por su Presidente, Miguel Padilla Recurrido v.

Corporación para el Desarrollo CC-2011-0278 Certiorari de las Exportaciones de Puerto Rico, t/c/c Promoexport, representada por su Director Ejecutivo, Antonio Sosa Pascual; John Doe #1 y John Doe #2 Peticionarios

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA MARTÍNEZ

San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 2012. Hoy este Tribunal ha optado por una

interpretación restrictiva de la extensión de la

compensación del interés negativo en los casos de

culpa in contrahendo. Respetuosamente disiento de

este proceder. Por considerar que el principio de

la buena fe en las negociaciones precontractuales

merece una protección íntegra, incluiría en la

indemnización por culpa in contrahendo el daño

emergente, así como el lucro cesante resultante

de las pérdidas de otras oportunidades de

contratar.

En nuestro ordenamiento es reconocido que

las negociaciones preliminares generan una CC-2011-0278 2

relación de carácter social que impone a las partes el

deber de comportarse de acuerdo con la buena fe. Prods.

Tommy Muñiz v. COPAN, 113 D.P.R. 517, 527 (1982). El

principio de buena fe en las negociaciones es definido

como “el deber en comportarse de forma leal y

cooperadora frente al otro sujeto de derecho con el que

nos relacionamos, de forma que con nuestro

comportamiento puedan realizarse las expectativas

comunes que mutuamente nos hemos trazado”. M. J.

Godreau, Lealtad y buena fe, 58 Rev. Jur. U.P.R. 367,

382 (1989). Es por esto que la buena fe crea un deber de

lealtad recíproca de conducta socialmente valorable y

exigible. Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, supra, pág. 528.

Bajo este fundamento, en Prods. Tommy Muñiz v.

COPAN, supra, reconocimos que la terminación

injustificada de los tratos preliminares genera

responsabilidad. Determinamos en el mencionado caso que

la amplia gama de supuestos sobre los cuales puede

basarse la responsabilidad precontractual hace necesario

que en el análisis del problema se considere qué figura

jurídica responde más adecuadamente como fundamento

jurídico para la solución del caso.

En cuanto a la extensión de la indemnización, en

Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, supra, el entonces Juez

Asociado señor Dávila realizó un voto separado en el

cual consideró conveniente expresarse en cuanto a los

daños que debían ser resarcibles en estos casos. Señaló

que el daño al interés negativo debía ser reparable, el CC-2011-0278 3

cual a su juicio comprendía no sólo los gastos

realizados en previsión del futuro contrato, sino

también, las pérdidas ocasionadas por desaprovechar

ocasiones favorables de celebrar un contrato con otras

personas. Véase Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, supra, Voto

separado del Juez Asociado señor Dávila.

Posteriormente, en Colón v. Glamorous Nails, 167

D.P.R. 33 (2006), tuvimos ocasión para expresarnos

acerca de la extensión de la indemnización que procedía

en los casos de culpa in contrahendo. Al respecto,

resolvimos que “el deber de indemnizar por el

rompimiento culposo de los tratos preliminares alcanza,

de ordinario, tan sólo el interés negativo; es decir, la

reparación de los gastos sufridos y las pérdidas

patrimoniales derivadas del proceder arbitrario de la

parte que incurre en culpa”. (Énfasis suplido.) Colón v.

Glamorous Nails, supra, pág. 58. Es decir, determinamos

que la indemnización en estos casos se limita al interés

negativo. A su vez, expresamos que los componentes del

interés negativo son los gastos sufridos y las pérdidas

patrimoniales derivadas del proceder arbitrario.

Los fundamentos que fueron tomados en consideración

para limitar el alcance de este tipo de indemnización

principalmente fueron dos. El primero fue que la

doctrina de culpa in contrahendo es considerada hija de

la equidad y busca colocar al perjudicado como si no

hubiesen ocurrido las circunstancias que dan lugar a la

reparación. El segundo, la fuerte política pública a CC-2011-0278 4

favor del tráfico jurídico y la libertad de

contratación. Íd., págs. 56-58.

Aunque atendimos en parte la extensión que debía

tener la reparación en los casos de culpa in contrahendo

y determinamos que el interés negativo se compone de los

gastos sufridos y las pérdidas patrimoniales derivadas

del proceder arbitrario, no nos expresamos en cuanto a

qué gastos y pérdidas debían incluirse dentro del

llamado interés negativo. Este Tribunal solamente

estableció la improcedencia de la indemnización por

daños morales en estos casos.

Una vez más este Tribunal es llamado a expresarse

en torno a la extensión de la indemnización de quien se

vio afectado por la actuación de la otra parte al ésta

concluir de manera injustificada los tratos preliminares

e incumplir sus deberes de lealtad y buena fe en el

proceso de negociación. En específico, este Tribunal

debe determinar si el lucro cesante debe resarcirse

dentro del daño al interés negativo.

Como señala la Opinión mayoritaria, la doctrina

está un tanto dividida en cuanto a la extensión de lo

que es compensable en los casos de culpa in contrahendo.

Esto, debido a que el definir qué incluye el interés

negativo ha sido motivo de debates. Pasemos a ver las

diferentes definiciones y posturas.

La creación de la doctrina de culpa in contrahendo

le es atribuida al jurista alemán Rudolf Von Ihering, CC-2011-0278 5

quien en el 1860 publicó una monografía atendiendo el

tema de la responsabilidad civil que se origina en el

periodo de la formación del consentimiento. Véase, M.P.

García Rubio, La responsabilidad precontractual en el

Derecho español, España, Ed. Tecnos, S.A., 1991, pág.

27. Al abordar el tema de la extensión del resarcimiento

en estas situaciones, Ihering elaboró la distinción

entre el interés positivo y el interés negativo. El

positivo tendría su fundamento en la validez del

contrato, mientras que el negativo en su invalidez.

García Rubio, op. cit., pág. 230. Según la teoría del

interés negativo de Ihering, es este daño el que debe

ser resarcido en los casos de culpa in contrahendo, el

cual incluye, tanto los gastos realizados con miras a la

conclusión del contrato, como los daños derivados del

rechazo de la pérdida de otros contratos posibles. Íd.

La doctrina moderna ha ido redefiniendo estos

conceptos. García Rubio, op. cit., pág. 231. Por

ejemplo, el interés negativo ha sido definido como el

daño que no se habría producido si el contrato se

hubiese realizado. A. von Thur y E. Thilo, citado en

García Rubio, op. cit., págs. 231-232. Así, el daño

negativo comprende aquel daño que la parte experimentó

por haber confiado honestamente en el proceso de

negociación y la concreción del contrato. El interés

positivo, en cambio, comprende todas las ventajas

patrimoniales resultantes si el contrato se hubiere

celebrado. M. Alonso Pérez, La responsabilidad CC-2011-0278 6

Precontractual, 47 Rev. Crítica de Derecho Inmobiliario

859, 905, Núm. 485 (julio - agosto 1971).

Según Mosset Iturrespe, el interés negativo,

también llamado interés de confianza, consiste en el

daño sufrido como consecuencia de haber creído en la

conclusión del contrato; la pérdida sufrida por haber

atendido una invitación a entrar en tratativas o una

oferta. J. Mosset Iturraspe, Responsabilidad por daños,

Buenos Aires, Ed. Ediar, 1982, pág. 159. “El

resarcimiento tiende a restablecer el statu quo anterior

a esos hechos”. Íd. Por esta razón, el mencionado autor

se adhiere sin reservas a la postura que extiende el

interés negativo que debe ser resarcible para abarcar

las ganancias que pudieron obtener en un negocio dejado

de lado. De esta forma, Mosset Iturraspe favorece la

inclusión del lucro cesante, criterio que indica es

predominante en la doctrina europea. Íd.

Por su parte, Alonso Pérez expresa que el interés

negativo comprende los gastos que se realizaron en

previsión del futuro contrato, tales como viajes,

informes periciales y asesoramientos. Alonso Pérez, op.

cit., pág. 905. Pero también comprende las pérdidas

ocasionadas por no aprovechar ocasiones favorables de

celebrar un contrato con otras personas. Íd. “[E]s

preciso que se ocasione un perjuicio patrimonial,

representado por los gastos realizados en atención al

contrato proyectado o por las pérdidas sufridas en

cuanto que la actitud dolosa de la parte impidió a la CC-2011-0278 7

otra, confiada en su honorabilidad, celebrar el negocio

con otros proponentes”. Alonso Pérez, op. cit., pág.

906.

De forma similar, García Rubio considera que el

lucro cesante indemnizable comprende la pérdida de otras

oportunidades de contratar con un tercero, así como las

ventajas que ellas derivarían, lo que exige demostrar la

existencia efectiva de esas otras oportunidades

negociables. García Rubio, op. cit., pág. 233.

La doctrina italiana sigue la doctrina de Ihering

en cuanto a la distinción entre el interés negativo y

positivo. Limita la indemnización al interés negativo

por el daño ocasionado como consecuencia de haber

confiado en las negociaciones precontractuales con

independencia del nacimiento del acuerdo jurídico. J.

Mendieta, La culpa in contrahendo Historia, Evolución y

Estado Actual de la Cuestión, 10 Rev. E-Mercatoria 40,

49, (Núm. 2). Disponible en

http://www.emercatoria.edu.co. La corte italiana ha

establecido que el daño resarcible comprende la pérdida

derivada de la confianza en la conclusión del contrato y

la pérdida de ganancias a consecuencia del quebranto de

otras ocasiones contractuales. Íd.; Alonso Pérez, op.

cit., pág. 905.

Otra parte de la doctrina tiene una visión aún más

amplia y define al daño negativo como aquel que está

compuesto por todos los daños sufridos por el acreedor,

a causa de haber confiado en la vigencia de un contrato CC-2011-0278 8

que no se concretó. Quienes siguen esta postura

entienden que éste comprende todos los daños en relación

de causalidad adecuada, que ocasiona la frustración del

acto en sentido amplio. Véase, L. Cantarelli, Daño al

interés negativo, Las tesinas de Belgrano, núm. 152,

pág. 20, (2004). Disponible en http://www.ub.edu.ar/.

En Puerto Rico, el profesor José Julián Álvarez

González ha expresado su inclinación a favorecer la

postura de Alonso Pérez, en cuanto a la inclusión de

otras pérdidas causadas por desaprovechar ocasiones

favorables de celebrar un contrato con otras personas.

Véase: J. J. Álvarez González, El Tribunal Supremo de

Puerto Rico: Análisis del Término 2005-2006,

Responsabilidad Civil Extracontractual, 76 Rev. Jur.

U.P.R. 763, 786 (2007). Igual postura parece sostener el

profesor Michael Godreau, al señalar que no logra ver la

justificación para no proteger de una forma igualmente

vigorosa a la víctima del comportamiento negligente que

a un negociante de buena fe, víctima del quebrantamiento

de sus expectativas razonables de contratar. M. J.

Godreau, El Tribunal Supremo de Puerto Rico: Análisis

del Término 2005-2006, Obligaciones y Contratos, 76 Rev.

Jur. U.P.R. 901, 902-903 (2007).

En contraposición a las posturas que admiten el

doble componente de la indemnización en la ruptura de

las negociaciones y las posturas aún más abarcadoras, se

encuentran quienes rechazan la inclusión del lucro

cesante en la indemnización por la ruptura de las CC-2011-0278 9

negociaciones contraria a la buena fe. Según estos

autores, cuando ocurre un retiro de las negociaciones

puede indemnizarse solamente por los gastos realizados,

no así por las ganancias dejadas de percibir.

Uno de los primeros en plantear esta visión lo fue

G. Faggella. El jurista italiano rechazó el concepto de

interés negativo. G. Faggella, Dei periodi

precontracttuali e della loro vera ed esatta costruzione

scientifica, 1906, t. III, pág. 341, citado en M. P.

García Rubio, op. cit. pág. 32. En su lugar propuso que

el daño resarcible se compone del valor de la oferta con

relación a la formación del contrato y por los daños y

gastos que hubiese incurrido durante los tratos. Íd. En

estos gastos no incluye la reparación de las ocasiones

perdidas. Íd. De manera similar, Moreno Quesada

considera que sólo deben ser indemnizables los gastos

llevados a cabo en miras de la concreción del contrato.

contrato y responsabilidad antecontractual, Barcelona,

Ed. Nereo, 1963, pág. 56.

Entre quienes defendían la no inclusión del lucro

cesante en la cuantía de indemnización por culpa in

contrahendo se encontraba Díez Picazo. Sin embargo, este

autor al parecer ha modificado su postura recientemente.

Ha afirmado que el interés negativo comprende también el

lucro cesante o la ventaja que la parte perjudicada

hubiera podido obtener si como consecuencia de la

negociación emprendida, hubiera perdido otra ocasión de CC-2011-0278 10

contratar. Véase, L. Díez-Picazo, La existencia del

contrato, AAMN, núm. 39., pág. 190 (2009), citado en M.

P. García Rubio, Estudio Doctrinal: La responsabilidad

precontractual en la propuesta de modernización del

derecho de obligaciones y contratos. LXV Boletín del

Ministerio de Justicia Núm. 2130 (2011). Disponible en

www.mjusticia.es/bmj.

Como vemos, la postura de no inclusión del lucro

cesante o la ventaja de oportunidades de contratar con

terceros al parecer es minoritaria.40 Según García Rubio,

esta división en cuanto a computar como elementos del

interés negativo, tanto los gastos inútilmente

realizados como la frustración de ganancias futuras no

es marcada en la doctrina extranjera, por lo cual le

sorprende que algunos autores en la doctrina española

excluyan como partida del interés negativo la falta de

ganancia. García Rubio, op. cit, pág. 232.

La mayoría de este Tribunal ha optado por la

interpretación acotada de la extensión de los daños al

interés negativo. Con esta determinación, se limita la

protección que debe perseguir el principio de buena fe

durante las negociaciones. Considero que una

interpretación estricta y estrecha no logra el objetivo

de proteger el principio de la buena fe. Tal como

expresamos en Colón v. Glamorous Nails, supra, pág. 45,

a lo que debemos aspirar es a conseguir que el

Véanse, J. Mosset Iturraspe, op. cit., pág. 159; 40

García Rubio, op. cit, pág. 232. CC-2011-0278 11

desarrollo de las relaciones jurídicas, el ejercicio de

los derechos y el cumplimiento de las obligaciones se

produzcan conforme a una serie de principios que la

conciencia jurídica considera necesario.

En materia de indemnización, el Art. 1059 de

nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3023, establece

que la indemnización de daños y perjuicios comprende no

sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino

también el de la ganancia dejada de obtener. Este

artículo es aplicable, tanto a relaciones

extracontractuales, como a las contractuales.

Claramente, el mencionado articulado reconoce que la

indemnización comprende el daño emergente y el lucro

Como mencionamos, la responsabilidad que surge por

la culpa in contrahendo no comprende todos los daños

contractuales sufridos por la otra parte, sino sólo los

perjuicios englobados en el llamado interés negativo.

Colón v. Glamorous Nails, supra; Alonso Pérez, op. cit.,

pág. 905. La naturaleza reparativa está basada en el

principio de que quien vulnera la confianza depositada

por otro debe devolver a esa persona al estado que

hubiera estado si no se hubieran dado las circunstancias

que dan lugar a la reparación. Colón v. Glamorous Nails,

supra, pág. 57.

Los dos fundamentos principales para delimitar la

indemnización en los casos de culpa in contrahendo son

que ésta proviene de la equidad, cuyo propósito es CC-2011-0278 12

sancionar el quebrantamiento de la confianza, y que se

busca proteger la libertad de contratación. Estos

principios fueron claves para decidir circunscribir la

compensación solamente al llamado interés negativo.

Pero, debemos preguntarnos si estas razones son

suficientes para no reconocer en la extensión del

interés negativo una cuantía por lucro cesante,

ocasionado por las pérdidas patrimoniales consecuentes

del quebranto de otras ocasiones de contratar que la

parte perjudicada hubiera podido obtener.

La equidad exige que la buena fe sea protegida

frente a la conducta culpable que puede causar una

consecuencia dañosa. Véase, Moreno Quesada, op. cit.,

pág. 200. En Colón v. Glamorous Nails, supra, expresamos

que como hija de la equidad, la doctrina de culpa in

contrahendo persigue sancionar el quebrantamiento de la

confianza y regresar a las partes a la situación en la

que se encontraban antes de comenzar los tratos

fallidos. Quien sufrió un daño a su patrimonio como

consecuencia de una violación al principio de la buena

fe contractual de quien incurrió en culpa in contrahendo

debe tener una protección completa. Existen unos efectos

patrimoniales que no están circunscritos a un desembolso

de efectivo. Por esta razón, para cumplir con el

principio de equidad y sancionar ese quebrantamiento de

la confianza, no basta con indemnizar solamente los

gastos incurridos. También debe resarcirse el lucro

cesante. De esta manera, la indemnización debe CC-2011-0278 13

extenderse a las oportunidades perdidas como

consecuencia de las expectativas creadas. De igual

forma, deben resarcirse las pérdidas ocasionadas por

situaciones en las que se llegan a ciertas negociaciones

y ofertas que no pueden concretarse debido al retiro

injustificado de las negociaciones de la otra parte.

El no reparar las pérdidas patrimoniales surgidas

por el quebrantamiento de la buena fe en los tratos

preliminares convierte la indemnización en una

incompleta, cuya consecuencia real es no colocar al

perjudicado en la situación anterior. Para lograr el

mencionado propósito de la equidad, sancionar el

quebrantamiento de la confianza, es imperativo conceder

una indemnización íntegra al perjudicado.

El otro fundamento para el alcance limitado de la

indemnización en estos casos es el principio de no

jurídico. Sin embargo, el propio reconocimiento de la

responsabilidad por culpa in contrahendo delimita el

principio mencionado. Es sabido que la libertad de

romper las negociaciones no es absoluta. Precisamente,

el límite reside en la confianza depositada por la otra

parte en la conclusión del contrato y el principio de la

buena fe durante las negociaciones. Aunque nadie está

obligado a contratar en esta etapa, sí existe una

obligación de comportarse según los principios de buena

fe y la violación a éstos conlleva el tener que reparar

el daño causado. El incluir el lucro cesante en la CC-2011-0278 14

cuantía a poder ser indemnizada en los casos de culpa in

contrahendo no elimina la libertad de contratación. Por

el contrario, reitera la obligación de las partes de

comportarse según los principios de buena fe.

Como vemos, los fundamentos mencionados no son

suficientes para no reconocer una reparación real e

íntegra a quien, confiando en la concreción del

contrato, debido a las expectativas creadas por la otra

parte, incurre en una serie de gastos y pérdidas

patrimoniales.

Además de estos dos fundamentos principales

mencionados en nuestra jurisprudencia, otra de las

razones utilizadas para sustentar la teoría de no

inclusión del lucro cesante en la indemnización por

culpa in contrahendo lo es la dificultad probatoria que

representa la determinación del lucro cesante. La

Opinión mayoritaria menciona que la partida de lucro

cesante resulta improcedente cuando ésta es especulativa

o no se puede demostrar su correlación con el acto

dañoso. Sin embargo, cuando mediante prueba es

demostrada la pérdida patrimonial ocasionada por el

retiro injustificado de las negociaciones, la partida no

es especulativa y mucho menos improcedente.

Es sabida la dificultad que encierra la

determinación de la cuantía de lucro cesante. Y es que,

de ordinario, cuando el daño consiste en una disminución

de patrimonio, la prueba de certeza no suele ser

complicada. J. Mendieta, supra, pág. 52. Sin embargo, CC-2011-0278 15

cuando se quiere demostrar la pérdida de un ingreso

futuro, la prueba del daño resulta más compleja. Íd. Es

por esto que la determinación de la cuantía de lucro

cesante es descrita como una operación intelectual, en

la que se contienen juicios de valor y que de ordinario,

exige la reconstrucción hipotética de lo que podría

haber ocurrido. L. Díez Picazo, Derecho de Daños,

Madrid, Civistas Ediciones, S.L., 1999, pág. 323. Sin

embargo, el que existan dificultades probatorias para

demostrar su existencia real no debe ser óbice para

limitar la extensión de la indemnización que debe

reconocerse en casos de culpa in contrahendo, esto

debido a que la dificultad probatoria es común a la

prueba de todos los lucros cesantes. García Rubio, op.

cit. Estudio Doctrinal: La responsabilidad

Alonso Pérez reconoce la complejidad que en

ocasiones puede resultar la determinación de la

extensión objetiva del resarcimiento. Sin embargo,

señala que debe determinarse la indemnización de acuerdo

a “las circunstancias delimitantes de cada supuesto

concreto, el tipo de negocio que se preparaba y los

gastos reales desembolsados”. M. Alonso Pérez, op. cit.,

pág. 906. La dificultad probatoria de manera alguna

justifica que tales lucros deban ser excluidos como CC-2011-0278 16

partida a resarcir. Así, el quebranto patrimonial

sufrido por el perjudicado debe ser resarcido brindando

la indemnización tanto del daño emergente, como del

lucro cesante comprendido por las pérdidas de otras

oportunidades de contratar que se ven frustradas.

La dificultad en la determinación del lucro cesante

reside en que sólo debe incluirse en este concepto los

beneficios ciertos, concretos y acreditados que el

perjudicado debía haber percibido y no ha sido así. P.J.

Femenía López, Criterios de delimitación del lucro

cesante extracontractual, Valencia, Ed. Tirant Lo

Blanch, 2010, pág. 40. Es por esto que solamente podrán

ser compensados los daños patrimoniales que dependan del

mismo hecho y que sean un efecto de éstos. Al cumplir

con este principio, el daño no es especulativo.

El límite en la cuantía a ser indemnizada por la

que debe responder la persona que se retiró de las

negociaciones y violentó así el deber de culpa in

contrahendo debería ser determinado de acuerdo a la

relación de causalidad. García Rubio, op. cit., pág.

241. “La delimitación de lo que debe incluir el interés

negativo no debe ser absoluta, sino más bien relativa.

Le corresponde al demandante probar la extensión de su

daño y la certeza de éste, así como la relación de

causalidad entre el hecho dañino y sus daños”. J.

Mendieta, op. cit., pág. 70. De esta manera, para poder

repararse debe ser probada una relación de causalidad

entre el daño y la actuación culposa o negligente. CC-2011-0278 17

La Opinión mayoritaria señala que quien usa un

derecho a nadie ofende. Opinión mayoritaria, págs. 33-

34. Sin embargo, tal como expusimos en Colón v.

Glamorous Nails, supra, reconocimos que el ejercicio de

un derecho no está exento de responsabilidad si se

ejercita de forma abusiva. Es por esto que cuando se

incurre en culpa in contrahendo existe una

responsabilidad. No es correcto expresar que en la etapa

precontractual no existe ningún género de

responsabilidad. La responsabilidad de comportarse

conforme a los principios de buena fe y lealtad fue

reconocida desde el caso de Prods. Tommy Muñiz v. COPAN,

supra, según discutimos.

Por otra parte, el que la norma de culpa in

contrahendo sea aplicada restrictivamente no es sinónimo

de que la indemnización que sea reconocida una vez

aplicada la culpa in contrahendo a unos hechos en

particular deba restringirse a un tipo de indemnización.

La determinación del resarcimiento debe alcanzar el

interés negativo como hemos resuelto, el cual comprende

tanto el daño emergente como el lucro cesante, siempre

sujeto al elemento de causalidad y a la prueba

presentada.

Si reconocemos, como lo hemos hecho en el pasado,

que en el curso de las negociaciones existe un deber de

lealtad, al éste ser incumplido debe resarcirse al

demandante. Sin embargo, es importante aclarar que la

postura que reconoce el doble componente en esta CC-2011-0278 18

indemnización no iguala la indemnización obtenida de la

celebración y posterior cumplimiento del contrato. No se

trata de equipararlo a los casos de incumplimiento

propiamente contractual, sino de establecer la norma y

ver caso a caso que se cumplan, como mencionamos, los

criterios de causalidad adecuada.

A.

Al determinar la extensión de la indemnización del

interés negativo no debemos limitarnos a atender los

gastos incurridos en miras al cumplimiento del contrato

que se estaba negociando. Luego de haberse creado unas

expectativas, podrían existir unas pérdidas

patrimoniales que no están comprendidas en un gasto

incurrido. Por esta razón, es importante no limitar la

indemnización a los gastos incurridos en miras al

contrato que se esperaba realizar. En cambio, debería

poderse incluir en la indemnización las pérdidas de

otras oportunidades de contratar con terceros.

En cuanto a esta indemnización, García Rubio

sostiene que el negociador, a quien le fue ofrecida otra

oportunidad de contratar, puede efectivamente romper las

negociaciones, pero puede también no hacerlo y, si opta

por esto último, no ve razón por qué tiene que sufrir

las consecuencias negativas de la ilegítima actuación de

su conegociante. García Rubio, op. cit., pág. 235. Es

por esto que no lo ve como un riesgo de negocios que

debe asumir. Íd. CC-2011-0278 19

En la etapa de negociación pueden considerarse

varios factores para que un negociante pierda ofertas

más favorables. Los criterios que son tomados en

consideración para determinar si ha mediado culpa en la

terminación de los tratos preliminares sirven de norte

para comprender las razones por las que una persona

pueda optar por continuar en las negociaciones, aunque

así pierda otras oportunidades de contratar. El

desarrollo de las negociaciones, los hechos particulares

y la relación que se ha venido dando, el curso que

siguieron las mismas, la conducta de las partes en su

transcurso, la etapa avanzada de las negociaciones, los

gastos ya incurridos en vista del contrato que se

esperaba realizar, la expectativa razonable de la

conclusión del contrato, son consideraciones que

demuestran las razones por las cuales una parte puede

optar por mantenerse en las negociaciones y afectar así

las oportunidades que tenga con otros. García Rubio

también señala que puede querer continuar debido a la

confianza especial que suscita. García Rubio, op. cit.,

pág. 241. Si el negocio proyectado no llega a

celebrarse, “la persona defraudada sufre un daño que

será tanto mayor mientras mayor sean las condiciones en

las que pueda celebrar un contrato semejante al

frustrado”. Íd.

De igual forma, existen situaciones en las que una

parte realiza ciertas negociaciones con miras a la

concreción del contrato que estaba negociándose, pero la CC-2011-0278 20

otra parte quebranta estos procesos afectando así la

buena fe y lealtad depositada por el otro. El daño

ocasionado por las negociaciones que se ven frustradas

debido a la no realización del contrato que se estaba

negociando debería ser indemnizado. Son situaciones que

no están comprendidas en los gastos incurridos

propiamente, pero que crean una pérdida patrimonial que

debería ser atendida a tenor con la protección de la

buena fe en los tratos preliminares.

En síntesis, la reparación en casos de culpa in

contrahendo debe poder comprender tanto los gastos

inútiles efectuados durante las negociaciones, como

también la pérdida de ocasiones de negociar a causa del

contrato no concluido. Por lo tanto, la reparación

comprendería tanto el daño emergente como también, de

haberlo, el lucro cesante.

Por los fundamentos expresados y por entender que

la interpretación limitada en cuanto a la indemnización

en casos de culpa in contrahendo por la que ha optado la

opinión mayoritaria va en detrimento del principio

reconocido y la protección a éste, disiento de la

decisión de la mayoría. CC-2011-0278 21

B.

En el caso ante nuestra consideración, surge del

expediente que fue presentada prueba testifical y

documental que demostró que los recurridos incurrieron

en gastos como consecuencia de la expectativa que tenían

respecto al contrato de arrendamiento. Para establecer

estos daños, los recurridos presentaron un informe de

daños y un estimado de pérdidas realizadas por un

perito. Apéndice, pág. 2110. En este informe fue

incluida la cantidad de gastos incurridos con miras al

contrato que iba a realizarse. Entre los gastos

incurridos se demostraron gastos en contratación de

arquitectos, preparación de un manual, compra de

programas de computadoras y gastos de adiestramientos y

viajes para los mismos, entre otros. De igual forma,

fueron establecidas las pérdidas de otras ocasiones de

contratar. En vista del contrato que se realizaría, los

recurridos llevaron a cabo negociaciones para otros

contratos. Esto debido a que tenían un plan de

ampliación. Estas negociaciones fueron con miras a la

concreción del contrato que estaba negociándose para el

arrendamiento del edificio 15, pero no pudieron

concretarse como consecuencia de la no realización del

contrato esperado. De esta manera, la otra parte

quebrantó estos procesos y se afectó la buena fe y

lealtad depositada por Puerto Rico Freight System

(PRFS). CC-2011-0278 22

En el informe, el perito utilizó dos clientes

existentes para realizar los cómputos de la expectativa

de ganancia. Apéndice, pág. 1764. El recurrido presentó

suficiente prueba documental, testifical y pericial que

convenció a los foros de su procedencia. Como vemos, la

prueba del recurrido sobre los costos y gastos

incurridos resultó convincente.

Como es sabido, la apreciación de la prueba del

foro primario merece gran deferencia. En ausencia de

pasión, prejuicio, error manifiesto o parcialidad los

foros apelativos no deben intervenir con las

determinaciones de hecho y la apreciación de la prueba

que realiza un tribunal de instancia. Colón v. Lotería,

167 D.P.R. 625, 659 (2006); Lugo v. Municipio Guayama,

163 D.P.R. 208, 221 (2004); Argüello v. Argüello, 155

D.P.R. 62, 78-79 (2001).

V

Por todo lo antes expuesto, respetuosamente

disiento del criterio mayoritario. En su lugar,

reconocería la procedencia del lucro cesante dentro de

la partida del interés negativo que procede ser

compensado en los casos de culpa in contrahendo. Por

consiguiente, confirmaría el dictamen del Tribunal de

Apelaciones.

Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado