EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Rafael Domingo Pagán Santiago
Recurrido
v.
Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno del ELA de Puerto Rico y la Judicatura Certiorari Peticionaria 2012 TSPR 68
Ana Matilde Ortiz Rivera 185 DPR ____
Recurrida
Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno del ELA de Puerto Rico y la Judicatura
Peticionaria
Número del Caso: CC-2011-500 cons. CC-2011-507
Fecha: 10 de abril de 2012
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan Panel III
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Irene Soroeta Kodesh Procuradora General
Lcda. María Astrid Hernández Martín Procuradora General Auxiliar
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Raúl Caballero Meléndez
Materia: Seguros – Revisión Administrativa Procedente de la Junta de Síndicos de la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Rafael Domingo Pagán Santiago Certiorari
Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno del ELA de Puerto Rico y la Judicatura CC-2011-0500 Peticionaria cons.
Ana Matilde Ortiz Rivera CC-2011-0507
Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno del ELA de Puerto Rico y la Judicatura
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora Pabón Charneco
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de abril de 2012.
Los recursos de autos nos permiten examinar si un
servidor público jubilado con una anualidad por retiro de
la Ley 174-2000, según enmendada, conocida como Ley de
Retiro Temprano de los Empleados de Gobierno de Puerto
Rico, 3 L.P.R.A. sec. 5018 et seq., es acreedor del
aumento de tres por ciento (3%) en su anualidad concedido CC-2011-0500 Cons. CC-2011-0507 2
en la Ley 35-2007, 3 L.P.R.A. sec. 766(nt) (Supl. 2009).1
Resolvemos, a priori, que los recurridos no tenían derecho
a cobrar el referido aumento.
I
La Administración de los Sistemas de Retiro de los
Empleados del Gobierno de Puerto Rico (en adelante
Administración de Retiro o Sistema de Retiro) acude ante
nos mediante los recursos CC-2011-500 y CC-2011-507.
En ambos casos consolidados, la Administración de
Retiro, a raíz de un proceso de auditoría, determinó que
el pago que hiciera a los recurridos en virtud de la Ley
Núm. 35, supra, fue hecho por error y, por tanto, procedió
a cobrar las cantidades pagadas indebidamente. A
continuación, exponemos los hechos específicos de cada uno
de los recursos que generaron las controversias de autos.
A.
CC-2011-0500
Rafael Domingo Pagán Santiago (en adelante señor Pagán
Santiago o recurrido), era Director de Comercio Exterior
en la Compañía de Comercio y Exportaciones cuando se
retiró. El recurrido se acogió a una pensión de retiro
temprano conforme a la Ley Núm. 174, supra. El señor Pagán
Santiago contaba con veintiséis punto setenta y cinco
(26.75) años de servicio acreditados al Sistema de Retiro
1 Las letras “nt” después del número de la sección, indican que la ley se cita en una nota bajo dicha sección. CC-2011-0500 Cons. CC-2011-0507 3
y con cincuenta y cinco (55) años de edad; esto calculado
al 31 de diciembre de 2000.
En la misma carta en que se le notificó la aprobación
de la pensión dispuesta en la Ley Núm. 174, supra, -carta
fechada al 1 de mayo de 2001- se le informó al recurrido
que
[l]os pensionados por Retiro Temprano podr[ían] prestar servicios, sin que se v[iera] afectada su pensión, una vez cumpla[n] con los requisitos de la Ley 447 del 15 de mayo de 1951, según enmendada, conocida como la Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura de Puerto Rico [en adelante Ley del Sistema de Retiro o Ley 447]. Conforme a nuestros registros usted completará los mismos el 1 de abril de 2004. CC-2011-500, Resolución de la Junta de Síndicos de 28 de junio de 2010. (Énfasis suplido).
Así las cosas, el 24 de abril de 2007 se aprobó la Ley
Núm. 35, supra, estableciendo un aumento de tres por
ciento (3%) a las pensiones recibidas al amparo de la Ley
Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, conocida
como Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del
Gobierno y la Judicatura de Puerto Rico. Desde el 1 de
julio de 2007 hasta el 15 de julio de 2008, el señor Pagán
Santiago recibió los beneficios legislados por la Ley Núm.
35, supra.
Sin embargo, el 16 de septiembre de 2008, la
Administración de Retiro le notificó al recurrido que el
beneficio legislado en la Ley Núm. 35, supra, le había
sido otorgado por error. Indicó la Administración de
Retiro CC-2011-0500 Cons. CC-2011-0507 4
[s]egún auditoría realizada en noviembre de 2007, se le otorgó el aumento de la Ley 35/2007 (3%) indebidamente, ya que pasó a la nómina regular de pensionados el 1 de abril de 2004. Para tener el derecho a dicho aumento, debía estar en la nómina en o antes del 1 de enero de 2004.
Además, mediante dicha misiva, la Administración de Retiro
procedió a cobrarle al recurrido la cantidad pagada
indebidamente ascendente a mil ciento cincuenta dólares
con quince centavos ($1,150.15).
El señor Pagán Santiago apeló a la Junta de Síndicos
de la Administración de los Sistemas de Retiro de los
Empleados del Gobierno y la Judicatura (en adelante Junta
de Síndicos) para que revocara la decisión de la
Administración de Retiro. Alegó que cumplía con los
requisitos dispuestos en la Ley Núm. 35, supra, y que por
tanto era acreedor del aumento de tres por ciento (3%). En
la alternativa, alegó que la agencia cometió un error de
Derecho pues estaba reinterpretando la Ley Núm. 35, supra,
y por tanto, la Administración de Retiro no podía cobrar
las partidas otorgadas indebidamente.
No obstante las alegaciones del recurrido, la Junta de
Síndicos confirmó la decisión de la Administración de
Retiro y resolvió que no tenía derecho al referido
aumento. Además, dictaminó que el aumento le fue otorgado
por error porque el sistema de contabilidad de la agencia
no diferencia entre las personas acogidas a los beneficios
del retiro temprano, Ley Núm. 174, supra, y los acogidos a CC-2011-0500 Cons. CC-2011-0507 5
la Ley Núm. 447, supra. Por tal razón, la Junta de
Síndicos concluyó que el pago en exceso fue debido a un
error de trámite y de contabilidad y confirmó también la
acción de la Administración de Retiro de cobrar la
cantidad pagada indebidamente.
Sometida la controversia ante el Tribunal de
Apelaciones, el foro a quo revocó la decisión de la Junta
de Síndicos. En lo pertinente, determinó que las leyes en
cuestión eran estatutos reparadores que debían ser
interpretados de manera liberal para cumplir con el
beneficio social que pretendió otorgar el legislador.
Además, resolvió que aunque la Ley Núm. 35, supra,
contenía excepciones a su aplicación, los participantes de
la Ley Núm. 174, supra, no se encontraban excluidos
expresamente. Con ello en mente, concluyó que el señor
Pagán Santiago era acreedor del aumento de tres por ciento
(3%) pues cumplía con todos los requisitos de la Ley Núm.
B.
CC-2011-0507
Por otra parte, en el recurso CC-2011-0507, se alegan
unos hechos y controversias muy similares a las del
recurso anterior.
Ana Matilde Ortiz Rivera (en adelante la señora Ortiz
Rivera o recurrida) trabajaba como Auxiliar Administrativo
II en la División de Compras y Suministros del Cuerpo de CC-2011-0500 Cons. CC-2011-0507 6
Bomberos de Puerto Rico. La señora Ortiz Rivera tenía
acreditados veinticinco punto setenta y cinco (25.75) años
al Sistema de Retiro y cuarenta y cuatro (44) años de
edad, esto calculado al 30 de abril de 2001. La recurrida
solicitó acogerse a los beneficios de pensión por retiro
temprano de la Ley Núm. 174, supra. Posteriormente, el 1
de mayo de 2001, se le notificó mediante carta que su
pensión por retiro temprano había sido aprobada. Además,
se le notificó que
[l]os pensionados por Retiro Temprano podr[ían] prestar servicios, sin que se v[iera] afectada su pensión, una vez cumpla con los requisitos de la Ley 447 del 15 de mayo de 1951, según enmendada. Conforme a nuestros registros usted completará los mismos el 1 de octubre de 2005. CC-2011-507, Resolución de la Junta de Síndicos de 14 de septiembre de 2010. (Énfasis suplido).
Así las cosas, y mientras recibía la pensión según
dispuesta en la Ley Núm. 174, supra, desde 1 de julio de
2007 hasta el 15 de julio de 2008, la señora Ortiz Rivera
recibió el aumento de tres por ciento (3%) en su pensión
dispuesto en la Ley Núm. 35, supra. Sin embargo, la
Administración de Retiro le informó, mediante carta, que a
raíz de una auditoría realizada en julio de 2008,
descubrieron que se le había otorgado indebidamente el
aumento de la Ley Núm. 35, supra. Además, procedió a
cobrarle la cantidad pagada indebidamente ascendiente a
quinientos setenta y siete dólares con cuarenta y cuatro
centavos ($577.44). CC-2011-0500 Cons. CC-2011-0507 7
La señora Ortiz Rivera apeló la decisión de la
Administración de Retiro a la Junta de Síndicos. En lo
pertinente, la Junta de Síndicos concluyó que la recurrida
no era acreedora del aumento legislado en la Ley Núm. 35,
supra, pues al 1 de enero de 2004, aún cobraba su pensión
bajo la Ley Núm. 174, supra; mientras que la Ley Núm. 35,
supra, requería que el pensionado cobrara la pensión bajo
la Ley Núm. 447, supra, en o antes del 1 de enero de 2004.
Además, la Junta de Síndicos determinó que la señora
Rivera Ortiz debía pagar a la Administración de Retiro las
partidas del aumento que fueron pagadas indebidamente.
Inconforme con el resultado, la señora Ortiz Rivera,
acudió al Tribunal de Apelaciones para la revisión
judicial de la decisión de la Junta de Síndicos. En
síntesis, el tribunal a quo resolvió que la interpretación
que la Junta de Síndicos hiciera sobre la Ley Núm. 35,
supra, era insostenible pues no tenía fundamento en la
intención legislativa. A su vez, determinó que los
pensionados acogidos al retiro temprano de la Ley Núm.
174, supra, no fueron expresamente excluidos de la
aplicación de la Ley Núm. 35, supra. En fin, el foro
apelativo intermedio entendió que la recurrida era
acreedora del aumento en su pensión.
Inconforme con la determinación del Tribunal de
Apelaciones, la Administración de Retiro presentó dos (2) CC-2011-0500 Cons. CC-2011-0507 8
recursos de Certiorari ante nos. Dichos recursos fueron
consolidados y plantean el siguiente error:
Erró el Tribunal de Apelaciones al revocar la Resolución de la Junta de Síndicos de la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura confirmando la determinación del Administrador de los Sistemas de Retiro de excluir al Señor Rafael Domingo Pagán Santiago y la Señora Ana Matilde Ortiz Rivera del aumento del 3% concedido por la Ley Núm. 35 del 24 de abril de 2007.
Examinados ambos recursos, el 21 de octubre le
ordenamos a los recurridos que mostraran causa por la cual
no debíamos expedir. La señora Ortiz Rivera nunca
compareció ante nos. Con el beneficio de la comparecencia
del señor Pagán Santiago, procedemos a resolver los
recursos de autos conforme intimado.
II
La Ley Núm. 447, supra, creó el Sistema de Retiro de
los Empleados del Gobierno de Puerto Rico. Esta
legislación se caracteriza por ser una general y
abarcadora que provee beneficios y anualidades de retiro
para empleados del Gobierno estatal y sus
instrumentalidades, entre otros. Véase Landán v. Torres
Braschi, 82 D.P.R. 479, 480 esc.1 (1961). La participación
en el Sistema de Retiro es, como regla general,
obligatoria.2 3 L.P.R.A. sec. 764; Calderón v. Adm. de los
2 “El ingreso al Sistema de Retiro es discrecional únicamente para los Secretarios del Gobierno, los ayudantes del Gobernador de Puerto Rico, CC-2011-0500 Cons. CC-2011-0507 9
Sistemas de Retiro, 129 D.P.R. 1020, 1031-1032 (1992). El
denominado Sistema de Retiro se considera un fideicomiso,
cuyos fondos deben utilizarse “en provecho de los miembros
participantes de su matrícula, sus dependientes y
beneficiarios, para el pago de anualidades por retiro y
por incapacidad, anualidades y beneficios por defunción y
otros beneficios”. . . 3 L.P.R.A sec. 761. Aquino González
v. A.E.E.L.A., res. en 25 de mayo de 2011, 2011 T.S.P.R.
77, 2011 J.T.S. 82, 182 D.P.R. ____(2011).
En virtud de ello, se facultó al Secretario de
Hacienda a que realice los descuentos correspondientes al
salario de cada empleado para fines de retiro. 3 L.P.R.A.
sec. 780(f). A cambio de estos descuentos, se pretende que
al momento de la jubilación, el empleado tenga derecho a
recibir sus aportaciones o una anualidad, de modo que
tenga, como mínimo, un ingreso fijo de subsistencia. In re
Castro y Torres Braschi, 73 D.P.R. 564 (1952); Calderón v.
Adm. de los Sistemas de Retiro, supra. Entre los fines más
importantes de la referida legislación está “proteger a
los empleados luego de ocupar un puesto público durante
largos años”. In re Castro y Torres Braschi, supra, pág.
571.
Inicialmente las pensiones del estado se consideraron
como gracia o dádiva del soberano. Véase, Bayrón Toro v.
los jefes de agencias e instrumentalidades públicas, los miembros de comisiones y juntas nombradas por el Gobernador, el Contralor y los miembros de la Asamblea Legislativa”. Calderón v. Adm. de los Sistemas de Retiro, 129 D.P.R. 1020, 1032 (1992). CC-2011-0500 Cons. CC-2011-0507 10
Serra, 119 D.P.R. 605, 610-618 (1987). No obstante, desde
Rivera v. Rodríguez, 93 D.P.R. 21 (1966), sentamos las
bases para eliminar esa teoría arcaica. Allí expresamos
[c]on el advenimiento de las democracias populares y la desaparición de los regímenes monárquicos, el fundamento jurídico de la pensión no lo constituye un acto de recompensa del soberano, sino una obligación moral del [E]stado”. Íd., pág. 24
En armonía con lo anterior, hemos dicho que
[e]l derecho a pensión de retiro por años de servicio del empleado público tiene un respetable contenido ético y moral y constituye un seguro de dignidad para el hombre o la mujer que habiendo dedicado al servicio público sus años fecundos, no debe encontrarse en la etapa final de su vida en el desamparo, o convertido en carga de parientes o del Estado. Rosa Resto v. Rodríguez Solís, 111 D.P.R. 89, 92 (1981). Véase, también, Calderón v. Adm. de los Sistemas de Retiro, supra, págs. 1041-1042 (1992); Román Mayol v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 807, 811 (1973).
Finalmente, en Bayrón Toro v. Serra, supra, pág. 618,
abandonamos expresamente la visión de la dádiva del
soberano en cuanto a las pensiones. En cambio, acogimos la
teoría contractual de las pensiones del gobierno. Íd.
La teoría contractual postula que entre el Estado y el
empleado hay un acuerdo de voluntades que produce un
efecto jurídico vinculante para ambas partes. Bayrón Toro
v. Serra, supra. Ello hace que el plan de retiro bajo las
disposiciones de la citada Ley Núm. 447, supra, sea parte
de ese contrato. Por esa razón la Asamblea Legislativa no
tiene facultad para menoscabar ese derecho adquirido de CC-2011-0500 Cons. CC-2011-0507 11
naturaleza contractual, o que ha sido “comprado”, por ese
participante mediante aportaciones compulsorias
provenientes de su salario. Calderón v. Adm. de los
Sistemas de Retiro, supra, págs. 1041-1042.
La Ley Núm. 447, supra, contiene varias modalidades de
pensiones o anualidades por retiro que incluyen: pensiones
por edad; por años de servicio, que a su vez incluyen la
pensión diferida luego de que el participante haya rendido
diez (10) años o más de servicio; por incapacidad
ocupacional; por incapacidad no ocupacional; y por mérito.
Padín Medina v. Adm. Sist. Retiro, 171 D.P.R. 950, 963
esc. 32 (2007) (Per Curiam). 3 L.P.R.A. sec. 766.
No obstante, los pensionados han sufrido la erosión de
sus anualidades debido, entre muchos factores, al aumento
en el costo de vida. En armonía con lo anterior, la
Asamblea Legislativa aprobó la Ley 10-1992, 3 L.P.R.A.
sec. 766(e), mediante la cual se dispuso que se
aumentarían en un “en un tres por ciento (3%) todas las
anualidades que se paguen bajo las secs. 761 et seq., de
este título, por edad, años de servicio o incapacidad, que
estén vigentes a esa fecha y que se hayan percibido por lo
menos tres (3) años antes”. Sin embargo, este aumento
trienal no es automático, sino que necesita una
recomendación favorable del actuario del Sistema de Retiro
y cumplir con los demás requisitos de ley. 3 L.P.R.A. sec.
775. Una vez cumplidos estos requisitos, la Junta de CC-2011-0500 Cons. CC-2011-0507 12
Síndicos deberá someter el aumento a la Asamblea
Legislativa para su correspondiente aprobación. Íd.
Precisamente eso fue lo que se hizo mediante la
aprobación de la Ley Núm. 35, supra. En dicho estatuto se
reconoció que el “Gobierno enfrenta la obligación moral de
ayudar a mejorar la condición de vida de lo(a)s
pensionado(a)s, personas que dieron lo mejor de su vida en
el servicio al Pueblo de Puerto Rico”, pues el aumento en
el costo de vida ha conllevado una merma relativa en el
valor de las anualidades de los pensionados. Exposición de
Motivos, Ley Núm. 35, supra. Por tanto, “en la obligación
del Gobierno de atender las necesidades de lo(a)s
pensionado(a)s, mediante esta Ley, se conceden dos (2)
aumentos de tres (3) por ciento a las pensiones concedidas
bajo las disposiciones de la Ley Núm. 447, antes citada,
otorgadas con anterioridad al primero (1ro.) de enero de
2004”. (Énfasis suplido).
A estos efectos, la Asamblea Legislativa dispuso que
Efectivo el primero (1ro.) de julio de 2007, retroactivo al primero (1ro) de enero de 2007, se aumentarán en un tres (3) por ciento todas las anualidades que se paguen bajo la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, por mérito, edad y años de servicios o incapacidad, que estén vigentes a esa fecha y que hayan sido otorgadas con efectividad al primero (1ro.) de enero de 2004 o antes, conforme lo dispone la Ley Núm. 10 de 21 de mayo de 1992. La asignación de los recursos necesarios para cubrir el costo que conlleve el aumento en las pensiones de pensionado(a)s procedentes del Gobierno Central, será con cargo al Fondo General y deberá consignarse en el Presupuesto General para Gastos del Gobierno del Estado Libre Asociado de CC-2011-0500 Cons. CC-2011-0507 13
Puerto Rico para cada año fiscal, a partir del Año Fiscal 2007-2008. Las corporaciones públicas y los municipios, cuyos empleado(a)s estén cubiertos bajo esta Ley, cubrirán de recursos propios el costo que represente el aumento en pensiones establecido por esta Ley para lo(a)s pensionado(a)s de su corporación o municipio a partir del Año Fiscal 2007-2008, y años subsiguientes. El costo de la retroactividad del aumento de tres (3%) por ciento para lo(a)s pensionado(a)s del Gobierno Central, Corporaciones Públicas y Municipios, provendrá de asignaciones del Fondo General del Gobierno de Puerto Rico.
Conforme reseñado, el legislador dispuso ciertos
requisitos para ser acreedor del referido aumento de la
Ley Núm. 35, supra. Estos son: (1) que la anualidad se
pague bajo la Ley Núm. 447, supra; entiéndase, por mérito,
edad y años de servicios o incapacidad; (2) que esté
vigente; y (3) que haya sido otorgada con efectividad al 1
de enero de 2004.
Por un lado, en el recurso CC-2011-500, el tribunal a
quo concluyó que el señor Pagán Santiago cumplió con los
requisitos de la Ley Núm. 35, supra, pues al 1 de enero de
2004, el señor Pagán Santiago llevaba cerca de tres (3)
años pensionado. Para llegar a su conclusión, el Tribunal
de Apelaciones interpretó que las pensiones de aquellas
personas acogidas al beneficio de la Ley Núm. 174, supra,
son pagadas por la Administración de Retiro bajo la Ley
Núm. 447, supra, y que las distintas agencias meramente
aportan las anualidades correspondientes y demás
beneficios dispuestos en la Ley Núm. 174, supra. CC-2011-0500 Cons. CC-2011-0507 14
De otro lado, en el recurso CC-2011-507, el Tribunal
de Apelaciones interpretó que los requisitos para el
aumento de la Ley Núm. 35, supra, son los siguientes: que
las anualidades de retiro se paguen en virtud de la Ley
Núm. 447, supra, para el 1 de enero de 2007; que esté
vigente; y, que la pensión haya sido otorgada no más tarde
al 1 de enero de 2004.
Así las cosas, debemos resolver si los recurridos son
acreedores del aumento de tres por ciento (3%) concedido
en la Ley Núm. 35, supra. No hay duda que los recurridos
tienen una pensión vigente. Sin embargo, hay controversia
en cuanto a si la pensión que reciben se paga bajo la Ley
Núm. 447, supra, y si fue otorgada con efectividad al 1 de
enero de 2004. Para hacer ese análisis es indispensable
examinar la ley que permitió que los recurridos se
retiraran con el beneficio del pago mensual de sus
respectivas anualidades, -aun cuando no cumplían con los
requisitos de retiro de la Ley Núm. 447, supra- en
conjunto con la ley que confirió el aumento, a saber, la
Ley Núm. 35, supra.
Antes de interpretar las distintas piezas
legislativas ante nuestra consideración, debemos exponer
claramente cuáles son las reglas de hermenéutica que rigen
la interpretación de estatutos. CC-2011-0500 Cons. CC-2011-0507 15
En primer lugar, “si el lenguaje de la ley no crea
dudas y es claro en cuanto a su propósito, su propio texto
es la mejor expresión de la intención legislativa”. Soc.
Asist. Leg. v. Ciencias Forenses, 179 D.P.R. 849, 862
(2010). El Art. 14 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 14,
establece que cuando la ley es clara y libre de
ambigüedad, los tribunales no deben menospreciar su letra
so pretexto de cumplir con su espíritu o intención. Cruz
Parrilla v. Dpto. de la Vivienda, res. en 23 de enero de
2012, 2012 T.S.P.R. 11, 2012 J.T.S. 11, 182 D.P.R. ____
(2012); Soc. Asist. Leg. v. Ciencias Forenses, supra;
Calderón v. Adm. de los Sistemas de Retiro, supra, págs.
1033-1034 (1992).
Anteriormente hemos establecido que las pensiones en
el sector público constituyen un incentivo para reclutar
personal competente frente a los salarios más altos que,
como regla general, ofrece la empresa privada. Bayrón Toro
v. Serra, supra, pág. 616. También, hemos resuelto que
este tipo de estatuto se caracteriza por ser uno remedial
y por ende, debe ser interpretado de forma liberal, a
favor del pensionado. Morales v. Adm. Sistemas de Retiro,
123 D.P.R. 589, 595 (1989); Sánchez v. A.S.R.E.G.J., 116
D.P.R. 372, 378 (1985); Acuña v. Junta de Retiro, 58
D.P.R. 94, 100 (1941). No obstante lo anterior, en Vargas
v. Retiro, 159 D.P.R. 248 (2003), establecimos que por el
simple hecho de interpretar una ley que “crea un derecho CC-2011-0500 Cons. CC-2011-0507 16
al disfrute de una pensión no significa que debamos obviar
la intención legislativa que propició su creación”. Íd.,
págs. 263-264. (Énfasis suplido).
Por otro lado, la revisión judicial de las decisiones
administrativas está limitada a los siguientes tres
aspectos: (1) que el remedio concedido por la agencia fue
el apropiado; (2) la revisión de las determinaciones de
hecho conforme al criterio de evidencia sustancial; y (3)
determinar si las conclusiones de Derecho fueron
correctas mediante su revisión completa y absoluta. García
Fantauzzi v. Dir. Adm. Trib., res. en 8 de agosto de 2011,
2011 T.S.P.R. 115, 2011 J.T.S. 120, 182 D.P.R. ____
(2011); Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179
D.P.R. 923, 940 (2010).
Como corolario de lo anterior, la Ley Núm. 170 de 12
de agosto de 1988, según enmendada, conocida como Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sec. 2101 et seq.,
dispone en su Sec. 4.5, que las conclusiones de Derecho de
una agencia son revisables en su totalidad. 3 L.P.R.A.
sec. 2175. Sin embargo, hemos expresado que
merece gran deferencia y respeto la interpretación razonable de un estatuto que hace el organismo que lo administra y del cual es responsable. Aun en casos dudosos en los que la interpretación de la agencia no sea la única razonable, la determinación de la agencia merece deferencia sustancial. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 186-187 (2009). (Citas omitidas). CC-2011-0500 Cons. CC-2011-0507 17
En resumen, es norma de Derecho claramente
establecida que los tribunales apelativos han de conceder
gran consideración y deferencia a las decisiones
administrativas en vista de la vasta experiencia y
conocimiento especializado de la agencia. Esta deferencia
incluye la interpretación que haga la agencia
administrativa sobre las leyes que está encargada de velar
su cumplimiento. Véase Torres Santiago v. Dpto. Justicia,
181 D.P.R. 969, 1002-1004 (2011); JP, Plaza Santa Isabel
v. Cordero Badillo, supra. Además, sus decisiones deben
ser respetadas a menos que la parte recurrente establezca
que hay evidencia en el expediente administrativo
suficiente para demostrar que la agencia no actuó
razonablemente. Borschow Hosp. v. Jta. de Planificación,
177 D.P.R. 549 (2009).
C.
Aclarado el marco hermenéutico de autos, procedemos a
analizar las legislaciones en cuestión.
La Ley Núm. 174, supra, en esencia, se creó como
mecanismo de reducción de personal de la nómina de
Gobierno. Así, la Asamblea Legislativa expresó que
[c]omo es de conocimiento general, los recursos humanos empleados por las agencias exceden, en muchos casos, el número de empleados necesarios para cumplir efectivamente con las obligaciones asignadas a éstas. Conscientes del deber de procurar la continuación de la prestación de los servicios, de una manera eficiente, rápida y confiable, así como de contar con los recursos económicos suficientes que garanticen la presentación de los mismos, resulta necesario CC-2011-0500 Cons. CC-2011-0507 18
establecer mecanismos de reducción de gastos, incluyendo la reducción del personal. Esta reducción de personal debe realizarse a través de sistemas innovadores como promoción del retiro temprano de estos servidores públicos. Exposición de Motivos, Ley Núm. 174, supra.
De esta forma, el legislador creó ahorros al fisco al
permitir que ciertos empleados gubernamentales pudieran
retirarse, y a su vez, obtener una anualidad por retiro, aún
sin cumplir los requisitos de la Ley Núm. 447, supra.
¿Significa ello que las pensiones del retiro temprano
dispuesto en la Ley Núm. 174, supra, se pagan “bajo la Ley
Núm. 447, supra”, según lo exige la Ley Núm. 35, supra? ¿Son
los recurridos fideicomisarios activos que obtienen los
beneficios del fideicomiso “bajo la Ley Núm. 447”, supra?
Todas estas preguntas serán pertinentes a los efectos de
analizar si los recurridos son acreedores del aumento de la
Ley Núm. 35, supra; es decir, estas preguntas son
importantes para determinar si las pensiones de los
recurridos, se pagan bajo la Ley Núm. 447, supra.
La Ley Núm. 174, supra, se aprobó para otorgar una
anualidad por retiro a aquellos empleados públicos que aún
no cumplían con los requisitos de retiro según la Ley Núm.
447, supra. Así una de las anualidades dispuestas en la Ley
Núm. 174, supra, proveyó que todo participante que tuviera
al menos veinticinco (25) años de servicio y cincuenta y
cinco (55) años de edad, cualificaría para recibir una
anualidad equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de
su retribución promedio. Art. 4(a), Ley Núm. 174, supra, 3 CC-2011-0500 Cons. CC-2011-0507 19
L.P.R.A. sec. 5020(a). Igualmente, aquellos servidores
públicos que tuvieran treinta (30) años de servicio y al
menos cincuenta (50) años de edad, tendrían derecho a una
su retribución promedio. Art. 4(b), Ley Núm. 174, supra, 3
L.P.R.A. sec. 5020(b). Véase, además, Art. 4(d), Ley Núm.
174, supra, 3 L.P.R.A. sec. 5020(d).3
De otro lado, el Art. 7 de la Ley Núm. 174, supra,
dispone que las anualidades otorgadas al amparo de dicho
estatuto “no podrá[n] disminuirse, revocarse o derogarse,
salvo cuando hubiese sido concedida por error, o cuando en
forma explicita [sic] se dispone de otro modo en la Ley”.
Además, dispone que esas “anualidades solamente podrán ser
aumentadas mediante ley”. (Énfasis suplido).
Más importante aun, en cuanto al financiamiento del
Programa de Retiro Temprano, el legislador dispuso el
esquema para su funcionamiento en el Art. 10 de la Ley Núm.
174, supra. Por su trascendencia en esta controversia, lo
reproducimos in extenso:
Artículo 10. - Aportación económica al Programa
(a) La Agencia aportará al sistema de Retiro, el dinero en efectivo equivalente a la anualidad que por concepto de pensión recibirá el
3 Otra anualidad provista en la Ley Núm. 174-2000, es la siguiente:
“Todo participante que al 30 de diciembre de 2000 hubiere cumplido veinticinco (25) años o más, pero menos de treinta (30) años de servicios acreditables y aún no haya cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad, recibirá una anualidad por retiro equivalente al sesenta y cinco por ciento (65%) de su retribución promedio”. Art. 4(c) de la Ley Núm. 174-2000, 3 L.P.R.A. sec. 5020. CC-2011-0500 Cons. CC-2011-0507 20
participante, por un periodo máximo de cinco (5) años a partir de la fecha de efectividad.
(b) La Agencia aportará, además, al Programa, lo siguiente:
1. La aportación patronal e individual de cada participante acogido al Programa a base del sueldo que devenga al momento de la separación del servicio.
2. La aportación al Plan Médico que esté vigente para los pensionados, bajo el Sistema de Retiro.
3. El Bono Navideño, a que tienen derecho los pensionados bajo el Sistema de Retiro patronales individuales de los empleados que se acojan a este programa de retiro temprano.
(c) En el caso de las agencias que no constituyen una corporación pública la Oficina de Gerencia y Presupuesto asignará al Sistema de Retiro, en la Resolución Conjunta del Presupuesto General, los recursos necesarios para cubrir el pago de las económicas, [sic] según dispuestas en los incisos (a) y (b), correspondientes a los empleados acogidos al programa. Estas asignaciones presupuestarias comenzarán a partir del año fiscal 2000-2001, hasta que se cumpla con lo establecido en el inciso (a) de este Artículo. Para que la Oficina de Gerencia y Presupuesto pueda hacer las asignaciones presupuestarias pertinentes, se requerirá que el Administrador del Sistema de Retiro someta en detalle, un certificado de los fondos que anticipa serán necesarios para cada Año Económico.
(d) En el caso de las corporaciones públicas estas incluirán en sus prepuestos funcionales anuales las cantidades necesarias para cubrir el pago de las pensiones y de las aportaciones patronales individuales de los empleados que se acojan a este programa de retiro temprano.
(e) El total de las aportaciones económicas de los patronos participantes será remitido al Sistema de Retiro, después de cuarenta (40) CC-2011-0500 Cons. CC-2011-0507 21
días de haberse firmado la Resolución Conjunta del Presupuesto General de cada año económico.
(f) Si una agencia o corporación cesare sus operaciones, la aportación económica será sufragada mediante el anticipo de fondos provenientes del Fondo General, desembolsados por el Secretario de Hacienda. Estos anticipos serán repagados. (Énfasis suplido).
Este artículo de la Ley Núm. 174, supra, denota que de
las anualidades dispuestas en dicho estatuto son financiadas
de forma distinta y separada a las anualidades que se pagan
“bajo la Ley 447”, supra. De un lado, la Ley Núm. 174,
supra, se financia con el pago de la anualidad
correspondiente por parte de la respectiva agencia. Estos
fondos son meramente administrados por el Sistema de Retiro.
Arts. 2(a)(o) y 11, Ley Núm. 174, supra, 3 L.P.R.A. 5018 y
5027. Además, el Administrador de los Sistemas de Retiro es
quien tiene el deber de someter un Certificado a la Oficina
de Gerencia y Presupuesto para que haga las asignaciones
correspondientes en el Presupuesto General de Puerto Rico.
Art. 10(c), Ley Núm. 174, supra, 3 L.P.R.A. sec. 5026. Así
por ejemplo, la agencia o corporación pública de la cual el
empleado se jubile, es quien sufragaría el costo de la
anualidad. Más aun, también sería responsable de continuar
sometiendo las aportaciones patronales al Sistema de Retiro
–como si el empleado continuara trabajando, aún sin acogerse
a la pensión bajo la Ley Núm. 447, supra; pagar el plan
médico, y hasta el Bono de Navidad.
Por otro lado, las pensiones que se pagan al palio de CC-2011-0500 Cons. CC-2011-0507 22
la Ley Núm. 447, supra, son partícipes de los fondos del
fideicomiso creado por medio de la misma legislación. Es
decir, los fondos asignados para pagar las anualidades de
retiro temprano son distintos a los del fideicomiso que, en
esencia, se nutre de las aportaciones mensuales del patrono
y los empleados.
De lo anterior colegimos que aunque la administración
de este denominado Programa de Retiro Temprano fue delegada
al Administrador de los Sistemas de Retiro, Arts. 2(a)(o) y
11, Ley Núm. 174, supra, ello no significa que los
pensionados bajo la Ley Núm. 174, supra, entraron
automáticamente luego de su jubilación, a participar de los
fondos del Sistema de Retiro, según dispuesto en la Ley Núm.
447, supra. A contrario sensu, el Programa de Retiro
Temprano es uno separado del retiro por edad y años de
servicios, incapacidad o mérito, según dispuesto en la Ley
Núm. 447, supra.
El diseño de la Ley Núm. 174, supra, confirma esta
conclusión. Realmente, al preciso momento de su retiro,
los empleados públicos que no cumplían con los requisitos
de retiro de la Ley Núm. 447, supra, tuvieron la opción de
optar por requisitos más laxos para la cualificación de
determinada anualidad por retiro. Sin embargo, estos
servidores públicos retirados bajo la Ley Núm. 174, supra,
no ingresaron al Sistema de Retiro del fideicomiso creado
en la Ley Núm. 447, supra. Así, la propia Ley Núm. 174, CC-2011-0500 Cons. CC-2011-0507 23
supra, reconoce que hay un período que le falta a los
participantes para acogerse a la jubilación del sistema de
Retiro.4 Con ello, la Ley Núm. 174, supra, creó un Programa
de Retiro Temporero con una duración máxima de cinco (5)
años, hasta tanto el jubilado pudiera entrar a
beneficiarse de los fondos del fideicomiso del Sistema de
Retiro.
En armonía con lo anterior, queda claro que la
Asamblea Legislativa creó un Programa distinto y
transicional, mediante el cual determinados servidores
públicos podrían retirarse con una anualidad por retiro,
previo a cumplir los requisitos del Sistema de Retiro
dispuestos en la Ley Núm. 447, supra. Por ello, buscó la
forma de financiar el nuevo Programa de Retiro Temprano y
se dispuso que los jubilados cobraran sus anualidades de
un fondo distinto al fideicomiso; es decir, sin tomar
dinero del fideicomiso creado en la Ley Núm. 447, supra.
Este fondo de la Ley Núm. 174, supra, aunque ciertamente
administrado por el Sistema de Retiro, es sufragado con
dinero de la agencia o corporación pública a la cual
4 Artículo 14.-Liquidación de Licencia por Vacaciones, Licencia Por enfermedad y otras Bonificaciones.
Cualquier suma que tenga derecho a recibir un Participante como liquidación final por concepto de licencia por vacaciones, licencia por enfermedad u otras bonificaciones acumuladas que le adeude la agencia le será pagada en plazos mensuales iguales durante un período de meses equivalentes al período que le faltaría al Participante para acogerse a la jubilación bajo el Sistema de Retiro. (Énfasis suplido). CC-2011-0500 Cons. CC-2011-0507 24
pertenecía el participante al momento de acogerse a los
beneficios de la Ley Núm. 174, supra.
El legislador tuvo la intención de no interferir con
los planes y fórmulas actuariales con las que se maneja el
complicado fideicomiso del Sistema de Retiro. Lejos de
ello, dispuso un Programa de Retiro Temprano temporero,
mediante el cual se disminuiría la cantidad de empleados
públicos, proveyéndoles el beneficio de retiro temprano y
todo ello, sin tener que intervenir con los fondos del
fideicomiso. Por esta razón, las aportaciones patronales
al Sistema de Retiro continuaron durante el tiempo en que
el pensionado aún no cumpliera los requisitos para entrar
a la nómina regular del Sistema de Retiro; es decir,
mientras su anualidad era sufragada con los fondos de la
Ley Núm. 174, supra. Véase, Art. 10 de la Ley Núm. 174,
supra.
De todo lo anterior, se puede concluir que las
pensiones pagadas según las disposiciones de la Ley Núm.
174, supra, no son pagadas “bajo la Ley Núm. 447”, supra,
hasta que el pensionado cumpla los requisitos para obtener
una pensión según lo dispuesto en la Ley Núm. 447, supra.
En ausencia de una manifestación legislativa clara a los
efectos de que se asignaron los fondos correspondientes
para aumentar las anualidades de aquellos pensionados
quienes obtienen su anualidad de los fondos de las
agencias de las cuales se jubilaron, no podemos interferir CC-2011-0500 Cons. CC-2011-0507 25
con las delicadas fórmulas actuariales con las que se
administra el fideicomiso en que están los dineros y la
confianza de miles de servidores públicos.
Al concluir que el Programa de Retiro Temprano de la
Ley Núm. 174, supra, es uno transicional y distinto al
retiro de la Ley Núm. 447, supra, colegimos que para que
una persona retirada según las disposiciones de la Ley
Núm. 174, supra, sea acreedora del aumento dispuesto en la
Ley Núm. 35, supra, es necesario que al 1 de enero de
2004, haya comenzado a recibir su anualidad pagada con
fondos del fideicomiso de la Ley Núm. 447, supra, y que
dicha pensión estuviera vigente al momento de la
otorgación del aumento. Siendo esta una interpretación
razonable de la agencia encargada de velar el cumplimiento
de las leyes que hoy interpretamos, merece nuestra
deferencia. Además, nada en el historial legislativo nos
inclina a pensar el legislador dispuso la forma de
financiar el aumento de tres por ciento (3%) para aquellos
retirados quienes al 1 de enero de 2004, permanecían
recibiendo su anualidad de los fondos de la Ley Núm. 174,
supra. Los jueces debemos abstenernos de sustituir el
criterio legislativo por lo que puedan ser nuestros
conceptos de lo “justo razonable y deseable”. Aquino
González v. A.E.E.L.A., supra. (Énfasis suplido).
III CC-2011-0500 Cons. CC-2011-0507 26
En este caso no existe controversia en cuanto a que
los recurridos tienen una pensión vigente. Sin embargo,
debemos determinar si al 1 de enero de 2004, la pensión de
los recurridos se pagaba “bajo la Ley Núm. 447, supra”.
El señor Pagán Santiago solicitó la anualidad por
retiro de la Ley Núm. 174, supra. Su solicitud fue
aprobada el 1 de mayo de 2001. Se retiró con veintiséis
punto setenta y cinco (26.75) años de servicio acreditados
al Sistema de Retiro y con cincuenta y cinco (55) años de
edad, esto calculado al 31 de diciembre de 2000. Se
desprende de las determinaciones de hecho que el señor
Pagán Santiago cumplió con los requisitos de la Ley Núm.
447, supra, el 1 de abril de 2004. Así las cosas, el señor
Pagán Santiago cobró los beneficios de la Ley Núm. 174,
supra, desde el 1 de mayo de 2001 hasta el 1 de abril de
2004, cuando cumplió con los requisitos de retiro de la
Ley Núm. 447, supra. Por tanto, para la fecha del 1 de
enero de 2004, el señor Pagán aún cobraba su pensión bajo
las disposiciones de la Ley Núm. 174, supra, y no bajo la
Ley Núm. 447, supra, según se exige para la otorgación del
referido aumento de tres por ciento (3%). Por tal razón,
el señor Pagán Santiago, no tenía derecho a recibir el
aumento estatuido en la Ley Núm. 35, supra.
Por otra parte, la señora Ortiz Rivera decidió
acogerse a los beneficios del Programa de Retiro Temprano
cuando tenía acreditados veinticinco punto setenta y cinco CC-2011-0500 Cons. CC-2011-0507 27
(25.75) años acreditados al Sistema de Retiro y cuarenta y
cuatro (44) años de edad. Por su parte, la señora Ortiz
Rivera no cumplió con los requisitos de ingreso al
fideicomiso del Sistema de Retiro hasta el 1 de octubre de
2005. Por tanto, tampoco cumple con el requisito exigido
en la Ley Núm. 35, supra, a los efectos de que para el 1
de enero de 2004, su pensión se pagara “bajo la Ley Núm.
447”, supra. En conclusión, la señora Ortiz Rivera no
tenía derecho a recibir el aumento dispuesto en la Ley
Núm. 35, supra.5
IV
Resuelto que ninguno de los recurridos son acreedores
del aumento de tres por ciento (3%), resta decidir si
procede la devolución de fondos públicos pagados por error.
De un lado, la agencia aduce que el pago fue hecho por un
error de hecho ya que el sistema de contabilidad no
distingue entre los pensionados que cualificaban para al
aumento y los que no cualificaban. Por ello, la
Administración del Sistema de Retiro argumenta que procede
la devolución de dinero pagado por error. Por otro lado, el
recurrido arguye que la agencia ha hecho una
reinterpretación del derecho al primeramente otorgarle el
5 No tiene mérito alguno la conclusión hecha por el Tribunal de Apelaciones en el recurso CC-2011-507, al interpretar que el pensionado debe tener una pensión vigente bajo la Ley Núm. 447, supra, al 1 de enero de 2007. Una somera lectura de la Ley Núm. 35, supra, revela que la fecha del 1 de enero de 2007 tiene que ver con la retroactividad de la otorgación del aumento, no con los elementos necesarios para obtener el aumento. CC-2011-0500 Cons. CC-2011-0507 28
referido aumento y eventualmente interpretar que no le
correspondía.
El Art. 1042 del Código Civil de Puerto Rico, dispone
que “[l]as obligaciones nacen de la ley, los contratos y
cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en que
intervenga cualquier género de culpa o negligencia”. 31
L.P.R.A. sec. 2992. Más adelante, en el Art. 1787 del
referido cuerpo legal, se define el cuasicontrato como “los
hechos lícitos y puramente voluntarios, de los que resulta
obligado su autor para con un tercero y a veces una
obligación recíproca entre los interesados”. 31 L.P.R.A.
sec. 5091. El Código Civil regula expresamente dos (2) tipos
de cuasicontratos: la gestión de negocio ajeno y el cobro de
lo indebido. Véanse, Arts. 1788-1801 del Código Civil, 31
L.P.R.A. secs. 5101-5127. En esta ocasión, examinamos el
supuesto del cobro de lo indebido y su articulado dispuesto
en los Arts. 1795-1801, supra.
El cobro de lo indebido produce ciertas obligaciones,
en particular, reguladas en el articulado anteriormente
citado. La obligación más fundamental que produce el cobro
de lo indebido es la restitución de la cosa recibida
indebidamente. Dice el Art. 1795 del Código Civil, 31
L.P.R.A. sec. 5121, que “cuando se recibe alguna cosa que no
había derecho a cobrar, y que por error ha sido
indebidamente entregada, surge la obligación de
restituirla”. CC-2011-0500 Cons. CC-2011-0507 29
Para que el cobro de lo indebido genere la obligación
de restitución, hemos reconocido la necesidad de la
concurrencia de tres (3) requisitos:
(1) que se produzca un pago con intención de extinguir una obligación; (2) que el pago realizado no tenga una justa causa, es decir, que no exista obligación jurídica entre el que paga y el que cobra, o si la obligación existe, que sea por una cuantía menor a la pagada, y (3) que el pago haya sido hecho por error y no por mera liberalidad o por cualquier otro concepto”. E.L.A. v. Crespo Torres, 180 D.P.R. 776, 793-794 (2011); Sepúlveda v. Dpto. de Salud, 145 D.P.R. 560, 566 (1998).
A tenor con lo anterior, la obligación de restitución
por el cobro de lo indebido surge cuando se hizo un pago con
intención de extinguir una obligación, pero entre las partes
no había una obligación jurídica, o aun si existiera dicha
obligación, el pago fue realizado por una cuantía mayor a la
debida. Además, los tribunales deben auscultar si el pago se
realizó por error, y no por mera liberalidad o algún otro
concepto.
El Art. 1801 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5123,
dispone que “[s]e presume que hubo error en el pago cuando
se entregó cosa que nunca se debió o que ya estaba pagada”.
. . El mismo artículo aclara que dicha presunción es una de
carácter iuris tantum pues aquel quien recibió el pago que
se alegó como indebido, “puede probar que la entrega se hizo
a título de liberalidad o por otra causa”.
Aunque el Código Civil no especifica qué tipo de error
es el que se refiere el Art. 1795, supra, desde Arandes v. CC-2011-0500 Cons. CC-2011-0507 30
Báez, 20 D.P.R. 388 (1914), este Tribunal adoptó la visión
de Manresa en cuanto a que el error de hecho es el único que
genera la obligación de restitución; por el contrario, el
error de derecho no genera dicha obligación. Esta distinción
se debe, en particular, a la noción de que el error de
derecho no aprovecha a nadie porque “la ignorancia de las
leyes no excusa de su cumplimiento”. Art. 2 del Código
Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2. Véase, J.M. Manresa y Navarro,
Comentarios al Código Civil Español, 2da ed., Madrid, Tomo
XII, pág. 590.
En Sepúlveda v. Dpto. de Salud, supra, pág. 568,
definimos el error de derecho como:
[a]quel en el que incurre quien actúa sin ajustarse a lo dispuesto por una norma jurídica vigente. En el contexto del cobro de lo indebido, comete error de derecho quien realiza un pago bajo la creencia de que el mismo le es exigible en derecho, bien por desconocimiento de la norma que lo descarga del pago, bien por una interpretación errónea del derecho aplicable.
La doctrina del error de Derecho impide que quien pagó
indebidamente –por error de Derecho-, pueda exigir la
devolución de lo pagado. Ello es así, aun cuando lo pagado
indebidamente se trate de fondos públicos. Cartagena v.
E.L.A., 116 D.P.R. 254, 257 (1985).
Por otro lado, el error de hecho ocurre cuando se
actúa de acuerdo a unos hechos que no son verdaderos o
“cuando, aun conociendo los hechos verdaderos, se produce
una equivocación meramente formal o de trámite”. E.L.A. v.
Crespo Torres, supra, pág. 794; citando Sepúlveda v. Dpto. CC-2011-0500 Cons. CC-2011-0507 31
de Salud, supra, pág. 568. Este tipo de error es el que
también se conoce como error humano, o matemático. A
diferencia de cuando el pago se realiza por error de
Derecho, el error de hecho provoca el surgimiento de la
obligación de restituir lo indebidamente pagado. Art. 1795
del Código Civil, supra.6
En síntesis, la doctrina del error de Derecho exime a
quien recibió el pago indebido de la devolución o
restitución de lo pagado. No obstante, si el error se
estima que es de hecho, surge la obligación de restituir
lo pagado indebidamente.
Recientemente, en E.L.A. v. Crespo, supra, revocamos la
diferenciación entre error de hecho y error de Derecho en
materia del cobro de lo indebido. Íd., pág. 797. Sin
embargo, al excluir la distinción entre error de hecho y
error de Derecho, dispusimos que la aplicación de la norma
de ese caso sería aplicada de manera prospectiva. Íd., págs.
797-799. Los hechos del caso ante nos son anteriores a la
norma expuesta en E.L.A. v. Crespo Torres, supra; por tanto,
debemos aplicar la norma vigente al momento de los hechos
que dieron génesis a la controversia del caso de autos, pues
aunque fue revocada, dicha revocación es de aplicación
prospectiva a casos que surjan luego de la Opinión emitida
6 Véase, además, L. Díez Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, 6ta ed., Ed. Aranzadi, 2008, Vol. II, pág. 590; J.R. Vélez Torres y Fraticelli Torres, Derecho de Obligaciones, 2da ed., San Juan, Prog. Ed. Jur. Continua, Univ. Inter. de P.R., 1997, págs. 356-357; M. Albaladejo, Curso de Derecho Civil Español, Barcelona, Librería Bosch, 1984, II, pág. 554. CC-2011-0500 Cons. CC-2011-0507 32
en E.L.A. v. Crespo Torres, supra. Véase, Dávila, Rivera v.
Antilles Shipping, Inc., 147 D.P.R. 483, 499-500 (1999). Por
tal razón, debemos aplicar la norma anterior a E.L.A. v.
Crespo Torres, supra, y resolver si los pagos en
controversia se hicieron en virtud de un error de hecho o de
Derecho.
En este caso, la Administración de Retiro hizo pagos
con intención de cumplir su obligación de pagar las
respectivas anualidades bajo la Ley Núm. 174, supra.
Ciertamente, existe una obligación previa, pero esta era
por un monto menor pues se pagó un aumento equivalente a
un tres por ciento (3%).
En cuanto a si el pago fue hecho por error de hecho o
de Derecho, consideramos que el pago fue realizado a causa
de un error de hecho. En primer lugar, la otorgación
errónea del aumento fue debido a un error administrativo
de contabilidad, al sistema no diferenciar entre los
pensionados bajo la Ley Núm. 174, supra, a quienes no les
correspondía el aumento. Esto equivale a concluir que el
pago del aumento a los recurridos no fue otra cosa que un
error de trámite. Los recurridos no han demostrado que la
Administración de Retiro hizo el pago por desconocimiento
de la norma de Derecho vigente o por una interpretación
errónea de la Ley Núm. 35, supra. A contrario sensu, el
Sistema de Retiro reconoció, desde la carta de aprobación
de las respectivas pensiones, que los recurridos estaban CC-2011-0500 Cons. CC-2011-0507 33
acogiéndose a un retiro transicional, según lo dispuesto
en la Ley Núm. 174, supra, y que eventualmente ingresarían
al fideicomiso del Sistema de Retiro, cuando cumplieran
con los requisitos dispuestos en la Ley Núm. 447, supra.
Es por ello que resolvemos que la Administración de Retiro
realizó los pagos del aumento en cuestión a causa de un
error de trámite, es decir, de hecho. No erró la Junta de
Síndicos al confirmar la acción de la Administración de
los Sistemas de Retiro en cobrar las cantidades pagadas
por error.
V
Por los fundamentos antes expuestos, se expiden los
autos de Certiorari y se revocan las Sentencias emitidas
por el Tribunal de Apelaciones. Se reinstala la Resolución
emitida por la Junta de Síndicos.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Mildred G. Pabón Charneco Jueza Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno del ELA de Puerto Rico y la Judicatura CC-2011-0500 Peticionaria cons.
Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno del ELA de Puerto Rico y la Judicatura
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente Sentencia, se expiden los autos de Certiorari y se revocan los dictámenes del Tribunal de Apelaciones. Se reinstala la Resolución emitida por la Junta de Síndicos.
Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez disiente sin opinión escrita.
Larissa Ortiz Modestti Secretaria del Tribunal Supremo, Interina