EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peerless Oil & Chemical, Inc.
Peticionaria
v.
Hermanos Torres Pérez, Inc. Demandados
Víctor Torres Oliveras, Hilda Pérez Souchet y la Sociedad Legal de Certiorari Gananciales compuesta por ambos; Víctor Torres Pérez, Annette Fuster 2012 TSPR 119 Padilla y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos; 186 DPR ____ Germán Rivera Colón, Wanda Torres Pérez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos; Luis Vélez Santiago, María Torres Pérez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos; Hilda Torres Pérez
Recurridos
Número del Caso: CC-2011-532
Fecha: 13 de julio de 2012
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Ponce
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Luis Sanchez Betances Lcda. Maileidy Gómez Germán
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. José Ramírez Ramos Lcdo. José Cepeda Rodríguez
Materia: Quiebra – Efecto de una presentación de quiebra sobre los codeudores. CC-2010-1087 2 Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Víctor Torres Oliveras, Hilda Pérez Souchet y CC-2010-1087 la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos; Víctor Torres Pérez, Annette Fuster Padilla y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos; Germán Rivera Colón, Wanda Torres Pérez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos; Luis Vélez Santiago, María Torres Pérez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos; Hilda Torres Pérez
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES
En San Juan, Puerto Rico, a 13 de julio de 2012.
Comparece ante nos Peerless Oil & Chemicals, Inc.
(POC), y solicita la revisión de la sentencia que emitió el
Tribunal de Apelaciones, en la cual revocó la sentencia del
Tribunal de Primera Instancia que condenó a los Hermanos
Torres Pérez, Inc. (HTP) y a varios accionistas de esa
corporación -como garantizadores solidarios- a pagar
$148,054.69 en concepto de intereses por mora. El foro CC-2010-1087 4
apelativo intermedio fundamentó su contención en que el
Tribunal de Primera Instancia carecía de jurisdicción para
atender la controversia, luego que HTP presentó una petición
de quiebra.
En reiteradas ocasiones hemos manifestado que la
presentación de una petición de quiebra por un codeudor,
fiador o garantizador de una deuda no afecta las
obligaciones que frente a esa misma deuda tengan otros
codeudores, garantizadores o fiadores. Sin embargo, nunca
antes hemos precisado si, en tiempo para apelarse una
sentencia, la petición de quiebra instada por un quebrado
suspende el término que tienen las otras partes para
revisarla aun cuando haya una orden del tribunal que
paraliza sus efectos postsentencia.
El presente recurso nos permite determinar qué efecto
tiene sobre los términos de apelación la presentación de una
petición de quiebra por un solo deudor en un caso en que
existen varios garantizadores solidarios de la misma deuda.
Evaluada la controversia, resolvemos que los garantizadores
solidarios de una deuda deben apelar la determinación
conforme disponen las leyes y los reglamentos
correspondientes, pues de lo contrario la sentencia u orden
se convierte en final y firme. Como se sabe, la presentación
de una petición de quiebra solo paraliza los procedimientos
contra el deudor que la presentó. Por eso, revocamos al foro
apelativo intermedio por falta de jurisdicción. CC-2010-1087 5
I
POC es una corporación que se dedica al almacenamiento
y venta de derivados de petróleo. Por su parte, HTP es una
corporación dedicada a la compra, venta y distribución de
productos derivados del petróleo por acarreo.
El 29 de agosto de 2008 POC presentó una demanda en
cobro de dinero contra HTP y los siguientes accionistas: Sr.
Víctor Torres Oliveras, Sra. Hilda Pérez Souchet y la
sociedad de bienes gananciales compuesta por ambos; Sr.
Víctor Torres Pérez, Sra. Annette Fuster Padilla y la
sociedad legal de bienes gananciales compuesta por ambos;
Sr. Germán Rivera Colón, la Sra. Wanda Torres Pérez y la
sociedad legal de bienes gananciales compuesta por ambos y;
el Sr. Luis Vélez Santiago, la Sra. María Torres Pérez y la
sociedad legal de bienes gananciales compuesta por ambos.
Les reclamó una deuda de $4,180,366.92 por concepto de venta
de productos más intereses por mora, según pactados. Esa
cantidad cubre diecinueve facturas de productos derivados de
petróleo que POC vendió a HTP. Específicamente, la
responsabilidad de los recurridos surgía de unas garantías
personales que cada uno de ellos firmó en que se
responsabilizaban solidariamente del pago de cualquier suma
adeudada por HTP a POC.1
1 Las garantías leen como sigue:
“Garantía personal y Autorización para Investigar
Queda expresamente entendido y acordado que el abajo firmante garantiza solidariamente, en su carácter personal, el pago de cualquier suma adeudada por Hermanos Torres Pérez CC-2010-1087 6
En la demanda, POC alegó que durante años ha vendido a
HTP derivados de petróleo, como gasolina y diesel, para ser
revendido a cuatro estaciones de servicio de su propiedad y
a otras seis estaciones propiedad de sus accionistas. Los
términos de venta establecidos eran a crédito otorgando de
siete a diez días para pagar las facturas. Explicó que luego
de un tiempo, HTC comenzó a atrasarse en el pago de las
facturas de los productos vendidos. Ello se debía a que
varios accionistas, oficiales y directores de HTP compraban
productos para sus estaciones de servicio y luego no
pagaban. Así las cosas, solicitó que se condenara a HTP y a
los recurridos al pago de la suma adeudada, más gastos de
honorarios de abogados por temeridad, así como la concesión
del remedio provisional de embargo como aseguramiento de
sentencia conforme a la Regla 56.3 de Procedimiento Civil de
1979, 32 L.P.R.A. Ap. III.
a Peerless Oil & Chemicals, Inc., incluyendo los intereses aplicables, costos de cobranza y gastos legales. Reconocemos que Peerless podrá cobrar cualquier cantidad adeudada y no pagada sin antes tener que cobrar del deudor primario. Aceptamos, según aplique, todos los términos antes indicados. Renunciamos a ser notificados de cualquier enmienda a los términos de pago u otros acuerdos entre el deudor primario y Peerless Oil & Chemicals, Inc. No será necesario que Peerless proceda contra otras garantías o colaterales provistas por o a beneficio del deudor primario antes de solicitarnos el pago, judicial o extrajudicialmente.
Autorizamos a Peerless Oil & Chemicals, Inc. a obtener información de crédito sobre los suscribientes garantizadores. Reconocemos que Peerless Oil & Chemicals, Inc. podrá notificar a las agencias de crédito la experiencia de crédito de nuestra cuenta”. CC-2010-1087 7
En la contestación a la demanda, HTP y los recurridos
aceptaron los números de las facturas, pero negaron sus
cuantías por falta de información. Asimismo, admitieron que
acumulaban una deuda con POC de más de cuatro millones de
dólares. Posteriormente, POC presentó una demanda enmendada
en la que repitió los mismos argumentos que esbozó en la
primera, pero aclaró que la deuda acumulada por los
recurridos era hasta el momento de $3,364,240.12, más
intereses por mora según pactados, además de intereses
legales y honorarios de abogado.
POC presentó una moción de sentencia sumaria parcial.
En esta solicitó al tribunal que condenara a HTP al pago de
$3,122,261 por las compras a crédito que adeudaba. En su
oposición, HTP y los recurridos sostuvieron que no hay
controversia acerca de la cantidad adeudada, pero sí de la
legalidad de las facturas. Fundamentaron su contención en
las disposiciones de las siguientes leyes: Ley de Gasolina,
Ley Núm. 73 de 23 de junio de 1978, 23 L.P.R.A. sec. 1131 et
seq.; la Ley de Control de Productores, Refinadores y
Distribuidores Mayoristas de Gasolina, Ley Núm. 3 de 21 de
marzo de 1978, según enmendada, 23 L.P.R.A. sec. 1101, et
seq.; y la Ley de Monopolios y Restricciones de Comercio,
Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964, según enmendada, 10
L.P.R.A. sec. 257, et seq. En síntesis, arguyeron que el
Departamento de Justicia presentó una querella contra POC
ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) en la
que le acusó de violar las disposiciones del Art. 4 de la CC-2010-1087 8
Ley Núm. 3, supra, 23 L.P.R.A. sec. 1108, al otorgar precios
de venta distintos a sus compradores. A esa moción, POC
replicó y alegó que los recurridos pretendían inducir a
error al Tribunal y dilatar los procedimientos para no pagar
lo que correspondía. Asimismo, resaltaron que no existía
controversia sobre la cuantía debida, ya que HTP la estipuló
y aceptó. Concluyeron que la única controversia a resolverse
era en cuanto a las partidas de intereses por mora.
En el informe de conferencia con antelación a juicio,
POC, HTP y los recurridos expusieron, en esencia, los mismos
argumentos. En específico, HTP y los recurridos sostuvieron
que las garantías personales que brindaron los accionistas
de la corporación no fueron dadas voluntariamente ya que su
consentimiento estuvo viciado. Afirmaron que cuando los
accionistas firmaron esas garantías, lo hicieron bajo la
promesa de que POC continuaría supliéndoles productos para
generar flujo de efectivo y pagar las facturas vencidas.
El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia
parcial. En esta declaró con lugar la demanda, pero
únicamente en lo referente al principal de la deuda. Condenó
a HTP a pagar $3,122,261 con intereses legales desde la
radicación de la demanda hasta su saldo total, honorarios de
abogados computados a razón del diez por ciento (10%) de la
totalidad de la deuda, más las costas y gastos del pleito.
Añadió, que la única controversia pendiente era la cuantía
de los intereses por mora. CC-2010-1087 9
Inconformes con el dictamen, HTP y los ahora recurridos
acudieron al Tribunal de Apelaciones. Ese foro confirmó la
determinación del foro primario. Concluyó, además “que las
alegaciones de que se ejerció presión e intimidación a los
accionistas en su carácter personal para la compra de
combustible a crédito, son hechos impertinentes a dilucidar
en la demanda instada por POC”. Apéndice, pág. 108. Dijo
esto porque la reclamación de POC a HTP era en términos de
su deuda y no en contra de sus accionistas en su carácter
personal y como garantizadores de la deuda. Por ello, razonó
que la teoría de la intimidación argüida por los aquí
recurridos ignoraba la sana práctica comercial que protege
al suplidor. Asimismo, añadió que aceptarla obligaría a POC
a suministrar el producto sin recibir su retribución a
cambio. Finalmente, razonó que la querella no tenía relación
sustancial con los negocios y contratos de las partes
litigantes como mayoristas, ni cuestionan su validez
jurídica y la deuda reclamada.
Posteriormente, se celebró juicio para dilucidar los
intereses por mora. El 28 de septiembre de 2009 el foro
primario dictó sentencia, copia de cuya notificación se
archivó en autos el 2 de octubre del mismo año, y condenó a
HTP y a los recurridos al pago de $148,054.69 por ese
concepto.
Trabada así la controversia, el 19 de octubre de 2009
HTP presentó una moción en que solicitó que se dejara sin
efecto la sentencia. En ella, indicó que el 7 de julio de CC-2010-1087 10
2009 instó una petición de quiebra al amparo del Capítulo 11
de la Ley de Quiebras, que paralizaba todos los
procedimientos. Véase, 11 U.S.C.S. secs. 1107-1174. Cabe
señalar que HTP no notificó de la presentación de la
petición de quiebra a POC ni al tribunal hasta la
presentación de la moción de relevo de sentencia el 19 de
octubre de 2009. Se sometió al procedimiento de quiebra.
Ninguno de los accionistas garantizadores, es decir los
recurridos, se han sometido al proceso de quiebra hasta el
momento.
De conformidad con lo anterior, el 23 de octubre de
2009 el Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución,
notificada el 13 de noviembre de 2009, en que paralizó el
caso para propósitos de los asuntos postsentencia. En la
resolución, el foro primario expresó que se reservaba
“jurisdicción para decretar su reapertura, a solicitud de
parte interesada, en caso que dicha orden de paralización
emitida por el Tribunal de Quiebra sea dejada sin efecto en
cualquier momento con posterioridad a la fecha de la
presente resolución y la parte interesada acuda ante este
foro solicitando la continuación de los procedimientos”.
Apéndice, pág. 121.
El 9 de diciembre de 2009 POC presentó una moción para
reabrir el caso al amparo de la Regla 51.7 de Procedimiento
Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V. Arguyó que la obligación
contractual por la que se radicó el caso en cobro de dinero
tiene una serie de garantizadores solidarios que no están CC-2010-1087 11
acogidos al procedimiento de quiebra. Por consiguiente,
tienen la obligación de responder por su cumplimiento. El 22
de enero de 2010 el Tribunal de Primera Instancia emitió una
orden en que autorizó la reapertura del pleito respecto a
los accionistas de HTP y permitió la toma de deposición.
Insatisfechos, los recurridos acudieron al Tribunal de
Apelaciones. En esencia, atribuyeron al foro primario errar
al impedir la presentación de prueba sobre el supuesto vicio
del consentimiento de los accionistas al momento de
obtenerse sus garantías personales. Por su parte, POC
presentó una moción de desestimación por entender que el
recurso era tardío. Explicó que los garantizadores
solidarios no formaban parte de la solicitud de quiebra, por
lo que la paralización de los procedimientos que decretó el
foro primario no los cobijaba. Por ello, esbozaron que el
recurso se presentó fuera del término de treinta días
contados desde que se archivó en autos copia de la
notificación de la sentencia.
El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como
certiorari, lo expidió y revocó el dictamen del foro
primario. Concluyó que el Tribunal de Primera Instancia erró
al sostener la sentencia de 28 de septiembre de 2009, pues
luego del 7 de julio de 2009, fecha en que HTP presentó su
solicitud de quiebra, el tribunal local carecía de
jurisdicción para tomar cualquier determinación en el
pleito. Por ende, el foro apelativo determinó que la
sentencia de 28 de septiembre de 2009 era nula. El Tribunal CC-2010-1087 12
de Apelaciones añadió que su sentencia anterior no era final
y firme, pues los procedimientos contra HTP fueron
paralizados desde la presentación de la petición de quiebra
el 7 de julio de 2009. Por consiguiente, concluyó que
cualquiera de las partes podía solicitar la reconsideración
o recurrir oportunamente de ese dictamen. Por último,
decretó que a pesar de que POC alega que los accionistas son
deudores solidarios, la sentencia que condenó a HTP al pago
de los $3,122,261 no los incluyó como deudores solidarios y
además, no ha adquirido finalidad. Por ello, POC no podía
requerirle a los accionistas sufragar la totalidad de la
deuda antes de que la sentencia del Tribunal de Primera
Instancia adviniera final y firme.
No conteste con esa determinación, el 15 de diciembre
de 2010 POC recurrió ante nos. En su petición, atribuyó que
el foro apelativo intermedio se equivocó (1) al asumir
jurisdicción sobre un recurso de apelación que se presentó
cinco meses tarde; (2) al acoger el recurso como certiorari
cuando el dictamen apelado no constituía una resolución
interlocutoria; (3) al determinar que POC no podía recobrar
su acreencia a los recurridos por entender que no fueron
incluidos en la sentencia parcial; (4) al determinar que POC
no podía recobrar su acreencia directamente de los
accionistas aun cuando estos son garantizadores solidarios y
responden ante el acreedor aunque no medie sentencia en
contra del deudor y; (5) al dejar sin efecto la sentencia en
cuanto a los recurridos toda vez que la paralización CC-2010-1087 13
automática del proceso legal por la quiebra de uno de los
codemandados no se extiende a los otros que no son parte de
la petición de quiebra.
El 29 de abril de 2011 expedimos el auto. Le otorgamos
un plazo a la parte recurrida para que presentara su alegato
y le apercibimos que de no recibirse en el término
dispuesto, el caso quedaría sometido sin su comparecencia.
La parte recurrida nunca compareció. Así pues, con el
beneficio de la comparecencia de la parte peticionaria y los
documentos que obran en el expediente, procedemos a
resolver.
II
A. La jurisdicción es el poder o autoridad que ostenta un
tribunal para decidir casos o controversias. S.L.G. Solá-
Moreno v. Bengoa Becerra, 182 D.P.R. 675, 682 (2011).
Véanse, además, González v. Mayagüez Resort & Casino, 176
D.P.R. 848, 854 (2009); ASG v. Mun. San Juan, 168 D.P.R.
337, 343 (2006). La falta de jurisdicción de un tribunal
incide directamente sobre el poder mismo para adjudicar una
controversia. Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663, 674
(2005). Por eso, es importante que las partes cumplan con
los términos que dispone la ley para acudir en revisión de
las sentencias y resoluciones.
En innumerables ocasiones “hemos advertido que los
tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y
que no tienen discreción para asumir jurisdicción allí donde
no la tienen”. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 CC-2010-1087 14
D.P.R. 873, 882 (2007). Esto responde a que “las cuestiones
relativas a la jurisdicción de un tribunal son privilegiadas
y como tal deben atenderse y resolverse con preferencia a
cualesquiera otras”. Íd. Véase, además, Autoridad sobre
Hogares v. Sagastivelza, 71 D.P.R. 436, 439 (1950). Ello es
así porque “[u]na sentencia, dictada sin jurisdicción por un
tribunal, es una sentencia nula en derecho y, por lo tanto,
inexistente”. (Énfasis en el original.) Montañez v. Policía
de Puerto Rico, 150 D.P.R. 917, 921 (2000). En otras
palabras, cuando un tribunal determina que no tiene
jurisdicción para entender en un asunto, procede la
inmediata desestimación del recurso apelativo conforme lo
ordenado por las leyes y reglamentos para el
perfeccionamiento de estos recursos. S.L.G. Solá-Moreno v.
Bengoa Becerra, supra, pág. 682. Véanse, además, Carattini
v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003);
Souffront v. A.A.A., supra, pág. 674.
Como la falta de jurisdicción de un tribunal no puede
subsanarse, le corresponde a los foros adjudicativos
examinar su propia jurisdicción, así como aquella del foro
de donde procede el recurso ante su consideración. S.L.G.
Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 883. Recordemos
que “[e]n numerosas ocasiones hemos expresado que este
Tribunal tiene la responsabilidad de asegurarse que nuestro
foro apelativo intermedio dispense justicia conforme al
ámbito de autoridad que se le ha conferido
estatutariamente”. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, CC-2010-1087 15
supra, pág. 883. Por ello, “[e]n el ejercicio de esta tarea,
cuando el Tribunal de Apelaciones asuma jurisdicción en un
recurso sin tenerla, es nuestro deber así declararlo y
desestimar el recurso”. (Énfasis en el original.) Íd. Véase,
además, Morán v. Martí, 165 D.P.R. 356, 364 (2005).
B. En el ejercicio de su función revisora, el Tribunal de
Apelaciones atiende sentencias parciales o finales, así como
resoluciones y órdenes de carácter interlocutorio. La Regla
42.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V,
define sentencia “como cualquier determinación del Tribunal
de Primera Instancia que resuelva finalmente la cuestión
litigiosa y de la cual pueda apelarse”.2 Por otro lado,
define la resolución como “cualquier dictamen que pone fin a
un incidente dentro del proceso judicial”.
En Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 D.P.R. 642, 656
(1987), indicamos que cuando un tribunal emite una
sentencia, se adjudican las controversias habidas en un
pleito y se definen los derechos de las partes. Es decir,
“[e]l término sentencia se define como cualquier
determinación del tribunal que resuelva finalmente la
cuestión litigiosa… Esto es, que adjudique una reclamación
entre las partes de la cual pueda apelarse”. Cortes Pagán v.
González Colón, Op. de 13 de marzo de 2012, 2012 T.S.P.R.
44, 2012 J.T.S. 57, 184 D.P.R. __ (2012). Véanse, además,
2 La Regla 43.1 de Procedimiento Civil de 1979, 32 L.P.R.A. Ap. III, disponía en palabras parecidas que “el término `sentencia´ incluye cualquier determinación del Tribunal de Primera Instancia que resuelva finalmente la cuestión litigiosa de la cual pueda apelarse”. CC-2010-1087 16
Abrams Rivera v. E.L.A., 178 D.P.R. 914, 926 (2010);
Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 94 (2008);
U.S. Fire Ins. v. A.E.E., 151 D.P.R. 962, 967 (2000). Ello
es así aunque la determinación haya sido titulada
erróneamente como una resolución. Abrams Rivera v. E.L.A.,
supra, pág. 926; García v. Padró, 165 D.P.R. 324, 333
(2005); De Jesús v. Corp. Azucarera de P.R., 145 D.P.R. 899,
903 (1998).
Por el contrario, las resoluciones no adjudican
definitivamente la totalidad de una reclamación, sino que
“ponen fin a un incidente dentro del proceso judicial, ya
sea antes o después de dictarse la sentencia”. Cortes Pagán
v. González Colón, supra. Véanse, además, Torres Martínez v.
Torres Ghigliotty, supra, págs. 95-96; García v. Padró,
supra, pág. 332.
C. Las disposiciones legales que establecen la jurisdicción
y competencia del Tribunal de Apelaciones para atender
recursos de apelación y de certiorari, están recogidas en la
Ley de la Judicatura de 2003, Ley Núm. 103-2003, 4 L.P.R.A.
secs. 24(t) y ss., en la Regla 52.2 de Procedimiento Civil,
supra, y en las Reglas 13 y 32 del Reglamento del Tribunal
de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.
El Art. 4.006 inciso (a) de la Ley de la Judicatura de
2003, supra, 4 L.P.R.A sec. 24y, dispone que el Tribunal de
Apelaciones conocerá mediante recursos de apelación de toda
sentencia final dictada por el Tribunal de Primera
Instancia. En cambio, señala en el inciso (b) que mediante CC-2010-1087 17
certiorari expedido a su discreción, conocerá de cualquier
resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera
Instancia.
Por su parte, la Regla 52.2 de Procedimiento Civil,
supra, destaca que los recursos de apelación para revisar
sentencias emitidas por el Tribunal de Primera Instancia
deberán presentarse dentro del término jurisdiccional de
treinta días, contados a partir del archivo en autos de la
copia de la notificación de la sentencia dictada por el
tribunal apelado. Igual término concede la Regla 13 del
Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.
Hemos expresado que los términos jurisdiccionales son
improrrogables por lo que no están sujetos a interrupción o
cumplimiento tardío. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo,
supra, págs. 881-882. “Se denominan estos términos como
jurisdiccionales o fatales porque transcurren
inexorablemente, no importa las consecuencias procesales que
su expiración provoque”. Íd. Por ello, “una vez transcurre
un término de naturaleza jurisdiccional, el tribunal o la
agencia estatal pierde jurisdicción para atender el asunto
ante su consideración”. Íd.
Conforme a la Regla 52.2 de Procedimiento Civil, supra,
y la Regla 33 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,
supra, el término que se dispone para revisar una
resolución, al igual que para revisar una sentencia, es de
treinta días contados a partir del archivo en autos de copia
de la notificación de la resolución. Véase, García Ramis v. CC-2010-1087 18
Serrallés, 171 D.P.R. 250, 253 (2007). Ahora bien, cuando se
presenta una petición de certiorari, el término es de
cumplimiento estricto, mientras que cuando se presenta una
apelación, el término es jurisdiccional. Regla 33 del
Reglamento del TA, supra.
Ello acarrea una diferencia cuando se está ante un
término de cumplimiento estricto, pues “los tribunales no
están atados al automatismo que conlleva un requisito de
carácter jurisdiccional y pueden, por lo tanto, proveer el
remedio que estimen pertinente, extendiendo el término según
las circunstancias”. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo,
supra, pág. 881. Véase, además, Rojas v. Axtmayer Ent.,
Inc., 150 D.P.R. 560, 564 (2000). “Esto significa que su
observancia tardía es permisible sólo de existir y
demostrarse a cabalidad una justa causa para no cumplir
rigurosamente con el término en cuestión”. Figueroa v. Del
Rosario, 147 D.P.R. 121, 127 (1998). Ahora bien, el que su
cumplimiento no esté atado a la rigidez del término
jurisdiccional no significa que el Tribunal de Apelaciones
goza de discreción para prorrogarlo automáticamente. Rojas
v. Axtmayer Ent., Inc., supra, pág. 564. Para hacerlo, la
parte deberá demostrar al tribunal (1) la existencia de
justa causa para la dilación; y (2) las bases razonables que
tiene para ella. Íd., pág. 565. Ahora bien, la existencia de
justa causa deberá demostrarse con “explicaciones concretas
y particulares, debidamente evidenciadas, que le permitan al
tribunal concluir que la tardanza o demora ocurrió por CC-2010-1087 19
alguna circunstancia especial razonable” …, y no “con
excusas, vaguedades o planteamientos estereotipados”.
(Énfasis en el original.) Lugo v. Suárez, 165 D.P.R. 729,
738-739 (2005). Por tanto, “[e]n ausencia de estas
condiciones, el tribunal carece de discreción para prorrogar
el término y, por consiguiente, de acoger el recurso de
certiorari ante su consideración”. Íd., pág. 738.
Con este trasfondo doctrinal, evaluemos la naturaleza
del recurso que tenía ante sí el Tribunal de Apelaciones.
III
Conforme reseñamos anteriormente, el Art. 4.006(a) de
la Ley de la Judicatura de 2003, supra, establece que para
que el Tribunal de Apelaciones pueda acoger un recurso como
certiorari debe tratarse de la revisión de una resolución y
no de una sentencia. Al examinar los hechos de este caso,
observamos que el 13 de mayo de 2009, el Tribunal de Primera
Instancia emitió una sentencia parcial en que adjudicó el
monto de la cuantía principal reclamada por POC en su
demanda sobre cobro de dinero y determinó expresamente que
lo único que restaba por resolverse era la cuantía a la que
ascendían los intereses por mora acumulados sobre la deuda
principal. Cónsono con lo anterior, se celebró una vista
evidenciaria en que las partes estipularon y admitieron la
cuantía de los intereses por mora reclamados por POC. De esa
forma, como mismo expresó el Tribunal de Primera Instancia,
la adjudicación de los intereses resolvía la reclamación de CC-2010-1087 20
POC en su totalidad y con ello se daba fin a la controversia
que era objeto de la demanda.
En vista de lo anterior, es forzoso concluir que la
sentencia del foro primario de 28 de septiembre de 2009, que
adjudicó los intereses por mora, constituyó una sentencia y
no una resolución, ya que puso fin al pleito. Al no tratarse
de un incidente procesal dentro del pleito, era improcedente
atender ese recurso como un certiorari. Peor aun es que el
foro apelativo intermedio, al acoger el recurso como
certiorari, solicitó a los recurridos que justificaran la
crasa dilación en la presentación de su recurso pero estos
nunca comparecieron.
Aclarado que erró el foro apelativo intermedio al
acoger el recurso como certiorari, veamos el derecho
correspondiente al efecto de la presentación de una petición
de quiebra por un deudor en los casos en que concurren
varios garantizadores de una misma deuda.
IV
Recientemente señalamos en Marrero Rosado v. Marrero
Rosado, 178 D.P.R. 476, 490 (2010), que “[l]a paralización
automática es una de las protecciones más básicas que el
legislador estadounidense instituyó en el Código de Quiebras
para los deudores que se acogen a éste”. Con la paralización
automática se impide, “entre otras cosas, el comienzo o la
continuación de cualquier proceso judicial, administrativo o
de otra índole que fue o pudo haber sido interpuesto en
contra del deudor, o para ejercitar cualquier acción cuyo CC-2010-1087 21
derecho nació antes de que se iniciara la quiebra”. Íd.,
pág. 491. Véase, además, 11 U.S.C.A. sec. 362.
La paralización automática no requiere notificación
formal; surte efectos desde que se presenta la petición de
quiebra y se extiende hasta que se dicte la sentencia final.
Íd. Véase, además, Jamo v. Katahdin Fed. Credit Union, 283
F.3d 392, 398 (1er Cir. 2002). La paralización automática
impide el comienzo o la continuación de cualquier acción
judicial o administrativa en contra del deudor pendiente o
que pudo comenzar antes del inicio de la petición de
quiebra. 11 U.S.C. sec. 362 (a)(1). A su vez, prohíbe las
acciones judiciales y administrativas que se inicien en
contra del deudor para recuperar reclamaciones hechas con
anterioridad a la petición. Íd. De igual forma, la
paralización automática prohíbe las acciones para cumplir
sentencias que fueron obtenidas antes de que la petición de
quiebra se haya iniciado. Íd.
Ahora bien, “[l]a responsabilidad de una persona que es
codeudor, fiador o en alguna forma garantizador de un
quebrado no se altera por la adjudicación en quiebra de
éste”. Cámara Insular Etc. v. Anadón, 83 D.P.R. 374, 380
(1961). Véase, además, 11 U.S.C.A. sec. 524(e); 3 Collier on
Bankruptcy sec. 362.03[3][d] (2010). El propósito de la ley
“es proteger el ejercicio de cualquier acción que tenga el
acreedor contra cualquier otra persona que se hubiere
obligado conjuntamente con el deudor quebrado”. Cámara
Insular Etc. v. Anadón, supra, pág. 380. CC-2010-1087 22
En Credit Alliance Corp. v. Williams, 851 F. 2d 119
(4to Cir. 1998), el Tribunal de Apelaciones para el Cuarto
Circuito afirmó que la presentación de una petición de
quiebra al amparo del Capítulo 11 paraliza los
procedimientos en contra del deudor que la solicita y no así
contra los garantizadores solidarios de una deuda. Asimismo,
dejó claro que los garantizadores solidarios deben presentar
sus defensas y apelaciones a tiempo cuando están como
demandados en un pleito en el que el deudor principal se
sometió a la quiebra. De no hacerlo se arriesgan a que las
sentencias recaídas se constituyan finales, adjudicadas en
los méritos e imposibles de relitigarse por el principio de
res judicata.
En ese caso, cuando el acreedor presentó una petición
de embargo contra todos los deudores, la Corte Federal de
Quiebras sostuvo que las disposiciones de la Ley de Quiebra
con relación a la paralización automática hacían nula una
sentencia en rebeldía declarada en contra del deudor
principal y los deudores solidarios. El Tribunal de Distrito
Federal revocó la determinación de la corte de quiebra y
concluyó que la reclamación en contra de los garantizadores
no fue paralizada por la presentación de la quiebra, ni
mucho menos se convirtió en nula. De esa determinación, uno
de los codeudores apeló.
El Tribunal Federal de Apelaciones para el Cuarto
Circuito determinó que
[e]l lenguaje claro de la Sección 362, sin embargo, dispone solo para la paralización CC-2010-1087 23
automática de los trámites judiciales y la ejecución de sentencias “contra el deudor o su propiedad inmueble.” Véase Williford v. Armstrong World Industries, Inc., 715 F.2d 124, 126-27 (4th Cir. 1983). El historial legislativo de esta disposición revela que el Congreso puso en vigor la Sección 362 para proveer protección a deudores en quiebra y facilitar la distribución ordenada de los activos del deudor entre sus acreedores. “La paralización automática es una de las protecciones fundamentales dispuestas en las leyes de quiebra. Esta le otorga al deudor un respiro de sus acreedores. . . . Le permite al deudor tratar de establecer un plan de pago o reorganización, o simplemente ser relevado de las presiones financieras que lo llevaron a la quiebra.” S. Rep. No. 989, 95th Cong., 2d Sess. 54-55 (1978), reimpreso en 1978 U.S. Code Cong. & Admin. News, 5787, 5840-41; H. R. Rep. No. 595, 95th Cong., 2d Sess., 340 (1978), reimpreso en 1978 U.S. Code Cong. & Admin. News, 5963, 6296-97.
Nada dentro del contenido de la Sección 362 sugiere que haya sido la intención del Congreso que esta disposición le arrebatara a los acreedores del deudor en bancarrota la protección que procuraban y recibían cuando solicitaban que un tercero garantizara la deuda. El Congreso sabía cómo extender la paralización automática a las partes que no estaban en quiebra cuando se propuso hacerlo. El Título 13, por ejemplo, contiene una disposición estrictamente definida para paralizar los procedimientos contra una cantidad limitada de codeudores individuales de deudas del consumidor. Véase 11 U.S.C. § 1301(a). Bajo la Sección 362(a) no existe tal protección para los garantizadores de las quiebras por Título 11. Véase Williford, 715 F.2d, páginas 126-127.
Los garantizadores de los deudores que procedan en quiebra bajo el Título 11 están limitados a reclamaciones de rembolso o contribución hasta el límite permitido al amparo de 11 U.S.C. § 502(e) o la subrogación en los derechos del acreedor según 11 U.S.C. § 509. Este esquema protege al acreedor asegurado “hasta el límite de que un fiador o codeudor no está permitido a competir con el acreedor que éste ha asegurado hasta que la reclamación de la parte asegurada sea satisfecha en su totalidad.” 124 Cong. Rec. H11089 (Sept. 28, 1978) (declaraciones del Rep. Edwards), reimpreso en 1978 U.S. Code Cong. & Admin. News, 6436, 6449-50. Una lectura de la sección 362 que restrinja la habilidad del CC-2010-1087 24
acreedor para proceder en contra de su garantizador eliminaría la protección de acreedores asegurados contemplada en la Ley de Quiebras.(Traducción nuestra.)
Credit Alliance Corp. v. Williams, supra, pág. 121.
Refiriéndose a lo resuelto en A. H. Robins Co. v.
Piccinin, 788 F.2d 994 (4to Cir.), cert. denegado, 479 U.S.
876 (1986), el Tribunal expresó que en circunstancias
inusuales, un tribunal, conforme a la sección 362, supra,
puede paralizar procedimientos en contra de codeudores no
amparados por la quiebra. Sin embargo, aclaró que esas
circunstancias inusuales ocurren cuando
“[e]xiste tal identidad entre el deudor y el tercero demandado de manera que podría decirse que el deudor es la parte demandada real y que una sentencia contra el tercero demandado constituirá, en efecto, una sentencia o resolución contra el deudor”, …, o cuando los procedimientos contra los codemandados no- deudores puedan reducir o minimizar “la propiedad del deudor [como el fondo de seguro del deudor] en perjuicio de los acreedores del mismo como conjunto”. (Traducción nuestra.)
Íd., citando a A. H. Robins Co. v. Piccinin, supra, págs. 999 y 1008.
Tras concluir que en ese caso no se configuraron las
circunstancias excepcionales que darían paso a la
paralización a favor de los garantizadores, el tribunal
determinó que la sentencia en rebeldía constituía una
sentencia final en los méritos y los principios de res
judicata impedían que se relitigaran defensas que pudieron
ser invocadas en el tribunal estatal.
A igual conclusión llegó el Segundo Circuito en
Queenie, Ltd. v. Nygard Intl., 321 F.3d 282, 287 (2do Cir. CC-2010-1087 25
N.Y. 2003) al establecer que la petición de quiebra de un
deudor paraliza su apelación y la de su corporación, pero no
así la de otros codemandados en el pleito. Véase, además,
The Bankruptcy Code’s Automatic Stay, 895 PLI/Comm 661, 674
(2007) (Debtor’s filing of bankruptcy petition stayed his
appeal and that of his wholly owned corporation, but not
that of co-defendants).
En fin, salvo circunstancias excepcionales, “la
iniciación del procedimiento de quiebra es una defensa
personal que puede invocarse por el deudor peticionario
únicamente, pero que no beneficia a los codeudores”.
(Traducción nuestra.) Íd. Véanse, además, In Re Robert F.
Youngblood Constr. Co., 2012 Bankr. Lexis 1214 (Bankr.
E.D.N.C. 2012); Schumacher v. White, 429 B.R. 400, 407
(2010); Liberty Mut. Ins. Co. v. Greenwich Ins. Co., 286 F.
Supp. 2d 73, 76 (D. Mass. 2003); United States v.
Rassmussen, 184 F.Supp. 351 (Minn. 1960); Trustees of
Schools, etc. v. Chamberlain, 78 N.E.2d 525 (I11. 1948);
Green v. Welsh,956 F.2d 30(2do Cir. N.Y. 1992).
Veamos entonces si la paralización automática generada
a raíz de la presentación de la petición de quiebra de HTP
benefició a los codeudores-recurridos.
V
De entrada debemos señalar que es incorrecta la
determinación del foro apelativo intermedio de que la
sentencia de 28 de septiembre de 2009 es nula y carece de
efecto jurídico entre las partes luego de que el 7 de julio CC-2010-1087 26
de 2009 HTP presentara la petición de quiebra. Conforme
reseñamos anteriormente, salvo en circunstancias
excepcionales, que no están presentes aquí, la
responsabilidad de un garantizador no se altera por la
presentación de una petición de quiebra hecha por el deudor
principal. Por consiguiente, cuando en un pleito hay varios
codeudores, garantizadores o fiadores, estos no pueden
ampararse en la quiebra de uno de los deudores para alegar
también la paralización del proceso en su contra. Si lo
hacen y la sentencia adviene final y firme, los principios
de res judicata le imposibilitan relitigar el asunto. Véase,
Credit Alliance Corp. v. Williams, supra.
Al recapitular los hechos de este caso, observamos que
el 28 de septiembre de 2009 el Tribunal de Primera Instancia
emitió la sentencia que condenó a los recurridos al pago de
$148,054.69 en concepto de intereses por mora. Copia de la
notificación de esa sentencia se archivó en autos el 2 de
octubre de 2009. Así pues, los recurridos tenían hasta el 1
de noviembre de 2009 para acudir al Tribunal de Apelaciones.
Sin embargo, el 19 de octubre de 2009 HTP presentó la moción
para que se dejara sin efecto la sentencia por motivo de la
petición de quiebra que había presentado. El Tribunal de
Primera Instancia nunca dejó la sentencia sin efecto. Aunque
el 23 de octubre de 2009, mediante resolución notificada el
13 de noviembre siguiente, decretó el caso paralizado, con
ello no afectó el término de los recurridos para apelar. Es
harto conocido que el Tribunal de Primera Instancia no puede CC-2010-1087 27
prorrogar el término para apelar. Plan Salud Unión v.
Seaboard Sur. Co., 182 D.P.R. 714, 721 (2011); Vélez v.
A.A.A., 164 D.P.R. 772, 786 (2005). El término no estaba
paralizado para los recurridos pues ellos no se acogieron a
la petición de la Ley Federal de Quiebras. Por consiguiente,
erró el foro apelativo intermedio al acoger el recurso
presentado, pues al momento en que lo hizo, ya había
transcurrido el término de treinta días que tenían las
partes para apelar.
Los recurridos no pueden alegar confusión ante la
presentación de la petición de quiebra. Aunque el 19 de
octubre de 2009, antes de vencer el plazo para apelar, HTP
presentó la moción para que se dejara sin efecto la
sentencia por motivo de la presentación de la petición de
quiebra, lo cierto es que para ese entonces los recurridos
desconocían cuál iba a ser la determinación del Tribunal de
Primera Instancia. No estaban impedidos de presentar la
apelación oportunamente, pues la paralización a favor de HTP
no los cobijaba a ellos ni paralizaba los términos para ir
en apelación. Esto se debe a que la presentación de la
petición de quiebra de HTP es un incidente aparte que no
paralizó los efectos de la sentencia en contra de las demás
partes, como lo haría una moción al amparo de la Regla 43 o
47 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V.
Recordemos que en virtud del Art. 1090 del Código Civil, 31
L.P.R.A. sec. 3108, cuando los recurridos firmaron la
garantía, se convirtieron en garantizadores solidarios de la CC-2010-1087 28
obligación que HTP contrajo con POC. Por ello, POC puede
exigirle su acreencia a cualquiera de los deudores o a todos
simultáneamente. Resolver lo contrario implicaría sostener
que la presentación de una petición de quiebras tiene el
efecto de desgarrar la solidaridad pactada.
Como último señalamiento, cabe apuntar que POC presentó
una moción al amparo de la entonces vigente Regla 51.7 de
Procedimiento Civil de 1979,3 supra, para cobrar de los
recurridos la sentencia que advino a su favor.
Esa regla, como explicó el Comité Asesor de las Reglas
de Procedimiento Civil, se conceptualizó para evitar que
“deudores solidarios que no formaron parte de un pleito
obstaculicen e impidan que el acreedor presente una
3 “51.7 Procedimientos en sentencia contra deudores solidarios
Cuando se obtiene una sentencia contra uno o más entre varios deudores solidariamente responsables de una obligación, aquellos deudores que no fueren partes en la acción, podrán ser citados para que comparezcan a mostrar por qué causa no han de estar obligados por la sentencia de igual modo que si hubieren sido demandados desde un principio. La citación, conforme lo dispuesto en esta regla, deberá relacionar la sentencia, y requerir a la persona citada para que comparezca determinado día y hora a mostrar causa de por qué no ha de estar obligada por dicha sentencia. No será necesario entablar nueva demanda. La citación deberá acompañarse de una declaración escrita y jurada del demandante, su agente, representante o abogado, manifestando que la sentencia o parte de ella, permanece incumplimentada y expresando además, la cantidad que a cuenta de la misma se debiere.
Hecha la citación, el deudor citado deberá comparecer en la fecha que se indica en la citación, y en dicha vista podrá aducir cualquier defensa de hecho y de derecho para eximirle de responsabilidad. Las cuestiones así planteadas podrán substanciarse como en los demás casos”. CC-2010-1087 29
reclamación contra éstos como co-deudores solidarios”.
Tribunal Supremo de Puerto Rico, Secretariado de la
Conferencia Judicial y Notarial, Informe de Reglas de
Procedimiento Civil, Marzo 2008, págs. 582-583. Sin embargo,
el Comité Asesor recomendó su eliminación, pues “lo
dispuesto en la regla es contrario al ordenamiento jurídico,
ya que permite ejecutar una sentencia contra una persona que
no fue parte en el pleito y sobre la cual el tribunal no
adquirió jurisdicción”. (Énfasis nuestro.) Íd., pág. 583.
Como se aprecia, la utilización de esa regla era
improcedente en este caso, toda vez que POC demandó desde el
inicio a todos los codeudores, por lo que estos eran parte.
Lo que procedía era solicitar la ejecución de la sentencia,
conforme la Regla 51.2 de Procedimiento Civil de 1979,
supra, vigente al momento. Sin embargo, aunque POC invocó la
regla incorrecta, su petitorio procedía.
VI
Por los fundamentos antes expuestos, revocamos al
Tribunal de Apelaciones pues al momento en que revisó la
sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 28 de
septiembre de 2009, carecía de jurisdicción para hacerlo.
Asimismo, declaramos que la sentencia de 28 de septiembre de
2009 del Tribunal de Primera Instancia no surte efecto en
cuanto a HTP, pero sí en cuanto a los recurridos, pues la
petición de quiebra no los cobija. Por último, se devuelve
el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, CC-2010-1087 30
para la continuación de los procedimientos de forma
compatible con lo resuelto aquí.
Se dictará sentencia de conformidad.
Rafael L. Martínez Torres Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Víctor Torres Oliveras, Hilda Pérez Souchet y CC-2010-1087 la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos; Víctor Torres Pérez, Annette Fuster Padilla y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos; Germán Rivera Colón, Wanda Torres Pérez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos; Luis Vélez Santiago, María Torres Pérez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos; Hilda Torres Pérez
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente Sentencia, revocamos al Tribunal de Apelaciones pues al momento en que revisó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 28 de septiembre de 2009, carecía de jurisdicción para hacerlo. Asimismo, declaramos que la sentencia de 28 de septiembre de 2009 del Tribunal de Primera Instancia no surte efecto en cuanto a HTP, pero sí en cuanto a los recurridos, pues la petición de quiebra no los cobija. Por último, se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, para la continuación de los procedimientos de forma compatible con lo resuelto aquí.
Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del Tribunal.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo